«Ese claro objeto de deseo», por Juan José Morodo

ENTRE MAGNITUDES


JUAN JOSÉ MORODO,

subdirector de Cinco Días

@JuanjoMorodo

Ese claro objeto de deseo

LA CUMBRE DE JEFES de Estado y de Gobierno de la UE dio vía libre el pasado 10 de diciembre al Marco Financiero Plurianual para 2021‐2027, dotado con 1,1 billones de euros. Lo hizo tras algunas concesiones no muy importantes a Polonia y Hungría, cuyos Gobiernos amenazaron con el veto, lo que rompería la necesaria unanimidad, muy conveniente también para el Plan de Recuperación Económica Next Generation EU, dotado con otros 750.000 millones, que también recibió luz verde ese día. En total, más de 1,8 billones de euros.

El Next Generation EU es el fondo que nutrirá económicamente al prolijo Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno bajo el título de España Puede y que, según el Ejecutivo, “traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis del Covid, y para responder a los retos de la próxima década”. Son 58 páginas, incluidas fotografías, portadillas, tablas y adornos gráficos, que contienen un “proyecto de país” para evitar “una caída de la inversión privada que puede verse agravada si el margen fiscal más reducido en los próximos años conlleva menores niveles de inversión pública”. En menos palabras: para salir del pozo en el que la pandemia ha metido a la economía española.

La riada de fondos que llegará de Europa, condicionada al riguroso cumplimiento del Estado de derecho para evitar su empleo fraudulento, a pertinentes reformas estructurales y consolidación fiscal y a “recomendaciones específicas”, se ha convertido en el mayor objeto de deseo de la era moderna para multitud de sectores sociales, económicos y políticos. No es para menos. Del Next Generation está previsto que España (principal receptor junto a Italia) obtenga hasta 140.000 millones de euros (más de 23 billones de las antiguas pesetas), de los que 72.000 millones se desembolsarán como subvenciones y el resto, en préstamos a devolver.

Las discrepancias entre los socios del Gobierno de coalición para decidir cómo y, sobre todo, quiénes participarán en el reparto de esa ingente cantidad de dinero, incluso antes de su aprobación, son el reflejo de las desmedidas expectativas que levanta tal desembolso. Y ello, cuando lo deseable es que ese extraordinario paquete de ayudas se distribuya con criterios técnicos y nunca políticos, y se extienda con el objetivo de impulsar la economía productiva y el empleo, y no a la manera de aquel ineficaz Plan E, diseñado apresuradamente para afrontar la anterior crisis, derivada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera global a partir de 2008. Entonces fueron unos 50.000 millones de fondos públicos ineficazmente invertidos, más preocupados por la cartelería propagandística que por el impulso real de la economía.

Sirvan como aviso las duras advertencias del Tribunal de Cuentas sobre aquella lluvia de dinero, cuando concluyó que se adjudicaron contratos “genéricos e imprecisos” y de forma directa y que “en la mayoría de los casos no se abordaron nuevos proyectos ni se crearon empleos ni mejoraron los municipios”. La conclusión del FMI sobre el conocido como Plan Zapatero fue tajante: no aumentó el potencial de crecimiento de España. Es decir, acabó en el desagüe.

¿Cómo evitar otro fiasco así? Pues convirtiéndolo en una nevada que llene los acuíferos de la economía e incremente su potencial, e impidiendo con las más altas dosis de transparencia que derive en un torrente que pase sobre la tierra árida sin empaparla. Para ello, la Administración debe alejarse de trasnochados apriorismos ideológicos y estar muy atenta a las propuestas empresariales, analizarlas con seriedad técnica y contrastar su potencialidad para fortalecer la economía. Porque la colaboración entre el sector privado y el público va a ser esencial y las empresas serán las ejecutoras finales de gran parte del plan.

Por cada euro público que llegue para combatir las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus las empresas podrán generar otros cuatro euros en inversión privada, según la CEOE. Para ello ha presentado al Gobierno un documento con 21 iniciativas estratégicas desplegadas en 114 ámbitos de inversión y más de 400 proyectos específicos “para la recuperación y transformación de la economía”, agrupadas en los cuatro ejes del plan España Puede (transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial). Su objetivo es generar un alto impacto en el crecimiento y en el mantenimiento y creación de empleo de calidad, e incluye los destinos tractores a los que la patronal cree que deben dirigirse los fondos. A falta de saber las cantidades finales que recibirá el tejido productivo privado, la CEOE estima que rondará el 50% del total. En coherencia con su cometido, la patronal estima que su impacto en el sector privado “genera más crecimiento potencial que si se utiliza para fines públicos”. La estrategia sería que la puesta en marcha de reformas e inversiones aseguren el máximo éxito, basándose en dos fórmulas: agilizar la recuperación en las grandes empresas por su efecto tractor y dar permeabilidad a pymes y autónomos. Conviene recordar que España es el reino de las pymes: el 98% de las empresas tiene menos de 20 trabajadores.

En el actual escenario de preparación de la red para pescar las ayudas, y frente a los que las contemplan como un maná salvador, procede estimar la rebaja del Banco de España de su efecto sobre el PIB. El supervisor calcula además que el efecto multiplicador de la inversión y el consumo que alimenten será ligeramente inferior a la unidad en el trienio 2021‐2023.

Del diseño final del modelo dependerá el aprovechamiento de la lluvia de euros. Para que sea productiva habrá que estar también muy atentos a las goteras en las cañerías. Porque al calor de las inmoderadas expectativas de dinero público, la escasa información y la complejidad burocrática ya ha empezado a surgir como hongos una bandada de conseguidores, asesores, consultores y visitadores, más o menos próximos al poder y a los partidos que lo ostentan, entre los que hay decenas de exministros y ex altos cargos reconvertidos. Habrá que delimitar si todos son compañeros de viaje aconsejables en la mayor oportunidad de España para que el crecimiento posterior a la crisis transforme a mejor nuestra economía y haga más justa nuestra sociedad.

«Teletrabajo, una nueva -y peor- vida», por Pilar Cernuda

LA @

PILAR CERNUDA, periodista


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Teletrabajo, una nueva -y peor- vida

Zoom, Hangout, Skype … no hay día en el que no incorporemos una nueva palabra a nuestro vocabulario, pero desde hace tiempo la mayoría de ellas son tecnicismos, relacionadas con el proceloso mundo de internet y sus innumerables aplicaciones.

Internet. El mejor instrumento de comunicación desde que se inventó el teléfono, aunque eso no significa que su utilización haya significado siempre una mejor calidad de conocimiento ni tampoco que las relaciones sean tan enriquecedoras, tan cercanas, tan cálidas, como las que se mantienen cara a cara o a través de conversaciones telefónicas. Las redes sociales, paradigma del mundo asombroso e infinito que se abre a través de internet, pocas veces cumplen el objetivo que debía ser prioritario: participación, comunicación, conocimiento, y en excesivas ocasiones han sido utilizado por desaprensivos, delincuentes informáticos y personajes de la peor calaña para lanzar noticias falsas, destrozar biografías o colocar en las alturas a personajes que no lo merecían; han cambiado gobiernos, promovido partidos extremistas y captado ingenuos con engaños para introducirlos en peligrosos mundos, entre ellos el del terrorismo islamista.

Internet sin embargo ha sido providencial ante una pandemia que asola el mundo; se puede llevar por delante millones de muertes y ha provocado una crisis económica que puede dejar atrás la del 29. Solo en España se calcula que en los próximos meses se triplicará el número de parados, y eso tirando por lo bajo. Si no son más es gracias al teletrabajo. El bendito teletrabajo que se puede realizar gracias a sistemas como los ya mencionados y muchos otros que hoy manejan con total normalidad un porcentaje inimaginable de la población mundial. Teletrabajo que tiene su prolongación en el mundo educativo, con la enseñanza online en colegios y universidades. Una forma también de teletrabajo, pues tanto profesores como alumnos se empeñan en aprender, divulgar y comprobar si funcionan o no las fórmulas que ha sido necesario inventar con urgencia para sustituir las clases presenciales.

El teletrabajo se ha convertido en manual de supervivencia ante un virus letal que nos encierra, cercena los contactos con familiares y amigos, e impide recorrer paisajes más allá del tantas veces recorrido, tantas veces repetido. El teletrabajo permite mantener una mesa y una silla en la que desarrollar lo que uno puede aportar al negocio o empresa al que se dedica profesionalmente, y tangencialmente ha obligado a cambiar hábitos y sumar nuevos conocimientos. Tecnológicos casi siempre –lo que hemos aprendido sobre metodologías que nos parecían inalcanzables por su complejidad…- pero también nos ha enseñado a vivir de otra manera. Con una disciplina en casa que nunca habíamos tenido, con el cumplimiento de un horario estricto. Hemos creado en casa un rincón solo nuestro, con un ordenador que no siempre ha sido fácil conseguir, menos aun cuando son varios en familia, todos ocupados en horario escolar o laboral. No son baratos y no siempre las empresas facilitan el material.

Una ley redactada con urgencia ha llevado al BOE el mes de octubre las normas para teletrabajar, pero en la mayoría de los casos somos nosotros mismos, y nuestros jefes, los que marcamos las propias reglas. Ha habido abusos, con horarios que se prolongaban mucho más allá del que se cumplía en una oficina, pero pocos se atreven a quejarse; es un lujo contar con un trabajo en estos tiempos aciagos.

El teletrabajo ha traído costumbres e incluso manías que no formaban parte de nuestra rutina. Además de la disciplina llevada a rajatabla, se ha acabado estar en casa descuidadamente y sin arreglar; ante los compañeros que nos observan y hablan a través de la webcam aparecen casi siempre librerías, lo que demuestra que se ha intentado colocar el ordenador de manera que salga algo parecido a un despacho, una mesa bien ordenada, un mueble bonito, un cuadro que demuestre nuestro gusto. El teletrabajo es un poco como recibir en casa, y la casa la queremos presentable, acogedora, bien.

La mejor cara de esa fórmula de trabajo es que mantenemos el empleo, nos salvamos de la angustia del paro que en estos tiempos de pandemia nos parece irreversible; es difícil afrontarlo con esperanza. La cara más amarga es que perdemos algo tan sano, sobre todo para los españoles, para los latinos, como es vernos las caras de frente, no a través de una pantalla. El teletrabajo desmonta una forma de vivir, de tratar a familiares y amigos, de compartir unas copas al llegar la hora de la salida. Impide conocernos mejor, intercambiar confidencias, ampliar el círculo, coger una mano al amigo o amiga, abrazar, consolar con un gesto de cariño.

Sobrevivimos al destrozo de la pandemia, sí … pero no vivimos la vida que queremos vivir, que merecemos vivir.

«Repatriar talento», por Carmelo Encinas

ÁMBITO EUROPEO

Carmelo Encinas.

 

CARMELO ENCINAS, periodista

 

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@CarmeloEnc

Repatriar talento

La opinión era unánime, nuestra joya de la Corona era la Sanidad pública. Teníamos asumido que en este país a la investigación apenas se le apoyaba y que tampoco éramos fuertes en educación, pero estábamos orgullosos de nuestro sistema de Salud hasta el punto de pensar que la de España era la mejor Sanidad del mundo. Ese mito nos lo ha tumbado de un golpe la pandemia poniendo en jaque la red hospitalaria hasta colapsarla. El esfuerzo realizado en las naves de IFEMA, donde se instalaron miles de camas en un tiempo récord para atender a los enfermos Covid, aunque constituyera una hazaña logística, vino a poner de manifiesto las debilidades estructurales que padecíamos para hacer frente al estrés sanitario en una situación excepcional.

Una circunstancia que provocó escenas terribles en los hospitales que solo vieron en su descarnada realidad quienes las vivieron personalmente. Situación límite que, en gran medida, fue paliada por el sobresfuerzo que realizaron los sanitarios cuya labor profesional, reconocida públicamente, se adentró en el terreno de la épica. Todas las tardes les aplaudimos durante semanas desde ventanas y balcones para agradecer públicamente un trabajo que salvaba vidas asumiendo grandes riesgos.

El posterior avance de la pandemia y la llegada de los rebrotes con su segunda ola ha proyectado una visión aún más preocupante de las debilidades de nuestro sistema público de Salud. La necesidad de cubrir las bajas en un sector sanitario que llega exhausto y, sobre todo, la aún más imperiosa de reforzar la atención primaria como primera fuerza de choque contra los focos de contagio están poniendo de manifiesto una falta de médicos y enfermeras de la que antes apenas se hablaba.

Los sindicatos de sanitarios aseguran que la Sanidad en España y especialmente la Sanidad pública padece un déficit de recursos humanos tan extremo que la mantiene inmersa en el caos. Estas organizaciones sindicales, que lógicamente defienden los intereses de la profesión pero que tienen una información precisa y de primera mano sobre lo que acontece en los hospitales y centros de Salud, atribuyen esta situación a los recortes que durante más de un lustro fueron mermando la capacidad y la calidad del sistema. Eran los años de la crisis, había que ahorrar y se hizo a bulto practicando reducciones de interinos, jubilaciones forzosas y restricciones en el número de MIR. Todo ello derivó en una precariedad que ya se apreciaba desde hace tiempo pero que se ha revelado alarmante ahora en los tiempos de pandemia.

Desde hacía varios años había ya problemas para cubrir plazas de anestesistas, de pediatras, de radiólogos y otras especialidades, déficit que las circunstancias actuales agravaron. Cuando los consejeros de Sanidad, por el avance de los contagios, se vieron en la tesitura de contratar más médicos y enfermeras para los centros de Atención Primaria se encontraron que no había. Tanto es así que fue planteada la necesidad de homologar los títulos de profesionales extra comunitarios para poder cubrir esas plantillas, algo que de facto venía ocurriendo en los últimos años y que los gerentes justificaban al no tener más remedio que hacerlo ante la falta de profesionales.

Tal carencia de especialistas resulta, como poco, paradójica en un país que tiene más de cuarenta facultades de medicina en funcionamiento y donde no faltan vocaciones ni estudiantes brillantes. Facultades en las que han cursado y cursan estudios decenas de miles de sanitarios muchos de los cuales se vieron abocados a buscarse la vida en el extranjero porque en España o no les daban trabajo o se lo ofrecían en unas condiciones de precariedad impropias de su nivel de formación. El resultado de todo ello fue un éxodo casi masivo de sanitarios a países extranjeros donde su cualificación era reconocida y retribuida adecuadamente. De esta forma, países como el Reino Unido acogían un caudaloso flujo de médicos y enfermeras españoles cubriendo satisfactoriamente esas necesidades que ahora aquí nos aprietan.

El problema originado por la marcha de profesionales sanitarios ha cobrado especial protagonismo a causa de la pandemia, pero no es el de la Sanidad el único sector donde la falta de oportunidades laborales provocó fugas masivas de talento. El mismo desatino condujo a informáticos, ingenieros, biólogos, matemáticos e investigadores altamente cualificados a dejar España y poner en valor sus conocimientos en otras latitudes, lo que constituye un pésimo negocio para el país que costeó su formación.

Todo ese talento expatriado se necesita ahora más que nunca para afrontar el gran reto que supone una pretendida recuperación económica fundamentada en la sostenibilidad medioambiental y la digitalización. El Plan de Reconstrucción Europea dispone de cantidades ingentes de recursos para financiar inversiones en proyectos de vanguardia con los que se pretende crear cientos de miles de puestos de trabajo de alto nivel y estabilidad.

Es un desafío exigente para la Administración central, para los gobiernos autonómicos y también para los empresarios que, de forma coordinada, han de diseñar una estrategia de planificación adecuada de los proyectos capaces de captar y aprovechar esa inyección de liquidez que se oferta en unas condiciones de financiación inmejorables.

Habrá, sin duda, que potenciar la formación para alcanzar esos objetivos a medio y largo plazo, pero solo obtendremos resultados inmediatos si somos capaces de repatriar el talento fugado con ofertas seductoras. Hay un país por levantar y modernizar y el trabajo de los españoles es apreciado y valorado en todo el mundo. Ahora falta que se valore aquí.

Repatriating talent

Everyone concurred: the public health system was the jewel in our crown. We were accustomed to research attracting barely any support in this country and knew we weren’t strong on education, but we were proud of our health system to the point where we thought Spain had the best one in the world. That myth has been blown out of the water by the pandemic, leaving the hospital network teetering on the brink of collapse. The exertions made at the IFEMA trade fair grounds to set up thousands of Covid beds in record time may have been a logistical feat but only served to show the structural weaknesses we had to deal with when faced with health stress in an exceptional situation.

The pandemic triggered terrible scenes in hospitals only truly appreciated in their stark reality by the people who experienced them personally. This borderline situation was largely alleviated by the huge and publicly recognised effort of the health workers, whose professional labour was nothing short of epic. For weeks we applauded them every evening from windows and balconies in a public display of thanks for their life-saving work that entailed great risks.

The subsequent advance of the pandemic and the arrival of outbreaks in the second wave has been an even more worrying window onto the weaknesses in our public health system. The need to cover absences in a health sector that is already exhausted and, above all, the even more pressing requirement to shore up primary care as the first line of defence against pockets of contagion are revealing a lack of doctors and nurses that was previously scarcely talked about.

Health unions say that health in Spain and especially public health is suffering from a direct shortfall of human resources that keeps it in chaos. These groups, which logically defend the interests of the profession but also have accurate and first-hand information on what is happening in hospitals and health centres, attribute the situation to the cuts that had been impacting system capacity and quality for more than five years. These were the years of the financial downturn, when savings had to be made and so temporary contracts were slashed, involuntary retirements driven through and restrictions placed on the number of medical residents. All this developed into an instability that had been seen for some time but which has proven alarming in a pandemic.

For several years there had been difficulties filling places for anaesthetists, paediatricians, radiologists and other specialties, a shortfall the current circumstances only fuelled. When health departments were forced to cast around for more doctors and nurses for primary care centres due to the advance of infections, they found there were none. The situation was so desperate the authorities considered approving the qualifications of non-EU professionals to secure personnel. Indeed, this had been happening on a de facto basis for years, with managers saying they had no choice given the lack of staff.

This deficit of specialists is, at the very least, paradoxical in a country with more than forty medical faculties and no shortage of bright students or vocations. Faculties that tens of thousands of health workers studied at before being forced to make a life for themselves abroad since in Spain they either could not get a job or were offered one in conditions that fell far short of their level of education. The upshot of all this was a near-mass exodus of health workers to foreign countries where their qualifications were properly recognised and remunerated. Places like the United Kingdom witnessed a steady flow of Spanish doctors and nurses successfully covering the needs we now so urgently have here.

The problem caused by health professionals leaving has become particularly acute with the pandemic, but health is not the only sector where the dearth of employment opportunities has led to significant brain drains. The same job insecurity has seen highly qualified computer scientists, engineers, biologists, mathematicians and researchers leave Spain to supply their expertise to other countries – and this is a terrible business for a country that paid for their education.

All this expatriate talent is now needed more than ever to rise to the enormous challenge of an economic recovery driven by environmental sustainability and digitalisation. The European Recovery Plan can tap vast amounts of resources to fund investments in cutting-edge projects aimed at creating hundreds of thousands of high-level, stable jobs.

It is a demanding challenge for the central government, regional authorities and entrepreneurs, who must pull together to design an appropriate planning strategy to attract and leverage this injection of liquidity provided under excellent financing terms.

It will certainly be necessary to bolster education to deliver on medium- and long-term goals, but we will only get immediate results if we can draw the talent that left back home with attractive offerings. There is a country to be built up and modernised and the work of Spaniards is appreciated and valued the world over. Now it only remains to be valued here.

 

No dejar ni una empresa atrás

ENTRE MAGNITUDES

No dejar ni una empresa atrás

A fin de evitar que colapsara el crédito a las empresas, sobre todo a las pymes y a los autónomos, el Gobierno lanzó en su día un ambicioso plan de ayudas por un importe de 100.000 millones de euros para que bancos y compañías pudiesen disponer de financiación en forma de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Sin embargo, la llegada de la segunda ola del Covid-19 ha trastocado las optimistas previsiones de duración de la crisis y, por ende, ha alejado el escenario de recuperación de rebote rápido en forma de V, por lo que se antoja necesario adaptar las ayudas al nuevo horizonte de creciente incertidumbre. para tratar de salvar cientos de miles de puestos de trabajo. Ante este panorama, el Gobierno ha sido sensible al clamor empresarial y ha tomado la decisión de flexibilizar el plazo de devolución de estos préstamos.

FERNANDO GEIJO

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LA CAÍDA EN picado de la facturación en numerosos sectores ha motivado que las empresas tengan que seguir haciendo frente a sus facturas y gastos con una caja, cada vez más mermada, que no acaba de recuperarse. Si a esto unimos que las entidades financieras retraen, como es habitual, su actividad crediticia en época de crisis y que la ansiada recuperación rápida con un rebote enérgico se ha esfumado hacia un escenario, en el mejor de los casos, más desigual con un esquema en V asimétrica, la situación de incertidumbre se antoja muy complicada en los próximos meses.

No sin el Estado. Empresarios y entidades bancarias vienen reclamando desde hace meses al Gobierno una inyección de liquidez al tejido productivo para evitar la quiebra de miles de pymes y trabajadores autónomos en el marco de la crisis sanitaria provocada por la actual pandemia.

Al igual que sucedió en otros países de nuestro entorno, donde Alemania anunció en su día avales para créditos a las empresas por un monto de 500.000 millones de euros y Francia hizo lo propio por un importe de 300.000 millones, en España se anunció en marzo el lanzamiento de una línea de créditos concedidos por el Ministerio de Asuntos Económicos a través del aval del ICO por la ambiciosa cifra de 100.000 millones de euros.

La idea era que los bancos prestasen esos fondos a las empresas de todos los tamaños y sectores sin temor a engordar sus ya de por sí castigadas tasas de morosidad. Además, las autoridades preveían que, gracias a la colaboración privada, ese volumen de fondos aumentase hasta los 150.000 o 200.000 millones de euros.

La clave residía en que, con la garantía del Estado, las entidades financieras se protegían de eventuales impagos futuros de esos préstamos, destinados a afrontar la falta de liquidez y a apuntalar el circulante de un agonizante tejido empresarial en estado de hibernación forzosa.

Morir de éxito. La propia ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró en su momento que estos avales ya habían facilitado cerca de 750.000 operaciones, por un importe de alrededor de 70.000 millones de euros, lo que permitió dotar al tejido productivo con una financiación de más de 92.000 millones de euros, concentrado, en su gran mayoría, en autónomos y pymes.

Por consiguiente, el Gobierno se dispuso a ampliar las ayudas a tenor de la evolución de la crisis sanitaria y ante la gran acogida de esta iniciativa, agotada en los meses siguientes hasta conseguir alrededor de un total de 10.000 operaciones al día, tras completar los cinco tramos en que fue desglosada.

Para ello, anunció en julio el lanzamiento de una nueva línea de créditos avalados de nuevo por el ICO, esta vez por un importe de 50.000 millones de euros. El objetivo era apuntalar sobre todo la actividad de pequeñas y medianas empresas y de trabajadores por cuenta propia, pero vinculando en este caso las ayudas a fomentar la actividad inversora. En especial, los dos ejes considerados de mayor valor añadido, como son la apuesta por la digitalización y la sostenibilidad medioambiental.

Los nuevos avales sumados a los lanzados en la primera fase de la pandemia conformaban una bazuca nada desdeñable de 150.000 millones de euros, lo que supone movilizar nada menos que el 12,5% del PIB español. Cantidad que podría incluso incrementarse hasta los 200.000 millones gracias a la colaboración público-privada.

Entre las condiciones de esa segunda línea, se mantenía el porcentaje de riesgo cubierto por el aval en el 70% cuando este iba destinado a grandes empresas y en el 80% cuando la financiación se destinaba a las exhaustas cuentas de pymes y de empresarios autónomos.

Sin embargo, esta vez se decidió ampliar el plazo de amortización del crédito de cinco a ocho años, dado que estos están dirigidos a fomentar la inversión y no la liquidez.

Adaptación imperiosa. La virulencia de los rebrotes del Covid-19 ha puesto de nuevo contra las cuerdas a una economía que ya funcionaba a medio gas con respiración asistida. Los cierres perimetrales y confinamientos, más o menos severos, se han convertido en la tónica habitual no sólo en España sino en toda Europa.

Ante esta situación, autoridades, patronales y entidades financieras se han puesto manos a la obra para tratar de reestructurar los créditos ICO. Su intención es flexibilizarlos mediante la extensión del plazo de amortización, más allá de los ocho años, dotarlos de un período de carencia mínima de dos años, desde los seis meses actuales, y per- puedan tener quitas o conversión de deuda en capital, entre otros aspectos.

En este contexto, el Gobierno recogió el guante al publicar en el BOE el 17 de noviembre el Real Decreto-ley 34/2020, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial que, entre otros aspectos, incluye la ampliación de la devolución de los créditos ICO, hasta el 15 de mayo de 2021, el alargamiento del plazo de abono en tres años extra, hasta un máximo de ocho (cuando el plazo anterior lo fijaba en cinco) y el aumento de la carencia de pago de 12 a 24 meses.

Para acceder a esta flexibilización, es necesario no estar inscrito en el registro de morosos ni tener procedimientos concursales pendientes; no contar con impagos superiores a los 90 días en créditos ICO o en cualquier otro otorgado por esta entidad y que la Comisión Europea realice una autorización expresa de la ampliación en cuestión. Finalmente, los bancos dispondrán de un plazo máximo de 30 días para dar respuesta a las solicitudes de ampliación de plazos, sin poder obligar para acceder a ello a contratar otros productos o subir el interés sin que esté justificado por el coste.

En cualquier caso, estas medidas no son la panacea frente a la verdadera solución, que inexorablemente pasa por la reactivación plena de la economía, una vez se disponga de una vacuna para hacer frente al coronavirus.

Hasta entonces, cualquier solución adoptada, por muy loable que sea, siempre tendrá sus pros y también sus inevitables contras. En este caso, relacionados con la elevación del déficit público hasta alcanzar cotas nunca vistas, escalando sólo en 2020 en un 14,1% del PIB, según estimaciones del FMI, hasta situarse en el 123% en diciembre, cinco puntos por encima de la previsión del Gobierno.

Otra consecuencia negativa podría ser, además, utilizar los fondos ICO para dar oxígeno a empresas no viables, conocidas popularmente como zombies, drenando recursos para las que sí tienen futuro, una vez superados sus problemas puntuales de solvencia.

Asimismo, hay que añadir que en octubre la Autoridad Bancaria Europea (EBA) comunicó a las entidades financieras la finalización de la excepcionalidad de las medidas contables decretadas en marzo por la pandemia. En consecuencia, los bancos deberán volver a provisionar en sus cuentas de resultados los créditos impagados y elevar así su ratio de morosidad.

La situación anterior permitía establecer moratorias y carencias para alargar los pagos de los intereses o del principal sin que la EBA exigiera que se considerasen morosos.

Está previsto que estas moratorias comiencen a expirar en marzo de 2021 y las entidades financieras temen que no puedan ser renovadas en las mismas condiciones favorables que antaño, lo que podría ocasionar el temido cierre del grifo del crédito y la entrada en concurso de acreedores de miles de compañías, agravando el problema en una suerte de pernicioso efecto dominó.

Además, muchas empresas no solicitaron en su día créditos con aval del ICO, confiando en su propia capacidad de generación de recursos. Pero ante la gravedad de la segunda ola del virus ahora sí se lo estarían planteando como una necesidad imperiosa para sobrevivir. El problema es que en estos momentos los bancos son más reticentes a la concesión de créditos, dada la incertidumbre que rodea a la economía y a la nueva norma contable comunicada por la EBA, que no considera adecuado que se prolongue una medida tan excepcional, ya que teme que sirva para ocultar la morosidad.

Ojo al dato

Sede electrónica de la Vicepresidencia Tercera del Gobierno, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que incluye la relación de medidas de ayuda a disposición de las empresas, incluyendo la financiación del ICO.

Instituto de Crédito Oficial (ICO), Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Línea de avales Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, dotada con hasta 100.000 millones de euros.

Instituto de Crédito Oficial (ICO), Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Línea de avales Inversión Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, dotada con hasta 40.000 millones de euros.

Instituto de Crédito Oficial (ICO), Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Línea de avales Arrendamiento Covid-19, Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, dotada con hasta 1.200 millones de euros.

Guía para la solicitud de líneas de avales y préstamos ICO, publicada por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Extender plazos de amortización e incluir quitas de deuda, entre las medidas propuestas de flexibilización
Cuando menos, es más
LA respuesta fiscal a la pandemia en las cinco mayores economías europeas refleja que España ha sido el país que menos líneas de avales garantizados ha puesto a disposición de su tejido productivo, 200.000 millones de euros, frente a los 750.000 millones de euros destinados en Alemania, y los entre 400.000 y 300.000 millones de euros que aportaron en Francia, Italia y Reino Unido. Sin embargo, tras analizar el grado de ejecución de estos, España lidera el ranking al lograr comprometer un 46% de las ayudas, frente a un 5% de Alemania, pasando por un 36% en Francia, un 18% en Reino Unido y un 17% en Italia. Entre los motivos apuntados desde el FMI, capacidades burocráticas y restricciones aparte, estaría la propia demanda realizada por las empresas.
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).
Espada de Damocles hostelera

CIENTOS de profesionales de la hostelería se manifestaron en septiembre pasado en Madrid para exigir medidas de apoyo bajo el lema #salvemoslahostelería, para lo que el sector, que emplea a 1,7 millones de personas y supone el 6,2% del PIB español, demanda:

  • La flexibilización de los créditos ICO.
  • La ampliación de los ERTEs.
  • Actuaciones efectivas de apoyo al empleo.
  • La aplicación de una rebaja temporal del IVA.
  • La aprobación de una renta variable para el alquiler de locales comerciales.

Fuentes: Confederación Empresarial de Hostelería de España y Asociación Empresarial de Marcas de Restauración.

«Oxígeno para pymes y autónomos», por Juan José Morodo

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JUAN JOSÉ MORODO,

subdirector de Cinco Días

@JuanjoMorodo

Oxígeno para pymes y autónomos

Cuando Sequoia Capital, uno de los fondos más reconocidos de Silicon Valley, hizo sonar la alarma en marzo con un comunicado en el que advertía a los emprendedores que venía financiando sobre la necesidad de reconsiderar la situación, estaba describiendo el futuro inmediato. El impacto del Covid-19 sobre la demanda planteaba una seria amenaza para compañías poco capitalizadas, como las startups tecnológicas, que suelen vivir de sucesivas rondas de financiación. No eran una excepción.

Muchas empresas de todos los sectores, sobre todo pymes, ya no volverán a abrir sus puertas tras la pandemia. Y otras muchas tampoco lo harán si no cuentan con herramientas de apoyo claras, ágiles y eficaces que pongan remedio a las enormes dificultades derivadas del inédito frenazo en el negocio, en gran parte debido a confinamientos decretados por las autoridades. El tsunami del Covid ha arrasado con todo, y en el caso del tejido empresarial y del empleo se ha manifestado con extrema dureza también a la espera de una vacuna efectiva.

El Gobierno estableció desde marzo de 2020 medidas para salvar la dovela central que sostiene la economía del país: las pymes y los autónomos. Los créditos con aval del ICO han servido para proporcionar la imprescindible liquidez con el objetivo de evitar las temidas tensiones de tesorería, solventar los gastos fijos, la asfixia en las nóminas o el pago a los proveedores en los primeros meses de la crisis sanitaria. Y, pese a los galimatías denunciados por algunas empresas y desencuentros iniciales entre el sector financiero y el Ministerio de Asuntos Económicos, la recuperación de una relación más fluida los ha llevado a cumplir, con diversas ampliaciones, su función de manera útil y en unos momentos en que la liquidez urgía hasta el límite de la supervivencia. Sin embargo, pasados nueve meses de pandemia, el escenario sigue siendo tenebroso y todo indica la urgencia de medidas a más largo plazo.

Son estos, los plazos de carencia y amortización, el principal problema. Porque aquellas medidas se pensaron para una relativamente pronta recuperación con la que la segunda oleada y su virulencia han dado al traste. Pero la ampliación de estos periodos o la búsqueda de fórmulas para que el ICO pueda reestructurar la deuda de los avales que ha concedido a los bancos para que facilitaran liquidez, así como la línea destinada a la inversión (esta con escasa demanda), sirven, pero no bastan. Como no bastará, por sí sola, la aplicación de los fondos provenientes del Plan de Recuperación para Europa, por muy ingentes que parezcan. Si las dificultades de liquidez derivan en problemas de solvencia y no se acometen reformas estructurales con urgencia, el viaje habrá sido en vano. Y una morosidad ingobernable puede asomar en cualquier momento.

Las restricciones derivadas de la segunda oleada de contagios tras el verano intensificaron los riesgos para la estabilidad financiera y lastran con una pesada losa la recuperación de la actividad. En el escenario actual, parece una lectura optimista incluso la del Banco de España, cuando aplaza al menos hasta fin de 2022 la vuelta a los niveles preCovid.

Ante situaciones excepcionales, urgen medidas excepcionales. Las reestructuraciones de financiación, las ayudas directas o incluso las quitas, significativamente en los sectores más perjudicados por el parón, serán fórmulas que bien diseñadas y aplicadas con eficacia y bajo los principios de viabilidad y buenas prácticas pueden resolver parte del problema. Pero urge también toda una batería de medidas dirigidas a facilitar la oferta y reactivar la demanda, como moratorias fiscales y de alquileres (incluidas rentas variables), bajadas de IVA y planes sectoriales pormenorizados.

El Gobierno ha reconocido que medidas que fueron efectivas, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o los créditos con aval del ICO, “son insuficientes” hoy, ante una falta de demanda que a octubre había hundido los ingresos del 74% de las pymes y con la mitad viendo en riesgo su supervivencia, según el Barómetro de Cepyme. El 64% de los empresarios consultados creen que las medidas del Gobierno han sido “malas o muy malas”. En este sentido, la prolongación de los ERTE debe ser más que una decisión coyuntural e intermitente, y estos requieren igualmente un rediseño que permita a pymes y autónomos planear a largo plazo.

Las empresas con la persiana bajada son un grave coste para toda la economía en términos de riqueza y de empleo. Es una negra espiral que se retroalimenta, como han expresado con preocupación los primeros espadas de los grandes. Un diagnóstico que empeora al comprobarse la incertidumbre de una recuperación incierta.

Frente a inútiles disputas sobre cuánto caerá el PIB este año o el próximo, lo relevante es conocer cuándo se va a recuperar el crecimiento. Porque el aumento de las restricciones por toda Europa, donde están los principales clientes de nuestras empresas y los primeros emisores de turistas hacia España, extiende más incógnitas en el horizonte.

Quienes abren la persiana cada mañana tienen que saber a tiempo con qué cuentan para sacar adelante su negocio, además de solidaridad. El escudo social más valioso para los ciudadanos es la defensa de las pymes y los autónomos, incardinados con la gran empresa como claves de la riqueza, la recaudación tributaria y el empleo, sin los cuales la economía se deshilacha y este último desaparece.

Fomentar capital oxígeno, respaldar a las startups, diseñar programas de venture capital, mimar a los business angels, incentivos extra para quienes tengan el coraje de invertir en producción… Es larga la lista de acciones para impulsar el tejido empresarial. De ellas dependerá el futuro del empleo y, a la larga, del país. 

La ocasión es crítica y ha propiciado que pequeños emprendedores y grandes corporaciones hayan aprendido en tiempo récord a colaborar frente a la crisis. Es también una ocasión histórica para que las pymes den el salto al siglo XXI. Las que adopten soluciones ágiles y creativas podrán sobrevivir. Las que no, pagarán una cara factura.

El ingreso mínimo vital

ENTRE MAGNITUDES

El ingreso mínimo vital

Lo que hasta hace poco tiempo no era más que una utopía más propia de las prósperas sociedades escandinavas, se está poniendo en marcha en España, no sin ciertos retrasos y dificultades. Más allá del baile de cifras que existe en torno a su percepción por parte de los beneficiarios, lo cierto es que el denominado Ingreso Mínimo Vital ha llegado a nuestro país para quedarse. Una medida que pretende paliar la desigualdad social existente, exacerbada por la crisis sanitaria desatada por la actual pandemia, para dotar a los sectores más desfavorecidos de un colchón de protección que cubra sus necesidades básicas.

FERNANDO GEIJO

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Elogiada por unos y denostada por otros. Sin duda, la renta básica universal genera alabanzas y críticas en los diferentes países en los que se ha debatido su puesta en marcha. Y España no podía ser una excepción. Esta iniciativa redistributiva de la renta disponible es apoyada con fervor por organizaciones progresistas, que la ven como un paso natural en la consolidación del Estado del bienestar, y vilipendiada por los grupos más conservadores, que observan en ella los peligros propios de la consolidación de una mentalidad basada en el abandono del esfuerzo personal de superación cuando su asignación es generalizada.

En lo que no hay duda es en considerar que su implantación selectiva supone caminar hacia una evidente solidaridad económica mediante la instauración de un vasto modelo de protección social que, a la postre, ofrece a los individuos más desfavorecidos un salario ajustado para cubrir sus necesidades vitales esenciales.
El establecimiento en España de una renta básica mínima no es un concepto novedoso. De hecho, diferentes partidos políticos del arco parlamentario han sopesado esta posibilidad en los últimos tiempos. No en vano, varios países, como Países Bajos, Canadá, Finlandia y Francia, han coqueteado con este concepto de redistribución financiera entre los más desfavorecidos al poner en marcha proyectos piloto desde hace años.

La idea que subyace en la asignación de este ingreso económico vital es garantizar un ingreso mínimo de subsistencia a las personas que se encuentran en una situación de evidente vulnerabilidad financiera. Una especie de red social para garantizar la subsistencia de aquellos que están en riesgo severo de exclusión social.

Contra la pobreza. El denominado Ingreso Mínimo Vital (IMV) era una de las medidas estrella del pacto suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos que dio lugar al actual Gobierno de coalición. La aprobación de esta iniciativa sufrió varios retrasos debido a la crisis sanitaria del Covid-19 hasta que, finalmente, vio la luz en el último Consejo de Ministros del pasado mes de mayo.

El arranque de esta iniciativa está siendo más complicado de lo esperado. No en vano, las dificultades en su implantación se derivan de la actual situación económico-social, lo que ha desbordado las expectativas más optimistas de solicitudes debido a la grave crisis provocada por la pandemia del coronavirus.
De hecho, y después de meses de implantación y con un notable retraso en la gestión de las solicitudes, el Gobierno no ha tenido más remedio que aprobar un Decreto-Ley para alargar plazos y eliminar requisitos para tratar de aligerar el proceso.

Las más de 900.000 solicitudes presentadas hasta finales de septiembre desde que el pasado 15 de junio se abriese el plazo para solicitar el IMV están poniendo a prueba la capacidad de la Seguridad Social. Así, al menos, lo aseguran los sindicatos al denunciar falta de personal para atender la avalancha de peticiones recibidas. Una carencia que se uniría a los problemas informáticos, originados al principio de este proceso, y al exceso de trabajo que entraña la gestión de un ingente número de expedientes acumulados. No hay que olvidar que los funcionarios del ente público deben también tramitar otros asuntos como por ejemplo pensiones, jubilaciones, así como otro tipo de ayudas económicas.

A las complicaciones antes descritas habría que añadir la incertidumbre en el cumplimiento de los plazos administrativos para los solicitantes del IMV. Es decir, una vez superado el lapso de tres meses sin obtener respuesta por parte de las autoridades competentes cuando se realiza una solicitud, se considera desestimada. Es lo que la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común describe como silencio administrativo.

Se calcula que beneficiará a un total de 1,1 millones de hogares, la mitad de ellos con niños.

Es por ello por lo que, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del que es titular José Luis Escrivá, se han puesto manos a la obra para tratar de agilizar los trámites en un intento por simplificar las solicitudes y desatascar la situación mediante la ampliación del plazo de respuesta administrativa de tres a seis meses, hasta final de año, con lo que se sortea el peligro de prescripción legal antes descrito.

Mejoras necesarias. La idea es desatascar el cuello de botella creado entre el aluvión de demandas y la multiplicación de asuntos a atender por parte de la plantilla de funcionarios de la Seguridad Social, especialmente en un escenario de crisis sanitaria generalizada.

Con todo, se pretende que unos 150.000 hogares, que albergan a alrededor de 450.000 personas, puedan cobrar la prestación a partir de la segunda mitad del mes de septiembre. Las cifras muestran que hasta ese momento apenas se había concedido el 10 por ciento de los 900.000 expedientes presentados. Este porcentaje supone que algo más de 85.000 familias en España ya estarían recibiendo la prestación. Sin embargo, la gran mayoría, unas 75.000, fueron concedidas de oficio, lo que supone que sólo han sido analizadas las restantes 10.000 peticiones, un uno por ciento de las entregadas hasta esas fechas.

La cuantía fijada para el Ingreso Mínimo Vital para un beneficiario individual, sin hijos a su cargo que vive solo, asciende a 461,53 euros mensuales, cantidad que coincide con el importe anual de una pensión no contributiva dividida entre doce. En el caso de una unidad de convivencia, el importe va desde los 599,99 euros, para aquella formada por dos adultos, hasta un máximo de 1.015,37 euros si se trata de hogares integrados por dos, tres o cuatro adultos con tres o más, dos o más o un menor a su cargo, respectivamente. Los expertos estiman que estos importes supondrán un gasto al Estado de unos 3.000 millones de euros al año, alrededor de un tercio de lo que abona cada mes en pensiones. Además, se calcula que beneficiará a un total de 1,1 millones de hogares, la mitad de ellos con niños.

Los beneficiarios de esta prestación deben tener un patrimonio neto total inferior a los 100.000 euros, y una edad comprendida entre los 23 años, exceptuando quienes tengan un hijo menor de edad, y los 65 años. Además, una vez presentada la solicitud, si no lo habían hecho antes, deben encontrarse en situación de búsqueda activa de empleo.

Asimismo, su residencia legal y efectiva debe estar en España, de forma ininterrumpida durante al menos el año anterior a la fecha de la presentación de la solicitud. Otro aspecto a destacar a la hora de acceder al IMV es que se ha puesto especial cuidado en la protección de las víctimas de violencia de género que hayan tenido que abandonar su hogar, así como en el reconocimiento de las parejas de hecho que residan en el mismo núcleo familiar.

Los ciudadanos que estén recibiendo otro tipo de ayudas, como el subsidio o la prestación por desempleo, no podrán acceder al IMV dado que supondría percibir cuantías superiores a esta renta básica y, en palabras del propio Escrivá, se podría desincentivar la búsqueda de empleo al existir la posibilidad de sumar varias ayudas.

En cualquier caso, la medida no deja de estar en línea con lo acordado por los países más avanzados de nuestro entorno y supone un plausible avance hacia la constitución de una sociedad indudablemente más justa e igualitaria.

Ojo al dato

Sede electrónica de la Seguridad Social con información de referencia sobre el Ingreso Mínimo Vital. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Guía de facilitación de acceso a las medidas. Ingreso Mínimo Vital. Vicepresidencia Segunda del Gobierno. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Tramitación de la solicitud a través del formulario del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Simulador del Ingreso Mínimo Vital. Página web de la Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Información para solicitar el Ingreso Mínimo Vital. Cruz Roja Española.

La cuantía del IMV va desde los 461,5 euros mensuales hasta un máximo de 1.015 euros

Condiciones generales de aceptación

Entre los requisitos para ser beneficiario, que deben cumplirse al solicitar la prestación y mantenerse mientras se perciba la misma, se encuentran:
• Residir en España desde hace al menos un año, salvo para las víctimas de explotación sexual o violencia de género (sin plazo).
• Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, para lo que se valora la capacidad económica del individuo y/o de todos los miembros de la unidad de convivencia, tanto en términos de ingresos como de patrimonio.
• Haber solicitado las pensiones y prestaciones a que se tenga derecho, salvo rentas mínimas y salarios sociales o similares, concedidos por las comunidades autónomas.
• Los mayores de 28 años deben iniciar, si no lo han hecho ya, los trámites para figurar como demandantes de empleo y el resto de los adultos acreditar que cursan estudios reglados, quedando excluidas las personas dependientes y sus cuidadores, discapacitadas en grado de 65% o superior y los beneficiarios de pensión de incapacidad, invalidez, jubilación o aquellos mayores de 65 años.

Fuente: Seguridad Social.

Ajustes normativos

Entre los cambios recogidos en el Decreto-Ley de actualización de las condiciones de acceso al IMV cabe subrayar:
• El plazo de la Administración para resolver las solicitudes de los demandantes se alarga de tres a seis meses, para evitar que caduquen por silencio administrativo.
• Las solicitudes positivas presentadas en 2020 tendrán carácter retroactivo y, por tanto, derecho a cobro desde el 1 de junio.
• Se deja de exigir, salvo posterior discrepancia, la presentación del padrón en la solicitud, al ser comprobado por la propia Seguridad Social con los datos del INE.
• La exigencia de inscripción como demandantes de empleo de todos los adultos solicitantes no tendrá que cumplirse antes de presentar la solicitud, sino que se podrá completar, una vez aprobado el IMV, en los seis meses siguientes.
• Únicamente los solicitantes menores de 30 años que vivan solos deberán acreditar su independencia, no así el resto, como ocurría antes.
• La acumulación de los, al menos, 12 meses de cotización, seguidos o alternos, ahora debe haber tenido lugar en los últimos tres años a la presentación de la solicitud.
• Se endurecen las condiciones de acceso para las parejas de hecho en situación de unidad de convivencia, que ahora deben contar con una antigüedad de inscripción en el correspondiente registro de, al menos, dos años desde la presentación de la solicitud del IMV.
• La nueva norma permite excluir del cálculo económico a los adultos que no sean los progenitores, sin perjuicio de superar los umbrales totales establecidos, y que, en caso de no haber recibido respuesta a su solicitud, puedan solicitar el IMV transitorio por su cuenta.
• Para agilizar el proceso, ahora se aceptarán los informes de las comunidades autónomas en relación con los beneficiarios de otras rentas mínimas.
Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE).