DEBATE PARLAMENTARIO
Procesos de selección más ágiles para los empleados públicos
ELVIRA ARROYO
- Mail: [email protected]
Según el Eurobarómetro publicado en abril de 2023, el 45% de los ciudadanos de la Unión Europea piensa que la Administración pública de su país es compleja y lenta. Además, un 33% considera que una interacción más ágil con los ciudadanos y unos funcionarios públicos mejor capacitados mejorarían su confianza.
LA NUEVA LEY RESERVA AL PERSONAL INTERNO
UN MÍNIMO DEL 30% DE LAS PLAZAS EN LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO
Por otro lado, el envejecimiento de la población provocará grandes olas de jubilaciones en las Administraciones públicas en los próximos diez años, por lo que habrá que cubrir esas vacantes con trabajadores profesionales y estables.
La necesidad de abordar en España una reforma de la Administración y el empleo público es un compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (componente 11, “Modernización de las Administraciones Públicas”). El objetivo es establecer un modelo de recursos humanos basado en competencias, articular una carrera profesional que garantice la igualdad entre mujeres y hombres, evitar la rotación excesiva e implantar una gestión pública orientada a resultados.
España cuenta con un punto de partida positivo para completar este proceso, al situarse entre los países más avanzados en términos de administración digital. Otra ventaja es que las Administraciones públicas disponen de un amplio parque inmobiliario que permite una capacidad de movilización importante.
En 2015, la aprobación de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) supuso un salto importante en la concepción del empleo público en nuestro país, pero, por su carácter de norma básica, quedaba sujeto a un desarrollo posterior a través de leyes de las diversas administraciones. Ahora, el proyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado amplifica las disposiciones del texto refundido de la Ley del EBEP en lo relativo a la Administración del Estado.
Escenario cambiante
La nueva ley parte de la base de que España precisará en los próximos años una función pública con un alto nivel de profesionalidad, competencia, eficacia e innovación, además de ser inclusiva y plural. Para modernizar la Administración pública, no basta con dotarla de inversiones, sino que es preciso redefinir los procesos y procedimientos internos para lograr una mejor gestión. Igualmente, hay que dar paso a políticas de reclutamiento que aseguren el relevo intergeneracional, orientadas a la captación de talento y a la presencia de grupos infrarrepresentados.
En los procesos de selección se incorpora la agilidad como principio rector. Así, las plazas vacantes para el personal funcionario interino deberán incluirse en la oferta de empleo del ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización.
Al mismo tiempo, se irán relegando los sistemas de selección basados en la reproducción de conocimientos de forma abstracta. La provisión de puestos se vinculará a la evaluación del desempeño y a la formación como garantía de la profesionalidad de sus titulares. La ley subraya la obligatoriedad que tienen los empleados públicos de participar en procesos formativos para el perfeccionamiento de sus competencias o la adquisición de otras nuevas. El Instituto Nacional de Administración Pública será el Centro General de Aprendizaje, que marcará criterios comunes para la planificación estratégica de la política de formación en la Administración del Estado.
Dentro de los grupos de clasificación profesional se recoge como novedad el grupo B, al que se podrá acceder con un título de formación profesional superior.
LA PROVISIÓN DE PUESTOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SE VINCULARÁ A LA EVALUACIÓNI DEL DESEMPEÑO Y A LA FORMACIÓN COMO GARANTÍA DE PROFESIONALIDAD
Promoción interna
La nueva normativa consagra el fomento de la promoción interna horizontal (la que se produce dentro del mismo grupo o subgrupo de clasificación profesional) y vertical (ascenso a un subgrupo o grupo profesional superior) porque incentivar el talento interno se convierte en uno de los pilares básicos de la política de recursos humanos de la Administración pública. Con este fin, se reserva al personal interno un mínimo del 30% de las plazas en las ofertas de empleo público.
En la política retributiva, dentro de las complementarias, se introduce el complemento de carrera, que paga la progresión alcanzada en la carrera profesional; el actual complemento de productividad pasa a denominarse complemento de desempeño; y la gratificación por servicios extraordinarios se convierte en el complemento por servicios extraordinarios.
También se regula el teletrabajo, que deberá estar expresamente autorizado y ser compatible con la modalidad presencial. La ley subraya que el teletrabajo no es un derecho del personal público y está supeditado a las necesidades organizativas y del servicio. Entre otros requisitos, es condición necesaria ocupar un puesto de trabajo susceptible de ser desarrollado en teletrabajo y cuyo desempeño sea verificable mediante indicadores cuantificables fijados y evaluables periódicamente.

Principios de actuación del empleo público que recoge la nueva ley
- Igualdad, mérito y capacidad. Publicidad y concurrencia en el acceso y promoción profesional.
- Atracción, desarrollo y retención del talento.
- Estabilidad en el empleo público, objetividad y profesionalidad. Inamovilidad del personal funcionario de carrera como garantía de la imparcialidad en la prestación del servicio.
- Cualificación permanente del personal, promoción de su carrera y desarrollo profesional.
- Fomento de la diversidad y la inclusión de las personas con discapacidad o de los grupos infrarrepresentados.
- Garantía de igualdad de trato y no discriminación, en particular entre mujeres y hombres, así como de atención a las víctimas de violencia de género.
- Transparencia en la gestión.
- Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos.
- Evaluación y responsabilidad en la gestión.
Los partidos opinan*
JOSÉ LUIS ACEVES GALINDO
Diputado. Portavoz de Función Pública
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados
“No existe ningún texto legislativo de ámbito estatal que desarrolle el Estatuto Básico del Empleado Público”
Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que la Ley de Función Pública es necesaria para los empleados públicos de la Administración del Estado, ya que no existe ningún texto legislativo, en el ámbito estatal, que desarrolle el Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
La ley avanza, junto con el RDL 6/2023, en los compromisos para la llegada de los fondos de recuperación europeos Next Generation y da respuesta a temas importantes pendientes.
Además, apuesta por la transformación en una doble dimensión, en el capital humano y en los procesos y procedimientos internos encargados de su gestión; basándose en los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, abordando cuestiones como la igualdad de oportunidades, la garantía del diálogo social o la formación del personal.
ENGRACIA RIVERA
Diputada Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
“Es imprescindible que las empleadas públicas puedan negociar sus condiciones de trabajo”
Desde 2022, que fue firmado el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, hemos generado una serie de expectativas que se centran en varias cuestiones necesarias que necesita nuestra Administración pública para ser, verdaderamente, una Administración del siglo XXI.
La primera cuestión atañe al derecho a la negociación colectiva de las empleadas públicas, igual al derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores del ámbito privado. Es imprescindible que las empleadas públicas puedan negociar sus condiciones de trabajo, sus jornadas y horarios, el teletrabajo o las cuestiones salariales con la garantía de que la Administración (el patrón) va a cumplir los acuerdos alcanzados.
La segunda cuestión crucial es la de la democratización del acceso a la función pública. Nosotras ya hemos presentado una PL para democratizar el acceso a la carrera judicial, pero tenemos pendiente el conjunto de la Administración. Grandes retos imprescindibles para tener una Administración adecuada a los tiempos que vivimos.
* Se recogen las opiniones de los principales grupos parlamentarios que han considerado oportuno participar.