El foro reunió a numerosos operadores jurídicos y profesionales del sector financiero, y contó con la participación de expertos en la materia y representantes de los organismos de control, que abordaron, desde la perspectiva del Derecho, la contabilidad forense y el análisis financiero, los considerables desafíos que plantea la actividad fraudulenta para las autoridades encargadas del cumplimiento de la Ley.

Manuel Tarrío, secretario del Consejo General del Notariado (CGN), dio la bienvenida a los asistentes y agradeció a la Universidad Complutense la invitación a participar en su ciclo de cursos de verano. En su intervención inaugural, Tarrío puso en valor el papel y la labor de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su colaboración, desde hace más de 25 años, con las autoridades y administraciones públicas: “El Notariado español y su Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo están reconocidos como fuente de referencia a escala internacional, como consecuencia de la acreditada efectividad de sus métodos. Actualmente avanzamos en la exploración y el uso de técnicas de inteligencia artificial aplicadas a las acciones preventivas en esta materia”.

También, el secretario del CGN defendió la importancia de articular esta jornada en torno a la identificación del titular real, “el verdadero problema, tanto para los organismos competentes, como para los sujetos obligados, a cuya solución contribuimos desde el Notariado con la creación -en 2014- de la Base de Datos de Titularidad Real, sin duda una de las más importantes, si no la más importante, de las existentes en España”.

Herramientas legislativas.

En la primera ponencia de la sesión, Lourdes Jiménez Ramos, subdirectora general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Tesoro Público, detalló las herramientas legislativas existentes para la investigación de las estructuras jurídicas complejas e hizo un análisis de los riesgos que plantean, particularmente en el caso de los “trust” o fideicomiso anglosajón, figuras jurídicas que no pueden crearse, pero sí operar en nuestro país, y que permiten conferir el control y la administración de activos a una tercera persona sin ceder su titularidad.

“Los sujetos obligados deben tener una serie de cautelas cuando operen con los trust. Hay países muy laxos en lo relativo a las estructuras jurídicas y eso puede tener un impacto en su operación en España. En la UE la normativa preventiva se basa en la identificación del titular real, la persona física que se encuentra al final de toda la cadena, de quien debemos tener una información adecuada, precisa y actualizada”, subrayó.

Por su parte, María Belén Suárez Pantín, fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, habló sobre la labor que realizan los fiscales para perseguir estos delitos de defraudación tributaria: “Complementamos el trabajo que realiza el Notariado, los Registros, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Agencia Tributaria con los instrumentos que podemos aportar a través de un procedimiento judicial”.

Cooperación internacional

La fiscal denunció la falta de cooperación entre autoridades de distintas jurisdicciones, aquellos países reconocidos como paraísos fiscales, y puso el foco sobre las estructuras societarias utilizadas en estos entramados delictivos para ocultar bienes y activos, como las sociedades de responsabilidad limitada holandesa o ‘BV’. “Tenemos que pretender que los sistemas de intercambio de información entre países sean cada vez más agiles, que se restrinjan más las jurisdicciones opacas, y podamos ir cerrando el círculo a las conductas delictivas”, aseveró Suárez Pantín.

Francisco Martín Casares, responsable de PBC-FT de Anticipa Real Estate (Blackstone Group), mostró varios casos prácticos de operaciones con activos inmobiliarios y puso de manifiesto las dificultades que surgen a la hora de identificar a los titulares reales en el proceso de diligencia debida -investigación previa a la firma de contratos-.

El representante del grupo inmobiliario avaló el trabajo de los analistas de los sujetos obligados, especialmente en un sector como el suyo, “de pretendida incursión de financiación ilícita, tanto en la compraventa de activos, como en cancelaciones hipotecarias”. Sobre las operaciones con criptoactivos, Martín Casares abogó por requerir toda la documentación de las transacciones a los intervinientes.

Finalmente, el representante del SEPBLAC llamó a seguir reforzando los mecanismos de control y las exigencias normativas, al hilo de la nueva legislación europea contra el blanqueo, que armoniza las normas en toda la UE y pretende acabar con las deficiencias que aprovechan los defraudadores. “Es complicado cumplir los estándares mínimos exigibles en materia de prevención del riesgo. Tenemos por delante dos retos de difícil consecución: por una parte, la identificación del titular real y, en última instancia, la recuperación de activos ilícitos: hoy solo se puede recuperar un 0,3%”, concluyó.

El aterrizaje de los dispositivos electrónicos en las aulas empezó en 2004 aproximadamente. Pocos años después, realizando un reportaje en un colegio, pasé por una clase en la que todos los alumnos tenían su tableta. La directora las enseñaba orgullosa. Semanas más tarde, me enteré por un estudiante que se las dejaban para que las viésemos los periodistas y al irnos las retiraban porque no tenían para todo el colegio. A mí no me engañaron, pero no por mi perspicacia, sino porque mi reportaje no versaba sobre la tecnología en las aulas. Con esto se hace una idea del “furor” que existía y existe en centros educativos por parecer avanzados, sobre todo ante los padres, y que consiste en “cuantas más pantallas mejor”.

En anteriores reportajes ya advertimos que se sobrevaloraba el término nativo digital. Deslizar un dedo por una pantalla, como lo puede hacer un mono, no equivale a saber programar o mejorar en la adquisición de conocimientos. Sin embargo, hasta que no han venido los educadores del norte de Europa no lo hemos creído. El mensaje lo lanzó la ministra sueca de escuelas, Lotta Edholm, a finales de 2023. Tras comprobar el descenso en comprensión lectora de los alumnos suecos en los últimos exámenes PIRLS, paralizó la inclusión de pantallas y destinó 100 millones de euros para los próximos años para que los manuales en papel regresen a las aulas. No dijo que las pantallas fueran las culpables de esa bajada de nivel, pero sí que había que andarse con cuidado.

Qué dicen los estudios

Pese al revuelo que se montó por la decisión sueca en el sector educativo mundial, la revista Nature Human Behaviour publicó, también hace un año, una revisión de 2.451 artículos sobre el tema con pruebas de casi dos millones de estudiantes menores de 18 años. Aseguraba que había algunos beneficios con las pantallas y también riesgos, pero pequeños. Es decir: nada determinante. Esa misma tónica es la que también me encuentro en muchos centros universitarios especializados en España en didáctica e investigación educativa.

Así pues, para este reportaje consultamos a uno de los que están “a pie de obra” y tienen a los alumnos frente a frente.

Juan Azpilicueta es profesor de secundaria de matemáticas en un instituto público madrileño y entusiasta de la enseñanza en la que lleva 15 años. Lo primero que destaca es la presión de las empresas tecnológicas: “Hace pocos días reunieron al claustro de profesores con una vendedora de una multinacional de software. Tenía unos 22 años y nos decía como teníamos que dar clase a los que, como poco, la doblamos la edad. Básicamente, transmitía que no teníamos ni idea y que debíamos impartirla, como no, con sus pantallas y sus programas”. Esto nos recuerda a lo que señaló Jonathan Haid, reputado investigador en psicología social, en una entrevista en El País: “Ninguna tecnológica quiere perder a su objetivo más valioso: los preadolescentes”.

EL ATERRIZAJE DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EN LAS AULAS EMPEZÓ EN 2004 APROXIMADAMENTE

Presión de la industria

Por eso se entiende la beligerancia de algunos pseudoexpertos en educación contra los periódicos que se hicieron eco del anuncio sueco. Aseguraban que la noticia era mentira justificándolo en que algunos medios confundieron al ministro de educación sueco, Mats Persson, con la ministra de escuelas, Lotta Edholm.

El sector de Empresas de Tecnología Educativa mueve un mercado mundial de 252.030 millones de euros, que aumentará a 381.300 millones en 2026, según la consultora británica Global Data. Su interés por introducir las pantallas en la educación es innegable y, previsiblemente, empujará más fuerte por la irrupción de la inteligencia artificial. Aseguran que dejarán atrás “los tradicionales libros de texto por las aulas digitales y virtuales” dando por hecho que son mejores. Sin embargo, para la doctora en educación y psicología Catherine L’Ecuyer, “la industria tecnológica nunca ha cumplido con que debe probar primero que su método mejora el aprendizaje y después que los efectos colaterales no superarán las ventajas si las hubiera. Estamos experimentando con toda una generación”.

¿Se acuerda de esa amplísima campaña de publicidad del metaverso de hace dos años? Se decía, por ejemplo, que los alumnos ya no aprenderían astronomía como antes, mirando por un telescopio, sino visitando otros planetas con sus gafas de realidad virtual. Pero según el estudio El metaverso en la educación: retos y usos (Fad Juventud y BBVA – jun. 2023) el metaverso ha sido un fracaso porque no se utiliza. La solución, según el estudio, sería invertir más dinero en él.

Escribir a mano

Señala el profesor Azpilicueta que “la presión para digitalizar las aulas es muy intensa. Quieren uniformar mundialmente la enseñanza y hacerla dependiente de plataformas tecnológicas. Yo, `por ejemplo, soy defensor de la escritura a mano porque cada vez más a los alumnos les cuesta escribir, tienen una pésima caligrafía… ¡Si ya ni siquiera pintarrajean los cuadernos! Pues bien, pese a que me negué, me cambiarán la pizarra tradicional por la digital. Al menos pedí que estuvieran las dos: no me lo permiten. Entra la digital y se va el encerado. En la pizarra tradicional pintas o escribes lo que quieras, en la pantalla lo que te ofrece. Eres un sujeto pasivo”.

EL USO DE LAS PANTALLAS EN LA EDUCACIÓN ES INNEGABLE Y EMPUJARÁ MÁS FUERTE POR LA IRRUPCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Le da la razón un estudio publicado en enero de este año por la Universidad Noruega que concluye que escribir a mano fortalece los procesos cognitivos. Azpilicueta sigue dando ejemplos: “Les pido a los alumnos que diseñen algo, por ejemplo: una lámpara. Absolutamente todos me piden consultar internet. ¡Se quedan bloqueados! Tienen inseguridad, y lo más devastador: falta de creatividad”. De nuevo acierta. El pasado abril un estudio del grupo de investigación Creatividad, Motivación y Autorregulación en el ámbito educativo de la Universidad Internacional de La Rioja constató un descenso de la creatividad según avanza la etapa de Educación Primaria. La directora del estudio, María José Cuetos, señaló que una de las posibles razones es el uso de las nuevas tecnologías. Será por estudios. Otro La falta de juego en la infancia, de la fundación Crecer, señalaba que el 80% de los niños son más creativos cuando no usan pantallas. Se tiende a pensar que la creatividad se refiere a expresión plástica, pero se extiende a todos los niveles, porque es crucial para resolver problemas. De hecho, el último informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts sostiene que las habilidades humanas esenciales para 2030 son el pensamiento crítico, la creatividad y la curiosidad.

Desde la entrada en vigor de la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria, los notarios en España son competentes para celebrar matrimonios civiles y, desde el 30 de abril de 2021, también para tramitar el expediente matrimonial de los contrayentes.

LOS NOTARIOS EN ESPAÑA SON COMPETENTES PARA CELEBRAR MATRIMONIOS CIVILES Y PARA TRAMITAR EL EXPEDIENTE MATRIMONIAL DE LOS CONTRAYENTES

Según los datos del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), en 2023 se registró un aumento del 16,3% en la celebración de matrimonios ante notario en comparación con el año anterior, con un total de 22.632 escrituras de celebración de matrimonio autorizadas en 2023 frente a las 19.466 del 2022. En cuanto a las actas de resolución de expediente matrimonial, en el año 2023 se formalizaron 19.681, mientras que en 2022 este número fue de 14.930, lo que evidencia que se está convirtiendo en una opción de interés para las parejas españolas.

En el caso de los divorcios hay que tener cuenta que estos solo se pueden realizar ante notario al menos tres meses después de la celebración del matrimonio, siempre que sean de mutuo acuerdo y que no existan hijos menores de edad no emancipados o mayores de edad respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores. Así, en 2023 se realizaron 12.490 divorcios y separaciones ante notario, y 11.231 en 2022, lo que supone un aumento del 11,2% en comparación con el año anterior.

España alcanzará este año su mayor despliegue de militares en misiones internacionales, con más de 3.600 efectivos destacados permanentemente en el extranjero, a los que hay añadir otros 450 con carácter temporal y más de 2.500 en navegaciones a bordo de buques de la Armada, rompiendo el récord que hace 20 años sitúo a 3.500 militares españoles fuera de nuestras fronteras coincidiendo con la guerra de Irak.

Nuestro país envió el pasado año un total de 12.075 militares de las Fuerzas Armadas a alguno de los contingentes desplegados en 17 misiones en el exterior, que se han prorrogado este año añadiendo otras dos en Eslovaquia y Rumanía, según el acuerdo adoptado el 27 de diciembre por el Consejo de ministros.

Liderazgo español

Además, las Fuerzas Armadas españolas ya han iniciado el despliegue progresivo de personal y capacidades que integrarán el llamado “Battlegroup”, una misión de la OTAN de disuasión y defensa, con base en Lest (Eslovaquia), que liderará España a partir de julio de este año.

La profesionalidad y eficiencia de las fuerzas españolas han sido objeto de público reconocimiento por parte de las organizaciones internacionales, bajo cuyo mandato actúan, y les ha valido para encabezar muchas de estas operaciones. Prueba de ello es que hasta tres generales españoles están al mando de otras tantas misiones internacionales. El general Aroldo Lázaro, dirige a los más de 10.000 cascos azules desplegados entre Israel y Líbano. El general José Antonio Agüero está al frente de la misión de la OTAN en Irak, y el general Santiago Fernández Ruiz-Repiso está al mando de la ETM-Malí, la misión europea en Bamako.

Desgraciadamente 175 soldados, pertenecientes a los tres ejércitos y a la Guardia Civil, han fallecido en el desarrollo de su trabajo en el exterior de España, por diversas causas y en diferentes escenarios. De ellos 40 eran oficiales, 66 suboficiales y 69 de clase de tropa.

El Gobierno destinó para estas operaciones militares alrededor de 1.023 millones de euros en 2023, de los que la principal partida fue para financiar los compromisos derivados de la pertenencia a la Alianza Atlántica (OTAN): unos 581 millones, el 57%. De ellos, la disuasión en el Este de Europa, marcada por la guerra de Ucrania, supuso unos 476,7 millones.

ESPAÑA ALCANZARÁ ESTE AÑO SU MAYOR DESPLIEGUE DE MILITARES EN MISIONES INTERNACIONALES

Garantizar la soberanía

El incremento de la participación en operaciones militares en el exterior es reflejo de un importante cambio conceptual sobre qué significa la defensa nacional. Tradicionalmente, la finalidad de la defensa era la protección del territorio frente a ataques de otros países, incluyendo la disuasión. En este sentido, el artículo 8 de la Constitución española establece que las Fuerzas Armadas «tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».

La Ley Orgánica de la Defensa Nacional vino a desarrollar este mandato constitucional, ampliando las funciones del ejército más allá del concepto tradicional de la defensa. Según el artículo 15.2, las Fuerzas Armadas «contribuyen militarmente a la seguridad y defensa de España y de sus aliados, en el marco de las organizaciones internacionales de las que España forma parte, así como al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria».

La Ley 5/2005 describe en su título III una lista detallada de misiones nacionales e internacionales que le pueden ser conferidas a las Fuerzas Armadas, abarcando estas desde la mera vigilancia marítima, aérea y terrestre a colaborar en misiones internacionales humanitarias y de mantenimiento de la paz, asistir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo o asistir a las diferentes Administraciones Públicas en situaciones excepcionales.

La norma otorga al Gobierno de la Nación la potestad de establecer y comandar las misiones internacionales que considere necesarias para el interés nacional o la defensa de España, aunque necesita el consentimiento del Congreso de los Diputados para autorizar misiones en el exterior que no tengan relación directa con los dos supuestos mencionados. Asimismo, la norma obliga al Gobierno a informar anualmente al Congreso de los Diputados sobre el desarrollo de las operaciones militares en el exterior.

LA PROFESIONALIDAD Y EFICIENCIA DE LAS FUERZAS ESPAÑOLAS HAN SIDO OBJETO DE PÚBLICO RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Misiones en el exterior

Las misiones en el exterior no relacionadas directamente con el interés nacional o la defensa de España solo podrán ser ordenadas si se cumplen tres condiciones:

• Que se realicen por petición expresa del Gobierno de la Nación en cuyo territorio se desarrollen o estén autorizadas en Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o acordadas, en su caso, por organizaciones internacionales de las que España forme parte, particularmente la Unión Europea o la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en el marco de sus respectivas competencias.
• Que cumplan con los fines defensivos, humanitarios, de estabilización o de mantenimiento y preservación de la paz, previstos y ordenados por las mencionadas organizaciones.
• Que sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas y que no contradigan o vulneren los principios del derecho internacional convencional que España ha incorporado a su ordenamiento.