Entrevista a Jesús García Lorente, director general de la Confederación Autismo España

ESPACIO AEQUITAS

Jesús García Lorente,

director general de la Confederación Autismo España

Almudena Castro-Girona y Jesús García Lorente, tras la firma del acuerdo entre ambas instituciones.
Recientemente, la Confederación Autismo España y la Fundación Aequitas suscribieron un convenio de colaboración entre ambas instituciones enfocado a difundir la aplicación práctica de la Ley 8/2021. El director general de la Confederación analiza para Escritura Pública la situación del Trastorno del Espectro Autista en España, una discapacidad ‘invisible’.

JOSÉ M. CARRASCOSA

"La formación e información sobre el autismo es bastante escasa entre los profesionales jurídicos"

¿Puede explicarnos las líneas maestras de este acuerdo?

Autismo España y Fundación Aequitas nos hemos unido para colaborar en las iniciativas y actividades relacionadas con la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista (TEA), así como de sus familias y de los profesionales que intervienen para la consecución de la misma. Además, Aequitas comparte también nuestro objetivo de sensibilizar, formar y concienciar a la sociedad sobre la realidad de las personas con TEA, así como de sus familias, de ahí que colaboren con nosotros en la consecución de este fin. Empezaremos con una formación práctica sobre el TEA para todos aquellos notarios que lo requieran y puedan adaptarse y aplicar la nueva ley de capacitación judicial de la forma más efectiva posible. Además, desde Aequitas se impartirá una formación para nuestras entidades sobre los puntos principales de esta ley y los cambios que conlleva para las personas con TEA y sus familias.

“EMPEZAREMOS CON UNA FORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE EL TEA PARA TODOS AQUELLOS NOTARIOS QUE LO REQUIERAN”

¿En qué medida afecta la nueva normativa sobre discapacidad –centrada en la Ley 8/2021- al autismo?

Supone un nuevo paradigma de la discapacidad, un cambio de mentalidad, un nuevo modelo social de discapacidad, en especial en la toma de decisiones de las personas con TEA, ya que cambia la sustitución de la persona en la adopción de decisiones por la propia voluntad, deseos y preferencias de esta; unido a la provisión de medidas de apoyo voluntarias, legales, fácticas y judiciales; y a la supresión de la modificación judicial de la capacidad de las personas con discapacidad.

El TEA es una discapacidad de las denominadas ‘invisibles’. ¿Cómo afecta esta situación a las personas que lo presentan y a sus familias?

El TEA es una condición de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Acompaña a la persona a lo largo de su vida y afecta, fundamentalmente, a dos áreas del funcionamiento personal: la comunicación e interacción social y la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento. Esto significa que las personas con TEA pueden tener dificultades para comprender a los demás, para expresarse, para relacionarse o para comprender el contexto y desenvolverse en determinadas situaciones sociales. Se denomina “discapacidad invisible” porque el TEA no lleva asociado ningún rasgo físico y diferenciador, sino que solo se manifiesta a nivel de las competencias cognitivas de la persona y del comportamiento.

¿Cree que la sociedad conoce suficientemente el TEA?

Lo conoce mejor que hace años, aunque queda aún mucho camino por recorrer en cuanto a concienciación y sensibilización sobre el TEA y las necesidades de las personas con autismo y sus familias. También ha mejorado la percepción que la sociedad tiene del TEA, si bien tenemos que seguir trabajando para trasladar una visión más objetiva y positiva del colectivo, porque aún perduran estereotipos o prejuicios que es preciso desterrar (como que las personas con autismo no se comunican, viven en su mundo, …). Necesitamos seguir avanzado hacia un cambio social que promueva la igualdad de oportunidades de las personas con autismo y que garantice el ejercicio efectivo de sus derechos. En definitiva, “conocer para comprender”, porque sólo desde el conocimiento de la singularidad y especificidad del TEA podremos empatizar con las personas que lo presentan, comprender sus necesidades y promover su participación social activa como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

¿Puede explicarnos cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta una persona con TEA en su día a día?

Las personas en el espectro del autismo afrontan a diario barreras que comprometen su calidad de vida. Tienen un mayor riesgo que el resto de la población de verse excluidas de ámbitos esenciales, como la educación, el empleo, la vida independiente o el ocio. También manifiestan condiciones asociadas de salud que afectan a su bienestar físico y emocional que, a menudo, los sistemas sanitarios no identifican ni abordan de manera adecuada. Por ello, es importante señalar que la calidad de vida dependerá, en gran medida, de los apoyos que la persona pueda tener.

Desde su creación en 1994, ¿qué tipo de acciones han llevado a cabo desde la confederación para mejorar la calidad de vida del colectivo?

Autismo España nació como Federación en 1994, por iniciativa de cuatro entidades de distintos lugares de España que colaboraban de manera informal. En sus orígenes, la finalidad principal de Autismo España fue canalizar las subvenciones para sus distintas entidades socias, pero sin perder de vista la reivindicación del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con TEA, con el objetivo de promover su calidad de vida y conseguir su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad en igualdad de oportunidades. Nos convertimos en Confederación en 1999 y, a día de hoy, agrupamos y representamos a 157 entidades que prestan apoyo y servicios especializados a las personas con TEA y sus familias.

“EL ALUMNADO CON TEA TIENE HASTA CUATRO VECES MÁS RIESGO DE SER VÍCTIMA DE ACOSO ESCOLAR”

Una de las iniciativas que llaman la atención en su página web es la destinada al acoso escolar. ¿Cómo se puede frenar el bullying hacia los niños y jóvenes con TEA

Es fundamental trabajar desde el contexto escolar, desde las aulas. En un contexto en el que el acoso escolar supera el 50% y que en el alumnado con TEA llega al 80%, que profesores y docentes promuevan ambientes de tolerancia y respeto por las diferencias, donde se vea la diversidad como una riqueza y no como un problema es esencial. Según señala el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) en un informe de 2019, el mayor factor de riesgo para sufrir acoso escolar es ser diferente o tener una discapacidad. En la misma línea se manifiesta la experta Juana Hernández en la Guía “Acoso escolar y TEA”, editada por Autismo España: el alumnado con TEA tiene hasta 4 veces más riesgo de ser víctima de acoso escolar.

En España hay cerca de medio millón de personas con autismo. ¿Cuál es su grado de inserción laboral?

Respecto a su situación laboral, es francamente mala. La organización Autismo Europa estima que entre el 76 y el 90% de las personas adultas con autismo está desempleada y no desarrolla ninguna actividad productiva o laboral, lo que les convierte en el colectivo de la discapacidad con la tasa más alta de desempleo. Pero las personas con TEA quieren y pueden trabajar. Además, el empleo es un derecho fundamental para cualquier persona, que contribuye a mejorar su calidad de vida y promueve su autonomía personal, su participación social y su acceso a una vida independiente. Las dificultades comienzan en la etapa escolar, porque el sistema educativo no se adapta a las necesidades específicas del alumnado con TEA ni incorpora sus fortalezas.

“AUTISMO EUROPA ESTIMA QUE ENTRE EL 76 Y EL 90% DE LOS ADULTOS CON AUTISMO NO TRABAJA”

Acabamos de salir del estado de emergencia. ¿Cómo vivieron esta situación sus asociados y familiares?

Ha sido una situación francamente difícil para muchas personas con TEA y sus familias. La pandemia ha aumentado la vulnerabilidad de un colectivo que ya tiene un riesgo superior de verse excluido en ámbitos como la educación y el empleo. Ha incidido en su salud mental, su bienestar emocional, sus oportunidades para acceder a una educación o para mantener sus puestos de trabajo. Además, las rutinas habituales de su vida se vieron modificadas drásticamente, cuando muchas personas con autismo tienen dificultades para adaptarse a situaciones nuevas y desconocidas. También muchos servicios de atención a personas con discapacidad tuvieron que cerrar y los equipos profesionales que habitualmente les prestaban apoyos especializados suspendieron su actividad. Desde Autismo España hemos trabajado intensamente para tratar de paliar esta situación tan complicada. Por ejemplo, conseguimos que el Ministerio de Sanidad dictase una instrucción que permitía a las personas con TEA salir a la calle acompañadas de otra persona durante el estado de alarma, así como la excepción en el uso obligatorio de las mascarillas.

Desde su Confederación, ¿qué demandan a operadores jurídicos como los notarios para que las personas con TEA puedan realizar un ejercicio efectivo de sus derechos?

Que conozcan el TEA. En general, la formación e información sobre el trastorno es bastante escasa entre los profesionales jurídicos. El TEA es muy amplio y homogéneo, por lo que no es lo mismo realizar un proceso de capacitación con una persona con TEA que con otra, y por eso es necesario poder conocer sus características y particularidades que aseguren un proceso de capacitación con todas las garantías. Desde Autismo España, nos ponemos en total disposición de los operadores jurídicos para facilitar su tarea, con un colectivo tan amplio y heterogéneo como es el de las personas con TEA.

Entrevista a Estela Ferrer, ganadora del Concurso de Escultura Grandes Valores

EN SOCIEDAD

ESTELA FERRER,

ganadora del Concurso de Escultura Grandes Valores

¿Cómo te sientes por haber sido la ganadora del Concurso de Escultura Grandes Valores de la Fundación Notariado?

Me siento muy contenta y satisfecha porque es un gran reconocimiento que te afirma que tu trabajo es bueno, y que vales para lo que has estado formándote y luchando en un mundo tan difícil como es el ámbito artístico.

Según las bases, presentaste un boceto. La escultura ya está finalizada. ¿Cuál ha sido tu intervención –la de un escultor creador en el proceso- hasta la terminación final?

Presenté una maqueta a la convocatoria modelada con barro rojo. Una vez me dieron la noticia de que había sido la escultura premiada, se llevó a cabo la pieza en bronce. Ideé cómo acabar la pieza a través de prototipos realizados y editados mediante Photoshop. Cuestiones como la realización de una peana en piedra en la que colocar la escultura o la selección de una pátina que daría su acabado final a fueron las más importantes. Finalmente, el gran trabajo de fundición lo hizo el fundidor Toni Tomás.

¿Qué valores crees que deben mover a los gobiernos? ¿Y a nosotros como individuos? ¿Y a ti?

Pienso que algunos de los principales valores que deberían mover a cada persona son el respeto, la honestidad, la solidaridad, la humildad y la tolerancia.

Personalmente, como artista pretendo mostrar ese compromiso utilizando mi obra como medio de expresión en el que se transmitan todos esos valores que creo imprescindibles en nuestra sociedad. De esta manera, pretendí reflejar todas estas cuestiones en la escultura “Equilibrio”, premiada por la Fundación Notariado.

Aun estudiando el grado y el máster en Bellas Artes no has dejado de trabajar y exponer. ¿Dónde te ves en 10 años?

Considero que estas exposiciones son sólo el principio de una trayectoria en la que me desarrollaré como artista, y por supuesto, como persona. Diez años me permitirán especializarme y mejorar esas pinceladas de saberes que he adquirido en la carrera de Bellas Artes. Se tratará de seguir trabajando y luchando por uno de mis sueños.

Las dos ramas ascendentes del trofeo simbolizan la convivencia y el respeto. Nacen de un abrazo, después se rodean, se apoyan y se dan la mano

¿Qué temas artísticos te inspiran?

Temas como identidad, cuerpo, feminismo, ecología o el mundo rural son aquellos que me han inspirado en mis propuestas artísticas. Prefiero tratar este tipo de cuestiones que inciten a una reflexión o propongan nuevas formas de mirar hacia aquello que nos rodea.

Entrevista a Andrés Mª. Urrutia, notario. Presidente de la Academia Vasca de Derecho (AVD-ZEA) y de la Real Academia de la Lengua Vasca

EN SOCIEDAD

Andrés Mª Urrutia,

Notario. Presidente de la Academia Vasca de Derecho (AVD-ZEA) y de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia

“Los años en Ondarroa fueron mi mejor máster en euskera y Derecho civil vasco”

Andrés Mª. Urrutia Badiola es uno de los referentes del Derecho civil vasco. Nacido en Bilbao en 1954, hasta el pasado año impartía clases tanto en euskera como en castellano en la Universidad de Deusto. Notario de Ondarroa desde 1981 hasta 1994, posteriormente obtuvo plaza para Bilbao, en cuya notaría lleva desde entonces.
Alex Oviedo

ALEX OVIEDO

Fotos: MIGUEL SAN CRISTÓBAL

Sus antecedentes familiares, sobre todo por parte de madre, con bastante gente dedicada al mundo del derecho, y la influencia que sobre él tuvo un abogado amigo de la familia, Simón Garteiz, le animaron a elegir esta carrera. “Garteiz fue quien me recomendó que hiciese notarías. Y desde segundo de carrera tuve claro que lo mío era el ejercicio de la fe pública y del Derecho privado, básicamente el civil y mercantil.

¿Cuánto tiempo le llevó preparar las oposiciones?

Estuve preparándolas en el Colegio Mayor César Carlos, en el que se respiraba un buen ambiente de opositores, ya fuera de universidad, de notarías, registros, judicaturas… Estuve cuatro cursos escolares, por llamarlos de alguna forma. En 1981 prácticamente tenía el temario terminado, pero llegó el 23-F y tuvimos que esperar varios meses. En octubre de ese año opté a la plaza vacante de Ondarroa. Tuve la suerte de poder comenzar a trabajar en el lugar que yo quise porque mi familia tiene muchos lazos con la localidad vizcaína de Lekeitio, y Ondarroa está a diez kilómetros. En esa notaría estuve catorce años.

Ondarroa le permitiría conocer las particularidades de aquella zona y el arraigo del euskera.

Esos años fueron el mejor máster que he podido tener en euskera, cultura vasca y Derecho civil vasco. Tuve que atender no solo la notaría de Ondarroa, sino también como sustituto, las de Lekeitio y Markina-Jemein, lo que me permitió empaparme tanto de euskera como de algo que conocía de Deusto, porque el profesor Adrián Celaya nos daba clases fuera de las reglamentarias, sobre Derecho civil vasco. Paradójicamente, en Ondarroa también aprendí mucho sobre Derecho internacional privado y anglosajón porque, con la crisis pesquera, había barcos que se estaban abanderando con los pabellones británico y francés y toda la documentación de aquellas embarcaciones había que hacerla con arreglo al Derecho británico y francés. Eso me enriqueció enormemente.

Posteriormente sacó la plaza para Bilbao. ¿Había muchas diferencias con Ondarroa?

No tantas. Los últimos años en Ondarroa se despertó en mí la vocación universitaria. El padre Aranzadi me propuso dar clases de Derecho civil común y vasco en la Universidad de Deusto y en euskera, porque yo ya había participado en algunas iniciativas como el primer Diccionario de Derecho en euskera de UZEI, y tenía contactos con la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia y, además, estaba muy interesado en la introducción del euskera en el mundo de lo jurídico, algo inexistente salvo en la época de la Guerra Civil. Se juntaron en aquel momento esta experiencia universitaria —que ha durado más de treinta años— y mi llegada a Bilbao, con compañeros como Juan Ramón Manzano y Manuel Garcés.

En 2015 entró en vigor la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, de cuyo texto es uno de sus impulsores. ¿Qué ha supuesto esta Ley para el Notariado y para la sociedad vasca?

En mi caso, el tema del Derecho civil vasco venía de lejos, tanto por mi vocación universitaria como por el hecho de que ya en la Ley 3/1992, de 1 de julio, era el miembro más joven de aquella comisión que se formó en la Diputación Foral de Bizkaia para poder llevar a cabo la actualización del Fuero Civil de Bizkaia. Adrián Celaya, inmediatamente después de terminar la redacción de aquella ley y de que entrase en vigor, nos llamó a un grupo de gente a través de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, de la que luego surgiría la Academia Vasca de Derecho (AVD-ZEA), para redactar un texto que fuese una ley de Derecho civil vasco para todos los habitantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Costó varios años, pero en 2015 se aprobó por el Parlamento Vasco la Ley 5/2025, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco. Y, por primera vez en la Historia, tenemos una ley civil para todos los vascos y una ley en la que la que la intervención del Notariado —como siempre ha sido, porque creo que el Notariado es uno de los pilares de la conservación del Derecho civil vasco en los territorios de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, y por supuesto en Navarra y al otro lado de la frontera— se configuró con una serie de competencias muy importantes; competencias que estamos ahora desarrollando. Estamos vivificando ese sistema que se establece en la Ley de 2015, dándole cuerpo, haciendo que la sociedad lo perciba como algo interesante, importante y útil. Y el balance de estos siete años de aplicación es muy positivo.

Por primera vez en la historia tenemos una ley civil para todos los vascos en la que el notariado tiene competencias muy importantes

Respecto al Derecho civil común, ¿qué es lo que tiene de específico este Derecho civil vasco?

Básicamente dos cuestiones: es un Derecho de libertad civil, basado en el criterio de la libertad de la persona, a quien concede todo un abanico de opciones; y es un Derecho fundado en la perspectiva social y colectiva, en el sentido de que esa libertad civil no atiende tanto a una propiedad individual sino al bien común. Recientemente hemos tenido dos hitos importantes: el Reglamento Sucesorio Europeo, que entró en vigor también en 2015 y que ha supuesto el contraste del Derecho civil vasco con la experiencia europea, y la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; todo un reto para ver cómo funcionan nuestras instituciones de Derecho civil vasco en su aplicación diaria con la nueva regulación que proviene de la Convención de Nueva York. Una regulación que, además, reconoce a las personas su plena capacidad jurídica y que, en este sentido, casa muy bien con el sistema de libertad civil que nuestro Derecho predica.

Entrevista a Carlos Ganzenmüller, fiscal.

ESPACIO AEQUITAS

EL FISCAL CARLOS GANZENMÜLLER,

‘AMIGO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD’

De izquierda a derecha: María José Segarra (fiscal de sala del TS para la protección de las personas con discapacidad y mayores); Carlos Ganzenmüller, Luis Cayo Pérez y Pilar Vilarino (presidente y directora ejecutiva del CERMI, respectivamente).

El pasado marzo, el fiscal de la Sala Primera del Tribunal Supremo -y colaborador de la Fundación Aequitas desde los inicios de la ‘ONG del Notariado’- fue galardonado como ‘Amigo de las Personas con Discapacidad-Ciudadano CERMI’. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad reconocía así la labor del jurista en el Alto Tribunal y el Consejo Fiscal en defensa de los derechos de los colectivos más vulnerables durante décadas.

JOSÉ M. CARRASCOSA

¿Qué supone para usted la concesión de este galardón?

Una gran satisfacción personal y colectiva, pues debe ser compartido con todos los profesionales jurídicos, que desde sus conocimientos y responsabilidades han promocionado y divulgado los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones. Gracias a ellas hemos percibido el estado de sus derechos, sus valores y su proyecto de vida.

A nueve meses vista de la aprobación de la Ley 8/2021 sobre discapacidad. ¿Puede realizar alguna valoración sobre el cambio que ha supuesto la normativa para el colectivo?

Se ha dado un paso necesario. Debemos pensar que desde 2008 el Estado español se había comprometido a aplicar la Convención de Nueva York, sin ninguna enmienda ni dilación, y a legislar y modificar el sistema tutelar anterior por uno de capacitación y de apoyo. Esto implicaba una modificación legislativa en todos los órdenes; indudablemente, el Código Civil era la pieza clave. Por otro lado, tendrán que ser revisadas muchas de las anteriores sentencias dictadas, unas trescientas mil. La aplicación de las leyes lleva su tiempo. El Tribunal Supremo, que ya efectuó una notabilísima labor de adaptación de la Convención a la anterior legislación, ha dictado varias sentencias aplicando los principios generales de la reforma. Y las necesidades prioritarias expuestas en los múltiples encuentros de expertos inciden en la gran reforma del Derecho Civil desde la perspectiva de las personas mayores, así como los problemas procesales que aparecen en supuestos concretos. Yo creo que el colectivo de personas con discapacidad tiene con esta reforma una gran proyección de futuro.

Desde el punto de vista del ministerio fiscal, ¿puede adelantarnos a grandes rasgos qué novedades implica dicha ley a la hora de proteger jurídicamente a una persona con discapacidad?

Un cambio organizativo importante, y que veníamos reclamando desde 2010, como era la creación de una Fiscalía de Sala Especializada en la protección de las personas con discapacidad y mayores, así como la dotación de medios materiales y personales adecuados al reto del acceso a las fiscalías.

Lleva muchos años vinculado a Aequitas como colaborador. ¿Qué papel ha jugado esta institución en la evolución del Derecho de la discapacidad en sus más de veinte años de existencia?

Los notarios y los fiscales vamos siempre de la mano en aquellos ámbitos en que la discapacidad tiene que ser evaluada y valorada jurídicamente para determinar la capacidad de decisión que se posee; dotando del apoyo necesario, en su intensidad y calidad para formar la capacidad de decidir ante una actividad jurídica.

La intervención y apoyo expreso del notariado en la ley de patrimonio protegido y en la reciente reforma legislativa han sido trascendentes

Son similares los problemas que se nos plantean, pero en distintos ámbitos: por un lado, el juicio de capacidad y legalidad en el notario; y la protección de los derechos humanos en un proceso accesible, en los fiscales. Nuestra colaboración, aunque predestinada, no había coincidido antes. Sobre 2001, oí por primera vez a Rafael Leña, hablarnos del hoy famoso “traje a medida” para la persona con discapacidad, especificando sus capacidades y habilidades para determinar las necesidades de apoyo que tuvieran. Y a Carlos Marín, explicando los principios de la convención recién nacida en Nueva York, desde su magisterio brillante y contundente. Y con Juan Bolas y Almudena Castro-Girona ‘cruzamos el charco’ y nos encontramos con nuevos compañeros, nuevas ideas y perspectivas. Como con quien resultaría presidenta del Comité de Naciones Unidas para las personas con discapacidad, la chilena María Soledad Cisternas, una mujer extraordinaria.

La intervención en la Ley de Patrimonio Protegido y en la reciente reforma legislativa, apoyadas expresamente por José Angel Martinez Sanchiz y el Notariado, ha sido trascendente; así como los estudios, cursos y jornadas de formación, difusión y actividades en todos los campos sociales, que se revelan fundamentales Aequitas constituye siempre un puntal necesario en materia de discapacidad.

En 1988 ya inició su labor en defensa de los colectivos más vulnerables al ser nombrado fiscal coordinador del servicio especial de discapacidades y tutelas del TSJ de Cataluña. ¿Cómo han evolucionado los mecanismos de protección de la discapacidad desde entonces?

Un cambio radical, sin duda. Pasamos del fiscal que sólo se ocupaba del Derecho Penal, al fiscal también defensor de los derechos humanos y las personas más vulnerables por su edad, sexo, discapacidad y situación de inferioridad social. Frecuentemente existen varios factores de vulnerabilidad y los riesgos son muy acusados. La actuación del fiscal en condiciones de especialidad otorga un mayor conocimiento y concienciación de la situación de la persona.

Ha sido ponente en el Foro Europeo de la Discapacidad y miembro de la delegación española ante el Comité de seguimiento de la Convención de la ONU. Desde esa experiencia internacional, ¿cómo valora la situación legal de la discapacidad en España?

Yo creo que es pareja a los países de nuestro entorno, pero han de delimitarse mejor las competencias estatales y territoriales en esta materia; y, al mismo tiempo, crear mecanismos de coordinación que se centren en prioridades concretas dentro de un marco de igualdad y solidaridad.

Cartel de la conferencia.

Almudena Castro-Girona, ponente en Euro Family

La directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Girona, acudió en marzo a Bruselas para participar en una conferencia internacional de Euro Family sobre El papel de los profesionales legales en la aplicación de la normativa comunitaria sobre sucesiones y parejas de hecho. Este programa está impulsado desde la Comisión de Justicia de la UE y cuenta con la colaboración de distintas instituciones educativas nacionales, como la Universidad de Almería. La notaria abordó en su intervención Los derechos de los ciudadanos europeos y Residentes: Seguridad Jurídica vs. Autonomía.

Entrevista a Ádám Toth, presidente del Consejo de los Notariados de la Unión Europea

EN SOCIEDAD

ÁDÁM TÓTH,

presidente del Consejo de los Notariados de la Unión Europea

“Utilizaremos la tecnología respetando nuestro ADN: la seguridad jurídica”

El pasado mes de enero el notario húngaro, Ádám Tóth, asumió el cargo de presidente del Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE) para 2021, en representación de los 22 notariados que integran este organismo. Un año de cambios en el que, en un contexto de crisis por el Covid-19, Tóth ha marcado un tema prioritario en su agenda: la digitalización.

FÁTIMA PÉREZ DORCA

[email protected]

@fatimadorca

En su visita a San Sebastián para acudir al seminario Seguridad Jurídica y Digitalización, organizado por el Consejo General del Notariado (CGN) y la Universidad del País Vasco, Tóth habló para Escritura Pública sobre la Directiva 2019/1151 y los retos del Notariado europeo.

¿Cuáles son los puntos clave de la Directiva 2019/1151 sobre la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de Sociedades?

La directiva establece que los Estados miembros deben adaptar sus sistemas jurídicos nacionales para poder realizar procedimientos de constitución de empresas de manera online. A la hora de llevar esta acción a cabo, no se exigirá la comparecencia física del ciudadano ante una autoridad del Estado miembro de registro. Además, la transposición de la directiva traerá consigo la introducción de medios electrónicos de identificación a distancia, según lo dispuesto en el Reglamento e-IDAS de la UE 910/2012. Por último, deberán ponerse a disposición del usuario formularios online para facilitar la creación de sociedades de responsabilidad limitada.

¿Cómo está siendo la incorporación de esta directiva en los Estados miembros?

Los notariados europeos están trabajando en proyectos innovadores para la transposición efectiva de la directiva. Algunos de ellos ya han implementado soluciones funcionales basadas en la identificación electrónica y la videoconferencia, como Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Holanda y República Checa. Por su parte, el Notariado español ya está técnicamente preparado para implementar el mismo modelo.

¿Cuáles son las ventajas que traerá consigo esta nueva regulación y cómo se garantiza la seguridad jurídica?

Los procedimientos digitales contribuyen a ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos gracias a la rapidez derivada de la tramitación automatizada y a la eliminación de desplazamientos físicos innecesarios por parte del usuario. Además, ofrecen la posibilidad de asegurarse de que un documento no ha sido alterado y ha sido firmado por una persona identificada previamente. Sin embargo, se debe poner todo el empeño en garantizar que la seguridad jurídica y la calidad del control de la legalidad no se vean comprometidas. En este contexto, el papel del notario es fundamental para realizar una identificación completamente segura, así como la capacidad del otorgante y su consentimiento libre e informado.

¿Y los próximos objetivos del CNUE?

La digitalización de los sistemas jurídicos es una prioridad de las instituciones europeas y, en ese sentido, esperamos una propuesta legislativa en diciembre. Estoy convencido de que el Notariado tiene mucho que aportar a este avance. Actualmente los notarios estamos a la vanguardia con el intercambio de documentos por medios digitales, la creación online de empresas, la firma electrónica, la realización de videoconferencias, etc. También estamos explorando el uso de la inteligencia artificial y el blockchain. Ahora tenemos el desafío de aprovechar los avances tecnológicos respetando el ADN de nuestra función: la seguridad jurídica.

Este año nos centraremos en el uso de blockchain, una tecnología en la que ya están trabajando muchos notariados europeos, dado que permite realizar un seguimiento de los cambios con fiabilidad técnica. Existe un enorme potencial para crear seguridad jurídica en las transacciones legales.

 

¿Cómo ha vivido el CNUE el momento de crisis provocado por la pandemia y cuáles han sido los grandes aprendizajes?

Durante la pandemia hemos sido considerados un servicio público esencial. La principal lección que podemos aprender es que el Notariado no tiene nada que temer a la digitalización y que ha sabido y sabrá afrontar los retos del futuro.

El Notariado europeo ante la digitalización

La Directiva 2019/1151 sobre la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de Sociedades fue adoptada en junio de 2019 por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Esta norma fijaba en el pasado mes de agosto de 2021 la fecha para su transposición a los ordenamientos jurídicos nacionales. Sin embargo, se ha previsto una prórroga de otros doce meses para la aplicación de esta importante modificación, aunque algunos países como Alemania, la República Checa, Bélgica o Italia han iniciado ya el proceso legislativo.

El objetivo de esta directiva es simplificar, en términos de coste y tiempo, el establecimiento de una sociedad o la apertura de una sucursal en otro Estado miembro, con el fin de fomentar la competitividad de las empresas, fundamentalmente pymes, y favorecer el funcionamiento y modernización del mercado interior en un entorno de globalización y digitalización. La directiva menciona explícitamente a los notarios como parte del sistema de constitución de sociedades en línea.

El principio de neutralidad jurídica establecido por la directiva abre la posibilidad, ya desarrollada técnicamente por el Consejo General del Notariado, de constituir online sociedades limitadas en la sede electrónica notarial y mediante videoconferencia, con las mismas garantías y seguridad que en presencia física del notario.

Toda la información en el reportaje publicado en Escritura Pública.

Ayudar a los jóvenes para asegurar la recuperación europea

ÁMBITO EUROPEO

Ayudar a los jóvenes para asegurar la recuperación europea

El plan “Próxima Generación UE” para superar la crisis del Covid-19 nació a partir de un pacto intergeneracional: los jóvenes pagarán el enorme endeudamiento que financiará el estímulo, a cambio de tener mejores oportunidades, y una Europa más ‘verde’ y digital.

JORGE VALERO

@europressos

El pasado julio, los líderes europeos llegaron a un acuerdo histórico, en el sentido pleno de la palabra. Por primera vez, la UE se endeudará en los mercados en una cantidad sin precedentes para financiar un paquete de recuperación de 750.000 millones de euros. Este estímulo masivo persigue superar no solo la mayor pandemia que ha sufrido Europa en un siglo, sino también la mayor crisis económica en las siete décadas de historia de la UE.

Los numerosos instrumentos y matices del paquete, las cientos de horas de negociación y miles de páginas que lo hacen realidad, envuelven el principio nuclear a partir del que surge: un pacto intergeneracional entre aquellos que toman las decisiones hoy, y las generaciones de mañana.

Europa va camino de dejar un planeta más contaminado y economías más endeudadas a los jóvenes. Por eso, quiere aprovechar el mazazo del Covid-19, para que el gasto sin precedentes que requerirá salir del agujero sea inversión productiva para transformar cómo vivimos y cómo producimos.

“Propongo un Pacto Generacional para el mañana”, señaló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presentar el borrador del plan de recuperación en el Parlamento Europeo en mayo.

“Sí, los efectos de esta crisis significan que necesitamos realizar inversiones a una escala sin precedentes en la actualidad. Pero lo haremos de manera que la próxima generación de Europa coseche los beneficios mañana”, resaltó.

Explicó que se trata no solo de preservar los logros de la UE conseguidos durante siete décadas de integración europea, sino también para conseguir una Europa sostenible, impulsar la transición digital, la cohesión social y reforzar el peso de la UE en un mundo más competitivo e inestable.

Cómo logarlo. Y la herramienta para conseguirlo será el presupuesto comunitario ordinario, que durante los próximos siete años superará el billón de euros, y el fondo de recuperación frente a la pandemia, precisamente bautizado “Próxima Generación UE” (Next Generation EU). En total, más de 1,8 billones de euros, incluidos los 750.000 millones del fondo, un torrente de ayuda europea histórico para salir del agujero.

A España le corresponderán 140.000 millones de euros del fondo de recuperación, de los cuales 72.000 millones serán ayudas a fondo perdido. El resto son préstamos en condiciones ventajosas, que el Gobierno ha señalado que no utilizará de momento.

No es la primera vez que la juventud está en el radar de las políticas comunitarias. Tras la pasada crisis, y el riesgo de una ‘generación perdida’ debido a las dificultades de los jóvenes para entrar en el mercado laboral, la Comisión lanzó en 2013 la llamada “Garantía juvenil”.

Se han beneficiado 24 millones de jóvenes de este instrumento. Sin embargo, ha tenido un impacto desigual, en parte debido a la rigidez del sistema y su ambición. El Tribunal de Cuentas de la UE ha cuestionado sus resultados, y en 2017 concluyó que no cumplió con las expectativas creadas. “Muchos jóvenes no han visto su impacto positivo sobre el terreno”, señaló por su parte Ludovic Voet, de la Confederación de Sindicatos Europeos, al medio Euractiv.

Como ya sucediera durante la pasada crisis, los jóvenes han sido de nuevo uno de los colectivos más expuestos al impacto de la recesión causada por el Covid-19. Por eso, junto al gran pacto intergeneracional que representa el fondo de recuperación a largo plazo, la Comisión también propuso el pasado julio una puesta a punto de la “Garantía Juvenil”.

La reforma ya estaba prevista cuando la Comisión von der Leyen tomó los mandos el pasado diciembre. Sin embargo, el impacto de la pandemia le dio nuevas dimensiones y una importancia adicional.

Así, el Ejecutivo comunitario propuso que al menos 22.000 millones de euros del presupuesto plurianual (2021-2027) se destinen al apoyo al empleo juvenil. Tal y como señaló entonces el comisario europeo a cargo de Empleo, Nicolas Schmit, “existe el riesgo de que los jóvenes sean víctimas de esta crisis, lo que podría llevar a una generación perdida o generación bloqueada”.

Schmit advirtió que los jóvenes en trabajos precarios, con contratos laborales limitados, y aquellos que aún no ingresaron en el mercado laboral, no están protegidos por los ERTEs y otros sistemas de corta duración establecidos por los Estados miembros para amortiguar las consecuencias del coronavirus.

Por eso, para la Comisión es importante enviar una «señal» a los jóvenes europeos, para mostrarles que «no se les olvida» en la salida de la crisis más profunda en la historia de la UE, explicó Schimt.

Parte de los 22.000 millones destinados a los jóvenes se canalizarán a través de la nueva Garantía Juvenil.

Compromiso. La Comisión mantiene el compromiso de recibir una oferta de empleo, educación, aprendizaje o formación en un plazo de cuatro meses para quienes se apunten a la “Garantía Juvenil”. La novedad es que será más inclusiva, para evitar cualquier forma de discriminación, con un alcance más amplio a los grupos más vulnerables. Además, se vinculará con las necesidades de las empresas, proporcionando las habilidades requeridas, en particular las de las transiciones verde y digital, y se ofrecerán cursos preparatorios y asesoramiento, orientación y tutoría personalizados, para así facilitar la transición al mercado laboral.

La actuación de la Comisión para apoyar a los jóvenes también incluyó una recomendación para los Estados miembros sobre educación y formación profesional, para que los sistemas nacionales sean más modernos, atractivos, flexibles y alineados con la economía digital y verde. Y propuso dar un nuevo impulso a la Alianza Europea para el Aprendizaje, que ha puesto a disposición más de 900.000 oportunidades. Esta alianza apoya a las pymes y agrupa a sindicatos y organizaciones de empleadores.

El director del centro de análisis Bruegel, Guntram Wolff, considera que los 22.000 millones de euros son “insuficientes para los tres millones de jóvenes desempleados de la UE”, una cifra que probablemente aumentará durante los próximos meses. Por eso pide que las capitales aporten más.

“Europa no puede permitirse volver a olvidar a sus jóvenes. Las instituciones deben contribuir al esfuerzo de evitar otra generación perdida, y los responsables políticos nacionales, en particular, tienen que poner su grano de arena”, escribió Wolff en una tribuna publicada en El País el 11 de noviembre.

Una vez más, el viejo dicho de que Europa avanza a golpe de crisis se ha vuelto a cumplir con la germinación del fondo de recuperación, primer paso hacia la unión fiscal europea. Pero está por ver cuál será el impacto real del gran esfuerzo movilizado por las instituciones comunitarias y por los Gobiernos, para apoyar a la juventud y para garantizarles un futuro más digital y sostenible.

En juego no está solo salir de esta crisis, sino hacerlo garantizando los niveles de bienestar y seguridad que esperan los ciudadanos europeos, en un mundo más duro e inestable.

Draghi: apoyar a los jóvenes es un «imperativo moral»

El pasado mes de agosto, Mario Draghi señaló, en su primer discurso tras dejar la presidencia del Banco Central Europeo, que los gobiernos europeos se enfrentan a «un imperativo moral» para invertir en la educación de los jóvenes. “La deuda creada por la pandemia no tiene precedentes y tendrá que ser reembolsada principalmente por los jóvenes de hoy”, comentó.

Por lo tanto, el italiano subrayó que “es nuestro deber equiparlos con los medios para pagar esa deuda, y hacerlo mientras vivimos en sociedades mejoradas”. Draghi, quien abandonó el BCE el pasado noviembre, dijo que “durante años, una forma de egoísmo colectivo ha llevado a los gobiernos a desviar la atención y los recursos hacia iniciativas que generen retornos políticos garantizados e inmediatos. Esto ya no es aceptable hoy“.

Draghi: Supporting young people is a “moral imperative” 

Mario Draghi said Last August in his first speech after leaving the presidency of the European Central Bank that European governments face «a moral imperative» to invest in the education for young people. «The debt created by the pandemic is unprecedented and will have to be repaid mainly by those who are young today,» he said.

Therefore, the Italian stressed that «It is therefore our duty to equip them with the means to service that debt, and to do so while living in improved societies.» Draghi, who left the ECB last November, said that “For years, a form of collective selfishness has led governments to divert attention and resources towards initiatives that generated guaranteed and immediate political returns. This is no longer acceptable today.

Los jóvenes, insatisfechos

A pesar del foco dado a las nuevas generaciones, el Foro Europeo de la Juventud no se mostró satisfecho con el gran acuerdo de la cumbre de julio.

“En un momento en que los jóvenes ya están soportando el peso de otra crisis más, este acuerdo presupuestario es una decepción. La mayoría de los programas sectoriales que se centran directamente en la juventud o que tienen el potencial de apoyar la transición hacia una Europa más justa, más social y ambientalmente sostenible, ahora no podrán cumplir sus ambiciosos objetivos”, señalaron en un comunicado.

El problema radica en que los líderes dieron un tijeretazo a la propuesta de la Comisión para numerosas partidas del presupuesto comunitario ordinario, como Erasmus, para hacer hueco al fondo de recuperación.

Además, el Foro añadió que, aunque “Próxima Generación UE” tiene previsto ofrecer oportunidades a los jóvenes en el mundo post-covid, no está claro qué recursos se destinarán del total de 750.000 millones. Principalmente porque el uso sobre el terreno de la ayuda europea dependerá de los planes de recuperación que preparen los Estados miembros, y que deberá aprobar la Comisión.

El Parlamento Europeo consiguió revertir parte de los recortes realizados por los líderes el pasado verano, y amarró 2.200 millones más para Erasmus durante las negociaciones con los Estados miembros, pasando a tener 23.400 millones para los próximos siete años.

Young people, dissatisfied

Despite the focus given to the new generations, the European Youth Forum was not happy with the deal achieved in the July summit.

“At a time when young people are  already bearing the burden of yet another crisis, this budget agreement comes as a disappointment. Most of the sectoral programmes with a direct focus on youth or with the potential to support the transition towards a fairer, more socially and environmentally sustainable Europe, will now not be able to meet their ambitious targets, the Forum said in a statement.

They criticised that EU leaders cut the Commission’s proposal for numerous programmes in the EU budget, such as Erasmus, to make room for the recovery fund.

In addition, the Forum added that although “Next Generation EU” plans to offer opportunities to young people in the post-covid world, it is not clear what resources will be allocated of the total of €750 billion, given that the implementation will depend on the national recovery plans drafted by the member states, and which must be approved by the Commission.

The European Parliament managed to reverse part of the cuts made by the leaders last summer, and added €2,2 billion more for Erasmus during negotiations with the member states, now totalling €22,4 billion for the next seven years.

in English

Helping young people to ensure the European recovery

“Next Generation EU” plan to overcome the covid-19 crisis was born from an intergenerational pact: young people will pay the huge debt that will finance the stimulus, in exchange for having better opportunities, and a more ‘green’ and digital Europe.

Last July, EU leaders reached a true historic agreement. For the first time, the EU will borrow an unprecedented amount from the markets to finance a € 750 billion recovery package. This massive stimulus seeks to overcome not only the biggest pandemic that Europe has suffered in a century, but also the most severe economic crisis in the EU’s seven-decade history.

The numerous instruments and nuances of the package, the hundreds of hours of negotiation and thousands of pages behind its implementation hide the core principle from which it came from: an intergenerational pact between today’s decision-makers , and the generations of tomorrow.

Europe is on its way to become more polluted and its economies more indebted for the young. For that reason, the Union wants to take advantage of the covid-19 crisis, to ensure that the unprecedented spending required to get out of the hole becomes a productive investment to transform how we live and how we produce.

«I propose a Generational Pact for tomorrow,» said the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, when presenting the draft recovery plan in the European Parliament in May.

“Yes, the effects of this crisis mean that we need to make investments on an unprecedented scale today. But we will do it in a way that Europe’s next generation will reap the benefits tomorrow,” she stressed stressed.

She explained that it is not only about preserving the EU’s achievements conquered during seven decades of European integration, but also about progressing towards a sustainable Europe, promoting the digital transition, social cohesion and reinforcing EU’s weight in a more competitive unstable world.

How to do it. The instrument to achieve these lofty goals will be the EU budget, totalling more than one trillion euro over the next seven years, and the new recovery fund against the pandemic, named «Next Generation EU». In total, more than €1.8 trillion, including the fund’s €750 billion.

Spain will receive €140 billion from the recovery fund, of which €72 billion will be non-refundable grants. The rest are cheap loans that will remain untapped for the time being, the Government said.

It is not the first time that youth has been on the radar screen of the EU institutions. In the aftermath of the past crisis, and given the risk of a ‘lost generation’ due to the difficulties of young people to enter the labor market, the Commission launched in 2013 the“Youth Guarantee”.

Around 24 million young people have benefited from this instrument. However, it had an uneven impact, partly due to the rigidity of the mechanism and its bold ambition.

The EU Court of Auditors questioned its results, and in 2017 concluded that it did not meet the expectations created. «Many young people have not seen its positive impact on the ground,» Ludovic Voet, a representative of the European Trade Union Confederation, told Euractiv.

As it happened during the past crisis, young people have once again been one of the most affected groups by the impact of the recession caused by covid-19. For this reason, together with the intergenerational pact behind the long-term recovery fund, the Commission also proposed an overhaul of the “Youth Guarantee” in July.

The reform was already planned when the von der Leyen Commission took over last December. The impact of the pandemic however gave a new dimension and added fresh importance to its reform.

The EU Executive proposed that at least €22 billion of the EU’s multi-annual financial framework (2021-2027) be allocated to support youth employment. As EU commissioner in charge of Employment, Nicolas Schmit, pointed out in July, «there is a risk that young people will be victims of this crisis, which could lead to a lost generation’ or a ‘lockdown generation’».

Schmit warned that young people in precarious jobs, with limited employment contracts, and those who have not yet entered the labor market, are not protected by ERTEs and other short-term systems established by member states to cushion the consequences of the coronavirus.

For this reason, it is important for the Commission to send a «signal» to young Europeans, to show them that they are «not forgotten» in the exit from the deepest crisis in the EU history, he explained.

Part of the €22 billion earmarked for youth will be channeled through the new “Youth Guarantee».

In the revision, the Commission maintains the commitment to offer a job, education, apprenticeship or training proposal within four months for those who sign up for the “Youth Guarantee”.

The novelty is that it will be more inclusive, to avoid any form of discrimination, with a broader scope to ensure the participation of the most vulnerable groups. In addition, it will be linked to companies’ needs, providing the required skills, in particular those of the green and digital transitions, and preparatory courses and personalised advice, guidance and tutoring will be offered, to facilitate the transition to the labor market.

The Commission’s action to support young people also included a recommendation for member states on vocational education and training, to make national systems more modern, attractive, flexible and aligned with the digital and green economy. The institution also proposed to give new impetus to the European Alliance for Apprenticeships, which has made more than 900,000 opportunities available to date. This alliance supports SMEs and brings together unions and employers’ organizations.

The director of Bruegel, a think-tank, Guntram Wolff, said that the €22 billion are «insufficient for the three million unemployed young people in the EU», a figure that is likely to increase in the coming months. That is why he called on the capitals to contribute more.

“Europe cannot allow itself to forget its young people again. Institutions must contribute to the effort to avoid another ‘lost generation’, and national political leaders, in particular, have to do their bit,”Wolff wrote in an op-ed published in El País on November 11.

Once again, the old mantra of Europe moving forward thanks to a crisis period proved to be right with the creation of the recovery fund, a first step towards a European fiscal union.

But it remains to be seen what will be the real impact of the great effort made by EU institutions and governments to support youth and to secure a more digital and sustainable future.

At stake is not only getting out of this crisis, but doing so while ensuring the levels of well-being and security that European citizens expect, in a harsher and more unstable world.

Europa informa

Página web de la Comisión Europea con toda la información y las últimas noticias sobre el fondo de recuperación y el presupuesto plurianual comunitario (en inglés).

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Tribuna del Foro Europeo de la Juventud sobre la mejora de la “Garantía Juvenil” (en inglés).

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Nota informativa de los servicios del Parlamento Europeo sobre el fondo de recuperación (en inglés).

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Europe informs

European Commission’s website with all the information and the latest news on the recovery fund and the EU multi-annual financial framework.

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European Youth Forum’s op-ed on improving the “Youth Guarantee”.

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European Parliament’s background document on the recovery fund.

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¿Denunciaría una actividad ilegal?

ÁMBITO EUROPEO

¿Denunciaría una actividad ilegal?

La UE ha aprobado una directiva que ofrece amplias garantías a quienes denuncien actividades ilegales que vayan en contra del Derecho comunitario, como el blanqueo de capitales, el fraude fiscal, o malas prácticas en licitaciones públicas. El texto, que deberá entrar en vigor a partir de diciembre de 2021, introduce procedimientos claros para informar, así como canales seguros para realizar las denuncias y la prevención de las represalias.

JORGE VALERO

@europressos

El hundimiento de la compañía de pagos digitales Wirecard es considerado como el mayor escándalo de fraude corporativo en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Un empleado de la firma EY, responsable de sus auditorías, ya informó a sus superiores en 2016 sobre los intentos de fraude y de soborno de la ‘fintech’ alemana. Sin embargo, las advertencias de este denunciante (whistleblower) quedaron en nada por las presiones de Wirecard.

Casos como este, publicados por el Financial Times el 29 de septiembre, prueban la importancia de garantizar los canales apropiados y la protección necesaria a estos denunciantes para alertar sobre irregularidades.

La falta de actuación por parte de EY ante la denuncia, investigada actualmente en Alemania por su pobre auditoría de Wirecard, llevó a la pérdida de cientos de millones de euros para miles de ciudadanos.

El caso de los papeles “Luxleaks”, que en noviembre de 2014 destaparon las estratagemas de compañías para evadir el pago de impuestos, permitió a la Comisión Europea emprender acciones contra multinacionales como McDonalds, Amazon o Ikea, quienes utilizaron agresivas prácticas fiscales para evadir el fisco.

“Todo el mundo debería agradecer al denunciante su labor y el trabajo de los periodistas de investigación, quienes han puesto mucho esfuerzo en esto”, señaló a este corresponsal la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, quien lidera la carga contra estas prácticas.

Sin embargo, el denunciante de ‘Luxleaks’, Antoine Deltour, antiguo empleado de PricewaterhouseCoopers, envuelta en la preparación de los arreglos fiscales, terminó sentenciado en los tribunales, aunque finalmente quedó absuelto.

Ha habido otros casos, como los Panama Papers o los Paradise Papers, en los que los informantes juegan una labor fundamental denunciando irregularidades a sus superiores, a las autoridades o a la prensa. Sacan a la luz situaciones en las que, por acción u omisión, sus empresas amenazan o dañan el interés público, a través del fraude, la corrupción, la evasión fiscal o atentados contra el medio ambiente o la seguridad alimentaria.

La situación de estos denunciantes en Europa se ha convertido en el último lustro en un asunto importante. A pesar de las sonadas filtraciones de los últimos años, su protección era hasta hace poco inadecuada en el conjunto de la UE, con grandes variaciones entre los Estados miembros. El riesgo de un trato desigual y la incertidumbre legal menguaba el interés de quienes querían informar para proteger a sus conciudadanos.

Por eso, la Comisión Europea presentó en la primavera de 2018 una propuesta para reforzar las garantías de los denunciantes. Introduce sanciones para quienes intenten obstaculizar la denuncia, revelar la identidad de un denunciante, amenazar o tomar represalias contra él, o que no cumplan con otros requerimientos de la directiva.

Las sociedades con más de 50 empleados, o más de 10 millones de euros de ingresos anuales, estarán obligadas a crear canales de información interna

Marco deficiente. Antes de la llegada de esta propuesta, tan solo diez Estados miembros (Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Holanda, Eslovaquia, Suecia y el Reino Unido) contaban con un marco legal amplio para protegerles. En los demás países, la ley tan solo cubría algunos sectores, especialmente el financiero, categorías de empleados, como los funcionarios públicos, o ciertos casos, como los de corrupción.

Como resultado, según un estudio de la Comisión de 2017, un 49% de los ciudadanos no sabía dónde debían informar sobre casos de corrupción, y tan solo un 15% conocía las normas sobre protección de denunciantes.

Mientras la Comisión preparaba la propuesta, con una consulta pública, el Parlamento Europeo también se movilizó para hacer oír su voz. En una resolución de febrero de 2017, pidió un nuevo marco legal amplio para proteger a estos denunciantes. Los eurodiputados llegaron incluso a recomendar una agencia europea específica para aconsejar y recoger informes de denunciantes.

Tras la propuesta de la Comisión, los Estados miembros y los eurodiputados añadieron sus enmiendas, por ejemplo, introduciendo la posibilidad de denunciantes anónimos y la protección legal para los periodistas que recojan el contenido de la denuncia.

La ponente de la Eurocámara, la socialista francesa Virginie Rozière destacó que “escándalos recientes como LuxLeaks, Panama Papers y Football leaks ayudaron a arrojar luz sobre la gran precariedad que sufren hoy los denunciantes”. Por eso, el Parlamento envió “una señal contundente de que ha escuchado las preocupaciones de sus ciudadanos y ha impulsado normas sólidas que garanticen su seguridad y la de aquellas personas que eligen hablar”, añadió.

En marzo de 2019, la Eurocámara y los Estados miembros llegaron a un acuerdo sobre el texto final, que concluyó su ratificación en octubre de ese año y entró en vigor el pasado diciembre. Los Estados miembros tienen dos años para transponer las normas al derecho nacional.

“La UE está comprometida con un sistema democrático que funcione bien y se base en el Estado de derecho. Eso incluye proporcionar un alto nivel de protección en toda la Unión a aquellos denunciantes que tengan el coraje de hablar. Nadie debe arriesgar su reputación o su trabajo por exponer comportamientos ilegales,” comentó la ministra de Justicia finlandesa Anna-Maja Henriksson, cuyo país presidía el Consejo cuando se adoptó la directiva.

La Comisión incluso invitó a los Estados miembros a que fueran más allá en su marco nacional al transponer la directiva. Esto es porque la norma se aplica solo a informaciones de violaciones relacionadas con el Derecho comunitario, como son el fraude fiscal, blanqueo de capitales o malas prácticas en licitaciones públicas, seguridad en bienes y carreteras, protección medioambiental, salud pública y protección del consumidor y de sus datos. Por eso, el Ejecutivo comunitario invitó a que los países la extendieran para cubrir otras violaciones de sus leyes nacionales.

Las sociedades con más de 50 empleados, o más de 10 millones de euros de ingresos anuales, estarán obligadas a crear canales apropiados de información interna.

Las primeras empresas que tendrán la obligación de transponer la norma serán aquellas con más de 250 empleados; dos años más tarde también se aplicará a las que tengan entre 50 y 250 trabajadores.

Protección. Uno de los puntos clave de la nueva ley es la protección de los informantes. La ley prohíbe explícitamente las represalias e introduce salvaguardias para evitar que el denunciante sea suspendido, degradado e intimidado o sufra otras formas de represalia. Aquellos que ayudan a los denunciantes, como facilitadores, compañeros de trabajo o familiares también están protegidos. Además, quedan incluidos antiguos empleados o incluso quienes solicitan empleo en las empresas afectadas.

Los Estados miembros deben garantizar que los denunciantes tengan acceso gratuito a información y asesoramiento completos e independientes sobre los procedimientos y recursos disponibles, así como asistencia jurídica durante estos procedimientos. Durante los casos judiciales, los denunciantes podrían recibir apoyo financiero y psicológico.

La directiva introduce una jerarquía para realizar las denuncias, ofreciendo garantías para aquellos que decidan hacerlas públicas. Se anima a los denunciantes a utilizar primero los canales internos de su organización, antes de recurrir a canales externos que las autoridades públicas están obligadas a establecer. En los casos en los que no se tomó ninguna acción apropiada en respuesta al informe inicial del denunciante, o si creen que existe un peligro inminente para el interés público o un riesgo de represalias, la persona que informa estará protegida si decide revelar información en público.

La norma establece la obligación de dar respuesta y seguimiento a las denuncias de los denunciantes en un plazo de tres meses, aunque se puede ir hasta los seis meses en el caso de acudir a canales externos en situaciones debidamente justificadas.

Miedo a las represalias

Un Eurobarómetro de 2017 evidenció cómo el miedo a represalias tapaba las irregularidades. Así, un 81% de los europeos dijo que no informó sobre casos de corrupción que experimentó o de los que fue testigo.

La Comisión también estimó que la falta de una protección adecuada para estos informantes costaba a la UE entre 5.800 millones y 9.600 millones de euros al año tan solo en el campo de las licitaciones públicas.

Fear of retaliation

A 2017 Eurobarometer showed how fear of retaliation helped to hide irregularities. A total of 81% of europeans said that they did not report on cases of corruption that they experienced or witnessed.

The Commission also estimated that the lack of adequate protection for these informants cost the EU between € 5.8 billion and € 9.6 billion per year in the field of public procurement alone.

Personas valientes

La vicepresidenta de la Comisión a cargo de Justicia, Vera Jourova ha señalado que “los denunciantes son personas valientes que están dispuestas a sacar a la luz las actividades ilegales, a menudo con un gran riesgo para su carrera y sus medios de vida, para proteger al público de irregularidades. Merecen reconocimiento y protección por sus valientes acciones. Hago un llamamiento a los Estados miembros para que transpongan las nuevas normas sin demora”.

Brave people

The vice president of the Commission in charge of Justice, Vera Jourova, pointed out in december 2019 that “the whistleblowers are brave people who are willing to expose illegal activities, often at great risk to their career and their livelihoods, to protect the public of irregularities. They deserve recognition and protection for their courageous actions. I call on the Member States to transpose the new rules without delay”.

in English

Would you report an illegal activity?

The EU has approved a directive that offers comprehensive guarantees to those who report illegal activities against EU law, such as money laundering, tax fraud or bad practices in public procurement. The directive, which will enter into force as of December 2021, introduces clear procedures for reporting, as well as secure channels for reporting and preventing retaliation.

The collapse of the digital payments company Wirecard is regarded as the biggest corporate fraud scandal in Germany since World War II. An employee of the EY firm, responsible for its audits, already informed his superiors in 2016 about fraud and bribery attempts by the German ‘fintech’. The warnings of this whistleblower, however, were left to nothing by pressure from Wirecard itself.

Cases like this, published by the Financial Times on September 29, prove the importance of guaranteeing the appropriate channels and the necessary protection to whistleblowers to alert about irregularities.

EY’s failure to act, currently under investigation in Germany for its poor Wirecard audit, led to the loss of hundreds of millions of euros for thousands of citizens.

The “Luxleaks” papers, which uncovered in November 2014 the ‘sweetheart deals’ given by Luxembourg to companies to pay almost no taxes, allowed the European Commission to take action against multinationals such as McDonalds, Amazon or Ikea, who used aggressive tax practices to evade their tax obligations.

«Everyone should thank the whistleblower for his work and the investigative journalists for putting a lot of effort into this,» Competition commissioner Margrethe Vestager, who is leading the charge against unfair tax practices, told this correspondent.

But ‘Luxleaks’ whistleblower, Antoine Deltour, a former PricewaterhouseCoopers employee whose company was involved in the preparation of the tax deals, ended up sentenced in court, although he was ultimately acquitted.

There have been other cases, such as the Panama Papers or the Paradise Papers, in which whistleblowers played a fundamental role in denouncing irregularities to their superiors, the authorities or the press. They exposed situations in which, by action or omission, their companies threaten or harm the public interest, through fraud, corruption, tax evasion or attacks against the environment or food safety.

The situation of whistleblowers in Europe has become an important matter in the last five years. Despite the notorious leaks in recent years, their protection was until recently inadequate across the EU, with big differences between member states. The risk of unequal treatment and legal uncertainty decreased the interest of those who wanted to report to protect their fellow citizens.

For this reason, the European Commission presented in the spring of 2018 a proposal to strengthen the guarantees of whistleblowers. The text, which will be fully in force as of December 2021, introduces clear reporting procedures and obligations for companies, safe channels for reporting, prevention of retaliation, and effective protection for whistleblowers.

In addition, it introduces sanctions for those who try to obstruct the complaint, reveal the identity of a complainant, threaten or retaliate against him, or do not comply with other requirements of the directive.

Poor frame. Before the arrival of this proposal, only ten member states (France, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Malta, the Netherlands, Slovakia, Sweden and the United Kingdom) had a comprehensive legal framework to protect them. In the other countries, the law only covered some sectors, especially the financial sector, categories of employees, such as civil servants, or certain cases, such as corruption.

As a result, according to a 2017 Commission study, 49% of citizens did not know where to report corruption cases, and only 15% were aware of whistleblower protection rules.

Companies with more than 50 employees, or more than €10 million in annual turnover, will be required to create internal reporting channels.

While the Commission prepared the proposal with a public consultation, the European Parliament also took action to make its voice heard. In February 2017, MEPs called in a resolution for a new comprehensive legal framework to protect whistleblowers. The Parliament even went as far as to recommend a specific European agency to advise and collect whistleblower reports.

Following the Commission proposal, member states and MEPs added their amendments, for example introducing the possibility of anonymous whistleblowers and legal protection for journalists who report on the content of the complaint.

The European Parliament rapporteur on this dossier, French socialist Virginie Rozière, stressed that «recent scandals such as LuxLeaks, Panama Papers and Football leaks helped shed light on the great precariousness that whistleblowers suffer today». For this reason, Parliament sent “a strong signal that it has listened to the concerns of its citizens and has promoted solid rules that guarantee their safety and those who choose to speak”, she added.

In March 2019, the European Parliament and the member states reached an agreement on the final text, which concluded its ratification in october of that year and entered into force last december. Member states have two years to implement the rules into national law.

“The EU is committed to a well-functioning democratic system based on the rule of law. That includes providing a high level of protection across the Union for whistleblowers who have the courage to speak up. No one should risk their reputation or their work by exposing illegal behavior”, said Finnish Justice Minister Anna-Maja Henriksson, whose country was chairing the Council when the directive was adopted.

The Commission even told member states to go further in their national framework when they implement the directive. The directive covers only reports on breaches related to EU law, such as tax fraud, money laundering or bad practices in public tenders, safety of goods and roads, environmental protection, public health and consumer protection and of your data. For this reason, the EU Executive invited countries to extend its scope to cover other violations of their national laws.

Companies with more than 50 employees, or more than €10 million in annual revenue, will be required to create appropriate internal reporting channels.

The first companies that will have the obligation to implement the directive will be those with more than 250 employees; two years later it will also apply to those with between 50 and 250 workers.

Protection. One of the key points of the new rules is the protection of whistleblowers. The directive explicitly prohibits retaliation and introduces safeguards to prevent the complainant from being suspended, demoted and intimidated or other forms of retaliation. Those who help whistleblowers, such as facilitators, co-workers or family members are also protected. In addition, former employees or even job candidates in the affected companies are included.

Furthermore, member states should ensure that whistleblowers have free access to complete and independent information and advice on available procedures and remedies, as well as legal assistance during these procedures. During court cases, complainants should receive financial and psychological support.

The directive introduces a hierarchy for the complaints, offering guarantees to those who decide to make them public. Whistleblowers are encouraged to first use their organization’s internal channels, before resorting to external channels that public authorities are required to establish. In cases where no appropriate action was been taken in response to the whistleblower’s initial report, or if they believe there is an imminent danger to the public interest or a risk of retaliation, the whistleblower will be protected if they choose to disclose information publicly.

The new EU rules establish the obligation to respond and follow up on the complaints within a period of three months, although it can go up to six months in the case of using the external channels in duly justified situations.

Europa informa

Texto de la propuesta legislativa.

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Página del Parlamento Europeo con el procedimiento legislativo de la propuesta (en inglés).

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Propuestas realizadas por la ONG Transparency International a la propuesta de la Comisión Europea.

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Europe informs

Text of the legislative proposal.

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Page of the European Parliament with the legislative procedure of the proposal.

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Proposals made by the NGO Transparency International to the proposal of the European Commission.

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