Las bruscas y disruptivas subidas de tipos de interés del dinero a nivel global, y en particular, en Europa, donde veníamos de un largo periodo de tipos muy bajos y el euríbor en negativo, han provocado una alarma desproporcionada sobre las subidas de los tipos de interés hipotecario que constituyen el principal instrumento de la financiación de la vivienda en nuestro país.

No debemos olvidar el drama hipotecario en la anterior crisis, de naturaleza financiera, con una explosión de la burbuja inmobiliaria-hipotecaria de enormes repercusiones económicas y financieras.

Ninguno de los datos económicos y financieros en presencia indican que estemos ante un escenario semejante al de la crisis anterior, sin embargo, algunos sectores bancarios y sus prolíficos compinches o voceros parecen empeñarse en sembrar el pánico con la cuestión del crédito y las hipotecas.

Centrando el tema en las alternativas propuestas a tan graves supuestos problemas en el simplismo de hipotecas a cuota variable vs hipotecas a cuota fija, desviaríamos el problema a los intereses de los grupos bancarios y financieros. Pues bien, desde ADICAE entendemos que ni los números ni la situación del mercado hipotecario ni los problemas económicos de los actuales hipotecados pueden dar lugar a la ingente cantidad de impagos, morosidad estructural e incluso problemas más graves de embargos y desahucios de vivienda residencial o de ser la causa de la quiebra de pequeñas empresas y comercios.

Al sector bancario y financiero español parecen no gustarle los bajos tipos de interés que han permitido unas hipotecas, como solución residencial o habitacional, a una ciudadanía amplia de lo que hoy se conoce como clases medias y trabajadoras. Y con esto no nos referimos a una anomalía económica y financiera como el periodo de un Euríbor en negativo. Durante este tiempo, todas las entidades se lanzaron a una auténtica cruzada de imposición de las presuntas bondades de las hipotecas a tipo fijo, mientras que antes del cambio de política del Banco Central Europeo han seguido y siguen hablando de hipotecas a tipo fijo, esta vez, sobre catástrofes, pero haciendo imposible por sus altos costes y condiciones cualquier tipo de hipoteca.

ADICAE ha defendido y defenderá siempre que el Euríbor (sin manipulaciones y con la garantía del control del BCE) expresa netamente mejor el precio del dinero, y en el caso de los préstamos hipotecarios, con un diferencial justo y razonable, puede constituir la mayor ventaja para una política de vivienda a la mayoría de consumidores y usuarios, como pregona siempre el sector bancario.

Respecto al cambio de hipotecas mediante novación o subrogación previsto en la actual del mercado hipotecario, ADICAE considera que en estos momentos y a la espera de la evolución de la actual crisis económica causada por la inflación (es conocido el ideal liberal de los poderes actuales, globales y europeos de no superar el 2% de máximo de tipo de interés del dinero, y por tanto, de la inflación) no debería, salvo excepciones de ofertas muy favorables y/o de riesgo, utilizarse estos mecanismos que generan costes y que deben calcularse. ADICAE no se opone a esta “tradición” pero exige que las entidades financieras cumplan cabalmente la última Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario que se reformó precisamente para dejar atrás el periodo de fraudes, cláusulas abusivas y judicialización indeseable con consecuencias hasta hoy, prácticamente todo el sector bancario español. Desde siempre, cualquier experto reconoce que las hipotecas fijas son finalmente más caras, más elitistas, es decir, generalmente utilizadas por las empresas, y más complejas que las más populares y variables indiciadas al Euríbor (antes al conocido como MIBOR en España). Sin embargo, en la actual situación de incertidumbres y complejidad económica, y, a pesar de la disrupción del Euríbor, ADICAE considera que lo principal, tanto en hipotecas variables o fijas, debe ser la contratación con plena transparencia, y si es posible, negociadas sin engaños, siempre con asesoramiento de una asociación de consumidores y usuarios como ADICAE. Respecto a esa fórmula ambigua de las “hipotecas mixtas”, no queremos dedicarle espacio, puesto que aunque siempre puede haber alguna persona, sobre todo, empresas, que pueden negociar hábilmente su complejidad, pero que, creemos, solo pueden ser todavía más beneficiosas para las entidades y los intermediarios. El marketing, siempre agresivo, del sector bancario español al que se le suman y añaden incluso las “fakes news” de la turbamulta de intermediarios gestores y asesores “a comisión” que, sobre todo, en internet, prometen siempre “la mejor hipoteca”, “la más fácil”,… que ni existen ni deberían de existir. Porque el préstamo hipotecario y/o el crédito, como saben bien, cualquier experto es el contrato jurídico o negocio, y hasta generalmente, el más gravoso o hasta leonino existente. Por tanto, el que diga lo contrario está engañando a los consumidores, aunque se disfrace de asociación.

El problema de la vivienda y su financiación en España tiene unas dificultades evidentes de fondo que requieren soluciones plurales y diversas como el alquiler y nuevas formas de propiedad y uso que no se plantean bien a nivel político y social. Finalmente, alguna mención a la situación actual, como ha señalado y propuesto ADICAE al Ministerio de Economía y al Gobierno. Ante esta situación hay que prever una moratoria que corrija los errores de la que se planteó con motivo de la pandemia y los problemas de las familias que impida cualquier situación de las escandalosas cifras de embargos y desahucios durante la crisis financiera de 2008. Ello sin perjuicio de que la banca quisiera añadir al cumplimiento estricto de la normativa lo que todas las entidades pregonan como “ayuda a las familias”, que podrían no ser más que mero marketing, y como ha denunciado ADICAE, negocio multiplicado.

Seguro que alguna vez han recibido un correo, un mensaje o una llamada identificándose como su empresa de servicios, administración pública o su banco. En muchos casos no trataban de darles información, sino más bien de pedírsela y acceder de esta forma a sus datos, o a aquellos que les faltaban.

En la mayoría de los casos sería un engaño. Recurramos al sentido común para prevenirlo: ¿por qué dar nuestros datos a un tercero sin comprobar antes si es quien dice? Los procedimientos que emplean los delincuentes en ámbitos no presenciales son cada vez más generalizados, ni siquiera son muy sofisticados; utilizan la manipulación emocional y casi siempre urgiendo. Por eso nosotros también debemos ser más prudentes y precavidos. La clave es asumir que es necesario reforzar las medidas de precaución y seguridad en internet como hacemos en nuestra vida diaria.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) gestionó el año pasado más de 100.000 estafas digitales, la inmensa mayoría a ciudadanos particulares. Pero la delincuencia digital nos afecta a todos, con cada vez más ataques a empresas y administraciones públicas. Aunque la mejora de la coordinación entre sectores y a nivel internacional no ceja y los mecanismos de blindaje se hacen más sofisticados, con el coste que eso entraña, los ataques también se hacen más atrevidos y avanzados.

Combatir la ciberdelincuencia se ha convertido en una de las principales prioridades para todos: ya seamos particulares, o trabajemos en empresas, instituciones o gobiernos. Y todos tenemos la responsabilidad de prevenirla y combatirla: las compañías y las autoridades deben invertir en protección y en reforzar la colaboración entre todas las partes implicadas; los individuos debemos asumir también la responsabilidad de proteger nuestros propios datos y actuar con cautela. Ya que conviene proteger nuestra información, no solo por el daño que su robo puede implicarnos, sino también porque puede ser utilizada para atacar a nuestros seres queridos.

Está claro que avanzar en la capacitación digital de la sociedad nos permitirá sacar el máximo provecho a la transformación que estamos viviendo. La innovación, en su versión digital, ha sido clave para mejorar nuestra vida diaria durante el confinamiento y los peores momentos de la pandemia. En esta época ya es impensable un mundo sin las ventajas de la innovación en su versión digital. Sin embargo, un mejor uso de internet también incluye sensibilizarnos frente a sus riesgos, que tendemos a olvidar y son muy reales.

Solemos pensar que los ciberataques son cosas que les ocurren a otros, pero hoy todos podemos ser víctimas. Ante una amenaza cada vez más global y sofisticada, la concienciación es el mejor escudo para protegernos. En todos los casos, más allá de sus enormes consecuencias financieras, los ataques infligen un daño a la seguridad y confianza de los consumidores. Es importante reconocer que todos estamos potencialmente amenazados, porque no hacerlo así es ponérselo fácil a los delincuentes.

La cooperación y especialmente la colaboración público-privada es clave para combatir la ciberdelincuencia en todas sus vertientes. Con este convencimiento, la Asociación Española de Banca (AEB) firmó hace unos meses el protocolo general del Plan de Acción contra el Fraude Financiero para potenciar y mejorar la prevención y la lucha contra las ofertas de productos y servicios potencialmente fraudulentos, que ocasionan graves perjuicios a los inversores y a todo el sector financiero regulado. Compartir la información con las administraciones es clave para combatir el fraude financiero en todas sus fases: concienciación, prevención y persecución del delito.

La ciberseguridad es fundamental para los bancos, que ponen todos los medios a su alcance para garantizar la seguridad de sus clientes y encarar los riesgos que seguro aparecerán en el futuro. El sector bancario tiene probada experiencia en la protección de los datos personales y financieros de sus clientes, y revisa continuamente su capacidad de defensa, detección y respuesta ante los ciberataques. Pero todo esto quizás no sea suficiente si los individuos no asumimos nuestra parte de responsabilidad para luchar contra esta lacra.

Hay unas recomendaciones sencillas que todos debemos seguir para protegernos frente a los delincuentes digitales.
Los canales de la banca son seguros para operar: páginas web oficiales, aplicaciones de la banca, teléfonos oficiales, siempre que se acceda directamente y no a través de enlaces recibidos en mensajes. Cuidado por tanto con las comunicaciones o avisos recibidos por canales de mensajería instantánea, redes sociales, así como SMS y llamadas desde teléfonos que aun pareciendo oficiales no lo son.

Atendiendo al uso masivo que hacemos del móvil debemos protegerlo con claves de entrada que deben ser revisadas de forma periódica, realizar actualizaciones y siempre acceder a apps oficiales para descargar otras aplicaciones y, en la medida de lo posible, contar con un antivirus.

¿Qué se puede hacer en caso de haber sufrido algún fraude? Es fundamental contactar con las autoridades y poner una denuncia como haríamos ante un robo. También, si hay una pérdida financiera o de las credenciales de seguridad, hemos de contactar con nuestro banco a través de un canal seguro para que pueda tomar las medidas necesarias para mitigar al máximo las posibles consecuencias.

La prudencia y el sentido común son nuestros mejores aliados para luchar contra los ciberdelincuentes, ya que en muchos casos se aprovechan de nuestra versión más confiada para poder perpetrar sus ataques.

La información es, sin duda, uno de los pilares fundamentales del Derecho de Consumo. En este sentido la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, tuvo muy presente la protección de las personas consumidoras, y regulaba en su artículo 3 las condiciones generales, indicando que en ningún caso pueden tener carácter lesivo para los asegurados y que se redactarán de forma clara y precisa, especialmente las cláusulas limitativas de derechos, que deben ser aceptadas por escrito.
Además, fue pionera en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a la eficacia ultra partes de las sentencias al establecer expresamente que “declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de las cláusulas de las condiciones generales de un contrato la Administración pública competente obligará a los aseguradores a modificar las cláusulas idénticas contenidas en sus pólizas”.

Sin embargo, la Ley de Contrato de Seguro adolece de algunas carencias, en este caso, respecto a la falta de un sistema de información pública sobre los seguros de vida que permita a los posibles beneficiarios consultar si la persona difunta tenía contratado un seguro para caso de fallecimiento, así como la entidad aseguradora con la que lo hubiese suscrito, para poder reclamar la prestación derivada del contrato. Esto ha hecho que hayan dejado de cobrarse muchos seguros de vida o con coberturas por fallecimiento del tomador debido al desconocimiento de sus beneficiarios, especialmente de pólizas asociadas a hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos personales, promociones comerciales, pólizas colectivas de empresas, etc., lo que suponía no sólo un perjuicio para los herederos, sino un enriquecimiento injusto o sin causa para las compañías aseguradoras.

Este problema se resolvió a través de un registro público de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento y de accidentes en los que se cubra la contingencia de la muerte del asegurado, tanto de pólizas individuales como colectivas, dependiente del Ministerio de Justicia, que había sido una reivindicación tradicional de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, aunque aún no es suficientemente conocido.

Pero aun así el proceso para tramitar estas prestaciones no es sencillo, ya que el plazo de siete días establecido con carácter general para informar a la aseguradora del suceso resulta insuficiente en caso de fallecimiento de un familiar, debido a todas las gestiones que hay que realizar, especialmente si no se tiene constancia fehaciente de que el difunto era titular de un seguro de vida, comenzando por la obtención del certificado de defunción. Este certificado es necesario para tramitar el entierro, el testamento o la declaración de herederos, liquidar el impuesto de sucesiones, cambiar la titularidad de propiedades, cancelar cuentas bancarias o disponer del saldo, gestionar la obtención de pensiones de viudedad u orfandad, e incluso para cobrar la indemnización de un seguro de vida.

Además, el acceso a los registros de actos de última voluntad y de contratos de seguros con cobertura de fallecimiento sólo puede realizarse cuando hayan transcurrido quince días desde la fecha de defunción, aportando el certificado de defunción. Por otra parte, el alto número de fallecimientos provocado por la pandemia del covid-19 produjo un importante colapso del Registro Civil y de estos dos registros, lo que ha supuesto retrasos e importantes perjuicios para las personas que necesitaban consultarlos.
No obstante, existe un plazo legal de prescripción de cinco años para reclamar los seguros de carácter personal, como los de vida, y transcurrido ese periodo desde la muerte del asegurado sin que los beneficiarios hayan reclamado el capital, la compañía no está obligada a indemnizar.

Finalmente, la Memoria del año 2020 del Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones indica que este organismo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, encargado de la supervisión y control de las entidades aseguradoras y de la protección de los derechos de los asegurados, resolvió 496 reclamaciones sobre seguros de vida. Los motivos de reclamación más frecuentes en este ramo fueron “falta de información o información incorrecta” (109 reclamaciones, que representan el 25%), “disconformidad con el importe recibido” (89 y 20,41% respectivamente), “rechazo del siniestro” (65 y 14,91%) y “no renovación del contrato a iniciativa de la compañía” (22 y 5,05%).

Además, el Servicio de Reclamaciones resolvió en ese ejercicio veinte reclamaciones por retraso en la tramitación o en el pago de las indemnizaciones, incluso habiendo sido aportados todos los documentos solicitados por la entidad aseguradora. Esto representa el 4,59% del total de las reclamaciones referentes al ramo de seguros de vida, y supone un claro incumplimiento del artículo 18 de la Ley de Contrato de Seguro, que obliga al pago de la indemnización dentro del plazo de cuarenta días desde la comunicación del siniestro, por lo que en estos casos la Dirección General de Seguros también requiere a las entidades para que abonen los intereses de demora previstos legalmente.