La Comisión Europea ha puesto sus cartas sobre la mesa y ha hablado alto y claro. Según su propia versión, se propone “llevar a cabo un esfuerzo de simplificación sin precedentes, logrando una reducción de al menos el 25% de las cargas administrativas y de al menos un 35% para las pymes antes de que finalice el mandato”. Hablamos, reconoce Bruselas, de “una simplificación sustancial en el ámbito de la sostenibilidad y los programas de inversión de la Unión Europea”.

LA COMISIÓN EUROPEA SE PROPONE LLEVAR A CABO UN ESFUERZO DE SIMPLIFICACIÓN SIN PRECEDENTES, LOGRANDO UNA REDUCCIÓN DE AL MENOS EL 25% DE LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS

Equilibro adecuado. Ahora, algunas de las regulaciones sucesivas que impulsaron las autoridades comunitarias en los últimos tres años se consideran unas “normas solapadas, superfluas o desproporcionadas que están creando una carga innecesaria para las empresas”. Y el motivo es que no contribuyen, según la Comisión, a un “equilibrio adecuado” entre las recientes exigencias en transparencia y sostenibilidad y las necesidades empresariales de “crecer, crear puestos de trabajo de calidad, atraer inversiones, obtener los fondos necesarios para la transición hacia una economía más sostenible y ayudar a la UE a cumplir los ambiciosos objetivos del Pacto Verde”.

Para los expertos consultados, el notable abanico de reformas incluidas en los paquetes legislativos Ómnibus 1 y Ómnibus 2 de la Comisión afectan, principalmente, a dos grandes normas: la Directiva CSRD (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022, estrechamente relacionada con el reporte de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas; y la Directiva CS3D (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de junio de 2024, que se ocupa de la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.

Antoni Pigrau, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universitat Rovira i Virgili, destaca que, si los cambios legislativos propuestos llegan a buen puerto, “entonces solo van a tener que presentar informes de sostenibilidad las grandes empresas con más de 1.000 empleados y una facturación anual que supere los 50 millones de euros”. Además, sigue, “incluso para esas grandes empresas, que no representan ni al 30% del total de las compañías, se retrasan dos años los requisitos de presentación de informes y se flexibilizan los estándares sectoriales obligatorios”.

Para Izabel Rigo, subdirectora del área de Derecho Público y Coordinadora del Máster Universitario en Derecho Ambiental de la Universidad Internacional de la Rioja, el segundo aspecto más destacable de la reforma que intenta la Comisión Europea impacta de lleno en la “diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad”.

EL AVANCE HACIA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA SE VE AHORA MATIZADO Y COMPENSADO POR LAS NECESIDADES DE LA COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Investigar e informar. La diligencia debida obligaba a los negocios a investigar e informar sobre el cumplimiento o quebranto de las normas sobre riesgos ambientales y sociales de sus principales socios comerciales. Estos riesgos incluían un amplio espectro que iba desde el quebranto de leyes medioambientales al abuso de derechos humanos o laborales.

Izabel Rigo considera que la Comisión intenta ahora que las empresas solo investiguen e informen sobre “sus socios comerciales directos”, que no son otros que los del “primer nivel de la cadena de valor”. De este modo, sigue la experta, “no se tiene en cuenta que los mayores abusos —como violaciones de derechos humanos, explotación laboral o daños ambientales— suelen ocurrir precisamente en los niveles más bajos [y alejados] de la cadena… y en ámbitos como la extracción de materias primas o la subcontratación de mano de obra”.

Para Antoni Pigrau, Bruselas “ha vuelto a demostrar un cambio de sensibilidad que ya se estaba viendo venir en los últimos meses en cuestiones como el reglamento de deforestación o en el reporte del trabajo forzoso”. Y el principal motivo, sigue, “ha sido la presión que han ejercido las grandes corporaciones en Bruselas”, que han conseguido que el avance hacia la transición ecológica se vea ahora matizado y compensado por las necesidades de la competitividad empresarial y el crecimiento económico.

Por su parte, Izabel Rigo, confirma que “este giro no ocurre en el vacío”, porque “en febrero de 2024, 73 líderes de grandes sectores industriales —como la energía, la automoción o la minería— entregaron la Declaración de Amberes a la Comisión Europea. En ella pedían regulaciones más flexibles y menos burocracia, alegando que las normas actuales estaban lastrando la competitividad europea”.

A esto se suma, sigue la experta, “el Informe Draghi, presentado en septiembre de 2024 por el ex presidente del BCE, Mario Draghi. El informe, solicitado por la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen, propone una nueva estrategia para impulsar la economía de la UE y una de sus claves es simplificar y armonizar la regulación para facilitar el crecimiento empresarial y eliminar obstáculos dentro del mercado único”.

73 LÍDERES DE GRANDES SECTORES PIDIERON
REGULACIONES MÁS FLEXIBLES Y MENOS BUROCRACIA, ALEGANDO QUE LAS NORMAS ESTABAN LASTRANDO LA COMPETITIVIDAD EUROPEA

Pragmatismo. A pesar de las preocupaciones expresadas por expertos como Antoni Pigrau o Izabel Rigo, la línea oficial de la Comisión es que “en Europa, la sostenibilidad y la competitividad deben ir de la mano”, porque “las empresas apoyan nuestros objetivos del Pacto Verde, pero nos piden que seamos pragmáticos y sencillos”.

Bruselas reconoce que ha tomado buena nota de “las preocupaciones de las partes interesadas”, que consideran no solo que “algunas normas de presentación de informes de sostenibilidad y diligencia debida son demasiado complejas y costosas de aplicar”, sino que además “su utilidad es limitada para los inversores… lo que obstaculiza la competitividad de la UE y su impulso a la inversión”.

Por otra parte, la Comisión Europea sostiene que lo único que está haciendo es reducir burocracia innecesaria. Así, Bruselas espera que si se aplican las medidas que propone, estas podrían suponer “un ahorro total en costes administrativos anuales de alrededor de 6.300 millones de euros y la movilización de una capacidad de inversión pública y privada adicional de 50.000 millones de euros”.

Así, zanja la Comisión, “al facilitar la vida de las empresas europeas y crear un entorno empresarial más favorable, la UE puede impulsar el crecimiento y el empleo de calidad, animar las inversiones y, en última instancia, permitir que las empresas adopten la transición hacia una economía sostenible de una manera más eficaz y pragmática”. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer frente a los sacrificios de la transición si las reglas son “adecuadas para su propósito, más proporcionadas y también más atractivas”.

Como se ve, la Comisión y sus escépticos se enfrentan a un espinoso debate que, además, deberá desarrollarse, desgraciadamente, en medio de la espectacular crisis arancelaria y geopolítica que ha provocado el presidente estadounidense Donald Trump. ¿Cuál será el resultado?