Está prevista la asistencia de más de cuatrocientas personas a este foro, abierto no sólo a notarios y profesionales jurídicos, sino a representantes, profesionales e instituciones de todos los ámbitos de la sociedad civil. Un amplio y multidisciplinar programa de ponentes participará en mesas redondas y debates con el objetivo de aportar reflexiones sobre un fenómeno que afecta a diferentes ámbitos de nuestra vida.

Inauguración

Está previsto que diversas personalidades participen en el acto inaugural del congreso, a quienes acompañarán el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, y el coordinador del Congreso, Rodrigo Tena. Antonio Ojeda, primer presidente del Parlamento de Andalucía y ex presidente del Consejo General del Notariado, será el maestro de ceremonias de la inauguración.

Previamente, Javier Gomá, filósofo y director de la Fundación Juan March, pronunciará la conferencia inaugural del Congreso, bajo el título Dignidad vs Vulnerabilidad, en el Auditorio Egdar Neville.

El programa se estructura en tres bloques: La dignidad vs. protección de la vulnerabilidad; La vida centenaria y su previsión individual y La vida centenaria y su previsión social y política. Cada uno de los temas -de contenido social, económico y jurídico- se debatirá en diferentes mesas redondas de carácter transversal, que tendrán lugar en el Hotel NH Málaga.

Está prevista la asistencia de más de cuatrocientos representantes de toda la sociedad civil

Para el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz” aun siendo muchos los foros dedicados a estudiar el envejecimiento desde diferentes perspectivas, en todos ellos se echa de menos el enfoque jurídico, imprescindible para integrarlas adecuadamente y permitir su implementación práctica, con pleno respeto a la dignidad y libertad de las personas. Hay que incardinar la reflexión sanitaria, económica y sociológica en un marco jurídico adecuado, capaz de armonizarlas en beneficio de las personas, especialmente de las de más edad, que son las que han sufrido el impacto de la crisis con mayor violencia”.

Para el coordinador del congreso, Rodrigo Tena, “los notarios estamos en una posición idónea para impulsar un esfuerzo conjunto dedicado a estudiar el fenómeno del envejecimiento, tan necesitado de una aproximación jurídica que ayude a integrar todas las perspectivas. El notario es garante de la autonomía y libertad civil de las personas en los aspectos personales y patrimoniales más determinantes de su vida privada. Pero, además, es un testigo idóneo de la intrahistoria del devenir social y el primero en detectar las nuevas necesidades y situaciones de vulnerabilidad”.

A continuación, se recogen los puntos de vista de algunos de los miembros del Comité Científico del Congreso: representantes del movimiento asociativo, economistas, médicos y juristas.

Dignidad vs. protección de la vulnerabilidad.

Seis paneles de debate integran este apartado que aborda las amenazas físicas, psíquicas y patrimoniales de la última fase de la vida: Hacia un nuevo paradigma a la hora de enfocar el reto global del envejecimiento; El régimen de apoyos a la luz de la Ley 8/2021; Valoración de la capacidad; Voluntades anticipadas y consentimiento informado; La guarda de hecho tras la Ley 8/2021 y Los internamientos involuntarios.

Para Carmen Sánchez Castellano, facultativo especialista de geriatría en el Hospital Ramón y Cajal, «las personas que han alcanzado la edad habitual de jubilación conforman en nuestro país un grupo nada homogéneo, pero que, a grandes rasgos, ha vivido unos cambios tecnológicos enormes en una sociedad que ha alcanzado una de las esperanzas de vida más largas del mundo. Creo que se encuentran preparados para afrontar un envejecimiento con muchas más oportunidades de ocio y formación de las que tuvieron sus abuelos. Y, por otro lado, deben ser capaces de vivir esta etapa, minimizando las consecuencias propias de enfermedades que prevalecen con la edad, como son las neurodegenerativas o el cáncer. Estar activos desde el punto de vista físico y mental y promover actividades sociales (también las de compromiso, como el voluntariado) puede ayudar a que las personas se desarrollen plenamente en esta etapa de su vida. La sociedad en su conjunto y las instituciones en particular deben fomentar y dar el debido reconocimiento a estas actividades, para evitar la exclusión social de las personas mayores en nuestro país».

Las personas que han alcanzado la edad habitual de jubilación han vivido unos cambios tecnológicos enormes

Miguel Ángel Cabra de Luna, director del área de Alianzas, Relaciones Sociales e Internacionales de Fundación ONCE y patrono de la Fundación Aequitas, considera «muy acertado el enfoque que se le ha dado al congreso, ya que abarca prácticamente todos los temas de fondo y de actualidad del colectivo. Además, los notarios son esenciales en esta estrategia de empoderamiento y de promoción de la autonomía de la voluntad. Este foro permitirá poner en su sitio la realidad de los mayores en España; el Notariado puede contribuir a esta tarea, desarrollando asesoramiento, apoyos y garantías jurídicas en favor de este grupo tan importante de la población española: un 20% de la misma. Los mayores somos prácticamente 10 millones de personas, constituimos el núcleo de la «Silver Economy», gestionamos el 40% de la riqueza del país y manejamos anualmente en las entidades financieras 400.000 millones de euros, de los que 170.000 corresponden a las pensiones».

El representante del tercer sector enumeró alguno de los temas que preocupan al colectivo de mayores, entre ellos, la sanidad: “El impacto del COVID ha sido tan fuerte que se ha desequilibrado la atención sanitaria primaria y especializada; espero que se puedan recuperar los niveles previos e incluso mejorar los mismos, teniendo en cuenta una mayor interrelación con los servicios sociales. Los cuidados y la dependencia son otro frente que se debe mejorar. En cuanto a las pensiones, deben de mejorarse las más inferiores, pero sin perder el principio de contributividad, dentro del marco del Pacto de Toledo».

Desde una perspectiva más jurídica, Ascensión Leciñena -profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Murcia- indica que «es necesario abordar en este congreso la incidencia de la Ley 8/2021, de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; así como el alcance de esta nueva juridicidad en el sector poblacional de las personas de edad avanzada. Este colectivo es vulnerable, no sólo por la propia fragilidad de los sujetos que lo integran y cuyo deterioro progresivo provoca una disminución de las reservas de capacidad intrínseca, sino también por las circunstancias del entorno que los acoge y que contribuye a incrementar el riesgo de sufrir un daño respecto del cual carecen de medios para afrontarlo.

«Desde el punto de vista del Derecho Civil, admitida la aplicación de la Ley 8/2021 a las personas de edad avanzada, una interpretación atinada de sus mandatos normativos pasa por valorar la concreta situación de este colectivo, lo que arrojará luz sobre el impacto que pueden tener puntos clave de la reforma como son el principio de autonomía decisoria y el juego de la hegemonía de la voluntad en la toma de decisiones que le incumben», profundiza Leciñena.

Luciana Miguel Alhambra, médico forense y especialista en geriatría, aporta su punto de vista desde la experiencia como profesional de la salud: «En medicina, las decisiones que requieren la resolución de conflictos éticos están siempre presentes. Cuando el paciente es, además, una persona de edad avanzada, se añade la dificultad de la toma de decisiones al final de la vida, donde los principios de la bioética (autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia) pueden ser especialmente difíciles de equilibrar. El abordaje compartido y multidisciplinar de las distintas situaciones que pueden afectar al anciano es un instrumento fundamental para abrir líneas de debate que permitan encontrar el mejor equilibrio posible entre dichos principios. A mí, como geriatra, me preocupa mucho el anciano con déficit cognitivo, cuyo problema de salud requiere para ser resuelto una reflexión sobre los límites de nuestra actuación y la posible limitación de sus derechos. Es el caso, por ejemplo, del uso de contenciones mecánicas en el anciano agitado. Sin duda, hay indicaciones médicas para usarlas, pero la privación de derechos en el contexto de un posible vicio del consentimiento debe obligarnos con especial esmero al diálogo interprofesional en la búsqueda de soluciones. Y ello es lo que sin duda va a permitir este congreso notarial».

Alhambra considera que el congreso permitirá entender de forma integral «la realidad de la población anciana; las dificultades que les afectan a título personal; el impacto familiar, social, económico, demográfico, … del envejecimiento progresivo de la población y la participación de la sociedad civil en la identificación de problemas o dificultades presentes y futuras. El análisis de estos temas resultará fundamental, tanto para ser certeros en el diagnóstico como para diseñar soluciones realistas y eficaces».

Gonzalo López Ebri, teniente fiscal de la Comunidad Valenciana y patrono de la Fundación Aequitas, apunta alguna de las líneas maestras previstas para su debate en el congreso: «Debemos abordar la importancia y trascendencia jurídica de la voluntad; la necesaria desinstitucionalización de los mayores y el desarrollo de los apoyos precisos para el ejercicio de la capacidad jurídica. Las propuestas que puede aportar este foro para la mejora de este colectivo deben ayudar a entender el cambio de paradigma que supone la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad; principalmente, las que incidan sobre los apoyos extrajudiciales y las salvaguardas necesarias para que todas las personas puedan participar en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás».

Para el representante del ministerio fiscal, las administraciones públicas deben «poner en valor la relevante aportación a la sociedad de los mayores y desarrollar recursos de proximidad que eviten internamientos no voluntarios. Asimismo, ha de potenciarse la figura del apoyo para la capacidad jurídica a los efectos de garantizar no solo la protección, sino también el ejercicio de sus derechos, incluso cuando residan en centros. Todas estas cuestiones deben ser abordadas con perspectiva de género y sin perder de vista el cambio de modelo de familia como entorno de cuidados para las personas mayores, lo que debe comportar una implicación estatal en la provisión de apoyos que subvengan a esa nueva realidad social».

10 millones de mayores españoles constituyen el núcleo de la «silver economy», gestionan el 40% de la riqueza y manejan anualmente 400.000 millones de euros

Vida centenaria y previsión individual

La planificación financiera de una vida centenaria; Abuelos y nietos: derechos, legítimas y alimentos; La hipoteca inversa y otras soluciones inmobiliarias; Poderes preventivos y regulación de la propia discapacidad y La planificación vital de una vida centenaria, serán las mesas redondas de este bloque centrado en analizar los instrumentos personales y patrimoniales que el Derecho ofrece a las personas mayores.

Enrique Feás, investigador principal del Real Instituto Elcano y técnico comercial y economista del Estado, llama la atención sobre el hecho de que «en los próximos años se jubilarán muchos ciudadanos nacidos durante el baby boom, lo que pondrá a prueba el sistema de pensiones. La elevación de la esperanza de vida no sólo obliga a una revisión del sistema de pensiones, sino también del papel en la sociedad de unas personas mayores que aún pueden aportar mucho, no sólo en lo laboral, sino en otros muchos ámbitos. Por otro lado, si hay un gasto insustituible para una sociedad envejecida es el sanitario, y es preciso prepararse para un escenario en el que la salud preventiva, la medicina personalizada o los gastos de dependencia pasarán a tener un peso considerable en el sistema».

Sobre el congreso, Feás destaca que «tiene la ventaja de plantearse de forma multidisciplinar, algo lógico puesto que el envejecimiento de la población sólo puede contemplarse como un desafío que afecta a todos los ámbitos de la sociedad; lógicamente, al tratarse de un congreso notarial, los aspectos jurídicos tendrán prioridad. El esfuerzo por visibilizar las necesidades y la problemática específica de las personas mayores no puede realizarse sólo desde los poderes públicos. Por ello, iniciativas como dedicar este foro al envejecimiento de la población es una forma magnífica de llamar la atención de la sociedad y del legislador a este importante desafío, favoreciendo el debate sereno y propuestas de interés».

José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de fundamentos de análisis económico en la Complutense y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, parte de un dato incontestable: «En 2050 prácticamente todos los españoles (más del 95%) alcanzarán los 65 años y una vez superados sobrevivirán otros 25 años». A partir de ahí, el economista considera que, en España, el modelo de pensiones actual «es un sistema de reparto contributivo y tiene unas tasas de sustitución (o el porcentaje que representa la pensión sobre el último salario) de las más elevadas de los países industrializados. La última reforma ha garantizado por ley el poder adquisitivo de las pensiones; aunque se debería avanzar en la sostenibilidad de las prestaciones. Y, para ello, la edad efectiva de jubilación, de una forma u otra, debería estar relacionada con la esperanza de vida en cada momento; de tal forma que aumentará gradualmente a medida que aumente la longevidad».

La vida centenaria y su previsión social y política

La última sección del congreso afronta cómo mantener el Estado del Bienestar desde las instituciones públicas y los medios colectivos. Los ponentes pondrán en común sus puntos de vista sobre los siguientes ámbitos: ¿Es sostenible una economía de servicios en una sociedad envejecida?»; La financiación pública de las pensiones y de la sanidad en una sociedad envejecida; Conflicto intergeneracional y toma de decisiones políticas; ¿Necesitamos más niños?: Natalidad e inmigración; La tecnología como potenciadora de capacidades y Atención de la dependencia.

El acto de clausura estará presidido por la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero Cuadrado.