¿Qué supone para usted la concesión de este galardón?

Una gran satisfacción personal y colectiva, pues debe ser compartido con todos los profesionales jurídicos, que desde sus conocimientos y responsabilidades han promocionado y divulgado los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones. Gracias a ellas hemos percibido el estado de sus derechos, sus valores y su proyecto de vida.

A nueve meses vista de la aprobación de la Ley 8/2021 sobre discapacidad. ¿Puede realizar alguna valoración sobre el cambio que ha supuesto la normativa para el colectivo?

Se ha dado un paso necesario. Debemos pensar que desde 2008 el Estado español se había comprometido a aplicar la Convención de Nueva York, sin ninguna enmienda ni dilación, y a legislar y modificar el sistema tutelar anterior por uno de capacitación y de apoyo. Esto implicaba una modificación legislativa en todos los órdenes; indudablemente, el Código Civil era la pieza clave. Por otro lado, tendrán que ser revisadas muchas de las anteriores sentencias dictadas, unas trescientas mil. La aplicación de las leyes lleva su tiempo. El Tribunal Supremo, que ya efectuó una notabilísima labor de adaptación de la Convención a la anterior legislación, ha dictado varias sentencias aplicando los principios generales de la reforma. Y las necesidades prioritarias expuestas en los múltiples encuentros de expertos inciden en la gran reforma del Derecho Civil desde la perspectiva de las personas mayores, así como los problemas procesales que aparecen en supuestos concretos. Yo creo que el colectivo de personas con discapacidad tiene con esta reforma una gran proyección de futuro.

Desde el punto de vista del ministerio fiscal, ¿puede adelantarnos a grandes rasgos qué novedades implica dicha ley a la hora de proteger jurídicamente a una persona con discapacidad?

Un cambio organizativo importante, y que veníamos reclamando desde 2010, como era la creación de una Fiscalía de Sala Especializada en la protección de las personas con discapacidad y mayores, así como la dotación de medios materiales y personales adecuados al reto del acceso a las fiscalías.

Lleva muchos años vinculado a Aequitas como colaborador. ¿Qué papel ha jugado esta institución en la evolución del Derecho de la discapacidad en sus más de veinte años de existencia?

Los notarios y los fiscales vamos siempre de la mano en aquellos ámbitos en que la discapacidad tiene que ser evaluada y valorada jurídicamente para determinar la capacidad de decisión que se posee; dotando del apoyo necesario, en su intensidad y calidad para formar la capacidad de decidir ante una actividad jurídica.

La intervención y apoyo expreso del notariado en la ley de patrimonio protegido y en la reciente reforma legislativa han sido trascendentes

Son similares los problemas que se nos plantean, pero en distintos ámbitos: por un lado, el juicio de capacidad y legalidad en el notario; y la protección de los derechos humanos en un proceso accesible, en los fiscales. Nuestra colaboración, aunque predestinada, no había coincidido antes. Sobre 2001, oí por primera vez a Rafael Leña, hablarnos del hoy famoso “traje a medida” para la persona con discapacidad, especificando sus capacidades y habilidades para determinar las necesidades de apoyo que tuvieran. Y a Carlos Marín, explicando los principios de la convención recién nacida en Nueva York, desde su magisterio brillante y contundente. Y con Juan Bolas y Almudena Castro-Girona ‘cruzamos el charco’ y nos encontramos con nuevos compañeros, nuevas ideas y perspectivas. Como con quien resultaría presidenta del Comité de Naciones Unidas para las personas con discapacidad, la chilena María Soledad Cisternas, una mujer extraordinaria.

La intervención en la Ley de Patrimonio Protegido y en la reciente reforma legislativa, apoyadas expresamente por José Angel Martinez Sanchiz y el Notariado, ha sido trascendente; así como los estudios, cursos y jornadas de formación, difusión y actividades en todos los campos sociales, que se revelan fundamentales Aequitas constituye siempre un puntal necesario en materia de discapacidad.

En 1988 ya inició su labor en defensa de los colectivos más vulnerables al ser nombrado fiscal coordinador del servicio especial de discapacidades y tutelas del TSJ de Cataluña. ¿Cómo han evolucionado los mecanismos de protección de la discapacidad desde entonces?

Un cambio radical, sin duda. Pasamos del fiscal que sólo se ocupaba del Derecho Penal, al fiscal también defensor de los derechos humanos y las personas más vulnerables por su edad, sexo, discapacidad y situación de inferioridad social. Frecuentemente existen varios factores de vulnerabilidad y los riesgos son muy acusados. La actuación del fiscal en condiciones de especialidad otorga un mayor conocimiento y concienciación de la situación de la persona.

Ha sido ponente en el Foro Europeo de la Discapacidad y miembro de la delegación española ante el Comité de seguimiento de la Convención de la ONU. Desde esa experiencia internacional, ¿cómo valora la situación legal de la discapacidad en España?

Yo creo que es pareja a los países de nuestro entorno, pero han de delimitarse mejor las competencias estatales y territoriales en esta materia; y, al mismo tiempo, crear mecanismos de coordinación que se centren en prioridades concretas dentro de un marco de igualdad y solidaridad.