De manera semejante a lo que ocurre en la naturaleza, en la que cabe distinguir los fenómenos imprevisibles y esporádicos, como una erupción o un maremoto, de aquellos soterrados y persistentes, como el movimiento de placas o el cambio climático, también cuando hablamos de acontecimientos sociales podemos diferenciar unos de otros. Los hay súbitos, como una pandemia, una guerra o una crisis migratoria, que exigen respuestas inmediatas y necesariamente improvisadas, y por eso algunas veces inadecuadas. Pero existen otros de importancia no inferior cuya evolución conocemos desde hace tiempo que, no solo permiten, sino que exigen una reflexión sosegada y a la vez inaplazable, al menos si queremos afrontarlos sin improvisaciones que en esta sede no estarían ya justificadas.

Algo así ocurre con el fenómeno del envejecimiento de las sociedades desarrolladas, entre ellas la nuestra. Sabemos que en el año 2050 uno de cada cuatro europeos será mayor de 65 años. Pues bien, si deseamos estar en disposición de mantener nuestro Estado del Bienestar -nuestra sanidad pública y nuestro régimen de pensiones- sin incurrir en desequilibrios fiscales insostenibles o en injusticias intergeneracionales; si aspiramos a un sistema de acogimiento residencial digno y ajustado a la creciente demanda; si pretendemos impedir situaciones de vulnerabilidad en la contratación sin menoscabar simultáneamente la autonomía de los mayores; si queremos respetar su libertad de adoptar decisiones informadas en todos los sectores, desde el sanitario al financiero; en definitiva, si pretendemos armonizar de la manera más justa posible los importantes conflictos de valores e intereses que el envejecimiento está ya planteando, entonces estamos obligados a reflexionar sin perder un momento sobre todos estos temas y sobre sus implicaciones y derivadas para otros muchos íntimamente conectados.

Efectivamente, en el ámbito social resulta muy difícil proponer soluciones para un problema concreto sin tener en cuenta los medios para implementarlas y sus efectos generales en relación con otros muchos asuntos. Más aún, y como ocurre en este caso, cuando el fenómeno a estudiar presenta ramificaciones que afectan a la economía, a la medicina, a la sociología, a la psicología y, por supuesto, al derecho. No podemos olvidar que el ordenamiento jurídico no es solo la herramienta por excelencia del Estado para diseñar las políticas que considera más convenientes, sino el reflejo del consenso social resultante a la hora de decidir entre distintos valores y conflictos. Todo ello aboga decididamente en favor de un tratamiento del fenómeno desde un punto de vista interdisciplinar que combine las distintas perspectivas. Así, a título de mero ejemplo y en conexión con la reciente Ley 8/2021 para el apoyo a las personas con discapacidad, resulta indudable que la valoración de la capacidad para contratar en el ámbito patrimonial o para adoptar determinadas decisiones de tipo personal, como ingresar en un establecimiento residencial, exige tener en cuenta distintos puntos de vista: el correspondiente a la aptitud psicológica y a su evolución médica, sin duda, pero también el respeto a su dignidad y autonomía personal a la hora de adoptar sus propias decisiones, a la complejidad jurídica de las mismas, y a las condiciones sociales subyacentes que hacen viable esa autonomía.

Por todos esos motivos, el Consejo General del Notariado decidió convocar un congreso nacional abierto a toda la sociedad con la finalidad de estudiar este tema del envejecimiento de una manera global, en torno a tres grandes ejes: la difícil coordinación entre la protección de la vulnerabilidad y el respeto a la autonomía personal; la previsión individual de una vida centenaria, tanto desde el punto de vista personal como económico; y su previsión social y política con la finalidad de hacer sostenible nuestro Estado del Bienestar. Al fin y al cabo, los notarios llevamos tiempo siendo testigos privilegiados de esta evolución. Del incremento de las situaciones de vulnerabilidad y de ausencia de previsión, y de la necesidad de diseñar instrumentos jurídicos y destinar recursos sociales adecuados para salir al paso de las mismas. No pretendemos ser protagonistas de nada, sino únicamente fomentar un foro de debate que nos permita aprender y compartir experiencias con otros muchos profesionales preocupados por los múltiples retos que este fenómeno plantea.

Es obvio que toda esa problemática no puede hacernos olvidar que el envejecimiento de la población es, en el fondo, una bendición. Se trata de una conquista indudable de la civilización, de la ciencia moderna en todas sus especialidades, pero especialmente de la medicina. Poder disfrutar de tantos años de vida personal y profesional, en compañía de la familia y de los amigos, de una manera activa y satisfactoria, constituye todo un hito en la historia de la Humanidad. Pero también hay que tener presente que esa longevidad a veces no va acompañada de la correspondiente calidad de vida física y psíquica; que la imposibilidad de generar nuevos ingresos económicos constituye en esa franja de edad la regla y no la excepción; que la soledad, esa gran lacra social, se ceba especialmente en los mayores, precisamente cuando son más vulnerables; que la falta de apoyo social a las familias tiende a suplirse atribuyendo a los mayores una carga desproporcionada, etc. En definitiva, debemos ser muy conscientes que todo avance social conlleva sus correspondientes desafíos, y los derivados del envejecimiento constituyen, sin duda alguna, los que toca gestionar a nuestra generación.