Esta transmisión, porque así lo establece el artículo 106 del texto refundido de la ley de sociedades de capital, ha de ser formalizada necesariamente en escritura pública notarial. Si no se formaliza en escritura pública, independientemente de que se inscriba o no en cualquier registro público, carece de efectos en el tráfico jurídico frente a terceros, incluyendo entre esos terceros a la propia sociedad mercantil, cuyas participaciones se están pretendiendo transmitir y al resto de socios ajenos al documento suscrito. Eso quiere decir que el que ha comprado participaciones en documento privado no adquiere la condición de socio, ni tampoco los derechos derivados de tal condición. Todo lo anterior no obsta a que ese documento privado pueda producir, entre las partes que lo han firmado, otro tipo de efectos civiles. Pero hacia afuera, hacia el tráfico y hacia la sociedad mercantil, no surte los efectos.

Por las razones expuestas, el uso del documento privado solo pretende eludir el control jurídico público en la trasmisión de participaciones atribuido al notario, puesto que quien utiliza el documento privado conoce plenamente que si tal negocio jurídico se hiciera ante notario, este procedería a volcar su contenido en el Índice Único Informatizado Notarial, existente desde el 1 de enero de 2004, al que tienen acceso jueces, fiscales, policía judicial (UCO y UDEF), el Sepblac y administraciones tributarias, de modo que se conocería en menos de quince días quién ha transmitido y quien ha adquirido participaciones.

El Notariado dispone de una Base de Datos de Titular Real (BDTR), única en el mundo, que permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad incluso en el encadenamiento de estructuras societarias complejas. La BDTR contiene información de tres millones de personas jurídicas; no solo de sociedades mercantiles, sino también de sociedades civiles, partidos políticos, asociaciones, etc. Informacion basada en manifestaciones e información calculada, que consiste en seguir la transmisión de las participaciones en las sociedades limitadas. Esta información es accesible para los notarios, el Sepblac y las autoridades judiciales, fiscales y administrativas competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Sobre esta base el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha señalado: “que las medidas adoptadas por España para gestionar y permitir el acceso a la información constituyen un ejemplo de buenas prácticas para otros países”. En la evaluación efectuada por GAFI en mayo de 2014, dicha organización solicitó a las autoridades españolas que extendieran por su eficacia e importancia el mismo régimen de control jurídico público que existe respecto de las participaciones sociales a las acciones de sociedades anónimas no admitidas a cotización en un mercado secundario oficial, dada la posible opacidad de este vehículo societario. Desde tal fecha, no se han adoptado las medidas para cumplir con esta recomendación.

La entrada en vigor de una parte esencial de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, el pasado 3 de abril, ha marcado un punto de inflexión. Su objetivo es mejorar la eficiencia del sistema judicial español mediante una reorganización de la Administración de Justicia, garantizando una mayor rapidez, accesibilidad y modernización del servicio.

LA NORMA INTRODUCE COMO REQUISITO OBLIGATORIO LA UTILIZACIÓN DE MECANISMOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (MASC)

La Ley, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, establece que, salvo las excepciones previstas – tutela de derechos fundamentales, filiación, concursales, medidas cautelares o casos de violencia de género, entre otros-, será obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda.

La norma introduce, por tanto, como requisito obligatorio la utilización de Mecanismos Adecuados de Solución de Controversias (MASC) —mediación, conciliación, oferta vinculante confidencial, el informe de experto independiente, la abogacía colaborativa y la negociación directa entre las partes. — en numerosos asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar cualquier proceso judicial. Este nuevo modelo no solo persigue descargar a los tribunales, sino que pretende impulsar una transformación cultural.

La cultura de la paz
La reforma no busca simplemente agilizar procesos o reducir costes, aunque ambos efectos son deseables. Persigue algo más ambicioso: instaurar una cultura de la paz basada en la autonomía de la voluntad. Se apuesta por procedimientos en los que las partes elijan cómo resolver sus conflictos, evitando la imposición de decisiones externas. Estos métodos podrían ayudar a preservar las relaciones personales y a lograr acuerdos duraderos y más justos.

Este enfoque se aleja de la rigidez del sistema jurisdiccional tradicional. Frente al arbitraje —donde un tercero impone la solución— o al litigio —donde un juez resuelve—, los MASC promueven el diálogo y el consenso. Es la sociedad civil, por tanto, quien asume el protagonismo en la construcción de sus soluciones, y lo hace con herramientas jurídicas que aportan legitimidad y eficacia.

La norma modifica también el sistema de costas, ya que los tribunales entrarán a valorar si efectivamente alguna de las partes se ha negado a solucionar el conflicto de manera consensuada, lo cual tendrá un impacto en el criterio para su imposición.

El papel de los notarios
La ley refuerza la función notarial, dotándola de un protagonismo esencial en estos nuevos procedimientos. Cualquier acuerdo alcanzado en el marco de estos mecanismos puede formalizarse en escritura pública obteniendo así efectos ejecutivos, probatorios y registrales. Además, los notarios pueden actuar como mediadores (si se han formado para ello), como conciliadores (por ser funcionarios públicos a los que se reconoce autoridad) o como expertos independientes. Todo ello, además, gracias a su imparcialidad, formación jurídica y experiencia en asuntos civiles y mercantiles.

La intervención notarial añade seguridad jurídica, estructura el procedimiento y garantiza que los derechos de las partes se respeten plenamente, incluso en contextos de alta emotividad o complejidad técnica.

Solución para empresas y ciudadanía
La mediación y demás mecanismos no solo favorecen a los ciudadanos en conflictos familiares, sucesorios o vecinales. También pueden representar una oportunidad estratégica para las pequeñas y medianas empresas, que encuentran en ellos una vía eficaz para resolver disputas contractuales, comerciales o societarias. Estos métodos le permiten ahorrar tiempo y costes, reducen la incertidumbre y preservan relaciones comerciales. En un entorno económico volátil, la posibilidad de resolver conflictos en menos de dos meses es, sin duda, un activo competitivo.

A ello se suma un elemento clave: la confidencialidad. Evitar la exposición pública de desacuerdos empresariales, especialmente con clientes o proveedores estratégicos, preserva la reputación y evita efectos colaterales negativos en el mercado o en el acceso al crédito.

LOS MASC PUEDEN REPRESENTAR UNA OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Del trámite a la oportunidad
Para que este sistema prospere, no puede percibirse como un simple paso burocrático. Es necesario que todos los actores —jurídicos, económicos y sociales— crean en la utilidad de estos mecanismos. La calidad, la formación de quienes los aplican y la divulgación de sus ventajas serán claves para evitar que se desvirtúe su esencia.

Esta ley no impone una fórmula única, pero sí abre la puerta a una justicia más dialogada, eficiente y humana. Es una apuesta por la deliberación frente a la imposición, por la solución frente al conflicto.

El notario es un profesional, un experto en Derecho privado, que ejerce una función pública. Una función primordial para la seguridad jurídica preventiva española. Esa seguridad, además, ha de garantizársela directamente a los ciudadanos y a los empresarios que acuden a él, muchas veces, la mayoría, en solitario. Son personas de todo el país, de grandes ciudades y de pequeños pueblos, y de todos los estamentos sociales y niveles culturales. Y son empresarios de empresas grandes, medianas y pequeñas, siendo las pymes las más necesitadas de asesoramiento jurídico imparcial y de protección.

LOS NOTARIOS TIENEN UNA RESPONSABILIDAD CON LA SOCIEDAD, DE LA QUE FORMAN PARTE Y A LA QUE SE DEBEN

Por eso a las nuevas promociones de notarios, como la que tomará posesión de sus primeros destinos muy próximamente, se les recuerda nada más incorporarse al Notariado el compromiso y la responsabilidad que han adquirido con la sociedad.

Compromiso y responsabilidad

Un compromiso que va más allá del día a día en su notaría, ya de por si muy exigente. Los notarios tienen una responsabilidad con la sociedad, de la que forman parte y a la que se deben, que ha de demostrarse también, o más aún, cuando la sociedad vive momentos críticos. Por ejemplo, hace cinco años, cuando el coronavirus y su pandemia nos golpeó de lleno.

Aquel 14 de marzo de 2020, cuando los españoles nos vimos obligados a permanecer en casa para evitar contagios, viendo peligrar nuestra salud y nuestra economía, presenciamos conmovidos y emocionados cómo algunos profesionales, encabezados por los sanitarios, se armaban de valor para seguir prestando servicios que eran esenciales.

En aquel difícil momento, los casi 3.000 notarios en activo, y los 17.000 profesionales que trabajan con ellos, mostraron su entrega y vocación de servicio, manteniendo abiertas las notarías de toda España, pese a no contar con los mínimos medios indispensables para protegerse y proteger a las personas que los necesitaran. Personas que necesitaban un préstamo ICO, otorgar un poder, firmar una compraventa inaplazable o hacer un testamento.

En aquel momento, pese a disponer el Notariado de los medios tecnológicos precisos para haber prestado estos servicios por vía online, no fue posible llevar a efecto la necesaria regulación legal que lo permitiera. Esa vocación de servicio mencionada antes llevó al Consejo General del Notariado, representado a todos los notarios, a trabajar codo con codo con la Administración para lograr la aprobación de la Ley 11/2023. Una ley que ha permitido al Notariado ofrecer a los ciudadanos y empresas realizar por vía electrónica muchos de sus servicios, gracias a la creación del Portal Notarial del Ciudadano. Hoy, la mayoría de aquellas angustiosas visitas a las notarías españolas de los meses del coronavirus, se habría podido evitar. Y más aún: hoy, sería posible incluso autorizar testamentos por videoconferencia en caso de pandemia, ayudando a las personas en uno de los momentos más duros y cruciales de su vida.

ESA VOCACIÓN DE SERVICIO LLEVÓ AL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO A TRABAJAR CODO CON CODO CON LA ADMINISTRACIÓN PARA LOGRAR LA APROBACIÓN DE LA LEY 11/2023

Ayuda solidaria

Si el coronavirus golpeó duramente al país y se llevó la vida de más de 120.000 españoles, un volcán y una Dana arrasaron con la vida, los hogares y los medios de subsistencia de otras miles.

Tras el dolor y el horror de los primeros momentos, los notarios fueron conscientes de que tenían que ayudar a los damnificados. Liderados en el primer caso por el Colegio Notarial de las Islas Canarias, y en el segundo por los Colegios Notariales de Castilla-La Mancha y Valencia, con el apoyo del Consejo General del Notariado y su Centro Tecnológico, desarrollaron a toda velocidad el protocolo necesario para ayudar a los afectados.

¿Cómo? Recuperando, reconstruyendo, localizando o realizando los documentos notariales que les permitieran demostrar ante las Administraciones y las compañías de seguros que eran propietarios de los terrenos, viviendas, comercios o vehículos desaparecidos o destruidos por la lava o el agua.

Notarios de toda España se desplazaron por turnos a la isla de La Palma durante meses para atender gratuitamente a los damnificados por el volcán. De igual manera, todavía hoy, los notarios de Valencia y de otros muchos puntos del país atienden online los requerimientos de los ciudadanos valencianos que fueron víctimas de la Dana.

La parte central de este número de la revista muestra la labor desarrollada por el Colegio Notarial de Valencia y muchos notarios tras el terrorífico paso de la Dana a finales de octubre de 2024 por esta comunidad. Es un pequeño ejemplo del gran trabajo realizado por muchos profesionales de muy diversos ámbitos. Un ejemplo de su vocación de servicio.

LA PARTE CENTRAL DE ESTE NÚMERO MUESTRA LA LABOR DESARROLLADA POR EL COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA Y MUCHOS NOTARIOS TRAS EL TERRORÍFICO PASO DE LA DANA

También quiere ser un reconocimiento al valor de las personas afectadas; a su capacidad de superar las mayores adversidades y una llamada al deber que todos tenemos de seguir ayudándoles a construir su futuro.

A finales del pasado mes de noviembre quedó constituido el nuevo Pleno del Consejo General del Notariado, integrado por los decanos de los 17 colegios notariales: uno por comunidad autónoma.

El máximo órgano representativo de los casi 3.000 notarios españoles estará presidido los próximos cuatro años -según decisión del Pleno- por una notaria: Concepción Pilar Barrio Del Olmo, elegida previamente decana del Colegio Notarial de Madrid por los notarios que desarrollan su labor en esa comunidad.

La nueva presidenta, con casi tres décadas de ejercicio profesional y una gran experiencia corporativa, es la primera mujer en ostentar este cargo en la historia del Notariado: una tarea que responde a su “vocación de servicio al Notariado y, por tanto, a la sociedad a la que este se debe”, como explica en la entrevista que se publica en las páginas 12 y 13 de esta revista.

EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL NUEVO CONSEJO SERÁ POTENCIAR LA UTILIDAD Y CERCANÍA DE LOS NOTARIOS A LOS CIUDADANOS Y A LAS EMPRESAS EN TODOS LOS ÁMBITOS, ENTRE ELLOS EL DIGITAL

Junto a ella fue elegido como vicepresidente de la institución, Manuel Antonio Seda Hermosín, decano del Colegio Notarial de Andalucía, notario desde 1990, quien también lleva dedicando largo tiempo a las labores corporativas.

Asimismo, tal y como establece el Reglamento Notarial, fueron elegidos miembros de la Comisión Permanente del Consejo José Alberto Marín Sánchez (decano del Colegio Notarial de Cataluña); Carmen Rodríguez Pérez (decana del Colegio Notarial de Murcia) y José Carmelo Llopis Benlloch (decano del Colegio Notarial de Valencia).

El Pleno acordó, además, incluir a otros tres decanos en esta comisión, de forma que puedan prestarle apoyo en relaciones institucionales, internacional y reformas legales. Los decanos designados para estos fines fueron, respectivamente, Leopoldo Martínez de Salinas (decano del Colegio Notarial de Castilla y León); Alfonso Cavallé Cruz (decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias); y Ángel Félix Nanclares Valle (decano del Colegio Notarial del País Vasco).

Su principal objetivo será potenciar la utilidad de los notarios a los ciudadanos y a las empresas en todos los ámbitos, entre ellos el digital, manteniendo su esencia y, por supuesto, seguir ofreciéndoles cercanía, garantizando su seguridad jurídica.

El Consejo General del Notariado tiene la condición de corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad. Sus fines esenciales son colaborar con la Administración, mantener la organización colegial, coordinar las funciones de los colegios notariales, asumiéndolas en los casos legalmente establecidos; dictar circulares de orden interno de obligado cumplimiento para los colegios y los notarios en determinadas materias y ostentar la representación unitaria del Notariado español.

La presidenta y el vicepresidente del Consejo General del Notariado, así como otros miembros de la Comisión Permanente de este organismo, viajaron a Valencia el pasado 19 de diciembre para interesarse por la situación de las 64 notarías valencianas afectadas por las inundaciones del pasado 29 de octubre y reunirse con los notarios de las localidades dañadas; notarías que están siendo apoyadas profesional y económicamente por su colegio notarial y por el Consejo General del Notariado. En este sentido, el Colegio Notarial de Valencia habilitó el mismo día de la tragedia a todos los notarios de la Comunidad Valenciana para actuar en las poblaciones más afectadas, con el objetivo de mantener el servicio notarial.

Servicio gratuito a los damnificados

El Consejo General del Notariado, a través de su Centro Tecnológico, ha puesto en marcha una plataforma telemática para que los vecinos y empresas afectadas, tanto de Castilla-La Mancha como de Valencia, puedan solicitar y recibir de manera gratuita un acta notarial de los daños sufridos en sus propiedades o vehículos, sin necesidad de desplazamientos.

Ambos colegios están contando con la colaboración de sus colegiados, así como del resto de notarios españoles, para poder realizar y entregar, a la mayor brevedad posible, las actas notariales que solicitan los vecinos damnificados. Desde la puesta en marcha del servicio son más de 10.300 las actas realizadas.

El acceso a esta plataforma seguirá habilitado mientras sea necesario a través del Portal Notarial del Ciudadano y en las páginas web del Colegio Notarial de Valencia y del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha para que las personas afectadas puedan remitir directamente al notario las fotografías de sus inmuebles o vehículos dañados, con el objetivo de disponer de las actas notariales que necesiten para poder gestionar sus reclamaciones o ayudas por los daños causados por los efectos de las inundaciones.

Del mismo modo, el Colegio Notarial de Valencia ha incrementado en un 50% el servicio telefónico de asistencia y ha atendido de forma presencial a numerosas personas afectadas por la DANA que han necesitado asesoramiento notarial personalizado, al igual que están realizando las notarías de la provincia de Valencia para que todos los vecinos afectados puedan disponer de las copias de las escrituras públicas que han perdido como consecuencia de la DANA.

En enero de 2000 vio la luz el primer número de la revista Escritura Pública, creada por el Consejo General del Notariado como plataforma de encuentro entre los notarios y la sociedad.

El nombre elegido no podía ser otro que el mismo que recibe el documento público que los notarios elaboran y autorizan: la escritura pública. Un documento que refleja y recoge los valores de los notarios: su imparcialidad, profesionalidad, autenticidad y cercanía. Este documento, ya sea en papel o electrónico, es autorizado por los notarios tras asesorar imparcialmente a las partes, velando por la más débil, y controlando la legalidad de su contenido.
Por eso ofrece a los ciudadanos, a las empresas y a las Administraciones cuatro garantías: de autenticidad, de ejecutoriedad. de legalidad y de perdurabilidad.

Un esfuerzo común

Nuestra revista, con 150 números a sus espaldas, no pretendía ni pretende alcanzar esos niveles de excelencia, aunque sí puede presumir del rigor de sus reportajes y entrevistas y de haber invitado a opinar en sus páginas a los máximos responsables de las instituciones de este país.

Son casi 25 años de existencia que nos han permitido retratar la realidad social, cultural, económica, jurídica e incluso política de España, sin dejar de asomarnos a lo que ocurría en paralelo en Europa y en el mundo.

En estos años, y en estos 150 números, hemos llegado en papel a las casas y oficinas de nuestros lectores; a las casi 3.000 notarías españolas; a las delegaciones de los notariados europeos y mundiales; y a las sedes de los principales organismos españoles y europeos. También nos hemos hecho presentes en internet y en las redes sociales.

Este esfuerzo de todos, de los diferentes consejos generales del notariado que la han apoyado y editado; de los integrantes de su comité editorial; de los profesionales que la dirigen y coordinan, y de los periodistas que escriben en ella, fue reconocido con el Premio a la Publicación Profesional 2018, otorgado por la Asociación Española de Publicaciones Periódicas, hoy Cable, en su primera edición.

Nuestro número 150 está dedicado mayoritariamente a dos protagonistas habituales de nuestras páginas: La Justicia e Iberoamérica. En concreto al encuentro jurídico celebrado en Tenerife el pasado mes de septiembre, en el que se dieron cita altos cargos, fiscales, magistrados y notarios de 30 países iberoamericanos y de habla portuguesa.

Los reportajes, entrevistas y artículos en él contenidos, así como el cuadernillo central, muestran la relevancia del foro y de lo debatido en él, con la vista puesta en todo momento, como los notarios y su función, como esta su revista, en prestar el mejor servicio a la sociedad.

Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, presidió e inauguró el 19 de septiembre, en Guía de Isora (Tenerife), el II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Habla Portuguesa (CMJPLOP), junto con Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España y Notario Mayor del Reino, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. También tuvo lugar la 112ª sesión de los Presidentes de los Notariados de América, la II Reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y de los Fiscales de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, entre otras actividades.

EL ENCUENTRO ESTUVO PRESIDIDO POR SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA

Los ministros y delegaciones asistentes estuvieron acompañados por los responsables de los organismos organizadores del encuentro: el secretario general de la COMJIB, Enrique Gil Botero y el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz.

En total participaron más de 200 juristas ya que contó, además, como los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Cumbre Judicial; con los miembros de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado; los delegados de los 22 notariados de Iberoamérica; los decanos integrantes del Consejo General del Notariado, y notarios de estos países incluidos los participantes en el I Encuentro de notarios de países de habla portuguesa en conjunto con los notarios iberoamericanos.

Un encuentro que fue todo un hito para la comunidad jurídica iberoamericana, con extraordinaria repercusión en estos Estados y en beneficio de la Sociedad, dado que la cooperación jurídica internacional es crucial para la paz social y para luchar contra delitos tan graves como la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales o el fraude fiscal.

En este mismo marco, la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado celebró dos actos de gran trascendencia para los notariados iberoamericanos: su 112ª Sesión Plenaria y las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas, sobre La función notarial y el acceso a la justicia y La circulación del documento notarial en el ámbito de Iberoamérica.

La Comisión de Asuntos Americanos cuenta con 22 países miembros, cuyos notarios prestan servicios a más de 500 millones de personas. Sus comisiones debatieron sobre legislaciones comunes para protección de migrantes, acceso a servicios de personas en situación de riesgo, y resolución de conflictos entre personas en territorios fronterizos y la lucha contra el lavado de activos. Esta comisión forma parte de la Unión Internacional del Notariado, que representa a los notarios de 91 países.

Cooperación plena y efectiva

En este encuentro se presentaron las plataformas Iber@ e Iberfides, que ponen las nuevas tecnologías al servicio de la comunidad jurídica iberoamericana y de la comunidad de países de habla portuguesa, permitiendo una colaboración segura, plena y efectiva entre los Ministerios Públicos, Judicatura, Fiscalía, Cuerpos de Seguridad del Estado y Notariado en beneficio de la ciudadanía. Esta tecnología ha sido desarrollada por el Consejo General del Notariado.

La primera reunión de similares características, celebrada en Tenerife en octubre de 2021 y presidida por Su Majestad el Rey de España, también congregó a los Ministros de Justicia de los países iberoamericanos y de habla portuguesa, así como a autoridades, magistrados, fiscales y notarios, iberoamericanos y portugueses.

Fue en ese encuentro donde se dio a conocer el proyecto Ibera@ que, como puso en valor la propia Casa Real española, “permitió el despegue de una iniciativa pionera que suma a un largo centenar de instituciones en un sistema informático cerrado, con garantías de máxima seguridad para intercambios rápidos y fehacientes de solicitudes de cooperación jurídica, con funcionalidades como la videoconferencia y la firma digital”.

EL PRINCIPAL OBJETIVO ES IMPULSAR LA COLABORACIÓN ENTRE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS, JUDICATURA, FISCALÍA, CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y NOTARIADO

Igualmente se dio a conocer entonces Iberfides: una herramienta de la Unión Internacional del Notariado, desarrollada también por el Centro Tecnológico del Notariado español, que permite la conexión transnacional entre los notarios iberoamericanos, garantes de la seguridad jurídica preventiva de sus países.

En el espacio iberoamericano la circulación de personas y empresas es cada vez más intensa. Esta realidad nos impela a facilitar al máximo la circulación de los documentos públicos, con plena seguridad y garantías, con ahorro de tiempo, evitando desplazamientos innecesarios y disminuyendo los costes. El desplazamiento y la migración de personas entre países de Iberoamérica exige soluciones prácticas, seguras y económicas que permitan a las instituciones, a los profesionales y a las personas y empresas mantener una fluida conexión documental, tanto para facilitar la vida, la paz social y el desarrollo económico, como para prevenir o perseguir delitos.

El creciente desarrollo tecnológico y jurídico de Iberoamérica favorece la implementación de un sistema de colaboración interinstitucional de interconexión entre todos estos agentes, que permita la circulación segura de instrumentos públicos utilizando herramientas tecnológicas también seguras.

La suma de seguridad jurídica y tecnológica constituye un binomio que permite la creación de un vehículo y puente de unión facilitador de las relaciones jurídicas transnacionales.

Pero para ello es necesario incrementar al máximo el nivel de seguridad tecnológica, evitando no sólo la delincuencia ordinaria, sino también la ciberdelincuencia, y en especial los delitos de lavado de activos, las falsificaciones y las suplantaciones de personalidad, entre otros. Por ello la necesidad de contar con plataformas tecnológicas con un alto nivel de seguridad.

Seguridad jurídica preventiva

Tan importante como la justicia que se imparte tras cometerse un delito, es aquella otra que lo evita. Es la llamada seguridad jurídica preventiva, que garantizan los notarios.

Los notarios son funcionarios públicos que, por delegación del Estado, tienen atribuidas importantes funciones. Así, los documentos y acuerdos redactados y/o autorizados por un notario adquieren la entidad de documentos públicos, a los que la ley reconoce veracidad, firmeza y fuerza probatoria.

En el mundo hay en la actualidad más de 200.000 notarios en servicio, repartidos entre 91 países de los cinco continentes, que cuentan con el derecho continental como sistema jurídico y el notariado de tipo latino como sistema notarial: de África 19, de América 22, de Asia 9 y de Europa la práctica totalidad, 41. En estos últimos 20 años se ha producido una masiva incorporación de países que han adoptado este modelo en lugar del sistema anglosajón del ‘common-law’.

La actuación del notario es un medio para acceder a la justicia, si por acceso a la justicia entendemos el derecho humano que toda persona tiene para utilizar las leyes, las normas, los juicios y otros instrumentos para conseguir y proteger sus derechos; pues el notario, en el ejercicio de su actividad, actua en la justa medida en que se requiera por los solicitantes de su servicio, obrando con estricto apego a la legalidad aplicable al caso concreto, de manera imparcial, preventiva, voluntaria y auxiliar de la administración de justicia; brindando asesoría imparcial y conformando el instrumento notarial más allá del interés del solicitante del servicio, aconsejando a cada una de ellos, sin descuidar los intereses de la parte necesitada de especial protección.

Son muchos los ejemplos de los documentos que cada día se remiten entre continentes y entre países de Iberoamérica. Por ejemplo, en el campo de los negocios jurídicos, tanto civiles como mercantiles: constituciones de sociedades, poderes, ratificaciones y un sinnúmero de contratos civiles y mercantiles. En el ámbito de las relaciones familiares: las autorizaciones para viajar, documentos para reagrupación familiar, autorizaciones en materia de ejercicio de patria potestad, títulos académicos, documentos para el cobro de pensiones, entre otros muchos.

Las garantías que aporta la intervención de los notarios iberoamericanos, y la circulación segura de documentos, permite la colaboración entre notarios de distintos países, garantizando la perfección y seguridad de cualquier acto, negocio jurídico o contrato.

Esta colaboración entre notarios se puede desarrollar tanto en la fase previa a la contratación de bienes y servicios, como en el momento del otorgamiento y en la fase posterior. Con ello se añaden garantías objetivas de legalidad y respeto a los ordenamientos jurídicos de los países, con lo que el documento público gozará de plenos efectos sustantivos, fehaciencia, valor probatorio y ejecutividad.

“Tenemos un problema en España en lo que atañe a la coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad, que no está funcionando. En 10 años solamente hay 1 millón de fincas coordinadas. Y digámoslo claro: la culpa no es del Catastro, que ha seguido un proceso de digitalización ejemplar y dispone de la información de todo el parcelario en España. El problema radica en que hay una duplicidad descriptiva entre el Catastro y el Registro de la Propiedad. Hay que potenciar la concordancia entre el Notariado y el Catastro, y que esta constituya la base oficial sobre la que se identifiquen las fincas. El Registro debe atender únicamente a la información de las fincas que recoge el parcelario catastral”, denunció José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado.

EN ESPAÑA LA COORDINACIÓN ENTRE EL CATASTRO Y EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD NO ESTÁ FUNCIONANDO. Y LA CULPA NO ES DEL CATASTRO

“Los notarios españoles tenemos un acceso al Registro decimonónico, que redunda en el perjuicio del ciudadano y que sobre todo afecta a la seguridad jurídica”. “Reclamamos un acceso digital, moderno, en tiempo real y que sea específico para los notarios con todas las garantías; un sistema igual al de otros países como Francia, Italia, Alemania, Costa Rica o Marruecos, que han exhibido sus sistemas”, aseguró.

Así de contundente y enérgica fue la denuncia hecha por el presidente del Consejo General del Notariado en la clausura del curso sobre Persona, Empresa y Tecnología organizado por Fundación Notariado, que también preside, en la sede de San Sebastián de la Universidad del País Vasco, que estuvo centrado en la vivienda.

Digitalización ejemplar del Catastro

El presidente del Notariado no fue el único que puso sobre la mesa esta situación. Su manifestación fue coincidente con la de otros participantes en la mesa redonda sobre El Catastro, moderada por Francisco Cantos, decano del Colegio Notarial de Valencia, que contó como ponentes con Enrique Brancós, notario de Girona; Jesús Miranda, exdirector general del Catastro; Jesús Puebla, subdirector general de Gestión Catastral; y el exdirector de la Dirección Nacional del Notariado de Costa Rica y director del Registro de Inmuebles de Costa Rica, que aglutina Registros y Catastros, Guillermo Sandí.

Francisco Cantos incidió en la “falta de colaboración entre el Catastro y el Registro”, lo que “nos aboca al colapso”. “A esto hay que sumarle la falta de digitalización, ya que el Registro ve la informática como una amenaza y en lugar de enfrentarse al futuro ha decidido anclarse en el pasado”, defendió. Algo que refrendó Jesús Puebla, que abogó por “la necesidad de coordinación entre el Catastro, el Registro, el Notariado y el resto de operadores jurídicos. Con la legislación actual, esta es la única vía para que los ciudadanos puedan acceder a una información sobre los inmuebles precisa y completa”, afirmó.

En contraposición, Jesús Miranda aseguró que “la colaboración es innecesaria y no nos lleva a ningún término. Nadie puede superar la información que maneja el Catastro, pero es necesario digitalizarlo. Es ahí donde hay que poner los esfuerzos, no en la coordinación entre instituciones”. Siguiendo esta línea Enrique Brancós afirmó que “la información y las bases gráficas deben ser las que define el Catastro; no puede haber diversificaciones ya que solo generan confusión y además este proceso termina repercutiendo en los costes para el ciudadano”.

Por su parte, Guillermo Sandí aportó su experiencia en el caso costarricense, en el que explicó que “pronto se vio que la coordinación entre el Registro y el Catastro era improductiva, por lo que se tomó la decisión de centralizar toda la información a través de una nueva institución: el Registro Inmobiliario, que además ha sido completamente digitalizado y las instituciones como el Notariado tienen un acceso a él sencillo e inmediato”. Algo que según él “podría servir de modelo a otros países como España, que están teniendo fricciones en este ámbito”.

LOS NOTARIOS ESPAÑOLES TIENEN UN ACCESO AL REGISTRO DECIMONÓNICO, QUE REDUNDA EN EL PERJUICIO DEL CIUDADANO Y QUE AFECTA A LA SEGURIDAD JURÍDICA

La patología española

Los participantes en la mesa de debate El Notariado y el acceso a la información de la propiedad inmobiliaria, dejaron en evidencia la anomalía del sistema registral español. Este coloquio -moderado por Carmelo Llopis, delegado de Nuevas Tecnologías en el Consejo de los Notariados de la Unión Europea- contó con Piergiulio Cinelli, miembro de la comisión informática del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN); Hicham Sabiry, presidente del Consejo Nacional de la Orden de Notarios de Marruecos; Me (¿)Thierry Vachon, presidente del grupo de trabajo de Derecho inmobiliario del CNUE; y Philip Bender, candidato a Notario de la oficina de Bruselas de la Cámara Federal de Notarios de Alemania.

Los expertos explicaron el modelo de registro de los inmuebles y la información que se proporciona de estos en sus respectivos países, que coinciden en la centralización de la información y su completa digitalización, facilitando así la colaboración con otros operadores jurídicos como el Notariado. Todos ellos afirmaron que la utilización de un modelo único de registro electrónico es algo básico e imprescindible para la correcta sinergia entre las diferentes instituciones y su comunicación con los ciudadanos. “Que los datos estén digitalizados es una forma de garantizar su seguridad y transparencia, ya que solo una autoridad como un notario puede acceder a ellos mediante una firma electrónica única e intransferible”, aseguró Piergiulio Cinelli. Lo que va en línea con el modelo alemán: “En Alemania solo los notarios y los tribunales pueden acceder al registro de forma libre mediante su firma electrónica; el resto de los ciudadanos deben acreditar un interés legítimo para poder recibirla”, afirmó Philip Bender.

Por su parte, Hicham Sabiry explicó que “en el caso marroquí toda la información se maneja a través de una única institución que comprende tres divisiones: el Registro de la propiedad, el Catastro y el servicio cartográfico. Todos ellos proporcionan los datos correspondientes para que sean centralizados, lo que es imprescindible para evitar desbarajustes”. Algo que coincide con el modelo francés, tal y como explicó Thierry Vachon: “en Francia unificamos toda la información en una única plataforma mediante un fichero PDF que incluye la firma y el certificado digital del notario que ha proporcionado esa información, además de un pack XML con todos los datos sobre el inmueble. De esta forma aseguramos que los datos están verificados y son accesibles de forma inmediata”.

La digitalización del Notariado y el uso de la firma electrónica se efectuó hace dos décadas en cumplimiento de la Ley 24/2001, siendo los notarios pioneros entre los operadores jurídicos. Ahora la Ley 11/2023 ha supuesto un paso más, en beneficio de la sociedad. Su entrada en vigor, el pasado mes de noviembre, permitió crear el protocolo electrónico notarial, entre otras importantes novedades, dotando de mayor agilidad y seguridad el servicio notarial.

No ha ocurrido así con la obligada digitalización de los registros mercantiles y de la propiedad. El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME) no ha cumplido los mandatos del legislador, el último con la Ley 11/2023, y, aun habiéndosele ampliado recientemente los plazos en seis meses, el diseño y funcionamiento del registro electrónico presenta graves anomalías y deficiencias. Todavía no permite el acceso directo a los libros del registro, como ya ordenó el legislador en el año 2001, hace 23 años.

El 13 de mayo, día de la puesta en funcionamiento del sistema implementado por el CORPME, que no era el previsto en la norma, colapsó y sigue sin funcionar correctamente.

El Colegio de Registradores, incumpliendo la Ley, no ha facilitado un acceso directo a los notarios ni les permiten acceder a una información acreditada. La buena voluntad, la disposición y el rigor de los notarios y de sus empleados con un sobre esfuerzo están permitiendo mantener un tráfico económico y jurídico vital para la sociedad española, pero la situación no puede alargarse. Cada día pasan por las notarías unas quince mil personas para comprar pisos y obtener financiación, con arras y compromisos pendientes de vencimiento, cuyo interés superior debemos anteponer en todo caso, aparte del coste que todo ello podía representar para la economía nacional, ya que el importe de estas operaciones se sitúa alrededor de los 1.000 millones de euros diarios.

El Consejo General del Notariado ha informado al respecto a la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a la que está haciendo llegar las numerosas comunicaciones de notarios que acreditan que estas anomalías no son incidencias accidentales, sino generalizadas y consecuencia del mal funcionamiento de la aplicación, que debe subsanarse de inmediato para salvaguardar la seguridad del tráfico.

A día de hoy, las notas simples registrales, cuando se consiguen, no concuerdan, por su carácter meramente informativo, con las exigencias establecidas en los artículos 175 del Reglamento Notarial y 354.a. del Reglamento Hipotecario, en detrimento de la necesaria certidumbre.

Tras más de dos décadas de incumplimiento, la introducción del folio electrónico, prevista nuevamente por la ley 11/2023, debería ser el primer paso para una parametrización de los asientos que permitiera a los notarios el acceso online directo a los libros de los registros con arreglo a las dos leyes que lo establecieron: 24/2001 y 2005.

Los notarios tienen la responsabilidad de autorizar la mayor parte del tráfico jurídico y económico de los ciudadanos y empresas españolas; aquella que es tan relevante que se documenta públicamente.

Sin embargo, el ciudadano por lo general no es plenamente consciente de porqué esos acuerdos o actos jurídicos se formalizan en escritura pública.

Digamos que ir al notario piensan que lo tienen que hacer o que es recomendable hacerlo, pero nunca llegan a plantearse del todo la razón y qué garantías les aporta. Y quizás ese desconocimiento sea el mejor síntoma de que todo funciona como tienen que funcionar, porque significaría que cuando las cosas se hacen delante de un notario, se hacen bien y no se generan problemas.

Todo Estado de Derecho debería tener un potente sistema de justicia preventiva.

Si la seguridad jurídica recae únicamente en los tribunales, la convivencia social y la propia actividad empresarial se judicializan en exceso.

Del mismo modo que cualquier sistema sanitario necesita de una sanidad preventiva y de una potente estructura de atención primaria, así del mismo modo un Estado de Derecho no puede confiar toda la seguridad jurídica a sus “hospitales”, que son los juzgados, sino que debe contar con una poderosa estructura preventiva.

Esa estructura son los notarios y sus notarías, y por supuesto sus empleados, repartidas por todo el territorio español, y por eso la mayor parte del tráfico jurídico privado ocurre en ellas y por eso también lo que ocurre en ellas no suele ser noticia.

Sin embargo, hay casos en los que el ciudadano o empresario que requiere la intervención notarial sí dice o piensa: “Menos mal que firmé esto ante notario o menos mal que pedí el asesoramiento imparcial de un notario antes de meterme en esta operación”. Y son en esos casos en los que el consumidor se da cuenta de lo que vale la firma de un notario, que, como se explica en el reportaje de las páginas 16 y 17 de la revista que tiene entre sus manos, “es mucho más que una firma”.

Consejo y legalidad

Cada uno de los notarios en ejercicio podría contar muchos de esos casos, que, son, además, los más bonitos y agradecidos, pues siempre terminan con el reconocimiento cariñoso de la persona atendida.

Solemos acudir a la notaría con una idea clara de lo que se queremos hacer, y los notarios nos indican como hacerlo de una forma que sea jurídicamente impecable, acorde con el ordenamiento, controlando en todo momento su legalidad. También nos aconsejan para que nuestras decisiones jurídicas respondan a nuestros objetivos. Y en otras ocasiones, simplemente nos hacen enfrentarnos a consecuencias en las que no habíamos caído, y, con su conocimiento jurídico, logran evitarnos un conflicto o una mala decisión.

El notario tiene la obligación de asesorar imparcialmente a los ciudadanos y empresas. Debe interpretar, configurar y autentificar con arreglo a la legalidad la voluntad de las personas y de todas las partes de un contrato, especialmente de la más débil o necesitada de mayor protección.

EN EL NOTARIADO, CONSUMIDORES, CIUDADANOS Y EMPRESAS ENCUENTRAN A SUS MEJORES ALIADOS PARA SUS TOMAR SUS DECISIONES CON PLENA SEGURIDAD Y GARANTÍA JURÍDICAS

El notario garantiza a los ciudadanos que las acciones con implicación jurídica que acometan -la compraventa de una casa, la constitución de una sociedad, el reparto de una herencia, etc.- están dentro de la más estricta legalidad.

A todo lo expuesto hay que sumar que la escritura pública tiene por Ley unos poderosos efectos que no tiene un documento privado. A los documentos y acuerdos redactados y autorizados por un notario la ley les reconoce veracidad, firmeza y fuerza probatoria.

Por ello, las Administraciones, los jueces y la sociedad en general atribuyen credibilidad absoluta a los acuerdos y hechos que constan en una escritura pública y los particulares que la firman tienen la seguridad de que nadie podrá poner en duda su veracidad.

Además, la escritura pública tiene plena eficacia desde el momento en el que el notario la autoriza. Sus efectos superan los de cualquier documento privado y el acuerdo que recoge se lleva a la práctica sin necesidad de más pruebas. Posee fuerza probatoria de las fechas, de los hechos y de las declaraciones que contiene.

La escritura pública solo circula mediante copias, ya sean en papel o electrónicas. La matriz que contiene las firmas originales se guarda formando un protocolo en el despacho del notario que la autoriza. Posteriormente el protocolo pasa a los archivos notariales de cada colegio notarial y luego al Archivo Histórico.

Por todo ello, la firma de un notario es mucho más que una firma, porque sanciona y eleva a público, y por tanto al conocimiento del Estado y de todas las partes legítimamente interesadas, el acuerdo entre particulares, y paralelamente garantiza que dicho acuerdo es impecable jurídicamente y responde estrictamente al ordenamiento.

En el Notariado, consumidores, ciudadanos y empresas encuentran a sus mejores aliados para sus tomar sus decisiones con plena seguridad y garantía jurídicas.