Entrevista a Gabriela Bravo Sanestanislao, consejera de la Generalitat Valenciana

EN CURSO LEGAL

Gabriela Bravo Sanestanislao,

consejera de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana

«Hemos impulsado proyectos fundamentales para transformar y modernizar la justicia valenciana»

Gabriela Bravo es consejera de Justicia desde junio de 2015. Fiscal de carrera fue, entre 2008 y 2013, vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En 2005 ingresó en la Unión Progresista de Fiscales (UPF), donde ejerció la presidencia desde 2007 hasta septiembre de 2008. Desde hace más de seis años forma parte del equipo de Gobierno que encabeza el president Ximo Puig en la Comunidad Valenciana al frente de una de las consejerías clave, máxime en los últimos años marcados por la pandemia.

CARLOS CAPA

[email protected]

@capa_carlos

-Lleva dos legislaturas consecutivas al frente de la Conselleria. ¿Cómo ha evolucionado en estos seis años la Justicia en la Comunidad Valenciana?
Desde la conselleria que dirijo hemos impulsado a lo largo de estos seis años proyectos fundamentales para transformar y modernizar la justicia valenciana. Situamos a la justicia en el centro de nuestra agenda política, y ello ha tenido reflejo presupuestario que se ha visto incrementado en más de un 58%. Esto ha servido para, entre otras medidas, incrementar la planta judicial de los 398 órganos que había en 2015 a los 420 con los que acabaremos 2021 y pretendemos llegar a los 440 cuando acabe esta legislatura. También hemos multiplicado por nueve los funcionarios de refuerzo en nuestros juzgados. Además, tenemos en marcha el Plan de Infraestructuras Judiciales para construir, rehabilitar o reformar el 75% del parque inmobiliario judicial valenciano con una inversión de más de 200 millones de euros.

En todo caso, si he de destacar algún proyecto en concreto, creo que merece especial atención la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, un servicio público gestionado directamente por la Generalitat que se ha desplegado en la práctica totalidad de los partidos judiciales valencianos con más de 170 profesionales que ofrecen una atención integral a las víctimas en alguno de sus 33 centros y que desde 2018 ha asistido a más de 70.000 personas. También hemos dinamizado el turno de oficio para convertirlo en un auténtico servicio público con mayor apoyo presupuestario y que llegue a todos los rincones del territorio.

-Aunque la esperada justicia digital está avanzando, probablemente por los imperativos de la pandemia, aún no alcanza la eficiencia de otros servicios públicos. ¿Cuándo tendremos una Justicia propia del siglo XXI?
Antes de la pandemia diseñamos el plan de digitalización y modernización de la Administración de Justicia más ambicioso desde que la Generalitat asumió las competencias en la materia en los años 80 y que está en ejecución ahora mismo con una inversión que supera los 30 millones de euros. Entre ellos destaca la implantación del Expediente Digital y la instalación de la nueva plataforma audiovisual (llamada AUREA) que ya está en marcha y que ha supuesto la digitalización en las 490 salas de vistas valencianas y ello ha propiciado que la Comunitat Valenciana sea la autonomía que más telejuicios ha celebrado de toda España en el último año (casi 10.000), con el correspondiente ahorro de costes y tiempo.

-Desde todos los ámbitos de la Justicia se traslada la preocupación de que, una vez liberados los diques establecidos a la normativa extraordinaria provocada por el Covid-19, llegue lo que se ha denominado la “pandemia litigiosa. ¿Tiene la Comunidad Valenciana algún plan para esta situación?

El pasado 4 de enero entraron en funcionamiento los tres juzgados Covid, uno por cada capital de provincia (dos de lo Mercantil para Valencia y Alicante, y uno de lo Social para Castellón), para aliviar la carga de trabajo judicial provocada por la suspensión de los plazos procesales por la declaración del estado de alarma. En todo caso, la justicia ha de ser también motor de reactivación económica y no un obstáculo; por esa razón son tan importantes los planes de choque en este momento, en el que hay que apoyar a las jurisdicciones más afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia y que son la civil, la mercantil y la social.

-Siempre ha sido una figura de referencia en la lucha contra la violencia de género –lo que usted ha denominado “terrorismo machista”-.
Defino la violencia de género como “terrorismo machista” porque ya se ha cobrado más vidas que la violencia ejercida por ETA, el Grapo y el yihadismo desde finales de los 70 y, además, en la mitad de tiempo. En la Conselleria de Justícia tenemos un programa que se articula en tres ejes: más recursos para ayudar a las víctimas; más y mejor coordinación de los servicios públicos, y más formación para los profesionales que, desde todos los ámbitos implicados, atienden a las mujeres que sufren maltrato. Los resultados de esta apuesta están siendo esperanzadores. Por ejemplo, en la red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito se ha atendido a casi 70.000 personas desde su puesta en marcha hace tres años y, entre ellas, casi el 70% eran mujeres víctimas de violencia de género o doméstica. Y hemos ido aún más allá porque la valenciana es la primera –y hasta ahora, la única− comunidad autónoma que ha creado un espacio específico para ellas. Me refiero a la Oficina Especializada en Denuncias de Violencia de Género –que está en la Ciudad de la Justicia de Valencia– en la que mujeres policías con formación especializada, junto a psicólogas y trabajadoras sociales, atienden y acompañan a la víctima desde el primer momento. Desde que se puso en marcha hace dos años, se ha atendido y protegido a 1.132 mujeres que ya están levantando esa losa de silencio. Y este mismo año abriremos otras dos oficinas en Castellón y Alicante. A ello hay que unir nuestra lucha contra otras formas de violencia de género como es la prostitución, para cuya erradicación hemos constituido el Foro Valenciano por la Abolición de la Prostitución, para plantear medidas para la reforma de nuestro ordenamiento jurídico y que el consumo de sexo pagado sea considerado un delito.

-En su experiencia diversa en el mundo de la Justicia ha tenido relación frecuente con el Notariado. ¿Qué valor aportan los notarios a la Administración de Justicia?
El Notariado despliega una función legitimadora que se transmite a los actos y documentos que refrenda con su acción y que les otorga la presunción de veracidad, integridad y legalidad. Esta función siempre ha sido necesaria en el mundo jurídico, prácticamente desde la propia génesis del Derecho Romano, y es especialmente importante en estos tiempos en los que la pandemia ha puesto a prueba las costuras de todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, gracias a que tenemos unas estructuras jurídicas y administrativas sólidas, de las que el Notariado forma parte esencial, podemos trabajar para paliar sus estragos. En este sentido, el papel de los notarios y notarias ha sido muy importante para garantizar un bien tan preciado en estos tiempos de incertidumbre como es la seguridad jurídica.

-¿Se valora suficientemente la importancia de la seguridad jurídica?
Se debe hacer porque la seguridad jurídica es lo que distingue y define a una democracia avanzada de algo que no lo es. Tener claros los derechos y las obligaciones, tener la certeza de un escenario jurídico previsible, es, para cualquiera, una garantía de oportunidades. Además, sin esa misma seguridad jurídica, no será posible llevar a término el proceso de recuperación que hay que acometer cuando, esperemos que más pronto que tarde, superemos la emergencia sanitaria. En la Comunitat Valenciana hemos conseguido alcanzar un acuerdo con todos los agentes sociales y un Pacto para la Reconstrucción Social, Política y Sanitaria en el que se han implicado todas las fuerzas políticas porque esta crisis nos afecta a todos y nadie puede quedarse al margen para no dejar a nadie atrás. Y eso quiere decir que sólo podremos superarla juntos. Y juntos significa con el resto de España y también con la ayuda de Europa.

-Por último, le ruego una confesión personal. ¿Echa de menos las responsabilidades en las instituciones nacionales?
Procuro vivir cada momento con el máximo entusiasmo y aportar lo mejor de mí misma sin perder tiempo ni energía mirando hacia atrás. La etapa de Madrid en el CGPJ fue muy enriquecedora desde el punto de vista profesional y personal. Luego, en 2015, el president Ximo Puig me ofreció formar parte del primer Consell del Botànic y me pareció que aquella oferta era una oportunidad para poner en marcha un proyecto que situara a la Comunitat Valenciana como un referente de una justicia eficaz y eficiente; moderna en sus modos y en sus medios; que dignificara el turno de oficio como servicio público con retribuciones adecuadas para que el acceso a la Justicia se realizara en condiciones de igualdad y que los recursos económicos no fueran un factor discriminatorio y, en definitiva, que priorizara la protección y asistencia a las víctimas, en especial a las de violencia de género. Todos estos proyectos están en marcha en mayor o menor medida y, por ello, me siento muy honrada y satisfecha de formar parte de este gobierno autonómico.

“La Comunitat Valenciana es la autonomía que más telejuicios ha celebrado de toda España en el último año”

Huella digital:

Gabriela Bravo no mantiene un perfil público en las principales redes sociales, pero sí la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública que ella encabeza y donde a través de la cuenta @GVAJusticia se informa puntualmente de su actividad oficial. La biografía de Gabriela Bravo está disponible en la página de transparencia de la Generalitat Valenciana.

“Defino la violencia de género como ‘terrorismo machista’ porque ya se ha cobrado más vidas que la violencia ejercida por ETA, el Grapo y el yihadismo”

Un certificado común para salvar el verano

ÁMBITO EUROPEO

Un certificado común para salvar el verano

Common covid certificate to save the summer season

Europa aprueba en tiempo record el documento solicitado por países turísticos como Grecia o España para acreditar la vacunación, la superación de una prueba covid o haberse recuperado de la enfermedad.

JORGE VALERO

@europressos

El pasado 12 de enero, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea y el resto de líderes europeos urgiéndoles a crear un certificado de vacunación europeo.

Mitsotakis apuntaba que el certificado representaría “un incentivo positivo” para asegurar que la gente se vacunara, y presionaba al resto de sus colegas europeos para que se pusieran manos a la obra cuanto antes, dados los problemas que habían tenido los europeos los meses anteriores para acordar un localizador común para viajeros.

“Si logramos rápidamente un entendimiento común entre los Estados miembros sobre un certificado de vacunación armonizado y sus usos, podremos impulsar el tema en los foros internacionales pertinentes, contribuyendo así al restablecimiento de la movilidad a escala mundial, que es el base para restablecer la actividad económica a los niveles anteriores a la crisis”, resaltó Mitsotakis en su carta.

“Para países como Grecia, que dependen del turismo, es imperativo que este problema se resuelva antes de la temporada de verano”, añadió.

Acuerdo común. La propuesta no tardó en ser respaldada por países dependientes del turismo como España, Portugal o Croacia. El resto de capitales no se oponía, pero recordaron que había dudas que convenía despejar primero, como si los vacunados pueden trasmitir el virus o cuánto tiempo dura la inmunidad para aquellos que han superado el covid-19, como señaló un alto cargo diplomático del grupo de los escépticos.

En los pasillos de Bruselas, además, algunos se preguntaban si merecería la pena el esfuerzo, dado que resultaría difícil llegar a junio con la iniciativa lista, y al final solo se podrían beneficiar las franjas adultas de población, teniendo en cuenta el complicado arranque que tuvo la campaña de vacunación europea. Los jóvenes, grandes víctimas de esta pandemia, volvían a quedar perjudicados con el movimiento para salvar el verano, la temporada que tanto estaban esperando.

A pesar de las dudas, la Comisión Europea presentó su propuesta en marzo. Apenas dos meses más tarde, los negociadores del Consejo (que agrupa a los Estados miembros) y del Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo sobre los detalles de este documento, que acreditará quién ha sido vacunado, superado la enfermedad o una prueba covid.

Ambas instituciones ratificaron el documento final en junio, dejando todo listo para que entre en vigor el 1 de julio.

“Nuestra Unión demostró una vez más que trabajamos mejor cuando trabajamos juntos. El Reglamento del Certificado COVID Digital de la UE fue acordado entre nuestras instituciones en el tiempo récord de 62 días. Mientras trabajábamos en el proceso legislativo, también construimos la columna vertebral técnica del sistema, el portal de la UE, que está activo desde el 1 de junio”, se felicitó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado 14 de junio cuando la Comisión, la Eurocámara y el Consejo escenificaron la firma del reglamento.

“El Certificado de la UE permitirá nuevamente a los ciudadanos disfrutar del más tangible y apreciado de los derechos de la UE: el derecho a la libre circulación”, añadió la alemana.

Con una campaña de vacunación cogiendo velocidad, la inminente llegada de los fondos de recuperación y la relajación de las restricciones por toda Europa, el certificado representa un símbolo no solo de ese esfuerzo colectivo del que habló Von der Leyen para superar la pandemia, sino también de la vuelta a la normalidad.

Detrás quedaban dificultades y penurias, como los problemas con la estrategia de vacunación, las tensiones con AstraZeneca o las dudas sobre el vigor de la recuperación europea. La llegada de los meses de calor trajo de vuelta el optimismo al continente europeo.

Pero antes de llegar a buen puerto, la Eurocámara y el Consejo tuvieron que negociar contrarreloj para salvar las diferencias en sus posiciones. Los principales escollos fueron el riesgo de discriminación frente a aquellos que no han sido vacunados aún, y la posibilidad de imponer restricciones adicionales incluso teniendo el certificado, tal y como pedían las capitales. Finalmente, los eurodiputados consiguieron 100 millones de euros de fondos europeos para financiar pruebas que permitan obtener el certificado a quienes no han recibido sus dosis. Además, consiguieron arrancar a los Estados miembros que no impongan limitaciones a quienes tengan el documento, como cuarentenas o pruebas PCR, “a menos que sean necesarias y proporcionales para salvaguardar la salud pública”. Como criterio, se usará la información epidemiológica del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El negociador por parte del Parlamento Europeo, el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, se felicitó de que habían conseguido restaurar la libertad de movimientos en el espacio Schengen. “Se anima a los Estados de la UE a abstenerse de imponer más restricciones, a menos que sea estrictamente necesario y proporcionado”, subrayó el pasado junio.

Los detalles. El certificado COVID Digital de la UE, su nombre definitivo tras varios vaivenes, será accesible para todo el mundo y abarcará la vacunación, las pruebas diagnósticas y la recuperación del covid-19. Estará disponible en todos los idiomas de la UE, tanto en formato digital como papel, será seguro e incluirá un código QR con firma digital.

Puede expedirse y utilizarse en todos los Estados miembros de la UE para facilitar la libre circulación. Cada gobierno podrá decidir si lo aplica a otros usos en su territorio, como el acceso a actividades de ocio o espectáculos. Todos los ciudadanos de la UE y los nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en la UE podrán obtenerlo de manera gratuita. La UE negocia además con países terceros para reconocer certificados similares que expidan en base a unos parámetros comunes.

Solo contendrá la información imprescindible, como el nombre, la fecha de nacimiento, el emisor del certificado y un identificador único vinculado a este último. En el caso de vacunación, el certificado informará sobre el tipo de vacuna y su fabricante, el número de dosis administradas y la fecha de vacunación. En el caso de certificado de diagnóstico, el documento detallará el tipo de prueba diagnóstica, la fecha y la hora de su realización, el lugar y el resultado. Si se trata de un certificado de recuperación, informará sobre la fecha del resultado positivo de la prueba de diagnóstico y el período de validez.

En el caso de las vacunas, se aceptarán las aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y los países podrán incluir aquellas que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, como la rusa Sputnik V y las chinas Sinopharm y Sinovac. Los certificados se expedirán ya desde la primera dosis, aunque deberá figurar en el documento el número de inoculaciones recibidas. La Comisión Europea propuso que aquellos que han recibido una dosis única de una vacuna de dos dosis (después de haber estado infectados previamente por el covid-19) se consideren totalmente vacunados a efectos de viajes.

Respecto a las pruebas, se aceptarán las PCR y los Estados miembros podrán decidir si reconocen las de detección rápida de antígenos.

El certificado será otorgado por centros emisores como hospitales, centros de pruebas diagnósticas o autoridades sanitarias en los Estados miembros, previa solicitud o automáticamente. Funcionará con un código QR con una firma digital, personalizada para cada centro emisor, para protegerlo contra falsificaciones. Todas ellas se almacenan en bases de datos nacionales.

Para comprobar de manera segura los certificados entre autoridades de los Estados miembros, sin transferir datos personales, la Comisión activó una pasarela el pasado 1 de junio. Esta plataforma tecnológica ha sido uno de los elementos en los que más han tenido que trabajar los expertos, dados los problemas que tuvieron los socios europeos los pasados meses para desarrollar el localizador de pasajeros.

Validez del certificado

La Comisión propuso periodos de validez comunes para las pruebas diagnósticas de 72 horas para las PCR y, para los Estados miembros que los acepten, 48 horas para las pruebas rápidas de antígenos. Mientras, el período máximo de validez del certificado de recuperación es de 180 días, aunque la Comisión podría adaptar estos principios sobre la base de nuevas pruebas científicas. Sin embargo, las autoridades comunitarias no fijaron una validez máxima para los certificados de vacunación, ya que dependerá de los datos sobre la duración de la protección de las diferentes vacunas.

Certificate validity

The Commission proposed common validity periods for diagnostic tests of 72 hours for PCR tests and 48 hours for rapid antigen tests. Meanwhile, the maximum period of validity for those recovering from the virus will be 180 days, although the Commission could adapt these principles on the basis of new scientific evidence. However, EU authorities did not set a maximum validity for vaccination certificates, since it will depend on the latest data about the protection provided by the different vaccines.

Europa opina / Europe thinks

Página de la Comisión Europea sobre el certificado covid digital

European Commission’s web page on the digital covid certificate:

No discriminación

Una de las principales preocupaciones para algunos Estados miembros, la Eurocámara y asociaciones civiles era el riesgo de que el certificado marginara a quienes no hubieran sido aún vacunados. Por eso la Comisión incluyó la posibilidad de otorgarlo también a quienes pasen una prueba covid o se hayan recuperado de la enfermedad.

El reglamento también incluye algunas cláusulas para evitar discriminaciones entre los nacionales y otros ciudadanos comunitarios. Por ejemplo, cuando un Estado miembro decida levantar las restricciones de viaje para sus propios ciudadanos que sean titulares de un certificado por la primera dosis, deberá extender el mismo tratamiento a otros ciudadanos de la UE. Al mismo tiempo, si acepta las pruebas de detección rápida de antígenos, deberá aceptar también los certificados de estas pruebas expedidos por otro Estado miembro.

Nondiscrimination

One of the main concerns for some member states, the European Parliament and civil society organisations was the risk that the certificate would marginalise those who have not yet been vaccinated. That is why the Commission included the possibility of granting the certificate to those who passed a covid test or have recovered from the disease.

The regulation also includes some clauses to avoid discrimination between nationals and other EU citizens. For example, when a member state decides to lift travel restrictions for its own citizens who are holders of a certificate for the first dose, it must extend the same treatment to other EU citizens. At the same time, if a government accepts rapid antigen detection tests, they must also accept the certificates for these tests issued by another Member State.

in English

Europe approves in record time the proposal requested by tourist countries including Greece or Spain to prove vaccination, a covid test or having recovered from the disease.

On January 12, the Prime Minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis, sent a letter to the President of the European Commission and other European leaders urging them to create a European vaccination certificate.

Mitsotakis pointed out that the certificate would represent «a positive incentive» to ensure that people get vaccinated, and pressed the rest of his European colleagues to speed up the work as soon as possible, given the problems that European governments had in previous months to agree on a common locator form for travellers.

“If we rapidly reach a common understanding between Member States on a harmonized vaccination certification form and its uses, we can then push the issue forward in the relevant international fora, thus contributing to the re-establishment of mobility on a global scale, which is the foundation for re-establishing economic activity to pre-crisis levels,»Mitsotakis highlighted in his letter.

«For countries such as Greece, which are dependent on tourism, it’s imperative that this issue is resolved before the summer season,” he added.

Agreement. The proposal was quickly supported by countries dependent on tourism such as Spain, Portugal or Croatia. The rest of the capitals did not oppose it, but they recalled that there were issues that should be cleared first, such as whether those vaccinated can transmit the virus or how long the immunity lasts for those who have passed the covid-19, as pointed out by a senior diplomatic official of the group of the skeptics.

In Brussels, some also wondered whether it would be worth the effort, since it would be difficult to have the certificate in place by June, and in the end only the adult population may benefit from it , taking into account the complicated start of the European vaccination campaign. Young people, great victims of this pandemic, were once again affected by the attempt to save the summer seson they had been waiting for so long.

In spite of the existing doubts, the European Commission presented its proposal in March. Two months later, the negotiators of the Council (which brings together the member states) and the European Parliament reached an agreement on the details of the certificate, which will prove who has been vaccinated, passed the disease or a covid test.

Both institutions ratified the final document in June, ready to enter into force on 1 July.

“Our Union showed again that we work best when we work together. The EU Digital COVID Certificate Regulation was agreed between our institutions in the record time of 62 days. While we worked through the legislative process, we also built the technical backbone of the system, the EU gateway, which is live since 1 June,” said the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, on 14 June during the signing ceremony of the regulation with the Commission, the European Parliament and the Council.

”The EU Certificate will again enable citizens to enjoy this most tangible and cherished of EU rights – the right to free movement,» added von der Leyen.

With a vaccination campaign picking up speed, the imminent arrival of recovery funds and the relaxation of restrictions across Europe, the certificate represents a symbol not only of the collective effort von der Leyen spoke of to overcome the pandemic, but also of the return to normal times.

Slowly, Europe started to leave behind difficulties and hardships, including problems with the vaccination strategy, tensions with AstraZeneca or doubts about the vigor of the European recovery.

The arrival of the summer season brought optimism back to the European soil.

But before reaching a successful conclusion on the covid certificate, the European Parliament and the Council had to negotiate against the clock to bridge the differences in their positions. The main bone of contention was the risk of discrimination against those who have not yet been vaccinated, and the possibility of imposing additional restrictions to those holding the certificate, as requested by the governments.

In the end, MEPs obtained €100 million of EU funds to finance tests for those who have not been vaccinated. In addition, the Parliament succeeded in getting the member states’ commitment not to impose restrictions, such as quarantines or PCR tests, to covid certificate holders, «unless they are necessary and proportionate to safeguard public health.» The decision will be based on the epidemiological information from the European Centre for Disease Prevention and Control.

The European Parliament’s lead negotiator, Spanish MEP Juan Fernando López Aguilar, celebrated that they managed to restore the freedom of movement in the Schengen area. «EU member states are encouraged to refrain from imposing further restrictions, unless they are strictly necessary and proportionate,» he stressed last June.

The details. The EU Digital COVID certificate, the final name after various changes, will be accessible to everyone and will cover vaccination, diagnostic tests and recovery from covid-19. It will be available in all EU languages, both digital and paper, and will be secure, including a QR code with a digital signature.

It can be issued and used in all EU member states to facilitate the freedom of movement. Each government may decide whether they want to apply it to other uses in its territory, such as access to restaurants or concerts.

All EU citizens and third-country nationals who are in the EU or legally reside in the Union will be able to obtain it for free. The EU also is in talks with third countries to recognize similar certificates that they may issue based on similar parameters.

The certificate will only contain essential information, such as name, date of birth, issuer of the certificate and its unique code.

In the case of vaccination, the certificate will inform about the type of vaccine and its manufacturer, the number of doses administered and the date of vaccination. In the case of a diagnostic certificate, the document will detail the type of diagnostic test, the date and time it was made, and the result. If it is a certificate of recovery, it will report the date of the positive diagnostic test result and the period of validity.

The vaccines accepted are those approved by the European Medicines Agency, but countries will be able to accept also those that have been approved by the World Health Organization, including the Russian Sputnik V and the Chinese Sinopharm and Sinovac.

Certificates will be issued from the first dose, although the number of inoculations received must appear in the document. The European Commission proposed that those who have received a single dose of a two-dose vaccine after being previously infected with COVID-19 be considered fully vaccinated for travel purposes.

Regarding the tests, PCR tests will be accepted and Member States will be able to decide whether to recognise those for rapid antigen detection.

The certificate will be granted by issuing centers such as hospitals, diagnostic testing centers or health authorities in member states, upon request or automatically. It will work with a QR code with a digital signature, unique for each issuing center, to protect it against counterfeiting. All of them will be stored in national databases.

To securely verify certificates between different authorities across the EU without transferring personal data, the Commission activated a gateway on 1 June. This technological platform has been one of the tricky elements of the proposal, in light of the problems that European countries had over the past months to develop the passenger locator form.

«Hacia una resiliencia creativa», por María Andrés

ÁMBITO EUROPEO

MARÍA ANDRÉS

directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España

Hacia una resiliencia creativa

@MariaenEUropa

MIENTRAS EUROPA continúa gestionando en múltiples frentes las consecuencias económicas, sociales y de salud de la pandemia de coronavirus, los gobiernos nacionales y las instituciones europeas parecen haber iniciado una carrera contrarreloj para desarrollar una nueva estrategia sólida para la UE post-covid, aspirando a una renovada «resiliencia» y «autonomía estratégica» de Europa que resultarán clave para nuestra supervivencia en un mundo globalizado y cada vez más complejo.

Con escasos días de diferencia, hemos asistido a la presentación de la agenda España 2050 por el gobierno nacional y al anuncio del segundo informe anual de Prospectiva estratégica para la UE, que el vicepresidente de la Comisión, Maroš Šefčovič, presentará en julio. También el Parlamento Europeo ha contribuido al debate con toda una batería de medidas en su estrategia Hacia una Europa más resiliente. Los tres informes confluyen en sus principales ideas fuerza.

Efectivamente, los shocks y múltiples retos afrontados en los últimos años (la crisis financiera en 2008, la de inmigración en 2015, la decisión del Reino Unido de salir de la UE o la elección de Trump en EE.UU., así como la dramática irrupción de la Covid-19 en nuestras vidas) han visibilizado la importancia de anticipar las diferentes tendencias globales más allá del siguiente ciclo electoral y nos enseñan a prevenir con políticas europeas más ágiles y centradas, por un lado, en responder a las distintas vulnerabilidades estructurales de la UE y, por otro, a proteger nuestras fortalezas, consolidando lo que hoy denominamos «el modo de vida europeo»: la democracia liberal, el estado del bienestar, la libre movilidad de ciudadanos o un derecho básico a la salud y la protección social.

La primera lección es que para lograrlo en una arquitectura de gobernanza multinivel y compleja como la UE tendremos que aprender a conjugar con mayor velocidad medidas coordinadas a diferentes niveles (local, nacional, europeo o internacional). Así, la solución a algunos de los actuales retos –la gestión de la crisis sanitaria, el reforzamiento del multilateralismo con terceros países– dependerán de nuestra capacidad de forjar compromisos constructivos con terceros países a nivel global. Otros retos –la reconstrucción económica y del mercado único en la UE o el pilar social europeo– requerirán políticas domésticas efectivas dentro de la UE, tomadas en el seno de sus instituciones comunitarias. Una tercera categoría de retos -la reducción de la dependencia energética, la seguridad alimentaria o la defensa de las fronteras exteriores de Europa- comparten ambas necesidades: una legislación sólida europea y una cooperación estrecha con terceros países fuera de la UE.

La globalización de las dos últimas décadas es un proceso que no admite retorno, y si hay algo que hemos aprendido tras afrontar múltiples crisis «globales» es el efecto multiplicador que se destila de la acción común. Ni la mayor potencia mundial del siglo XX ha llegado demasiado lejos en el XXI con su America first. Por eso no podemos seguir trabajando en silos ni compartimentos estancos. Y por eso también asuntos como el de la política sanitaria o la gestión de fronteras interiores son retos de competencia legislativa nacional pero donde la UE puede (y debe) fortalecer la capacidad ejecutiva de sus Estados miembros, apoyándolos con una estrecha coordinación de sus legislaciones nacionales. A esta necesidad, precisamente, responden acciones clave estas semanas como la creación del nuevo Certificado Covid-19.

Cuando dentro de unos años echemos la vista atrás para analizar la respuesta que la UE ha dado para paliar los efectos sociales, económicos y sanitarios de la Covid-19, estoy convencida de que el nuevo Certificado Digital Covid destacará como uno de sus mayores aciertos, junto con el paquete de recuperación económica (conocido como nextgeneration.eu), la flexibilidad otorgada a los Estados para que estos pudieran endeudarse más allá del 3% durante la gestión en caliente de la pandemia, el apoyo en liquidez para pagar los ERTEs o el programa EU4Health para reforzar la distribución de medicamentos y el abastecimiento de hospitales, entre otros.

Si hay algo que esta pandemia nos ha enseñado en Europa es a apreciar plenamente dos valores intrínsecos del proyecto europeo que durante demasiado tiempo habíamos dado por sentado: el acceso universal a la salud y el derecho a la movilidad intraeuropea. El certificado digital constituye una apuesta decidida para rescatar ambos principios.

En virtud del acuerdo alcanzado en tiempo récord entre el Parlamento Europeo y el Consejo, válido desde el 1 de julio, el certificado confirmará que una persona ha sido vacunada contra la Covid-19, que cuenta con un test negativo reciente o que ha superado la enfermedad en los últimos seis meses.

Hemos aprendido a golpe de crisis que a menudo no es necesaria una transferencia formal de competencias de gobiernos nacionales a la UE, pero sí resulta imprescindible el desarrollo de una estrecha cooperación entre países europeos y la voluntad de aceptar la realidad de nuestra interdependencia cuando afrontamos retos globales: el cambio climático o la resiliencia de nuestros sistemas bancarios son otros ejemplos urgentes del siglo XXI. Para solucionar cada uno de ellos necesitaremos una UE más ágil y una capacidad de resiliencia creativa, que aporte soluciones coordinadas desde diferentes niveles y destierre los compartimentos estanco ya obsoletos en los que hemos aprendido a operar a lo largo del siglo XX.

English version

Towards creative resilience

AS EUROPE continues to grapple with the economic, social and health fallouts of the coronavirus pandemic across multiple fronts, national governments and European institutions appear to be in a race against the clock to develop a strong new strategy for Post-Covid EU, aiming for renewed ‘resilience’ and a ‘strategic autonomy’ for Europe that will be key to our survival in an increasingly complex and globalised world.

Just a few days separated the presentation of the Spain 2050 agenda by the national government and the announcement of the second annual Strategic Foresight Report that Commission Vice-President Maroš Šefčovič will present in July. The European Parliament has also engaged in the debate with a raft of measures in its Towards a More Resilient Europe strategy. The three reports have the same main thrusts.

The shocks and multiple challenges faced in recent years (the 2008 financial crisis, the migrant crisis of 2015, the UK’s decision to leave the EU and Trump’s election in the US, as well as the dramatic impact of Covid-19 on our lives) have highlighted the importance of anticipating different global trends beyond the next election cycle. Indeed they have taught us how to step up to them with European policies that are more agile and focused on responding to the EU’s various structural vulnerabilities and by protecting our strengths, consolidating what we now call ‘the European way of life’, i.e., liberal democracy, the welfare state, free mobility of citizens and a basic right to healthcare and social protection.

The first lesson is that to achieve this in a complex, multi-level governance architecture like the EU, we need to learn how to more speedily tap coordinated measures across different levels (local, national, European and international). Solving some of the current challenges, such as managing the health crisis and shoring up multilateralism with third countries, will depend on our ability to build constructive commitments with third countries globally. Other challenges, such as rebuilding the economy and the single market in the EU or the European social pillar, will require its institutions to take effective domestic policies. A third category of challenges, i.e., reducing energy dependence, food security and the defence of Europe’s external borders, share both needs: strong European legislation and close cooperation with third countries outside of the Union.

There is no walking back from the globalisation of the last two decades and if there is one thing we have learned from facing multiple “global” crises it is the domino effect deriving from common action. Not even the twentieth century’s leading global powerhouse has had much success in the twenty-first with ‘America First’. This is why we cannot continue working in silos or closed chambers. And it is why issues such as the health policy and internal border management are challenges within the national legislative remit but where the EU can (and should) boost the executive capacity of its Member States, supporting them with close coordination of their national laws. Key actions in recent weeks, such as the creation of the new Covid-19 Certificate, respond to this need.

When within a few years we look back and try to unpack the EU’s response to alleviating the social, economic and health impacts of Covid-19, I am convinced that the new Digital Covid Certificate will stand out as one of its greatest successes, along with the economic recovery package (known as nextgeneration.eu), the flexibility granted to States to borrow more tan 3% during the period of active pandemic management, the cash support to pay for furloughs and the EU4Health programme to shore up the distribution of medicines and to supply hospitals, among others.

If there is one thing this pandemic has taught us in Europe, it is to fully appreciate two intrinsic values of the European Project that we had taken for granted for too long: universal access to health and the right to intra-European mobility. The digital certificate is a firm intent to recover both principles.

Under the record-time agreement by the European Parliament and Council, valid from 1 July, the certificate will confirm that a person has been vaccinated against Covid-19, has had a recent negative test or has recovered from the disease in the past six months.

With the crisis, we learned the hard way that while a formal transfer of powers from national governments to the EU is often unnecessary, it is essential to develop close cooperation between European countries and a willingness to accept the reality of our interdependence when facing global challenges. Climate change and the resilience of our banking systems are other pressing examples from the twenty-first century. Solving them requires a more agile EU and creative resilience to provide coordinated solutions from different levels and to step out of the closed chambers we learned to operate in throughout the twentieth century that have now been rendered obsolete.

El olvido de los conflictos armados

ALDEA GLOBAL

El olvido de los conflictos armados

Justo en este momento, mientras estas líneas toman cuerpo en su mente, en este nuestro mundo hay más de medio centenar de guerras y conflictos armados de diversa índole, algunos a punto de cumplir un siglo de enconamiento. Hoy, mientras nos informamos de las noticias más recientes, casi un 40 % de la población mundial malvive o se protege como puede de las agresiones bélicas en áreas geográficas olvidadas a causa de la vorágine de la actualidad.

MELCHOR DEL VALLE

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@mechiva

Melchor del Valle

“Si quieres la paz —dicen que dijo Julio César—, prepárate para la guerra”. La frase, o el concepto, mejor, es la razón por la que los seres humanos nos armamos hasta los dientes.

Donde vive la guerra. Conviene aclarar, en principio, que hay quienes clasifican las situaciones bélicas en grandes o pequeñas guerras, conflictos, escaramuzas o enfrentamientos. Su objetivo es agrupar las distintas situaciones según el número de víctimas anuales, pero, aunque luego demos algunos datos al respecto, no parece que sea menos cruel el escenario donde hay un centenar de víctimas que donde se registran diez mil. Es por eso esta mirada inicial a la antigüedad de los conflictos, al margen de la violencia con que se desarrollen.

En lo que hoy es el territorio de Irán, se dan los dos conflictos bélicos en activo más antiguos de la humanidad y ambos tienen que ver con los diversos intentos de crear Estados árabes a principios del siglo XX. Por un lado, el que se mantiene en la provincia de Juzistán, el antiguo reino de Susa, desde 1922; y por otro, el más conocido de los kurdos, que data de 1946. Se puede recordar, en este punto, que los aproximadamente 40 millones de personas que componen esta etnia ocupan terrenos fronterizos de cuatro países que, habitualmente, vienen manteniendo distintos tipos de conflictos por razones territoriales: el citado Irán, Irak, Turquía y Siria. El más reciente de los conflictos activos, cuyo inicio fijará la historia en el 11 de abril de 2021, tiene lugar en Chad, donde el Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad inició un levantamiento en el que murió el presidente del país, Idriss Déby, en el poder desde 1990 y que había reeditado su mandato en las elecciones celebradas, precisamente, el mismo día de la rebelión.

Entre el ayer y el hoy. Si recogemos información de las distintas organizaciones que se esfuerzan por denunciar o aminorar los efectos de los conflictos armados, con Naciones Unidas como mayor referente, podemos establecer hasta 56 de ellos en todo el mundo. Como los ya citados, algunos iniciados en la primera mitad del siglo pasado; otros, tan recientes que acaban de ser noticia. Los hay que provocan diez mil víctimas o más al año y los que no llegan al centenar —una sola, ya duele, pero las cifras ayudan a entender—. Si nos fijamos solo en 2020, el total de víctimas en todos esos conflictos es de casi 114.000. Si contabilizamos las de todos los conflictos a lo largo de su penosa existencia, la cantidad supera con creces los 12 millones de personas. Y recuérdese que hablamos únicamente de esos conflictos localizados y aún activos, no de los que ya han terminado, afortunadamente, o de guerras mundiales.

De entre los que generaran más de un millar de muertes anualmente, el más antiguo es el que tiene lugar en Birmania (desde 1948), con dos frentes: el de Kachin y el de los Rohinyá. El más moderno (2020) lo encontramos en Etiopía con un doble conflicto: la intervención militar en Tigray, (interno) y el enfrentamiento con Sudán en el área fronteriza de Abu Tyour. La nada honorable “medalla de oro” en la relación antigüedad-víctimas la tiene Afganistán, cuya guerra civil está vigente desde 1978, aunque en el número de muertes anuales, más de veinte mil en 2020, también “ayuda” la guerra iniciada en 2001 tras los atentados de las Torres Gemelas en Estados Unidos. La “de plata”, quizás solo porque es menos mortífera hoy, la encontramos en Corea y su conflicto por la división en dos países, vigente también desde 1978, que arrastra un saldo superior a los cinco millones de muertos, aunque en 2020 solo hay que lamentar la pérdida de dos personas.

En apenas 21 años. Para que nadie piense que, llegados al siglo XXI, la barbarie da un respiro. Podemos contabilizar hasta 31 conflictos armados cuyo comienzo se establece a partir del año 2000. Del 2002, concretamente, es la insurgencia en el Magreb surgida después de una efímera paz tras la guerra civil argelina. Aunque hay más países implicados, los más afectados por las acciones de las milicias islamistas son Argelia, Mauritania y Marruecos, y en 2020 se llevó por delante a más de siete mil personas. La más reciente es la comentada insurgencia en Chad, que ya sobrepasa las 300 víctimas. Y los más cruentos, el conflicto de Irak (2003), que supera el millón y medio de víctimas, aunque se ha aliviado bastante en 2020 (unas 2.700 muertes), y el interno en Yemen (2015), recrudecido por la intervención de Arabia Saudí, donde un tercio de sus sesenta mil víctimas se han producido en 2020.

No hay nada nuevo, en fin. Y la muestra es lo que, entre el pacifismo y el realismo más desprovisto de emociones, dejó escrito Immanuel Kant: «El estado de paz entre hombres que viven juntos no es un estado de naturaleza, que es más bien un estado de guerra, es decir, un estado en el que, si bien las hostilidades no se han declarado, sí existe una constante amenaza de que se declaren» (Hacia la paz perpetua, 1795). Le da razón el hecho de que la mayoría de esos conflictos a los que nos venimos refiriendo sean internos y que tengan su origen en animadversión racial o étnica; o en fanatismos ideológicos, los religiosos incluidos.

Radiografía. Según datos de Naciones Unidas, en la “foto” de las guerras de hoy hay un cambio sustancial: mientras que, durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, solo el 5 % de las bajas fueron civiles, la cifra de víctimas no combatientes en la actualidad, -se incluyen aquí heridos con secuelas graves-, supera el 75 %. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dio un dato más en este sentido: detalló que el 90% de los abatidos o lesionados por armas explosivas, utilizadas en áreas pobladas en todos los conflictos del momento, eran civiles.

La frase antes citada de Kant termina con una reflexión: “El estado de paz debe, por tanto, ser instaurado…”. No añadamos nada más.

Veteranos en guerra

De los 56 conflictos armados activos, la clasificación de los 15 más antiguos no deja de ser sorprendente por el tiempo que llevan provocando víctimas, aunque algunos se encuentren en un estado como de “guerra templada”, más que “fría” (las dos Coreas). El número de víctimas es aproximado, según estimaciones de Naciones Unidas. A partir de los años 70, la mayoría de los enfrentamientos tienen su origen en África y solo uno (este de Ucrania, 2014) en Europa.

Año de inicio	Conflicto, país / países	Víctimas
1922	Separatismo árabe en Juzestán	500
1946	Separatismo kurdo en Irán	35.000
1947	Conflicto de Cachemira	45.000
1948	Conflicto en Kachin y con los Rohinyá, Birmania	210.000
1948	Conflicto israelí-palestino	50.000
1948	Conflicto en Baluchistán, Pakistán	20.500
1950	Conflicto coreano	5.000.000
1954	Insurgencia en el nordeste de India	25.000
1960	Insurgencia del sur d Tailandia	7.200
1960	Conflicto armado interno en Colombia (1)	220.000
1963	Conflicto en Papúa, Indonesia	150.000
1967	Insurgencia naxalita (maoístas), India	14.370
1969	Insurgencia en Filipinas	43.390
1969	Conflicto Moro, Filipinas	140.000
1970	Conflicto del Sahara Occidental	17.000

(1) Recrudecido con los enfrentamientos de Apure (marzo de 2021) en los que está implicada Venezuela.

Por si las dudas

Preventing war: Shaping peace. International Crisis Group (2019-2020)

Wars since 1900. The Polynational War Memorial (2018).).

Mapped – a world at war. The New Humanitarian (mapa interactivo desde 2017).

«Conflictos: lo que no se ve no existe», por Casimiro García-Abadillo

ALDEA GLOBAL

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO,

director de «El Independente»

Conflictos: lo que no se ve no existe

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@garcia_abadillo

www.elindependiente.com

¿Qué ocurre en Siria? Una guerra que dura más de diez años, que ha provocado el éxodo de cinco millones de personas; que ha involucrado a países como Turquía, Irán, Estados Unidos, Rusia, o a organizaciones terroristas como el Daesh, Al Qaeda, y que ha provocado más de 100.000 muertos, ahora vive congelada en nuestra memoria.

Bachar Al Asad ganó. Pero su victoria ha fracturado el país, que está dividido en zonas de influencia, sembrado de fronteras internas que ni siquiera figuran en los mapas; con sus principales infraestructuras destrozadas, con el miedo generalizado entre sus ciudadanos, provocado por un régimen que se ha consolidado gracias al terror y a vender externamente su militancia activa contra el estado islámico.

Pero Siria, desde hace meses, ya no ocupa espacio en los informativos de televisión. Ha desaparecido de los grandes diarios. Ha pasado al olvido.

Si eso ha ocurrido con una de las guerras más cruentas del último medio siglo, ¿qué decir de otros conflictos menores en los países africanos? Sólo el contencioso palestino israelí vuelve de vez en cuando al primer plano de la actualidad. Es la excepción que confirma la regla. Y las razones de que persista como argumento informativo son fáciles de entender.

Vivimos en la sociedad de la imagen. Lo que no se ve no existe. Eso es algo que conocen bien los regímenes totalitarios y por esa razón una de las primeras medidas que adoptan es expulsar a los periodistas que, en ocasiones jugándose la vida, tratan de ser los ojos de una sociedad que se resiste a mirar cosas desagradables y que no tienen que ver directamente con su rutina diaria.

A este afán por cubrir con un tupido velo lo que ocurre en sus zonas de influencia por parte de los regímenes que mantiene conflictos duraderos con minorías étnicas o con opositores políticos, se suma la debilidad de los medios de comunicación y la banalización de la información a la que ha contribuido la popularización de las redes sociales e internet.

En otros tiempos, los grandes periódicos tenían corresponsales y enviados especiales que cubrían desde el terreno los conflictos que se situaban en los aledaños del primer mundo. Las crónicas de esos periodistas servían para llamar la atención sobre flagrantes violaciones de derechos humanos, sobre la brutalidad de algunos gobiernos y, en base a ello, aunque siempre lentos y perezosos, los países occidentales levantaban la voz y, a veces, se lograban frenar cruentos genocidios.

Pero la crisis del periodismo ha afectado sobre todo a la cobertura siempre costosa y arriesgada de esas historias que sólo interesan a públicos minoritarios. El hambre se ha juntado con las ganas de comer. Los medios recortan costes y la búsqueda de usuarios (que no lectores) condena a la cobertura de esos conflictos a una muerte lenta.

Es más fácil, más barato y, sobre todo, mucho más rentable, lanzar contenidos sobre las aventuras y desventuras de Rocío Carrasco, por ejemplo, que mandar a un periodista, que necesariamente debe ser cualificado, a una zona alejada y peligrosa para contar qué es lo que está pasando allí.

Sólo algunas organizaciones, como Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras, encienden de vez en cuando las alarmas sobre lo que está ocurriendo en Somalia, Chad o la frontera de Irak con Turquía donde lucha por su supervivencia la minoría kurda.

Nadie se queja; nadie pone el grito en el cielo. La sociedad de la transparencia, de la exhibición, ha creado un mundo virtual en el que los conflictos son poco más que un entretenimiento, un videojuego. Si no hay imágenes, la noticia no se da o se arrincona. Y si no hay periodistas sobre el terreno es imposible que haya imágenes, a no ser las que los interesados directos las distribuyan a modo de propaganda política.

Así que ahora, en un mundo que se cree más democrático, más participativo gracias a las redes sociales, lo que ocurre es que los regímenes totalitarios tienen las manos mucho más libres que hace cincuenta años para hacer y deshacer a su antojo.

Alguien dirá que el “periodismo ciudadano” puede servir para cubrir el espacio que ya no ocupan los periodistas profesionales. Es un error. En primer lugar, porque el testigo presencial sólo tiene una visión parcial de los hechos. La imagen del estallido de un coche bomba o de un reguero de cadáveres al borde de una carretera nada tienen que ver con la cobertura informativa de un conflicto, para lo que es necesario el contexto y el contraste de la información que sólo puede aportar un periodista. Por otro lado, las imágenes transmitidas de forma anónima o con nombre supuesto son fácilmente manipulables. En los periódicos estamos ya habituados a recibir pequeños vídeos que forman parte de operaciones de propaganda y manipulación.

La tecnología, en lugar de hacer factible un mundo más global en el que los valores de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos trascendieran los límites de los países desarrollados, ha facilitado la labor de los que pretenden acallar a la disidencia y ocultar sus aberrantes prácticas. Aunque parezca contradictorio, esa es la verdad.

Algunos gobiernos, algunos líderes de opinión, viven plácidamente en la autocomplacencia, y han perdido no sólo la capacidad de autocrítica, sino la perspectiva del momento histórico que estamos viviendo.

Sólo hay que echar una ojeada a nuestro alrededor y ver el creciente potencial de los países autoritarios, en los que sólo existe la opinión del gobierno, y los opositores están condenados a la cárcel o al exilio.

En lugar de agitar las conciencias y hacer que los ciudadanos aprendan a valorar la libertad y se preocupen porque ese bien preciado se respete en otros lugares, nos estamos acostumbrando a cerrar los ojos y sólo ver lo que nos resulta placentero o nos divierte.

¿Hacia un nuevo contrato social?

ENTRE MAGNITUDES

¿Hacia un nuevo contrato social?

La necesidad de flexibilizar el encorsetado mercado laboral es una evidencia que se antoja cada vez más imperiosa. Con uno de los índices de paro juvenil más altos del mundo civilizado, esta reforma se torna, incluso, perentoria. Si, además, la medida se aborda al mismo tiempo que la procrastinada problemática que entraña la sostenibilidad del sistema de pensiones, la jugada se antoja redonda. Al menos así lo indica el Banco de España al proponer, una vez más, la implantación en nuestro país del sistema conocido como la ‘mochila austríaca’. Un modelo que implica reformular la regulación actual de la indemnización por despido pero que, de momento, sigue sin contar con el consenso necesario de los grupos políticos, los representantes sindicales ni siquiera de las organizaciones empresariales. Por consiguiente, parece que, al menos de momento, la constitución de un nuevo estatuto de los trabajadores acorde al siglo XXI tendrá que esperar a otra ocasión más propicia.

FERNANDO GEIJO

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@fergeijo

Fernando Geijo

La reforma del mercado laboral y del sistema de pensiones son, sin duda, dos de las cuestiones más peliagudas a las que desde hace décadas se enfrenta la sociedad española.

La tasa de desempleo entre los más jóvenes, cercana al 40% entre los menores de 25 años (el doble que la media de la eurozona), está teniendo graves efectos en la economía. La caída en picado de la tasa de natalidad y la dilación en la emancipación son sólo algunos de ellos, además del consabido deterioro de su capacidad de consumo. Además, esta situación estructural dejará secuelas a la larga relacionadas con la demora en la toma de decisiones de los proyectos de vida de toda una generación de españoles. Si a esto se une la imparable tendencia, coronavirus aparte, al alargamiento de la esperanza de vida de los ciudadanos, el resultado es un cóctel que, más pronto que tarde, explotará con evidentes consecuencias en la salud, entre otros, del sistema público de pensiones.

La posibilidad de repensar el futuro del mercado laboral es, por tanto, una necesidad más que evidente en España. La dualidad del actual sistema, con trabajadores indefinidos blindados en función de su antigüedad y empleados temporales expuestos a la constante precariedad derivada de los vaivenes de la cuenta de resultados, reclama la toma de medidas.

Un país, dos sistemas. En su último Informe Anual, relativo al ejercicio 2020, el Banco de España propone la implantación en España de la ‘mochila austríaca’, propuesta que ya incluyó en la reforma laboral planteada por el gobierno socialista en 2010. La diferencia es que, en esta ocasión, el Banco de España ha ido un paso más allá al cuantificar su implantación en alrededor de 9.000 millones de euros. Cantidad que sería financiada en su mayoría con cargo al esperado maná de los fondos europeos de reconstrucción.

La entidad plantea una suerte de sistema mixto con el establecimiento de un fondo de capitalización individual por empleado nutrido por los propios empresarios. A cambio, se rebajaría a alrededor de la mitad el coste por despido improcedente.

Una carga considerada actualmente elevada en el caso de los trabajadores indefinidos que cuentan con la suficiente antigüedad acumulada y que, a la postre, limita la movilidad laboral ante el temor a perder ese escudo protector que les blinda de las sucesivas crisis económicas.

El Banco de España ha puesto el dedo en la llaga a la hora de poner de relieve algunas de las principales deficiencias de nuestro mercado de trabajo, donde el grueso de los ajustes durante las recesiones recae una y otra vez sobre los colectivos de trabajadores más vulnerables. De hecho, las medidas de política fiscal adoptadas ante una crisis suelen provocar un mayor o menor deterioro de las cuentas públicas, que en el caso de España ya partían de una situación de elevada vulnerabilidad antes, incluso, de la llegada de la pandemia.

Ante este complicado panorama, la introducción de cuentas de ahorro de capitalización individual para afrontar las indemnizaciones por despido en España, es decir la adopción del modelo inspirado en la denominada ‘mochila austríaca’ podría ser una solución, aunque tiene, sin duda, sus luces y sus sombras. Prueba de ello es la falta de consenso para proceder a su implantación en los sucesivos intentos de puesta en marcha, que no han pasado del mero grado teórico y que ya fueron tumbados en el pasado, a pesar de las recomendaciones emitidas también desde la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional.

No sin mi “mochila”. La medida, como ocurrió en 2003 tras su implantación en el país que le da nombre, introduce flexibilidad y reduce la dualidad entre empleados fijos y eventuales, al tiempo que amplía la capacidad del trabajador para cambiar de empleo sin perder sus derechos laborales adquiridos.

La “mochila” acompaña al trabajador durante toda su vida laboral, al depositar la empresa un porcentaje del salario del empleado, un 1,53% bruto en el caso austríaco, en un fondo de capitalización a su nombre. Ese dinero sirve de “colchón” para, en caso de despido, indemnizar al trabajador, al tiempo que puede ser transferido a otra empresa en caso de que éste decida cambiar de compañía.

Además, en el supuesto de no llegar a utilizarse el fondo a lo largo de la vida laboral, la “mochila” sirve de complemento para la jubilación, lo que no deja de ser una plausible solución ante la problemática que se avecina en torno al futuro sostenimiento del sistema público de pensiones.

La duda que planea sobre técnicos y expertos es si es aplicable o no el modelo austríaco en España. Para ello analizan cuestiones relacionadas con aspectos como la adecuada administración de esos fondos; la cuantía del salario bruto a destinar a la mochila; el posible fraude en el sistema o; incluso, si seguirá habiendo algún tipo de indemnización por despido una vez implantado.

Lo que parece indudable es que este sistema favorecería a los trabajadores con sueldos más altos. Sin embargo, y a pesar de su elevado coste inicial de implantación, también resultaría una oportunidad histórica gracias a la inminente llegada de los fondos europeos, ya que permitiría la implantación de una cultura del ahorro de cara al retiro, desincentivaría la economía sumergida, fomentaría la movilidad laboral y, por ende, recudiría los ocasionales períodos de desempleo, entre otros aspectos.

Las nuevas generaciones pueden aferrarse en sus legítimos reclamos a la célebre proclama de mayo del 68 francés, que preconizaba en feliz aforismo ‘la imaginación al poder’. En cualquier caso, lo que a todas luces parece inaplazable, y nunca antes había sido tan acuciante, es la necesidad de afrontar un verdadero cambio de mentalidad para abordar estos desafíos.

Cuestión de números

La implantación de un sistema similar al modelo austríaco podría suponer la supresión de obstáculos a la hora de ejecutar despidos, al apostar por la capacidad del empleado y no por el coste económico que entraña su desvinculación laboral.

Sin embargo, la tasa de temporalidad en España es muy elevada, en torno al 25% del total de ocupados, lo que sitúa al país en el tercer puesto por la cola entre los miembros de la OCDE. A pesar de la reforma laboral de 2012, que redujo la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado y un máximo de 42 meses de salario, a 20 días y 12 meses de sueldo (33 días y 24 meses en caso de contrato indefinido), nuestro país tiene el mayor coste de despido de la Unión Europea, con 15,2 semanas de media, sólo superado en la Unión Europea por Grecia (15,9), y en la OCDE por México (30 semanas), Chile, Israel y Corea del Sur (43,3 semanas).

Ojo al dato

Informe anual 2020, sobre la economía española. Banco de España, Servicio de Publicaciones.

Introducción de las cuentas de ahorro individuales para la indemnización por despido en España: Una evaluación ex-ante de los efectos distributivos. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El fondo de capitalización a la austríaca: costes y beneficios de su implantación en España. Colección Estudios Económicos (junio de 2011). Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

Informe sobre ‘la mochila austríaca’, qué es y qué efectos tiene. Apuntes del Servicio de Estudios de la Confederación, Unión General de Trabajadores (UGT).

En su último Informe Anual el Banco de España propone la implantación en España de la ‘mochila austríaca’

«La ‘mochila austríaca’ nos sigue siendo ajena», por Fernando Fernández Méndez de Andés

ENTRE MAGNITUDES

FERNANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ DE ANDÉS
IE Business School

La ‘mochila austríaca’ nos sigue siendo ajena

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La vicepresidenta Calviño ha declarado que no existe consenso social para aprobar la llamada mochila austríaca. Quiere decir que los sindicatos han ejercido el derecho de veto que les ha otorgado el presidente del gobierno sobre esta y cualquier otra reforma estructural que pueda aliviar el déficit crónico de empleo de la economía española. Abandonemos pues cualquier esperanza de que el tantas veces publicitado Plan de Recuperación y Resiliencia sea algo más que un nuevo Plan E III, por mucho adjetivo moderno (léase sostenible, inclusivo, diverso) y mucha perspectiva de género que pueblen sus páginas.

La mochila austríaca es sencillamente un instrumento inteligente para limitar la dualidad del mercado de trabajo español. Esa que divide a los trabajadores por su fecha de nacimiento entre indefinidos y temporales, entre protegidos y abandonados a su suerte. Pero tiene un problema. Independiza al trabajador, le hace dueño de su destino, porque le hace propietario de un fondo de ahorro para hacer frente a la esperada volatilidad de su vida laboral. Me explico, la mochila austriaca es una cuenta de ahorro forzoso que trabajador y empresa constituirían mensualmente y de la que el trabajador podía disponer libremente en dos situaciones: si está en desempleo o en el momento de la jubilación. El dinero es suyo, sin discusión ni intervención judicial.

La mochila austríaca permitiría al trabajador reducir la incertidumbre sobre la disminución de su renta disponible asociada al despido y aliviaría los problemas de liquidez de las empresas que en momentos de recesión agravan la caída del empleo. El trabajador podría financiar un cambio voluntario de empleo, lo que es especialmente positivo en un momento en que la digitalización y la globalización están convirtiendo en obsoletos muchos hoy “buenos empleos” y en el que existe un amplio consenso en que la economía española necesita un cambio profundo en su estructura productiva. Desde el punto de vista del empresario, permitiría ajustar plantillas en función de la productividad y de la demanda esperada de las distintas cualificaciones profesionales, y no solo desde la antigüedad y el coste del despido. Se podría además acabar con la picaresca de los despidos pactados para poder cobrar la actual indemnización por despido y abaratar la factura del desempleo, contribuyendo a mejorar la salud financiera de la Seguridad Social.

La movilidad laboral es una asignatura pendiente, necesaria en la modernización de la economía española. La mochila austríaca es un conocido instrumento de política social, de eficacia probada, que permitiría aumentar la movilidad a la vez que se fomenta la contratación indefinida, se reduce la dualidad y se mejoran los incentivos a la formación interna en las empresas. Si el empresario pudiera elegir a quién despedir en caso de necesidad, en vez de verse restringido por el coste, estaría más dispuesto a invertir en la formación de los mejores. Si el trabajador sabe que es propietario de una cuenta de ahorro personal para cubrir el desempleo, le tendría menos miedo, pero también optimizaría el tiempo de permanencia en el desempleo para poder usar el remanente cuando se jubile. Los economistas sabemos por la evidencia que los parados españoles solo empiezan a buscar en serio trabajo cuando se está agotando su seguro de desempleo, pero también que la probabilidad de encontrar un trabajo disminuye drásticamente con el tiempo de permanencia en paro.

Como en toda nueva política, son muchos los detalles técnicos que habría que definir con precisión para evitar que este instrumento se convierta en inútil o en redundante. Obviamente no es este pequeño artículo el sitio para ello, pero sí quiero resaltar que no partimos de la nada. La mochila austríaca lleva más de diez años en la lista de reformas estructurales pendientes y son muchos los buenos economistas españoles, en el sector público y en el privado, que han hecho aportaciones muy interesantes y bien conocidas. El propio Banco de España habla de que una adecuada implantación podría costarnos unos 10.000 millones de euros de los que la Unión Europea podría financiar hasta 8.000 millones. No costaría más de una semana poner de acuerdo a un grupo de expertos de un amplio abanico ideológico.

Sin embargo, la mochila austríaca ni está ni se la espera. Es inaceptable para los sindicatos, y en cierto sentido también para el sindicato de empresarios, porque reduce drásticamente su poder de negociación. Ellos se benefician de la incertidumbre en los costes del despido. Por la misma razón que se oponen a los convenios de empresa y defienden la ultraactividad de los convenios. Porque necesitan un mercado de trabajo intervenido, donde las leyes les otorguen un poder institucional que no tienen y que la nueva economía solo puede erosionar aún más. ¿Y el gobierno, por qué no aprovecha esta oportunidad para corregir un problema estructural del mercado de trabajo español? Permítanme que les deje con esta pregunta y que añada una más política: ¿qué se puede esperar de un gobierno que abjura de la meritocracia porque no garantiza la inclusión y la diversidad?

Te mereces España. El mensaje para atraer turistas

CONSUMO

"TE MERECES ESPAÑA"

El mensaje para atraer turistas

El Gobierno de España lanza una campaña para atraer turistas internacionales y reactivar el sector tras un año perdido. Con el eslogan Te mereces España, se lanza un mensaje de tranquilidad para recuperar la posición de nuestro país como destino vacacional preferente para millones de europeos.

MARIÁN LEZAUN

[email protected]

@mlezaun

El sector ha recibido la noticia con mucha expectación tras perder en un solo año el 77% de los viajeros y el 75% de sus ingresos, según datos de Exceltur, la asociación de empresas turísticas.

Suben las reservas. Si está pensando en reservar sus vacaciones no lo deje para más adelante. Los datos de vacunación, la flexibilización de las medidas anti Covid y las políticas de apoyo al sector (bonos turísticos, fondos para la digitalización y ayudas directas) han disparado las reservas al tiempo que se incrementan los precios y se reduce la oferta disponible. De hecho, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que lidera Reyes Maroto, ha destinado ocho millones de euros a relanzar este sector clave de la economía española para competir directamente con otros destinos turísticos como Grecia y Portugal que ya abrieron sus fronteras a principios de mayo.

Se trata de una campaña oficial que pretende atraer a turistas de mercados como Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, nuestros principales clientes, pero también de otros países como Polonia, Bélgica, Holanda y Suecia, que han incrementado su presencia durante los últimos años. Solo estos países representan un 65% de las visitas totales, según Turespaña. Por eso la campaña está dirigida a los jóvenes, a las parejas, a las familias con hijos, a los adultos sin hijos y al público sénior. Es decir, de manera personalizada a todos los segmentos en los que «España tiene una posición de liderazgo», según la ministra. La idea es volver poco a poco a los buenos datos, aunque no será fácil.

Como explica Miguel Sanz Castedo, director general de Turespaña, «conforme a los últimos datos de la ETC (European Travel Comission), más del 56% de los turistas se muestra optimista de cara al verano y está planeando irse de vacaciones ante la mejora de la situación de la pandemia en todo el mundo. Y España se mantiene en primer lugar del Top 10 de los posibles destinos». La campaña de promoción durará hasta finales de julio, momento en el que, si sigue el ritmo de vacunación, el porcentaje de la población vacunada será aún más alto y España estará en torno a 25 millones de personas vacunadas, siendo en agosto cuando se podrá llegar a esa inmunidad de grupo del 70% de la población adulta, es decir, hasta 33 millones de españoles. «Todo ello contribuirá a crear un contexto de seguridad sanitaria que ayudará a viajar a España sin preocupación», asegura Sanz. «De esta manera Te mereces España apela, no a los productos concretos, sino a los sentimientos. Quiere activar el deseo de viajar este mismo verano a España, como el mejor remedio a las restricciones de la pandemia, identificando experiencia de viaje con estados emocionales positivos que no hemos disfrutado durante este tiempo», asegura Sanz. Además, desde Turespaña señalan que se trata de fortalecer el posicionamiento de la marca España como sinónimo de vacaciones que facilita experiencias positivas.

Motivos para viajar. Sin embargo, para los expertos el mensaje debería haber tenido mucho más en cuenta las motivaciones de los viajeros. «Se ha hecho un esfuerzo en lanzar diferentes vídeos, dirigidos a todos esos segmentos, pero el mensaje sigue siendo muy genérico y, desde mi punto de vista, se centra en estereotipos, agrupando a las personas por edades y no por motivaciones», explica Eduard Baldrís, experto en comunicación de turismo y director creativo ejecutivo de la agencia de publicidad Proximity. Para Baldrís, el punto fuerte de la campaña es el propio eslogan, Te mereces España. «Se trata de una buena humanización de la realidad del momento, la realidad de las personas y lo que hoy puede ofrecerte un destino tan seguro, diverso, inmenso, experto, actual y revitalizante como España.» No obstante, habría que insistir más en que ahora mismo «es vital hacer ver y sentir que Te mereces España; no otro lugar», asegura Baldrís.

Pero España vende también seguridad y, sobre todo, una oferta muy amplia y para todos los gustos. Y es que, aunque la pandemia sigue ahí, la situación es mucho mejor que hace un año. Desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), lanzan también un mensaje de tranquilidad. «Dado el ritmo de vacunación y el número de contagios, ahora mismo no hay razones sanitarias para vetar la entrada de turistas británicos, aunque al Gobierno de Boris Johnson le conviene más que sus ciudadanos pasen las vacaciones en su país y gasten allí», explica Ramón Estalella, secretario general de Cehat. Por eso, Estalella se muestra muy prudente respecto a la recuperación del sector y el impacto de la campaña. «Sí que vamos a ver cierta recuperación del turismo nacional y del turismo extranjero de proximidad, pero los operadores especializados en destinos lejanos, como el norteamericano, el asiático o nuevos mercados, van a seguir teniendo muchas dificultades. El turismo británico tiene un gran impacto en destinos como Mallorca, Tenerife, Levante y la Costa del Sol, que aún tardarán en recuperarse.»

Pese a la necesidad de reactivar el sector, muchos de los ciudadanos se preguntan si realmente es necesario asumir estos riesgos, mientras a los españoles nos siguen poniendo trabas de entrada en varios destinos. Te mereces España convive con la campaña de comunicación iniciada en diciembre de 2020, Travel Safe, cuyo principal objetivo es generar confianza y seguridad a la hora de viajar. «Los 21 protocolos adaptados e implantados desde el principio por todos los servicios del sector turístico, benefician a los destinos españoles y a los viajeros, tanto internacionales como nacionales», responde Sanz.

Hacia la recuperación

2020 ha sido el peor año de la historia para el sector turístico. Este verano el negocio recibirá un pequeño impulso, aunque todavía queda mucho para recuperar el liderazgo anterior a la crisis. «Si todo va bien, podrían llegar a España entre 14,5 y 15,5 millones de turistas internacionales. Estos datos representan el 40% de los turistas que llegaron en el verano de 2019, el año previo a la pandemia, pero supondría el doble de los turistas que recibió España en 2020. Y esperamos acabar 2021 con al menos el 50% de las cifras de 2019. Además, estas cifras se pueden incrementar con la implantación del Certificado Covid Digital de la UE y, sobre todo, si España, como esperamos, entra en zona verde en el sistema británico, ya que hoy por hoy hay mucha demanda de británicos que quieren venir a nuestro país, y hay que tener en cuenta que el turista británico supone uno de cada cinco de los que llegan», explica Miguel Sanz, director general de Turespaña. En 2019, 18 millones de viajeros procedentes de Reino Unido visitaron España, el 21,6% del total y el 19,4% del gasto turístico realizado por extranjeros. En el escenario más optimista, las previsiones de Turespaña es que la recuperación de los ingresos por turismo a niveles de antes de la pandemia llegará en 2023 o 2024.

Mientras llegan las buenas noticias al sector, solo falta el visto bueno al certificado digital. «Lo que facilita el certificado digital es que las barreras o certificaciones que uno tiene que presentar en los aeropuertos, se cumplirán con un solo documento y que será una especie de vía rápida (fast track) para pasar la frontera de uno de los Estados miembros de la UE, pero también se va a poder viajar si uno no tiene el certificado digital y va con los requisitos de entrada de ese otro país que establece la normativa», explica Miguel Sanz Castedo, director general de Turespaña.

Para saber más

El Instituto Oficial de Promoción del Turismo en España, Turespaña, ha elaborado una guía completa para conocer todos los destinos, las mejores rutas, los eventos y todo lo que hay que saber para planificar un gran viaje. Además, en la web travelsafe.spain.info/es se pueden consultar todas las dudas referentes a cuestiones sanitarias, en función del país de origen.

Viajar seguro. Los requisitos de entrada no son los mismos para cualquier país de procedencia. Por eso, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se insiste en la necesidad de consultar los aspectos específicos para cada país. Además, desde la misma web los viajeros, tanto nacionales como extranjeros, pueden consultar las guías oficiales respecto a las medidas exigidas en hoteles, playas, restaurantes, transportes públicos o lugares de ocio, entre otros espacios.

Desde la web del Ministerio de Asuntos Exteriores se pueden consultar los requerimientos de entrada para cualquier destino al que se quiera ir de vacaciones, así como diferentes recomendaciones antes de emprender el viaje en estos tiempos de pandemia.

Criptoarte, una moda inversora que exige atención

ESFERA CULTURAL

"Criptoarte", una moda inversora que exige atención

La rentabilidad de algunas inversiones en obras artísticas inmateriales ha sido notable, pero una potencial volatilidad similar a la de las criptomonedas y la complejidad del mercado, plantean dudas de su viabilidad para no expertos.

JULIÁN DÍEZ

[email protected]

La moda de 2021 es comprar el título de propiedad de cosas inmateriales. Naturalmente, la explicación es algo más compleja, pero en líneas generales se trata de un fenómeno en el que es difícil determinar qué tiene más peso, si la similitud con un mercado de arte confuso pero muchas veces rentable o con la burbuja especulativa de las criptomonedas, de incierta evolución.

Hay quien piensa que entrar a tiempo en este fenómeno supondrá ganancias, y quien ve en él un nuevo caso de tulipomanía, término que se utiliza para las distintas inflaciones artificiales, inspirado en la locura por los tulipanes de la Holanda del siglo XVII.

Objetos no fungibles. Intentemos explicar este tipo de comercio artístico de la manera más sencilla y desapasionada posible. Los NFTs (Non-Fungible Tokens), objetos no fungibles, es decir, que no se desgastan) son títulos de propiedad de ficheros digitales que, de hecho, están disponibles y al acceso de cualquier persona. Pueden ser fotos, composiciones artísticas, columnas de periódico, tuits o literalmente cualquier cosa digitalizable, y por la que su creador haya abonado unos euros (en criptomonedas) para crear un título de propiedad con una tecnología conocida como blockchain.

Pero pese a que esas «obras» sean accesibles, sólo habrá un dueño: quien tenga el título de propiedad de blockchain, único, intransferible e inviolable debido a que la tecnología con la que se crea es descentralizada y tiene las mismas posibilidades de venirse abajo que la propia internet en su conjunto (al menos, esa es la teoría ahora mismo). Cualquiera puede ver el primer tuit de la historia, que publicó el CEO de la empresa, Jack Dorsey; pero dueño sólo hay uno, una persona anónima que pagó 2,9 millones de dólares por el derecho a serlo de manera oficial.

Para muchos, esta revolución lleva el concepto del arte ya demasiado lejos, pero la historia está repleta de momentos en los que se han operado cambios que pudieron parecer igual de chocantes en su momento. Recordemos, por ejemplo, el impacto de la fotografía, una reproducción fidedigna de la realidad de la que se podían llevar a cabo incontables copias, en contraste con todo lo asumido previamente en torno a la pintura. Los desafíos de Marcel Duchamp convirtiendo un urinario en objeto artístico, la asunción progresiva del cine, el cómic o los videojuegos como formas de arte, la comercialización de manifestaciones artísticas intangibles como el videoarte o las performance, o la venta de las litografías certificadas por los autores (copias, al fin y al cabo), como «obras de arte originales al alcance de la clase media», son algunos de los fenómenos que ha vivido el arte en el último siglo y pudieron considerarse en su momento tan disruptivos como el de los NFTs.

¿Una buena inversión? Precisamente, según los defensores de este fenómeno naciente, los NFTs vienen a dar respuesta a una cuestión abierta: ¿cómo dar valor a una obra que puede reproducirse de forma exacta e ilimitada? Si se considera que «la propiedad» es un concepto demasiado etéreo para servir de respuesta, se puede tener en cuenta otro fenómeno reciente: la revitalización del mercado de los discos de vinilo en una era en que la música está al alcance de cualquiera, gratis o por una reducida suscripción mensual. Sin embargo, en ese caso está implicada la posesión física de un objeto, la mística incluso que le puede rodear, que es justo lo que no pueden tener los NFTs.

Más allá de las cuestiones puramente artísticas, ¿son estos títulos de propiedad una buena inversión? La respuesta es difícil de dar, justo en el momento en que sus hermanas con mayor protagonismo financiero, las criptomonedas, atraviesan una fase de volatilidad, después de años en los que han multiplicado su valor, y no faltan incluso los vaticinios de derrumbamiento. Las voces que insisten en una u otra dirección son igual de abundantes en los dos sentidos. Indudablemente, habrá quien se enriquezca con el criptoarte lo mismo que habrá quien se equivoque en las compras, sin contar con que se intuye que será un mercado propicio para avispados faltos de escrúpulos ante la necesidad de conocimientos técnicos de cierto nivel (o un asesoramiento fiable) para garantizar la validez y rentabilidad de las adquisiciones.

Por el momento, lo que sí puede asegurarse es que las cantidades en juego han crecido sustancialmente en el último año. Según un departamento especializado de BNP Paribas, el sector movió 338 millones de dólares en 2020, un incremento de un 138% respecto al año anterior, y en abril de 2021 ya se había alcanzado esa cifra, que por tanto en teoría podría fácilmente triplicarse a lo largo del año. Pero sufrió un parón en seco en mayo. La venta estrella hasta el momento fue la de «Everyday’s: The First 500 Days», un collage con 500 fotos de las que lleva haciéndose diariamente desde hace más de una década el artista conocido como Beeple (Mike Winkleman), que fue vendida en Christie’s por 69 millones de dólares.

Casos de éxito. Otros casos de éxito de los últimos meses han sido la venta en Sotheby’s de obras sueltas del colectivo Pak por 16,8 millones de dólares; la reventa del corto del propio Beeple «Crossroad 1/1» (diez segundos de duración) por parte del coleccionista Pablo Rodríguez-Fraile a un comprador anónimo con una revaloración de 66.666 a 6,6 millones dólares; o las ventas de algunos memes populares de internet, como el gato pixelado sobre un arcoiris Nyan Cat por 600.000 dólares, o la de la foto conocida como «Disaster Girl» de una niña sonriendo ante su casa en llamas, que la protagonista vendió por 400.000 dólares.

«Disaster Girl», Zoe Roth, que hoy tiene 21 años, tuvo el buen criterio de aprovechar una de las ventajas del blockchain: introdujo en el contrato de venta una cláusula, que figura en el propio fichero, por la que obtendrá un porcentaje de posibles reventas futuras. Un elemento que convierte en muy atractivo este formato para los artistas, que vienen reclamando hace tiempo ser partícipes en alguna medida de esa revalorización de sus obras cuando ya no están en sus manos. La tesis es que no es justo que un artista que vendió por unos cientos de euros sus primeras obras vea cómo luego se revenden por cientos de miles o millones sin percibir ni un euro.

Algunas productoras de cine, la NBA de baloncesto (que ha creado su propio mercado virtual, Top Shots), la BBC o Samsung, además de las principales casas de subastas, se cuentan entre las grandes empresas que han manifestado su interés por estas formas de comercializar sus productos y que se han puesto a la cabeza en una revolución cuyo alcance todavía no es fácil de adivinar. Sin que pueda descartarse, tampoco, un pinchazo súbito.

Una faena taurina y los derechos de la propiedad intelectual

Entre los NTFs ((Non-Fungible Tokens) que se han vendido en los últimos tiempos con gran notoriedad mediática están algunas jugadas deportivas. El hecho seguramente será empleado en la causa que viene emprendiendo en los últimos tiempos el torero Miguel Ángel Perera, respaldado por el abogado y matador retirado Hugo de Patrocinio, para registrar como propiedad intelectual una faena que realizó en 2014 en la plaza de Badajoz. La intervención de Perera esa tarde fue grabada y se presentó en el Registro de la Propiedad Intelectual junto con un libreto descriptivo, pero su registro fue rechazado. Comenzó un largo proceso que llegó el pasado mes de febrero al Tribunal Supremo, que confirmó la imposibilidad del registro: en su sentencia, se indicaba que la faena era irreproducible por tener elementos aleatorios, además de no poder determinarse cuáles de sus componentes eran originales. El ejemplo aducido por la defensa de Perera, que las coreografías sí son admitidas, servía al tribunal para incidir en que están pautadas y pueden repetirse sin factores como el que supone, por ejemplo, el comportamiento del toro. De Patrocinio aseguró en varias entrevistas que estaban meditando recurrir ante el Constitucional, y sin duda los elementos aleatorios presentes en un partido de baloncesto pueden ser usados como argumento. Eso sí, tendrán que considerar una cosa: quien ha vendido el NFTs de un tapón de Lebron James ha sido la NBA, la entidad en sí, no el jugador ni los cámaras que tomaron la imagen.

Otras fuentes

Uno de los aspectos polémicos del blockchain es el coste energético para su mantenimiento, que se explica en este reportaje.

El reportaje de la agencia Reuters sobre el fenómeno del vídeo de Beeple, revendido por 6,6 millones de dólares, comienza con el propio vídeo, de diez segundos.

El BBVA publicó recientemente un análisis del fenómeno original de la tulipomanía.

Un artículo muy crítico sobre todo el fenómeno, tras un par de meses de elevación de los precios.

Las esculturas invisibles de Salvatore Garau

Este mes de mayo, coincidiendo con todo el fenómeno del criptoarte, se anunciaba la venta de una escultura inexistente por 15.000 euros. El artista sardo Salvatore Garau sacó a subasta inicialmente su obra «Io sono» en una conocida galería milanesa por 6.000 euros, pero las pujas se elevaron. «Io sono» no es nada, en contradicción con su título. El comprador sólo recibirá el certificado de garantía del artista, con la descripción de la obra: «Escultura inmaterial para colocar en una casa particular dentro de un espacio libre de cualquier estorbo. Dimensiones variables, aproximadamente 150 x 150 centímetros». Según Garau, «en el vacío hay un contenedor de posibilidades positivas y negativas que son constantemente equivalentes; en definitiva, hay una densidad de eventos». Garau ya expuso ante la Scala de Milán un «Buda en contemplación» consistente en un cerco blanco sin nada en su interior, y ha anunciado nuevos trabajos de carácter similar en vista de la resonancia de estos. Aunque Garau ha conseguido atención mediática con estas propuestas, recordemos que otras similares jalonan la historia de otras artes: desde los lienzos en blanco (como los de Robert Rauchenberg) o monocromos que abundan en la pintura contemporánea hasta la obra «Cuatro, treinta y tres» del compositor de vanguardia John Cage, consistente en ese periodo (cuatro minutos y treinta y tres segundos) de completo silencio. Dividido en tres movimientos, eso sí.

Santo Domingo de Silos entronizado, de Bartolomé Bermejo

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Santo Domingo de Silos entronizado, de Bartolomé Bermejo

La monumental figura de santo Domingo de Silos pintada por Bartolomé Bermejo es una imagen impactante, una de aquellas obras que recuerda cualquiera que visite las salas de pintura gótica del Museo del Prado.

JOAN MOLINA FIGUERAS, Jefe del Departamento de Pintura Gótica española

Nos hallamos ante un auténtico icono, frontal e hierático, recreado mediante un lenguaje absolutamente ilusionista con el que se da forma a las ricas indumentarias del santo y al trono arquitectónico que preside. El resultado es una composición original y poderosa; una nueva vuelta de tuerca en la larga tradición medieval de imágenes mayestáticas de santos y autoridades eclesiásticas.

A menudo, los procesos de creación de grandes obras fueron difíciles. Este fue el caso de la tabla que nos ocupa, cuyos complejos entresijos conocemos gracias a los registros notariales, una fuente de información fundamental para historia del arte.

En 1474 Bermejo firmó un contrato para realización de un retablo dedicado a santo Domingo de Silos. La lectura del documento permite constatar que el pintor siguió a rajatabla algunas de las minuciosas cláusulas establecidas por los clientes –como la representación del santo a la manera de un obispo sentado en un trono decorado con las figuras de las siete virtudes– pero que, en cambio, hizo caso omiso de otras prescripciones de orden técnico y estético –como cuando decidió no aplicar relieves y pastillajes para los dorados-. En resumen, la libertad creativa del pintor acabó imponiéndose a las disposiciones establecidas en el contrato.

Cuando aceptó el encargo Bermejo era ya un reputado pintor, pero seguramente con cierta fama de informal. De ahí que en el registro notarial se estableciera una pena de excomunión si no finalizaba el conjunto pictórico antes de finales de 1475. Los temores eran fundados: en 1477 Bermejo tan sólo había concluido la gran tabla central con la imagen del santo entronizado. Decepcionados, los clientes decidieron hacer pública la sentencia de excomunión, que comportaba ciertas restricciones laborales más que penas espirituales. Eso sí, no desistieron de su empeño en que finalizase el retablo y ese mismo año le ofrecieron un nuevo contrato, ahora junto al pintor Martín Bernat. El hecho de que se encomendase a este último la supervisión de la obra y el control de las jornadas laborales de su conocido socio, señala hasta qué punto los clientes se temían que Bermejo volviera a incumplir los pactos establecidos. Y, en realidad, no les defraudó: las otras dos tablas del retablo que han llegado hasta nuestros días fueron ejecutadas por Martín Bernat, lo que señala que, por segunda vez, Bermejo incumplió sus obligaciones contractuales. Suponemos que hartos, los clientes ya no insistieron más.

Las intrahistorias del retablo de santo Domingo de Silos que nos cuentan los registros notariales señalan hasta qué punto, incluso en la Edad Media, algunos artistas pudieron sortear las reglamentaciones jurídicas. Primero con su personal interpretación de las cláusulas contractuales a la hora de ejecutar la solemne imagen del santo y, más adelante, con su decisión de abandonar el proyecto –desconocemos si por cuestiones económicas, artísticas o puramente personales–, Bermejo pone de relieve hasta qué punto un pintor con extraordinarias cualidades, y una no menos acusada personalidad, fue capaz de imponerse a cualquier norma o convención que limitase su arte. Deo gratias.

Claves de la obra

Autor: Bartolomé Bermejo

Tamaño: 242 x 130 cm

Fecha creación: Hacia 1474

Técnica: Óleo sobre tabla

Ubicación: Sala 51ª del Museo del Prado

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