El evento, celebrado el 19 de junio, reunió a expertos, notarios y representantes del movimiento asociativo de mayores, que coincidieron en la necesidad de dotar de seguridad jurídica a estas iniciativas de apoyo a los mayores que responden a nuevos cambios sociales y demográficos.

La presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, inauguró la jornada destacando que el envejecimiento, aunque es un logro social, plantea desafíos jurídicos que requieren respuestas urgentes: “Nuestra obligación es facilitar que las personas mayores disfruten de su autonomía con seguridad”. Destacó que los notarios, en su contacto diario con la ciudadanía, son testigos de nuevas formas de convivencia que surgen en respuesta a la soledad, el desamparo o la falta de recursos, y, a través de casos reales recogidos desde notarías rurales, reivindicó el papel del Notariado como agente cercano y garante de soluciones jurídicas innovadoras.

Barrio Del Olmo señaló que el envejecimiento de la población y la transformación de la estructura familiar han roto modelos tradicionales de cuidado, y destacó que “el envejecimiento plantea retos que el derecho no puede eludir: debe facilitar que las personas mayores disfruten de la mejora en las condiciones de vida sin renunciar a su autonomía”. En este sentido defendió que, aunque “estos pactos existen ya en la realidad y no necesitan una regulación expresa para ser válidos, es conveniente contar con un marco jurídico que los impulse y proteja”. La presidenta del CGN y Fundación Notariado manifestó que, “el Notariado busca documentar pactos como una vía para solucionar la soledad no deseada y los problemas de vivienda, facilitando el deseo mayoritario de envejecer en el domicilio”.

El diagnóstico.
A continuación, intervino el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, quien subrayó la necesidad de “dar respuestas diversas a realidades diversas” en el ámbito del envejecimiento. Advirtió del peligro de aplicar soluciones únicas a un colectivo tan heterogéneo como el de las personas mayores. Reclamó también combatir el edadismo, promover un envejecimiento digno y potenciar alternativas residenciales y asistenciales que permitan envejecer en el propio hogar: “No es bueno trasplantar al olmo viejo”, citó, para enfatizar la necesidad de mantener los vínculos vitales y el entorno personal.

En su discurso, el presidente de la PMP puso el énfasis en la gran diversidad y heterogeneidad del colectivo sénior, además de advertir contra la tentación de “buscar soluciones únicas para situaciones diversas”. Asimismo, abogó por reforzar los sistemas de apoyo domiciliario y la teleasistencia universal. Finalmente, propuso el avance en el desarrollo de pactos asistenciales como figuras complementarias a las prestaciones del Estado del Bienestar, haciendo un llamamiento a notarios, servicios sociales y organizaciones de mayores para colaborar en ofrecer un asesoramiento jurídico que garantice seguridad a las personas mayores.

Por su parte, Matilde Fernández Sanz, presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, planteó tener en cuenta estudios, programas piloto y antecedentes de décadas anteriores “que podrían inspirar respuestas actuales” y recordó que “no partimos de cero” y que muchas iniciativas valiosas nacidas en los años 90 podrían servir de base para nuevas soluciones adaptadas al presente. Al mismo tiempo Fernández insistió en que la soledad afecta también a los jóvenes y apeló a incorporar una perspectiva intergeneracional.

Las propuestas.
Tras las ponencias, se dio paso a una mesa de diálogo moderada por el notario de Vilassar de Mar (Barcelona) Albert Domingo Castellá, en la que se analizaron los distintos modelos convivenciales desde una perspectiva práctica, social y fiscal.

La presidenta de la Comisión de Personas Activas de la PMP, Cristina Rodríguez-Porrero, enumeró las ventajas de los pactos de ayuda mutua: “Responden a los cambios sociales, están centrados en la persona, son flexibles, sostenibles, promueven la autonomía y humanizan el cuidado”. También destacó su impacto positivo en el entorno y su capacidad para activar zonas rurales o revitalizar barrios urbanos: “Son soluciones que favorecen la permanencia en el hogar y se complementan con recursos existentes como la teleasistencia o los centros de día”.

Alicia Calaza, notaria de A Estrada (Pontevedra), aportó su experiencia profesional: “En mi notaría rural atendemos cada día a personas mayores que buscan calidad de vida, autonomía y dignidad en la última etapa vital”. Subrayó que “el déficit de recursos y el coste de las residencias merman mucho la calidad de vida de las personas mayores” y propuso la vivienda como eje central de nuevos modelos de cuidados: “El 89% de las personas mayores de 65 años tienen una vivienda en propiedad, por lo que podemos crear alrededor de esta un sistema de acuerdos de convivencia y cuidados basado en su rentabilización”.

Por último, el inspector de Hacienda Domingo Carbajo Vasco abogó por una regulación clara que dé seguridad jurídica a estas nuevas unidades convivenciales: “El sistema tributario necesita certeza, prueba y registros. Para dar beneficios fiscales a estos pactos debe haber regulación, escritura pública y control”. Carbajo defendió que los pactos de ayuda mutua deben adaptarse a una realidad plural y cambiante, y reclamó una estrategia transversal que articule el marco jurídico, el registro administrativo y, si se aprueban, los beneficios fiscales correspondientes

La jornada Seguridad jurídica de los sénior, organizada por Fundación Notariado y 65YMÁS, en colaboración con el Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de Madrid, contó con la presencia de la presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo; del Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; del presidente de 65YMÁS, Fernando Ónega; y del director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy. En la mesa de debate, moderada por Javier García Pérez, experto en longevidad, intervinieron Ester Pérez Jerez, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública; Gonzalo Berzosa, del comité asesor de 65YMÄS y presidente de CEATE y María Isabel Louro García, notaria de Orense y patrona de la Fundación Notariado.

La presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, en la inauguración, destacó que “los notarios podemos desempeñar un papel clave para la seguridad jurídica de los mayores. Nuestro contacto diario con las personas nos permite conocer sus problemas: escuchamos, asesoramos y proponemos soluciones. Por ejemplo, los pactos asistenciales, que afectan a la convivencia de las personas y en muchos casos responden a una situación de necesidad de una de las partes. Esto puede generar situaciones de vulnerabilidad, de ahí que debamos darles seguridad jurídica y que instemos al legislador a regular esta materia, y, en todo caso, hasta que estén regulados en Derecho Civil común, consideramos que pueden pactarse en escritura pública en garantía de la seguridad jurídica e información de nuestros mayores”. 

En conversación con el presidente de 65YMÁS, Fernando Ónega, el Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, reconoció que “nuestro ordenamiento jurídico tiene que cambiar” para adaptarse al cambio demográfico. En ese sentido, afirmó que estas reformas tienen que pasar por ampliar derechos y garantizar la seguridad jurídica, así como la accesibilidad a la Justicia, y destacó la importancia de la Ley orgánica 1/2025.

Fernando Ónega, por su parte, afirmó que «en un contexto de profundo cambio demográfico, la seguridad jurídica de los sénior adquiere un papel esencial» y, en este contexto, «el colectivo notarial» desempeña una función clave, además de las propias instituciones.

Finalmente, el director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy, incidió en que la vejez no debe ser considerada como una etapa de vulnerabilidad y destacó el papel que tienen los notarios en la prevención de abusos, reivindicando “el no documento”, cuando estos se detectan.

Seguridad jurídica de los sénior.

Durante la mesa redonda, moderada por el experto en longevidad, Javier García Pérez, la notaria de Orense y Patrona de Fundación Notariado, Mª Isabel Louro García, centró su intervención en los principales desafíos que enfrenta el colectivo en materia de seguridad jurídica. Destacó la importancia del respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas y puso en valor la proximidad y accesibilidad del Notariado para hacer valer estos derechos. “Cualquier persona que se acerque a una notaría tiene que contar con la certeza de que vamos a realizar un asesoramiento individualizado”, comentó.

Por su parte, la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Ester Pérez Jerez, explicó que por tener más de 65 años no se pierden derechos y que “la seguridad jurídica de los mayores está garantizada”. La Directora General instó a hacer uso del decálogo de instrumentos jurídicos que tienen los mayores a su disposición para planificar su futuro con seguridad y abordó el papel que puede jugar la coordinación entre notarios y Justicia en la prevención de abusos al colectivo sénior. “La justicia se está centrando en la persona, con sus circunstancias, y va a ser plenamente accesible”, señaló.

Por último, Gonzalo Berzosa, miembro del Comité Asesor 65YMÁS, y presidente de la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE), pidió a las instituciones cambiar la mirada sobre la vejez como una “pérdida” o desde el punto de vista de las “carencias” o “dificultades” y reclamó prestar una “especial atención jurídica a la vida cotidiana” de los mayores.