«Sin ‘la nube’ estamos en las nubes», por Esther Esteban

LA @

ESTHER ESTEBAN,

periodista

 

"Mi queridísimo padre hizo muchísimas preguntas sobre ‘la nube’ y tenía razón con marcar distancias entre nubes"

Sin ‘la nube’ estamos en las nubes

Cuando me pidieron que escribiera este artículo acababa de morir mi padre: José Esteban Largo. Nació el 8 de diciembre de 1924 por lo que, de haber vivido unos días más, habríamos podido celebrar su centenario. Era joyero de profesión, un amante de la historia y un lector empedernido al que no se le resistía nada. Cuando cumplió los 88 años su geriatra -un reputado investigador- le pidió permiso para hacerle un test de inteligencia, que corroboró lo que intuíamos todos: que era superdotado. Hasta un día antes de morir utilizó todas las herramientas que le permitía su teléfono de última generación. Navegaba en internet, manejaba hábilmente la banca electrónica, consultaba a Google sus dudas, y nos enviaba fotos a través de WhatsApp cada dos por tres. Aprendió gracias a las lecciones que, en un par de tardes, le dieron mi hermano José Luis -ingeniero de Telecomunicaciones- y sus tres nietos: Ignacio, Itziar y Eva, a quienes consultaba los pasos que tenía que seguir.

Un día se preocupó mucho porque se le estropeó su móvil -que era su contacto con el mundo dada su reducida movilidad- y pensó que había perdido los álbumes de fotos que él fue archivando en el dispositivo con una paciencia infinita. Mi hija Itziar le tranquilizó: “Abuelo no te preocupes, todo lo tienes en la nube”. “¿La nube?, ¿qué es eso de la nube?”, respondió de inmediato. Cuando mi hija le explicó lo que era, él, con esa maravillosa ironía que tanto utilizaba dijo sin más: “Vamos, que esa nube es la que nos asegura que no estamos en las nubes, cuando metemos la pata”.

Mi queridísimo padre hizo muchísimas preguntas sobre la nube y tenía razón con marcar distancias entre nubes.

Ese es un término que se ha vuelto omnipresente en nuestras conversaciones diarias, pero ¿qué es realmente? Parece una especie de bálsamo de fierabrás de la vida moderna, un archivador de tamaño incalculable dentro de internet.

Es evidentemente una infraestructura donde se transmiten y almacenan datos, permitiéndonos acceder a ellos desde cualquier lugar y dispositivo con conexión a internet. Algo que, a los de mi generación y mucho más a la de mi padre, nos ha resultado complicado de entender. Hemos pasado de tener todo en archivadores, de tocar el papel hasta mancharnos las manos, de transcribirse los datos, a que, de repente, todo eso se convierta en un recuerdo casi romántico del pasado.

La famosa nube nos permite guardar nuestros archivos y acceder a ellos en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea un ordenador, una tableta o un smartphone. Esta flexibilidad ha revolucionado la manera en que trabajamos y gestionamos nuestra información. Todo está al alcance de nuestra mano, a golpe de clic.

Esta nueva realidad no es una oportunidad solo para las personas físicas, sino también para las empresas y, de hecho, nuestro país se ha convertido en un enclave ideal para ubicar las infraestructuras en las que se soporta esta nube. Este fenómeno se debe a varios factores, incluyendo la ubicación geográfica estratégica y las políticas favorables para la inversión en tecnología. Sin embargo, el consumo de recursos de estas infraestructuras se está disparando, especialmente con el auge de la inteligencia artificial (IA). La IA requiere una enorme cantidad de datos y potencia de procesamiento, lo que a su vez aumenta la demanda de energía y agua.

Por eso, las empresas de energías renovables juegan un papel crucial en esta gran revolución. La creciente demanda energética ha llevado a un aumento en la inversión en fuentes de energía limpia. Empresas como Iberdrola, por ejemplo, están a la vanguardia de esta transición, desarrollando proyectos de energía solar, eólica e hidroeléctrica para satisfacer las necesidades energéticas de la nube. La integración de energías renovables no solo ayuda a reducir la huella de carbono de estas infraestructuras, sino que también promueve la sostenibilidad a largo plazo y la independencia energética. Además, la colaboración entre las empresas tecnológicas y las de energías renovables está impulsando la innovación y creando nuevas oportunidades de empleo en ambos sectores, aunque parezca todo lo contrario.

La nube permite a las empresas escalar sus operaciones de manera eficiente. En lugar de invertir en hardware y software adicionales, las empresas pueden simplemente aumentar su capacidad en ella según sea necesario. Esto no solo reduce los costos, sino que también permite una mayor agilidad y capacidad de respuesta a las demandas de un mercado que es cada vez más volátil.

Pero, ¿que esté todo en un lugar cuasi imaginario, sin barreras, pone en jaque nuestra seguridad? Aunque puede parecer contradictorio, almacenar datos en la nube puede ser más seguro que mantenerlos en servidores locales. Los proveedores de sus servicios invierten significativamente en medidas de seguridad avanzadas, incluyendo cifrado de datos, autenticación multifactor y monitoreo continuo. Esto ayuda a proteger los datos contra amenazas cibernéticas y garantiza la integridad y confidencialidad de la información.

Esta seguridad de la que hablamos está estrechamente relacionada con la privacidad y la conformidad con las regulaciones. Las empresas deben asegurarse de que sus datos en la nube cumplan con las leyes y normativas aplicables, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa. Esto implica implementar políticas y procedimientos adecuados para la gestión de datos, así como trabajar con proveedores de servicios que cumplan con los estándares de seguridad y privacidad.

Sin embargo, su adopción también plantea desafíos. Uno de los principales es la dependencia de la conectividad a internet. Sin una conexión estable y rápida, el acceso a los datos y aplicaciones en la nube puede verse comprometido. Además, la migración a la nube puede ser un proceso complejo y costoso, especialmente para las empresas con infraestructuras heredadas y grandes volúmenes de datos.

Para la generación nacida en los años 50 o 60, adaptarse a esta nueva realidad puede ser un reto significativo. Muchos de nosotros crecimos en una época en la que la tecnología digital no era omnipresente, y la transición a un mundo donde la nube domina puede ser abrumadora. La necesidad de aprender nuevas habilidades y adaptarnos a herramientas digitales puede generar ansiedad y resistencia. Sin embargo, con el apoyo adecuado y la formación continua, nuestra generación puede superar estos desafíos y aprovechar las ventajas que ofrece. Si mi padre centenario descubrió en las nuevas tecnologías digitales una forma de conocer y entender el mundo exterior y estar conectado incluso con sus biznietos Adriana y Bosco de siete y cinco años… ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros?

La nube es una tecnología transformadora que ha llegado para quedarse y ha cambiado la manera en que almacenamos, accedemos y gestionamos nuestros datos. Nos ofrece una serie de beneficios, incluyendo flexibilidad, escalabilidad y seguridad, pero también plantea desafíos que deben ser abordados. A medida que su adopción continúa creciendo, es esencial que las empresas y los usuarios comprendamos tanto sus ventajas como sus limitaciones, y tomemos las medidas necesarias para maximizar su valor y minimizar los riesgos. En resumen: ¡Debemos ”usar la nube para no estar en las nubes”, que diría Don José! ¡Qué ejemplo para todos y qué gran legado nos ha dejado! DEP ese maravilloso hombre: José Esteban Largo, mi padre, que ahora nos protege desde nubes más altas y hermosas.

"Para la generación nacida en los años 50 o 60, adaptarse a esta nueva realidad puede ser un reto significativo"

Servicio notarial digital y presencial

LA @

SERVICIO NOTARIAL DIGITAL Y PRESENCIAL

En noviembre de 2024 se cumplió un año de la entrada en vigor de la Ley 11/2023, que permitió la digitalización de diversas actuaciones notariales. Desde el mismo día de su aprobación, los 2.721 notarios prestan servicios online a los ciudadanos y empresas que lo requieren en la Sede Electrónica Notarial, entrando por el portalnotarial.es, que ya cuenta con más de 477.000 usuarios.

REDACCIÓN

Hace un año la ley permitió al Notariado crear el protocolo notarial electrónico, gracias al que pueden generarse copias electrónicas autorizadas de las escrituras públicas para ciudadanos y empresas, de forma que estos pueden presentarlas en los organismos pertinentes e intercambiárselas sin necesidad de desplazamientos, con el consiguiente ahorro en tiempo. El protocolo notarial electrónico permite generar copias con Código Seguro de Verificación (CSV) cuya comprobación tiene lugar en la Sede Electrónica Notarial.

 


MARÍA TERESA BAREA: “LA ESENCIA DE NUESTRA FUNCIÓN, QUE ES PROPORCIONAR SEGURIDAD JURÍDICA, SIGUE SIENDO LA MISMA”


 

Durante el primer año de vigencia de la nueva ley, los notarios autorizaron 6.916.845 protocolos electrónicos notariales y generaron 7.814.840 copias electrónicas para Administraciones, empresas y ciudadanos, contribuyendo a agilizar el tráfico jurídico y económico del país.

Estos protocolos electrónicos están depositados, de forma encriptada, en el Consejo General del Notariado, y solo puede acceder a ellos el notario titular de cada uno, al igual que ocurre con los protocolos en papel, que siguen estando en las notarías.

Autorizaciones online

Esta ley también permitió a los notarios la autorización online de todos los actos societarios, de las pólizas mercantiles y de algunos poderes especiales; de los requerimientos iniciales de ciertas actas; de las declaraciones de obra nueva sin extinción de condominio ni adjudicación de propiedad; y de la división de la propiedad horizontal, así como la legitimación de firmas, entre otros.

Este gran paso para el Notariado, que la ley avaló hace un año, vino a ser el broche de una andadura que comenzó hace veinte años y que, sin duda, continuará en el futuro. Como explica la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea: “En 2005 comenzamos a generalizar la utilización de tarjetas de firma electrónica y se lanzó el Índice Único Informatizado Notarial, una gran base de datos que se elabora con información extraída de los documentos notariales, convenientemente anonimizada”.

Barea explica que las notarías están totalmente digitalizadas. “Por la mañana, el notario, al tiempo que llega a la notaría y coge el bolígrafo, está cogiendo la tarjeta de firma electrónica; nos comunicamos con las Administraciones por vías electrónicas completamente seguras y también podemos hacerlo con ciudadanos y empresas, pero la esencia de nuestra función, que es proporcionar seguridad jurídica, sigue siendo la misma tanto de manera presencial como digital”.

APUESTA TECNOLÓGICA DEL NOTARIADO

Hablamos con la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea, que, como notaria, ha vivido la entrada en vigor de la Ley 11/23; y con Carles Llach, director de Negocio del Centro Tecnológico del Notariado, cuyos profesionales han desarrollado los mecanismos para su implementación digital.

TERESA BAREA,

notaria y portavoz del Consejo General del Notariado.

“La Ley 11/23 supuso un cambio en la forma de funcionar en las notarías”

 

¿Cuál es el balance tras un año de la entrada en vigor de la Ley 11/23?

Podemos sentirnos satisfechos. Esta ley era todo un reto; suponía un cambio en la forma de funcionar en las notarías por la necesidad de generar el protocolo electrónico, las matrices en su soporte electrónico y tener que subirlas a un depósito encriptado con todos los mecanismos de seguridad. Eso era un desafío para nuestra forma habitual de trabajar, pero, por grande que fuera, lo superamos desde el día uno de la entrada en vigor de la ley.

¿Ha reducido la digitalización el número de notarías?

No, todos los notarios de España seguimos a disposición de los ciudadanos en las mismas oficinas que existían antes, distribuidas por todo el territorio español. Cualquier ciudadano tiene cerca siempre a un notario, a una distancia y tiempo razonable. La digitalización simplemente nos ofrece un camino más, pero no sustituye a la vía presencial que siempre queda abierta para el que la prefiera.

¿En qué se diferencia una notaría de hoy de la de hace veinte años?

Lo que ha cambiado tiene que ver más con el elenco de medios materiales que con la esencia de nuestra función, que sigue siendo la misma: la cercanía con la persona, el asesoramiento y control de legalidad, cómo verificamos que todo es seguro acorde con la ley y que no va a generar problemas. Seguimos desplazándonos cuando una persona lo necesita y dando seguridad a los negocios jurídicos. No ha cambiado la confianza del ciudadano en el notario, ni nuestra función antilitigiosa; tampoco nuestra labor como cooperadores necesarios de las Administraciones para luchar contra el blanqueo de capitales.

CARLES LLACH,

director de Negocio del Centro Tecnológico del Notariado.

“Estamos mejorando la experiencia del usuario en el Portal Notarial del Ciudadano”

 

¿Cuál es el servicio notarial online más solicitado por los usuarios del Portal Notarial del Ciudadano (PNC)?

Cabe destacar la buena acogida de los servicios notariales que se prestan online a través de videoconferencia, gracias a las facilidades que esta ofrece a ciudadanos y empresas. Los más solicitados, en este sentido, son las cartas de pago y cancelación de garantías, los poderes para actos societarios, las pólizas mercantiles, el otorgamiento de otros actos societarios (legitimación de firmas, conciliaciones) y las actas de manifestaciones.

¿Qué otra ventaja para el ciudadano destacaría del Portal?

Es la puerta de entrada a la Sede Electrónica Notarial y, por ello, otra de las ventajas que ofrece la continua digitalización del Notariado es que el ciudadano puede saber las escrituras públicas que ha otorgado en los últimos veinte años y qué notarios las custodian. Es decir: puede saber ante qué notarios realizó determinados actos o contratos y si le interesa pedirles copias de los documentos públicos donde se recogieron.

¿Se ha llevado a cabo algún otro avance tecnológico en el Notariado durante el año 2024?

Desde el CTNotariado tenemos en desarrollo nuevos proyectos para ayudar a la corporación notarial a ofrecer un mejor servicio al ciudadano. Actualmente estamos aplicando unos cambios en el PNC que permiten optimizar la experiencia de usuario: un proceso de registro más ágil, un buscador de notarios y servicios más visible y una resolución mejorada para dispositivos móviles.
Otro importante proyecto que ha visto la luz a finales de 2024 y que se irá consolidando paulatinamente es el Portal Notarial de la Banca, que permite ofrecer en un solo espacio todos los servicios notariales a las entidades financieras.

 

Entrevista a María Ester Pérez, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública

EN ESTE PAÍS

MARÍA ESTER PÉREZ,

DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA

“El Notariado español es uno de los más avanzados en el mundo y un referente de calidad y seguridad fuera de nuestras fronteras”

FÁTIMA PÉREZ DORCA
María Ester Pérez Jerez es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid. Ingresó en la carrera fiscal en 1991 y desde entonces ha ocupado cargos como el de fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Palencia y de la de Valladolid; ha sido inspectora de la Fiscalía General del Estado y delegada de delincuencia informática y de delitos de odio. En diciembre de 2023 fue nombrada directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

¿Qué supuso para usted el nombramiento, en 2023, como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública?

Es un reto muy importante y enriquecedor, tanto a nivel personal como profesional.

¿Qué le ha aportado su experiencia anterior para su desempeño?

En cuando a mi trayectoria profesional como fiscal, durante todos estos años previos me ha proporcionado una visión transversal de algunos de los asuntos que se coordinan desde la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. No obstante, al tener que tratar en el día a día asuntos muy concretos y que requieren de una gran especialización jurídica, sobre todo en lo referente a la actividad notarial y registral, con competencias muy alejadas de mi profesión, la ayuda y el asesoramiento que me han ofrecido todo este tiempo los letrados adscritos, los comisionados y colaboradores con la Dirección General y todas las personas de las subdirecciones generales, han sido claves y a todos ellos quiero manifestar mi agradecimiento.

 


“LA POSIBILIDAD DE PODER CONSTITUIR SOCIEDADES LIMITADAS, ANTE NOTARIO, DE FORMA ‘ONLINE’ PROPORCIONA COMODIDAD SIN QUE SE RESIENTA LA SEGURIDAD”


 

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de la que usted se ocupa, es el centro directivo del que depende el Notariado. ¿Cuáles son sus objetivos?

El servicio notarial es un servicio público de interés general; es esencial para los ciudadanos. Los notarios y las notarias son conscientes de la importancia de su función y la ejercen con responsabilidad y compromiso, adaptándose a los cambios sociales, económicos, culturales. Vivimos en España momentos de una auténtica transformación digital en todos los procedimientos; tiempos de avances en cooperación jurídica internacional; de cambios en el modo de la resolución de las controversias, buscando el consenso. La Administración se encuentra en una situación generalizada de envejecimiento de los servidores públicos; la realidad es compleja y nos exige formación continua, entre otros desafíos. Los notarios y las notarias, me consta y tengo una confianza absoluta en ello, darán respuesta adecuada a estos desafíos que tenemos que establecer como objetivos.

 


“SIN LA SEGURIDAD JURÍDICA QUE APORTAN
LOS NOTARIOS SE PARALIZARÍAN LAS RELACIONES JURÍDICAS QUE REQUIEREN CERTEZA Y SE VERÍA PERJUDICADO EL DESARROLLO ECONÓMICO Y FINANCIERO”


 

En diciembre se cumple un año de su nombramiento. ¿Qué destacaría de este primer ejercicio?

En primer lugar y por encima de todo, destaco la generosidad, profesionalidad y compromiso de las personas que trabajan en la Dirección General, en todos los ámbitos. Personas de las que tuve un afectuoso recibimiento y que me siguen acompañando cada día.

En el aspecto profesional subrayaría la continuidad del trabajo realizado desde la Dirección General. Por supuesto, también la entrada en vigor de la Ley 11/2023 el 9 de noviembre de 2023, un mes antes de mi nombramiento, que supuso un hito en la transformación digital en España. Además, en 2025 habremos culminado la implantación del nuevo modelo del Registro Civil, que también está extendido a los Registros Civiles Consulares y se llevará a efecto en el Registro Civil Central. Con respecto al Registro Central de Titularidades Reales, ha sido gratificante comprobar como durante el año 2024 culminaba su desarrollo, se completaba la información y se conectaba electrónicamente con Europa.

 


“EN CUANTO A LA DISCAPACIDAD, TENEMOS QUE
SEGUIR AVANZANDO PARA CONSEGUIR ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN TODOS LOS ÁMBITOS”


 

Esta entrevista coincide también con otro aniversario, el de la entrada en vigor de la ley 11/2023 de transposición de directivas de la Unión Europea que incluye la digitalización de actuaciones notariales. ¿Cuáles considera han sido los mayores beneficios de la nueva regulación para los ciudadanos y empresas?

En primer lugar, quiero manifestar mi reconocimiento a los notarios, notarias y a los empleados de las notarías. El 9 de noviembre de 2023, tan solo seis meses después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la ley, estaban completamente preparados para seguir desempeñando sus funciones, las mismas de siempre, adaptados a las previsiones legales. Durante este año, la digitalización de la actividad notarial ha facilitado el acceso a la información y ha agilizado la circulación del documento notarial. La posibilidad de otorgar mediante videoconferencia ciertos instrumentos públicos es de indudable utilidad para las personas evitando desplazamientos. También es reseñable la posibilidad de comparecencia electrónica. Y, para las empresas, la opción de poder constituir sociedades limitadas, ante notario, de forma online, proporciona comodidad sin que se resienta la seguridad.

¿Cómo valoraría su aplicación?

La Ley 11/2023 ha revolucionado la manera en que los notarios prestan sus servicios, convirtiendo la digitalización en un pilar clave para la modernización del sector y mejorando la accesibilidad de los ciudadanos a trámites notariales esenciales. Con un futuro prometedor, la legislación sigue evolucionando, y su impacto seguirá creciendo en los próximos años.

¿Y el trabajo realizado por los notarios y sus órganos de representación para cumplir con el proceso de digitalización?

La implicación del Consejo General del Notariado, de las notarias y de los notarios y de las personas que trabajan en las notarías ha sido inmejorable. Durante todo este año han realizado un esfuerzo para adaptarse a unas nuevas formas de realizar su función. Han invertido tiempo, esfuerzo y recursos. La percepción es que se han adaptado de manera rápida a los cambios e innovaciones que se han ido realizando.

En 2021 entró en vigor la Ley 8/2021 que reconoce la capacidad jurídica de todos los ciudadanos, tengan o no una discapacidad. ¿Quedan pasos por dar?

Esta normativa significó un gran avance, reconociendo a las personas su derecho a decidir contando con los apoyos precisos para ellos. No obstante, tenemos que seguir avanzando para conseguir accesibilidad universal en todos los ámbitos: en el tecnológico, financiero, educativo, profesional, arquitectónico…

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes viene implementando medidas legislativas y soluciones tecnológicas que permitan reducir o eliminar las dificultades presentes en nuestra sociedad que, o bien impiden o bien limitan, el acceso a la justicia para toda la ciudadanía.

¿Cómo valora el impacto de la función notarial en la sociedad?

La profesión notarial, con carácter general, suele ser conocida por su vinculación con la fe pública.

Sin embargo, la labor es más amplia, es útil, necesaria y beneficiosa para la sociedad española como garante de la seguridad jurídica preventiva. Sin seguridad, sin garantías, se paralizarían las relaciones jurídicas que requieren certeza, se vería perjudicado el desarrollo económico y financiero porque, sin garantías, no habría inversión ni financiación para la misma. Es, además, una profesión con un fuerte componente social, como acredita el asesoramiento que realizan a los ciudadanos y están contribuyendo a la configuración de un sistema de apoyos para las personas con discapacidad.

 


“LA LEY 11/2023 HA REVOLUCIONADO LA MANERA EN QUE LOS NOTARIOS PRESTAN SUS SERVICIOS, CONVIRTIENDO LA DIGITALIZACIÓN EN UN PILAR CLAVE”


 

Con respecto a las oposiciones libres a notarías, ¿cree que habría que modificar el sistema para que se convocaran todos los años y así evitar que la edad media de los aprobados cada vez sea más elevada?

Desde la Dirección General somos conscientes de que existe una situación de envejecimiento de la Administración Pública, que no escapa al ámbito notarial, debido al número cada vez mayor de jubilaciones. Estamos plenamente comprometidos con la necesidad de garantizar que no haya notarías vacantes, de forma que esté siempre garantizada la prestación de un servicio público de calidad.

Usted acudió, recientemente, a las Jornadas Notariales Iberoamericanas y al encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y de Lengua Portuguesa celebrados en Tenerife y organizados por el Consejo General del Notariado. ¿Qué papel juega el Notariado español a nivel mundial?

La celebración de la Conferencia de Ministros de Justicia coincidió con la celebración de las jornadas notariales de Tenerife. El objetivo principal de la Conferencia era el de seguir avanzando en el camino de la cooperación jurídica internacional, y para luchar contra delitos tan graves para los países como la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales o el fraude fiscal. Debemos considerar al Notariado español como uno de los más avanzados en el mundo, así como un referente de calidad y seguridad fuera de nuestras fronteras. Así se le reconoce.

La seguridad jurídica del alquiler

EN ESTE PAÍS

La seguridad jurídica del alquiler

España advierte que el déficit habitacional podría alcanzar niveles insostenibles.
CARLOS CAPA
La falta de viviendas es un problema social de primera magnitud que afecta de manera singular a los sectores más vulnerables de la sociedad, que tienen graves dificultades para acceder a una vivienda digna y adecuada, como la que establece el artículo 47 de la Constitución Española. Esta situación está generando tensiones en el mercado del alquiler.

Los inquilinos se enfrentan a precios que han crecido muy por encima de los salarios en las últimas décadas, especialmente en áreas urbanas como Madrid, Barcelona, Valencia y otras grandes ciudades. En el otro lado, los propietarios se quejan de una regulación que les genera inseguridad jurídica, lo que desincentiva que pongan sus inmuebles en alquiler.

Un reciente estudio del Banco de España señala que este contexto ha creado un círculo vicioso. Los propietarios son más reacios a alquilar, lo que reduce la oferta disponible y, en consecuencia, aumenta la presión sobre los precios.

 


RESOLVER EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA NO ES TAREA EXCLUSIVA DE UN ACTOR. ES NECESARIO UN ENFOQUE COLABORATIVO


 

La seguridad jurídica, entendida como un marco legal claro, estable y predecible que proteja los derechos de los propietarios sin menoscabar los de los inquilinos es una pieza clave. Esto incluye la garantía del cobro de rentas, la facilidad para recuperar la vivienda en caso de incumplimiento del contrato, y la certeza de que las regulaciones no cambiarán de forma abrupta.

Presión insostenible

El informe del Banco de España (BdE) señala que la presión sobre el mercado de la vivienda no proviene únicamente de la falta de oferta, sino también del incremento constante de la demanda impulsado por factores como el crecimiento demográfico, producto en gran medida de un aumento significativo en la llegada de inmigrantes; del cambio de patrones de comportamiento social de los jóvenes, que sufren una fuerte restricción de acceso al crédito hipotecario; o del creciente atractivo turístico de España, que hace que la inversión extranjera ponga sus ojos en el parque inmobiliario.

El regulador advierte que, de no tomarse medidas inmediatas para aumentar la oferta y garantizar un mercado más equilibrado, el déficit habitacional podría alcanzar niveles insostenibles. La previsión de 500.000 unidades de déficit hasta 2025 es un claro indicativo de la necesidad de políticas que incentiven tanto la construcción de nueva vivienda como la movilización de inmuebles vacíos.

Así, el Banco de España subraya que esta falta de seguridad jurídica ha tenido un impacto directo en la reducción de la oferta de vivienda en alquiler. Muchos propietarios optan por mantener sus inmuebles vacíos o venderlos en lugar de arriesgarse a enfrentarse a procedimientos largos y costosos para resolver conflictos con los inquilinos.

En este sentido, la aprobación del Real Decreto-Ley 1/2024, de 14 de mayo, que prorroga cuatro años adicionales las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables, ha provocado profunda inquietud entre los arrendadores. La medida destinada a proteger a inquilinos en difíciles circunstancias ha tenido, como efecto perverso, desincentivar a los propietarios a la hora de alquilar sus viviendas, por miedo a enfrentarse a largos procesos legales en caso de tener que recuperar la posesión del inmueble.

 


LA CREACIÓN DE UN MERCADO DEL ALQUILER DINÁMICO Y SOSTENIBLE REQUIERE UNA VISIÓN A LARGO PLAZO Y UN COMPROMISO FIRME DE TODAS LAS PARTES INTERESADAS


 

Lograr el equilibro

El BdE sugiere que es posible encontrar un equilibrio entre la protección de los inquilinos y los derechos de los propietarios, de manera que se logre un mercado de alquiler más dinámico y accesible. Para ello, propone revisar las normativas vigentes, simplificar los procedimientos legales y, al mismo tiempo, asegurar mecanismos de protección adecuados para las partes involucradas.

En los últimos meses se han dado algunos pasos legislativos en la dirección de proteger al arrendador. En concreto, el Congreso está a punto de aprobar la llamada Ley Antiokupas (técnicamente una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) que convertirá en express el actual procedimiento de desalojo de ocupaciones ilegales. Este cambio consiste en añadir los delitos de allanamiento de morada (art. 202 CP) y usurpación de morada (Art.245 CP) a la LECrim, para que pasen a ser juzgados mediante un procedimiento abreviado. Es decir, los juicios que antes se extendían durante meses ahora se resolverán en un plazo máximo de 15 días y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán actuar con mucha mayor agilidad cuando se produzca uno de estos casos.

Resolver el problema de la vivienda en España no es tarea exclusiva de un actor. Es necesario un enfoque colaborativo que involucre al sector público, los propietarios, los inquilinos y las empresas privadas. El Banco de España ha señalado que garantizar la seguridad jurídica para los arrendadores es un primer paso esencial, pero no suficiente por sí solo. La creación de un mercado del alquiler dinámico y sostenible requiere una visión a largo plazo y un compromiso firme de todas las partes interesadas.

El Banco de España resalta que, para que haya más viviendas en alquiler, es crucial que los propietarios perciban una estabilidad jurídica que les garantice recuperar sus inmuebles en casos de impago o mal uso de las mismas. Esta certeza legal es, según el BdE, un elemento esencial para dinamizar este mercado y evitar la especulación que surge en contextos de oferta limitada.

El informe del Banco de España pone de relieve una realidad innegable: la falta de seguridad jurídica para los arrendadores es uno de los factores clave detrás del desequilibrio del mercado de alquiler en España. La combinación de una demanda creciente y una oferta insuficiente ha llevado a un aumento descontrolado de los precios y un déficit habitacional que, de no abordarse, alcanzará proporciones críticas en los próximos y no muchos, años y por lo tanto garantizar la seguridad jurídica para los arrendadores no sólo es una medida justa, sino también una estrategia necesaria para fomentar un mercado más accesible y dinámico.

 


EL BANCO DE ESPAÑA RESALTA QUE PARA QUE HAYA MÁS VIVIENDAS EN ALQUILER ES CRUCIAL QUE LOS PROPIETARIOS PERCIBAN UNA ESTABILIDAD JURÍDICA


 

En este sentido, debería estudiarse establecer medidas que ofrezcan garantías económicas a los propietarios en caso de incumplimientos contractuales; garantizar que los contratos de arrendamiento sean claros y estén protegidos por la ley; o la creación de un registro único de arrendamientos para aumentar la transparencia y proporcionar una base de datos accesible que ayude a resolver conflictos de manera más rápida y eficiente.

Proteger los derechos de los arrendadores no solo beneficiaría a los propietarios, sino que también contribuiría a estabilizar el mercado del alquiler en España, creando un entorno más seguro y atractivo para ambas partes.

Es, sin duda, este un asunto tan urgente, como complejo.

Reforma legal
El Banco de España es diáfano en señalar a los poderes públicos que es necesario reformar el marco regulatorio para crear un entorno que incentive a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler, sin perder de vista la protección a los inquilinos. Este equilibrio se puede lograr mediante un diálogo abierto entre autoridades, propietarios e inquilinos, que permita diseñar políticas que atiendan las necesidades de todos los actores del mercado.
Es necesario un marco regulatorio para crear un entorno que incentive a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler.
Mirando a los vecinos
Países como Alemania y los Países Bajos han implementado con éxito modelos que combinan incentivos fiscales, regulación equilibrada y colaboración público-privada para garantizar el acceso a la vivienda sin comprometer la seguridad jurídica de los propietarios.
PARA SABER MÁS
Informe del Banco de España sobre el mercado del alquiler en España
Texto de la Ley por el Derecho a la Vivienda 12/2023
Reportaje sobre la vivienda del nº 149 de Escritura Pública

«La vivienda: cuestión de Estado», por Yolanda Gómez

ALDEA GLOBAL

YOLANDA GÓMEZ,

subdirectora de Economía de ABC

"Es el momento de que PSOE y PP dejen a un lado la polarización y sus desavenencias políticas y sellen un pacto de Estado"

La vivienda: cuestión de Estado

Sin un acuerdo entre PP y PSOE, que acumulan casi todo el poder estatal y territorial, cualquier política que se aplique estará coja. Y sin la colaboración privada será imposible atender a la escasez de demanda que existe en estos momentos.

La dificultad para acceder a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles, especialmente entre los jóvenes, según muestra mes tras mes el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los políticos, poco a poco, van tomando conciencia de la importancia de este problema, pero no se ponen de acuerdo en las soluciones que, inexorablemente, tendrán que venir de un pacto entre las Administraciones, y de la colaboración público-privada. El Gobierno central, sin apenas competencias en la materia, tiene muy restringidas las posibilidades de aplicar medidas, y comunidades y ayuntamientos por sí solos, carecen de los ingentes recursos públicos necesarios para hacer frente a la escasez de vivienda.

En este escenario al menos el diagnóstico está bastante claro: estamos ante un problema de oferta y el Banco de España ha puesto cifras a la magnitud del mismo: hay un déficit de al menos medio millón de viviendas. Un déficit que tardará en cubrirse si tenemos en cuenta que solo se construyen 100.000 viviendas nuevas cada año.

Ante esta situación tanto el Gobierno central como los autonómicos y los ayuntamientos han anunciado o desplegado medidas no exentas de riesgo y cuya eficacia, señalan desde instituciones como el Banco de España o la Airef, debería medirse para evitar que se estén desperdiciando recursos públicos.

Así, por ejemplo, a raíz de la pandemia, el Gobierno ha aumentado la protección sobre los inquilinos, limitando las actualizaciones de rentas y endureciendo las condiciones de desahucio. Además, se han creado nuevos indicadores de precios del alquiler, que sirven para que las comunidades autónomas puedan fijar zonas tensionadas y limitar las subidas de los alquileres.

Estas medidas, que pueden servir para proteger a colectivos vulnerables, al extenderse en el tiempo corren el riesgo de contraer la oferta. Y, de hecho, eso es lo que está pasando. Allí donde se han aplicado límites, como en Cataluña, se ha conseguido reducir algo los precios, pero a costa de contraer la oferta, porque se están desviando viviendas hacia el alquiler turístico o el temporal, con lo que el problema no solo no se ha resuelto, sino que incluso se ha acrecentado.

El Gobierno central y algunas comunidades, como la de Madrid, también han tomado medidas de apoyo a la demanda, como los avales públicos para la compra de vivienda, o las ayudas al alquiler para jóvenes. Muchos expertos critican estas medidas porque aseguran que como no hay un problema de demanda estos recursos públicos solo servirán para incrementar los precios. Y puede que tengan razón, pero los avales facilitarán la compra a jóvenes que no tienen ahorros, pero sí un trabajo que les permita hacer frente a una hipoteca.

En lo que hay un consenso bastante generalizado es en la necesidad de aumentar el parque de alquiler social, que en España no llega ni al 2% del total, muy lejos del 7% de media en Europa. Y para alcanzarla, calculan los expertos que serían necesarias más de 1,5 millones de viviendas. En el largo plazo ayudaría que las casas que tienen protección pública la mantengan de por vida, y no desaparezca con los años como ocurre ahora. Pero eso no se puede hacer con efectos retroactivos, de modo que, a corto plazo, el problema sigue sin solucionarse.

El presidente del Gobierno ha anunciado, incluso, la creación de una empresa pública de vivienda. Debo reconocer que salvo en Sumar o Podemos, pocos expertos incluyen esta medida entre las soluciones. Aunque una empresa pública sí podría ser útil para sacar al mercado los miles de viviendas vacías que muchos propietarios no se atreven a alquilar por temor a que les destrocen la casa o a no poder echar a los inquilinos en caso de que no les paguen la renta. La Administración podría hacer de intermediaria para garantizar alquileres asequibles a los inquilinos, y rentas adecuadas a los propietarios, como sugería el Banco de España hace unas semanas.

En el listado de soluciones aparece también de manera recurrente la aprobación del proyecto de ley del suelo para agilizar los trámites para la construcción de vivienda y acabar con la actual inseguridad jurídica a la que se enfrentan los promotores obligados en numerosas ocasiones a paralizar la totalidad de las obras por cuestiones puntuales. El sector también aboga por liberalizar suelo y agilizar las licencias. Pero el PSOE no cuenta con el apoyo de sus socios habituales, y tampoco el PP ha apoyado al Gobierno en una materia que debería dejarse al margen de las trifulcas políticas.

Hay quien desconfía de las intervenciones públicas, y quienes alertan de que “si no se diseñan y ejecutan cuidadosamente, pueden distorsionar el mercado, desalentar la inversión privada y lo que es fundamental: no alcanzar los objetivos de accesibilidad y asequibilidad esperados”, como advierte el catedrático de Análisis Económico, Santiago Carbó.

Pero la situación es tan grave que es el momento de analizar todas las propuestas, de apostar por la seguridad jurídica, de aplicar incentivos para convencer a los propietarios de que saquen sus viviendas vacías al mercado del alquiler, pero fundamentalmente es el momento de que PSOE y PP, que acumulan la mayor parte del poder local, autonómico y estatal, dejen a un lado la polarización y sus desavenencias políticas y sellen un pacto de Estado con medidas moderadas, que cuenten con el sector privado y que permitan aliviar uno de los principales problemas a los que se enfrenta nuestro país. La vivienda se ha convertido en el mejor plan de pensiones de nuestros mayores y ahora es el momento de ayudar a nuestros jóvenes.

Procesos de selección más ágiles para los empleados públicos

DEBATE PARLAMENTARIO

Procesos de selección más ágiles para los empleados públicos

La ley subraya que el teletrabajo no es un derecho del personal público y está supeditado a las necesidades organizativas y del servicio.
La Administración tradicional ha ido evolucionando hacia un modelo más proactivo y cercano, pero todavía necesita reformas que respondan a las demandas ciudadanas y mejoren su eficiencia. El proyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, que se debate en el Parlamento, es la base para transformar la Administración poniendo el foco en el capital humano y en sus procedimientos internos de gestión.
ELVIRA ARROYO

Según el Eurobarómetro publicado en abril de 2023, el 45% de los ciudadanos de la Unión Europea piensa que la Administración pública de su país es compleja y lenta. Además, un 33% considera que una interacción más ágil con los ciudadanos y unos funcionarios públicos mejor capacitados mejorarían su confianza.

 


LA NUEVA LEY RESERVA AL PERSONAL INTERNO
UN MÍNIMO DEL 30% DE LAS PLAZAS EN LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO


Por otro lado, el envejecimiento de la población provocará grandes olas de jubilaciones en las Administraciones públicas en los próximos diez años, por lo que habrá que cubrir esas vacantes con trabajadores profesionales y estables.

La necesidad de abordar en España una reforma de la Administración y el empleo público es un compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (componente 11, “Modernización de las Administraciones Públicas”). El objetivo es establecer un modelo de recursos humanos basado en competencias, articular una carrera profesional que garantice la igualdad entre mujeres y hombres, evitar la rotación excesiva e implantar una gestión pública orientada a resultados.

España cuenta con un punto de partida positivo para completar este proceso, al situarse entre los países más avanzados en términos de administración digital. Otra ventaja es que las Administraciones públicas disponen de un amplio parque inmobiliario que permite una capacidad de movilización importante.

En 2015, la aprobación de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) supuso un salto importante en la concepción del empleo público en nuestro país, pero, por su carácter de norma básica, quedaba sujeto a un desarrollo posterior a través de leyes de las diversas administraciones. Ahora, el proyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado amplifica las disposiciones del texto refundido de la Ley del EBEP en lo relativo a la Administración del Estado.

Escenario cambiante

La nueva ley parte de la base de que España precisará en los próximos años una función pública con un alto nivel de profesionalidad, competencia, eficacia e innovación, además de ser inclusiva y plural. Para modernizar la Administración pública, no basta con dotarla de inversiones, sino que es preciso redefinir los procesos y procedimientos internos para lograr una mejor gestión. Igualmente, hay que dar paso a políticas de reclutamiento que aseguren el relevo intergeneracional, orientadas a la captación de talento y a la presencia de grupos infrarrepresentados.

En los procesos de selección se incorpora la agilidad como principio rector. Así, las plazas vacantes para el personal funcionario interino deberán incluirse en la oferta de empleo del ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización.

Al mismo tiempo, se irán relegando los sistemas de selección basados en la reproducción de conocimientos de forma abstracta. La provisión de puestos se vinculará a la evaluación del desempeño y a la formación como garantía de la profesionalidad de sus titulares. La ley subraya la obligatoriedad que tienen los empleados públicos de participar en procesos formativos para el perfeccionamiento de sus competencias o la adquisición de otras nuevas. El Instituto Nacional de Administración Pública será el Centro General de Aprendizaje, que marcará criterios comunes para la planificación estratégica de la política de formación en la Administración del Estado.

Dentro de los grupos de clasificación profesional se recoge como novedad el grupo B, al que se podrá acceder con un título de formación profesional superior.


LA PROVISIÓN DE PUESTOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SE VINCULARÁ A LA EVALUACIÓNI DEL DESEMPEÑO Y A LA FORMACIÓN COMO GARANTÍA DE PROFESIONALIDAD


Promoción interna

La nueva normativa consagra el fomento de la promoción interna horizontal (la que se produce dentro del mismo grupo o subgrupo de clasificación profesional) y vertical (ascenso a un subgrupo o grupo profesional superior) porque incentivar el talento interno se convierte en uno de los pilares básicos de la política de recursos humanos de la Administración pública. Con este fin, se reserva al personal interno un mínimo del 30% de las plazas en las ofertas de empleo público.

En la política retributiva, dentro de las complementarias, se introduce el complemento de carrera, que paga la progresión alcanzada en la carrera profesional; el actual complemento de productividad pasa a denominarse complemento de desempeño; y la gratificación por servicios extraordinarios se convierte en el complemento por servicios extraordinarios.

También se regula el teletrabajo, que deberá estar expresamente autorizado y ser compatible con la modalidad presencial. La ley subraya que el teletrabajo no es un derecho del personal público y está supeditado a las necesidades organizativas y del servicio. Entre otros requisitos, es condición necesaria ocupar un puesto de trabajo susceptible de ser desarrollado en teletrabajo y cuyo desempeño sea verificable mediante indicadores cuantificables fijados y evaluables periódicamente.

Las plazas vacantes para el personal funcionario interino deberán incluirse en la oferta de empleo del ejercicio en que se produce su nombramiento.
Principios de actuación del empleo público que recoge la nueva ley
  • Igualdad, mérito y capacidad. Publicidad y concurrencia en el acceso y promoción profesional.
  • Atracción, desarrollo y retención del talento.
  • Estabilidad en el empleo público, objetividad y profesionalidad. Inamovilidad del personal funcionario de carrera como garantía de la imparcialidad en la prestación del servicio.
  • Cualificación permanente del personal, promoción de su carrera y desarrollo profesional.
  • Fomento de la diversidad y la inclusión de las personas con discapacidad o de los grupos infrarrepresentados.
  • Garantía de igualdad de trato y no discriminación, en particular entre mujeres y hombres, así como de atención a las víctimas de violencia de género.
  • Transparencia en la gestión.
  • Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos.
  • Evaluación y responsabilidad en la gestión.
Los partidos opinan*

JOSÉ LUIS ACEVES GALINDO

Diputado. Portavoz de Función Pública
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados

“No existe ningún texto legislativo de ámbito estatal que desarrolle el Estatuto Básico del Empleado Público”

Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que la Ley de Función Pública es necesaria para los empleados públicos de la Administración del Estado, ya que no existe ningún texto legislativo, en el ámbito estatal, que desarrolle el Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

La ley avanza, junto con el RDL 6/2023, en los compromisos para la llegada de los fondos de recuperación europeos Next Generation y da respuesta a temas importantes pendientes.

Además, apuesta por la transformación en una doble dimensión, en el capital humano y en los procesos y procedimientos internos encargados de su gestión; basándose en los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, abordando cuestiones como la igualdad de oportunidades, la garantía del diálogo social o la formación del personal.

ENGRACIA RIVERA

Diputada Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR

 
“Es imprescindible que las empleadas públicas puedan negociar sus condiciones de trabajo”

Desde 2022, que fue firmado el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, hemos generado una serie de expectativas que se centran en varias cuestiones necesarias que necesita nuestra Administración pública para ser, verdaderamente, una Administración del siglo XXI.

La primera cuestión atañe al derecho a la negociación colectiva de las empleadas públicas, igual al derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores del ámbito privado. Es imprescindible que las empleadas públicas puedan negociar sus condiciones de trabajo, sus jornadas y horarios, el teletrabajo o las cuestiones salariales con la garantía de que la Administración (el patrón) va a cumplir los acuerdos alcanzados.

La segunda cuestión crucial es la de la democratización del acceso a la función pública. Nosotras ya hemos presentado una PL para democratizar el acceso a la carrera judicial, pero tenemos pendiente el conjunto de la Administración. Grandes retos imprescindibles para tener una Administración adecuada a los tiempos que vivimos.

* Se recogen las opiniones de los principales grupos parlamentarios que han considerado oportuno participar.

Así espera volver a Europa el Reino Unido

ÁMBITO EUROPEO

ASÍ ESPERA VOLVER A EUROPA EL REINO UNIDO

Londres desea volver al corazón de la política del Viejo Continente al menos en las áreas de seguridad, defensa y migración ilegal… y la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, la inquietante evolución de la guerra de Ucrania y la receptividad de Bruselas han acelerado los acercamientos.
GONZALO TOCA

Los puntos de inflexión del deshielo no dejan de sucederse. El primer ministro británico, Keir Starmer, asistirá a un encuentro inédito desde el Brexit con los líderes de los 27 estados comunitarios en febrero. Y su intención es cristalina: quiere que le sirva para avanzar hacia “el reseteo” de las relaciones después de que David Lammy se convirtiera, en octubre, en el primer jefe de la diplomacia británica en acudir a una reunión de ministros de Exteriores europeos.

Primeros pasos

Los movimientos no se limitan ni mucho menos a un ramillete de fotos bonitas. En otoño, Reino Unido firmó acuerdos sobre seguridad con Rumanía y Alemania. Además, Londres ha nombrado oficialmente a un negociador para reconducir unas relaciones con el Viejo Continente muy dañadas desde el mandato de Boris Johnson en Downing Street. Finalmente, Keir Starmer ya se ha reunido en París con Emmanuel Macron y en Bruselas con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.


LOS OBJETIVOS DE DOWNING STREET SON AMBICIOSOS. BUSCA, SEGÚN EL ‘FINANCIAL TIMES’, UN PACTO CON BRUSELAS QUE PIVOTE EN TORNO A LA SEGURIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL


Antes de Navidades, Francia dejó de oponerse a que las empresas extracomunitarias accedieran a los subsidios redoblados con los que la UE va a impulsar su industria de defensa y el nuevo ejecutivo británico aceptó que los aviones antisubmarinos alemanes operen desde una base escocesa para proteger el Atlántico Norte de la creciente amenaza de Rusia. David Odalric de Caixal i Mata, director del Área de Seguridad y Defensa de INISEG, recuerda además que “Alemania y Reino Unido también colaborarán en la creación de nuevos drones, tanto terrestres como aéreos, así como misiles de largo alcance”.

Los objetivos de Downing Street son ambiciosos. Busca, según el Financial Times, un pacto con Bruselas que pivote en torno a la seguridad y que abarque tanto defensa como cuestiones energéticas y migratorias. Tampoco están satisfechos con los acuerdos comerciales que se firmaron con el Brexit y creen que pueden conseguir un tratamiento más favorable para los bienes y servicios británicos ahora que las relaciones con Europa ya no son tan frías.

Sin embargo, como en cualquier negociación, los protagonistas no solo han dejado entrever las oportunidades, sino también las líneas rojas. Por ejemplo, una cosa es que Francia haya aceptado que empresas extracomunitarias (¿británicas?) accedan a subsidios de defensa de la UE y otra muy distinta que París esté dispuesta a que superen un porcentaje minoritario. Keir Starmer, por su parte, también ha insistido en que resetear las relaciones “no es lo mismo que revertir el Brexit o volver a entrar en el mercado único o en la unión aduanera”.

El libre tránsito de personas está descartado, pero los europeos podrían contar con facilidades para estudiar en tierras británicas. Y esto no es una cuestión menor, porque uno de los motores del divorcio británico de la Unión Europea fue la oleada masiva de inmigrantes de la que la población acabó responsabilizando a Bruselas.


EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS ESTÁ DESCARTADO, PERO LOS EUROPEOS PODRÍAN CONTAR CON FACILIDADES PARA ESTUDIAR EN TIERRAS BRITÁNICAS


Oleada migratoria

Es verdad que ahora todo es distinto. La migración comunitaria está en números negativos desde hace dos años y la migración ilegal extracomunitaria, que llega en pequeños botes, ha despegado. Según datos oficiales, estas llegadas por mar pasaron de menos de 2.000 en 2020 a más de 8.000 en 2021, 45.000 en 2022 y casi 30.000 en 2023. Los resultados iniciales de 2024 apuntan a cifras parecidas a las del año anterior, lo que no sería precisamente una buena noticia.

Además de la gran oleada migratoria, que difícilmente puede contener Londres sin más ayuda de los países vecinos, todo parece indicar que a Downing Street le inquietan los peligrosos avances en la guerra de Ucrania y la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, dos asuntos que han acelerado las negociaciones con la Unión Europea.

En Ucrania, advierte David Odalric de Caixal i Mata, “nos encontramos en medio de una escalada bélica marcada por las amenazas del Kremlin, la incorporación de tropas norcoreanas al teatro de operaciones en apoyo de Rusia y el lanzamiento por parte de Ucrania de misiles de largo alcance con procedencia británica (Storm Shadow) y estadounidense (ATACMS)”.

Las naciones occidentales, matiza el experto, “se habían mostrado reacias a permitir el uso de estas armas hasta ahora, por temor a que pudiera llevar a los miembros de la OTAN a un conflicto directo con Rusia… y sus temores se han visto confirmados, ya que la administración de Putin ha amenazado con escalar el conflicto con armas nucleares”.


TODO PARECE INDICAR QUE A DOWNING STREET LE INQUIETAN LOS PELIGROSOS AVANCES EN LA GUERRA DE UCRANIA Y LA VICTORIA DE DONALD TRUMP EN ESTADOS UNIDOS


La victoria de Donald Trump en las elecciones de noviembre también ha impulsado el ritmo de las negociaciones entre Londres y Bruselas. Reino Unido aumentó tras el Brexit su dependencia hacia Estados Unidos y ahora podría necesitar reequilibrar la balanza para no estar en manos de un inquilino de la Casa Blanca notoriamente imprevisible. En paralelo, Trump ha amenazado con imponer aranceles generalizados del 10 al 20% a las importaciones, algo que puede impactar sobre todo a la UE y, en menor medida, al Reino Unido.

Finalmente, como advierte la analista de Chatham House, Olivia O’Sullivan, “en materia de defensa y seguridad, el compromiso de Trump a largo plazo con la defensa colectiva a través de la OTAN está en duda, y su desdén por los países europeos que gastan porcentajes mínimos de su PIB en defensa es muy claro”. La Alianza Atlántica es el medio principal por el que los miembros del bloque comunitario y Reino Unido coordinan el despliegue internacional y conjunto de sus tropas y recursos militares.

Por todo ello, es evidente que Londres y Bruselas se necesitan, pero también lo es que eso no garantiza el éxito de las negociaciones. Mucho dependerá de la flexibilidad y estabilidad política de países europeos como Francia o Alemania; del margen de maniobra que dejen los británicos a su gobierno para renegociar algunos aspectos del Brexit; de la propia solidez del ejecutivo de Starmer en medio del fuerte desplome de su popularidad, y de que la inquietud que representan el reto de Trump y la violencia de Putin sea lo suficientemente acuciante como para que los negociadores pongan sobre la mesa una oferta que el otro no pueda permitirse el lujo de rechazar.

Europa opina
“Reino Unido siempre ha tenido una participación indispensable en la resolución de los grandes problemas europeos”, dijo el canciller alemán Olaf Scholz. Mientras tanto, Michel Barnier, primer ministro francés, ha afirmado que “la amistad franco-británica” será “valiosa para afrontar los desafíos que tenemos por delante”. Finalmente, Sandro Gozi, presidente de la delegación comunitaria en la Asamblea Parlamentaria UE-Reino Unido, cree que la victoria de Trump es “una gran oportunidad” para acercarse a la Unión Europea.
Starmer no quiere elegir entre Europa y Estados Unidos
“La idea de que debemos elegir entre nuestros aliados, que de alguna manera estamos con Estados Unidos o Europa, es simplemente errónea», dijo el primer ministro británico Keir Starmer. “La rechazo rotundamente”, aclaró, porque “el interés nacional exige que trabajemos con los dos”.
Gran Bretaña cree que puede conseguir un tratamiento más favorable para los bienes y servicios británicos ahora que las relaciones no son tan frías.
La preocupante situación del ejército británico
Según David Odalric de Caixal i Mata, director del Área de Seguridad y Defensa de INISEG, las fuerzas armadas británicas podrían pasar de 82.000 a 70.000 soldados entre 2021 y 2026. En un contexto de desplome de las vocaciones militares y grandes desafíos geopolíticos, Londres necesita, según el experto, el apoyo de la UE y, muy especialmente, de Francia, Alemania e Italia para que su ejército no pierda capacidad operativa.

«Un ‘reseteo’ estratégico en tiempos de Trump», por María Andrés Marín

ÁMBITO EUROPEO

MARÍA ANDRÉS,
directora de la oficina del Parlamento Europeo en España

“Uno de los pilares de este nuevo acuerdo para reiniciar las relaciones bilaterales debe ser la defensa común"

Un reseteo estratégico en tiempos de Trump

El triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses ha reavivado las tensiones sobre el compromiso del país con la OTAN y la seguridad europea. En sus primeros discursos, Trump ha advertido que no protegerá a los países que no cumplan con el objetivo del 2% del PIB en gasto militar -España está a la cola de toda la UE con un 1,28%-, dejando claro que reducirá la implicación americana en la Alianza. Este escenario plantea una amenaza directa a la estabilidad del continente en un momento de gran volatilidad por la invasión rusa de Ucrania. El Parlamento Europeo aprobó recientemente en Estrasburgo una dura resolución en la que exigía más apoyo militar concertado a Ucrania ante la implicación reciente de China y Corea del Norte en el conflicto y ante las pruebas rusas de nuevos misiles balísticos. El lenguaje bélico invade ya los comunicados de prensa de unas instituciones creadas para la paz hace ahora 67 años.

La Eurocámara, a diferencia del nuevo mandatario norteamericano, deja claro que “no pueden llevarse a cabo negociaciones sobre Ucrania sin Ucrania” y pide a la UE trabajar para lograr el apoyo internacional más amplio posible al país, sobre todo teniendo en cuenta la escalada reciente y el preocupante apoyo en recursos a Rusia de Irán, Bielorrusia y Corea del Norte.

Todos estos acontecimientos urgen reforzar la autonomía estratégica de la UE y su cooperación en defensa, especialmente con el Reino Unido, un aliado clave que ha quedado fuera de la estructura comunitaria tras el Brexit. Las noticias que nos llegan de Londres son positivas: el nuevo gobierno de Keir Starmer, con su enfoque proeuropeo y su voluntad de resetear las relaciones con Bruselas, ofrece una oportunidad única.

Uno de los pilares de este nuevo acuerdo para reiniciar las relaciones bilaterales debe ser la defensa común. En un mundo cada vez más inseguro, la UE y el Reino Unido tienen mucho que ganar de una asociación más estrecha.

La Unión Europea, consciente de las implicaciones de un Estados Unidos obsesionado con China y menos comprometido con nuestro continente, debe liderar el esfuerzo para fortalecer su pilar defensivo dentro de la OTAN, integrando las capacidades británicas en un marco europeo más sólido. El Reino Unido, por su parte, tiene el incentivo de consolidar su influencia en Europa a través de acuerdos que no solo refuercen su posición como socio privilegiado, sino que también le permitan mantener su relevancia en un entorno geopolítico cada vez más hostil.

La clave radica en una negociación de doble vía: por un lado, garantizar que la UE mantenga una postura unida y cohesionada en sus negociaciones en bloque con el Reino Unido. Por otro, es lógico que en políticas como la de defensa su colaboración incluya acuerdos bilaterales adicionales, como el mantenido con Francia y el reciente Acuerdo Trinity House con Alemania, que incluye la construcción de una fábrica de artillería en Reino Unido, el despliegue de aviones alemanes para proteger el Atlántico Norte y el desarrollo conjunto de misiles de largo alcance y drones.

Insisto: Aunque valiosos, estos acuerdos nunca deben contemplarse en detrimento del refuerzo de una verdadera dimensión europea de la defensa. Cierto, la UE no tiene ejército propio, pero el margen de cooperación es amplio. El Reino Unido debe participar también en proyectos estratégicos conjuntos, en iniciativas como el Instrumento para el Refuerzo de la Industria Europea de Defensa, diseñado para fomentar adquisiciones conjuntas y optimizar el gasto público en capacidades militares. Además, invertir en otras áreas estratégicas como la ciberseguridad y la conectividad espacial fortalecería la resiliencia de las infraestructuras críticas de ambos.

El liderazgo de Starmer llega en un momento oportuno. Un acuerdo estructurado con la UE permitiría finalmente al Reino Unido participar en misiones militares y civiles de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), fortaleciendo las capacidades operativas conjuntas.

Además, la cooperación podría extenderse a áreas críticas como la seguridad energética y la gestión de migraciones. Británicos y europeos ya dieron en febrero un paso significativo en esta última materia, al acordar una colaboración entre sus agencias de control de fronteras para combatir la migración irregular con un mayor intercambio de información y la coordinación operativa. Paralelamente, se están explorando mecanismos que permitan una movilidad juvenil más estructurada, facilitando que jóvenes europeos y británicos vivan y trabajen temporalmente en el otro territorio. El enfoque es delicado: busca fortalecer la seguridad y la cooperación, evitando la percepción de un regreso a la libre circulación, algo aún sensible en Reino Unido.

No hay luna de miel después de un divorcio traumático. La UE ha dejado claro que cualquier avance significativo en este reseteo de relaciones requerirá que el Reino Unido cumpla plenamente con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Comercio y Cooperación de 2020. Esto incluye la implementación de controles fronterizos y el respeto a los derechos de los ciudadanos europeos en suelo británico, cuestiones que hasta ahora han sido fuente de fricciones.

En todo caso, el regreso de Trump a la Casa Blanca deja claro que Europa ya no puede depender del paraguas de seguridad estadounidense como lo ha hecho en el pasado. Debe asumir una mayor responsabilidad por su propia defensa, y el Reino Unido, con sus capacidades militares avanzadas, su potencia nuclear y su experiencia global, es un socio natural en este esfuerzo.

En última instancia, el éxito de este reseteo dependerá de la voluntad política de ambas partes para priorizar el interés común sobre las diferencias pasadas. Y la elección de Trump podría terminar siendo el mejor catalizador para ello.

La copia electrónica notarial

FUNDACIÓN NOTARIADO

www.fundacionnotariado.org

LA COPIA ELECTRÓNICA NOTARIAL

Cumplido el primer año de la entrada en vigor de la Ley 11/2023, las ventajas que ofrece la norma en cuanto a la digitalización de las actuaciones notariales aún son desconocidas para la mayoría de los ciudadanos. Contribuir al conocimiento y análisis de esta realidad fue el objetivo de la sesión monográfica La copia electrónica en la nube y con CSV como nueva forma de exteriorización del documento notarial, organizada por la Cátedra ICADE-Fundación Notariado Seguridad Jurídica en la Sociedad Digital celebrada recientemente.

JAIME PÉREZ DE MIGUEL
De izda. a dcha.: Manuel González-Meneses, Alfonso Madridejos y Segismundo Álvarez.

Los ponentes, los notarios Alfonso Madridejos y Manuel González-Meneses, también director de la cátedra, fueron presentados por el notario y vicedirector, Segismundo Álvarez, quien comenzó recordando la vocación de vanguardia de la cátedra en el estudio de todo lo relativo a la conexión entre tecnología y derecho, sin limitarse a las cuestiones estrictamente notariales, aunque en esta ocasión se analizase una ley que pretende avanzar en la digitalización de la función notarial.

Escrituras digitales

Alfonso Madridejos relacionó el nuevo régimen de las copias con lo que considera la más importante novedad de la Ley 11/2023 con respecto a la digitalización de las actuaciones notariales: la puesta en marcha del protocolo notarial electrónico, el eje en torno al que gira toda la reforma, y que supone incrementar exponencialmente la seguridad y utilidad del protocolo notarial, por el hecho de que las escrituras tienen ahora un doble formato: en papel y electrónico. Mientras que el protocolo de papel tiene un carácter estático, el protocolo electrónico es una herramienta dinámica, porque en él no solo está reflejada la escritura matriz tal y como fue autorizada, sino también la vida y dinamismo del propio negocio documentado.

Según explicó Madridejos, con la nueva regulación, “las copias electrónicas resultan potenciadas, puesto que ahora pueden ser expedidas para cualquier persona con interés legítimo que así lo solicite, con la novedad de la incorporación del CSV o Código Seguro de Verificación. El CSV proporciona una doble ventaja para el usuario: por un lado, permite garantizar la autenticidad e integridad de las copias, ya que su custodia se realiza en la Sede Electrónica Notarial con todas las garantías proporcionadas por el Consejo General del Notariado; y por otro, se mantienen siempre actualizadas y permiten conocer la situación de la matriz”.

“En definitiva, la copia notarial autorizada electrónica con CSV, que en poco tiempo debería generalizarse, supone, dentro del proceso de digitalización del tráfico jurídico en nuestro país, una gran mejora del sistema, un incremento muy importante de la seguridad jurídica, una notable agilización de los trámites y procedimientos y una considerable reducción de los costes para los usuarios de los servicios notariales, todo ello, no puede olvidarse, con un gran esfuerzo en inversión, costes y trabajo para el colectivo notarial”, comentó Madridejos.


EL PROTOCOLO ELECTRÓNICO ES DINÁMICO PORQUE EN ÉL ESTÁ REFLEJADA LA ESCRITURA MATRIZ Y LA VIDA DEL PROPIO NEGOCIO DOCUMENTADO


El Reglamento elDAS2

Por su parte, González-Meneses quiso situar el nuevo régimen de las copias de los documentos notariales en un contexto más amplio: en un entorno social donde empleamos cada vez más dispositivos informáticos portátiles, como el teléfono móvil, a la hora de legitimarnos para muchas actuaciones. En particular, lo relacionó con la normativa europea -el Reglamento eIDAS2 promulgado en este año 2024- que pretende implantar un wallet o cartera de identidad digital europea consistente en una aplicación que permitirá emplear el teléfono móvil para acreditar, no solo la identidad personal, sino otra serie de variados atributos que interesa hacer valer frente a terceros y en interacciones tanto online como presenciales. El wallet permitirá manejar credenciales en formato digital con enlaces a las páginas web de las entidades u organizaciones emisoras de estas como forma de verificar en tiempo real tanto la autenticidad de la credencial como la vigencia del atributo que esta acredita. De manera análoga, el nuevo régimen de las copias de los documentos notariales permite a los ciudadanos la acreditación de rasgos jurídicos, como la condición de propietario de un bien, de apoderado de otra persona o de administrador de una compañía, por ejemplo, con una copia electrónica en el teléfono móvil con un enlace -el CSV en formato QR-, que facilita a cualquier persona ante la que se exhibe ese dispositivo, escanear ese QR con su propio dispositivo para acceder en tiempo real a un ejemplar actualizado de esa misma copia que se mantiene en la Sede Electrónica Notarial.

La copia autorizada electrónica

González-Meneses incidió en que esta novedad es una exigencia derivada de la propia liberación de la copia autorizada electrónica, y tanto por razones de usabilidad (el CSV facilita la verificación de la autenticidad e integridad de la copia de un documento notarial que se exhibe en formato digital sin necesidad de disponer de un ordenador y un software que permita la verificación de la firma electrónica cualificada del notario emisor de la copia), como de seguridad. Una vez puestas en circulación, a diferencia de las copias de papel, las electrónicas (por excelencia, la copia de un poder de representación que legitima al apoderado para actuar en nombre del poderdante frente a terceros), no se pueden retirar porque, como cualquier archivo informático, se pueden reproducir una infinidad de veces por la persona que la ha recibido -ej. el apoderado en el caso del poder-. Por lo tanto, la existencia de un repositorio de copias accesible online por cualquiera ante el que se exhibe la copia en formato digital, con información actualizada sobre la vigencia o revocación del documento, es algo imprescindible para la protección tanto del poderdante como de los terceros ante los que pretende actuar el apoderado.

“El hecho de que la incorporación del CSV y la posibilidad de cotejo con un ejemplar actualizado de la misma copia en la Sede Electrónica Notarial sea algo conforme con el signo de los tiempos y una exigencia de usabilidad, de racionalidad y equidad del nuevo régimen de libre circulación de las copias entre particulares, no debe llevarnos a desconocer -advirtió González-Meneses- el cambio tan sustancial que supone esta reforma”.

ON LINE

El diálogo La copia electrónica en la nube y con csv como nueva forma de exteriorización del documento notarial puede visualizarse en la web de Fundación Notariado.

Alfonso Madridejos.
Manuel González-Meneses.
Tres cuestiones sobre la digitalización notarial

Manuel González-Meneses, notario y director de la catedra ICADE-Fundación Notariado Seguridad Jurídica en la Sociedad Digital, se detuvo, durante la cátedra, en tres cuestiones sobre la Ley 11/2023 que permitió la digitalización de diversas actuaciones notariales. En primer lugar, frente a la tradicional responsabilidad individual de cada notario en la llevanza de su protocolo y en la expedición de copias, la reforma supone la asunción por la propia corporación notarial de funciones con relevancia frente a terceros (la generación automatizada y aleatoria del CSV para cada copia emitida, la conservación del repositorio actualizado de copias, y el mantenimiento de su acceso online permanente). En segundo lugar, el acceso mediante CSV al ejemplar de la copia que se conserva en el repositorio de copias no tiene nada que ver con la tradicional legitimación para obtener copia de un determinado documento notarial, por cuanto se trata de un acceso automático y anónimo para cualquiera que conozca el CSV correspondiente; y por último, la fundamental cuestión de la eficacia jurídica del repositorio de copias respecto de terceros ya que -a juicio del director de la cátedra- la reforma solo tiene sentido si se entiende que la nueva normativa impone sobre estos -las personas ante los que se exhibe una copia en formato electrónico-, la carga de consultar el repositorio de copias mediante el CSV, ya que cualquier información actualizada en relación con la vigencia del documento le va a ser jurídicamente oponible.

Página de acceso al Portal Notarial del Ciudadano.
Fundación Notariado y su XII Cátedra del Prado

Bajo el título La recuperación del patrimonio saqueado. 1815, el desmantelamiento del Louvre y el renacimiento de los museos en Europa, tuvo lugar la XII Cátedra del Prado, dirigida por Bénédicte Savoy, profesora de Historia del arte moderno en la Technische Universität Berlín, y patrocinada por Fundación Notariado. El programa se articuló en cuatro conferencias de carácter gratuito para los asistentes inscritos, impartidas todos los jueves del mes de noviembre de 2024. En el acto de inauguración estuvieron presentes el presidente del real Patronato del Museo del Prado, Javier Solana; el jefe de su Centro de Estudios, Javier Arnaldo; y Raimundo Fortuñy, entonces vicepresidente de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado.

Fortuñy analizó este periodo histórico desde el punto de vista del Notariado: “En esta época la Asamblea Nacional francesa aprobó la llamada Ley Ventoso y es en este momento de la Historia cuando se produce la ordenación del Notariado como elemento vertebrador en respuesta a las demandas sociales de seguridad, legalidad y autenticidad, así como de la conciencia de restitución de lo ajeno”.

De izda. a dcha.: Raimundo Fortuñy, Javier Solana y Javier Arnaldo.

La prosperidad de las naciones

ALDEA GLOBAL

LA PROSPERIDAD DE LAS NACIONES

Lo que sucedió en continentes enteros, como África o América, hace algo más de 500 años, determina hoy por qué existen diferencias en la prosperidad de distintas naciones. Al menos, así lo defienden los profesores Daron Acemoğlu, Simon Johnson y James A. Robinson, que obtuvieron el Nobel de Economía 2024 por sus estudios sobre cómo las instituciones económicas y políticas se han venido desarrollando y cómo estas, condicionadas por su historia, determinan la prosperidad de las naciones y las diferencias sociales y económicas entre ellas. Su teoría, sin embargo, no está exenta de críticas.

MELCHOR DEL VALLE
© JOHAN JARNESTAD | REAL ACADEMIA DE CIENCIAS DE SUECIA

Cabe decir que los galardonados son historiadores económicos y que su investigación, por simplificar, no se basa solo en analizar secuencias de datos, sino en comparar estas con hechos históricos. Por eso, el acta del jurado que concedió el galardón considera que su trabajo ha demostrado que “una de las explicaciones de las diferencias en la prosperidad de los países son las instituciones sociales que se introdujeron durante la colonización”, en referencia a la que los europeos llevamos a cabo en el siglo XVI y siguientes. La novedad está en la relación que establecen entre mortalidad, asentamientos e instituciones específicamente, pero también en tener en cuenta dichos aspectos con independencia de la nacionalidad de los colonizadores.

 


LOS NOBEL DE ECONOMÍA PARTIERON DE UNA PREGUNTA SIMPLE: “¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE QUE HAYA GRANDES DIFERENCIAS EN LA RENTA PER CÁPITA ENTRE DISTINTOS PAÍSES?”


El principio

En el año 2001, los autores galardonados publicaron en la revista American Economic Review el artículo The Colonial Origins of Comparative Development: an Empirical Investigation, que es lo que promovió su candidatura al Nobel. A esto seguramente contribuyó también el libro de Acemoğlu y Robinson (es decir: sin Johnson) titulado Why Nations Fail (Por qué fracasan los países) publicado en 2013.

En su momento, estudiosos de la economía del desarrollo consideraron que la tesis expuesta en el artículo contribuye a entender la evolución de las antiguas colonias mediante el análisis de la mortalidad de los colonos europeos, tomada esta como una variable del desarrollo de las instituciones. Dicho de otra manera, apuntan a que los europeos solo instauraron instituciones que inducían al crecimiento en áreas donde no enfermaban y podían establecerse. En cambio, en otras zonas donde estaban más expuestos a enfermedades, por ejemplo, África central, promovieron instituciones más propias de autócratas, que persisten hasta el día de hoy y explican en gran medida las diferencias en los ingresos entre países.

Inclusivas o extractivas

Para explicar su teoría, los autores dividen las instituciones de los países que fueron colonizados a partir del siglo XVI en inclusivas, basadas en el respeto al Estado de Derecho y habitualmente asociadas a regímenes democráticos estables, y extractivas, donde no se respetan los derechos básicos y la seguridad jurídica es manifiestamente mejorable. Es decir, y por unir conceptos con el párrafo anterior: los autores apuntan a que las inclusivas se dan en los países donde no enfermaban los colonos, por lo tanto hacían de aquéllos lugares su hogar, mientras que las extractivas se encuentran en naciones donde los europeos estaban más expuestos a contagios (diversas zoonosis con altos índices de mortalidad, por ejemplo), con lo que llegaban, extraían –de ahí el nombre– lo que podían y se marchaban, pero no se quedaban a vivir. También puede entenderse la conclusión de que los europeos que decidían establecerse en las colonias reprodujeron el sistema institucional de sus países de origen, mientras que quienes solo buscaban enriquecerse, y hacer cuanto antes el viaje de vuelta, pensaron que se quitaban problemas de encima; se miraba de perfil lo de respetar la propiedad privada y los derechos humanos.

Si intentamos simplificar un poco la tesis, no hemos de perder de vista que los Nobel de Economía partieron de una pregunta simple: “¿Cuáles son las causas de que haya grandes diferencias en la renta per cápita entre distintos países?”. Y encontraron que la posible respuesta está en que la tasa de mortalidad de los colonos determinó el lugar donde decidieron establecerse, esos asentamientos marcaron el carácter de las primeras instituciones establecidas y estas, a su vez, fueron el caldo de cultivo de las actuales. Ponen como ejemplo de inclusivos a EE. UU., país surgido de los asentamientos en las primeras “Trece Colonias” y su famosa –y letal para los nativos– ‘conquista del oeste’, y Australia, que fue inicialmente destino de convictos. Entre los extractivos, citan colonias españolas y portuguesas en América, asentamientos en el África Occidental Británica, incluida Costa de Oro (Ghana) y Costa de Marfil, y el antiguo Congo Belga (República Democrática del Congo).

 


UNA DE LAS EXPLICACIONES DE LAS DIFERENCIAS EN LA PROSPERIDAD DE LOS PAÍSES SON LAS INSTITUCIONES SOCIALES QUE SE INTRODUJERON DURANTE LA COLONIZACIÓN


Nada definitivo

Daron Acemoğlu, nacido en Turquía y de origen armenio, y Simon Johnson, estadounidense, son profesores del MIT (Massachusetts Institute of Technology) y James A. Robinson ejerce en la Universidad de Chicago. En sus conclusiones dejan ver que ni las instituciones ni el desarrollo económico son factores sujetos a un destino inalterable y, por lo tanto, pueden transitar hacia mayores calidades democráticas y económicas. También admiten que aún hay cantidad de preguntas sin respuesta y que están en marcha diversos estudios para intentar contestarlas. Es una manera de decir que su trabajo es solo un primer paso, seguramente muy importante desde el punto de vista de una materia tan compleja como es la economía del desarrollo, y no un dato definitivo.

Es verdad que no es fácil explicar por qué “el 20% más rico de los países del mundo es hoy unas 30 veces más rico que el 20% más pobre; además, la brecha de ingresos entre los países más ricos y los más pobres es persistente; aunque los países más pobres se han vuelto más ricos, no están alcanzando a los más prósperos”, como lo expone la organización de The Nobel Price, pero no es fácil explicarlo basándose solo en las diferencias de las instituciones de esos países. Probablemente, una razón para no tomarse al pie de la letra la investigación de los Nobel de Economía 2024 es la tendencia a la baja durante los últimos años en la calidad democrática de países que se ponen como ejemplo de colonias inclusivas, con EE. UU. en primer plano, y como se deduce de los índices del International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA, (The Global State Of Democracy 2024) y de la Economist Intelligence Unit de The Economist (Democracy Index 2023).

Críticas

Las críticas les han llegado a los autores desde distintos frentes. David Y. Albouy, profesor de Economía en la Universidad de Illinois, publicó en la misma revista (American Economic Review), aunque once años más tarde, un artículo en el que sostiene, entre otras cosas, que las muestras de mortalidad sobre las que se basa el trabajo original son poco fiables y que hay confusiones con los nombres anteriores de los países africanos. El catedrático de Harvard Edward Glaeser, utilizando el mismo instrumento de mortalidad de colonos, pero para el capital humano (Do institutions cause growth?, publicado en Journal of Economic Growth, 2004), encontró que dicho factor (el capital humano) tiene un mejor desempeño econométrico que la calidad institucional y concluye que las instituciones prosperan cuando hay capital humano y social en cantidad.

 


LOS EUROPEOS SOLO INSTAURARON INSTITUCIONES QUE INDUCÍAN AL CRECIMIENTO EN ÁREAS DONDE NO ENFERMABAN Y PODÍAN ESTABLECERSE


Mushtaq Khan, que es profesor de economía en la School of Oriental and African Studies, la conocida SOAS (University of London), opina que el trabajo de los galardonados solo indica que los países de altos ingresos actuales obtienen mejores resultados en los índices institucionales occidentales, simplemente. No deja de ser cierto, en fin, que países del este asiático, como Singapur, Corea del Sur y Taiwán, crecieron rápidamente sin tener previamente instituciones inclusivas. Otra economista crítica, Yuen Yuen Ang, profesora de Política Económica de Johns Hopkins University (Washington, EE. UU.) y muy reconocida por sus trabajos sobre el desarrollo de China, opina que la teoría de Acemoğlu, Johnson y Robinson no explica el crecimiento de China, pero tampoco el de Occidente; y recuerda que las instituciones de EE. UU. fueron corruptas cuando el país se estaba desarrollando.

Nobel de Economía, reducto estadounidense

El premio de Economía no formó parte de los cinco galardones originalmente creados por Alfred Nobel en 1895, sino que se estableció en 1969 con el patrocinio del banco de Suecia, aunque administrado por la Fundación Nobel. La relación de ganadores de este premio se reduce, mayormente, a economistas relacionados, no solo como profesores, con facultades de Economía de universidades de los Estados Unidos; pocas y de élite, se puede añadir. Es una tendencia, y no solo del galardón sueco, confirmada por el estudio High and Rising Institutional Concentration of Award-Winning Economists (varios profesores de Tsinghua University, de China, y de Harvard University y Michigan State University, de EE. UU.).

De arriba a abajo, los profesores Daron Acemoğlu, Simon
Johnson y James A. Robinson, premio Nobel de Economía
2024. FOTOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MASSACHUSETTS Y DE LA UNIVERSIDAD DE CHICAGO.

Anuncio del Premio Nobel de Economía 2024. FOTO NOBEL PRIZE
Colonialismo a sangre y fuego

Una de las críticas a The Colonial Origins of Comparative Development: an Empirical Investigation es que si el proceso de colonización es la base del trabajo no se haya tenido en cuenta su coste de una manera más amplia. Dichas críticas recuerdan que en las colonias que los autores consideran inclusivas, la violencia fue algo normalizado y muy cercano en algunos casos al genocidio de poblaciones nativas, antes de crearse las instituciones, por lo que es algo que debería formar parte del análisis. En una entrevista con The New York Times, tras recibir el premio, Acemoğlu no dio importancia a lo que hubiese sucedido entre colonos y nativos: “En lugar de preguntarnos si el colonialismo es bueno o malo, observamos cómo diferentes estrategias coloniales han conducido a diferentes patrones institucionales que han persistido a lo largo del tiempo”.

PARA SABER MÁS

The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation.

Daron Acemoğlu, Simon Johnson y James A. Robinson.
The American Economic Review (2001).

The Global State Of Democracy 2024.
International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Governance and Growth: History, Ideology and Methods of Proof.
Mushtaq H. Khan.
SOAS, University of London.

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2024.
The Nobel Price.