DEBATE PARLAMENTARIO
UNA REFORMA PARA AFIANZAR LA ECONOMÍA SOCIAL
ELVIRA ARROYO
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La economía social (ES) engloba las actividades económicas y empresariales que, desde el ámbito privado, llevan a cabo entidades que ponen a las personas y el interés colectivo en el centro de su actividad. El creciente protagonismo de la ES en el tejido productivo español ha puesto de manifiesto la necesidad de favorecer su desarrollo con la actualización de la legislación vigente. Con este objetivo ha llegado al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, en cuya elaboración se han tenido en cuenta las aportaciones del sector.
EL CRECIENTE PROTAGONISMO DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL TEJIDO PRODUCTIVO ESPAÑOL REQUIERE FAVORECER SU DESARROLLO CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE
La Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) señala que este proyecto de ley fortalecerá aún más este modelo empresarial, que está en auge tanto en España como a escala internacional, a la vez que reforzará la creación de empleo estable e inclusivo.
Esta ley se alinea también con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social, que pretende incrementar el impacto social de estas organizaciones en la Unión Europea.
Cooperativas. El texto que se debate en el Parlamento modifica tres leyes: la Ley de Cooperativas, la Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción y la Ley de la Economía Social.
En lo relativo a las cooperativas, el modelo de economía social con más arraigo, la nueva regulación adapta su funcionamiento interno a las formas de comunicación y participación basadas en las nuevas tecnologías. En adelante, las cooperativas de 500 o más socios tendrán la obligación de crear e inscribir una web con un contenido mínimo que garantice la accesibilidad y la transparencia de la organización hacia sus socios. Esta web deberá inscribirse en el Registro de Sociedades Cooperativas.
También se evitará el uso abusivo de las cooperativas, en especial en los casos de subcontratación con un nivel de dependencia económica de la contratista igual o superior al 75%, lo cual sería motivo de descalificación. El objetivo es «expulsar a aquellas empresas que cometan fraude para eludir las normas del derecho laboral español», ha explicado Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social.
A la vez, se potencia el principio de igualdad con la creación de una comisión sobre esta materia en las cooperativas que cuenten con 50 o más socios, o en aquellas que no lleguen a tal número, si así lo acuerda el Consejo Rector. Dicha comisión estará constituida como mínimo por tres personas socias, siendo siempre un número impar.
LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN ACOMPAÑARÁN TAMBIÉN A COLECTIVOS COMO LAS MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO O LAS PERSONAS SIN HOGAR
Inserción. El artículo segundo del proyecto de Ley Integral de Economía Social recoge las modificaciones de la Ley 44/2007 para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad. Se incluyen en este grupo nuevos colectivos como las personas sin hogar, los desempleados de larga duración, las mujeres víctimas de violencia de género y los jóvenes en riesgo de exclusión. También serán objeto de acompañamiento las personas sin hogar que, aun trabajando, no tienen garantizados ingresos suficientes.
SE EVITARÁ EL USO ABUSIVO DE LAS COOPERATIVAS DESCALIFICANDO A AQUELLAS QUE COMETAN FRAUDE PARA ELUDIR LAS NORMAS DEL DERECHO LABORAL ESPAÑOL
Se introduce una definición de empresa de inserción más coherente con sus fines, con ajustes en su funcionamiento interno que garanticen la contratación indefinida en empresas ordinarias. Asimismo, se crea un contrato de transición al trabajo ordinario para que, cuando la persona esté preparada, se integre en el mercado laboral ordinario. La duración de este contrato no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años.
CEPES ha valorado positivamente la inclusión de los centros especiales de empleo de iniciativa social dentro de las entidades de la economía social, un reconocimiento que pone en valor su papel como agentes de cambio y cohesión social.
Finalmente, se reforma la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social con el fin de clarificar las tipologías y el catálogo de entidades que integran el sector. El ministerio competente realizará y mantendrá al día un Catálogo de Entidades de Economía Social que recogerá los tipos de entidades reconocidas y otras que puedan sumarse. Este catálogo será público y se gestionará de forma telemática.
Entidades que forman parte de la economía social
- Cooperativas: Empresas gestionadas democráticamente por sus socios, que participan en la toma de decisiones.
- Mutualidades: Asociaciones que proporcionan servicios de previsión social a sus miembros.
- Fundaciones y asociaciones: Entidades no lucrativas orientadas a resolver necesidades sociales específicas.
- Sociedades laborales: Organizaciones donde los trabajadores poseen la mayoría del capital social.
- Empresas de inserción: Sociedades mercantiles o cooperativas que ayudan a personas en situación de vulnerabilidad a conseguir un empleo y a integrarse socialmente.
- Centros especiales de empleo de iniciativa social: Empresas que dan empleo remunerado a personas con discapacidad.
- Cofradías de pescadores: Corporaciones de derecho público sin ánimo de lucro que representan los intereses del sector pesquero y actúan como órganos de consulta y colaboración con las Administraciones públicas.
- Sociedades agrarias de transformación. Sociedades civiles de finalidad económico-social en relación a la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales.
- Empresas sociales: Negocios cuya finalidad principal es el impacto social o ambiental positivo.
- Entidades singulares creadas por normas específicas
Principios fundamentales de la economía social
- Primacía de las personas y el objetivo social sobre el capital.
- Gestión democrática y participativa.
- Solidaridad y cohesión social: Se fomenta la inclusión de colectivos vulnerables y la igualdad de oportunidades.
- Compromiso con el territorio: Contribuye al desarrollo local.
- Reinversión de beneficios: Los excedentes se reinvierten en la entidad o en proyectos sociales.
Los grupos parlamentarios opinan*
VERÓNICA BARBERO
Diputada por Pontevedra
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
X: @m_barbero
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“Fortalecerá la economía social en toda su diversidad”
La Ley Integral de Impulso de la Economía Social actualiza la arquitectura jurídica de nuestro país para estar a la altura de un modelo económico que representa el 10% de nuestro PIB y da empleo a más de 2,2 millones de personas.
Es el resultado de 5 años de trabajo conjunto con el sector y diálogo con organismos internacionales. Cooperativas, mutualidades, empresas de inserción o centros especiales de empleo son parte esencial de nuestro tejido productivo: más de 43.000 empresas que combinan competitividad, democracia y arraigo territorial.
Esta ley fortalecerá la economía social en toda su diversidad, un sector clave en las necesarias transiciones verde y digital y la sitúa en el centro de la acción política avanzando hacia un modelo económico más justo, inclusivo y sostenible.
MARTA TRENZANO
Diputada por Valencia y portavoz de Economía Social
Grupo Parlamentario Socialista
Mail: [email protected]
“Reconoce la economía social como un pilar estratégico de la economía de nuestro país”
El Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, actualmente en tramitación en el Congreso, representa un hito fundamental en la promoción de un modelo económico justo, inclusivo y sostenible. Esta iniciativa, fruto del consenso con diversos actores del sector, busca fortalecer las empresas de economía social que, más allá de la maximización del beneficio, priorizan el bienestar de las personas y la cohesión social.
Entre sus innovaciones, destaca el reconocimiento de la economía social como un pilar estratégico de la economía de nuestro país, fomentando el acceso a recursos y el impulso de políticas públicas eficientes. Además, se establecen medidas para facilitar la creación y financiación de cooperativas y asociaciones, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones. En un contexto donde la economía social cobra relevancia, esta ley se erige como un referente en la construcción de un futuro más justo y equitativo, asegurando que el progreso económico vaya de la mano de la justicia social.
*Se recogen las opiniones de los principales grupos parlamentarios que han decidido participar.
* Se recogen las opiniones de los principales grupos parlamentarios que han considerado oportuno participar.
