Abanderando el principio “hacia un mercado único más sostenible para las empresas y consumidores”, el Pacto Verde Europeo de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, dio paso al denominado derecho a reparar (o derecho de reparación) recogido en una nueva normativa aprobada por la Unión Europea el 25 de noviembre de 2020. Este derecho de reparación entró en vigor al año siguiente, más concretamente el 1 de marzo de 2021 y tiene como objetivo potenciar la sostenibilidad del modelo económico apoyándose en medidas para reducir el impacto ambiental de productos tecnológicos.

Con esta novedosa normativa se busca limitar los productos electrónicos considerados “de un solo uso” y combatir la obsolescencia programada, una de las practicas utilizadas por algunos fabricantes para acortar deliberadamente la vida de los productos, siendo esta una de las recurrentes preocupaciones del consumidor en este ámbito del mercado, y facilitando información sobre la capacidad de reparación de los productos a la venta.

Con ánimo de favorecer la vida útil de los electrodomésticos y dispositivos electrónicos y controlar su consumo desmedido, la nueva legislación, entre otros derechos, garantiza al consumidor la reparación de los productos ofertados al menos durante diez años. Para ello, los fabricantes deberán asegurar la existencia de piezas y de todo lo necesario para hacer efectiva y atractiva para el consumidor dicha reparación, ofreciendo una alternativa real al mero deshecho y sustitución del producto que ha dejado de funcionar de manera apropiada.

Además, algunos aparatos como televisores, secadores de pelo o lavadoras deberán disponer de un manual de reparación, una especie de etiquetado de reparación, que permita proceder a su reparación o reciclaje, creando un índice de reparabilidad, para que el consumidor sepa lo fácil o no que pueda ser reparar un aparato y su vida útil, y que la calificación aparezca impresa en los envases y cajas de los dispositivos electrónicos; una calificación muy parecida a la que se maneja con la eficiencia energética e instrumentando medidas para desmontar los aparatos, utilizando para ello herramientas convencionales, cuando su reparación efectiva no sea posible. Esta información es fundamental para que el usuario conozca las posibilidades reales de reparación del producto antes de su adquisición. Hasta hoy el consumidor, una vez pasada la garantía del producto, se encontraba con la situación de que los plazos de entrega son largos o que los costes son tan elevados que se plantea el arreglar el producto o comprarse uno nuevo.

La Directiva, trata un tema de suma importancia, la publicidad ecológica que, algunas empresas hacen de sus productos, apoyándose en anuncios sustentados en evidencias presentadas de forma parcial. Esto es sumamente importante porque la publicidad casi siempre es la que induce a comprar al consumidor tal o cual producto en función, tanto de sus prestaciones como por su carácter medioambiental.

También se debería poner fin al diseño de productos que no se puedan desmontar, en caso de ser reparados por terceros, o que no existan determinadas piezas inherentes al producto en sí, sometiendo al consumidor al soporte autorizado o a los proveedores oficiales del producto.

La recuperabilidad de este tipo de productos se potencia y completa finalmente a través de la extensión de las garantías legales, lo que en España ya ha tenido su plasmación con la aprobación de la modificación en la Ley de Consumidores por medio de la cual la garantía pasa a ser de tres años a partir del 1 de enero del 2022. En el caso de contenidos o servicios digitales, esta será de dos años.

Todas estas medidas buscan favorecer una producción y un consumo sostenible, protegiendo a los consumidores y usuarios de un mercado en constante cambio y evolución.
Alargar la vida de los productos, mediante la autoreparación, para alargar su uso e incluso para venderlos como productos de segunda mano, indudablemente, además de salvaguardar los derechos de los consumidores, ayudará a recortar la factura ecológica y a evitar toneladas de basura electrónica. Indudablemente el reciclaje eficiente es otra de las asignaturas pendientes, por parte de los consumidores, la empresa y la Administración, para conseguir cada vez más la circularidad de los productos.

El despilfarro de alimentos ha adquirido tales dimensiones que debe considerarse en la actualidad como un auténtico problema de alcance mundial. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ya advirtió en el Congreso Save food, celebrado en Alemania en 2011, que alrededor de un tercio de la producción de los alimentos destinados al consumo humano se desperdician en todo el mundo. Esto significa que cantidades enormes de los recursos destinados a la producción de alimentos se pierden a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción agrícola inicial hasta el consumo final en los hogares. El problema es mucho más grave si se tiene en cuenta que para el año 2050 se calcula que la producción mundial de alimentos deberá incrementarse en un 70% para abastecer el aumento previsto de la población de 7.000 a 9.000 millones de habitantes.

En general, en el mundo industrializado se desperdician muchos más alimentos per cápita que en los países en desarrollo. Efectivamente, en las naciones de ingresos altos y medianos se desechan gran cantidad de productos incluso cuando todavía son adecuados para la nutrición humana, y que pueden tener otros usos. Además, este fenómeno también repercute negativamente en el medio ambiente, ya que se calcula que la industria alimentaria consume el 30% de la energía en el mundo y produce el 22% del total de emisiones de gases de efecto invernadero.

Este desperdicio de alimentos en los países industrializados puede reducirse aumentando la sensibilización de las industrias alimentarias, la distribución, el comercio minorista, la restauración y especialmente de los propios consumidores. En este sentido es necesario garantizar un uso adecuado de los alimentos en buen estado que actualmente se desperdician por su apariencia, tamaño u otros pequeños defectos, aunque siempre debe respetarse escrupulosamente la seguridad alimentaria.

Los consumidores españoles estamos muy acostumbrados a reciclar vidrio, papel y envases, con lo que se ahorran materias primas, energía en su producción y transporte y se reducen tanto la huella de carbono como los residuos en vertederos, pero aún no somos plenamente conscientes de nuestro papel para reducir el despilfarro alimentario, especialmente en los hogares. Por eso, el objetivo fundamental del proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, anunciado recientemente por el Gobierno, es reducir drásticamente la gran cantidad de alimentos que acaban en la basura y fomentar un mejor aprovechamiento de los mismos.

En su exposición de motivos se destaca la necesidad de legislar debido a los escasos avances producidos en los últimos años para frenar este problema, ya que combatir el despilfarro de alimentos es un imperativo ético que debe implicar al conjunto de la sociedad. Este proyecto de Ley se enmarca, además, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que recogen expresamente la aspiración de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en el mundo, tanto en la venta al por menor y entre los consumidores, como en la cadena de producción y suministro.

Uno de los puntos fundamentales en que incide el proyecto de Ley es incentivar la venta de productos con fechas de caducidad y consumo preferente próximas mediante precios reducidos, e incluso la posibilidad de comercializar alimentos con fecha de consumo preferente sobrepasada, teniendo en cuenta en este caso los criterios de seguridad alimentaria que establezca la Unión Europea. También se fomentará la venta de alimentos considerados feos, imperfectos o poco estéticos que estén en condiciones óptimas de consumo, así como los de temporada, de proximidad, ecológicos,  ambientalmente sostenibles y a granel, mejorando la información sobre su aprovechamiento, ya que un consumidor consciente y bien informado puede reducir el despilfarro de alimenticios, fomentando la cultura de la sostenibilidad y, al mismo tiempo, comer más sano.

Sin embargo, un grave problema detectado por los estudios anuales que realiza la Mesa de Participación de Asociaciones de Consumidores (MPAC), de la que forma parte de la Federación UNAE, es que aún hay una gran confusión entre las fechas de caducidad y de consumo preferente, y no todos los consumidores son conscientes del riesgo que implica para la salud consumir productos con la fecha de caducidad superada.

En la reciente encuesta sobre hábitos de consumo celebrada este año, que puede consultarse en www.mesaparticipacion.com, solo el 60% de los consumidores manifiesta que leen habitualmente la fecha de caducidad en el etiquetado de los alimentos envasados, pero de estos casi una cuarta parte no distingue entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente, lo que supone un importante riesgo para la salud. En el ámbito urbano, un 80% afirma conocer la diferencia, mientras que en el entorno rural se reduce hasta el 68%. Hay que destacar que a medida que aumenta el nivel de estudios, crece el porcentaje que afirma diferenciar entre fecha de caducidad y de consumo preferente. Sin embargo, el 41% de los encuestados confiesa que consume productos superada su fecha de caducidad, ya que cree que “por unos días no pasa nada”, mientras que el 18% confía más en el aspecto del producto, su textura, olor y sabor, que en la fecha de caducidad.

Por lo tanto, una medida de este tipo debería ir acompañada necesariamente de importantes campañas informativas para los consumidores, a fin de evitar riesgos para la seguridad alimentaria.

El derecho a una vivienda que garantice un nivel de vida adecuado y en unas condiciones de dignidad inherentes a la propia naturaleza humana se consagra en el artículo 47 de nuestro texto constitucional y en diversos instrumentos internacionales, firmados y ratificados por España, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25.1) o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11.1).

No obstante, y pese al mandato constitucional y los compromisos internacionales ratificados por España, el acceso a una vivienda digna en nuestro país no está hoy garantizado. Mucho tiene que ver en esta situación el desarrollo de políticas que han favorecido la mercantilización de un bien tan esencial, dejándolo en manos de un mercado sujeto a fuertes movimientos especulativos. La falta de control e intervención pública y la debilidad de los instrumentos de ordenación del territorio y de un urbanismo sostenible también han contribuido, teniendo como grandes beneficiarios a bancos, fondos de inversión y otros grandes tenedores.

Durante años se promovió la propiedad como la única alternativa segura y estable en el acceso a una vivienda debido a la facilidad de acceso al crédito hipotecario y a regulaciones del alquiler que lo han hecho una figura inestable y con precios inasumibles para muchas familias. Según el informe del sindicato CC.OO. “La vivienda en alquiler en España” (febrero 2021): “Los hogares que residen de alquiler tienen peores condiciones económicas y realizan un sobreesfuerzo para pagar alquileres excesivos que fija un mercado ineficiente y especulativo: 3 millones de inquilinos (el 41%) dedican más del 30% de sus ingresos al alquiler. El 41% de los inquilinos e inquilinas soporta un alquiler excesivo”.

Esas políticas, que situaron al sector inmobiliario como uno de los principales motores de la economía española, también alimentaron la burbuja que terminó estallando con la crisis financiera global de 2008 y que puso en evidencia las inequidades e injusticias de un modelo que deja cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria y el lanzamiento de familias de sus viviendas sin alternativa habitacional y sin mecanismos ni recursos legales que las protejan adecuadamente.

En este contexto, la precarización de la oferta del mercado del alquiler para los inquilinos (precios elevados, garantías accesorias muy gravosas y reducción de la oferta residencial, entre otros) impiden el acceso a la vivienda o fuerzan el exilio de las familias a otros entornos urbanos, dificultando o impidiendo la integración social y la propia identidad personal y colectiva.

La débil intervención del sector público en materia de políticas de vivienda ha sido incapaz hasta el momento de dar una respuesta eficaz y ofrecer soluciones habitacionales asequibles y adecuadas a las necesidades de la ciudadanía, especialmente a aquellos colectivos más vulnerables y con mayores dificultades de acceso. La inversión en vivienda protegida se ha visto sometida en las últimas décadas a una drástica reducción y España presenta un escaso parque público de vivienda social en alquiler que no cubre las necesidades existentes.

Hasta el momento, la mayor parte de las soluciones adoptadas se configuran como temporales, respuestas coyunturales a crisis puntuales y tratadas de forma sectorial (económica, sanitaria…) pero sin vocación de acometer las reformas estructurales que colectivos y organizaciones sociales en España venimos demandando desde hace años.

Por ello, es urgente la aprobación de una ley estatal que, atendiendo las recomendaciones de los distintos organismos internacionales, refuerce y garantice el derecho a una vivienda, blinde su función social, prevea consecuencias en caso de incumplimiento de dicha función e incorpore mecanismos que garanticen su acceso, en el actual contexto de emergencia habitacional y de crisis económica y social.

Una ley de vivienda que reconozca el acceso a la misma como un derecho subjetivo de todas las personas con vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de España, exigible por sus titulares frente a los poderes públicos y ante los órganos administrativos y los propios juzgados y tribunales, evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo. Una ley de vivienda que, entre otros elementos garantistas, contemple medidas de intervención directa como la limitación del precio de los alquileres, el control de los precios y la vivienda turística en zonas tensionadas; que integre instrumentos que ayuden a la conformación de un parque público de vivienda social asequible, eficiente e integradora; que incorpore mecanismos de protección eficaces para afrontar situaciones de insolvencia que impidan el pago de las rentas de alquiler o las cuotas de los préstamos hipotecarios vinculados a la adquisición de viviendas habituales; que impida los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional; que impulse instrumentos que contribuyan a la resolución extrajudicial de los conflictos en materia de acceso a la vivienda y que integre en el concepto de vivienda digna el derecho de acceso a suministros esenciales como agua y servicios energéticos. 

España ha sido objeto hasta ahora de seis dictámenes, desde 2015 a 2021, en los que el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas ha concluido que vulnera el derecho a la vivienda. El Relator especial sobre la extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas después de su visita a España el pasado año instó a las autoridades a “tomarse en serio el derecho a la vivienda”. Ya es hora de que España lo haga y se tome en serio una ley que haga efectivo este derecho.