Enganchados a las bebidas energéticas

CONSUMO

ENGANCHADOS A LAS BEBIDAS ENERGÉTICAS

El 45 % de los jóvenes de entre 14 y 18 años reconoce que toma con frecuencia este tipo de bebidas.
La mezcla de sustancias estimulantes y de azúcares que contienen las bebidas energéticas las convierten en un cóctel tan adictivo como peligroso. El consumo medio de estos productos en España se sitúa en siete litros mensuales por persona y la cifra va en aumento. Una tendencia nada recomendable si tenemos en cuenta los efectos negativos de este cóctel de sustancias sobre la salud.
MARIÁN LEZAÚN

Los adolescentes lideran el consumo de las llamadas bebidas energéticas en España: productos azucarados, con ingredientes estimulantes nocivos para la salud y que, sin embargo, se han convertido en una moda peligrosa. El 45% de los jóvenes de entre 14 y 18 años reconoce que toma con frecuencia este tipo de bebidas, según la encuesta Estudes del Ministerio de Consumo. Los motivos son varios: para rendir más en el gimnasio, para estar más despiertos, para tener energía y también para mezclarlas con alcohol cuando salen de fiesta.

Qué contienen

Sin embargo, muchos de estos consumidores desconocen el efecto que, a medio y largo plazo, la ingesta de estos líquidos puede provocar en su organismo. “Las bebidas energéticas contienen grandes cantidades de estimulantes como la cafeína y la taurina, además de azúcares y otro tipo de sustancias que afectan al sistema nervioso y que alteran los ritmos circadianos, especialmente el de sueño y vigilia. Esto afecta de forma muy negativa al funcionamiento de todo nuestro organismo”, explica Laura Isabel Arranz, experta en nutrición y autora de la Dieta Lógica. Además de esto, Arranz señala que, tomadas en cantidades excesivas, las bebidas energéticas “pueden llegar a provocar taquicardias e hiperexcitabilidad”. Algo que también corroboran desde los servicios de emergencias de los hospitales que alertan de la peligrosidad de las bebidas. Además, algunas de ellas aportan vitaminas en cantidades desorbitadas. Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), el consumo de estas bebidas supone un riesgo moderado o alto de hipervitaminosis para las vitaminas B3 y B6, cuyo exceso puede producir picores en la piel e incluso alteraciones hepáticas.

 


GALICIA PREPARA UNA LEY PARA CONTROLAR EL CONSUMO DE LOS REFRESCOS ENERGÉTICOS ENTRE LOS MENORES


 

Hay que regular

Por eso, no es de extrañar que la comunidad autónoma de Galicia se haya adelantado y prepare una ley para controlar el consumo de estos refrescos entre los menores de 18 años, ya que en los últimos años están detectando un aumento de los problemas de salud en este grupo de edad. Será una ley de protección de la salud de los adolescentes, pero también de prevención de las conductas adictivas. No obstante, los expertos advierten de que el consumo de estas bebidas es, en muchos casos, el paso previo al abuso de otras sustancias, mucho más perjudiciales, como alcohol y drogas. No hay más que leer las noticias los fines de semana para ver cómo esta tendencia está afectado a los jóvenes. “Y los riesgos se multiplican si se consumen bebidas energéticas junto al alcohol puesto que se ingieren dos sustancias en el cuerpo de manera simultánea y con efectos totalmente contrarios, un estimulante del sistema nervioso y un depresor (alcohol). Esto es muy peligroso y los síntomas pueden comenzar por inestabilidad y mareos, pero al ser similares a los efectos que provoca el mismo alcohol, son difíciles de detectar y pueden llevar a no darles importancia y en última instancia esta mezcla dañina puede conducir a paros cardíacos”, reconoce Arranz.

 


EL CONSUMO DE REFRESCOS ENERGÉTICOS ES, EN MUCHOS CASOS, EL PASO PREVIO A OTRO TIPO DE ADICCIONES


 

Por ahora, el anteproyecto de ley que prepara la comunidad define a las bebidas energéticas como un conjunto heterogéneo sin alcohol que contienen sustancias estimulantes como la cafeína, la taurina, la carnitina, la glucuronolactona (carbohidrato), vitaminas del grupo B y determinados ingredientes a base de plantas como el ginseng o el guaraná. Sin embargo, advierte de que no se deben confundir con otras bebidas isotónicas que existen en el mercado y que son utilizadas por los deportistas para hidratarse y recuperar las sales minerales que se pierden durante el ejercicio. “Según la propuesta, los menores tendrán prohibido consumir, transportar o tener en su haber estas bebidas”, recoge el diario La Voz de Galicia. Y aunque esta autonomía ha sido la primera de España en tomar esta decisión, el debate se ha abierto en otros territorios. Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Navarra y el País Vasco también prevén estudiar la regulación de su consumo. La Comunidad Valenciana y Castilla y León ya han empezado a abordar la cuestión. Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios ha pedido recientemente al Ministerio de Consumo que el etiquetado de estas bebidas sea similar al del tabaco. Es decir, que se reserve hasta un 65% del espacio para indicar los mensajes de advertencia.

Las multas que se contemplan para las empresas pueden llegar a alcanzar los 600.000 euros en los casos más graves. Para los consumidores, la sanción podría llegar a los 600 euros y se controlará su venta en determinados establecimientos, así como en las máquinas expendedoras.

Las consecuencias

Entre los principales efectos que señalan los expertos están las alteraciones del sueño, la ansiedad, la irritabilidad o las arritmias cardiacas. No son pocas las ocasiones en que los servicios de emergencia atienden a jóvenes y adolescentes, especialmente los fines de semana, debido a crisis provocadas por beber en exceso, mezclar con alcohol o, simplemente, por intolerancias a los componentes de estos refrescos.

Otro de los problemas y que preocupa a los expertos es que se trata de un producto que no aporta nutrientes, pero sí que tiene un efecto saciante, por lo que desplaza el consumo de alimentos que sí les convendrían para su salud y desarrollo. Así, “estas bebidas hacen que la dieta de los jóvenes sea inadecuada además de estar hiperestimulados de forma antinatural”, explica Arranz. Para que la salud de los jóvenes sea siempre la mejor, el agua debería ser el líquido preferido, aunque muy ocasionalmente se puede tomar un refresco o algún zumo.

Un mercado en crecimiento

Los lineales de los supermercados se han llenado en los últimos meses de esta oferta poco saludable. Decenas de marcas pelean por llegar a los más jóvenes. El último en hacerlo ha sido el famoso Prime, una bebida energética lanzada por dos de los youtubers más famosos del mundo, Logan Paul y KSI, conocidos a través de las redes sociales. La bebida ya ha llegado a España y entre sus virtudes se señala que se trata de un refresco vegano, que no contiene azúcares. Sin embargo, la colorida lata suministra hasta 200 miligramos de cafeína, casi el doble del clásico Red Bull y el equivalente a la ingesta de seis latas de Coca-Cola. Y, aunque el mercado parece saturado de marcas, la industria siempre encuentra la forma de introducir algo más. Un reciente estudio de la OCU advierte de que al menos doce bebidas energéticas a la venta en supermercados y tiendas de conveniencia igualan o superan los 150 mg de cafeína por lata, la cantidad diaria máxima que establece la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para un adolescente de 50 kg.

Algunas bebidas energéticas aportan vitaminas en cantidades desorbitadas.

Nuevas adicciones

En la adolescencia el cerebro del niño va madurando. Los niños y niñas empiezan a socializar, a relacionarse con sus iguales en contextos más allá del colegio y la familia y esa adaptación no siempre es fácil. Si a estas cuestiones biológicas añadimos el acceso a las redes sociales y el uso de dispositivos móviles, el cóctel es, de partida, bastante peligroso. Así, en los últimos años, los expertos alertan de que, además del alcohol, cuyo consumo se ha adelantado a edades más tempranas, las drogas, las apuestas, los juegos online, las compras y el porno se han convertido en la gran amenaza de nuestros jóvenes. Uno de cada tres adolescentes está enganchado, y seis de cada diez incluso duermen con el móvil.

PARA SABER MÁS

AESAN: La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha elaborado una guía sobre el consumo y los efectos de las bebidas energéticas en la población.

Ministerio de Sanidad: El informe Estudes recoge las tendencias de los más jóvenes respecto al uso de bebidas energizantes.

Alimente: La página web sobre alimentación y vida sana de El Confidencial analiza el mercado de las bebidas energizantes en España y por qué gustan tanto a la población joven.

Statista: La página web de análisis de mercado recoge información sobre el sector de las bebidas energéticas.

«Dieta mediterránea; un placer saludable en su plato», por Jesús Román Martínez

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

JESÚS ROMÁN MARTÍNEZ,

presidente del Comité científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA)

"Nuestros jóvenes y niños padecen una de las tasas de exceso de peso más importantes de Europa"

Dieta mediterránea: un placer saludable en su plato

España es un país en el que todo el mundo habla de comida. Si alguien come mucho, porque engorda. Si come poco, porque está a dieta. La gastronomía se ha convertido en un gancho en todas partes, que es cultura, que es turismo, y la hostelería es ahora la industria nacional.

Los españoles hablamos de comida comiendo e incluso de bebida bebiendo. Las páginas de internet, las redes sociales están llenas de personajes influyentes que le aconsejarán o le disuadirán de comer esto o aquello. El nutricionista se ha convertido en un nuevo gurú, chamán y pope del bienestar y la salud cuando hace veinte años nadie sabía ni lo que era. El cocinero ya no es un cocinero sino un chef prestigioso. Ese hombre que en los anuncios coloca con precisión de relojero la hojita de perejil.

Lo llamativo ocurre cuando miramos con detalle y descubrimos que este interés a menudo es algo insensato y vacío de contenido. Que sentarse a la mesa se ha convertido en una moda, una tendencia o un postureo. Fíjense si no: desde 1992 un documento del Gobierno de entonces decía que los españoles estaban abandonando la dieta mediterránea y que habría que hacer algo al respecto. Esperamos noticias. Los estudios científicos, los de verdad, dan cuenta de cómo nuestros jóvenes y niños padecen una de las tasas de exceso de peso más importantes de Europa. Los mismos que advierten de que los costes sanitarios se dispararán en un futuro cercano cuando la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, o el cáncer sean una plaga derivada de la obesidad. También esperamos a los que mandan.

Eso sí, la dieta mediterránea decimos que nos encanta. Como en España no se come en ningún sitio. Ya saben: la paella, el jamón, la fabada. Pero dejen un momento de lado el menú turístico e intenten localizar verduras o frutas apetecibles en el menú de los bares de esos barrios de oficinas de las grandes ciudades, o de los polígonos industriales. Por no hablar de los de carretera.

La dieta mediterránea nos la tuvo que descubrir un americano allá por la década de los 50 del siglo pasado. Nosotros, como el personaje de Molière que se sorprendía de hablar en prosa sin saberlo, comíamos pan con aceite ignorando que eso era la clave de una dieta mundialmente reconocida como un modelo saludable. Reduzca su colesterol, prevenga el cáncer, fortalezca sus huesos, viva más años y más sanos. No, no es el anuncio de un fármaco revolucionario. Solo es la dieta mediterránea.

Sin embargo, su vecino de asiento en el metro, asiduo de las redes sociales, seguirá una dieta cetogénica que está tan de moda o, tal vez, ni siquiera habrá desayunado porque hace ayuno intermitente. A la vez, los españoles están dejando de comer tanto pescado como solían. En muchas casas, la fruta es un lujo y la verdura otro. Para comprar unos buenos tomates en agosto hay que pedir una hipoteca. El aceite de oliva nunca fue más el oro líquido que ahora. Las conservas vegetales, antes tan económicas, parecen atesorar caviar dentro de los botes y las latas.

Este está siendo el drama español: crea usted en los beneficios de la dieta mediterránea. Intente inculcársela a sus retoños. Y luego intente practicarla… si tiene dinero suficiente. Que antes, los que trabajamos en el mundo de la nutrición jurábamos que llevar una dieta equilibrada y saludable era incluso más barato que comer mal. Ya no. Ahora, como ocurría en el mundo anglosajón, mal comer es comparativamente económico y los productos de pésima calidad nutritiva copan cestas y carros de familias que no pueden pagar todo lo que les decimos que es saludable además de sabroso.

Por si fuera poco, los agricultores están clamando por toda Europa sus reivindicaciones que se pueden resumir en una frase: “Sin productores en el campo, tu nevera será un armario vacío”. Mientras, los europeos pagamos para arrancar viñas, matar vacas, tirar tomates e importar comida que ya producíamos en casa.

Ya ven que alimentarse es un hecho cotidiano que parece fácil. Pero que tiene numerosas facetas y aristas. Piensen en cualquier domicilio o casa de comidas: varias docenas o incluso cientos de productos e ingredientes diferentes y en distintos formatos estarán acumulados en sus estanterías y refrigeradores. Producir todo eso que necesitamos de forma segura y que esté disponible cada vez que lo queremos no es en absoluto sencillo. Transportarlo y venderlo en los mercados, tampoco. Que lo sepamos conservar adecuadamente en nuestras casas, cocinar y servir en las combinaciones y proporciones adecuadas para que cubra nuestras necesidades de nutrientes, no es tan fácil.

Y, sin embargo, en el país de la paella, de la fabada y del jamón (ibérico, por favor), los jóvenes que, en algún momento, confiemos, tendrán que vivir solos, no saben ni freír un huevo. Para muchos de ellos, la cocina es un lugar misterioso donde, menos mal, hay un microondas y una sartén a la que echar algo. En pocas décadas, saber cómo se hace un cocido, unas lentejas o una menestra será alta tecnología, ciencia ficción. Un saber ancestral relegado al mundo de los fogones, donde aún reinarán las abuelas y las madres.

Aprovechen: aprendan de ellas, que aún estamos a tiempo. De volver a comer lo que el americano aquel descubrió que era casi un milagro para nuestras arterias y entretelas. Frutas, verduras, legumbres, aceite de oliva virgen, pan «del de verdad», almendras y nueces. Dense prisa y compren pescado, incluso del que todavía es barato. Sardinas, boquerones, jureles.

Y, por favor, déjense de modas pasajeras y acudan a lo que nunca falla. Si van a hacer dieta, que sea mediterránea.

«Créditos rápidos: regulación, información y control», por Olga Ruiz Legido

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

OLGA RUIZ LEGIDO,

presidenta de FACUA

"Esta accesibilidad y facilidad para el consumidor esconde un reverso de abusos que pueden terminar situándolo en situaciones graves de endeudamiento"

Créditos rápidos: regulación, información y control

El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio con el Banco de España y con la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, del Ministerio de Economía, para conocer el grado de protección que existe para los consumidores de los conocidos como créditos rápidos.

Esta actuación se ha producido tras haber recibido quejas ciudadanas por los elevados intereses que pagan a las empresas prestamistas, empresas que, en muchos casos, no tienen consideración de entidades de crédito.

La institución, por ello, ha preguntado al Banco de España, regulador y supervisor del sistema bancario, y a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, si están llevando a cabo algún tipo de actuación sobre las entidades que conceden estos productos, y si se ha emitido alguna directriz aplicable a este tipo de créditos, también denominados microcréditos.

La situación de vulnerabilidad y precariedad económica por la que atraviesan muchas personas provoca la proliferación de empresas que ofrecen dinero rápido, presentándose como la solución fácil y sin complicaciones a los problemas económicos de familias y consumidores. En una sociedad y modelo económico que favorece y propicia el consumo desmedido el impacto es aún mayor.

Los créditos rápidos no cuentan con una definición legal o una regulación y tratamiento específico aplicable. Se encuentran incluidos en la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, siempre que el importe prestado sea superior o igual a 200 euros.

Los créditos rápidos pueden considerarse como un medio de financiación consistente en la puesta a disposición de cantidades de dinero no muy elevadas, con reducidos plazos de devolución y a tipos de interés más altos de lo habitual. Suelen ser otorgados por entidades financieras o empresas no financieras de capital privado para responder a necesidades puntuales y urgentes de liquidez y se caracterizan por la celeridad en su otorgamiento y puesta a disposición del dinero prestado, así como por la falta de exigencia de garantías al prestatario para su concesión. En su publicidad, las empresas que ofrecen créditos rápidos venden rapidez y facilidad, sin exigencias de solvencia del prestatario y sin apenas trámites. Se conceden casi de manera automática, la mayoría vía online o telefónica, sin un análisis de riesgos.

Sin embargo, esta accesibilidad y facilidad para el consumidor esconde un reverso de abusos que pueden terminar situándolo en situaciones graves de endeudamiento. Estamos ante contratos de préstamos personales que, en muchas ocasiones, contienen condiciones abusivas, con comisiones y gastos desproporcionados, altísimas tasas de interés -camufladas muchas veces en otros conceptos como honorarios o gastos de gestión- y con plazos muy breves de devolución que terminan asfixiando al prestatario.

Por si fuera poco, entre las condiciones también suelen recogerse penalizaciones por impago y mora muy elevadas, unidas a otros costes asociados a la prórroga del plazo de devolución, o a los derivados de las gestiones de cobros, notificaciones o comunicaciones. Actualmente nos encontramos con créditos rápidos que llegan a aplicar intereses nominales de más del 36% y TAE de más del 4.000%.

Cabe recordar que en 2015 el Defensor del Pueblo ya tuvo ocasión de analizar la situación generada con los créditos rápidos y alertó de su problemática. En el informe anual de la institución de ese año se señaló que algunas entidades bancarias, pese a la numerosa jurisprudencia existente, continuaban imponiendo en los contratos tipos de interés abusivos que perjudican gravemente a los ciudadanos, por lo que los clientes, para conseguir que se anulara la cláusula impuesta, se veían obligados a acudir a la vía judicial, aunque muchos de ellos no podían presentar demandas por carecer de medios económicos suficientes. El Defensor estimó que los intereses remuneratorios y los moratorios debían quedar limitados y así se lo trasladó a la entonces Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

El Defensor del Pueblo también alertó hace nueve años de que muchas personas, ante las dificultades para obtener los créditos o préstamos personales, acudían a empresas no financieras en unas condiciones que propiciaban el sobreendeudamiento. Sobre estas empresas hizo un llamamiento al control por parte de las autoridades competentes. Muchas de las empresas encargadas de la comercialización de estos productos, al no ser entidades financieras, no están bajo la supervisión ni el control del Banco de España.

La Ley de Crédito al Consumo establece que el incumplimiento de sus disposiciones por personas físicas y jurídicas distintas de las previstas en el apartado 2, entidades de crédito, será sancionado como infracción en materia de consumo, aplicándose lo dispuesto en el régimen sancionador general de protección de los consumidores y usuarios previsto en el Título IV, libro primero, del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y demás normas aplicables, así como en las normas de protección al consumidor establecidas en las leyes autonómicas correspondientes.

Corresponde, por tanto, al Banco de España el control de las entidades de crédito y a las autoridades de consumo el control de las prácticas abusivas llevadas a cabo por entidades que no sean de crédito. Aquí, en el ámbito del control y la supervisión, hemos topado con el talón de Aquiles de nuestro sistema de protección al consumidor.

¿Sería necesario mejorar la información y formación de los consumidores sobre este tipo de productos? Sí, resulta incuestionable que el consumidor debe conocer qué firma, cómo funcionan estos productos y sus consecuencias.

¿Sería pertinente una regulación más precisa y específica de los microcréditos o créditos rápidos, mejorando la Ley de Crédito al Consumo de 2011? Sí, incluyendo limitaciones a los tipos de interés remuneratorios, gastos y comisiones por su contratación, así como la inclusión de mecanismos que eviten el sobreendeudamiento del consumidor y la resolución extrajudicial de conflictos derivados de la negligencia del prestamista.

Pero, independientemente de todo lo anterior, también es necesario que organismos reguladores y de control actúen frente a esquilmadores y avariciosos que abusan de los consumidores más necesitados. Muchos están ahí, no se esconden.

La moda de la segunda mano

CONSUMO

La moda de la segunda mano

Algunas estadísticas sostienen que suelen ser más mujeres que hombres las que venden y compran productos de segunda mano.

La campaña de esta Navidad ha confirmado que los consumidores apuestan por los artículos de segunda mano también para regalar. Diversos estudios recogen que hasta un 80 % de los compradores se plantearon optar por artículos usados y que muchos de ellos lo hicieron por razones medioambientales.
MARIÁN LEZAÚN

Ropa, accesorios, aparatos electrónicos, teléfonos y material deportivo son los productos más vendidos en el mercado de segunda mano. El comercio online y las plataformas digitales han disparado un negocio que crece de la mano de la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

De hecho, es ese mayor compromiso el que tira de un comercio que incluye también vehículos de todo tipo, libros, muebles, alimentos y cualquier producto que pueda tener una segunda vida. Más allá de buscar gangas o de ahorrar en la compra de determinados artículos como ocurría en sus inicios, el mercado de segunda mano impulsa ahora el consumo sostenible. Gracias a que se alarga la vida útil de esos productos y se evita la fabricación de otros nuevos, la segunda mano permite un consumo más responsable y en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsados por la Organización de las Naciones Unidas para el año 2030. Por eso, no es de extrañar que las previsiones de comercio contemplen que el comercio de ropa reutilizada se duplicará de aquí a 2027, pasando de los 30.000 millones de euros de facturación anual a los 70.000 millones, según datos de la consultora Global Data.

Miles de productos

Y aunque la moda tira del negocio, las posibilidades afectan a miles de productos. Aprovechando esa tendencia, el pasado mes de noviembre, la plataforma de intercambio Wallapop montaba un escaparate abarrotado de artículos de plástico en la madrileña plaza de Callao, con el objetivo de concienciar a los consumidores del impacto medioambiental de nuestras decisiones comerciales. De esa manera, los responsables de la empresa proponían a los viandantes unas compras navideñas basadas en la sostenibilidad, el reciclaje y la posibilidad de alargar la vida útil de los productos. Porque, según esta plataforma, las motivaciones que nos llevan a comprar productos usados son cada vez más respetuosas con el medio ambiente y debemos aprovechar esta oportunidad. Montañas de ropa que no utilizamos, electrodomésticos que ya no encajan en nuestras casas o miles de complementos que cumplieron su función no pueden desecharse sin más. Por eso, desde la empresa destacan que “entre las motivaciones que han influido en la compra de regalos navideños reutilizados, destaca la posibilidad de encontrar bienes únicos a los que dar una segunda vida (un 38 %), mientras que el ahorro de dinero ha perdido importancia. La sostenibilidad comienza así a perfilarse como una motivación decisiva si tenemos en cuenta que en el último año uno de cada tres españoles ha tenido en cuenta este factor. De entre ellos, las mujeres son las que más sensibilidad presentan hacia esta realidad.

 


ROPA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRÓNICOS,
TELÉFONOS Y MATERIAL DEPORTIVO SON LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS EN EL MERCADO DE SEGUNDA MANO


 

Los más reticentes a la compra de segunda mano señalan la falta de garantía, pero desde las organizaciones de consumidores reconocen que también en este mercado existen garantías comerciales que incluso se pueden pactar entre las partes. Así, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los productos comprados en tiendas de segunda mano tienen un año de garantía, salvo que se pacte un plazo inferior con los responsables. En el comercio online, el vendedor debe proporcionar un documento que la incluya, y en una compraventa entre particulares, se recomienda solicitar la factura de compra para contar con la garantía de origen.

Fiscalidad

Otro de los inconvenientes que apuntan los expertos podría ser la fiscalidad de estas operaciones cuando las ventas se realizan entre particulares. A partir del 1 de enero de 2024 la situación va a cambiar. La Directiva 2021/514, más conocida como la norma DAC7, obligará a las plataformas de compraventa de segunda mano como Wallapop, Vinted o E-bay a recopilar, verificar y comunicar a Hacienda los datos de los vendedores que superen determinados umbrales: más de 2.000 euros o treinta operaciones. Los vendedores tendrán que tributar por las ganancias obtenidas por la venta de esos artículos. Es decir, si la diferencia entre el precio original y el de venta es de 200 euros, será ese monto el que haya que declarar a Hacienda.

El perfil de los compradores de las tiendas de segunda mano no es exacto: el mercado cada vez es más amplio y su compra está casi completamente normalizada en toda la población. Sin embargo, algunas estadísticas sostienen que suelen ser más mujeres que hombres las que venden y compran productos de segunda mano. No obstante, entre la población más joven apenas existen diferencias. Los expertos señalan que, además de la sostenibilidad, la tendencia recoge también en este mercado valores como la nostalgia, la búsqueda de artículos de otra época (ropa, muebles, etc.), así como los principios de la economía colaborativa.

Menos contaminación

Según la Organización Mundial del Comercio, el 8 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y casi el 20 % de las aguas residuales del mundo provienen del sector de la moda. Con estos datos, la Comisión Europea ha desarrollado un Plan de Acción para la Economía Circular que afectaría a esta industria, tanto en el detrimento de prácticas como el fast fashion como en el apoyo de la segunda vida de la ropa. “Todas las marcas de moda deberían incorporar la circularidad e invertir más en innovación”, explica Nuria Neira, experta en consultoría de marketing y retail para marcas emergentes de moda y belleza. Esa innovación incluye los canales de venta, así como la recuperación de las prendas. En ese sentido, grandes operadores, como Inditex y H&M y también las plataformas de venta como Zalando, Asos, Amazon, etc., incluyen ya sus propias tiendas de segunda mano. Un negocio aún incipiente, pero que demuestra cuál es la tendencia.

El origen de las tiendas de moda reutilizable

Los negocios de venta de productos de segunda mano tienen su origen en Estados Unidos en la década de los años cincuenta. Según recoge la historiadora americana Jennifer Le Zotte, todo empezó con la famosa serie de televisión Davy Crockett: King of the Wild Frontier y el gorro de castor que llevaba el protagonista. Ese gorro se convirtió en objeto de deseo para miles de niños y la emprendedora Sue Salzman se dedicó a recuperar todas las prendas desechadas de décadas anteriores y que estaban elaboradas con la codiciada piel. Esos abrigos que Salzman compraba en tiendas para personas sin recursos o en el propio ejército se vendían después a los grandes almacenes que les daban una segunda vida, en forma del ansiado gorro. A partir de ahí, las tiendas de segunda mano cobraron un impulso enorme que nos llevan al desarrollo de las plataformas actuales. En el Reino Unido, tiene hasta sus rutas turísticas. Los mercadillos de Candem, Portobello, Whitechapel y otros son el exponente de una tendencia más que arraigada en la sociedad británica. En España, sin embargo, este tipo de comercios es mucho más reciente y hasta los años noventa era prácticamente una anécdota. Aquí, las tiendas de segunda mano empezaron con un trasfondo más social y estaban dirigidas a los compradores más humildes.

Para saber más

Amazon: La plataforma de comercio online ha realizado un estudio sobre la tendencia de los españoles respecto a las compras de segundo mano y qué tipo de productos son los más buscados.

Wallapop: La comunidad de intercambios comerciales ha desarrollado una campaña para concienciar del impacto que tiene consumir productos reutilizados.

Statista: La plataforma global de datos de inteligencia empresarial dispone de informes actualizados sobre cuáles son los artículos de segunda mano más vendidos, cuáles son las tendencias y cómo evolucionan los diferentes mercados en este sector.

«Segunda mano como herramienta de cambio en nuestro modelo de consumo», por Ana Etchenique

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ANA ETCHENIQUE CALVO,

Presidenta de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU

"Hay que fomentar los mercados de segunda mano y los espacios de trueque, eliminando por ejemplo el IVA en estos productos"

Segunda mano como herramienta de cambio en nuestro modelo de consumo

Hay un consenso generalizado sobre la necesidad de terminar con el actual modelo de economía lineal, basado en la lógica del comprar, usar y tirar. Nuestra sociedad, el medio ambiente y la economía se ven muy afectados por la forma en que diseñamos, fabricamos, consumimos y desechamos los productos. Si nos fijamos en los datos, cada año nuestro modelo de producción y consumo genera toneladas de residuos con fuertes impactos para el medio ambiente: 57,4 millones de toneladas de basura electrónica y 92 millones de toneladas de textiles.

Como marca la ONU a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la evolución hacia modelos de producción y consumo circulares que tengan como objetivo el respeto a los límites del planeta y los derechos fundamentales de las personas es una necesidad urgente. No debemos olvidar que en un sistema económico globalizado donde la producción está deslocalizada, la extracción de las materias primas y la manufactura de estos productos se concentran en países del llamado Sur Global. Estos proyectos implican la vulneración de los derechos humanos, laborales y ambientales de personas y comunidades. El modelo de sobreproducción y sobreconsumo implica unos ritmos de producción muy acelerados y un derrumbe de precios a lo largo de la cadena de valor, condiciones que los productores en estos países trasladan a los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente.

En respuesta a esos retos, la Unión Europea y los Estados miembros han incorporado en sus planes la transición hacía una economía circular en la que reorientar el diseño, la producción y el consumo de los productos hacia enfoques más sostenibles. Mejorando la circularidad de los productos desde su diseño hasta el fin de su vida útil, garantizando que puedan reusarse y no sean desechados, podremos contribuir a reforzar la sostenibilidad en su sentido más amplio.

Pero es además una demanda clara por parte de las personas consumidoras. Según una encuesta de 2021 (Global Sustainability Study), el 85 % de los consumidores a nivel global afirman haber cambiado su comportamiento de compra para ser más sostenible, siendo España el tercer país más concienciado. Resulta razonable que, cuando la crisis social y ambiental se muestra cada vez de manera más evidente, las personas consumidoras se planteen hacer cambios en sus modos de vida y hábitos de consumo para acompañar la transición ecológica.

¿Pero cómo reinventamos nuestra manera de producir y consumir? La clave sería apostar por empezar utilizando mejor los recursos y previniendo el desperdicio desde la fase de diseño y producción. Las personas consumidoras estamos dispuestas a tener un consumo más sostenible, pero desde la industria y la Administración tienen que trabajar para hacerlo lo más fácil posible. Necesitamos especialmente que los productos ecológicos estén al alcance de las más vulnerables y no se conviertan en un bien solo apto para las rentas más altas.

Tenemos que cerrar también los ciclos de flujos de recursos recuperando y reparando tanto como sea posible. Creando nuevos modelos de propiedad que prioricen los bienes comunales. Potenciando la economía social y solidaria para construir sistemas de reutilización y reparación de productos. Garantizando las condiciones dignas y el cumplimiento de los derechos humanos para todas las personas.

Y aquí entra en juego la compra de productos de segunda mano, como una oportunidad para reducir la demanda de recursos naturales, reducir la generación de residuos, apoyar la economía local y solidaria y, en la mayoría de las ocasiones, ahorrar dinero.

En nuestro país hay cada vez más interés por los productos de segunda mano. En una encuesta realizada por CECU y la Universidad de Salamanca en 2022 sobre sus actitudes ante la reparación y reutilización de productos, un 34,5 % de los encuestados afirmaban comprar objetos de segunda mano. A la vez, en una encuesta que hemos realizado en 2023 junto con Simple Lógica, cuatro de cada diez ciudadanos/as han comprado alguna vez ropa de segunda mano (41,1 %) y el 22,2 % no pero sí lo harían, porcentajes que agregados representan al 63,3 % de la población. Quienes realizan este tipo de compra lo hacen principalmente en tiendas de segunda mano (50,7 %), mercadillos (37,7 %) y aplicaciones, redes sociales o internet (25,4 %).

Sin embargo, en nuestro país no contamos con una tradición desde las instituciones de reforzar los circuitos de segunda mano. Por ello es necesario impulsar un cambio cultural en este sentido, a través de campañas de sensibilización y regulando la publicidad que incita al sobreconsumo incurriendo en afirmaciones dudosas sobre sus impactos ambientales y sociales, como es el caso del lavado verde. Garantizar el acceso a la información real y limitar la publicidad que genera necesidades ficticias, son pasos complementarios para que las personas consumidoras puedan poner en valor las auténticas necesidades y encuentren en la segunda mano la opción preferente para resolverlas.

Necesitamos apoyar el sector de recuperadores de la economía social y eliminar algunas de las barreras que las personas consumidoras tienen cuando se plantean dirigir su consumo hacia el mercado de segunda mano. La recuperación y reparación para el mercado de segunda mano podría beneficiarse de incentivos fiscales, de ayudas para la gestión administrativa de aquellas cooperativas que comienzan, del acceso a espacios públicos donde exponer sus prendas o realizar las labores de recuperación y reparación.

Desde CECU creemos que, si queremos cumplir el objetivo 12 de los ODS y promover un modelo de producción y consumo sostenible, hay que fomentar los mercados de segunda mano y los espacios de trueque, eliminando por ejemplo el IVA en estos productos, apoyando iniciativas sociales y cooperativas a través de incentivos fiscales, y poniendo a disposición espacios públicos para generar mercadillos y encuentros de trueque de forma gratuita.

«Ventas por internet: desde prácticas engañosas a reseñas falsas», por Ileana Izverniceanu

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ILEANA IZVERNICEANU,

directora de comunicación OCU

"Se han incrementado los fraudes de los que son víctimas los consumidores. Desde el robo de datos personales, a la venta de productos falsos"

Ventas por internet: desde prácticas engañosas a reseñas falsas

El comercio electrónico ha supuesto una gran revolución para los consumidores. La posibilidad de acceder desde casa de manera fácil y rápida a diferentes productos y servicios ha aumentado de forma exponencial la oferta a su disposición, mejorando su posición en el mercado. Las cifras ponen en evidencia el vertiginoso crecimiento que experimentan las transacciones en línea año tras año. En 2022, los últimos datos anuales publicados por la CNMC señalan que las transacciones online alcanzaron en España un volumen de 72.000 millones de euros y se incrementaron un 25% con respecto al año anterior. Esta cifra de negocio se logró gracias a 1.345 millones de transacciones por parte de los consumidores, lo que da idea de la generalización y la cotidianeidad del comercio electrónico, que ha modificado de forma significativa nuestros hábitos de compra.

Cada vez más consumidores recurren con mayor frecuencia a internet para acceder a diferentes productos y servicios. En algunos sectores las ventas por esta vía se han convertido en el canal mayoritario y casi exclusivo. Esto sucede en el caso de los billetes de avión, la contratación de paquetes turísticos, de hoteles o las entradas a espectáculos, donde la venta a través de establecimientos físicos es muy reducida o casi inexistente.

Las compras por internet a pesar de su éxito entre los consumidores no están exentas de problemas. Diferentes estudios de OCU muestran la existencia de cláusulas desproporcionadas para el consumidor, como la facultad de rescindir unilateralmente el pedido; la exclusión de responsabilidad en caso de errores de precio, o la limitación de la devolución del producto si se abrió el embalaje, como ejemplos de cláusulas claramente desequilibradas detectadas en algunas páginas web.

Y eso a pesar de las diferentes normativas a nivel nacional y europeo que protegen a los consumidores en esta materia, desde la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, sobre el comercio electrónico, hasta la más reciente: el Reglamento de Mercados Digitales (UE) 2022/1925, con la que se trata de afrontar los nuevos retos a los que se enfrentan los consumidores en la configuración actual del comercio electrónico, donde han aparecido nuevos actores que prácticamente no existían en sus inicios. Estas grandes plataformas tienen en la nueva normativa obligaciones adicionales para garantizar la competencia, la protección de los datos personales y el respeto de los derechos de los consumidores.

Una de las mayores preocupaciones de la OCU tiene que ver con limitar las prácticas engañosas que utilizan algunas compañías en las ventas por internet. Se trata de los llamados patrones oscuros. Cada vez de forma más generalizada se incluyen este tipo de prácticas en las páginas web a las que acceden los consumidores.

Se trata por ejemplo de los sobrecostes disimulados, que consisten en añadir productos o costes adicionales en el proceso de compra, o incluir en el contrato otros servicios como suscripciones no deseadas. El comprador no lo ha solicitado, ni es consciente de haber consentido, pero lo cierto es que no está oculto y se ve como “añadido” a la cesta. Hay muchos ejemplos: cuando se adquiere un ordenador y viene seleccionada por defecto la compra adicional de un accesorio o un seguro de rotura; en las compras de billetes de transporte, cuando «camuflan» un seguro no solicitado e innecesario; los conceptos identificados como gastos de mantenimiento o de gestión en los últimos pasos del proceso de compra o las suscripciones a un servicio, gratuito un mes y en los siguientes el precio mensual es más elevado.

A estos sobrecostes no solicitados se añaden las técnicas que inducen la urgencia por comprar, las ofertas limitadas con un contador o con un número limitado de existencias que favorecen la confusión en las condiciones que se ofrecen al usuario, o las opciones preseleccionadas que tienen como objetivo obligar al usuario a hacer lo que no quiere y que intentan limitar su derecho a decidir.

Mención especial requiere la utilización cada vez más habitual de reseñas falsas. OCU ha demostrado su existencia en grandes plataformas. Unas reseñas que cada vez influyen más en las decisiones de compra de los consumidores y que en muchos casos no hay garantía de que sean opiniones reales y libres de consumidores.

A la generalización de los patrones oscuros, se une el aumento de los fraudes a través de las compras online. De la misma forma que crecen año a año el uso de las compras por internet, se han incrementado los fraudes de los que son víctimas los consumidores. Desde el robo de datos personales, la venta de productos falsos o directamente, la estafa en las compras se ha incrementado de forma preocupante. Los consumidores debemos ser precavidos cuando compramos por internet. Especialmente cuando la web a la que accedemos no está domiciliada en la Unión Europea. En estos casos la protección del consumidor se ve seriamente amenazada, pues no son de aplicación las normativas europeas que la garantizan.

Desde OCU confiamos en que la aplicación de la nueva normativa europea permita ampliar la protección de los derechos de los consumidores y que a la vez sirva para garantizar la competencia. Solo generando confianza en los consumidores se puede desarrollar el comercio por internet y de esta manera disfrutar de sus grandes ventajas, tanto para los consumidores como para las empresas.

Las propinas se reinventan

CONSUMO

LAS PROPINAS SE REINVENTAN

Ante el descenso de propinas, en algunos establecimientos se ha comenzado a reconocer lo que denominan la propina obligatoria.
Hace apenas unos días, en un bar de comidas de Pamplona, una camarera tocaba una campana para celebrar que un cliente había dejado ‘bote’ (propina) después de terminar su menú del día. Me llamó la atención porque hacía mucho tiempo que no escuchaba ese gesto y también porque coincidía con la redacción de este reportaje en el que analizamos por qué dejar propina en bares y restaurantes ha dejado de ser algo habitual y se ha convertido en excepcional.
MARIÁN LEZAÚN

Lo que hasta hace bien poco era un gesto cotidiano parece haber entrado en desuso. El dinero digital, el uso de dispositivos móviles o las aplicaciones de pago han provocado que el sector de la hostelería pierda una parte importante de sus ingresos, la parte informal y voluntaria que suponían las propinas de los clientes. Por eso, los hosteleros han empezado a buscar alternativas para no perder ese dinero extra que servía para motivar a los empleados del sector. Así, estos meses hemos visto desde una campaña impulsada por la Comunidad de Madrid para animar a los clientes a seguir dejando propinas, a las iniciativas particulares de bares y restaurantes que piden directamente ese dinero extra a través de mensajes en la factura. El objetivo es tocar un poco el ánimo de los consumidores y perpetuar ese gesto que forma parte de nuestra cultura y que nos impulsa a reconocer cuándo hemos recibido un buen servicio o, incluso, mantener una relación más cercana con el establecimiento.

Culpables

Un estudio elaborado por el Grupo Mahou-San Miguel, Los hábitos de los españoles en la hostelería, revelaba que poco más del 20% de los consumidores tiene hoy la costumbre de dejar propina, mientras el 17,8% de los mismos aseguraba que nunca la aporta. El resto lo hace en forma ocasional y siempre y cuando reciban un buen servicio. Algo más optimista se mostraba un estudio de la compañía financiera Mastercard que recogía que siete de cada diez encuestados dejaba propina al recibir un buen servicio. Lo que está claro es que la desaparición del pago en metálico ha impactado de lleno en esta costumbre que se extendía a otros sectores como los taxis o incluso peluquerías, tiendas y otros servicios.

 


EL DINERO DIGITAL Y EL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES ESTÁN PROVOCADO QUE EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA PIERDA UNA PARTE IMPORTANTE DE SUS INGRESOS: LAS PROPINAS


 

Los expertos consultados consideran que abandonar este gesto puede tener grandes consecuencias, especialmente en la hostelería donde los salarios son más ajustados. Y es que las propinas tienen un impacto considerable en los ingresos de estos profesionales, especialmente en aquellos que trabajan en países donde las mismas constituyen una parte significativa de su remuneración total. “En algunos casos, las propinas pueden complementar el salario base hasta en un 50% o más, dependiendo de la ubicación y el establecimiento. Por eso, la fluctuación en la recepción de propinas también puede provocar una falta de previsibilidad en los ingresos, lo que afecta a la estabilidad económica de los trabajadores”, explica Diego Coquillart, consultor experto en innovación, marketing y tecnología para el sector de la hostelería y creador del diario digital que lleva su nombre (https://www.diegocoquillat.com).

En España este no es el caso y, aunque los trabajadores del sector no tienen salarios demasiado altos, la propina no se cuenta en el monto total por lo que se trata de un gesto totalmente voluntario, explican las asociaciones de consumidores. En nuestro país, desde un punto de vista jurídico, ni el establecimiento ni el empleado puede exigir ningún tipo de gratificación porque no hay ninguna normativa legal que ampare esta práctica. Según los hosteleros consultados por Mastercard, en España la mayor cuantía la dejan los extranjeros, acostumbrados a pagarla en sus países de origen: entre un 10% y un 15% del total, que puede suponer en muchos casos un dinero extra al mes de entre 250 y 480 euros.

¿Propina obligatoria?

Pero, ¿por qué nos preocupa tanto este tema? Ante el descenso de propinas, en algunos establecimientos se ha comenzado a reconocer lo que denominan la propina obligatoria, “a la americana”, que lo que hace es establecer un porcentaje que puede oscilar entre el cinco y el diez por ciento del total de la cuenta. La práctica ha encendido las alarmas entre los consumidores. El secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, reconocía en una entrevista en La Sexta “que podría tratarse de una técnica cuyo fin es que el cliente tenga cierto sentimiento de culpa si decide no dejar nada”. Esta propina consiste en añadir un porcentaje adicional en la cuenta (del cinco al 10 por ciento) con el que se invita al cliente a colaborar con el servicio, según han mostrado varios consumidores en redes sociales. “En los ‘tickets‘ de estos restaurantes se refleja el total sin propina, el importe con el porcentaje adicional sugerido e incluso la opción de una cantidad voluntaria”, señalan en FACUA. Algunos establecimientos van más allá e incluso incluyen emoticonos para agradecer la propina que se deja o lamentar que no se deje nada. Se trata, simplemente, de una estrategia que podemos considerar de más o menos gusto.

 


ABANDONAR ESTE GESTO PUEDE TENER GRANDES CONSECUENCIAS, ESPECIALMENTE EN LA HOSTELERÍA DONDE LOS SALARIOS SON MÁS AJUSTADOS


 

Porque como dice Coquillart, «hacer de estas propinas una obligación desvirtuaría su propósito original, que es recompensar un servicio excepcional”. Además, “podría llevar a una complacencia en el servicio al cliente si los trabajadores reciben una cantidad fija independientemente de la calidad de su trabajo”, apunta este experto. Sin embargo, argumentos a favor de las propinas obligatorias incluyen una mayor seguridad financiera para los trabajadores y la posibilidad de una distribución más equitativa de las mismas entre el personal.

Respecto a los establecimientos que sugieren o incluso indican la cantidad de propina a dejar, hay opiniones encontradas. “Algunos lo consideran útil, especialmente en culturas donde no están seguros de cuánto es apropiado dejar. Otros pueden verlo como una intrusión o una demanda poco sutil. La transparencia es clave en este aspecto; las sugerencias deben ser eso, sugerencias, y no percibirse como una factura adicional”, dice Coquillart.

Dejar propina por cortesía

Aunque existe la idea generalizada de que en Estados Unidos las propinas son obligatorias, no existe una norma legal que lo indique. No obstante, es el único país donde dejar una propina de entre el 15% y 20% de la cuenta es lo mínimo que marca el estándar. Si no se hace, se considera una falta grave de etiqueta. En muchos establecimientos de Francia, Austria, Portugal e Italia, esas propinas pueden encontrarse en forma de cargo por servicio, aunque el porcentaje varía de un lugar a otro. Lo normal es dejar un 10%. En los países asiáticos, sin embargo, es una práctica muy mal vista. Los japoneses tienen una palabra, omotenashi, que significa dar la mejor atención a cambio de nada y que evidencia que la propina no tiene sentido allí.

¿Qué dice la ley española?

En España no hay una ley que regule las propinas, pero sí que existe legislación que regula el pago por servicios o productos que no se han solicitado. Recientemente la organización de consumidores FACUA denunciaba ante el Ministerio de Consumo al operador turístico MSC Cruises por incluir en las facturas de los clientes conceptos “relacionados con la prestación del servicio del personal que alojaba a los huéspedes”. Para ello, se apoyaba en el artículo 89 del Real Decreto Ley 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Según la normativa «tienen la consideración de cláusulas abusivas la imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados», y añade como abusivos: «Los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso, expresados con la debida claridad o separación».

Para saber más

El banco online N26 ha publicado una guía sobre el funcionamiento de las propinas en España. En ella explica cómo funciona, cuándo es preciso tenerla en cuenta, la cantidad apropiada, etc.

La publicación especializada en tecnologías Xataka recogía hace unos meses un informe internacional sobre las costumbres de pago de propinas en más de 162 destinos.

Un tema que preocupa a muchos viajeros es cuánta propina debemos dejar en los países que visitamos. Aunque no existe una norma general, la revista de viajes Traveler recopila las costumbres en los destinos más populares.

«La propina como reconocimiento extra», por Gustavo Samayoa

CONSUMO

GUSTAVO SAMAYOA,

presidente de Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI)

"Tiene que quedar claro que al ser libre el pago de ese añadido, el empleador no puede interferir cuando un consumidor voluntariamente le da una propina al trabajador"

La propina como reconocimiento extra

La propina, es decir el dinero que se añade a la cuenta presentada a las personas consumidoras, o como dice la RAE, que la define como una pequeña gratificación para premiar un buen servicio, cabe decir que, a diferencia de otros países, es voluntaria en España, por lo que en ningún caso puede ser exigido su pago.

Últimamente se ha detectado una práctica que, si bien no obliga al consumidor, sí le induce de alguna manera a pagar un suplemento a la factura por servicios, tales como propina al camarero, propina al establecimiento, propina al cocinero y demás. Entendemos que, si bien esta práctica no obliga, puede generar al efecto contrario, es decir: no dejar propina. No olvidemos que, en nuestro país, según los estudios, un 11% de los encuestados dice dejar un añadido económico a la cuenta final, mientras que un 17% declara no dejar nunca propina y el resto no se pronuncia.

El consumidor español normalmente reconoce la atención recibida, pero la cuantía añadida a la factura suele ser muy variada. En muchos casos es la vuelta recibida del pago efectuado, sobre todo en consumiciones pequeñas como un café o un aperitivo.

Es probable que en un establecimiento de hostelería o restauración ese añadido por el servicio prestado sea un poco mayor debido a que la factura es superior, pero siempre con la costumbre de dejar lo que considere el consumidor en cada momento, dada su voluntariedad, y por el servicio satisfactorio excepcional prestado (el buen servicio se da por hecho). Nunca es para completar el salario del trabajador, ya que es el empleador el que se ocupa de ello, pagando el sueldo fijo establecido por ley, independiente de los servicios que se presten; no como en otros países en donde sí es un complemento salarial.

Las propinas o pago añadido voluntariamente a las facturas también son comunes en otras profesiones, como repartidores, personal de hoteles, guías turísticos, transportistas, por ese añadido al buen servicio que prestan los trabajadores al consumidor, pero siempre de forma discrecional por parte de este último. Tiene que quedar claro que al ser libre el pago de ese añadido, el empleador no puede interferir cuando un consumidor voluntariamente le da una propina al trabajador, situación que se produce algunas veces.

Una de las obligaciones de los empleadores es asegurarse de que una vez dada propina voluntaria por los consumidores, esta sea distribuida entre los trabajadores y estos declararlas fiscalmente. La legislación española no establece de forma clara cómo deben tratarse las propinas en el ámbito laboral, por lo que entendemos que queda a discreción del empleador, consensuado con los empleados. Lo común es considerar las propinas como un ingreso extra colectivo para los trabajadores de hostelería y turismo y por lo tanto serán distribuidas equitativamente, si bien en ningún caso se deben considerar estos extras como parte de los salarios base.

La cultura de las propinas en nuestro país no está muy arraigada, a pesar que muchos consumidores encuestados dicen que los trabajadores merecen un extra por los servicios especiales que prestan. España está lejos de la cultura americana o francesa en donde está tasado el tanto por ciento de la factura que ha de incrementarse en el momento del pago de la misma, o de países como Japón, donde este gesto se ve como una ofensa al trabajador, incluso como una falta de educación, pues entienden que es su obligación atender a los usuarios de la mejor manera posible, y que es el empleador el que debe pagar salarios justos a sus empleados. Así pues, en nuestro país se toma como una obligación moral voluntaria.

En caso de que algún establecimiento quiera obligar al consumidor a pagar propina o directamente se incluya esta en la cuenta sin su consentimiento, recordemos que existen varias vías de reclamación al servicio del consumidor. En primer lugar, se ha de intentar disuadir al establecimiento, solicitar las llamadas hojas de reclamaciones para denunciar un posible ilícito administrativo que podría generar una multa al establecimiento. Por otro lado, es posible presentar una reclamación ante una organización de consumidores, que a su vez la gestionará ante el organismo de consumo pertinente para que le sea resarcido ese extra no consentido y cobrado.

Por lo tanto, la propina en España sigue siendo un acto de conformidad del usuario frente a quien le presta un servicio; un acto voluntario. En ningún caso, se debe demonizar a quien libremente decide que con el pago de la factura ya está pagando el servicio o los servicios recibidos.

«Cómo actuar ante el spam telefónico», por Olga Ruiz-Legido

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

OLGA RUIZ LEGIDO,

presidenta de FACUA

"El 96,6% de los consumidores seguimos recibiendo llamadas comerciales no solicitadas, pese a estar prohibidas desde finales del pasado mes de junio"

Cómo actuar ante el spam telefónico

El 96,6% de los consumidores seguimos recibiendo llamadas comerciales no solicitadas, pese a estar prohibidas desde finales del pasado mes de junio y pese a que hayamos podido figurar inscritos en la llamada Lista Robinson: un servicio de exclusión publicitaria, creado hace más de dos décadas, que permite al usuario dejar constancia expresa de que no quiere recibir publicidad por distintos canales, entre ellos, el telefónico.

España es uno de los países más afectados por llamadas comerciales no deseadas (el quinto del mundo en 2020 según un estudio de TrueCaller), situación que ha obligado a reforzar la regulación existente, incorporando en la reciente Ley General de Telecomunicaciones de 2022 (Ley 11/2022, de 28 de junio) el derecho del usuario a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales. El reconocimiento de este derecho conlleva la prohibición para las empresas de realizar llamadas comerciales no consentidas, vigente desde el pasado 29 de junio.

La novedad en la regulación de las llamadas comerciales es que, a partir de ahora, las empresas tendrán que consultar si el consumidor ha autorizado que lo llamen para poder ofrecerle sus servicios. Es decir, aunque no esté inscrito en la Lista Robinson, y en cualquier franja horaria del día, las llamadas que expresamente no haya solicitado recibir y sean ajenas al marco de una relación contractual preexistente serán abusivas e ilegales.

FACUA realizó el pasado mes de septiembre una encuesta en la que participaron 6.065 consumidores, que ha arrojado un elevado nivel de incumplimiento por parte de las empresas. De esta forma, el 56,9% de los encuestados señala que ha recibido más de cinco llamadas comerciales en el último mes. El 4,1% recuerda haberlas recibido en cinco ocasiones en ese periodo; el 8,2% en cuatro; el 12,5% en tres; el 9,7% en dos y el 5,0% indica que le han llamado una vez. Solo el 3,4% afirma que no ha recibido ninguna.

Además, el 57,4% de los afectados que durante alguna llamada ha solicitado expresamente al teleoperador que no vuelvan a molestarle ha recibido posteriormente una nueva llamada ofreciéndole los servicios de la misma empresa.

Los servicios objeto de mayor número de llamadas comerciales no autorizadas son los de telecomunicaciones, seguidos de los energéticos, los seguros, las alarmas y los servicios de concesión de préstamos.

La encuesta realizada también pone en evidencia que solo el 8,6% de los consumidores afirma saber cómo denunciar las llamadas comerciales no solicitadas y que nada más que el 1,5% de los afectados dice haber presentado una denuncia por ello.

El organismo encargado de analizar y tramitar las denuncias que presenten los consumidores es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la normativa en este ámbito y, en su caso, sancionar a las empresas que vulneren la ley.

Un día antes de la entrada en vigor de la norma, el 28 de junio, la AEPD publicaba en el BOE la Circular 1/2023, de 26 de junio, al objeto de ayudar en la interpretación del artículo 66.1.b) de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, fijando y aclarando conceptos y alcance de la norma y los criterios que aplicará la agencia en su cumplimiento.

Así, por ejemplo, respecto a las llamadas realizadas a números generados de forma aleatoria, establece igualmente que sólo pueden realizarse llamadas comerciales con el consentimiento previo del usuario. La empresa no puede realizarlas basándose en su interés legítimo, ya que en este caso no prevalece sobre el derecho de los usuarios.

La circular detalla además cuándo se pueden realizar llamadas a los abonados cuyo teléfono aparece en las guías telefónicas e insiste en la consulta obligatoria de las empresas a los sistemas de exclusión publicitaria, como la citada anteriormente Lista Robinson.

Por otro lado, la agencia también señala que, aunque el usuario haya dado su consentimiento para llamadas de una empresa en concreto, esto no permite que otras del mismo grupo empresarial puedan empezar a realizarle llamadas comerciales, por lo que supondría igualmente una infracción que se pusieran en contacto con él si no recaban su consentimiento expreso.

Denunciar el spam telefónico es posible, es fácil y es necesario. El usuario afectado puede hacerlo incluso de forma telemática en la web de la AEPD. No requiere que previamente se haya grabado la llamada, pero sí tendrá que aportar una serie de datos y documentación acreditativa de la titularidad de la línea receptora de la llamada.

Una vez confirmados los hechos e identificada la empresa, la agencia podrá proceder a sancionarla si confirma que se produjo una vulneración de la normativa.

El altísimo índice de incumplimientos de la prohibición de las llamadas comerciales no autorizadas debe llevarnos a los consumidores a tomarnos en serio que solo con denuncias podremos ponerles freno. Los consumidores debemos adoptar una actitud activa y reclamar ante unas prácticas que son abusivas y lesionan nuestros derechos. Igualmente, debemos exigir a los organismos competentes sanciones ejemplarizantes y disuasorias.

En los supuestos de acoso telefónico el consumidor también puede acudir a la autoridad de consumo de su comunidad autónoma, presentando la correspondiente reclamación. Realizar propuestas comerciales a distancia no deseadas y reiteradas constituye una infracción en materia de consumo. Este tipo de prácticas se consideran agresivas y son conductas desleales con los consumidores.

Por muy difícil que pueda ser en ciertos casos localizar y sancionar a las empresas que se saltan la ley, sin denuncias de los usuarios afectados ni siquiera se dará el primer paso.

El peligroso mercado de las imitaciones

CONSUMO

El peligroso mercado de las imitaciones

Cuando consumimos imitaciones estamos contribuyendo a destruir la economía real y colaborando con organizaciones criminales.
El consumo de productos falsificados tiene efectos negativos sobre la economía, pero también puede tenerlos sobre la salud, la seguridad y el medio ambiente ya que muchos de los productos que circulan en ese mercado alternativo no cumplen las normas de calidad ni los controles exigidos al resto de fabricantes.
MARIÁN LEZAÚN

Cuando compramos una copia ilegal estamos, además, contribuyendo a la comisión de un delito contra la propiedad intelectual, lo que atenta contra la innovación y el desarrollo y, en consecuencia, contra la industria. Sin embargo, el fenómeno sigue creciendo y ha llevado a España al tercer puesto en el ranking europeo de consumo de productos falsificados.

Un problema global. El mercado de las imitaciones, réplicas y copias falsas de productos originales es un problema global de difícil solución. Actualmente, el país más afectado por la falsificación es Estados Unidos, puesto que un 24% del valor total de los productos incautados en las aduanas de todo el mundo corresponden a derechos de propiedad intelectual registrados en país, según explican Eduardo Valpuesta, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Navarra y Patrick O’Malley, profesor de Derecho Mercantil de la misma universidad. Le siguen Francia, con un 16,6%, e Italia con un 15,1%. Según explican estos expertos, “diversos estudios afirman que la tasa de mercado de las falsificaciones alcanza ya 6% del total (aunque la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea la sitúa en un 2,5%), lo que supondría 700.000 millones de euros de ventas frustradas para los titulares legítimos; una pérdida de 2,5 millones de puestos de trabajo, y 125 millones de ingresos fiscales anuales menos. En el caso de España, las pérdidas provocadas por las ventas ilegales alcanzan los 6.700 millones de euros y suponen la destrucción de 54.000 puestos de trabajo. Una lacra que se extiende a todos nuestros socios comunitarios. “Solo la falsificación de prendas y artículos de moda han provocado en Italia la destrucción de 88.000 puestos de trabajo en los últimos años, lamenta O’Malley.

 


EL PAÍS MÁS AFECTADO POR LA FALSIFICACIÓN ES ESTADOS UNIDOS Y LE SIGUEN FRANCIA E ITALIA


 

Estos datos demuestran la gravedad de un problema que, sobre todo, es muy complicado de controlar. “Es necesaria una acción coordinada entre gobiernos, fuerzas de seguridad, marcas y consumidores, lo que complica sobremanera poder impactar en las sofisticadas organizaciones de redes de piratería y falsificación”, explica Paco Lorente, profesor en ESIC Business School y cofundador de la consultora Wannathink.

Concienciación. Acabar con el negocio de las falsificaciones no es fácil, pero sí se puede sensibilizar a la ciudadanía de que cuando consume imitaciones está contribuyendo a destruir la economía real; está colaborando con organizaciones criminales, y está poniendo en riesgo su salud. De hecho, el Ministerio de Industria lanza cada año una campaña para concienciar a los consumidores sobre este asunto. Según la Oficina Española de Patentes y Marcas, “el 45% de los jóvenes de entre 15 y 24 años adquirió el año pasado un producto falsificado online a propósito y el 25% de los mismos accedió conscientemente a contenido pirateado”. La misma entidad estima que cada español destina 133 euros anuales a la compra de productos falsos. Por eso, Eduardo Valpuesta insiste en que “al comprar falsificaciones se potencia una industria que además de infringir derechos, explota laboralmente a los trabajadores (con una inmensa localización en China). “El antisistema que al comprar estos productos cree que está protestando ante la industria es también la persona que ayuda a perpetuar esta economía sumergida y la explotación laboral”, explica Valpuesta, quien considera que la lucha contra este mercado no es fácil. “En el comercio mundial es muy difícil actuar contra los infractores de derechos de todo tipo. Supongamos que vemos una página web que vende falsificaciones: ¿cómo reclamamos?”, se pregunta. “Lo primero sería investigar quién es el titular de la página, lo que no siempre es fácil, ni veraz. Una vez que sabemos quién es el titular podemos reclamarle, pero, a menudo, son empresas radicadas en países con sistemas judiciales laxos o poco eficientes y una reclamación es complicadísima y de éxito difícil”, explica Valpuesta. Y, en el caso de que se lograra una condena judicial, ¿cómo se ejecuta contra la empresa y contra sus bienes? “Suelen ser empresas temporales, que cierran y se reconstituyen con otra denominación y forma, sin bienes conocidos, etc.”, añade Valpuesta.

 


EN ESPAÑA, LAS PÉRDIDAS PROVOCADAS POR LAS VENTAS ILEGALES ALCANZAN LOS 6.700 MILLONES DE EUROS Y SUPONEN LA DESTRUCCIÓN DE 54.000 PUESTOS DE TRABAJO


 

En la misma línea, Alejandro Ruelas, experto en estrategia, innovación empresarial y profesor de la Universidad de Navarra, advierte que cuando compramos algo barato debemos pararnos a pensar en las consecuencias. “Para poder vender barato tienes que producir barato y eso solo puede hacerse sin innovar, copiando y pagando poco a los trabajadores”, insiste. Por eso, para este experto no solo las falsificaciones lastran la economía sino también los productos low cost y las marcas blancas. “Estamos en un sistema muy laxo legalmente que termina con las empresas que generan valor y, a la larga, eso es muy peligroso”, explica Ruelas. Las pérdidas para las marcas originales son enormes y eso acaba lastrando el crecimiento: “Lo peor que le puede pasar a una economía desarrollada es que se reduzcan las marcas”.

Los productos más copiados. Pero, ¿qué clase de productos son los que se prestan más a las imitaciones. No hay estadísticas, pero lo más falsificado es la propiedad intelectual (música, películas y juegos electrónicos). Le siguen el calzado deportivo, la ropa, los artículos de cuero, informática, cosmética y productos de cuidado personal. Se estima que sólo en el negocio de la cosmética un 16% de las ventas son productos falsificados. También se copian medicamentos e incluso productos de alimentación, a pesar del esfuerzo que se hace para concienciar a la población y evitar, en la medida de lo posible, este tipo de prácticas. “El 80% de los productos falsificados se venden online”, explican Valpuesta y O’Malley. En cuanto a los países de procedencia se afirma que de Turquía vienen muchas prendas de vestir, de Hong Kong, la telefonía y la informática, y de Malasia, los productos cosméticos. “No obstante, alrededor del 75% de los productos falsos proviene de China”, reconocen los expertos.

Detectar un producto falso

Saber si estamos comprando un producto original no siempre es fácil, especialmente cuando acudimos a una plataforma online. Lo mejor es fiarse sólo de portales reputados y comprobar la titularidad de las páginas. Muchas webs de apariencia normal son empresas temporales que venden productos falsos. En la venta física, normalmente el lugar o forma de venta indica la procedencia de los productos y suele ser más sencillo identificar las imitaciones. “Cada vez son copias mejores elaboradas. Han evolucionado mucho en el cuidado de los detalles como logotipos, etiquetas o método de elaboración que antes revelaban su condición a primera vista”, explica Paco Lorente, profesor en ESIC Business School y cofundador de la consultora Wannathink. “Si la falsificación es buena cuesta más descubrirla. Hay que fijarse en el tipo de envase y packaging, en la etiqueta del fabricante, en los datos, etc. También, el precio es un indicador clave, los chollos y las gangas son difíciles de encontrar, por lo tanto, hay que desconfiar si proviene de una tienda informal, y en el caso de internet, debemos revisar siempre las páginas oficiales”, advierte.

LOS ESPAÑOLES GASTAMOS DE MEDIA 133 EUROS ANUALES EN PRODUCTOS FALSIFICADOS DE MANERA CONSCIENTE

El perfil del consumidor de imitaciones

El consumo de productos falsificados es un acto, en gran medida, consciente, aunque bien es cierto que muchas veces es difícil saber si estamos ante una réplica perfecta. La Euipo (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) los clasifica en tres comportamientos. En primer lugar, está el llamado antimarca que es aquel que compra falsificaciones como forma de protesta o crítica al capitalismo y a los altos precios de las marcas. En un segundo grupo está el narcisista, el que quiere ropa de marca o cuyo ámbito social le exige ropa de marca, pero no puede pagarla. Y, en tercer lugar, se encuentra el engañado, que es aquel que no sabe que compra falso. Paco Lorente, profesor en ESIC Business School y cofundador de la consultora Wannathink, añade que “el consumidor más joven de falsificaciones (16 y 24 años) ha crecido en los últimos tiempos. Según Lorente “la proliferación de webs donde poder adquirir productos falsificados ha crecido y es una manera fácil, cómoda y anónima de hacerte con ellos; de hecho, ya son casi la mitad de las compras en este tipo de productos. Algo mucho más silencioso que los manteros que vemos en calles o playas, pero que tiene un mayor impacto”. Alejandro Ruelas, profesor de estrategia e innovación empresarial en la Universidad de Navarra, define a este tipo de consumidores como una persona a la que le gusta aparentar, que recurre a las falsificaciones de manera aspiracional y que no respeta las reglas del mercado.

Para saber más

La Oficina Española de Patentes y Marcas ha lanzado una campaña institucional contras las falsificaciones y para concienciar a los consumidores del problema que representan.

La Oficina de la Propiedad Intelectual en Europea ha publicado un informe en el que analiza el impacto de la propiedad intelectual en la economía europea y la conducta de los consumidores ante las falsificaciones.

El Instituto vasco de consumo dispone en su web de una guía para detectar productos falsos y evitar su consumo.