La IA y el cuento de la extinción, por Esther Paniagua

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LA @

ESTHER PANIAGUA,

periodista y autora especializada en tecnología

¿Quién cuenta la historia, con qué pruebas y para beneficio de quién? Porque esta película ya la hemos visto”

La IA y el cuento de la extinción

Fue en 1970 cuando Marvin Minsky predijo que, antes de 1980, la Inteligencia Artificial (IA) comenzaría a autoeducarse a una velocidad asombrosa. “En unos meses alcanzará un nivel de genialidad y, unos meses después, sus poderes serán incalculables. (…) Una vez que los ordenadores tomen el control, tal vez nunca lo recuperemos. Si tenemos suerte, tal vez decidan adoptarnos como mascotas”, aseguró Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial como disciplina. Antes que él, en 1965, el matemático Irvin John Good publicó un artículo donde vaticinaba un suceso similar para antes del año 2000.

La rebelión de los agentes

Las predicciones de estos y otros científicos y tecnólogos no vienen de la nada. Los temores a una creación humana que se sale fuera de control se remontan a tiempos de antes de Cristo, con las estatuas de Dédalo que podían escapar, descritas por Platón. O con el famoso relato del aprendiz de mago a quien se le descontrola la escoba encantada, ya en el siglo II d. C. Y, más recientemente, con historias de extinción humana a manos de máquinas, en la obra R. U. R. (Robots Universales Rossum), de Karel Čapek, o en películas como Terminator.

Sin embargo, una cosa es la ficción y otra la realidad basada en la evidencia. De ahí que, hasta ahora, a estos profetas no se les hubiera tomado en serio. ¿Qué ha cambiado? Tres hechos importantes explican este momentum que ha propiciado la consideración de unas afirmaciones que otrora se habrían descartado inmediatamente por estrafalarias o ridículas.

El primer hecho es la supuesta rebelión este verano de “agentes de IA” de OpenAI (sistemas informáticos que pueden completar tareas que les asignemos, con distintos grados de autonomía). Dichos agentes artificiales se saltaron sus propias barreras para entrar en los sistemas de otra empresa, Hugging Face, y así cumplir con el objetivo asignado. ¿Y cuál era ese objetivo? Pues nada menos que tareas de pirateo informático.

OpenAI quería, literalmente, medir “hasta dónde podían llegar sus capacidades”, y para ello redujeron drásticamente sus controles de seguridad, lo que explica que estos sistemas pudieran saltarse otras barreras. La empresa dijo que sus agentes de IA habían cooperando entre ellos para causar daños, cuando en realidad lo que sucedió no es más que lo que en informática se conoce como “computación distribuida”. Pero claro, eso suena menos peliculero.

¿Capacidades extraordinarias?

El segundo hecho es el supuesto hito matemático de OpenAI, que aseguró en septiembre que su IA había resuelto uno de los siete problemas del milenio. No solo surgieron dudas sobre si la demostración resolvía realmente el problema de Navier-Stokes, al que se refería. También se acusó a la empresa de apropiación del trabajo de varios matemáticos. Entre ellos, dos españoles cuyas investigaciones habían sido fundamentales para el avance anunciado por OpenAI, pero que esta no citaba en la primera versión de su artículo científico (lo corrigió después, sin decir nada). La polémica creció cuando otros dos matemáticos expresaron sus sospechas de que OpenAI pudiera haberse beneficiado de investigaciones inéditas que habían compartido con sus herramientas de IA.

Estos dos sucesos, que calaron el discurso público como demostraciones de las capacidades extraordinarias de los modelos de IA generativa más avanzados, se explican por dos tácticas fundamentales —y un mecanismo psicológico— explotadas hasta el hartazgo por los gigantes de la IA. La primera estrategia es el hype o exageración hiperbólica frente a una realidad que cuestiona el relato triunfalista de la IA. La segunda es la antropomorfización de los sistemas de IA, a los que se refieren usando palabras que describen comportamientos humanos, pese a que no son más que programas informáticos.

Por último, el mecanismo psicológico que explotan es el “efecto ELIZA”, llamado así por el nombre del primer chatbot, hacia 1964. Este efecto describe nuestra tendencia a tratar los programas informáticos conversacionales como si fueran más inteligentes de lo que realmente son, ya que proyectemos nuestra propia complejidad en ellos.

Concentración de poder

Y aquí entra el tercer hecho clave: la extraordinaria concentración de poder tecnológico, económico, comunicativo y de lobby que tienen estas empresas para convencernos de todo ello. Así las cosas, a comienzos de septiembre de 2026 se generó el caldo de cultivo perfecto para que el mensaje del desertor de Anthropic diciendo que sus colegas creían que la IA podría exterminar a la humanidad antes de 2030 se hiciera viral. Y los líderes tecnológicos aprovecharon el tirón.

En cuanto a la pregunta “¿por qué y para qué?”, no hay una única respuesta. Por una parte, para seguir alimentando la exageración sobre sus productos para mantener la inversión y el misticismo, y anular nuestra capacidad crítica de cuestionar algo que se nos presenta como incomprensible y que nos supera. Por otra, erigirse en los únicos interlocutores válidos en lo que respecta a la regulación de estos sistemas, sobre la base de que son los únicos que la entienden, e impulsar medidas que aplasten a la competencia (ya sea frenando ciertos desarrollos, con una regulación que convenga solo a los incumbentes…).

Por último, buscan también descargarse de responsabilidad, bajo la premisa de que, si sus creaciones están fuera de control, ellos no pueden ser culpables de las ilegalidades o destrozos que cometan. Todo esto lo reflejan bien las declaraciones de Jensen Huang, presidente de la empresa cotizada más valiosa del mundo: Nvidia. En una entrevista en la CBS, aseguró que hay “0 % probabilidades” de extinción a manos de la IA antes de 2030, que “no tiene base científica”, que “es irresponsable”, que los incidentes de seguridad de Anthropic y OpenAI “fueron desencadenados” por las propias empresas, y que lo que buscan en realidad es “ser eximidos de las leyes que ya existen”. “¡Lean entre líneas!”, exclamó.

Así que, la próxima vez que escuchemos profecías de máquinas que se descontrolan o acaban con la raza humana y que llevan sucediéndose durante décadas, en lugar de creernos el cuento, preguntémonos: ¿quién cuenta la historia, con qué pruebas y para beneficio de quién? Porque esta película ya la hemos visto.

Mejorar la vida de las personas: dependencia y derecho a decidir con apoyos, por Luis Gonzaga

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN EL ESCAPARATE

Ilustración de Luis Gonzaga, presidente de Liber
LUIS GONZAGA,

presidente de Liber

El verdadero reto consiste en transformar los avances normativos en servicios accesibles, coordinados y sostenibles”

Mejorar la vida de las personas: dependencia y derecho a decidir con apoyos

La reforma de la Ley de Dependencia representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo de atención más personalizado, flexible y comunitario. La posibilidad de combinar prestaciones, ampliar la asistencia personal o favorecer la permanencia en el hogar puede mejorar significativamente la vida de las personas con discapacidad.

Ahora bien, todas estas medidas deben ir acorde con la exigencia de que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones y a contar con los apoyos necesarios para hacerlo. Decidir es un derecho de todas las personas.

En este sentido, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce, en su artículo 12, el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones. En España, la Ley 8/2021 supuso un cambio fundamental al sustituir el modelo de incapacitación judicial por otro basado en los apoyos, el respeto a la voluntad, los deseos y las preferencias de cada persona.

Este cambio requiere transformar prácticas y actitudes profundamente arraigadas. Prestar apoyo no significa decidir por alguien, sino facilitar información comprensible, presentar alternativas, acompañar los procesos de decisión y respetar las elecciones personales. Todas las personas necesitamos apoyos para decidir en determinados momentos. Si bien algunas requieren acompañamientos más intensos, continuados o especializados, pero esa necesidad nunca debe justificar la sustitución de su voluntad.

Vivir en casa no significa necesariamente poder decidir

La apuesta por los cuidados en el hogar y los servicios comunitarios constituye un avance hacia la vida independiente. No obstante, permanecer en una vivienda no garantiza, por sí solo, la autonomía. Una persona puede vivir en su casa sin participar en las decisiones sobre sus horarios, relaciones personales, recursos económicos o actividades cotidianas. También puede recibir numerosos servicios sin haberlos elegido.

El artículo 19 de la Convención reconoce el derecho a vivir de forma independiente y a participar en la comunidad. Esto implica poder elegir dónde y con quién vivir, qué apoyos recibir y cómo organizar el propio proyecto vital. Por tanto, la personalización no debe limitarse a adaptar los servicios a las necesidades identificadas por profesionales. Debe partir de las decisiones, aspiraciones y preferencias de la persona.

Las entidades de apoyo: acompañar decisiones y construir autonomía

Hay que seguir trabajando para que el derecho a decidir con apoyos sea una realidad cotidiana. En esta línea, la Asociación Liber y su red de entidades de apoyo acompañan a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o con problemas de salud mental en decisiones personales, jurídicas y patrimoniales para que puedan ejercer plenamente su capacidad jurídica en la toma de decisiones.

Elegir dónde vivir, gestionar recursos económicos, mantener relaciones personales, solicitar servicios o planificar el futuro son decisiones que requieren, en ocasiones, apoyos especializados. Esta labor exige tiempo, continuidad, conocimiento de cada persona y relaciones de confianza. También requiere herramientas de comunicación accesibles, profesionales preparados y preparadas y salvaguardas que eviten abusos, conflictos de intereses o influencias indebidas.

En el caso de Liber, a través de nuestro Modelo de Apoyos, promovemos una intervención centrada en la persona, orientada a fortalecer su autonomía y respetar sus decisiones. Además, impulsamos la participación directa de las personas apoyadas en espacios de formación e incidencia. Su experiencia resulta imprescindible para identificar las barreras que todavía dificultan el ejercicio efectivo de sus derechos.

Los conciertos sociales: garantizar la continuidad de los apoyos

Para que este modelo funcione, el reconocimiento legal de los derechos debe acompañarse de una financiación pública suficiente, estable y adaptada a la naturaleza de los servicios. Actualmente, una de las principales dificultades del sector es la dependencia de subvenciones anuales y finalistas y convocatorias que generan incertidumbre sobre la continuidad de los recursos.

Sin embargo, los apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica no pueden depender de ciclos presupuestarios breves. Las personas necesitan acompañamiento continuado, especialmente cuando existen grandes necesidades de apoyo o situaciones personales complejas. En este sentido, los conciertos sociales constituyen una herramienta fundamental para garantizar esa estabilidad. Su desarrollo por las comunidades autónomas, dentro de sus respectivos marcos normativos, permitiría establecer relaciones de colaboración duraderas entre las administraciones públicas y las entidades especializadas, vinculando la financiación a la prestación de servicios de interés social y al cumplimiento de criterios de calidad.

Es necesario avanzar hacia sistemas de concertación social que reconozcan las particularidades de los apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica, aseguren su sostenibilidad y eviten desigualdades territoriales. No se trata de financiar organizaciones, sino de garantizar derechos: que una persona no pierda sus apoyos por la finalización de una subvención o por residir en una comunidad autónoma con menos recursos.

Una transformación que debe llegar a la vida cotidiana

La reforma de la Ley de la Dependencia también exige una mayor coordinación entre servicios sociales, sanitarios, recursos comunitarios y entidades de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica. Es importante distinguir los cuidados para realizar actividades cotidianas de los apoyos para tomar decisiones. Son intervenciones complementarias, pero diferentes, y ambas deben respetar la voluntad de la persona.

El verdadero reto consiste en transformar los avances normativos en servicios accesibles, coordinados y sostenibles. Para lograrlo, necesitamos profesionales formados y formadas, recursos suficientes, financiación estable y mecanismos que permitan evaluar si las personas están ejerciendo realmente su derecho a decidir.

Desde Liber defendemos que la transformación del sistema de cuidados debe avanzar junto al modelo de apoyos de la Ley 8/2021, incorporando fórmulas estables de colaboración pública, especialmente mediante conciertos sociales. Porque el objetivo no es únicamente que las personas con discapacidad reciban mejores cuidados, sino que puedan decidir cómo quieren vivir y construir sus propios proyectos de vida.

El dato notarial como bien público, por Enric Hernández

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LA @

Ilustración de Enric Hernández Jiménez
ENRIC HERNÁNDEZ JIMÉNEZ,

director de Inteligencia de Datos e Innovación del Centro Tecnológico del Notariado

Algunos estudios que estamos realizando arrojan diferencias de hasta el 13 % entre el precio de oferta y el precio de cierre para determinadas zonas”

El dato notarial como bien público

La vivienda se ha convertido en el principal problema de la ciudadanía. Esto contrasta con un debate sustentado en datos de oferta que, a su vez, son indicadores de las expectativas de los vendedores y no de la propia realidad del mercado inmobiliario.

Algunos estudios que estamos realizando desde el Centro Tecnológico del Notariado en colaboración con otros actores del sector arrojan diferencias de hasta el 13 % entre el precio de oferta y el precio de cierre para determinadas zonas.

Consulta gratuita y anonimizada

El 23 de octubre de 2025, el Consejo General del Notariado presentó su Portal Estadístico, con información proveniente de las escrituras e instrumentos públicos convenientemente anonimizada, permitiendo que cualquier persona o profesional pueda consultar de forma visual y totalmente gratuita datos de carácter inmobiliario con granularidad hasta códigos postales (e incluso menor gracias a una herramienta de dibujo y selección de áreas geográficas).

La fuente del dato es el Índice Único Informatizado Notarial, que incluye, de forma parametrizada y estructurada, toda la información relevante de las escrituras. El reto consistió en transformar toda esta información de carácter eminentemente jurídico en indicadores visuales, comprensibles y exhaustivos para todo el territorio español.

La apertura de datos, y más en el caso de la corporación notarial, exigió un cumplimiento estricto en materia de privacidad para garantizar la protección y confidencialidad de los datos de carácter personal. Este requisito estuvo presente desde la conceptualización del proyecto, vehiculándose a través de técnicas de anonimización que preservan en todo momento la protección de dicha información.

Nota metodológica detallada

En el área de la estadística, como disciplina científica, la metodología y la tecnología deben ir de la mano. Un dato por sí solo no tiene valor si no sabemos cómo se ha calculado o qué asunciones subyacieron a su cálculo. En esa línea, el Portal permite la descarga de una nota metodológica con todo el detalle de las técnicas y metodologías seguidas para el curado de datos.

Más de medio millón de usuarios únicos refrendan la utilidad del Portal. Pero más allá de estos buenos guarismos, pensamos que el interés social del Portal debe medirse por las oportunidades de colaboración institucional que brinda, la investigación académica, en erigirse como fuente de referencia de los medios de comunicación y, sobre todo, por la calidad del debate público que suscita.

En el primer ámbito, el Consejo General del Notariado ha suscrito convenios con los ministerios de Economía, Vivienda o incluso con el Banco de España para el uso de la información del Portal para el análisis pormenorizado del mercado inmobiliario que permita la definición de políticas públicas realmente eficaces.

En el plano académico, investigadores universitarios de varias universidades españolas ya utilizan los datos del Portal como palanca para sus actividades de investigación e incluso docentes.

Con respecto a los medios de comunicación, en apenas un año, el Portal se ha erigido como referencia indispensable, además de como fuente de datos para la creación de mapas interactivos propios y otras utilidades presentes en las principales cabeceras digitales, amén de distinciones como la de mejor proyecto de innovación otorgada recientemente por Confilegal.

El objetivo siempre ha sido la utilidad pública, y ese debe ser el verdadero termómetro para cualquier tipo de balance. El Portal Estadístico nació para devolver a la sociedad información fiable sobre la realidad del mercado de la vivienda en España, que a su vez permita a los ciudadanos tomar decisiones de forma informada.

Tipologías de usuario

Con respecto a las tipologías de usuario, no es única, sino variada: los particulares interesados en comprar o vender un inmueble demandan una información actualizada, local y comprensible: cuánto se está pagando en el área o zona de su interés. El profesional ya requiere de información de más largo alcance, como series de evolución, mayor profundidad histórica…, mientras que el mundo académico y las administraciones, por su parte, demandan el cruce de la información inmobiliaria con indicadores de tipo sociodemográfico para la definición de políticas públicas eficaces.

Desde el Centro Tecnológico del Notariado, y por extensión desde el propio Consejo General del Notariado, trabajamos cada día para que el Portal Estadístico siga satisfaciendo las necesidades particulares de cada uno de nuestros usuarios.

Finalmente, con vistas al futuro, el objetivo es la consolidación del Portal como fuente de referencia de la realidad inmobiliaria en España, el lugar donde el dato notarial se transforma en conocimiento real para la ciudadanía y las administraciones.

La seguridad jurídica de las inversiones en Iberoamérica y el proyecto Iberfides, por Ramón Casilda Béjar

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ALDEA GLOBAL

Ilustración de Ramón Casilda Béjar
RAMÓN CASILDA BÉJAR,

miembro de la Línea de Investigación en Economía Latinoamericana del IELAT-Universidad de Alcalá

La alianza de la seguridad jurídica con la tecnológica se convierte en vehículo y puente de unión con las inversiones”

La seguridad jurídica de las inversiones en Iberoamérica y el proyecto Iberfides

Iberoamérica constituye, desde los primeros años de la década de los noventa del pasado siglo XX, la región donde los principales bancos y empresas españolas iniciaron su expansión internacional mediante importantes inversiones que han situado a España como el primer inversor europeo y el segundo mundial por detrás de Estados Unidos. Durante todo este tiempo se ha ido creando un vigoroso espacio inversor iberoamericano, que hace ineludible buscar soluciones prácticas las cuales, sin merma de las garantías y seguridad, faciliten las relaciones económicas, comerciales, empresariales, interpersonales y familiares, que resultan especialmente intensas.

Sistema de colaboración interinstitucional

Para hacer frente a esta dinámica, la respuesta más efectiva pasa por la creación de un sistema de colaboración interinstitucional que facilite la interconexión documental utilizando las nuevas herramientas tecnológicas. La alianza de la seguridad jurídica con la tecnológica se convierte en vehículo y puente de unión con las inversiones. Considerando que el concepto de la seguridad jurídica constituye una de las claves para el correcto funcionamiento de los sistemas económicos, actuando como un catalizador determinante para la atracción, consolidación y expansión de los flujos de inversión. Iberoamérica, en este contexto específico adquiere una alta relevancia debido a las transformaciones institucionales, los desafíos de gobernanza y las complejas dinámicas de mercado que caracterizan a los distintos Estados de la región.

En una región caracterizada por su heterogeneidad política y económica, la certeza de que las reglas del juego se mantendrán estables o que cambiarán mediante procesos legalmente establecidos y predecibles, determina el éxito de las inversiones a largo plazo, especialmente en sectores estratégicos como infraestructura, energía, finanzas y tecnología que demandan predictibilidad normativa, no como una abstracción puramente teórica, sino como un imperativo operativo práctico, toda vez que la inversión extranjera directa demanda de forma unívoca la existencia de canales fluidos donde la legalidad formal coincida con la aplicación material y objetiva del derecho. Los agentes económicos nacionales e internacionales exigen un entorno de certidumbre institucional que proteja sus derechos de propiedad frente a arbitrariedades o modificaciones intempestivas del ecosistema regulatorio, ya que la ausencia de este principio incrementa exponencialmente la prima de riesgo de los proyectos, desincentiva los compromisos financieros a largo plazo y debilita la competitividad de las naciones en los mercados internacionales.

Seguridad jurídica y dinamismo

Esta estrecha interrelación entre seguridad jurídica y dinamismo inversor ha sido extensa y profundamente documentada en la literatura académica, destacando cómo el comportamiento de los flujos de inversión está intrínsecamente supeditado a la confianza que inspiran los marcos regulatorios de los países receptores. De esta manera, la seguridad y la certidumbre jurídica actúan como factores de retención de inversiones, advirtiendo que cualquier indicio de inestabilidad o retroceso en las garantías institucionales obliga a las empresas a replantearse sus inversiones e incluso, paralizar sus planes de expansión local y regional. Como respuesta para contrarrestar estos riesgos y mitigar las asimetrías de información que entorpecen las operaciones surge la necesidad imperiosa de homogeneizar y digitalizar estas garantías institucionales, ha cobrado fuerza la implementación de herramientas tecnológicas de vanguardia dirigidas por los operadores de la seguridad jurídica preventiva, entre las cuales destaca de manera sobresaliente el proyecto que desarrolla el Consejo General del Notariado, Iberfides,, plataforma tecnológica desarrollada por el Centro Tecnológico del Notariado e impulsada por el Consejo General del Notariado de España para facilitar el intercambio seguro, rápido y veraz de documentos notariales entre países de Iberoamérica.

La consolidación de un espacio inversor iberoamericano integrado y dinámico, depende en gran medida de la erradicación de conductas fraudulentas y de la supresión de aquellas fallas sistémicas que puedan comprometer la viabilidad de las transacciones directas, lo cual exige que el Estado de derecho se encuentre firmemente blindado contra amenazas contemporáneas como el blanqueo de capitales o las usurpaciones de titularidad real. Las reflexiones doctrinales más rigurosas coinciden en que la digitalización segura de las funciones de fe pública y el robustecimiento de los canales de cooperación internacional constituyen el único camino viable para asegurar la paz social y la estabilidad patrimonial de las inversiones en ambos lados del Atlántico, frente a las fluctuaciones políticas o macroeconómicas regionales.

De este modo, la seguridad jurídica preventiva deja de ser considerada un simple trámite formalista para alzarse como el bien público primordial y la infraestructura intangible indispensable de la que emanan la prosperidad colectiva, la competitividad de los mercados y el desarrollo económico sostenible de toda Iberoamérica.

ALDEA GLOBAL

Ilustración de Ramón Casilda Béjar
RAMÓN CASILDA BÉJAR,

member of the Latin American Economics Research Group at IELAT-University of Alcalá

The alliance of legal certainty with technology becomes a vehicle and a bridge connecting to investments”

Legal certainty for investments in Latin America and the Iberfides project

Since the early 1990s, Latin America has been the region where major Spanish banks and companies began their international expansion through significant investments that have positioned Spain as the leading European investor and the second-largest globally, behind the United States. Over this period, a dynamic Latin America investment area has emerged, making it essential to seek practical solutions that—without compromising guarantees or security—facilitate economic, commercial, business, interpersonal, and family relations, all of which are particularly intense.

Inter-institutional collaboration system

In order to address this dynamic, the most effective response lies in creating an inter-institutional collaboration system that facilitates document interconnection by using new technological tools. The alliance between legal certainty and technological security becomes a vehicle and bridge for investment. The concept of legal certainty is key to the proper functioning of economic systems, and acts as a decisive catalyst for attracting, consolidating, and expanding investment flows. In this specific context, Latin America has become highly significant due to the institutional transformations, governance challenges, and complex market dynamics that characterise the various states in the region.

In a region characterised by political and economic heterogeneity, the certainty that the rules of the game will remain stable—or change through legally established and predictable processes—determines the success of long-term investments. This is particularly true in strategic sectors such as infrastructure, energy, finance, and technology, which require regulatory predictability not merely as a theoretical abstraction but as a practical operational imperative; indeed, foreign direct investment unequivocally demands the existence of smooth channels where formal legality aligns with the substantive and objective application of the law. Domestic and international economic agents demand an environment of institutional certainty that protects their property rights against arbitrary actions or abrupt changes to the regulatory ecosystem, as the absence of this principle exponentially increases project risk premiums, discourages long-term financial commitments, and weakens national competitiveness in international markets.

Legal certainty and dynamism

This close interrelationship between legal certainty and investment dynamism has been extensively and thoroughly documented in academic literature, which highlights how the behaviour of investment flows is intrinsically contingent upon the confidence inspired by the regulatory frameworks of recipient countries. In this way, legal security and certainty act as factors for retaining investment, as any sign of instability or a weakening of institutional guarantees compels companies to reconsider their investments and even halt their local and regional expansion plans. In response to the need to counter these risks and mitigate the information asymmetries that hinder operations, an urgent requirement has arisen to standardise and digitise these institutional safeguards; consequently, the implementation of cutting-edge technological tools led by practitioners of preventive legal certainty has gained momentum. A leading example is the Iberfides project—a technological platform developed by the Notariat Technology Centre and driven by the General Council of the Spanish Notariat to facilitate the secure, rapid, and authentic exchange of notarial documents among Latin American countries.

The consolidation of an integrated and dynamic Latin American investment area depends to a large extent on eradicating fraudulent conduct and eliminating systemic flaws that could compromise the viability of direct transactions; this requires the rule of law to be firmly safeguarded against contemporary threats such as money laundering or the usurpation of beneficial ownership. The most rigorous doctrinal analyses concur that the secure digitisation of public attestation functions and the strengthening of international cooperation channels constitute the only viable path to ensuring social peace and the asset stability of investments on both sides of the Atlantic, in the face of regional political or macroeconomic fluctuations.

In this way, preventive legal certainty ceases to be viewed as a mere formalistic procedure and instead emerges as the paramount public good and indispensable intangible infrastructure from which the collective prosperity, market competitiveness, and sustainable economic development of all Latin America stem.

La sucesión de la empresa familiar, por Ubaldo Nieto Carol

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ENTRE MAGNITUDES

UBALDO NIETO CAROL,

notario y catedrático de Derecho Mercantil

Si la empresa tiene una organización ejecutiva profesionalizada, y es posible que funcione por sí sola, su continuidad es más fácil”

La sucesión de la empresa familiar

Miles de empresarios que fundaron sus empresas durante las últimas décadas del siglo XX están alcanzando la edad de jubilación. Además, en cualquier momento, puede llegar el fallecimiento. Para uno y otro caso hay que pensar en la sucesión de la empresa familiar. Y esto no sólo afecta al patrimonio de las familias, sino que repercute sobre el empleo, la inversión, proveedores, clientes y, en general, la actividad económica del país. La continuidad de la empresa trasciende a la propia familia propietaria, de ahí que el relevo generacional deba considerarse también una cuestión de política económica.

En algunos casos los descendientes no quieren saber nada de esa actividad empresarial a la vista de la dedicación (24h/7días) y del sacrificio que han visto en sus padres. Cuando ésta es totalmente dependiente del trabajo del fundador o sucesor sólo queda la venta o, peor, la disolución y liquidación.

Formas de sucesión

Por el contrario, cuando la empresa tiene ya una organización ejecutiva profesionalizada y es posible que funcione por sí sola, su continuidad es más fácil. La forma de la sucesión dependerá de que haya o no miembros de la unidad familiar dispuestos a seguir con la empresa. Por ello, hay que distinguir entre propiedad, gobierno y gestión. Se puede ser un simple propietario que se limita a recibir sus dividendos o participar en los órganos de gobierno de la empresa (p.ej. el consejo de administración) que controla a los gestores profesionales, incluso, gestionarla directamente como órgano ejecutivo. Pero esta última función no puede adjudicarse a los descendientes por el mero hecho de serlo. Para esto hay que estar preparado, lo que exige una formación académica y una experiencia empresarial, preferiblemente, fuera de la empresa familiar. Por eso el relevo generacional no constituye un acto, sino un proceso en el que debe formarse a los futuros empresarios, lo que implica no esperar al momento de la jubilación sino empezar bastante antes.

También exige un tiempo de formación preparar a los descendientes para que actúen como órgano de gobierno que controle a los gestores profesionales de la empresa ya que, en definitiva, es el patrimonio familiar el que está en juego.

Diferencias entre herederos

Para ser mero propietario no hace falta mucho, pero se corre el riesgo de que no se tenga la empresa como algo propio con un valor que exceda del meramente económico. En estos casos, si estos coexisten con los que están implicados en la empresa, y que están interesados en su continuidad, se pueden producir tensiones entre los que quieren vender y los que no. Por eso, a mi modo de ver, si algunos de los hijos están dedicados a la empresa y otros no, es aconsejable que la propiedad se concentre en los primeros.

Y esto puede hacerse de varias formas. En vida, mediante la donación de las participaciones sociales (existen beneficios fiscales) que puede hacerse con el carácter de colacionable en la herencia del empresario y así no se perjudica patrimonialmente a los demás hijos. Y si no se hace en vida, debe planificarse en el testamento del empresario y atribuir las participaciones que confieren el control empresarial a uno o varios descendientes y compensar a los restantes mediante otros bienes. Y, si no los hay, en aplicación del art. 1.056 CC, establecer que las legítimas se paguen en metálico incluso extrahereditario con un aplazamiento, siempre que éste no supere cinco años a contar desde el fallecimiento del testador.

Cómo mantener el carácter familiar

Otra cuestión importante es mantener el carácter familiar de la empresa lo que puede hacerse por varias vías. La testamentaria, mediante la sustitución fideicomisaria de las participaciones de la sociedad estableciendo que si uno de los herederos fallece sin descendientes haya un sucesor (fideicomisario) que sea consanguíneo del fundador de la empresa quien reciba esas participaciones. Y en vía testamentaria también hay que incluir que en caso de que el sucesor sea menor de edad o tenga modificada su capacidad, la administración de las participaciones de la sociedad familiar sea realizada por un miembro de la propia familia (y no por el otro ascendiente del que el empresario puede, incluso, estar separado o divorciado).

Hay otra vía jurídica, esta de Derecho societario, para cerrar la empresa familiar a extraños o a familiares no implicados en ella. El art. 110 LSC establece que la adquisición de participaciones por sucesión hereditaria confiere al heredero o legatario la condición de socio, pero permite que los estatutos puedan reconocer a los socios sobrevivientes y, subsidiariamente, a la sociedad, un derecho de adquisición preferente en los términos legalmente previstos.

Otra medida de prudencia en el ámbito societario para los casos en los que el empresario es el administrador único de la sociedad es nombrar un administrador suplente (art. 216 LSC) para el supuesto de su fallecimiento evitando así que las tensiones familiares impidan el funcionamiento normal de la empresa.

Y las medidas que he dicho y otras muchas pueden incluirse en un «protocolo familiar» que es un pacto parasocial que permite establecer normas destinadas a la organización y continuidad de la empresa familiar. Su cumplimiento puede reforzarse con cláusulas penales, incluso llegar a la exclusión de la sociedad del incumplidor si se establece el cumplimiento de dicho protocolo como prestación accesoria (arts. 22 y 350 LSC).

Todo creador desea que su obra, en este caso su empresa, perdure en el tiempo. Pero para ello hay que planificar el «después».

Régimen 28: España necesita menos burocracia, no otro tipo de sociedad, por Mariano García Fresno

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ÁMBITO EUROPEO

Ilustración de Mariano García Fresno
MARIANO GARCÍA FRESNO,

jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de Blanqueo de Capitales

Para constituir más rápido en España, empezaría por corregir los retrasos concretos y utilizar mejor lo que ya funciona”

Régimen 28: España necesita menos burocracia, no otro tipo de sociedad

Hace unos días estuve en una reunión en Bruselas, donde se ponía de manifiesto que en Europa hay convencidos de que para poder competir con Estados Unidos o con China debemos crear un nuevo tipo societario donde no intervenga el notario. Todo ello bajo la premisa, entre otras, de que esa actuación notarial retrasa la creación y puesta en marcha de las startups.

Como supongo que saben todos los que están leyendo este artículo, trabajo como responsable de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales del Notariado, y una de las funciones fundamentales es detectar operaciones de riesgo entre las autorizadas y firmadas por los notarios de toda España. Obviamente, no soy objetivo en este tema, porque una gran parte de mi trabajo lo desarrollo con información que los notarios obtienen en la constitución de sociedades, pero sí voy a intentar exponer, con datos, por qué creo que esa medida que se pretende aplicar no generará que se constituyan empresas más rápido.

Creación de sociedades en la UE

EU Inc., la propuesta europea del Régimen 28, busca facilitar la creación de empresas y su expansión internacional. Comparto el objetivo, pero me cuesta aceptar que se señale al notario como obstáculo sin identificar dónde se pierde tiempo. El proyecto, presentado el 18 de marzo de 2026, sigue en tramitación. Conviene aprovechar el debate para distinguir entre constituir una sociedad, empezar a trabajar y operar en otros países. En España ya existen procedimientos rápidos con intervención notarial. No veo acreditado que otra forma societaria vaya a resolver mejor los otros problemas que encontramos aquí.

Según los datos provisionales del INE, en 2025 se crearon 127.533 sociedades mercantiles, un 7,9 % más que en 2024. La cifra demuestra capacidad de tramitación, aunque no mide la rapidez ni permite afirmar que todas esas sociedades pudieran iniciar inmediatamente su actividad.

CIRCE coordina los trámites mediante el Documento Único Electrónico. Es un sistema público distinto de la plataforma notarial, con la que se complementa. Las notarías también tramitan constituciones electrónicamente fuera de CIRCE. Tenemos, por tanto, herramientas que convendría aprovechar mejor antes de añadir otra figura.

Agilidad y seguridad jurídica

El artículo 15 de la Ley 14/2013 regula la constitución de sociedades limitadas con escritura estandarizada y estatutos tipo mediante CIRCE. Prevé doce horas hábiles para el otorgamiento desde el inicio de la tramitación telemática correspondiente y seis horas hábiles para calificar e inscribir desde la recepción de la documentación exigida. Son plazos sujetos a requisitos, no una garantía del tiempo total necesario para abrir un negocio.

El artículo 16 permite estatutos personalizados, con inscripción inicial de los datos esenciales en seis horas hábiles y definitiva dentro del plazo legal de cinco días. La rapidez no obliga, por tanto, a que todos los socios acepten las mismas reglas.

La Ley 11/2023 permite además constituir sociedades limitadas íntegramente en línea con aportaciones dinerarias y actuación notarial por videoconferencia ante el notario elegido. El Portal Notarial del Ciudadano ofrece estos servicios y permite elegir notario. La intervención notarial ya puede hacerse sin desplazamientos.

En diciembre de 2025, el 59,14 % de las sociedades limitadas con estatutos tipo tramitadas por CIRCE completó el recorrido medido en menos de un día; otro 23,08 %, entre uno y cinco. El cómputo comienza con la firma de la escritura y termina con el NIF definitivo. No incluye toda la preparación previa ni significa que la empresa pueda empezar a operar, pero sí acredita que hay circuitos rápidos con notario.

La importancia de prevenir el blanqueo

Hay otra cuestión que, por mi trabajo, me preocupa especialmente. Si los notarios dejan de intervenir en la constitución de sociedades, perdemos una fuente de información relevante para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT). Hablo de la identificación de los intervinientes y del titular real, y de los datos que permiten entender la operación.

Las escrituras alimentan el Índice Único Informatizado notarial, que reúne datos de toda España. Esa información permite al OCP relacionar operaciones y detectar riesgos que pueden pasar inadvertidos al examinar cada sociedad por separado. También sirve para comunicar operaciones sospechosas al Sepblac. A mi juicio, prescindir de esa fuente sin prever una alternativa equivalente debilitaría la capacidad de detección. Otros controles seguirían existiendo, pero no deberíamos dar por hecho que proporcionarán la misma información, con las mismas posibilidades de contraste.

Mientras tanto, una sociedad inscrita sigue sometida a las exigencias administrativas de su actividad. El Ministerio de Economía ha señalado problemas de coordinación y cargas desproporcionadas. Una nueva forma societaria no eliminará por sí sola las licencias ni las solicitudes duplicadas. Ahí deberíamos concentrar buena parte del esfuerzo.

¿Qué mejorar?

EU Inc. puede tener ventajas para atraer inversión o facilitar la expansión internacional. Habrá que acreditarlas. Para constituir más rápido en España, empezaría por corregir los retrasos concretos y utilizar mejor lo que ya funciona. Y, desde luego, no consideraría una mejora ahorrar la intervención del notario si con ello perdemos garantías como la identificación, el consentimiento, el control de legalidad, el asesoramiento imparcial, y la información útil para combatir el blanqueo y la financiación del terrorismo.

Conclusión: tengo muchas dudas de que el llamado Régimen 28 consiga mejorar la competitividad de las empresas europeas y, sin embargo, estoy seguro de que las medidas que propone supondrán un retroceso para la lucha contra los delitos financieros.

ÁMBITO EUROPEO

Ilustración de Mariano García Fresno
MARIANO GARCÍA FRESNO,

Head of the Analysis and Communication Unit of the Centralised Body for the Prevention of Money Laundering (OCP)

To speed up the process of setting up a company in Spain, I would start by addressing specific delays and making better use of what already works”

28th Regime: Spain needs less bureaucracy, not another type of company

Several days ago, I attended a meeting in Brussels where it became clear that there are people in Europe who are convinced that, in order to compete with the United States or China, we must create a new type of corporate entity that does not require the involvement of a notary. All this is based on the premise, among others, that such notarial involvement delays the creation and launch of startups.

As I assume everyone reading this article knows, I am the Head of the Analysis and Communication Unit of the Centralised Body for the Prevention of Money Laundering, and one of its main tasks is to detect high-risk transactions among those authorised and signed by notaries across Spain. Obviously, I am not objective on this matter, as a large part of my work relies on information obtained by notaries during the incorporation of companies; however, I will attempt to explain, on the basis of data, why I believe the proposed measure will not lead to swifter company incorporation.

Setting up companies in the EU

EU Inc., the European proposal for the 28th Regime, seeks to facilitate the creation of companies and their international expansion. I share the objective, but I find it hard to accept the notary being singled out as an obstacle without identifying where time is being lost. The proposal, submitted on 18 March 2026, is still being processed. It is worth drawing on the debate to distinguish between incorporating a company, starting work, and operating in other countries. In Spain, rapid procedures involving notaries already exist. I am not convinced that another corporate form would better resolve the other problems we encounter here.

According to provisional data from the INE [Spanish National Institute of Statistics], 127,533 commercial companies were created in 2025, 7.9% more than in 2024. The figure demonstrates processing capacity, although does not measure speed, nor does it allow us to state that all those companies could begin their operations immediately.

CIRCE [the Information and Business Creation Network Centre] coordinates the procedures through the Single Electronic Document. It is a public system that is different from the notarial platform, with which it is associated. Notary offices also process incorporations electronically outside CIRCE. We therefore have tools that could be used better instead of adding more.

Agility and legal certainty

Article 15 of Law 14/2013 regulates the incorporation of limited liability companies with a standardised public deed and standard articles of association via CIRCE. It provides for a period of twelve working hours for the execution of the deed, starting from the initiation of the respective electronic processing, and six working hours for assessment and registration, from the receipt of the required documentation. These timeframes are subject to requirements, not a guarantee of the total time required in order to open a business.

Article 16 allows for customised bylaws, with the initial registration of essential data taking place within six business hours and final registration within the statutory five-day period. Speed does not, therefore, require all partners to accept the same rules.

Law 11/2023 also allows for the incorporation of limited liability companies entirely online, with monetary contributions and notarial proceedings conducted via videoconference before the designated notary. The Citizens’ Notarial Portal offers these services and enables the appointment of a notary. Notarial services can now be carried out without the need to travel.

In December 2025, 59.14% of limited liability companies with standard bylaws processed via CIRCE completed the process in less than a day; another 23.08% took between one and five days. The calculation period begins with the signing of the deed and ends with the definitive Spanish tax identification number (NIF). It does not include all the preliminary preparation, nor does it mean the company can begin operations, but it does confirm the existence of fast-track procedures involving a notary.

The importance of preventing money laundering

There is another issue that, due to my work, is of particular concern to me. If notaries cease to be involved in the incorporation of companies, we will lose a source of information relevant to the prevention of money laundering and terrorist financing (AML/CFT). I refer to the identification of the parties involved and the beneficial owner, as well as the data that enable the transaction to be executed.

Notarial deeds feed into the Unified Computerised Notarial Index, which compiles data from across Spain. This information enables the OCP to link transactions and detect risks that might go unnoticed when examining each company individually. It is also used to report suspicious transactions to Sepblac. In my view, dispensing with that source without providing an equivalent alternative would weaken detection capability. Other controls would remain in place, but we should not take for granted that they will provide the same information with the same measures for cross-verification.

In the meantime, a registered company remains subject to the administrative requirements of its business activities. The Ministry of Economy has pointed out coordination problems and disproportionate burdens. A new corporate form will not, on its own, eliminate duplicate licences or applications. That is where we should concentrate a significant part of our efforts.

What can be improved?

EU Inc. may offer advantages for attracting investment or facilitating international expansion. They will need to be authorized. To speed up the process of setting up a company in Spain, I would start by addressing specific delays and making better use of what already works. I would definitely not consider it an improvement to dispense with the notary’s involvement if doing so meant losing safeguards such as identification, consent, legality checks, impartial advice, and information useful for combating money laundering and terrorist financing.

Conclusion: I have serious doubts that the so-called 28th Regime will succeed in improving the competitiveness of European companies; yet I am certain that the measures it proposes will represent a step backwards in the fight against financial crime.

EU Inc.: la simplificación debe ir de la mano de la seguridad jurídica, por Roland Wadge

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ÁMBITO EUROPEO

Ilustración de Roland Wadge
ROLAND WADGE,

presidente del Consejo de los Notariados de la Unión Europea

La propuesta plantea interrogantes en relación con los esfuerzos realizados recientemente por la UE para luchar contra el blanqueo de capitales”

EU Inc.: la simplificación debe ir de la mano de la seguridad jurídica

Una dirección alquilada en una capital europea, una firma electrónica obtenida por Internet y un plazo de espera de cuarenta y ocho horas. En virtud del Reglamento propuesto que establece un vigesimoctavo régimen de Derecho de sociedades, conocido como EU Inc., esto podría bastar para constituir una sociedad con personalidad jurídica en toda la Unión Europea. No se exigiría un capital social. El fundador podría realizar todo el trámite sin necesidad de comparecer, ni siquiera por medios electrónicos, ante una autoridad pública u otra persona encargada de ejercer un control preventivo de legalidad. Tampoco se verificaría personalmente su capacidad jurídica, si comprende el alcance de lo que está firmando o si actúa en nombre de alguien que desea permanecer en el anonimato. Una vez constituida, la sociedad podría abrir cuentas bancarias, celebrar contratos, poseer bienes y contratar trabajadores en toda la Unión Europea. Si posteriormente incumpliera sus obligaciones, los acreedores y los trabajadores podrían encontrarse con que la sociedad carece de bienes con los que responder y que la persona que figura formalmente como responsable no es más que un testaferro.

Inseguridad jurídica

Este escenario pone de manifiesto las serias preocupaciones que suscita la propuesta de Reglamento sobre la EU Inc. presentada por la Comisión Europea, que está siendo examinada actualmente por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Los controles preventivos previstos en el artículo 14 de la propuesta de la Comisión se limitan, en gran medida, a comprobar el cumplimiento de requisitos formales. No se contempla una verificación independiente e imparcial de la capacidad jurídica de los fundadores, de la legalidad de los estatutos sociales ni del cumplimiento de los requisitos legales sustantivos. Tampoco se prevé un control sustantivo de las transmisiones de participaciones sociales ni de las operaciones de capital. La liquidación de las sociedades se concibe fundamentalmente como un mero trámite administrativo, pese a que puede afectar directamente a los acreedores y los trabajadores.

Las consecuencias podrían trascender ampliamente el ámbito del Derecho de sociedades. Las sociedades pueden ser propietarias de bienes inmuebles, cuya titularidad consta en los registros de la propiedad. Si el Reglamento siguiera adelante ya no sería posible determinar de manera fiable quién es el propietario de una empresa, también resultaría más difícil establecer quién es el propietario último de los bienes inmuebles que posee dicha empresa. Por tanto, disponer de información societaria fiable es esencial para garantizar la transparencia de la titularidad inmobiliaria.

Si la información que consta en un registro no ha sido objeto de una verificación fiable, serán los propios interesados quienes deban comprobar su veracidad. Los bancos, los socios comerciales y los inversores podrían verse obligados a recurrir a dictámenes jurídicos, auditorías y seguros adicionales. Por tanto, los costes que un control preventivo permitiría evitar desde el principio podrían acabar generándose de forma recurrente en etapas posteriores. Esto supondría abandonar progresivamente la tradición europea de control preventivo de legalidad ejercido por autoridades públicas en favor de un modelo basado, en mayor medida, en la resolución de los conflictos una vez que se han producido. Delaware constituye un ejemplo destacado de este enfoque, sustentado en tribunales especializados y en un sistema en el que los procedimientos judiciales desempeñan un papel especialmente relevante. Trasladar este modelo a Europa supondría imponer nuevas exigencias a unos sistemas judiciales nacionales que no disponen de los recursos necesarios para afrontarlas.

La lucha contra el blanqueo en Europa

La propuesta también plantea interrogantes en relación con los esfuerzos realizados recientemente por la Unión Europea para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La creación de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) constituye el último hito de este proceso. Introducir, al mismo tiempo, una forma societaria sujeta a controles considerablemente menos rigurosos podría socavar gravemente los avances logrados en este ámbito.

Lo mismo ocurre con las sanciones: su aplicación efectiva depende de que sea posible identificar a las personas que realmente están detrás de una sociedad, especialmente cuando se transmiten participaciones sociales. Sin un control de legalidad fiable de estas transmisiones, la titularidad de las sociedades puede cambiar sin que se detecte, lo que podría facilitar la elusión de las sanciones.

Las modificaciones necesarias son claras y sencillas. El acervo normativo de la Unión Europea en materia de Derecho de sociedades, establecido en la Directiva (UE) 2017/1132 y reforzado recientemente por la Directiva (UE) 2025/25, debería aplicarse también a las sociedades constituidas al amparo del régimen EU Inc.. Esto implica garantizar la identificación fiable de los fundadores y administradores, el control público del cumplimiento de la legalidad tanto en el momento de la constitución como en las fases posteriores de la vida de la sociedad, y la fiabilidad de los registros mercantiles.

Estas garantías no existen por casualidad. Su finalidad es proteger no solo a las partes que intervienen en una operación, sino también al conjunto de la sociedad. Precisamente porque responden a un interés público, deben seguir siendo responsabilidad de los poderes públicos. Los prestadores privados de servicios no pueden sustituir el control preventivo e independiente de legalidad ejercido bajo responsabilidad pública.

La forma en que se organizan estos controles varía de un Estado miembro a otro. En algunos países, son las propias autoridades públicas las que los llevan a cabo directamente. En otros, el Estado encomienda esta función pública a los notarios. Por tanto, la intervención notarial no supone añadir un nivel de control adicional, sino que responde a una forma distinta de ejercer una misma función pública. De hecho, en muchos Estados miembros ya es posible constituir una sociedad por medios electrónicos en un plazo de cuarenta y ocho horas, con todas las garantías de un control de legalidad exhaustivo realizado por un funcionario público.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea fijarán sus respectivas posiciones en las próximas semanas. Todavía estamos a tiempo de mejorar sustancialmente el marco legislativo de «EU Inc.» y lograr que esta iniciativa sea un éxito. Para ello, es necesario establecer procedimientos digitales y ágiles sin menoscabar la seguridad jurídica. El Estado de Derecho es uno de los grandes pilares de la Unión Europea. EU Inc. debe apoyarse en esa fortaleza, no debilitarla.

ÁMBITO EUROPEO

Ilustración de Roland Wadge
ROLAND WADGE,

President of the Council of the Notariats of the European Union

The proposal also raises questions with regard to the recent European efforts to combat money laundering”

EU Inc.: simplification must go hand in hand with legal certainty

An address rented in a European capital, an electronic signature obtained online, a forty-eight-hour waiting period. Under the proposed Regulation establishing a 28th company law regime, known as ‘EU Inc.’, this could be enough to establish a company with legal personality throughout the European Union. No share capital would be required. The founder could complete the entire process without appearing, even digitally, before a public authority or another person entrusted with preventive legal control. There would be no personal verification of their legal capacity, of whether they understand what they are signing, or of whether they are acting on behalf of someone who wishes to remain invisible. The company could then open bank accounts, enter into contracts, own assets and employ people across the European Union. If the company later fails to meet its obligations, creditors and employees may find that there are no assets to recover and that the person formally responsible for it was acting merely as a front man.

Serious concerns

This scenario illustrates the serious concerns raised by the proposal for a Regulation on ‘EU Inc.’ put forward by the European Commission and currently being examined by the European Parliament and the Council of the European Union. The preventive checks set out in Article 14 of the Commission’s proposal are largely limited to formal requirements. There is no independent and impartial scrutiny of the founders’ legal capacity, of the lawfulness of the articles of association, or of whether the transaction complies with substantive legal requirements. Transfers of shares and capital transactions are also not subject to substantive control. Liquidation is treated primarily as an administrative formality, even though it can directly affect creditors and employees.

The consequences may extend far beyond company law. Companies own real estate and are entered in land registers. If it is no longer possible to establish reliably who owns a company, it also becomes more difficult to establish who ultimately owns the real estate held by that company. Reliable company information therefore matters for the transparency of property ownership.

If the information in a register has not been reliably verified, others have to verify it themselves. Banks, business partners and investors may need additional legal opinions, audits and insurance. Costs that a preventive check avoids at the outset may therefore arise repeatedly at a later stage. This would represent a shift from the European tradition of public preventive legal control towards a model that relies more heavily on resolving disputes after they arise. Delaware is a prominent example of such an approach, supported by specialised courts and a correspondingly prominent role for litigation. Transplanting it to Europe would place additional demands on national judicial systems that lack the necessary resources.

The proposal also raises questions with regard to the recent European efforts to combat money laundering and the financing of terrorism. The creation of the Anti-Money Laundering Authority (AMLA) is the latest milestone in this process. To create, at the very same time, a legal form with significantly reduced checks risks severely undermining these efforts.

The same applies to sanctions: their enforcement depends on knowing who is really behind a company — especially when shares are transferred. Without reliable legality control of share transfers, corporate ownership can change unnoticed and become a vehicle for sanctions circumvention.

The amendments required are straightforward. The acquis of European company law, as established by Directive (EU) 2017/1132 and recently reinforced by Directive (EU) 2025/25, should also apply to EU Inc. companies. This means reliable identification of founders and directors, public oversight of legal compliance at the time of formation and at subsequent stages, and reliable business registers.

A public purpose

These safeguards exist for a reason. They protect not only the parties to a transaction, but the public at large. Because they serve a public purpose, they must remain a public responsibility. Private service providers cannot replace independent preventive control carried out under public responsibility.

How these checks are organised differs between Member States. In some Member States, public authorities carry them out directly. In others, the State entrusts notaries with this public function. Notarial involvement therefore does not add another layer of control: the same public function is simply carried out by different public authorities. In many Member States, a company can already be formed digitally within forty-eight hours, with full legal verification carried out by a public official.

The European Parliament and the Council of the European Union will decide their positions in the coming weeks. There is still time to improve the legislative framework of EU Inc. significantly and to make it a success. This requires digital and efficient procedures without compromising legal certainty. The rule of law is one of the European Union’s strengths. EU Inc. should build on that strength, not weaken it.

La familia de Cervantes en los protocolos notariales, por Isabel Castro Latorre

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ESFERA CULTURAL

Ilustración de Isabel Castro Latorre
ISABEL CASTRO LATORRE,

escritora y licenciada en Geografía e Historia

Sustituir los prejuicios por la evidencia documental es lo que nos motivó a escribir nuestro libro sobre "las Cervantas"”

La familia de Cervantes en los protocolos notariales

Mi padre, un modesto agricultor, cuando iba al notario se vestía con su mejor traje, decía que debía estar a la altura de la persona seria y responsable que custodiaba sus escrituras y últimas voluntades.

Los notarios o escribanos han estado presentes en la vida de los ciudadanos desde el medievo. De ahí que los archivos del Notariado español sean fuente de información y análisis de primera mano para los historiadores.

A la familia de Cervantes la descubrí a través de ellos. Una familia interesantísima que no correspondía con la reflejada en las biografías del escritor. Considerada por cierta tradición cervantina de familia «buscona y oscura» y a sus hermanas, hija y sobrina de «prostitutas encubiertas» y una carga para Cervantes, con el apelativo despectivo de «las Cervantas».

Cómo eran ellas realmente

En los documentos salen a la luz unas mujeres cultas, fuertes y emprendedoras (abuelas, madre, hermanas, esposa e hija de Cervantes) que en bastantes ocasiones desafían el rígido sistema patriarcal de la época, que subordinaba a las mujeres primero al padre y después al marido. Las Cervantes sabían leer y escribir en una sociedad en la que el 80% de las mujeres eran analfabetas. Sus firmas en los documentos aparecen precedidas del doña, tratamiento deferencial otorgado a una minoría social, distinción que extraña a los primeros biógrafos de Cervantes. Sus dotes y ajuares, litigios amorosos, contratos, préstamos, arrendamientos de casas, tutelas y poderes para gestionar ventas y deudas, demuestran el protagonismo jurídico y económico de las Cervantes en el ámbito familiar.

Lejos de seducir a hombres adinerados y ser unas mantenidas como se venía diciendo desde el siglo XIX, las Cervantes eran hidalgas de clase media, que vivieron con dignidad, aunque se vieron obligadas a mantener una constante «ayuda familiar», primero a su padre cirujano sangrador por la sordera que padecía. Andrea, la hermana mayor de Cervantes, instala en Madrid un innovador taller de costura y bordado de labores blancas para clientela aristocrática, con aprendiza a sueldo, taller que treinta años después continuaba vigente en Valladolid, tras la mudanza de la corte a la capital del Pisuerga.

Destaca la excepcional Leonor de Cortinas, madre de Cervantes, que vestida de viuda (sin serlo) solicita licencia al Consejo de Cruzada para exportar productos españoles al extranjero, a fin de financiar el rescate de sus hijos cautivos en Argel. Este rescate dejó a la familia en bancarrota y a las dos hermanas sin dote, el bien más preciado que tenía una mujer para casarse. Mención especial merece Luisa, la hermana monja de Cervantes, tres veces priora del convento de las carmelitas descalzas de Alcalá de Henares, en el que compartió experiencias y vivencias con Santa Teresa.

¿Entonces, cómo arrastran esa mala fama?

Primero por una fuente aparecida a finales del siglo XVIII: Aberiguaciones hechas por mandado del Sr. Alcalde Xpual de Villarroel (Hoy en la Real Academia Española), tras el asesinato del caballero Ezpeleta cerca de la casa donde habitaban los Cervantes en Valladolid (1605). De las declaraciones de los testigos entresacan los primeros datos familiares: Cervantes tiene una hija bastarda y dos hermanas con apellidos distintos y una vecina beata y chismosa, depone que son mujeres liberales y que en su casa entran y salen hombres de noche y de día. Hoy sabemos que Cervantes, ejercía de agente de negocios en su casa para incrementar los parcos ingresos de la escritura. En estas averiguaciones aparece el apodo de «las Cervantas», al que apenas se le concede importancia hasta finales del siglo XIX. El caso Ezpeleta siembra las primeras dudas sobre la honestidad y honorabilidad de la familia y crea el dilema moral a los cervantistas de excluirla de la biografía de Cervantes o escamotear datos.

Después en siglo XIX, aparecen varios pleitos de las hermanas y sobrina de Cervantes por incumplimiento de promesa matrimonial, al que suman el de una tía; pleitos malinterpretados y descontextualizados, sin tener en cuenta las relaciones matrimoniales antes y después del Concilio de Trento.

De esta manera se fue configurando la leyenda negra, o crónica rosa de la época, que involucra a tres generaciones de mujeres Cervantes, tachadas de ociosas y cazafortunas, a las que, incluso se les borra el nombre de pila, y pasan al siglo XX como «las Cervantas», a las que el pobre escritor sufre con paciencia.

Por fin, la verdad sobre ellas

Desmontar esa leyenda negra nos ha llevado años, explorando incluso el terreno cervantino menos conocido: el de la vida cotidiana y arqueología doméstica, descrita por el escribano que anota, desde las gallinas de la dote de Catalina, la mujer de Cervantes, hasta distinguidos muebles, vestidos, joyas, libros, vihuelas y santos a los que rezaban, inventariados en embargos y testamentos familiares. Objetos biográficos más propios de una familia de mediano pasar, que de la pobretona y oscura que sobrevive de la prostitución encubierta de hijas y nietas.

Restituir la verdad y sustituir los prejuicios por la evidencia documental, es lo que motivó escribir nuestro libro sobre «las Cervantas».

Lo he comprobado con mis propios medios, por José Carmelo Llopis

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

JOSÉ CARMELO LLOPIS,

decano y delegado del CGN en materia de nuevas tecnologías ante el CNUE

Que un documento parezca auténtico no significa que lo sea, del mismo modo que tampoco garantiza la validez o eficacia de su contenido”

Lo he comprobado con mis propios medios

Desde Star Wars hasta Stranger Things, pasando por Dark, la ciencia ficción nos ha enseñado que la realidad no siempre es lo que parece, que puede esconder un lado oscuro, una dimensión desconocida o incluso un mundo al revés.

Lo que durante décadas fue territorio del cine y la televisión empieza a formar parte de nuestra vida cotidiana: un documento puede tener una apariencia impecable y ser falso; una fotografía puede mostrar algo que nunca ocurrió; una voz puede pronunciar palabras que la persona nunca dijo; un vídeo puede mostrarnos a alguien que nunca participó en algo que, realmente, nunca pasó.

La falsificación existía antes de la tecnología, pero la inteligencia artificial generativa permite a cualquiera, desde prácticamente cualquier dispositivo y de manera incluso gratuita, producir apariencias convincentes.

La confianza también tiene consecuencias jurídicas

Cuando esas apariencias se utilizan para presentar identidad, justificar representación, acreditar derechos o autorizaciones administrativas, la incertidumbre que provocan afecta directamente a los derechos de ciudadanos, empresas y Administraciones públicas.

En este contexto, la fe pública notarial adquiere una especial relevancia. Su valor no reside únicamente en la autoridad que el ordenamiento jurídico atribuye al notario, sino también en el procedimiento que sustenta su intervención: comprobar la exactitud de los hechos, o como dice el artículo 1 del Reglamento Notarial, lo que «el notario ve, oye o percibe por sus sentidos», contrastar la información y, sobre todo, mantener una relación de inmediación que permite apreciar directamente manifestaciones y valorar circunstancias.

Esta inmediación y percepción directa de la realidad encuentran una expresión significativa en el Reglamento Notarial. Sus artículos 198 y 199, al regular las actas, especialmente las de presencia, establecen que el notario debe actuar conforme a lo que presencie, le conste o perciba por sus propios sentidos.

Esta formulación hoy adquiere un significado renovado: la percepción personal y el juicio humano sigue siendo esencial, aunque las tecnologías obliguen a extremar las cautelas sobre la autenticidad de aquello que se percibe.

Un documento impecable también puede ser falso

Esta inmediación resulta especialmente importante para documentos electrónicos: un certificado o un documento extranjero pueden incorporar sellos, firmas visibles, códigos QR o códigos seguros de verificación —CSV— y presentar una apariencia perfectamente convincente. Sin embargo, que un documento parezca auténtico no significa que lo sea, del mismo modo que tampoco garantiza la validez o eficacia de su contenido.

La apariencia formal ya no es suficiente y obliga a extremar la diligencia en la comprobación documental. Se trata, en cierto modo, de someter al documento a un test Voight-Kampff, como en Blade Runner: ir más allá de las apariencias para determinar su naturaleza.

En primer lugar, debemos comprobar el origen y la autenticidad del documento, sin confiar exclusivamente en su apariencia externa. Para ello, debemos acudir directamente a la sede electrónica o fuente oficial del emisor, verificar que es auténtica y contrastar que el contenido coincide íntegramente con el original. Siempre que sea posible, debemos descargar el documento directamente y trabajar con el documento descargado, en lugar de utilizar el facilitado por el interesado.

En segundo lugar, debemos comprobar las firmas electrónicas, su validez y su naturaleza, teniendo presente que solo la firma electrónica cualificada tiene un efecto jurídico equivalente al de la firma manuscrita. Además, debemos determinar la naturaleza pública o privada del documento, la competencia de quien lo expide y la coherencia de su contenido con los restantes antecedentes. Además, es conveniente dejar constancia de las verificaciones realizadas.

Finalmente, si persisten dudas fundadas sobre su autenticidad, debemos suspender la actuación hasta obtener certeza suficiente, sin que la urgencia justifique prescindir de las comprobaciones necesarias.

El rostro también necesita comprobaciones

En Desafío total, Douglas Quaid, el personaje que interpreta Arnold Schwarzenegger intenta burlar un control de identidad ocultándose tras una sofisticada máscara. El engaño se descubre cuando el dispositivo comienza a fallar y repite mecánicamente la misma frase. Los deepfakes permiten suplantar rostros y voces con un realismo creciente, pero no podemos confiar en que el impostor digital empiece a repetir la misma frase para descubrir que estamos ante una falsificación.

La videoconferencia notarial constituye un avance indudable, pero la posibilidad de generar artificialmente la apariencia de una persona obliga a reforzar las cautelas. La imagen y la voz continúan siendo elementos de valoración, pero ya no podemos pensar que ver y oír a alguien a través de una pantalla constituye, por sí solo, prueba suficiente de identidad, puesto que la seguridad exige lo contrario: la utilización de la Sede Electrónica Notarial, la combinación de diversos factores de autenticación, la comprobación de los certificados electrónicos y, especialmente, la interacción directa con el compareciente (de nuevo, la inmediación) permiten reforzar la certeza sobre su identidad, valorar su comprensión y la libertad de su consentimiento.

Ante cualquier sospecha razonable de manipulación, la solución es incrementar las comprobaciones y, si la duda persiste, suspender o aplazar la actuación hasta alcanzar un grado suficiente de certeza.

Todo lo dicho nos obliga a cuestionar una expresión que, hasta hace poco, bastaba para zanjar cualquier discusión, como «lo he visto con mis propios ojos», y sustituirla por «lo he comprobado con mis propios medios». Como nos advertían en Expediente X, la verdad sigue estando ahí fuera, pero ahora hay que esforzarse un poco más para encontrarla.

El informe PISA 2025 y el debate pendiente sobre la educación, por Jacobo Blanco

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN PLENO DEBATE

JACOBO BLANCO,

sociólogo

La mayor caída se observa en el alumnado más aventajado, tanto en la escuela pública como en la privada”

El informe PISA 2025 y el debate pendiente sobre la educación

La publicación del informe 2025 del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes de la OCDE (más conocido por su acrónimo PISA) activó todas las alarmas: sus resultados confirmaban la tendencia al acelerado deterioro de algo tan relevante para nuestras sociedades como es la educación.

El caso de España resulta especialmente preocupante: si la posición de nuestro alumnado en el contexto internacional ya era mediocre, la caída, equivalente a un curso escolar, en los resultados desde las ediciones de 2012 y 2015, años con los mejores resultados, no es sólo continuada sino más rápida que la de la media de los países de la Unión Europea. Y ello a pesar de que parece observarse una tendencia a seleccionar alumnado por parte de nuestras autoridades, hasta el punto de invalidar los resultados para alguna comunidad, como sucedió en Cataluña.

Una alarma justificada

La alarma, por tanto, está justificada. Pedagogos, sociólogos, estadísticos, … se lanzaron sobre los datos, buscando las causas del descalabro. La pandemia y el confinamiento, que sirvieron para justificar los malos resultados de PISA en 2022, quedan ya lejos. Así que las causas tienen que ser otras.

No son presupuestarias: a partir de ciertas ratios, que en la UE se cumplen con creces, las ganancias en rendimiento son marginales.

Se han analizado los cambios en la estructura social como consecuencia de la inmigración. Pero, no. La tendencia a la baja en el rendimiento es similar entre nacionales y extranjeros. Es más, la mayor caída se observa en el alumnado más aventajado, tanto en la escuela pública como en la privada. Por otra parte, en Inglaterra, un caso excepcional que mantiene resultados, es precisamente el estudiantado inmigrante o hijo de inmigrantes el que contribuye a mantener el nivel.

Impacto de las nuevas tecnologías

Otra causa contemplada es el impacto de las nuevas tecnologías: el «empantallamiento» o uso de las redes sociales como leitmotiv de nuestra cotidianeidad, se ha convertido en el comodín que lo explica todo: desde la caída de la fecundidad mundial hasta los malos resultados en PISA. Pero, de ser así, en países no menos adictos a los cachivaches electrónicos, como China (o, al menos, las cuatro o cinco regiones que permitan pasar la prueba PISA), Singapur o Corea del Sur, debería notarse también el efecto. Y no. O no, al menos, con la intensidad observada en Europa o América. Son, por cierto, los países líderes, los que obtienen mejores resultados en todos los campos de saber que abarcan estas pruebas.

¿Cuál es, entonces, la explicación? Supongo que en breve aparecerán artículos y ensayos que analicen en profundidad, no de urgencia, los resultados. Pero mi sospecha personal, siendo sólo un profesor y espectador curioso de estas cosas, es que lo cuantitativo, los datos que nos deja PISA, no servirán para encontrar las causas profundas del descalabro. En mi opinión, y lo digo a modo de hipótesis, los motivos son más cualitativos, de índole cultural, moral o espiritual.

La importancia excesiva del título

Asistimos a una paradoja, muy particularmente en España. Antaño la educación tenía la motivación de percibirse como herramienta clave para el progreso personal y social. Hoy se cree, en parte erróneamente, que el esfuerzo académico no recompensa, siquiera en la medida en la que la juventud espera. Pero, simultáneamente, somos conscientes de que sin títulos académicos es difícil prosperar. Buena parte de la comunidad educativa confunde además el derecho a la educación con el derecho a titular. Así, se concede más importancia al título o a la ideología que a su contenido. Para ello, se opta por facilitar los títulos. Consecuencia: desmotivación, deslegitimación del profesorado, escasa exigencia en el aprendizaje. Resultado: la devaluación de la educación.

Está pendiente, además, la adaptación de la enseñanza a los tiempos modernos. Primero, apostando por las disciplinas STEM: ingenierías, matemáticas… Segundo, abordando la integración de lo digital -dispositivos, IA- en el aprendizaje. Parece contradictorio que el único espacio libre de móviles sea la escuela, cuya consecuencia es asociar lo digital al entretenimiento y comunicación o, a lo más, como atajo académico.

La IA, las redes sociales, internet, han de servir como herramientas de aprendizaje y trabajo, como en la vida real. Y ello implica conocer para hacerse preguntas, clave siempre del progreso y más en tiempos de IA. Miren, si no, el uso que dan los chinos a Tiktok, mucho más orientado a lo instructivo que en Occidente.

Volver la vista a oriente

Desde España siempre hemos mirado a Europa como ejemplo. Pero quizá donde tengamos que mirar ahora sea a Oriente. No tanto a sus sistemas educativos, exigentes hasta lo inaceptable, a día de hoy, en Occidente. Ni a sus sistemas políticos autoritarios. Pero sí observar, por ejemplo, la tasa de ingenieros egresados. Y, sobre todo, su concepción de la educación, trascendiendo lo individual en favor de lo colectivo, del progreso económico, social, espiritual, tecnológico de sus países. Entendiendo la educación como un derecho, pero también, especialmente en la no obligatoria, como un privilegio que obliga a corresponder con la comunidad.

La educación es la clave para el progreso de las sociedades. Más aún en un mundo competitivo como el actual. El efímero debate suscitado por PISA 2025 merecía extenderse y profundizarse. Porque sin una formación que no contemple la dimensión comunitaria, la tecnología y la competencia internacional no habrá buen porvenir para nuestra juventud.