Vino nuevo, odres nuevos, por Ángel Nanclares

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

CONSUMO

Nuestros derechos forales han demostrado una extraordinaria variedad y dinamismo, tanto en lo legislativo como en la capacidad de adaptarse a las nuevas realidades sociales”

Vino nuevo, odres nuevos

Las mejores instituciones jurídicas responden a anhelos muy profundos del ser humano, como el dejar ordenados los asuntos para cuando uno ya no esté, el trabajar en unión de otros para un fin común o el proteger a la sociedad de quien quiere dañarla. Esta característica, de raíces antropológicas, se revela de manera muy acusada en la figura de la donación, la cual encauza una necesidad tan primordial como la de favorecer desinteresadamente a aquellos que nos son más queridos, en muchas ocasiones para ayudarles a salir adelante y facilitarles la vida.

Liberalidad y gratuidad

Lo anterior viene recogido en esencia en el artículo 618 de nuestro Código Civil, que aporta los dos componentes subjetivos básicos del donar: es un acto de liberalidad para el que da y es gratuito para el que recibe. Liberalidad y gratuidad que explican bien a las claras el extraordinario vigor que muestra este instituto jurídico en los tiempos recientes, funcionando como un acabado ejemplo en la práctica de lo que modernamente se conoce como mecanismos de solidaridad intergeneracional. En efecto, en su variante más frecuente de la donación de bienes -singularmente de dinero efectivo- de padres a hijos, aporta solución a un problema muchas veces sangrante en nuestra sociedad: los jóvenes no consiguen independizarse, debido a que sus sueldos son magros y no les permiten acceder a una vivienda, por otra parte, un bien caro por escaso en la España actual. Son entonces los padres los que, en la medida de sus posibilidades, dan el empujón económico a sus hijos para que puedan llevar adelante su proyecto vital. Un rasgo este de apoyo familiar del que debemos estar orgullosos a mi modo de ver, y que no se da en las sociedades del centro y norte de Europa que con tanto afán tratamos de imitar.

Las instituciones del derecho civil, nacidas de la sociedad, son no obstante un material sensible y no florecen en cualquier tipo de terreno. Necesitan dos condiciones ambientales: una fiscalidad adecuada que no las impida y, todavía mejor, que las proteja y fomente; y seguridad jurídica, para la certidumbre y tranquilidad de los ciudadanos. Esta última la proporcionamos los notarios, otra creación social. Los exactos datos de nuestro Índice Único Informatizado advierten una realidad incontestable: cada vez se hacen más donaciones en escritura pública, al darse las dos condiciones apuntadas. No es casualidad.

Pactos sucesorios

¿Existe alguna forma de combinar en una sola figura jurídica el anhelo de organizar el destino futuro de nuestros bienes con el de favorecer ya ahora a nuestros familiares que lo necesitan? Sí existe y, de hecho, está presente de una u otra manera en todos nuestros derechos forales o civiles territoriales: el pacto sucesorio.

En el derecho civil del País Vasco se carece de una regulación de las donaciones, por lo que se aplica de modo supletorio el Código Civil y ello sin disfunción alguna. Sentado esto, se aprecia un lento pero inexorable desplazamiento de las donaciones por los pactos sucesorios. Esta figura, ya prevista en la Ley 3/1992, de Derecho Civil Foral, dentro del Fuero de Bizkaia, tuvo una muy discreta implantación, tanto por su escasa raigambre como por no poderse aplicar en Guipúzcoa y Álava. Sin embargo, la Ley 5/2015, de Derecho Civil Vasco, con una regulación mucho más ambiciosa y de aplicación en los tres territorios históricos vascos, conoce actualmente en materia de pactos sucesorios un crecimiento acelerado que comenzó por Bizkaia, pero que ya se expande al ámbito de todo el País Vasco. La razón es sencilla: en su modalidad más habitual, el pacto sucesorio con eficacia de presente y eficacia de futuro, permite combinar armónicamente la transmisión efectiva de los bienes a parientes (al igual que la donación, pero con el régimen fiscal de las herencias) con las disposiciones patrimoniales para después del fallecimiento (como el testamento, de ahí que tenga su reflejo en el sistema de últimas voluntades).

Autonomía de la voluntad

Concluyo con una breve reflexión. Siempre he mantenido que la tan necesaria actualización de nuestro Código Civil no pasa por beber en fuentes ajenas en Francia, Alemania o Italia. Muy al contrario, pasa por inspirarse en nuestros propios derechos forales, que han demostrado una extraordinaria variedad y dinamismo, tanto en lo legislativo como en la capacidad de adaptarse a las nuevas realidades sociales. Los pactos sucesorios son un buen ejemplo de lo que escribo, las legítimas son otro. Tal vez haya llegado la hora de cruzar antiguas líneas rojas (prohibición de sucesión paccionada, rígidas legítimas individuales, limitaciones por doquier a la libertad de testar) que parecen haber quedado netamente desfasadas y avanzar hacia un modelo que prime sin reparos la autonomía de la voluntad y, en definitiva, una libertad civil tan amplia como sea posible unida a la necesaria seguridad jurídica. La sociedad lleva mucho tiempo preparada para ello.

COMPARTIR

El problemático acceso a la vivienda de nuestros jóvenes, por José María Graiño

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

CONSUMO

Con el anticipo hereditario se mitigan los conflictos sucesorios. Es una herramienta fundamental para la planificación sucesoria de las familias”

El problemático acceso a la vivienda de nuestros jóvenes

Uno de los problemas socioeconómicos más acuciantes para los ciudadanos españoles, y especialmente para los más jóvenes, es la extraordinaria dificultad para acceder a una vivienda digna que dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 de nuestra Constitución, satisfaciendo las legítimas expectativas de las personas de lograr una vida independiente.

Y, sin embargo, nos encontramos en paralelo con la circunstancia fáctica de que, en España, según el Instituto Nacional de Estadística, existen tres millones ochocientas mil viviendas vacías que, en principio, están fuera del mercado inmobiliario.

Son muchas las medidas legislativas de política pública que pretenden solventar o aminorar las referidas dificultades, que van desde el incremento de la oferta, el control de precios, la promoción de viviendas protegidas, hasta llegar a las ayudas directas.

Ante esta problemática, el derecho privado, bien a través de las donaciones en territorio de derecho común y/o mediante los pactos sucesorios en las comunidades autónomas que tienen Derecho Civil propio (Galicia, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares, País Vasco), puede ayudar a paliar, en alguna medida, la dificultad de acceso a la vivienda de nuestros jóvenes y al propio tiempo movilizar el parque inmobiliario.

¿Tiene sentido esperar al fallecimiento para que transmitir una vivienda o una cuantía económica para satisfacer las necesidades de los jóvenes? Esta pregunta y la reflexión que conlleva están cada vez más presentes en las familias. Las notarías son reflejo de la vulnerabilidad económica de los jóvenes y de la siempre bien dispuesta ayuda de los padres, constatándose un cambio en la ordenación sucesoria. Este se traduce en un incremento de las donaciones y pactos sucesorios, ya se trate de la vivienda, de otros bienes o de una cuantía económica que se destina a la compra del inmueble, evitando así un mayor endeudamiento para su adquisición.

En Galicia, una de las comunidades autónomas con derecho civil propio, los instrumentos más utilizados para conseguir los resultados indicados son los pactos sucesorios, regulados por la actual Ley 2/2006 de 14 de junio, de derecho civil de Galicia.

Pactos sucesorios: La herencia en vida

Los pactos sucesorios previstos en la Ley son el de mejora y el de apartación. Pueden realizarse con o sin entrega presente de los bienes y permiten la atribución inmediata de bienes como negocio jurídico de naturaleza mortis causa, frente a las donaciones que, por todos es conocido, participan de naturaleza inter vivos.

Los pactos sucesorios han de formalizarse en escritura pública y forman parte, desde su reconocimiento legislativo, de la cultura jurídica de los gallegos, al gozar de una gran versatilidad y ventajas fiscales.

Pueden otorgarlos los padres y abuelos en favor de sus hijos y nietos, si es un pacto de apartación, a los hijos o descendientes que sean legitimarios, también al cónyuge, quedando, con la apartación, desprovistos de su condición de legitimarios.

Antes de otorgar un pacto sucesorio es conveniente plantearse una serie de cuestiones, entre otras, si los transmitentes van a necesitar o no en el futuro esos bienes que se adjudican.

En este sentido, los notarios desaconsejamos que la vivienda habitual se transmita por esta vía, siendo más recomendable el instrumento testamentario que puede revocarse ante un cambio de circunstancias, ello, no obstante, en supuestos como la necesidad de acometer reformas en la vivienda que van a ser costeadas ya por los adjudicatarios, podrán reservarse el usufructo hasta el fallecimiento del último de los cónyuges, transmitiendo la nuda propiedad. En otros casos se transmite el usufructo, conservando los transmitentes la nuda propiedad.

Es importante, también, según los casos concretos, reservarse la facultad de disponer y prohibir la venta o hipoteca. Establecer la reversión en caso de fallecimiento del mejorante o incumplimiento de condiciones. También es aconsejable imponer la condición de cuidar y asistir a los mejorantes y en caso de no cumplirse quedaría ineficaz dicha adjudicación.

Bonificaciones fiscales

Las ventajas fiscales son un innegable incentivo para animar a su proliferación. El favorable tratamiento tributario que tienen en Galicia ha determinado que la ayuda de los padres o abuelos se materialice a través de este instrumento sucesorio, pues están exentos de tributación en el Impuesto de Sucesiones hasta la cantidad de un millón de euros por padre y madre y cada hijo.

Por otra parte, quisiera resaltar que, con el anticipo hereditario, se mitigan los conflictos sucesorios, constituyendo una herramienta fundamental para la planificación sucesoria de las familias. Se tendrán en cuenta a la hora de hacer la partición. Se computarán e imputarán en su caso a la legítima o a la parte de libre disposición. Se puede pactar el carácter colacionable o no. Entendemos que son unos negocios jurídicos que dan respuesta a una exigencia social.

Además, por esta vía, se trata de conseguir un recíproco plan de apoyo y ayuda intergeneracional entre abuelos, padres, hijos y nietos. De esta manera se satisfacen las necesidades de vivienda de las nuevas generaciones para iniciar su desarrollo personal y profesional y, a la vez, se garantiza a los padres y abuelos cuidados y afectos, tranquilidad y seguridad. Con la llamada herencia en vida, se transforma una expectativa en una realidad presente. La intervención notarial se manifiesta como un eje de la planificación sucesoria flexible: interpretando los intereses, configurando los instrumentos jurídicos adecuados a cada persona, según su situación personal, familiar y patrimonial.

COMPARTIR

La vivienda, mejor sin burbujas, por Casimiro García-Abadillo

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN EL ESCAPARATE

La cuestión es si no llegamos tarde: en España ya se ha superado el nivel de deuda hipotecaria que se alcanzó antes de la crisis de Lehman Brothers"

La vivienda, mejor sin burbujas

El hombre aspira a la estabilidad. La inseguridad le provoca angustia y es una de las causas de la infelicidad. Queremos que el amor sea para siempre, como deseamos que el crecimiento económico dure eternamente, pero la realidad nos muestra que, en la vida, como en la economía, los ciclos son inevitables.

Todavía tenemos en la memoria las terribles consecuencias del estallido de la burbuja financiera, cuyo símbolo fue la caída de Lehman Brothers (15 de septiembre de 2008), cuando ya comenzamos a atisbar otra posible explosión en el horizonte.

Recordemos el origen de aquel desastre. Las entidades financieras comenzaron a conceder créditos a mansalva para la compra de viviendas; los préstamos hipotecarios se convirtieron en un gran negocio. El problema es que muchos de los endeudados, con el paso del tiempo, se encontraron con que no tenían recursos suficientes para pagar esas hipotecas.

Los llamados genios financieros descubrieron entonces otro negocio: empaquetar las hipotecas de dudoso cobro y vender esos paquetes como inversiones de riesgo. La burbuja se fue haciendo cada vez más grande. Pero mientras no estalló, algunos ganaron mucho dinero, a sabiendas de que algún día el globo pincharía sin remedio.

Situación española

Bajemos al terreno y fijémonos en lo que está pasando en España. Llevamos años en los que los precios de la vivienda no paran de crecer (en 2025 más de un 12%, y un 14,3% en el primer trimestre de 2026), y, sin embargo, las compraventas también han aumentado sin parar (hasta prácticamente enero de 2026). Es decir, se ha vendido todo a precios muy elevados.

Aunque la economía ha seguido creciendo —es cierto que a menor ritmo—, eso no implica que los salarios hayan aumentado en la misma medida. De hecho, uno de los problemas de los jóvenes es que sus ingresos no les permiten comprar o alquilar una vivienda. Muchos de ellos se arriesgan a solicitar un crédito hipotecario animados por unos tipos de interés bajos. La burbuja empieza a crecer. Los bancos, de momento, son generosos y no ponen muchas trabas.

Pero los nubarrones empiezan a aparecer. La guerra —otra guerra, pero esta con efectos más dañinos para la economía— ha venido a recordarnos que vivimos en un ciclo alcista que puede estar llegando a su fin. Ya se ha notado el efecto de los bombardeos sobre Irán en los precios del gas y de los combustibles. De ahí se trasladará a otros productos y servicios: electricidad, transporte, fertilizantes y, finalmente, alimentos. La inflación comienza a despertarse.

Cautela europea

El Banco Central Europeo ya ha adoptado una actitud de cautela. Antes del verano subirá los tipos de interés, ya que su función principal es controlar la inflación.

Si no se pone remedio —lo que equivaldría a una guerra muy corta—, subirán los precios, se frenará el crecimiento económico y esto afectará al empleo. Al mismo tiempo, aumentarán los tipos de interés, lo que encarecerá las hipotecas. Algunas figuras influyentes, como Larry Fink (CEO de BlackRock), ya han advertido de que, si la guerra se prolonga hasta final de año, el mundo podría entrar en recesión. ¿Recesión? Sí, recesión, con todo lo que ello conlleva.

La caída del PIB como consecuencia del Covid-19 se amortiguó gracias a una inyección de dinero público sin precedentes en Europa: los fondos Next Generation. La pregunta es si los países de la Unión Europea podrán afrontar otra crisis en apenas seis años con una emisión de deuda tan elevada como aquella. El peligro de esta burbuja es que ha sorprendido a Europa (Estados Unidos es otra historia) aun recuperándose de la crisis del Covid. Las deudas, aunque algunos no lo crean, al final se pagan.

El BCE ya ha comenzado a tomar precauciones para evitar lo peor. Ha pedido a los bancos que extremen sus controles, tanto en la relación entre el crédito concedido y el valor de la vivienda, como en la capacidad de devolución del prestatario. Bienvenidas sean estas medidas de prudencia.

La cuestión es si no llegamos tarde: en España ya se ha superado el nivel de deuda hipotecaria que se alcanzó antes de la crisis de Lehman Brothers.

La anterior crisis se llevó por delante en nuestro país a las cajas de ahorros. Los bancos resistieron mejor porque estaban más capitalizados y fueron más prudentes en la concesión de créditos hipotecarios. También aprendimos que añadir a la penuria del estallido un duro ajuste presupuestario quizá no sea la mejor medicina.

Ninguna crisis es igual a la anterior, pero todas se parecen en sus consecuencias para las clases medias y trabajadoras. En algunos casos, el origen estuvo en la voracidad de entidades financieras que no midieron bien sus riesgos. Pero ahora —guerras aparte— la causa del aumento sin precedentes de los precios de la vivienda radica en un error político de gran magnitud: creer que limitando la oferta se evita la burbuja.

Todo lo que ha hecho este Gobierno hasta ahora ha contribuido a agravar el problema de la vivienda. Ocho años después, comprar un piso es muchísimo más caro. Si a eso añadimos la limitación de los precios del alquiler, obtenemos la ecuación completa que refleja la angustiosa situación de muchos jóvenes y el tic-tac que nos acerca al estallido de otra burbuja.

COMPARTIR

20 años de OCP: ¿Funciona el sistema? Juzguen ustedes mismos, por Pedro Galindo

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN SOCIEDAD

El Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales comunica, en nombre del notario correspondiente, las operaciones con indicios o sospechas”

20 años de OCP: ¿Funciona el sistema? Juzguen ustedes mismos

El Ministerio de Economía creó en 2005, en el Consejo General del Notariado, el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) para intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las Administraciones Públicas en esta materia. Desde entonces, la ayuda notarial ha sido decisiva para prevenir este tipo de delitos.

El OCP permite fortalecer la colaboración del Notariado con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y con las autoridades policiales y judiciales, y facilita enormemente la labor del notario. Así, es el propio órgano el que comunica, en nombre del notario correspondiente, las operaciones con indicios o sospechas.

Los técnicos del OCP son los responsables de analizar, en el marco de la normativa de protección de datos, la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, una gran base que almacena y clasifica electrónicamente el contenido de las escrituras y de las actas públicas autorizadas por los más de 2.800 notarios existentes en nuestro país.

Desde que se constituyó en 2005 hasta finales de 2025, el Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales (OCP) ha contestado de forma telemática a más de 415.000 requerimientos de información y casi 200.000 solicitudes de documentación. Solo en materia de prevención del blanqueo se ha contestado a requerimientos policiales, fiscales o judiciales en más de 344.000 ocasiones, de manera telemática y con medias de tiempo que no superan los tres minutos en la mayoría de los casos. Más del 80% de las comunicaciones de operaciones sospechosas que realiza al Sepblac acaban judicializándose.

Gracias al Índice Único Informatizado y al OCP tenemos identificada la titularidad real de más de 3,3 millones de entidades jurídicas en la Base de Datos de Titular Real y conocemos en la mayoría a la totalidad de los socios.

¿Cambiar lo que funciona?

Si siguiese adelante el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que plantea sustituir el actual sistema de transmisión de participaciones sociales basado en la escritura pública por la inscripción constitutiva en el Registro Mercantil de un documento privado, se acabaría con un sistema que funciona. Y funciona no porque lo diga yo, sino porque ha sido reconocido por el Manual de Buenas Prácticas en su Lucha contra la Criminalidad Financiera del Consejo de la Unión Europea; por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ha señalado este sistema de prevención del blanqueo de capitales como modelo a seguir destacando la Base de Datos de Titular Real; y por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que aseguró en una intervención en el Parlamento Europeo realizada en 2024, que “especialmente a través de los notarios, tenemos una base de datos (de Titular Real) que ha sido señalada por numerosos informes como mejores prácticas”.

Una buena ley no se mide por su retórica, sino por su necesidad, su proporcionalidad y su eficacia. El artículo 129 de la Ley 39/2015 establece que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa, las Administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. También señala que una norma es necesaria y eficaz siempre que esté justificada por una razón de interés general y siempre que sea el instrumento más adecuado para garantizar su consecución, que es proporcional siempre que su regulación sea imprescindible para atender la necesidad a cumplir con la norma, y que nunca ha de generar cargas administrativas innecesarias. Y concluye indicando que, para garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea. No hay ni una sola norma de la Unión Europea que exija la modificación legislativa que aquí se plantea. Juzguen ustedes mismos.

COMPARTIR

Protege a ´tu yo´ digital, por Luis Jiménez

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La IA no ha inventado el fraude, pero le ha puesto un motor de reacción y lo ha escalado a nivel industrial"

Protege a ´tu yo´ digital

Mi yo digital es mucho más popular (y eficiente) que yo, que intento sobrevivir a la ´pandemia´ de Inteligencia Artificial (IA). ¡Qué tiempos aquellos en los que el mayor peligro digital era un príncipe nigeriano que, por un golpe de fortuna, había decidido compartir su herencia conmigo a cambio de mis datos bancarios! Eran fraudes con encanto, casi artesanales. Pero hoy, mientras intento recordar si cerré la llave del gas, hay una herramienta de inteligencia artificial en algún rincón del mundo que probablemente ya ha clonado mi voz, ha perfeccionado mis tics faciales y está pidiendo un préstamo en mi nombre con una educación exquisita.

El fraude de identidad ya no es un hobby de hackers solitarios; se ha convertido en una industria global que mueve la friolera de 9,5 billones de dólares (MasterCard, 2025). Para que nos hagamos una idea, si el ´Gremio de Estafadores´ fuera un país, sería la tercera economía más grande del mundo, justo detrás de EE.UU. y China. Estamos ante lo que los expertos llaman una ´pandemia silenciosa´ impulsada por la IA, donde el fraude ya no se comete, se fabrica en serie.

Distinguir lo real de lo falso

Y es que estamos en plena revolución industrial del engaño, donde el deepfake es mejor que el original. Lo confieso: me aterra que el 75% de los consumidores crea que pronto será imposible distinguir lo real de lo falso en internet (MasterCard, 2025). Y no les falta razón. Las herramientas de deepfake han crecido un 223% en un solo año (Accenture, 2024). Ahora, falsificar es más sencillo y barato. La IA ha democratizado el crimen; ya no necesitas ser un genio de la informática, solo necesitas una suscripción al Fraude como Servicio (FaaS) y ganas de fastidiar al prójimo.

Ante este panorama de ciencia ficción, parece que debemos convertir nuestras empresas en fortalezas digitales si no queremos que nuestro `gemelo malvado´ nos vacíe la cuenta. Si algo he aprendido observando la evolución del fraude, es que la batalla más importante se libra en el primer segundo: el onboarding. Es como en las películas de vampiros: si no les dejas entrar en casa, estás a salvo. El problema es que ahora los vampiros usan máscaras 3D y vídeos inyectados directamente en el sistema. Por eso, no basta con pedir una foto; necesitamos tecnología que analice píxel a píxel si el documento es real y, sobre todo, una prueba de vida que confirme que la persona está ahí, sudando y parpadeando, y no es un clip pregrabado.

Otro punto que me parece vital es la coherencia. A veces pecamos de ingenuos. Blindamos la aplicación móvil, pero dejamos el call center protegido por una pregunta secreta que cualquier bot de IA puede adivinar tras cinco minutos en nuestras redes sociales. Si vas a usar biometría, úsala en todas partes. Si mi banco me reconoce por mi cara en la aplicación, debería usar esa misma referencia biométrica, junto con mi voz, cuando llamo por teléfono o acudo a una sucursal. Esta transversalidad asegura que mi identidad sea la misma en todas partes, cerrando las grietas por donde suele filtrarse el fraude.

La limpieza de primavera en la base de datos es mi parte favorita (e irónica) de la protección ante el fraude de identidad. Muchas empresas conviven con el enemigo y no lo saben. Tienen sus bases de datos llenas de identidades sintéticas —híbridos de datos reales y falsos— que se quedan ahí, madurando como un buen vino, hasta que deciden atacar. Se recomienda usar tecnologías de clustering para detectar si hay diez personas distintas con la misma cara (un síntoma claro de que algo no va bien) y limpiar el sistema antes de que el daño sea irreversible. Al parecer, el 30% de los ataques (Veridas, 2025) los cometen los mismos perpetradores usando identidades recicladas.

Verificarlo todo

Los expertos dicen que debemos adoptar una arquitectura de ´confianza cero` que es como decir que el modo paranoico es el modo seguro. Y parece que tienen razón. En este nuevo mundo, ver para creer ya no es suficiente. Hay que verificarlo todo, siempre: la integridad del dispositivo, la biometría, los datos… y hacerlo de forma adaptativa. Dado que el fraude ahora corre a velocidad de máquina, nuestras defensas no pueden ser manuales ni lentas; o aprenden en tiempo real o están muertas. La agilidad no es solo una ventaja operativa, es la base misma de la seguridad y la resiliencia.

Por último, de nada sirve tener un muro de biometría si el usuario le da su contraseña al primer bot que le habla por WhatsApp con voz de su jefe. La concienciación y la formación siguen siendo el antídoto fundamental. Pero —y aquí viene el reto para los diseñadores— todo esto debe ser sin fricciones. Si para comprar un libro tengo que pasar por tres escaneos de retina y una prueba de ADN, probablemente me iré a la competencia. El truco está en ser invisible para el bueno y un muro infranqueable para el malo.

Conclusión: ¿Real o sintético? Tú decides. Vivimos en una era donde la línea entre lo real y lo falso es más fina que un cabello. La IA no ha inventado el fraude, pero le ha puesto un motor de reacción y lo ha escalado a nivel industrial. La agilidad es la nueva seguridad.

Así que, la próxima vez que veas mi cara en una pantalla pidiéndote dinero, por favor, hazme una pregunta que solo yo sabría responder… O, mejor aún, asegúrate de que el sistema que estás usando tenga una buena detección de prueba de vida certificada. Porque, sinceramente, mi `yo digital´ tiene una voz mucho más profesional que la mía y, si nos descuidamos, terminará yéndose de vacaciones con mis ahorros mientras yo me quedo aquí, escribiendo un artículo sobre cómo evitarlo.

COMPARTIR

¿Burbuja o demografía?, por José García Montalvo

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN ESTE PAÍS

Las prioridades pasan por incrementar de forma sostenida la oferta de vivienda, especialmente en alquiler y en formatos asequibles"

¿Burbuja o demografía?

En los últimos años han reaparecido indicadores que recuerdan al periodo previo a la gran crisis inmobiliaria: los precios de la vivienda crecen a tasas de dos dígitos, el volumen de compraventas es muy elevado y los descuentos efectivos sobre el precio de oferta son reducidos, lo que refleja un mercado tenso y con poca capacidad de negociación por parte del comprador. Esto ha alimentado la percepción de que se podría estar repitiendo una burbuja inmobiliaria similar a la de los años 2000. Sin embargo, un análisis detallado de los determinantes de la demanda y de la oferta, y la evolución demográfica muestra que la situación actual tiene una naturaleza muy distinta.

La creación de hogares

La clave está en la relación entre la formación de hogares y el ritmo de construcción de nuevas viviendas. Durante los años de la burbuja la construcción de vivienda nueva superó con creces la creación de hogares: se terminaban entre 500.000 y 600.000 viviendas anuales mientras se formaban unos 400.000 hogares, generándose un claro superávit de vivienda que alcanzó las 700.000 viviendas en 2008. En el periodo reciente se están creando en torno a 230.000 hogares anuales, mientras que solo se terminan del orden de 90.000 viviendas nuevas cada año. Esta brecha acumulada implica un déficit significativo de vivienda, que se puede cuantificar en unas 700.000 unidades en 2024. El desajuste alcanza un nivel similar, pero de signo opuesto.

La presión de la demanda actual no proviene solo de la formación de nuevos hogares, sino también del notable aumento de la población, impulsado en buena parte por la inmigración. Este contexto demográfico creciente choca con una oferta extraordinariamente rígida: la producción de viviendas por habitante y la proporción de viviendas terminadas sobre el stock existente se sitúan entre las más bajas de los países desarrollados. Esa rigidez de la oferta tiene raíces estructurales. La elasticidad de la oferta de vivienda en España es reducida, de modo que subidas de precios que en otros países activarían un fuerte aumento de la construcción en España producen un incremento pequeño de la oferta. La producción de vivienda se mantiene en torno a dos viviendas terminadas por mil habitantes, muy alejada de los niveles del pasado y de los estándares de otras economías avanzadas. La regulación urbanística fragmentada, la lentitud en la gestión del suelo, el peso de las restricciones locales y un marco fiscal poco incentivador para la inversión residencial contribuyen a este comportamiento inercial del lado de la oferta.

Indicadores de riesgo

Al mismo tiempo, el sistema financiero y el endeudamiento privado presentan un perfil mucho más prudente que en la etapa de burbuja inmobiliaria. El saldo de crédito a la construcción y a las actividades inmobiliarias se mantiene en niveles relativamente bajos en relación con el PIB, y el crédito hipotecario de los hogares representa una proporción sensiblemente inferior a la que se observaba antes de 2008. Los indicadores de riesgo asociados a las nuevas hipotecas —como la ratio préstamo‑valor, la ratio préstamo‑ingresos o el peso del servicio de la deuda sobre la renta familiar— se sitúan en cotas moderadas, muy alejadas de las financiaciones superiores al 100% del valor y de los esfuerzos de pago excesivos que caracterizaron el ciclo anterior. La combinación de una supervisión macroprudencial más estricta y un menor apalancamiento limita la posibilidad de que el crédito actúe como combustible de una burbuja especulativa de la misma naturaleza.

Si se analizan los fundamentales macroeconómicos que explican el comportamiento de los precios de la vivienda —crecimiento del PIB, creación de empleo, tipos de interés y, sobre todo, dinámica demográfica — se observa que buena parte del aumento reciente de los precios se puede explicar por estos factores. Esto contrasta con la situación previa a la crisis financiera, cuando una porción muy considerable del aumento de precios resultaba “inexplicable” por los fundamentales y solo podía entenderse como sobrevaloración alimentada por el crédito y por las expectativas de revalorización de la vivienda.

Miedo a “quedarse fuera”

En el plano de la psicología del mercado, comienzan a observarse comportamientos que recuerdan al miedo a “quedarse fuera” del acceso a la propiedad, lo que en la literatura anglosajona se describe como FOMO (Fear Of Missing Out”). Algunos compradores se adelantan en la decisión de compra ante la expectativa de que la vivienda será cada vez menos accesible. Este componente subjetivo puede reforzar la presión alcista, pero opera sobre un escenario donde el problema principal es la insuficiencia de viviendas disponibles frente al aumento de hogares, no tanto un ciclo de excesivo crecimiento del crédito y expectativas irreales de crecimiento futuro de los precios.

En conjunto, el diagnóstico que emerge es que el riesgo actual no responde al patrón clásico de burbuja inmobiliaria sustentada en un boom de construcción y sobreendeudamiento, sino a un desajuste estructural y persistente entre una demanda demográfica robusta y una oferta que reacciona muy poco a las señales de precios. La diferencia crucial entre los dos periodos considerados es que antes existía un exceso de oferta financiado con crédito que inflaba artificialmente los precios, mientras que ahora la tensión de precios proviene de una oferta insuficiente frente a una evolución demográfica muy dinámica.

Esta distinción tiene implicaciones directas para la política económica. Ante una burbuja de crédito, la respuesta natural consiste en desplegar instrumentos macroprudenciales que frenen el apalancamiento y la concesión de hipotecas de alto riesgo. En el contexto actual, en cambio, las prioridades pasan por incrementar de forma sostenida la oferta de vivienda, especialmente en alquiler y en formatos asequibles, por reducir las rigideces de suelo y tramitación que limitan la construcción y por reforzar los instrumentos que permiten absorber el impacto del crecimiento demográfico sin trasladarlo íntegramente a los precios. Solo abordando este desequilibrio entre demografía y oferta se puede mitigar el riesgo de que la tensión actual derive en episodios de sobrevaloración más graves en el futuro.

COMPARTIR

EE.UU. contra todos y todos contra EE.UU. por Carlos Sánchez

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN EL ESCAPARATE

Lo que está en juego es, ni más ni menos, quién ganará un formidable un pulso entre superpotencias, cada una con sus respectivos aliados

EE.UU. contra todos y todos contra EE.UU.

Ya es un tópico decir que ha vuelto la geopolítica. En realidad, nunca se fue, pero después de tres largas décadas de globalización, acelerada a principios de siglo tras la adhesión de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC), ha regresado con intensidad. ¿La causa? Una nueva correlación de fuerzas ha trastocado el tablero mundial, y la vuelta de Trump a la Casa Blanca —el ensayista Robert Kagan lo ha resumido con un provocador: EE.UU. contra el mundo— sólo ha exacerbado esa tendencia. Y la guerra desatada en Oriente Medio hay que insertarla en ese contexto. La batalla geopolítica entre los dos colosos pasa por una reconfiguración de la región.

Lo que está en juego es, ni más ni menos, quién ganará un formidable un pulso entre superpotencias, cada una con sus respectivos aliados, como sucedió durante la guerra fría. La nueva Estrategia de Seguridad de EE.UU. —coherente con la posición de la OTAN en su reunión de Madrid— lo deja claro: China es el enemigo a batir.

Hay, sin embargo, una diferencia respecto de aquel tiempo, y no es pequeña. Trump no sólo ha quebrado el marco de relaciones comerciales de las últimas décadas entre Occidente y Oriente vía aranceles, es decir, la globalización tal y como la hemos conocido hasta ahora, sino que ha cuarteado el tradicional vínculo entre EE.UU. y Europa.

Presión arancelaria

El viejo continente está siendo hostigado por Washington mediante una presión arancelaria y diplomática, Groenlandia es el caso más evidente, impensable hace pocos años. Y en medio, por si este cambio de escenario no fuera suficiente, el auge del nacionalismo identitario que amenaza el prestigio de la democracia. En última instancia, el fin del orden liberal basado en reglas como el mejor instrumento para dirimir el conflicto social. El populismo, que se nutre de emociones, siempre lleva en su seno un componente nacionalista que responde a intereses tribales. La justificación que hace Rusia de la invasión de Ucrania es un buen ejemplo del auge del nacionalismo, como el movimiento MAGA, todavía de forma pacífica, cuando enarbola el America First.

La disputa, y este sí que es un fenómeno nuevo distinto a la guerra fría, abarca, incluso, a una de las grandes tendencias que han ofrecido estabilidad al sistema mundial de pagos desde Bretton Woods (1944). El dólar, que salió hegemónico de la II Guerra Mundial como moneda universal de reserva, con la oposición de un Keynes que perdió el debate frente al Harry Dexter White, está siendo amenazado por divisas todavía poco relevantes en el comercio mundial, pero en auge.

No es un asunto menor. Es, de hecho, la guerra de todas las guerras por su ascendencia sobre otros frentes. John Connolly, entonces secretario del Tesoro de EE.UU., quien viajaba junto a su mujer en el mismo coche en el que John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, lo dijo claramente en 1971 refiriéndose a Europa: el dólar “es nuestra moneda”, pero es “vuestro problema”. Gracias a ese privilegio, EE.UU. ha podido financiar sus ingentes déficits, tanto público como por cuenta corriente. Y merece la pena recordar que China, a través del propio Xi Jinping, ya ha reclamado que el renminbi se convierta en una moneda de reserva global.

La causa es obvia. Pekín, en coherencia con su peso económico, pretende desempeñar un papel más importante en los sistemas financieros internacionales porque sus intereses ya van mucho más allá que sus fronteras físicas. No sólo es una carrera contrarreloj por la supremacía tecnológica (la inteligencia artificial o los avances biotecnológicos) o por la soberanía energética, incluido los minerales críticos o las tierras raras, sino que va mucho más allá.

China la prestamista

No en vano, China se ha convertido, gracias a sus inconmensurables superávits, en el primer prestamista del planeta, por encima de organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial y, por supuesto, EE.UU., lo que explica su interés en reivindicar el papel del renminbi. Nunca antes China se había manifestado tan claramente a favor de su moneda y en contra de los intereses de Washington en un asunto de vital importancia, ya que una moneda fuerte que compita con el dólar puede provocar una reconfiguración de los flujos financieros globales.

No es extraño, por eso, que en ocasiones Trump haya amenazado con aranceles a los países que paguen el petróleo en monedas distintas al dólar. La fortaleza de EE.UU. frente a Europa, y al margen de la superioridad militar, tiene que ver, precisamente, con la dependencia del viejo continente de los medios de pagos (Visa, Mastercard…) y de la nube, ambos controlados por empresas de EE.UU.

Es en este contexto en el que Europa busca su papel en el mundo. Pero no sólo en el plano económico, sino en el de los valores. Ya hay pocas dudas de que la democracia, aunque cueste creerlo, ha perdido prestigio en el planeta, donde los sistemas autoritarios, que han logrado desbordar los marcos ideológicos de la guerra fría, ganan brillo a causa de su presunta eficacia para generar prosperidad.

El planeta, como muchos no se cansan de repetir, no solo asiste a un pulso entre superpotencias, sino que, además, se enfrenta al fin del orden liberal basado en reglas. Exactamente, el mismo que ha funcionado desde 1945 tras la creación de organismos multilaterales, aunque también, hay que decirlo, no siempre lo hizo con acierto.

COMPARTIR

Prohibir las redes: un “mal” menor, por Esther Paniagua

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LA @

Se dice que no hay que prohibir, sino educar, como si fuera una elección binaria. Se puede y se debe hacer ambas cosas."

Prohibir las redes: un “mal” menor

Revuelo mundial, de Australia a España, pasando por Francia, Reino Unido o Portugal. El país oceánico fue el primero en implementar la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. En Europa, Francia ha aprobado un proyecto de ley que fija la edad mínima en 15 años, mientras que España propone redoblar la apuesta.

Pedro Sánchez ya había anunciado hace meses la ampliación de la edad mínima para registrarse en redes sociales, de 14 a 16 años, a través de la ley de protección de los menores en los entornos digitales. Lo novedoso ahora es el anuncio de un paquete de medidas que incluye propuestas hasta ahora inéditas, como la de que los directivos de las plataformas respondan penalmente por las infracciones cometidas en ellas bajo su gestión, si no retiran contenidos ilegales o de odio.

Dispuestos Digitales

Se propone, además, tipificar como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilícito, junto con la creación de un sistema de rastreo, medición y trazabilidad que permita identificar y cuantificar la huella de odio y polarización en ellas. No solo eso. El presidente español también ha hecho una llamada a unirse -junto con otros cinco países europeos- a la “Coalición de los Dispuestos Digitales”, una alianza para avanzar en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales.

A pesar de todo, el debate público se ha centrado eminentemente en lo que ya conocíamos antes. La prohibición de los 16 años. Una necesaria medida profiláctica, tan aplaudida como criticada. Se dice que no hay que prohibir, sino educar, como si fuera una elección binaria. Se puede y se debe hacer ambas cosas. La prohibición es una salvaguarda pragmática, una reacción al estado de unas plataformas tóxicas que, por mucha educación que haya -y mientras no cambie su modelo de negocio- lo seguirán siendo.

No eludir responsabilidades.

Si no permitimos que los menores entren en webs pornográficas, a clubes de alterne o a entornos donde se comercia con ilegalidades, ¿por qué sí hacerlo en espacios digitales donde campan los depredadores sexuales y los contenidos inapropiados, diseñados para enganchar? Nadie discute que la educación digital sea necesaria, pero confiar en que por sí sola resolverá el problema no es ingenuo e irresponsable, además de una forma cómoda de eludir responsabilidades.

¿Que algunos menores se saltarán las prohibiciones o acudirán a plataformas aún más tóxicas? Por supuesto. Como siempre, hecha la ley, hecha la trampa. Pero si los sistemas de verificación son eficaces, esos casos serán marginales. ¿O es que la existencia de jóvenes que fuman o beben antes de los 18 años invalida la prohibición legal o vuelve innecesaria la norma? Regular no garantiza el cumplimiento absoluto, pero renunciar a hacerlo garantiza el desamparo.

Además, quienes alegan que dicha verificación de edad es una invasión de la privacidad, se equivocan, ya que existen formas de comprobar cuántos años tiene una persona sin necesidad de desvelar ningún otro dato, ni de pedir datos biométricos, ni documentos de identidad o tarjetas de crédito. Por tanto, que se convierta en un mecanismo de vigilancia depende del sistema elegido para implementar dicha medida.

Lo que sí viola la privacidad de los usuarios es la vigilancia y perfilado de sus comportamientos y contenidos que las redes sociales hacen de sus usuarios, tanto para presentarles anuncios y contenidos personalizados, como para entrenar sus modelos de IA. Por ese motivo, varias de ellas ya han sido multadas, o están bajo investigación.

Alternativas mejores

En cuanto al posible bien que las redes sociales pueden hacer a los menores, usadas con moderación y en el marco de comportamientos prosociales, no es un motivo que justifique no prohibir el acceso a Instagram, TikTok o X. Estas plataformas no son las únicas donde los menores pueden socializar y estar en contacto con sus amigos y compañeros, o ampliar su red.

Existen, de hecho, alternativas mejores: desde redes privadas de mensajería hasta los SMS de toda la vida o, mejor aún, usar el tiempo que antes se destinaba a esas plataformas a ver a sus amigos en persona, a hablar más con su familia, a hacer ejercicio y a dormir más. Cosas que la ciencia ya ha demostrado de sobra que aumentan la autoestima, mejoran la salud y reducen la ansiedad, y que son la verdadera fuente de una vida plena.

En paralelo, es imprescindible sanear los espacios públicos, y de ahí el otro paquete de medidas anunciado por Sánchez, el verdaderamente novedoso. Este se dirige a donde las tecnológicas más les duele: al corazón de su modelo de negocio, basado en incentivos económicos que priorizan la economía de la atención. Se maximizan el tiempo de uso, las interacciones y la recurrencia, mediante el diseño persuasivo y la manipulación algorítmica.

La consecuencia es que se favorecen contenidos emocionales, polarizantes o extremos, y una falta de moderación efectiva. Prosperan la desinformación y el extremismo, y las plataformas más privadas sirven como refugio y herramienta de difusión de comunidades radicales, lavado de dinero, etc. Esto, claro está, es más rentable que la información de interés público, o que mostrar meramente lo que comparten tus contactos o las personas a las que sigues, en orden de publicación y sin filtros.

Porno y pedofilia

Otra porción del pastel económico de estas plataformas son los ingresos procedentes del fraude publicitario, la ciberdelincuencia y el cibercrimen (según la propia Meta, alrededor de un 10% de sus ingresos). Eso sin olvidar el papel central del porno y la pedofilia como motor de tráfico y monetización, en un entorno donde maximizar el beneficio económico prevalece sistemáticamente sobre la protección de los usuarios y la salud del debate público.

Dada la gravedad de la situación, los máximos responsables de estas plataformas deben rendir cuentas por los daños causados. Igualmente crucial es garantizar el cumplimiento de las normas ya existentes para este tipo de actores -como la Ley de Servicios Digitales- que ayudaría a mitigar muchos de los problemas existentes.

Además, es imprescindible extender tanto estas normativas como las medidas como las planteadas por Sánchez a las plataformas de IA generativa y chatbots. Estas tecnologías ya están amplificando los mismos vicios que las redes sociales y creando otros nuevos, con un impacto potencialmente aún más devastador. Se pasa de la economía de la atención a la economía del apego, donde los chatbots comienzan a ocupar el lugar de mentores, terapeutas, amigos e incluso parejas emocionales, tanto en menores como en adultos.

Si no queremos tropezar de nuevo con la misma piedra, debemos anticiparnos al escenario distópico que ya se atisba con el uso irresponsable de estas herramientas. Puede sonar grandilocuente, pero el futuro de la humanidad está en juego.

COMPARTIR

Aportación notarial a la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda, por Concepción Pilar Barrio Del Olmo

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LA @ EN DESARROLLO

El Notariado juega un destacado papel por la función que tiene de cara a garantizar la seguridad jurídica, máxime en un contexto de enorme complejidad normativa."

Aportación notarial a la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda

La vivienda es uno de los problemas esenciales a los que se enfrentan las personas y familias en la actualidad. Un problema complejo y multifacético que afecta no solo a los grupos más vulnerables (personas sin hogar, hogares con bajos ingresos), sino también a la juventud y a la clase media.

Una crisis social

El mismo se extiende a toda la Unión Europea, habiendo indicado al efecto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen en el discurso por ella pronunciado sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo el 10 de septiembre de 2025, que es más que una crisis inmobiliaria, es una crisis social, que desgarra el tejido social europeo, debilita nuestra cohesión y también amenaza nuestra competitividad. La Comisión ha presentado el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible.

En semejante sentido se pronunció el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, tras la reunión que tuvo lugar el 22 de octubre de 2025 con los presidentes del Comité Europeo de Regiones y del Consejo Económico y Social Europeo.

A tal efecto expuso que la asequibilidad y el acceso a la vivienda figuran entre las preocupaciones más urgentes de los europeos, teniendo la crisis de la vivienda un peligroso triple impacto: afecta a los derechos fundamentales de la ciudadanía, perjudica la competitividad y socava la confianza en las instituciones democráticas.

También el Parlamento Europeo está ocupándose de esta problemática siendo ejemplo de ello la constitución de una Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión Europea.

Demanda de respuestas rigurosas

La crisis de la vivienda exige respuestas rigurosas, basadas en la experiencia práctica y en información fiable, que permitan adoptar medidas eficaces y sostenibles.

En la solución a este problema el Notariado juega un destacado papel por la función que tiene de cara a garantizar la seguridad jurídica, máxime en un contexto de enorme complejidad normativa y constantes reformas.

Por ello, resulta oportuno plantear algunas de las soluciones que, desde el Notariado, pueden contribuir a afrontar este reto esencial.

En primer lugar, la experiencia práctica y el contacto diario con las personas. Las notarías están en contacto permanente con el mercado inmobiliario y por ellas pasan en torno a 60.000 personas cada día. Esto nos permite observar de primera mano los efectos de la normativa sobre la vida cotidiana de la ciudadanía y sobre el funcionamiento real del mercado.

En este contexto, resulta imprescindible hablar de seguridad jurídica y de confianza, especialmente en un entorno marcado por la complejidad y la continua modificación normativa. La falta de seguridad jurídica se manifiesta de forma clara en dos ámbitos: en el proceso precontractual, previo a la compra de vivienda, y en el mercado del alquiler. En el primero, es frecuente la firma de contratos de arras sin asesoramiento ni control, con consecuencias relevantes una vez entregadas cantidades de dinero que, en muchos casos, son elevadas.

Inseguridad del mercado del alquiler

En segundo lugar, la falta de seguridad jurídica se aprecia también de manera evidente en el mercado del alquiler que no garantiza, hoy, la seguridad jurídica ni del propietario ni del inquilino. Es cierto que en España no existe una tradición consolidada de constituir los contratos de alquiler en escritura pública. Durante años, la propia legislación contribuyó a ello al establecer contratos normados en los que, existiendo acuerdo sobre el objeto y la duración, el resto de las condiciones venían determinadas por la ley. Esta situación cambió a partir del año 2013 y desde entonces existe una mayor flexibilidad, pero también una mayor complejidad normativa, lo que hace necesario el asesoramiento y el control de legalidad. Si se quiere profesionalizar el mercado del alquiler, será imprescindible profesionalizar también la redacción de los contratos y contar con un asesoramiento notarial imparcial y gratuito.

Un contrato bien comprendido y claramente consensuado no solo facilita su aplicación, sino que coadyuva a su cumplimiento. La intervención notarial permitiría reforzar la seguridad jurídica mediante el control del título, del derecho del arrendador, confirmando la titularidad del inmueble; aportando información al arrendatario sobre la situación jurídica de la vivienda; verificando la legalidad del contrato; e incorporando un inventario del estado de la vivienda y de los bienes arrendados. Asimismo, podría preverse la utilización de medios adecuados de solución de controversias, de conformidad con la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Además, la intervención notarial permitiría controlar el depósito de la fianza en los órganos correspondientes de las comunidades autónomas, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales y detectar prácticas fraudulentas: como la celebración de contratos de temporada que tratan de eludir la regulación más protectora para el inquilino, del arrendamiento de vivienda.

Por no mencionar los efectos probatorios y ejecutivos de la escritura pública notarial.

Las tecnologías facilitarían la formalización del contrato si fuera posible el otorgamiento ante notario por videoconferencia, como ya lo permite la ley para otros actos y negocios jurídicos.

Transparencia e información

Todo ello contribuiría a fomentar el mercado del alquiler (hoy lastrado frente al de la propiedad por la falta de seguridad jurídica) aportando transparencia e información.

Junto a la seguridad jurídica, para avanzar en materia de acceso a la vivienda, resulta esencial disponer de datos objetivos y claros. Y en respuesta a esa necesidad, el Notariado ha puesto a disposición de la Administración y de la ciudadanía el Portal Estadístico de la vivienda, basado en datos auténticos, desagregados y actualizados procedentes del Índice Único Informatizado, que recoge los datos contenidos en las escrituras públicas. Su información es necesaria no solo para una buena política pública de vivienda, sino también para comprobar el impacto real de las medidas que se adopten. Y termino mencionando una frase de la Comisión Europea sobre la crisis de la vivienda: “Sin datos viables y detallados, la elaboración de políticas sólidas seguirá estando fuera de alcance”.

COMPARTIR

Ni jóvenes ni viejos, por Carmelo Encinas

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN ESTE PAÍS

Es un colectivo lo bastante numeroso y está lo bastante desesperado para que el Estado ponga la mayor atención a su desgracia"

Una jubilación más flexible y gradual

Acaba de cumplirse el 40 aniversario de la muerte de Enrique Tierno Galván, el político que mejor vistió la alcaldía de Madrid. Tierno logró una transversalidad envidiable que le hacía querido y respetado por gente de toda condición social y política, incluidos los más alejados a su ideología. Lo consiguió transmitiendo una imagen de bonhomía y respetabilidad que envolvía en aquel traje gris de chaqueta cruzada que vestía en invierno y en verano. Era la imagen del “viejo profesor” que cultivaba desde los mítines de la España predemocrática a los que asistimos tantos adolescentes seducidos por su discurso y la proximidad que irradiaba. Tierno no tenía entonces más de 60 años y ya sujetaba con orgullo ese título de “viejo” como un sinónimo de vulnerabilidad. Cuarenta años después nadie con 60 años se atribuiría esa condición y menos la generación a la que pertenezco, esa que sucedió a la de la de la postguerra.

Hijos del desarrollismo

Nosotros no tuvimos que soportar las penalidades de los años de hambre, los de la escasez y el aislamiento internacional a que nos condenó una dictadura retrograda. Fuimos hijos del desarrollismo ilusionados con la causa democrática y la apertura a Europa que llevaría implícita el fin de la autocracia. Nuestros padres, en la medida de sus posibilidades, se habían esforzado en evitarnos las penalidades que ellos padecieron y nos abrían un futuro prometedor que anunciaba un modo de vida substancialmente mejor que la que ellos tuvieron. Y así fue. España asistió a los mejores años de su historia, años de progreso, de modernización, de prosperidad y, también, de libertad. Problemas serios no faltaron, pero el país evolucionó con tal dinamismo que en un tiempo récord consiguió equipararse a nuestros referentes europeos a los que tanto envidiábamos, Ese crecimiento proporcionó a la clase media una calidad de vida hasta entonces inédita permitiéndonos ofrecer a nuestros hijos ventajas y posibilidades en su educación y desarrollo de las que la mayoría de nosotros no disfrutó porque nunca estuvo al alcance de nuestros padres el proporcionarías. Les dimos todo aquello que nos habría gustado tener y estuvimos orgullosos de hacerlo desde la convicción de que la generación que nos sucedió gozaría de un futuro aún más prometedor que el nuestro. Tuvieron así la mejor infancia imaginable y una adolescencia tan confortable y placentera que muchos se negaban a madurar con tal de permanecer instalados en el status dorado que esa edad dorada les procuraba.

Paro endémico

Los problemas vendrían después cuando los puestos de trabajo escasearon a consecuencia del paro endémico que aun hoy no termina de despejar el mercado laboral español. El desempleo juvenil se disparaba, la ley de la oferta y la demanda en la contratación lastraba el crecimiento de los salarios y empezó a perfilarse ya la perspectiva de un futuro menos halagüeño del de sus progenitores. Fue cuando la pensión de los abuelos se convirtió en el refugio que soportaba la manutención de hijos y nietos en situaciones extremas y las casas de tantos jubilados hubieron de tapizarse de colchones para acoger la prole de su descendencia caída en desgracia.

Los últimos años tras la pandemia han sido de crecimiento sostenido hasta el punto de poner a España a la cabeza de los países con mayor empuje de la UE. Esto ha ocurrido en un contexto de atonía económica de nuestros socios europeos que, habida cuenta del estrecho vínculo financiero y comercial que nos relaciona con ellos, tiene especial notoriedad porque de haberles ido mejor a los países comunitarios el crecimiento de nuestro país habría sido aún mayor. Un crecimiento que ha saneado el tejido empresarial y que rebajó las tasas de empleo en términos absolutos, pero que no ha permeado lo bastante en la llamada economía micro que ahora presenta problemas estructurales diferentes a los que nos agobiaron años atrás. El de la vivienda es sin lugar a duda el más acuciante porque limita de forma radical la posibilidad de independizarse y formar nuevos hogares, además de poner en situación crítica a quienes viven de alquiler y, su sueldo, o la precariedad laboral, les impide satisfacer los pagos de la casa. Esto que parecía afectar solo a la gente joven se está manifestando con una crudeza extraordinaria entre la llamada “generación senior”, el segmento entre los 50 y 65 años que son parados de larga duración y ya no pueden pagar el alquiler, sus hijos no consiguen emanciparse y el mercado laboral les vuelve la espalda porque les considera demasiado mayores. No son lo suficientemente jóvenes para interesar a las empresas ni lo suficientemente viejos para llegar airosos a la jubilación. Es un colectivo lo bastante numeroso y está lo bastante desesperado para que el Estado ponga la mayor atención a su desgracia y establezca incentivos que reviertan su situación. Ninguna generación merece ser olvidada.

CONSUMO

Vino nuevo, odres nuevos

COMPARTIR

CONSUMO

El problemático acceso a la vivienda de nuestros jóvenes

COMPARTIR

EN EL ESCAPARATE

La vivienda, mejor sin burbujas

COMPARTIR

EN SOCIEDAD

20 años de OCP: ¿Funciona el sistema? Juzguen ustedes mismos

COMPARTIR

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Protege a ´tu yo´ digital

COMPARTIR

EN ESTE PAÍS

¿Burbuja o demografía?

COMPARTIR

EN EL ESCAPARATE

EE.UU. contra todos y todos contra EE.UU.

COMPARTIR

LA @

Prohibir las redes: un “mal” menor

COMPARTIR

LA @ EN DESARROLLO

Aportación notarial a la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda

COMPARTIR

EN ESTE PAÍS

Una jubilación más flexible y gradual

COMPARTIR

¿Quieres recibir una notificación con el próximo número de Escritura Pública?