Acaba de cumplirse el 40 aniversario de la muerte de Enrique Tierno Galván, el político que mejor vistió la alcaldía de Madrid. Tierno logró una transversalidad envidiable que le hacía querido y respetado por gente de toda condición social y política, incluidos los más alejados a su ideología. Lo consiguió transmitiendo una imagen de bonhomía y respetabilidad que envolvía en aquel traje gris de chaqueta cruzada que vestía en invierno y en verano. Era la imagen del “viejo profesor” que cultivaba desde los mítines de la España predemocrática a los que asistimos tantos adolescentes seducidos por su discurso y la proximidad que irradiaba. Tierno no tenía entonces más de 60 años y ya sujetaba con orgullo ese título de “viejo” como un sinónimo de vulnerabilidad. Cuarenta años después nadie con 60 años se atribuiría esa condición y menos la generación a la que pertenezco, esa que sucedió a la de la de la postguerra.

Hijos del desarrollismo

Nosotros no tuvimos que soportar las penalidades de los años de hambre, los de la escasez y el aislamiento internacional a que nos condenó una dictadura retrograda. Fuimos hijos del desarrollismo ilusionados con la causa democrática y la apertura a Europa que llevaría implícita   el fin de la autocracia. Nuestros padres, en la medida de sus posibilidades, se habían esforzado en evitarnos las penalidades que ellos padecieron y nos abrían un futuro prometedor que anunciaba un modo de vida substancialmente mejor que la que ellos tuvieron. Y así fue. España asistió a los mejores años de su historia, años de progreso, de modernización, de prosperidad y, también, de libertad. Problemas serios no faltaron, pero el país evolucionó con tal dinamismo que en un tiempo récord consiguió equipararse a nuestros referentes europeos a los que tanto envidiábamos, Ese crecimiento proporcionó a la clase media una calidad de vida hasta entonces inédita permitiéndonos ofrecer a nuestros hijos ventajas y posibilidades en su educación y desarrollo de las que la mayoría de nosotros no disfrutó porque nunca estuvo al alcance de nuestros padres el proporcionarías. Les dimos todo aquello que nos habría gustado tener y estuvimos orgullosos de hacerlo desde la convicción de que la generación que nos sucedió gozaría de un futuro aún más prometedor que el nuestro. Tuvieron así la mejor infancia imaginable y una adolescencia tan confortable y placentera que muchos se negaban a madurar con tal de permanecer instalados en el   status dorado que esa edad dorada les procuraba.

Paro endémico

Los problemas vendrían después cuando los puestos de trabajo escasearon a consecuencia del paro endémico que aun hoy no termina de despejar el mercado laboral español. El desempleo juvenil se disparaba, la ley de la oferta y la demanda en la contratación lastraba el crecimiento de los salarios y empezó a perfilarse ya la perspectiva de un futuro menos halagüeño del de sus progenitores. Fue cuando la pensión de los abuelos se convirtió en el refugio que soportaba la manutención de hijos y nietos en situaciones extremas y las casas de tantos jubilados hubieron de tapizarse de colchones para acoger la prole de su descendencia caída en desgracia.

Los últimos años tras la pandemia han sido de crecimiento sostenido hasta el punto de poner a España a la cabeza de los países con mayor empuje de la UE. Esto ha ocurrido en un contexto de atonía económica de nuestros socios europeos que, habida cuenta del estrecho vínculo financiero y comercial que nos relaciona con ellos, tiene especial notoriedad porque de haberles ido mejor a los países comunitarios el crecimiento de nuestro país habría sido aún mayor. Un crecimiento que ha saneado el tejido empresarial y que rebajó las tasas de empleo en términos absolutos, pero que no ha permeado lo bastante en la llamada economía micro que ahora presenta problemas estructurales diferentes a los que nos agobiaron años atrás. El de la vivienda es sin lugar a duda el más acuciante porque limita de forma radical la posibilidad de independizarse y formar nuevos hogares, además de poner en situación crítica a quienes viven de alquiler y, su sueldo, o la precariedad laboral, les impide satisfacer los pagos de la casa. Esto que parecía afectar solo a la gente joven se está manifestando con una crudeza extraordinaria entre la llamada “generación senior”, el segmento entre los 50 y 65 años que son parados de larga duración y ya no pueden pagar el alquiler, sus hijos no consiguen emanciparse y el mercado laboral les vuelve la espalda porque les considera demasiado mayores. No son lo suficientemente jóvenes para interesar a las empresas ni lo suficientemente viejos para llegar airosos a la jubilación. Es un colectivo lo bastante numeroso y está lo bastante desesperado para que el Estado ponga la mayor atención a su desgracia y establezca incentivos que reviertan su situación. Ninguna generación merece ser olvidada.

La naturaleza es fundamental para nuestra supervivencia y bienestar. Bosques, ríos, océanos y suelos nos proporcionan materiales y alimentos, regulan la calidad del aire que respiramos, el agua que bebemos y aquella con la que regamos nuestros campos.

Como muestra de su importancia, el Foro Económico Mundial, en su Informe de Riesgos Globales de 2025, afirma que el 55% del PIB mundial depende de la naturaleza.  

En ese informe se identifican los riesgos medioambientales como una de las principales amenazas para el planeta, encabezados por los fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el colapso de los ecosistemas y la escasez de recursos naturales.

El reto al que nos enfrentamos como humanidad es tan grande que no basta con la acción de los gobiernos y, por ello, diferentes estrategias y organismos de conservación de la naturaleza de ámbito europeo e internacional destacan la necesidad de mejorar la gobernanza ambiental, incorporando a la ciudadanía, a las ONG y al sector privado en la toma de decisiones y reforzando la colaboración entre todos los niveles de gobierno y actores relevantes.  

En este sentido, la custodia del territorio se erige como una herramienta clave para impulsar la colaboración público-privada-social, ya que se basa en acuerdos voluntarios entre titulares de terrenos o derechos de un territorio con organizaciones sin ánimo de lucro, con el objetivo de conservar o restaurar los valores naturales, paisajísticos o culturales de ese territorio.

Esta figura un tanto desconocida por la sociedad, tiene amparo legal en España desde la aprobación de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Sus grandes potenciales son, por una parte, su carácter voluntario y, por otra, su capacidad para implicar a las personas y la sociedad civil para conservar y recuperar la naturaleza.

Los principales actores que intervienen en los acuerdos son las entidades de custodia, organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, y los titulares de terrenos o derechos, que se comprometen voluntariamente a proteger, conservar y restaurar el patrimonio natural y la biodiversidad del espacio objeto del acuerdo.

Las entidades de custodia son, en su mayoría, ONG y fundaciones, aunque algunas administraciones pueden ejercer este papel. La titularidad de la propiedad es mayoritariamente privada, si bien también se formalizan acuerdos en terrenos públicos o comunales. Para la propiedad privada, implicarse en iniciativas de custodia supone una oportunidad de cuidar de su territorio contando con apoyo técnico y, en ocasiones, financiero. Sus motivaciones están relacionadas con estos beneficios y con el sentimiento de pertenencia al lugar y la responsabilidad y el interés de conservarlo.  

En España, la custodia se lleva impulsando desde hace décadas y es una figura reconocida y consolidada, como muestran los datos del 7º Inventario de iniciativas de custodia del territorio en España, que recoge información aportada por 268 entidades de custodia, con un total de 4.632 acuerdos que abarcan una superficie de más de 708.000 hectáreas (1,4 % de la superficie del país).

La Plataforma de Custodia del Territorio (PCT), impulsada por la Fundación Biodiversidad (MITECO) y que lleva ya casi 20 años de andadura, es un espacio de promoción de la custodia y de encuentro para los distintos agentes que intervienen en los acuerdos en España. Desde el año 2019, además, la Fundación Biodiversidad y el Consejo General del Notariado mantienen un convenio de colaboración que tiene como objetivo reforzar la seguridad jurídica de los acuerdos de custodia del territorio.

Alcanzar este objetivo es una de las metas previstas en la Estrategia de la PCT 2023- 2027 y es una de las líneas de trabajo del proyecto LIFE CUSTODIA, inspirado en esa estrategia y que sirve de palanca para impulsar la custodia del territorio.

Una mayor seguridad jurídica de los acuerdos aporta garantías a la propiedad, a las entidades y a potenciales financiadores, incrementa el valor de conservación de los acuerdos y podría facilitar la integración de la información de las iniciativas de custodia en las políticas públicas y el reporte de su contribución a la conservación a través de los sistemas de seguimiento nacionales e internacionales, como el Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, la Base Mundial de Áreas Protegidas o los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

España es uno de los países con mayor biodiversidad de la Unión Europea y del mundo. Somos un país rico en naturaleza, pero nos enfrentamos a numerosas amenazas derivadas de la transformación del territorio, la pérdida y degradación de los hábitats naturales, la sustitución de los usos tradicionales, la fragmentación de las poblaciones naturales, el cambio climático y las especies exóticas invasoras.

Es imprescindible contar con el tejido social, alentar la convicción colectiva de que realmente tenemos que aliarnos para mejorar el estado de la biodiversidad y de los ecosistemas.

En un contexto de creciente crisis ecológica y climática, la implicación activa de los servidores públicos, la propiedad privada y las organizaciones de la sociedad civil resulta imprescindible para avanzar hacia modelos de gestión del territorio más eficaces, corresponsables y orientados al bien común. 

Conservar esa riqueza supone una gran responsabilidad y la custodia del territorio es una herramienta transformadora para lograrlo, en la que el notariado, como garante de la seguridad jurídica, ejerce un papel clave.

El abandono rural, el aumento del riesgo de incendios forestales, la degradación de montes y cauces o el impacto de episodios climáticos extremos —como las danas— obligan a repensar la gestión y protección del territorio. Estos fenómenos evidencian que los desafíos ambientales son hoy, de forma directa, desafíos humanos, ya que afectan a la seguridad de las personas, a sus medios de vida y a la sostenibilidad del medio rural.

Desde esta perspectiva, los retos ambientales no pueden abordarse únicamente desde una óptica técnica o administrativa. Requieren diálogo, corresponsabilidad y cooperación entre Administraciones públicas, sector primario y sociedad civil, así como un marco de seguridad jurídica que permita conciliar intereses legítimos en ámbitos como la agricultura, la ganadería, la gestión forestal, la protección del medio natural y la prevención de riesgos.

Vocación transversal

En este contexto se enmarca la creación de la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consejo General del Notariado. Con una vocación transversal, la Comisión nace como un espacio de análisis, reflexión y propuestas, orientado a impulsar una visión integradora del territorio, en la que la protección ambiental se conciba como una oportunidad para reforzar la cohesión social, prevenir riesgos y favorecer un desarrollo rural equilibrado.

La experiencia demuestra que las políticas ambientales resultan más eficaces cuando cuentan con la implicación de quienes viven y trabajan en el territorio. Agricultores, ganaderos y propietarios forestales son aliados esenciales para compatibilizar conservación, actividad económica, diversificación productiva, fijación de población y prevención de riesgos.

En este escenario, el Notariado aporta un valor diferencial como garante de la legalidad, de la seguridad jurídica y de la voluntad informada de las partes. Su intervención permite dar solidez y estabilidad a compromisos ambientales de largo recorrido, ya sea mediante la formalización de acuerdos voluntarios o el asesoramiento imparcial en operaciones vinculadas a la gestión del territorio.

Instrumentos como la custodia del territorio ejemplifican esta aportación. A través de acuerdos voluntarios, es posible compatibilizar la conservación del medio natural con los usos tradicionales, dotando de seguridad jurídica a todas las partes y favoreciendo una gestión responsable del territorio.

Claridad y seguridad jurídica

Más allá de figuras concretas, la sostenibilidad exige gestión, y la gestión requiere seguridad jurídica. La indefinición en la titularidad, los usos o las responsabilidades sobre fincas, montes, caminos o cauces suele traducirse en abandono, falta de mantenimiento y aumento de riesgos ambientales. Por el contrario, la claridad jurídica favorece una gestión activa, continuada y responsable del territorio.

En definitiva, afrontar los desafíos ambientales de forma eficaz implica situar a las personas y al territorio en el centro. La seguridad jurídica es un elemento clave para generar confianza, facilitar acuerdos, prevenir conflictos y promover una implicación real en la conservación del entorno.

La Comisión nace con una vocación clara: integrar los principios de sostenibilidad en la gobernanza institucional del Notariado, sin alterar su esencia ni invadir ámbitos competenciales ajenos. Su labor no se asienta en la definición de políticas ambientales materiales, sino en garantizar que el Notariado español se adapte de forma ordenada, rigurosa y neutral a un entorno normativo cada vez más complejo y exigente.

La sostenibilidad, entendida en este ámbito, no se limita a la dimensión ambiental. Abarca también aspectos económicos, sociales y jurídicos íntimamente ligados a la seguridad jurídica preventiva, la transparencia del tráfico jurídico y la confianza de la ciudadanía. Buena parte de los actos y contratos que se autorizan ante notario –transmisiones inmobiliarias, operaciones mercantiles, constitución de sociedades, financiación, actos urbanísticos o sucesorios- se encuentran hoy directamente condicionados por normas ambientales, energéticas o de uso del territorio.

Ejemplaridad institucional

En este escenario, la comisión de sostenibilidad y medio ambiente actúa como órgano de análisis, propuesta y coordinación técnica, identificando los ámbitos en los que la sostenibilidad incide en la función notarial y proponiendo criterios que refuercen la homogeneidad y claridad en la práctica diaria. Uno de los ejes del trabajo de la comisión es la ejemplaridad institucional. La modernización del Notariado pasa por la digitalización de procesos, la reducción del uso de papel, la eficacia en el consumo de recursos y la optimización de la gestión interna. Estas actuaciones no responden a una lógica simbólica, sino a criterios de eficiencia administrativa y responsabilidad institucional, acordes con la condición del Consejo General del Notariado como corporación de derecho público.

Asimismo, la Comisión impulsa la formación y actualización profesional, consciente de que la creciente densidad normativa en materia de sostenibilidad exige un conocimiento técnico sólido y actualizado. La formación se concibe desde un enfoque estrictamente jurídico práctico, orientado a facilitar la correcta aplicación del Derecho en el ejercicio de la función notarial.

Finalmente, la Comisión promueve la cooperación institucional con otras corporaciones públicas, Administraciones y operadores jurídicos, reforzando el papel del Notariado como interlocutor técnico de referencia en aquellos ámbitos en los que la sostenibilidad se proyecta sobre el tráfico jurídico.

La Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consejo General del Notariado constituye un instrumento clave para articular una respuesta institucional prudente, rigurosa y jurídicamente sólida ante los retos de la sostenibilidad, reforzando el papel del Notariado como garante de la seguridad jurídica y del interés general en una sociedad en constante transformación.

Incentivar el retraso voluntario de la jubilación, dando más facilidades para compatibilizar trabajo y pensión es, sin duda, una buena fórmula con la que todos podemos salir ganando.

La jubilación en España no es una obligación, es un derecho; una recompensa después de haber trabajado y de haber cotizado al sistema de la Seguridad Social durante décadas. Una recompensa que, tras las reformas que se han producido en las últimas décadas, cada vez se produce más tarde. En estos momentos, la edad media de acceso a la jubilación en España es de 65,3 años. Cuando en 2012 entró en vigor la reforma del sistema de pensiones que retrasaba paulatinamente la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, la edad media de jubilación estaba en los 64 años.

¿Y es positivo que nos jubilemos cada vez más tarde? ¿Cuándo en 2027 se acabe el periodo transitorio, se volverá a retrasar la edad legal de jubilación más allá de esos 67 años? Lo cierto es que es más que probable. El aumento de la esperanza de vida en los últimos 100 años no tiene parangón en la historia de la humanidad. A principios del pasado siglo XX la esperanza de vida estaba por debajo de los 40 años; hoy, en España, supera los 80. Cuando se creó el sistema de la Seguridad Social, a finales de los años 60, los trabajadores se jubilaban a los 65 años y la esperanza de vida era de 67. Apenas cobraban pensión dos años. Hoy, las personas pueden llegar a estar cobrando pensión un tercio de su vida.

El hecho, sin duda positivo, de que cada vez vivamos más años, unido a que las sociedades occidentales estamos cada vez más envejecidas, tensiona, y mucho, los sistemas de pensiones de todo el mundo, y España no es una excepción.

Es por ello que en las últimas décadas se han puesto en marcha algunas medidas para tratar de garantizar su sostenibilidad. Probablemente la más impactante ha sido la del retraso en la edad de jubilación que aprobó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2011. A partir de ahí, durante la Gran Recesión, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó otras medidas como el factor de sostenibilidad o el índice de revalorización de las pensiones, que trataban de ligar la cuantía de las pensiones y sus subidas anuales a factores como la salud del sistema, la evolución de la economía o la esperanza de vida. Ambas reformas, que lograron frenar el incremento del gasto en pensiones, fueron derogadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que volvió a ligar la subida de las pensiones a la inflación.

Para intentar compensar este incremento del gasto, la reforma del entonces ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, incluía medidas como el incremento de cotizaciones sociales, la penalización de las jubilaciones anticipadas y los incentivos para retrasar la edad de jubilación o para compatibilizar trabajo y pensión.

Continuar trabajando más allá de la edad legal de jubilación a tiempo parcial es, sin duda, una fórmula que puede servir para aliviar la carga sobre el sistema de la Seguridad Social, pero también es positivo para la sociedad que personas que tienen una gran experiencia puedan seguir poniendo sus conocimientos y habilidades al servicio de todos. Y desde el punto de vista personal, seguir trabajando a tiempo parcial puede permitir incrementar los ingresos actuales y los futuros, así como hacer una transición gradual desde la vida laboral hasta la jubilación, evitando los problemas y el vacío que a veces sienten algunas personas al dejar de trabajar.

Hay varias fórmulas para compatibilizar el trabajo y la pensión. Una de ellas es la jubilación activa. Se pueden acoger a ella tanto trabajadores autónomos como por cuenta ajena, siempre después de la edad legal de jubilación. Tendrá una cotización a la Seguridad Social reducida y normalmente se compatibiliza la actividad con el cobro del 50% de la pensión.

A partir de los 60 años también se puede simultanear el trabajo y la pensión a través de la jubilación parcial, con una reducción de jornada que se situará entre el 25% y el 80%.

Por último, está la jubilación flexible, que permite a personas que ya han accedido a ella reincorporarse a la vida laboral como trabajadores por cuenta ajena, siempre que la jornada que realicen se sitúe entre el 50% y el 75% de lo que sería la jornada habitual en el puesto que desempeñan. La principal diferencia con la jubilación activa es que estos trabajadores siguen cotizando y, cuando finalmente se jubilen al 100%, estas cotizaciones elevarán la cuantía de su prestación. No obstante, no todas las personas pueden acceder a esta modalidad. Por un lado, la ley excluye a aquellas personas que reciban una pensión de incapacidad permanente. Y tampoco se aplica a algunos regímenes especiales, como los Funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y el servicio de la Administración de Justicia.

El Gobierno quiere incentivar el trabajo más allá de la edad legal de jubilación y es por eso que ha puesto encima de la mesa nuevas medidas para hacer estas fórmulas más atractivas. En concreto, hay una nueva propuesta legislativa que introduce lo que se conocería como jubilación reversible. Su objetivo sería permitir a personas jubiladas reincorporarse al mercado laboral de forma más amplia y flexible, con incentivos económicos que refuercen esta posibilidad. Así, el tiempo de trabajo se establecería entre el 40% y el 80% de la jornada completa. Además, para motivar a los pensionistas a regresar a la vida laboral, se prevé añadir entre un 10% y un 20% de la pensión base al sueldo recibido. Además, permitiría volver totalmente a la vida laboral, renunciando temporalmente al cobro de su pensión.

Aunque la debilidad parlamentaria del Gobierno introduce dudas sobre si finalmente podrá sacar adelante esta iniciativa, lo cierto es que añadir incentivos a la posibilidad de seguir trabajando de manera total o parcial después de la edad legal de jubilación es, sin duda, una buena idea que puede ayudar a aliviar la carga sobre el sistema de pensiones, a la vez que es positivo para la sociedad y para las personas que voluntariamente deciden seguir trabajando. Es por ello que creo que esta es una de esas medidas en las que los principales partidos deberían ponerse de acuerdo dejando a un lado las refriegas políticas.