Crece el interés por compartir piso

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Crece el interés por compartir piso

En pleno debate sobre la futura Ley de Vivienda, surgen nuevas soluciones habitacionales. Así, cuando las opciones de compra o alquiler son reducidas, compartir piso puede ser una opción a tener en cuenta. Muchos de nosotros lo hemos hecho en algún momento de la vida y tiene sus ventajas. Especialmente, si ese alquiler se toma como una opción temporal, conlleva ciertos objetivos, como el ahorro o la posibilidad de elegir zona, y no se trata solo de una solución desesperada. El mercado se prepara para esta demanda que, poco a poco, crece en España.

MARIÁN LEZAUN

Según el último informe sobre este sector, elaborado por el portal inmobiliario Idealista.com, la oferta de habitaciones en pisos compartidos ha crecido un 6% en España durante el último año. Una cifra que, como explica Ferrán Font, director de estudios del portal pisos.com, demuestra que “el alquiler de habitaciones en viviendas compartidas es un mercado estable, cuyo crecimiento sostenido se mantiene en los últimos años y que está muy ligado a la demanda de los más jóvenes, tanto estudiantes como aquellos que buscan emanciparse del hogar familiar”. Font explica que, aunque la pandemia también ha pasado factura al sector, este ya da muestras de recuperación. Para este experto, “compartir piso es una forma económica de emanciparse, de compartir gastos en determinado momento vital y también de socializar”. Font explica también que se trata de una tendencia muy localizada. “Madrid y Barcelona acaparan el 40% de la demanda de habitaciones, pero ya hay otras ciudades en las que el interés aumenta, como Sevilla o San Sebastián”.

Oferta y demanda. Si echamos un vistazo a los principales portales inmobiliarios podemos encontrar inmuebles para todos los gustos. Font añade, además, que se trata de una oferta estable tanto en precios como en inmuebles. “El alquiler medio se sitúa hoy en 260 euros, pero en ciudades como Madrid, Barcelona o San Sebastián el precio supera los 400 euros”, dice Font. Un estudio reciente del portal Fotocasa Viviendas compartidas en España, dispara la media hasta 350 euros, un 30% más que hace cinco años. Y es que, aunque el mercado de alquiler debería reducir precios para ser una alternativa razonable a la compra de vivienda, todavía queda mucho por hacer. De hecho, durante este año, las variaciones en el parque disponible han sido dispares en las capitales de provincia españolas, según los datos del portal Idealista. En nueve de ellas hay menos producto disponible en este mes de agosto que hace un año. “La mayor caída se ha producido en Barcelona, donde las personas que buscan alquilar una habitación tienen un 29% menos oferta donde elegir. Le sigue Albacete con un 28% menos, Santa Cruz de Tenerife con un 21% y Almería con un 17%. Guadalajara representa la otra cara de la moneda, con un aumento del stock de habitaciones del 76%, seguido por Gerona, con un 71% y Santander, con un 43%. La buena noticia es que en muchas ciudades el precio continúa bajando en relación a años anteriores. Guadalajara registra el mayor descenso, con una rebaja del 9,6%, seguida por Madrid con un 7,5%, Lérida, Málaga, Jaén y Barcelona. En el lado opuesto se encuentra Ciudad Real con un incremento del 9,7%, seguido por Castellón de la Plana con un 6%, A Coruña, Santander y Albacete.

Ventajas e inconvenientes. Por eso, los datos nos demuestran que compartir piso ha dejado de ser una opción reservada para estudiantes y gente joven y empieza a perfilarse como una solución a los problemas actuales de vivienda. Para algunas asociaciones de consumidores, defender esta opción no es viable porque, en muchos casos, no se trata de una elección personal sino de una obligación impuesta por el precio de la vivienda, los bajos salarios, la precariedad laboral y, en definitiva, la falta de recursos. No obstante, es una posibilidad que puede tener sus ventajas siempre que se haga dentro de la legalidad y con toda la información disponible. 

Los expertos recomiendan tener en cuenta todas las ventajas e inconvenientes que pueden darse, para evitar problemas a medio plazo. Compartir piso no es fácil y, quizá, no todas las personas estamos preparadas para hacerlo. Desde el portal inmobiliario Idealista apuntan que “antes de embarcarse en esta aventura es importante tener en cuenta algunas cuestiones como la manera de repartir las tareas del hogar, conocer el horario de los compañeros de piso, las visitas, cuestiones sobre la decoración o si se está dispuesto a vivir junto con una mascota”. Todo puede ser fuente de conflicto, por lo que dejarlo todo atado evitará más de un disgusto.

Pero alquilar una habitación también tiene sus ventajas. Por ejemplo, es mucho más barato que alquilar un piso entero por lo que te permite ahorrar una parte importante de tu salario. También puedes elegir mejores zonas e incluso mejores viviendas. No obstante, uno de los principales motivos que argumentan los inquilinos de pisos compartidos es la necesidad de abaratar los gastos de suministros como son el agua, la luz, la calefacción, internet, etc. La situación puede ser diferente si el inquilino alquila una habitación al propietario o si un grupo de personas es la que alquila la vivienda de forma mancomunada. Por eso, hay que dejar claro cómo y cuándo se van a realizar esos pagos. Lo normal es que exista una cuenta común, una especie de bote, desde la que se abonen todos los gastos o que uno de los inquilinos adelante el dinero y luego recoja las partes igualitarias. Aquí lo importante, señalan en Idealista, es rodearse de personas solventes y responsables. No obstante, existen aplicaciones para que la gestión de los gastos sea mucho más cómoda. Tricount o Splid permiten la creación de un grupo para ir anotando los gastos compartidos y calcula de forma automática cuánto debe pagar cada uno. Por su parte, Splitwise gestiona todas las cuentas entre compañeros de piso, ya que permite anotar todos los gastos y dividirlos. Además, se pueden enviar recordatorios a las personas que tengan algún pago pendiente.

Lo que no existe en este caso son ventajas fiscales. Al alquilar solo una habitación, y no la vivienda completa, Hacienda no considera que se trate de un alquiler de vivienda habitual, por lo que no podrá desgravarse por este concepto.

No obstante, es importante contar con un contrato legal. En el caso de alquilar una habitación con derecho a usar las zonas comunes de la casa, se formalizará un contrato de arrendamiento independiente del de los demás ocupantes de la casa, en el que se recojan las obligaciones y derechos que vinculen al inquilino únicamente con el arrendador.

¿Quiénes comparten piso en España?

Las personas que comparten piso en España son algo mayores que hace unos años. La edad media de los que eligen esta opción está ya en los 33 años, aunque en algunas regiones la edad se dispara hasta los 36 años como es el caso de Palma, Vitoria o Guadalajara. Según el portal inmobiliario Idealista “son personas que viven en el centro de las grandes ciudades, no fuman ni permiten que se fume en la vivienda y no tienen ni admiten mascota”. En la mayoría de los pisos compartidos conviven hombres y mujeres (69%), mientras que el 26% están ocupados por mujeres y el 4% cuentan con compañeros masculinos.

Para saber más

Tecnocasa: El portal inmobiliario Tecnocasa cuenta en su blog cosas que deberíamos saber antes de compartir piso con otras personas. 

El Economista: El diario de información económica analiza el sector de la vivienda compartida y explica por qué cada vez más personas eligen esta opción.

Mapfre: La aseguradora explica en su blog cómo organizar los gastos en una vivienda compartida y explica las ventajas que puede tener esta opción.

Pisos.com: El portal inmobiliario dispone de una web especializada en habitaciones, pisocompartido.com, desde la que se puede conocer cómo está la oferta ahora mismo en España.

Coliving, cohousing, habitaciones… no es lo mismo

Los expertos explican que no es lo mismo compartir piso que la reciente moda del coliving, mucho más desarrollado en otros países europeos y en Estados Unidos que aquí. Es este caso, el inquilino tiene su propio espacio, un apartamento más o menos grande, y después tiene acceso a una variedad de zonas comunes (salón, gimnasio, biblioteca, salas multiusos, zonas de trabajo, etc.) en las que puede interactuar con otras personas del edificio. El coliving que es considerablemente más caro (a partir de 700 euros) se parece más a un hotel, ya que lo que se comparte son las zonas comunes y de ocio, pero no el espacio privado. Existe también la opción denominada cohousing, destinada a los más mayores, en las que se ofrecen también servicios asistenciales y que no está concebido como una solución temporal.

«Por una ley que garantice el derecho a una vivienda», por Olga Ruiz Legido

CONSUMO

OLGA RUIZ LEGIDO,

presidenta FACUA

 

 

Por una ley que garantice el derecho a una vivienda

@facua

El derecho a una vivienda que garantice un nivel de vida adecuado y en unas condiciones de dignidad inherentes a la propia naturaleza humana se consagra en el artículo 47 de nuestro texto constitucional y en diversos instrumentos internacionales, firmados y ratificados por España, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25.1) o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11.1).

No obstante, y pese al mandato constitucional y los compromisos internacionales ratificados por España, el acceso a una vivienda digna en nuestro país no está hoy garantizado. Mucho tiene que ver en esta situación el desarrollo de políticas que han favorecido la mercantilización de un bien tan esencial, dejándolo en manos de un mercado sujeto a fuertes movimientos especulativos. La falta de control e intervención pública y la debilidad de los instrumentos de ordenación del territorio y de un urbanismo sostenible también han contribuido, teniendo como grandes beneficiarios a bancos, fondos de inversión y otros grandes tenedores.

Durante años se promovió la propiedad como la única alternativa segura y estable en el acceso a una vivienda debido a la facilidad de acceso al crédito hipotecario y a regulaciones del alquiler que lo han hecho una figura inestable y con precios inasumibles para muchas familias. Según el informe del sindicato CC.OO. “La vivienda en alquiler en España” (febrero 2021): Los hogares que residen de alquiler tienen peores condiciones económicas y realizan un sobreesfuerzo para pagar alquileres excesivos que fija un mercado ineficiente y especulativo: 3 millones de inquilinos (el 41%) dedican más del 30% de sus ingresos al alquiler. El 41% de los inquilinos e inquilinas soporta un alquiler excesivo”.

Esas políticas, que situaron al sector inmobiliario como uno de los principales motores de la economía española, también alimentaron la burbuja que terminó estallando con la crisis financiera global de 2008 y que puso en evidencia las inequidades e injusticias de un modelo que deja cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria y el lanzamiento de familias de sus viviendas sin alternativa habitacional y sin mecanismos ni recursos legales que las protejan adecuadamente.

En este contexto, la precarización de la oferta del mercado del alquiler para los inquilinos (precios elevados, garantías accesorias muy gravosas y reducción de la oferta residencial, entre otros) impiden el acceso a la vivienda o fuerzan el exilio de las familias a otros entornos urbanos, dificultando o impidiendo la integración social y la propia identidad personal y colectiva.

La débil intervención del sector público en materia de políticas de vivienda ha sido incapaz hasta el momento de dar una respuesta eficaz y ofrecer soluciones habitacionales asequibles y adecuadas a las necesidades de la ciudadanía, especialmente a aquellos colectivos más vulnerables y con mayores dificultades de acceso. La inversión en vivienda protegida se ha visto sometida en las últimas décadas a una drástica reducción y España presenta un escaso parque público de vivienda social en alquiler que no cubre las necesidades existentes.

Hasta el momento, la mayor parte de las soluciones adoptadas se configuran como temporales, respuestas coyunturales a crisis puntuales y tratadas de forma sectorial (económica, sanitaria…) pero sin vocación de acometer las reformas estructurales que colectivos y organizaciones sociales en España venimos demandando desde hace años.

Por ello, es urgente la aprobación de una ley estatal que, atendiendo las recomendaciones de los distintos organismos internacionales, refuerce y garantice el derecho a una vivienda, blinde su función social, prevea consecuencias en caso de incumplimiento de dicha función e incorpore mecanismos que garanticen su acceso, en el actual contexto de emergencia habitacional y de crisis económica y social.

Una ley de vivienda que reconozca el acceso a la misma como un derecho subjetivo de todas las personas con vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de España, exigible por sus titulares frente a los poderes públicos y ante los órganos administrativos y los propios juzgados y tribunales, evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo. Una ley de vivienda que, entre otros elementos garantistas, contemple medidas de intervención directa como la limitación del precio de los alquileres, el control de los precios y la vivienda turística en zonas tensionadas; que integre instrumentos que ayuden a la conformación de un parque público de vivienda social asequible, eficiente e integradora; que incorpore mecanismos de protección eficaces para afrontar situaciones de insolvencia que impidan el pago de las rentas de alquiler o las cuotas de los préstamos hipotecarios vinculados a la adquisición de viviendas habituales; que impida los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional; que impulse instrumentos que contribuyan a la resolución extrajudicial de los conflictos en materia de acceso a la vivienda y que integre en el concepto de vivienda digna el derecho de acceso a suministros esenciales como agua y servicios energéticos. 

España ha sido objeto hasta ahora de seis dictámenes, desde 2015 a 2021, en los que el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas ha concluido que vulnera el derecho a la vivienda. El Relator especial sobre la extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas después de su visita a España el pasado año instó a las autoridades a “tomarse en serio el derecho a la vivienda”. Ya es hora de que España lo haga y se tome en serio una ley que haga efectivo este derecho.

Jóvenes y vivienda ¿Es posible la propiedad?

El Foro Fundación Notariado Temas que importan celebró su primera sesión el 12 de noviembre bajo el título Jóvenes y vivienda ¿Es posible la propiedad? Promotores, académicos, entidades financieras y notarios dialogaron en una mesa redonda sobre el asunto.

Participaron en el debate Juan Carlos Delrieu, director de estrategia y sostenibilidad de la Asociación Española de Banca (AEB); Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE); Sergio Nasarre, director de la Cátedra UNESCO de vivienda (de la Universidad Rovira y Virgili); y Elena Ruiz Cebrián, presidenta del Consejo de la Juventud. Estuvo moderado por Concepción Barrio, vicedecana del Colegio Notarial de Madrid y fue presentado por José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado y de la Fundación Notariado.

Para Martínez Sanchiz la respuesta al título de la sesión fue contundente: «Aunque existan dificultades, como el paro juvenil, el acceso a la propiedad de la vivienda por parte de los jóvenes debe ser posible. Esta respuesta exige apoyar a la juventud, creando vínculos de solidaridad intergeneracionales». Sobre la puesta en marcha de este foro, apuntó que «nace con voluntad de permanencia para abordar cuestiones que preocupan a la sociedad y requieren de una solución. Es un acierto que esta materia haya sido la primera que tratemos. El de la juventud es uno de los temas que más nos preocupa a los notarios».

El reportaje al completo se publicará en el próximo número de Escritura Pública. Visualiza el resumen del encuentro en este video.

La España vaciada pide paso

EN ESTE PAÍS

La España vaciada
pide paso

El pasado 25 de mayo se presentó en el Congreso de los Diputados el Modelo de Desarrollo de la España Vaciada, un documento elaborado por la plataforma La España Vaciada, surgida para coordinar a diferentes estructuras y organizaciones procedentes de 12 comunidades autónomas y 30 provincias y que reivindica un modelo territorial diferente, de cara a lograr la sostenibilidad social, ambiental, patrimonial, cultural y económica, frenando la despoblación y facilitando la acogida de nuevas y nuevos pobladores para mejorar la calidad de vida de las personas que vivan o vayan a vivir en ellos, reequilibrando el país a nivel territorial y demográfico, con una financiación pública adecuada y estable.

CARLOS CAPA

El Modelo de Desarrollo presentado en el Congreso de los Diputados ha sido elaborado siguiendo la “metodología de abajo a arriba”, por más de 180 participantes que viven todos los días la realidad de estos lugares, pertenecientes a 82 plataformas ciudadanas y entidades que durante ocho meses han debatido, trabajado y consensuado ideas, propuestas y acciones desde los diferentes territorios.

La propuesta se articula en 8 secciones y 38 temáticas aportando 101 propuestas desde las que se abordan cuestiones como un Pacto de Estado que incluya destinar un 1% del PIB, unos 11.000 millones de euros anuales, a las políticas de “reequilibrio”, que debería ser apoyado por todas las fuerzas políticas para que su desarrollo sea posible con independencia de los avatares electorales. Además, piden cambiar el artículo 138 de la Constitución para que la despoblación se incluya como criterio de solidaridad entre territorios.

 

Como medidas concretas se reclama el plan 100/30/30 (100 MB simétricos de acceso a internet, 30 km a una autovía y 30 minutos de desplazamiento a servicios básicos); medidas para asentar población desde el ámbito del bienestar; mantenimiento y creación de servicios en el medio rural; propuestas sobre infraestructuras para vertebrar la España Vaciada con el resto del país; fomento de la economía circular; digitalización prioritaria para acabar de verdad con la brecha digital; mantenimiento y puesta en valor de nuestro patrimonio natural y cultural; plan urgente de vivienda en el medio rural y desconcentración de las distintas administraciones.

Los representantes de La España Vaciada apuestan por “una propuesta abierta, receptiva para recibir nuevas propuestas y sugerencias, que cambia la orientación de la política territorial con muchas acciones” de las que se pueden destacar, además del Pacto de Estado citado, la aplicación de una fiscalidad diferenciada en el medio rural para dinamizar su economía y la creación de empleo, y el diseño e implementación de mecanismos de garantía rural para que todas las políticas, leyes y acciones de las administraciones evalúen su impacto en el medio rural y corrijan posibles disfunciones.

Del mismo modo, plantean la necesidad de una cohesión social y de un territorio vertebrado mediante infraestructuras de transportes y de telecomunicaciones, con la implantación controlada de energías renovables para el desarrollo de los territorios y que contribuya a los objetivos de neutralidad climática. En este sentido se ha hecho hincapié en la necesidad de priorizar la ejecución de infraestructuras pendientes en las provincias despobladas y recuperar el ferrocarril convencional para vertebrar el país.

Los autores del Modelo de Desarrollo, que tienen como cabeza visible al diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, destacan la importancia del medio rural “como un espacio de oportunidades” y consideran que es necesario el empoderamiento de estos territorios al tiempo que se traslada su realidad en positivo a través de los medios de comunicación.

Así, insisten en la dinamización de los sectores productivos, en la modernización de la agricultura y la ganadería. “Una de las claves para lograr una vertebración que asiente población en el medio rural es la explotación racional y sostenible de los recursos primarios. El desarrollo de una agricultura y ganadería respetuosas con el medio ambiente, y que sean generadoras de valor; el cuidado y limpieza de los bosques; la utilización responsable de los recursos hídricos; y la gestión eficiente de los residuos, lograrán un efecto dinamizador, atrayendo a la población y preservando los recursos del medio rural como garante del equilibrio medioambiental de todo el territorio” dice el documento presentado.

Esta apuesta por recuperar los espacios despoblados de España requiere inexcusablemente de una buena dotación de servicios básicos educativos, sanitarios, sociales, de ocio, comerciales y de seguridad, suficientes, haciendo realidad el mandato constitucional de no discriminación e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

La despoblación en datos. España ha experimentado un importante crecimiento demográfico este siglo. Entre 2001 y 2019, el país ha pasado de 41,1 a 47 millones de habitantes. Casi 6 millones más de personas, lo que supone un crecimiento cercano al 15%.

Sin embargo, cuatro Comunidades Autónomas han perdido población en el siglo XXI (Extremadura, Galicia, Castilla y León y Asturias) pero ya son 9 las que pierden en la última década (2010-2019). Además de las 4 anteriores, también pierden Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja. En España hay 3.926 municipios (el 42,2%) con una densidad inferior a los 12,5 hab/km2, el umbral que la UE considera como de riesgo demográfico y es el cuarto país tras Estonia, Finlandia y Letonia con más municipios en riesgo de despoblación.

Entre el año 2000 y 2018 el 63,1% de los municipios y 13 provincias han perdido habitantes, según señala el trigésimo séptimo número de ‘Esenciales’ de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) a partir de datos del INE.

Sólo teniendo en cuenta el periodo entre 2017 y 2018, hasta 26 provincias perdieron población, siendo las más desangradas, en porcentaje, Zamora, Ávila, León y Cáceres, mientras que las provincias que más han ganado población entre 2017 y 2018 son Islas Baleares, Madrid y Santa Cruz de Tenerife.

Una oportunidad para la emigración

Por otra parte, esté fenómeno ha provocado que las zonas rurales hayan sido un polo de atracción para la inmigración extranjera que han visto en la despoblación de muchos pueblos la oportunidad de conseguir una estabilidad personal y profesional. De hecho, muchos de los oficios relacionados con la actividad agraria y ganadera son desempeñados por nacionales de otros países. Así, hoy en día una significativa cantidad de localidades ya tienen más población de origen extranjero que nacional. A título de ejemplo, en Torre del Burgo (Guadalajara) más del 90% de sus habitantes son extranjeros. 

La España Vaciada pide un Pacto de Estado que incluya destinar un 1% del PIB, unos 11.000 millones de euros anuales, a las políticas de reequilibrio

Para saber más

Modelo de Desarrollo de la España Vaciada. Documento de propuestas elaborado por la plataforma La España Vaciada.

Revista Esenciales de la Fundación BBVA. Número 37 dedicado a la despoblación.

Presentación del Modelo de Desarrollo en el Congreso de los Diputados. Grabación de la presentación del Modelo de Desarrollo el 25 de mayo.

Notarios rurales

Los notarios, cerca de 3.000, están repartidos por todo el país, incluso en pueblos de 500 habitantes. En el buscador www.notariado.org puede localizar al más cercano a su residencia o lugar de trabajo. Pero no sólo es reseñable su proximidad, también la calidad de su servicio, dado que todos los notarios superan la misma oposición, así como el desarrollo tecnológico de sus notarias, dotadas por igual con los medios más avanzados.

Europa financia la rehabilitación de viviendas

EN ESTE PAÍS

Europa financia la rehabilitación de viviendas

En una jornada recientemente organizada por el Consejo General de Economistas, el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, anunció un plan para la rehabilitación de viviendas en España por valor de 6.800 millones de euros con financiación procedente de los fondos europeos.

CARLOS CAPA

EL PLAN CONTRIBUIRÁ al Producto Interior Bruto español en una cantidad estimada en 13.500 millones de euros mediante unas 500.000 actuaciones de rehabilitación hasta 2023 y una previsión de 300.000 viviendas anuales rehabilitadas para el año 2030. Este proyecto puede suponer la creación de cerca de 188.000 puestos de trabajo hasta 2030.

Según un reciente informe publicado por el Banco de España, el mercado inmobiliario residencial se ha visto sensiblemente afectado por la pandemia de Covid-19, que irrumpió –dice el estudio del regulador– en un momento en el que el ciclo de este mercado se encontraba en una fase de madurez.

Descenso constructor. Así, la imprevista crisis sanitaria mundial provocó un descenso brusco de la actividad constructora, directamente afectada por las restricciones adoptadas. Desde entonces, se ha recuperado lentamente y sigue muy influida por los desarrollos epidemiológicos y su impacto en las perspectivas económicas.

El Banco de España también señala que la pandemia ha propiciado cambios notorios en el tipo de vivienda demandada, debido a las nuevas necesidades de las familias surgidas con el confinamiento y al incremento del teletrabajo. En comparación con otras crisis, los precios están mostrando una mayor resistencia a la baja, particularmente los de la vivienda nueva, si bien la pandemia está influyendo de forma muy heterogénea a escala regional.

La crisis económica generada por la pandemia no se ha traducido en un aumento de los costes de financiación de la vivienda, sino que estos han continuado descendiendo hasta alcanzar niveles mínimos históricos. Sin embargo, se aprecian algunos indicios de endurecimiento en los criterios de concesión y en algunas condiciones aplicadas a los préstamos.

En este escenario, la apuesta por la rehabilitación de viviendas, que además responde a una creciente demanda inmobiliaria en zonas de urbanización débil o del espacio rural, tiene gran sentido de la oportunidad. Según expertos inmobiliarios, la demanda de vivienda fuera de las grandes ciudades se duplicó en 2020 y la tendencia sigue en progreso, lo que convierte en necesidad impulsar acciones de rehabilitación de viviendas que hasta ahora no eran atractivas en el mercado inmobiliario.

La pandemia ha convertido a la calidad de vida en una prioridad y ha contribuido, en gran medida, al cambio de preferencias. Así, la vivienda tipo que se perfila es de concepto más abierto, con terraza o, mejor aún, que sea una vivienda unifamiliar con jardín o en un edificio residencial con zonas comunes.

Y la realidad es que las tendencias urbanísticas de los últimos años, al menos en las grandes ciudades, no iban en esa dirección. Por eso la rehabilitación se ha convertido en una actividad de gran demanda.

El ambicioso Plan de Rehabilitación quiere superar la pobre realidad de esta actividad en España. Uno de los factores para la, hasta ahora, poco atractiva inversión en rehabilitación es el predominio de la vivienda en planta vertical (pisos) en el parque inmobiliario español, que representa el 72% del total en la vivienda principal. Esto provoca que la decisión sobre muchas rehabilitaciones estructurales tenga que ser acordada en las comunidades de vecinos. Cualquiera que haya formado parte de una de ellas comprende que esto es algo más que complejo.

Un sector resistente. Aun así, la rehabilitación residencial ha sido el sector de la edificación que mejor ha resistido la pandemia: la superficie de viviendas en rehabilitación aumentó en el primer trimestre de 2021 un 11,8% respecto al primer trimestre de 2020 y un 6,5% en comparación con el mismo periodo de 2019, según datos del Consejo de Colegios de Arquitectos de España. La rehabilitación visada, la de mayor envergadura y que afecta a elementos estructurales, fue de 756.437 m2.

La situación pretende ser superada por el programa gubernamental que plantea subvenciones y deducciones por valor de 3.420 millones de euros tanto a barrios como a edificios y viviendas, así como ayudas a las comunidades autónomas para instalar oficinas de rehabilitación que atiendan a los vecinos interesados en llevar a cabo la misma.

Las deducciones pueden ser del 60% en intervenciones sobre elementos comunes de los edificios y será del 20% de la inversión en el IRPF si se reduce un 7% la demanda de calefacción o del 40% si las obras consiguen reducir un 30% el consumo u obtener la clase energética «A» o «B».

También se prevén planes renove para carpinterías, fachadas o cubiertas, a gestionar directamente por fabricantes o instaladores.

Por lo que respecta a la financiación privada, que debe complementar la acción pública, el Gobierno buscará hacer atractiva la implicación de las entidades financieras mediante la aportación de algún tipo de aval a los créditos concedidos para la rehabilitación.

Estos incentivos están integrados en el modelo de gestión de los fondos europeos; será gestionado, a excepción de la fiscalidad, por las comunidades autónomas y su gestión obedecerá a un modelo único.

Beneficios para el medio ambiente

Además del impacto económico que representará la millonaria inversión, los fondos destinados a la rehabilitación de viviendas permitirán reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 650.000 toneladas al año, es decir, una reducción media del consumo de energía no renovable del 40% del total.

Según el Plan del Gobierno, enmarcado en la estrategia comunitaria Next Generation, otro efecto colateralmente beneficioso será la reducción de la pobreza energética, ya que la vivienda rehabilitada será más eficiente, logrando abaratar el coste de servicios energéticos básicos y un mejor tratamiento de residuos.

La mejora en la eficiencia energética también es una inversión rentable en la económica. Según el estudio La rentabilidad energética como coste de inversión, actualizado este año por la empresa Knauf, pasar de una clasificación energética E a una clase B supone un ahorro de 800 €/vivienda al año para Barcelona y 1.184 €/viviendas anuales para Madrid.

Si proyectamos estos datos, mejorar la eficiencia energética de una vivienda en Madrid aporta unos beneficios netos acumulados en 30 años para un unifamiliar de 106.365 euros y para un edificio residencial rehabilitado de 58.642 euros por vivienda.

La rehabilitación de viviendas puede generar 188.000 puestos de trabajo en los próximos años

Para saber más

Efectos de la pandemia en 2020. Centro de Información Estadística del Notariado

Estudio del Banco de España sobre el impacto de la pandemia en el sector inmobiliario.

España puede. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno de España a la Unión Europea.

La rentabilidad energética como coste de inversión. Informe actualizado sobre rentabilidad de la inversión en rehabilitación, realizado por Knauf.

Cómo comprar una vivienda sobre plano de manera segura

La compra de vivienda sobre plano vuelve con fuerza tras años en los que apenas se ha construido obra nueva en España. En 2019 se levantaron más de 130.000 nuevos hogares, un 29% más que el año anterior, aunque todavía lejos de las cifras registradas antes de la crisis y que giraban en torno a las 800.000 viviendas por año. Para evitar problemas, los expertos recomiendan leer bien la letra pequeña, pedir asesoramiento y no firmar ningún contrato hasta tenerlo todo claro.

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Vender la nuda propiedad

Perder calidad de vida y recursos es una preocupación creciente entre los jubilados españoles. Por eso, buscar dinero extra para completar la pensión es el gran quebradero de cabeza de muchas personas. Para ellos existen numerosas fórmulas en el mercado: rentas vitalicias, hipotecas inversas y la nuda propiedad, una solución antigua que gana nuevos adeptos. Se trata de una fórmula que permite al propietario de una vivienda venderla y disfrutarla hasta su fallecimiento. El año pasado se cerraron en España 1.500 operaciones comerciales de nuda propiedad. Conocer cómo funciona es la mejor manera para sacarle el máximo provecho.

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