Vivienda, divino tesoro

EN EL ESCAPARATE

VIVIENDA, DIVINO TESORO

Sólo un 15% de los jóvenes españoles tiene casa en propiedad o hipoteca.
El 53% vive aún con sus padres

Ni compra ni alquiler. El acceso a la vivienda en España está prácticamente vetado para los menores de 30 años. Un verdadero rompecabezas derivado de un cóctel que incluye ingredientes como la incertidumbre económica, la precariedad laboral, con su consiguiente dificultad para el ahorro, unido a los elevados precios que registra el mercado inmobiliario.

FERNANDO GEIJO

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Además, hay que tener en cuenta otras variables que son consecuencia directa de esta inevitable demora en la emancipación de los jóvenes del hogar y, por ende, en la creación de sus propias familias, como es la pertinaz baja tasa de natalidad de la que adolece el país. El resultado de esta tendencia a la postergación de las decisiones vitales termina, a la postre, por afectarnos a todos como sociedad vía mantenimiento del estado de bienestar. Una pescadilla que se muerde la cola y a cuyas causas originales trataron de poner coto las autoridades, primero con el Plan de Vivienda Estatal 2018-2021, y, ya en la presente legislatura, con la futura norma estatal por el derecho a la vivienda, cuyo anteproyecto de ley acaba de ver la luz tras salvar las tensiones de los socios del Gobierno de coalición y que encara su próxima tramitación parlamentaria.

En España, además de los altos precios de los alquileres, hay que sumar a la ecuación el elevado paro juvenil

Misión casi imposible

El acceso de los jóvenes a la vivienda en España es una auténtica quimera. Una suerte de utópica ensoñación en la que el anhelo de adquirir una vivienda hace tiempo que se convirtió en una carrera de obstáculos, insalvable para muchos de ellos.

No en vano, la gran mayoría de los españoles menores de 30 años no puede ni siquiera plantearse alquilar casa, al menos en las grandes urbes, por mor de los altos precios del mercado inmobiliario. Una problemática que el Foro Fundación Notariado abordó en su primer debate celebrado el pasado 12 de noviembre, bajo el ilustrativo título de ‘Jóvenes y vivienda ¿Es posible la propiedad?’, y en el que los expertos demandaros la necesidad de apostar por la “simplificación legislativa”, así como por la adopción de políticas “reales” de cara a afrontar esta problemática.

Y es que la realidad sobre este asunto no deja lugar a las dudas. Ante la pregunta ¿pueden comprar una vivienda los jóvenes?, la respuesta es más que evidente. De hecho, no pueden ni siquiera platearse el alquiler para fraguar su emancipación en solitario del nido familiar.

Las últimas cifras publicadas por el Consejo de la Juventud de España, relativas al año 2020, reflejan una cruda realidad. Los jóvenes españoles menores de 30 años no pueden acceder en solitario a la vivienda, ni en la opción de compra ni siquiera de alquiler, en ninguna de las diecisiete comunidades autónomas, con el pico en Baleares (que requiere más del 90% de los ingresos para la adquisición del inmueble), hasta entre el 40% y el 50% que supone en Asturias, Aragón, La Rioja y Castilla y León, pasando por más del 65% en el caso de Cataluña, Madrid, País Vasco y Canarias.

El resultado es que no disponen de los ingresos suficientes para afrontar ese gasto, ya que les supondría un 60% de los mismos, en el caso del alquiler, y nada menos que un 90% si decidiesen adquirir el inmueble. Porcentajes, en ambos casos, en las antípodas del 30% de recomendación media que establecen las entidades financieras a la hora de decidir si alguien es merecedor de un préstamo hipotecario.

Volar del nido

La procrastinación de la emancipación de los jóvenes españoles está cifrada en una media de 29 años y medio, según datos prepandemia recogidos por Eurostat en 2017, frente a la media comunitaria situada en los 26 años. Los suecos serían los más precoces a la hora de abandonar la casa familiar, frente a los croatas que, con casi 32 años, abanderan el farolillo rojo de este particular ranking.

El precio medio de la vivienda de segunda mano entre enero y marzo subió hasta los 1.900 euros por metro cuadrado

Los jóvenes españoles entre 25 y 24 años ocuparían la sexta posición, superados por los mencionados croatas (31,8 años), eslovacos (30,9 años), malteses (30,7 años), italianos (30,1 años) y búlgaros (29,6 años), todos ellos ciudadanos del sur de Europa con una cultura mediterránea familiar similar.

Una mentalidad diferente es la que domina en el norte y centro del Viejo Continente, donde suecos (18,5 años), luxemburgueses (20 años), daneses (21,1 años) y finlandeses (22 años) lideran la clasificación de la emancipación juvenil.

Asimismo, cabe constatar que las mujeres abandonan la casa de los padres antes que los hombres en casi todos los países de la Unión Europea, salvo, curiosamente, en Suecia (18,5 años para las mujeres y 18,4 en el caso de los hombres). Mientras que la proporción de jóvenes de 25 a 34 años que sigue en la casa de los padres varía desde menos del 10% en Dinamarca (3,2%), Finlandia (4,7%) y Suecia (6,0%) hasta alcanzar más de la mitad en Croacia (59,7%), Eslovaquia (57,0%) y Grecia (56,3%). En España el porcentaje es del 42,8%, es decir, 14,3 puntos porcentuales más que la media de la UE, mientras que sólo un 15% de los jóvenes tiene casa en propiedad o con hipoteca y un 27% vive de alquiler.

Esta casa es una ruina

Un reciente estudio publicado a finales de 2018 sobre el desarrollo juvenil, elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), apuntaba que sólo el 8% de los jóvenes españoles podía independizarse, frente al 30% de la media europea, mientras que el Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que el 53% de los jóvenes españoles, entre 24 y 29 años, aún vive con sus padres, porcentaje que baja casi hasta la mitad, el 25%, en la franja de edad de los que tienen entre 30 y 34 años.

En España, además de los altos precios de los alquileres, hay que sumar a la ecuación el elevado paro juvenil, con una tasa superior al 30,6% para los menores de 24 años, según las últimas cifras publicadas en noviembre de 2021 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la precariedad laboral y los sueldos bajos, lo que explica ese alargamiento de la estancia de los jóvenes en casa de los padres.

La media de edad de los jóvenes en España para irse de casa es de 29,5 años

A ello hay que añadir que el precio medio de la vivienda de segunda mano entre enero y marzo subió hasta los 1.900 euros por metro cuadrado, casi un 10% más que hace un año, lo que supone el mayor incremento de los últimos 14 años, según datos del portal inmobiliario Fotocasa. Esta tendencia, junto al precio del alquiler, dificulta el acceso a la vivienda a los más jóvenes. De hecho, si están entre la franja de edad entre los 24 y los 30 años tienen todas las papeletas, según los datos del INE, para demorar su emancipación. No en vano, más de la mitad de los jóvenes en esa franja de edad viven aún con sus padres, casi 5 puntos más que en 2013.

Luces de esperanza

Ante la generalizada precariedad laboral que atenaza a los jóvenes y la consiguiente ausencia de ahorro para afrontar la entrada para una vivienda en propiedad, fijada por las entidades financieras tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en torno al 20 por ciento, se presentan diferentes opciones para dar el salto a la independencia.

El ejecutivo lanzó en su día el Plan de Vivienda Estatal 2018-2021, que seguirá en vigor en 2022, y que contempla, entre otros aspectos, la concesión de hasta 10.800 euros en ayudas a los jóvenes menores de 35 años para la adquisición de vivienda, con un límite de 100.000 euros o el 20% del valor del mismo.

Los jóvenes españoles menores de 30 años no pueden acceder en solitario a la vivienda, ni en la opción de compra ni siquiera de alquiler

La medida aplica para municipios con más de 5.000 habitantes y cuenta con un complemento económico en algunas comunidades autónomas, como Madrid, que avala el 15% del valor de la vivienda, con lo que el banco puede financiar hasta un 95% de la misma.

En esta misma línea, existen otras alternativas privadas, con empresas como Libeen o Vidoqui, que ayudan a la compra de casa mediante el pago del alquiler. Es decir, el denominado alquiler con opción de compra con un enfoque democratizador para que todo el mundo pueda tener acceso a este bien de primera necesidad.

Mientras tanto, la banca tradicional afila sus armas. Así, el Banco Santander apuesta por facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes menores de 35 años mediante el lanzamiento de 1.000 hipotecas con una financiación de hasta el 95%.

Parafraseando los versos de Rubén Darío en cuya célebre estrofa el poeta nicaragüense glosaba la fugacidad de la juventud con un ahogado llanto contenido, los jóvenes españoles se enfrentan desde hace décadas a una angustiosa situación. Un sudoku en el cuadrar la precariedad laboral, con el alza de precios del mercado inmobiliario. Una paradoja matemática que, afortunados aparte, se suele resolver con el inevitable socorro del apoyo familiar.

Para saber más

Porcentaje de adultos jóvenes de 18 a 34 años que viven con sus padres, por edad y sexo – encuesta EU-SILC. Febrero de 2021. Eurostat.

Observatorio de la Juventud en España. Noviembre de 2021. Estadística-Injuve. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Informe Planner Exhibitions y ST Sociedad de Tasación sobre ‘el perfil del comprador de vivienda’, 2019.

Informe de Tendencias del Sector Inmobiliario, evolución de precios de la vivienda nueva y usada en España, octubre 2021. Sociedad de Tasación.

Informe ‘los jóvenes y el mercado de la vivienda en 2021’, septiembre 2021. Fotocasa Research.

Ley por el Derecho a la Vivienda

A la espera de su tramitación parlamentaria, el anteproyecto aprobado a finales de octubre por el Gobierno tiene las siguientes claves.
Regulación de los alquileres. Se aplicarán incentivos fiscales y se establecerán topes en función de quién sea el casero (gran tenedor -con más de 10 viviendas- y que además sea persona jurídica -empresa-) que estarán a expensas de lo que determinen los índices de precios, y el resto de los propietarios particulares (independientemente del número de viviendas que posean) y empresas con una cartera de menos de 10 viviendas que estarán sujetos a un procedimiento encaminado a congelar los precios. En cualquier caso, los controles de precios se aplicarán 18 meses después de la entrada en vigor de la ley, por lo que los contratos que se hayan formalizado antes o hasta que se aplique la normativa mantendrán el precio establecido en el mismo. Como excepciones, el casero podrá solicitar una subida del alquiler, que no podrá exceder del 10%, siempre que justifique obras de mejora en la vivienda o que ofrezca una duración inicial mínima del contrato de 10 años, frente a los cinco habituales.
Establecimiento de ‘zonas de mercado residencial tensionado’. Aquellas en las que los precios de la vivienda hayan subido más de lo razonable serán objeto de regulación del precio del alquiler. Para ello, deberán superar el 30% de los ingresos medios de los hogares la suma de la carga media de los arrendamientos o hipotecas más los gastos y suministros básicos de agua, luz, gas. Internet, teléfono…
Modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para ayudar a los ayuntamientos que lo deseen a subir el IBI a las viviendas vacías, aquellas que permanezcan desocupadas sin causa justificada por un período superior a dos años.
Cambios en la normativa antidesahucios. Con un refuerzo de los servicios sociales para detectar casos de emergencia habitacional, personas dependientes o violencia de género, entre otros, tanto en los procedimientos penales como en los civiles, los mayoritarios en estos casos.

Tú a Boston y yo a California

Los jóvenes españoles son de los que más tardan en independizarse del hogar familiar. Sin embargo, estas diferencias no se limitan al ámbito europeo, ya que en países como Canadá y EE.UU. también lo hacen antes.

¿Qué podemos aprender de los países punteros en tasas de emancipación juvenil?

Tanto Suecia como el resto de los países nórdicos fomentan el acceso a la vivienda y al trabajo de los jóvenes como un derecho real y bien protegido en sus respectivos estados de bienestar mediante un sistema público de ayudas a la emancipación.
Reino Unido, por su parte, establece ayudas al alquiler o la hipoteca de los jóvenes en caso de desempleo. Los llamados housing benefits cubren estas situaciones temporales y evitan que los jóvenes caigan en la ocasional exclusión social.
El establecimiento de un sistema de ayudas al alquiler a precios asequibles para los jóvenes, así como la existencia de menos barreras para este colectivo a la hora de alquilar, explican el relativo éxito de Alemania en este sentido.
En EE.UU. la arraigada cultura del individualismo está detrás de las tempranas cifras de abandono del hogar de los jóvenes, unido a las amplias posibilidades para encontrar trabajo, vivienda y para, en definitiva, moverse geográficamente por todo el país.
Canadá apoya oficialmente la emancipación de los jóvenes mediante la aplicación del denominado ‘Plan 8’. Un sistema por el que el Estado abona a los propietarios privados el alquiler de las viviendas puestas en el mercado, lo que constituye una decidida apuesta por el futuro de la juventud.

Primera sesión del Foro Fundación Notariado 'Temas que importan'

REHABILITACIÓN Y PROPIEDAD COMPARTIDA O TEMPORAL

El Foro Fundación Notariado. Temas que importan celebró a finales de 2021 su primera sesión, bajo el título Jóvenes y vivienda ¿Es posible la propiedad? Promotores, académicos, entidades financieras y notarios debatieron sobre este particular.

Participaron en el debate Juan Carlos Delrieu, director de estrategia y sostenibilidad de la Asociación Española de Banca (AEB); Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE); Sergio Nasarre, director de la Cátedra UNESCO de vivienda (de la Universidad Rovira y Virgili); y Elena Ruiz Cebrián, presidenta del Consejo de la Juventud. Estuvo moderado por Concepción Barrio, vicedecana del Colegio Notarial de Madrid y fue presentado por José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado y de la Fundación Notariado.

Para Martínez Sanchiz la respuesta al título de la sesión es contundente: «Aunque existan dificultades, como el paro juvenil, el acceso a la propiedad de la vivienda por parte de los jóvenes debe ser posible. Esta respuesta exige apoyar a la juventud, creando vínculos de solidaridad intergeneracionales». Sobre la puesta en marcha de este foro, apuntó que «nace con voluntad de permanencia para abordar cuestiones que preocupan a la sociedad y requieren de una solución. Es un acierto que esta materia haya sido la primera que tratemos. El de la juventud es uno de los temas que más nos preocupa a los notarios».

Concepción Barrio hizo hincapié en el recientemente aprobado anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que «refuerza la información y la transparencia, aspectos en los que los notarios podemos aportar mucho, como ya hiciéramos con las actas de transparencia de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. Concretamente en la fase precontractual, nuestra intervención puede resultar muy útil a la hora de, por ejemplo, formalizar un contrato de arras. Asimismo, en el ámbito del alquiler se podría evitar falta de información y de seguridad jurídica con el asesoramiento notarial».

Sergio Nasarre señaló la propiedad compartida y temporal como alternativas al mercado actual, dos figuras de tenencia intermedia que se han regulado ya en Cataluña con la Ley 19/2015: «Los propietarios adquieren un 25% (el 5, con recursos propios; el 20, con financiación externa), mientras que el 75 restante se sufraga con una contraprestación económica, menor que una renta de alquiler. Se es propietario a todos los efectos, independientemente del porcentaje. Es una tercera vía, diferente a la propiedad o al alquiler, que permite ser propietario por un período entre 10 y 99 años, hipotecarte y transmitir mortis causa. La propiedad compartida o temporal permite paliar la burbuja del alquiler y evita seguir siendo inquilino toda la vida».

Los expertos demandan una política de vivienda ”real” y simplificación legislativa

Juan Carlos Delrieu resaltó que «de los 25 millones de viviendas existentes, siete necesitan una rehabilitación severa. La rehabilitación debe ser un eje central de la política de vivienda. Hay que tener en cuenta el envejecimiento de la población. Con una tasa demográfica en mínimos, la demanda de viviendas nuevas bajará en los próximos años, por lo que no cabe iniciar construcciones, ya que la oferta sería superior a la demanda. La rehabilitación, que cuenta con ayudas europeas, reduciría ese cuello de botella». En su opinión, desde el sector financiero «se debería contar con un portfolio de activos inmobiliario sostenible con criterios de eficiencia energética altos para los jóvenes; con este tipo de viviendas, la posibilidad de mora es más baja que en otras circunstancias». Asimismo, demandó que «la fiscalidad redujera los impuestos de transmisión, que gravan el coste final».
Elena Ruiz Cebrián también apostó por «la rehabilitación de viviendas antiguas y la sostenibilidad de las casas como soluciones al problema del acceso a la propiedad. La oferta para los jóvenes es de obra nueva, con precios poco asequibles; o antigua, con pisos de más de cuarenta años, que no ofrecen las mejores condiciones para vivir». Desde el Consejo de la Juventud las propuestas en materia habitacional pasan por una mejora del empleo: «Hay un viraje al alquiler, porque es imposible afrontar la entrada de una hipoteca, que puede suponer tres años de salario íntegro. Por eso, la edad de emancipación media ronda los 29 años. La situación de la juventud es precaria, no por la pandemia y la crisis, sino porque desde hace veinte años suben el coste de la vida y la vivienda».

Juan Antonio Gómez-Pintado consideró que «el acceso a la propiedad depende de las políticas de vivienda que hasta el momento están siendo cortoplacistas. Se ha focalizado la vivienda en alquiler, pero sin dar las herramientas para crear un parque grande de inmuebles en ese régimen, como el fomento a la empresa privada para su construcción. La vivienda protegida o la VPO provenían desde el sector privado en su mayor parte. En otros países consideran prioritario dar solución al acceso a la propiedad de los jóvenes, como en Canadá, Gran Bretaña, Francia o Italia, con iniciativas como el crédito cero, el Help to buy, financiación,..». «La superproducción legislativa en urbanismo es muy grande, con múltiples legislaciones autonómicas y escasa coordinación, lo que genera la carestía. Por eso, la Ley de vivienda que se está debatiendo es difícil que se logre aplicar por las transferencias de competencias. Esta maraña de normas, por ejemplo, encarece el precio del suelo que puede llegar al 40% de la inversión. Hay que hacer planes de vivienda más actualizados y facilitar la concesión de licencias» aseguró.

Foro 'Temas que importan'

Con esta iniciativa, la Fundación Notariado desea abrir un espacio de conversación y diálogo con otras entidades y expertos para abordar temas de interés para la sociedad. La participación de representantes de la universidad, la economía, la empresa, la política…) permitirá ofrecer una visión global e integral de los temas analizados.

Afrontar el reto de la vivienda, por Isabel Pardo de Vera

EN EL ESCAPARATE

ISABEL PARDO DE VERA,

secretaria de Estado de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

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Instagram: mitmagob

El parque de vivienda pública en alquiler en España alcanza hoy sólo el 1,6% de los de hogares, frente al 9,3% de media en la Unión Europea

Afrontar el reto de la vivienda

España tiene un severo y urgente desafío relacionado con la vivienda y con la emancipación de sus jóvenes. Hace dos décadas, muchos de ellos tardaban en emanciparse porque, viviendo en casa de sus padres, ahorraban para comprar su primera vivienda. Y no era una situación casual. Estaba fuertemente relacionada con el hecho de que, en España, durante años, se desarrolló un monocultivo de vivienda en propiedad, con fuertes incentivos a la misma. Una situación que, con todas sus ventajas, tenía un inconveniente, y es que mucho del suelo público destinado a apoyar a los jóvenes se utilizó en forma de viviendas de protección oficial en propiedad que, con los años, se descalificaron y pasaron a convertirse en vivienda libre.

Sin discutir las ventajas que esto pudo tener para los jóvenes que sacaron partido a este sistema, lo cierto es que una de sus consecuencias fue que las ciudades españolas no se dotaron de un parque de viviendas en alquiler para apoyar a los jóvenes del futuro en su emancipación, como sí se hizo en otros países europeos. Situación que se agravó por la venta de vivienda pública que se realizó en algunos territorios. El parque de vivienda pública en alquiler en España alcanza hoy sólo el 1,6% de los de hogares, frente al 9,3% de media en la Unión Europea, y somos el único de los grandes países europeos en los que el alquiler supone menos del 25% de las viviendas.

Subida del alquiler

Pero si en aquellos tiempos los jóvenes contaban con el apoyo de los bancos, que permitían contratar más del 100% de la hipoteca, la crisis financiera se llevó por delante muchas de las prácticas que considerábamos habituales y hoy vemos no sólo una recuperación de los precios de la vivienda, sino también la obligación de contar con un ahorro considerable para afrontar la compra. Esto ha elevado el interés por el alquiler, pero éste se ha topado con un parque pequeño y muchas veces explotado en forma de pisos turísticos, lo que ha provocado grandes subidas en los precios del alquiler, sostenidas en el tiempo hasta que llegó la pandemia, y la creación de lo que venimos llamando todos “áreas tensionadas”.

De ahí que los jóvenes españoles vivan hoy con sus padres más que en casi toda Europa, con una edad media para irse de casa de 30 años, tres más que el europeo medio. Según datos de Eurostat, el 64% de los españoles de entre 25 y 29 años vive con sus progenitores, una cifra en la que sólo nos superan Italia, Grecia y algunos países del este. Esta tasa triplica la de Francia y es diez veces superior que la de los países nórdicos.

Las prioridades del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pasan por garantizar una movilidad sostenible, segura y eficiente, o por mejorar la aportación del sector transporte a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero también, como no podía ser de otra manera, por considerar el derecho a una vivienda digna y asequible como referencia y valor central de todas nuestras actuaciones en esta materia.

Los presupuestos que estamos aprobando para 2022 son históricos, con una inversión del Grupo Mitma de 16.286 millones, un 17% más que el año precedente, en parte gracias a los fondos procedentes del mecanismo de recuperación, en base al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, aprobado por la Comisión Europea, por una cantidad total que asciende a 5.875 M€.

Para poner en contexto lo que esto representa, el Ministerio gestiona acerca del 40% de toda la inversión pública de los PGE y un 1,3% del PIB, con el objetivo de crear unos 350.000 empleos, muchos en sectores con gran capacidad de desarrollo futuro y más de la mitad, con etiqueta verde.

Afrontar el reto de la vivienda, y especialmente el de los jóvenes, exige también entender cómo están cambiando las ciudades. Movilidad y Transporte tienen cada vez más que ver con Agenda Urbana. Los jóvenes, cada vez más reacios a seguir patrones habituales, se sacan, por ejemplo, cada vez menos el carné de conducir. Entre la población de 35 y 39 años, menos de la mitad tiene permiso de conducir, mientras que hace diez años esta cifra alcanzaba el 60%.

Han cambiado sus modos de trasladarse por la ciudad y nos exigen generar espacios urbanos y metropolitanos más limpios y habitables. Espacios en los que pasear o montar en bicicleta o vehículos eléctricos personales no sean actividades sometidas a fuertes barreras.

En las nuevas ciudades se imponen, cada vez más, los modelos de compartición de vehículos eléctricos, tanto convencionales como los nuevos cuadriciclos pesados. Este cambio está llevando a cosas como que la DGT estudie la necesidad de implantar el permiso B1 para aumentar la seguridad en los trayectos. A esto hay que sumarle la recuperación de la movilidad colectiva, que debe ser una prioridad cuando terminemos de superar la pandemia de la COVID-19, o cómo afectan a la movilidad o a la vivienda las nuevas formas de teletrabajo que se han desarrollado en este entorno. En este nuevo entorno, la vivienda en alquiler es más flexible y hace que nuestros ciudadanos sean más competitivos y estén abiertos a más opciones.

Nuevas necesidades

Entender estas nuevas necesidades de movilidad, estos nuevos comportamientos, también forma parte del reto de la Agenda Urbana en España.

Este Gobierno está dispuesto a afrontar con decisión todos estos retos y no se trata sólo de sacar adelante la primera ley integral del Estado en materia de Vivienda, sino que en esta materia se alcanzará en 2022 un presupuesto inédito de 3.289 millones de euros, algo jamás visto en nuestra historia reciente.

Esta nueva Ley de Vivienda recoge, por ejemplo, iniciativas equilibradas como que, si los arrendatarios están dispuestos a rebajar en un 5% la renta, podrán beneficiarse de una bonificación del 90% de los rendimientos obtenidos, un porcentaje muy superior al 60% que venía aplicándose hasta ahora como máximo. También se establece la reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida, de las cuales la mitad será para alquiler social y se blindan los parques públicos de vivienda impidiendo su venta.

Estos presupuestos pretenden actuar como la palanca fundamental para el mayor impulso a la rehabilitación de viviendas de la Historia de España. Más allá de la importancia de los nuevos desarrollos, es fundamental adecuar el parque de vivienda existente a las nuevas necesidades.

De la cifra total de las cantidades destinadas a vivienda, cabe destacar un presupuesto de 2.014 millones de euros para ayudas a la rehabilitación. Este contará con 1.389 millones para la recuperación económica y social en entornos residenciales, tanto a nivel de barrios como a nivel de viviendas; 600 millones en ayudas para la rehabilitación de edificios públicos de entidades locales y 25 millones en programas de rehabilitación arquitectónica.

Este esfuerzo, en el que esperamos realizar medio millón de actuaciones en el marco de todo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, no sólo tendrá un impacto positivo en la eficiencia energética y en la generación de empleo, sino que representará un cambio en nuestro modo de actuar, primando la conservación y la renovación del parque de viviendas, tal y como se plantea en la iniciativa Renovation Wave de la Unión Europea.

Más allá del ejercicio 2022, los reales decretos sobre rehabilitación supondrán una inversión total de 5.520 millones de euros; 4.420 millones de euros de inversión en rehabilitación residencial y construcción de vivienda social con cargo a los fondos europeos, además de una nueva línea ICO para conceder avales por un importe de hasta 1.100 millones de euros en actuaciones para mejorar nuestro parque de edificios residenciales.

Estamos obsesionados, en este proceso, por alcanzar a la población joven, un segmento que no puede desplegar sus proyectos vitales ante las dificultades que supone poder emanciparse, ya mencionadas.

Conviene recordar la enorme cantidad de actuaciones que contempla el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, con una inversión de cerca de 1.717 millones de euros para este periodo. Entre estas hay una docena de programas de todo tipo, también para jóvenes.

Concretamente, se ha diseñado un programa de ayudas para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler o el acceso a la propiedad a los jóvenes de municipios pequeños, de menos de 10.000 habitantes, para contribuir al reto demográfico.

Entre los programas que contempla, también vamos a facilitar acceso al alquiler de vivienda a sectores con escasos medios económicos, con bonificaciones del 50% de la renta.

Afrontar el reto de la vivienda, y especialmente el de los jóvenes, exige también entender cómo están cambiando las ciudades

Asimismo, ayudaremos a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, con ayudas de hasta 900 euros mensuales o del 100% de la renta para facilitarles soluciones inmediatas.

Se ayudará además a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad sobrevenida y se trabajará para incrementar de forma drástica el parque público de viviendas, tanto por adquisiciones individuales como en bloque, y para fomentar el parque privado de vivienda en alquiler accesible.

En este sentido, habrá un programa de puesta a disposición de viviendas de la SAREB para alquiler como vivienda asequible o social, y otro de puesta a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos de vivienda también para alquiler asequible o social. Se tendrán en cuenta también otras posibilidades habitacionales, tales como el fomento de alojamientos temporales, los modelos de co-housing, las viviendas intergeneracionales y modalidades similares. Asimismo, se luchará contra el chabolismo y la infravivienda.

Éstas son sólo algunas de las iniciativas que estamos desarrollando, en el marco de la oportunidad que suponen los fondos europeos, con el fin de acometer un desafío complejo y que requiere no sólo colaboración público-privada, esencial para acometer muchos de los programas, sino también colaboración entre distintas administraciones para asegurarnos de que todos puedan llevarse a cabo.

Confío en que estemos a la altura. Porque nada es más caro que una oportunidad perdida y, como en aquella cita que se le atribuye a Benjamin Disraeli: “El secreto del éxito es la constancia del propósito”. Tenemos el propósito y la oportunidad. Aprovechémoslos.

Función notarial: garantía de libertad e igualdad

EN SOCIEDAD

Función notarial: garantía de libertad e igualdad

Del 7 al 9 de octubre se celebraron en Tenerife las Jornadas notariales de Poblet-La Palma, organizadas conjuntamente por los colegios notariales de Cataluña y Canarias, con la colaboración de la Unión Internacional del Notariado (UINL) y la Fundación Notariado. Este encuentro notarial mantiene la tradición iniciada en octubre de 1962 en el monasterio de Santa María de Poblet (Tarragona), continuada en las ‘Jornadas de Burgos’ y en las últimas décadas con las ‘Jornadas de La Palma’.

REDACCIÓN

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@JMCarrascosa

Función notarial: garantía de libertad e igualdad. 50 años desde Poblet fue el epígrafe elegido para este encuentro, al que acudieron notarios de toda España. La ponencia inaugural corrió a cargo del presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz (El notario como apoyo en el ejercicio de la capacidad, aspectos éticos y jurídicos).

“El derecho de las personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones supone un cambio radical respecto del sistema proteccionista imperante todavía hoy en la mayor parte de los países”, señaló Martínez Sanchiz. “La Convención de Nueva York de Naciones Unidas pretende poner fin a una discriminación de siglos, de la que todavía quedaban residuos en la legalidad reformada”, aseguró el presidente del Consejo General del Notariado.

“El legislador español ha seguido decididamente el camino de la Convención al suprimir la incapacitación judicial y relegar la actuación judicial en materia de apoyos a un plano subsidiario, con el fin de anteponer siempre los apoyos voluntarios en escritura pública, así como en su caso la guarda de hecho. El notario deberá ayudar a las personas con discapacidad a que puedan expresar su voluntad, deseos y preferencias. Se trata de un imperativo ético y legal”, concluyó.

Rasgos de la función. La primera jornada se completó con intervenciones de los notarios José Antonio Riera (El principio de inmediación: garantía de libertad e igualdad); Albert Domingo (El papel del notario en la contratación con consumidores, aspectos éticos) y Raquel Iglesias (Los nuevos roles del notario en las escrituras, actas y expedientes de jurisdicción voluntaria).

Riera, vicedecano del Colegio Notarial de Canarias, destacó algunos de los rasgos que caracterizan a la función notarial, como la inmediación, la presencia activa, la veracidad y el control de la legalidad. Recordó que «las personas, los hechos o las cosas sobre las que el notario da fe, deben estar en su presencia. Sin embargo, es posible interactuar en la actualidad mediante medios audiovisuales (como por videoconferencia en la sede electrónica notarial) que posibilitan una modalidad de presencia física e inmediata con la asistencia de un recurso tecnológico. De hecho, la ya anunciada Ley de Eficiencia Digital supondrá una importante novedad, ya que contempla la transposición de la Directiva europea para la constitución de sociedades online y el protocolo notarial electrónico”.

Albert Domingo, tesorero del Colegio Notarial de Cataluña, analizó los aspectos éticos del notario en la contratación con consumidores, recordando que “la función social que justifica nuestra existencia es la información y el asesoramiento individual con ciencia, paciencia y prudencia. La tutela del notario en estos casos se basa en dar una información clara y detallada, con la dedicación necesaria, para que quien solicita nuestros servicios pueda entender, sin dudas, todo el contenido del instrumento público”.

Raquel Iglesias, vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña, señaló que “los nuevos roles del notario en las escrituras, actas y expedientes de jurisdicción voluntaria responden a la evolución y adaptación natural del ejercicio de la función tradicional del notario, en su afán de absorber las nuevas necesidades sociales, incluso anticipándose a ellas, dándoles una respuesta rápida y ágil, sin merma de la seguridad jurídica que requieren. El éxito del procedimiento estará asociado a unas coordenadas de compromiso razonable entre agilidad y seguridad económica, de la que la seguridad jurídica es su escudera”.

Deontología. La mesa redonda Siete años desde la aprobación del Código de Deontología abrió la segunda sesión. Moderada por el decano anfitrión, Alfonso Cavallé, contó como ponentes con los notarios Raimundo Fortuñy (vicepresidente del CGN y decano del Colegio Notarial de Baleares), Javier Martínez del Moral, Alba Aula y María Armas.

Los ponentes pusieron sobre la mesa una realidad: el Código de Deontología se aprobó hace siete años, pero no se ha desarrollado por cada Colegio Notarial, lo que dificulta la uniformidad en la aplicación. Por todo ello, se proponen otras medidas de apoyo como la creación de una escuela de práctica notarial más completa si cabe; la elaboración de un cuestionario quinquenal a los colegiados sobre resoluciones y sentencias de los tribunales relativas al sistema notarial o actuaciones contrarias a la deontología, entre otras…

Eficiencia. La jornada de clausura se inició con una conferencia del notario cubano Pedro Landestoy (Los principios notariales), que dio paso a la última mesa redonda (Función notarial versus actividad comercial). Este panel fue moderado por José Alberto Marín (decano de Cataluña), acompañado por los notarios Marta Fuentes, Javier Martínez del Moral, Santiago Tomás y Dámaso Cruz (decano de Aragón).

Martínez del Moral realizó un claro análisis económico de la estructura organizativa del notariado que justificaría, en su opinión, «la configuración actual como la más eficiente y la mejor, para el Estado y para el ciudadano».

Fuentes, por su parte, analizó el concepto de actividad comercial entendida como captación de clientela; distinguiendo «en primer lugar, la actividad puramente social del profesional, que genera buenas amistades, lo que ofrece personalidad, carisma y buen trato al ciudadano. En segundo lugar, la extensa publicación jurídica que da a conocer al profesional, que genera prestigio en el notario; y en tercer lugar, la estrategia puramente comercial, que generaría negocio a través de conductas consideradas malas praxis por vulnerar el Código de Deontología Notarial».

Dámaso Cruz abundó en el camino de la función notarial post-pandemia, la intervención electrónica y el Portal Notarial del Ciudadano. Para el decano aragonés, «el notario no ejerce dos profesiones: un oficio público y otro privado, sino que ambos calificativos son solamente dos vertientes de una única función: la función notarial».

Santiago Tomás Roy recordó que «la deontología se basa en el espíritu y la finalidad de la actuación del notario; es decir, no está tanto en la propia actuación, como en la finalidad de la misma. Si la finalidad de la actuación del notario es únicamente la captación de clientes y, por tanto, de documentos, su actuación está fuera del marco deontológico».

Por último, el anfitrión Alfonso Cavallé hizo una recapitulación de las intervenciones, destacando que «existe una contradicción esencial entre la actividad notarial y la actividad comercial. Y es que el notario comerciante sería un problema para el notariado. El mejor notario no es el que más documentos interviene. El mejor notario es el que más confianza inspira. La confianza en el notario resulta de los efectos del documento público notarial, de ahí la necesidad y conveniencia de fortalecer el aspecto público de la función. Los notarios trabajamos para los demás; no para nosotros mismos.”

50 años desde Poblet. recapitulación fue la última ponencia, dictada por Honorio Romero, ex decano aragonés. El notario honorario señaló algunos de los retos de la profesión: «El primero de ellos, es una reflexión sobre el sistema de oposición, sistema justo, basado en la memoria, como elemento fundamental sin la que no podemos existir». Su propuesta se centra en «descargar el peso relevante de los orales para desplazarlo a favor de los casos prácticos donde el opositor puede mostrar quién será como notario en su actividad profesional en el futuro». El segundo de los retos es el de la formación permanente del colectivo: «La principal marca de calidad del notariado está en su constante esfuerzo de adaptación; adaptación a nuevas normativas y asunción de mayores competencias».

Encuentro de S.M. el Rey Felipe VI con el Consejo General del Notariado

Durante la sesión inaugural de las Jornadas Notariales Poblet-La Palma, Su Majestad el Rey Felipe VI, acompañado por la ministra de Justicia y notaria mayor del Reino, Pilar Llop, mantuvo un encuentro con los miembros del Consejo General del Notariado.

Encuentro con la Ministra de Justicia

La ministra de Justicia y notaria mayor del Reino, Pilar Llop, presidió la sesión plenaria del Consejo General del Notariado (CGN). En este pleno se aprobaron las medidas notariales para apoyar a los afectados por la erupción del volcán en la isla de La Palma y se confirmó la celebración del XII Congreso Notarial Español el 19 y 20 de mayo de 2022 en Málaga.

Durante el pleno, Pilar Llop agradeció a José Ángel Martínez Sanchiz y los miembros del CGN la acogida dispensada y la oportunidad de asistir a las Jornadas Notariales. La también notaria mayor del Reino puso de manifiesto “que -como ya pudo comprobar desde su primer destino como jueza-, la función notarial es de gran trascendencia para la ciudadanía y, por su propia capilaridad, vertebra España generando cohesión territorial y social”.

La ministra destacó también la labor del notariado español, así como su creatividad, de la que espera aportaciones -por ejemplo, en la cuestión del reto demográfico-; y la garantía que supone la fe pública notarial para que las personas vivan con certidumbre jurídica, cuestión esta última que definió como “un tesoro”. Asimismo, puso en valor la labor realizada durante la pandemia desde los despachos notariales “cuidando” a la ciudadanía, a la vez que mostró su admiración por la tecnología desarrollada por el notariado español. Finalmente, agradeció la solidaridad del notariado con los afectados por la erupción del volcán de la isla de La Palma.

José Ángel Martínez Sanchiz,

presidente del Consejo General del Notariado:

“El notario deberá ayudar a las personas con discapacidad a que puedan expresar su voluntad, deseos y preferencias. Se trata de un imperativo ético y legal”.

Alfonso Cavallé,

decano del Colegio Notarial de Islas Canarias:

“El mejor notario no es el que más documentos interviene. El mejor notario es el que más confianza inspira”.

I Encuentro de la Comjib y la Cmplot

EN SOCIEDAD

I Encuentro de la COMJIB y la CMJPLOT

Paralelamente a las jornadas notariales se celebró la primera reunión conjunta de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos (COMJIB) y la Conferencia de Ministros de Justicia de los países de habla portuguesa (CMJPLOT). S.M. el Rey Felipe VI, clausuró este encuentro, que contó con la asistencia de diversas personalidades españolas e iberoamericanas, como el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, o la ministra de Justicia, Pilar Llop.

REDACCIÓN

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@JMCarrascosa

Iber@, la plataforma tecnológica desarrollada por el Notariado español para mejorar y agilizar la cooperación jurídica internacional, fue altamente valorada por la treintena de organismos gubernamentales de Justicia reunidos en este encuentro. Iberfides y EUdoc, herramientas de conexión transnacional entre los notarios iberoamericanos y europeos, respectivamente, fueron igualmente presentadas durante el encuentro.

Para el secretario general de COMJIB, Enrique Gil Botero, el Tratado de Medellín y la red Iber@ son el futuro de la colaboración internacional de la Justicia. Valora en Iber@ que sea “un sistema informático cerrado, con garantías de máxima seguridad para intercambios rápidos y fehacientes de solicitudes de cooperación jurídica, incorporando funcionalidades como la videoconferencia o la firma digital y que facilite la conexión con otras redes como Eurojust o Interpol”.

Un momento de la intervención de la presidenta de la UINL, Cristina Noemí Armella.

El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, manifestó durante su intervención que la cooperación jurídica internacional “constituye también una oportunidad para expresar y manifestar la solidaridad entre todos los seres humanos, como se ha puesto de manifiesto con la erupción del volcán de La Palma. Es también la ocasión -afirmó- de potenciar, fomentar y extender la justicia en el mundo y para eso hace falta la cooperación gubernamental, como la de todos los ministros y organismos gubernamentales reunidos en este encuentro, pero también la colaboración extragubernamental como la que los notarios representamos”.

“Nuestro deseo de cooperar más y mejor se verá reforzado por este encuentro”, apuntó la ministra de Justicia, que ha añadido que “no escatimaremos ningún esfuerzo para que nuestra acción conjunta sea cuanto antes una realidad visible y eficaz”. La ministra destacó que este encuentro sirve para poner en común experiencias que fortalezcan las grandes metas y estructuras de la Justicia en las respectivas regiones: Estado de Derecho, seguridad jurídica e igualdad.

Llop destaca el valor de Iber@

Durante su intervención en la reunión conjunta de ministros iberoamericanos y lusófonos, la notaria mayor del Reino elogió la Red Iber@, desarrollada por el Consejo General del Notariado, mediante la Agencia Notarial de Certificación (Ancert), con la que “se modernizan las comunicaciones en materia de cooperación jurídica internacional y contribuyen a ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía”.

La presidenta de la Unión Internacional del Notariado intervino por videoconferencia

Iber@ refuerza la tutela judicial iberoamericana

En su reseña, La Casa Real ponía en valor la puesta en marcha del proyecto Iber@, desarrollada con tecnología del Notariado español, que «sienta las bases e inicia el despegue de una iniciativa pionera que suma un largo centenar de instituciones en un sistema informático cerrado, con garantías de máxima seguridad para intercambios rápidos y fehacientes de solicitudes de cooperación jurídica, con funcionalidades como la videoconferencia y la firma digital».

«Asimismo -proseguía-, esta plataforma fortalece la lucha contra delitos como la corrupción, la droga y la trata de personas y, con la activa participación de los estados y poderes públicos, contribuye a la construcción y consolidación de sociedades más justas y pacíficas, dotando de mayor protección a las víctimas y garantizando el acceso general a la justicia. Crea, en suma, un espacio social reforzado para la tutela judicial efectiva a disposición de los operadores jurídicos».

Sin niños no hay futuro

EN EL ESCAPARATE

Sin niños no hay futuro

El descenso continuado de la natalidad ha dado lugar a una crisis demográfica sin precedentes. El coronavirus ha hecho que esta caída sea más pronunciada, pero estamos ante un problema que el mundo desarrollado y España en particular arrastran desde hace décadas. La tasa de fecundidad española está por debajo del nivel de reemplazo generacional desde 1981. La sociedad española desearía tener más hijos, pero su situación no siempre se lo permite. Es urgente adoptar medidas que reviertan una tendencia que amenaza la supervivencia demográfica de España.

ELVIRA ARROYO

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Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 se registraron en España 339.206 nacimientos, un 5,9% menos que en 2019. En particular, se observa una bajada más acusada en los últimos dos meses del año, relacionada con una disminución de los embarazos producidos durante el confinamiento iniciado a mediados de marzo de 2020.

Además de un elevado número de fallecimientos (más de 87.000 muertes en España y casi 5 millones en todo el mundo), la pandemia ha tenido un gran impacto en la natalidad. España, Italia y Portugal se han visto especialmente afectados, pero el descenso de nacimientos ha sido generalizado en casi todos los países desarrollados. En Estados Unidos experimentó la mayor caída de nacimientos en 50 años y se estima que en 2021 tendrá unos 300.000 nacimientos menos.

Nos encontramos ante una inquietante crisis demográfica que no es nueva, aunque ahora se aprecie con más crudeza. España lleva años manifestando una clara tendencia bajista en el número de nacimientos, tan solo interrumpida recientemente en 2014. Desde el año 2010, cuando se registraron 486.575 nacimientos, esta cifra ha descendido un 30,3%.

Esto se debe en parte a la reducción del número de hijos por mujer. España, con una tasa de fecundidad de 1,18 hijos por mujer, está en el valor más bajo desde 2000, frente al 2,4 de media mundial.

Por otro lado, hay menos mujeres en edad de ser madres. Concretamente, la población femenina de 25 a 40 años (que concentra el 83,8% de los nacimientos) se redujo un 1,5%, pasando de 4,77 millones en 2019 a 4,69 millones en 2020. Esta evolución decreciente se inició en 2009 porque ese rango de edades está formado por generaciones menos numerosas nacidas durante la crisis de natalidad de los 80 y la primera mitad de los 90.

Si nos comparamos con nuestro entorno, ninguno de los 28 países de la UE alcanza el nivel de reposición de 2,1 hijos por mujer, pero la fecundidad española es muy inferior a la media de 1,53 hijos por mujer que tiene la Unión Europea. En 2019 la tasa de fecundidad más alta correspondió a Francia, con 1,86 nacidos vivos por mujer, seguida de Rumanía, con 1,77. En el lado opuesto están Malta (1,14), España (1,23 nacidos vivos por mujer en 2019, actualmente 1,18) e Italia (1,27).

Razones. El invierno demográfico no solo es un problema de España, pero nuestro país lo sufre de forma más acusada. La contracción de la natalidad comenzó de forma paulatina a mediados de los años setenta con los avances en la igualdad entre hombres y mujeres, el mayor nivel de instrucción de la sociedad, la utilización generalizada de métodos anticonceptivos y la incorporación de la mujer al mercado laboral, entre otros factores.

Sin embargo, hay que buscar más allá de estas razones para entender la realidad española. El informe La situación demográfica en España. Efectos y consecuencias, publicado por el Defensor del Pueblo en 2019, recuerda que en países como Suecia las mujeres tienen más hijos (1,71 por mujer), a pesar de tener una tasa de actividad femenina y de divorcios notablemente superiores a la media española. Por ello, atribuye la peor situación de España a la precarización de los derechos de los trabajadores, con unos índices de paro y temporalidad laboral mucho más altos que en la mayor parte de los países de la UE. Estas circunstancias afectan directamente a las generaciones más jóvenes y en especial a las mujeres, lo que condiciona su decisión de ser madres.

Otro elemento determinante es que en España las mujeres, aunque trabajen fuera de casa, asumen la mayor parte de las labores del hogar y el cuidado de los hijos. Son ellas las que más se acogen a la reducción de jornada o hacen más renuncias relacionadas con su actividad profesional. No obstante, cada vez se avanza más hacia un equilibrio en el reparto de responsabilidades, gracias a una mayor concienciación social y a la incorporación de medidas que favorecen la conciliación de la vida laboral y familiar. La equiparación de los permisos de maternidad y paternidad a 16 semanas ha sido un gran paso en este sentido.

La última Encuesta de Fecundidad del INE confirma que las medidas de conciliación familiar y el horario son los aspectos más valorados en el trabajo por las mujeres con hijos, después de las buenas condiciones económicas, que son lo más importante para todas, tengan hijos o no.

Maternidad tardía. El descenso de la fecundidad va acompañado de un progresivo retraso en la edad de maternidad. La edad media para tener el primer hijo en España se situó en 32,3 años en 2020, una décima más que el año anterior y tres años por encima de la media de la UE (29,4). Al mismo tiempo, los nacimientos de madres de 40 o más años han crecido más del 41% en una década.

El 75% de las mujeres de 30 a 39 años con hijos reconocen haber retrasado el nacimiento de su primer hijo entre dos y cinco años respecto de lo que consideraban ideal. Los principales motivos fueron la falta de pareja estable, razones laborales y económicas, y problemas de conciliación de la vida familiar y laboral. Igualmente, la inestabilidad económica y las dificultades para conciliar son los principales argumentos para no tener más hijos.

Con la pandemia la incertidumbre económica ha aumentado y muchas personas han aplazado su decisión de tener hijos. El estudio El impacto de COVID-19 en los planes de fertilidad en Italia, Alemania, Francia, España y el Reino Unido (Francesca Luppi, Bruno Arpino y Alessandro Rosina. 2020. Revista “Demographic Research” 43) revela que los planes de fertilidad se han revisado negativamente en todos los países, pero no de la misma manera. En Alemania, Francia y el Reino Unido, han abandonado sus planes de tener hijos el 14%, el 17% y el 19% de la población adulta, respectivamente, lo que se considera un impacto moderado. Sin embargo, en Italia este porcentaje supera el 36% y en España el 29%.

Esfuerzo. Sin duda, el factor económico y las facilidades para conciliar tienen mucho peso en la decisión de tener hijos, al menos en España, porque las encuestas del INE reflejan que la mayoría de la población española desearía tener más hijos, concretamente dos, pero no lo hace porque no puede.

El estudio ¿Cómo mejorar la natalidad en España? (Teresa Castro-Martín, Teresa Martín-García, Julia Cordero y Marta Seiz, publicado por Fedea) sostiene que los bajos niveles de fecundidad registrados en España no se derivan de un rechazo creciente de la maternidad o la paternidad, ni reflejan una preferencia mayoritaria por el hijo único. “Por el contrario, la distancia que se observa entre la fecundidad deseada y la fecundidad alcanzada evidencia un déficit de bienestar individual y colectivo, y sugiere la existencia de una serie de obstáculos que dificultan a muchas personas y parejas hacer realidad su proyecto familiar.”

No parecen necesarias campañas de sensibilización para concienciar a la población de la importancia de tener hijos. El problema reside en gran medida en que tener hijos no es barato. Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicado en septiembre de 2020, destaca que la llegada de un hijo supone un gasto mensual medio de 642 euros, lo que implica un gasto anual de 7.706 euros durante el primer año de vida.

Los gastos anuales más importantes son los dedicados a muebles y enseres (cunas, carritos, sillita de casa y coche, armarios…) que suman 911 euros. Pero el gasto más elevado es el de la guardería, que de media asciende a 312 euros mensuales. Le sigue el gasto de cuidadores profesionales en el hogar (127 euros), los gastos en alimentación (101 euros mensuales), los productos de higiene (81 euros al mes) y ropa y calzado (82 euros al mes).

La OCU advierte además que las familias con menos recursos tienen más dificultades para hacer frente a estos gastos porque los gastos fijos no varían mucho en función del nivel de renta. En las familias de mayores ingresos (más de 4.000 euros al mes) el gasto medio es de 729 euros. En las de ingresos medios (entre 2.000 y 4.000) es de 676 euros y en las de menores ingresos (menos de 2.000) el gasto es de 616. Esto supone un esfuerzo mucho mayor en términos relativos para los hogares con menor poder adquisitivo, donde casi una de cada diez familias gasta más del 50% de sus ingresos en gastos relacionados con ese bebé.

En la misma línea, Save the Children subraya que casi 700.000 hogares en España no consiguen cubrir el coste mínimo –entre 480€ y 590€ mensuales- para criar a un hijo o hija en condiciones dignas ni para asegurar su correcto desarrollo y bienestar. Además, 1 de cada 4 hogares con menores de 18 años se encuentran en situación de pobreza.

Qué hacer. Nadie duda que es preciso llevar a cabo acciones que permitan a cada persona tener la descendencia que quiera. Por un lado, son necesarias más ayudas económicas directas y/o incentivos fiscales. Hoy por hoy, España es uno de los países europeos que menos recursos dedica a las políticas familiares.

El informe del Defensor del Pueblo expone que los apoyos a la natalidad son relevantes en Francia, en los países nórdicos e Irlanda. Francia tiene una larga tradición en esta materia, ya que inició medidas de apoyo a las madres y a las familias en función de la natalidad después de la Segunda Guerra Mundial, tras las dificultades sufridas en las dos guerras mundiales ante los alemanes. Igualmente, los países nórdicos son conocidos por sus medidas para fomentar la natalidad a través de apoyos laborales y económicos hacia las mujeres gestantes. Estas ayudas continúan tras el parto en forma de recursos sanitarios, educativos y subvenciones directas. Esas políticas explican en buena parte que la fecundidad en todos estos países se haya mantenido por encima de la media europea.

Sin embargo, en los últimos años (2010-2018) el número de hijos por mujer en los cuatro países nórdicos ha caído un 16%. De 1,92 hijos por mujer a 1,61. Algo similar ha sucedido en Irlanda, hasta hace pocos años el país con mayor fecundidad de Europa, en el que se ha pasado de 2,10 hijos por mujer en 2009 a 1,77 en 2017.

Esta tendencia quizá signifique que las medidas de apoyo a la natalidad han perdido efectividad. “De confirmarse esta hipótesis -recuerda el análisis del Defensor del Pueblo-, habrá de replantearse esas políticas. Y no solo en esos países sino en toda Europa occidental.”

Por otra parte, las autoras de ¿Cómo mejorar la natalidad en España? apuntan que los incentivos económicos que han implantado algunos países no han tenido el efecto esperado. “Numerosos estudios coinciden en que las ayudas económicas directas pueden influir en el calendario de nacimientos, pero no tienen un impacto visible en el número final de hijos. Por ejemplo, la prestación monetaria de 2.500€ por nacimiento, conocida popularmente como “cheque bebé”, que estuvo vigente en España de 2007 a 2010, no tuvo un impacto significativo en la tasa de fecundidad, aunque sí tuvo un efecto positivo en la participación femenina en el mercado de trabajo. En su opinión, la clave estaría en la adopción de unas políticas sociales que faciliten la emancipación residencial y económica de los jóvenes a edades más tempranas, que redistribuyan los costes y responsabilidades de la crianza entre las familias y el Estado, y favorezcan eficazmente la conciliación, garantizando entre otras cosas el acceso universal a escuelas infantiles a un coste asequible, así como en el fomento de la igualdad de género y la corresponsabilidad en los cuidados dentro de la esfera familiar.

La encuesta de OCU ha indagado sobre las ayudas que, a juicio de los padres y madres, facilitarían una mejor crianza de los hijos. Los encuestados coinciden en afirmar que más importantes que las ayudas económicas en sí, son las medidas destinadas a facilitar la conciliación entre familia y trabajo.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, anunció hace meses su intención de aprobar la Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias que, entre otros objetivos, pretende afrontar los retos derivados del desequilibrio demográfico (baja natalidad y envejecimiento creciente) y definir una política familiar que pueda paliar sus efectos. También expresó su deseo de implantar en España una prestación universal por crianza, como sucede en la mayoría de los países europeos, y de ampliar los permisos de maternidad y paternidad a 6 meses.

De momento, los Presupuestos Generales del Estado para 2022 contemplan que las familias que reciban el Ingreso Mínimo Vital y las que tengan bajos ingresos cobren un complemento de hasta 100 euros por hijo/a.

Un continente sin jóvenes

La población infantil y juvenil cada vez está menos presente en la pirámide demográfica de la Unión Europea. El número de niños y adultos jóvenes (0 a 24 años) ha pasado en Europa de 240 millones en 1950 a 197 millones en 2015, y se verá reducido entre 15 y 18 millones más antes de 2050. Si se cumple este pronóstico, su porcentaje con respecto al total de la población disminuiría del 44% en 1950 al 25% un siglo después.

Todos los Estados miembros se están viendo afectados por este panorama, pero hay notables diferencias. Los datos más recientes de Eurostat indican que en 2020 Irlanda era el país con mayor proporción de menores de 14 años, que representan el 20% de su población, seguida de Francia y Suecia (el 18% en ambas). En el lado opuesto, están Italia y Malta, con un 13% de menores de 14 años.

La otra cara de la pandemia: 1,4 millones de embarazos no deseados

La pandemia en los indicadores reproductivos de los países en desarrollo ha sido muy diferente a nuestro entorno. En 2020, unos doce millones de mujeres de 115 países de renta baja y media perdieron el acceso a los servicios de control de la natalidad a causa de la desviación de los recursos y la atención sanitaria a la emergencia del coronavirus, así como a las restricciones de movimiento impuestas para detener los contagios.

Como consecuencia, la pandemia tuvo un saldo de 1,4 millones de embarazos no deseados en 2020, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Para saber más

Mapa de la población mundial. Mapa interactivo con los principales indicadores demográficos de todos los países. Fondo de Población de las Naciones Unidas

Fluctuaciones de la fecundidad durante la pandemia. Base de datos creada por la Human Fertility Database como respuesta a la importancia de la investigación sobre el impacto de la COVID-19 en las tendencias de fertilidad. Incluye datos de varios países, entre ellos España.

¿Cómo mejorar la natalidad en España? Teresa Castro-Martín (CSIC), Teresa Martín-García (CSIC), Julia Cordero (UCM) y Marta Seiz (UNED). FEDEA, Estudios sobre la Economía Española. 2021-04. Madrid. Estudio que repasa la evolución de la natalidad en España y analiza las políticas que podrían ayudar a mitigar el problema que su bajo nivel supone.

Consecuencias del declive demográfico en España. Informe publicado por Alejandro Macarrón Larumbe, ingeniero, consultor empresarial y director de la Fundación Renacimiento Demográfico. Papeles Fundación Faes. nº 212. 7 de mayo de 2018.

África, el continente que más rápido crece

Más de la mitad del crecimiento demográfico mundial desde hoy hasta 2050 tendrá lugar en África. Se espera un rápido aumento de la población, incluso si se reducen los niveles de fecundidad en los próximos años. En el África Subsahariana la población se duplicará de aquí a 2050.

Las previsiones de Naciones Unidas se basan en que hay un gran número de jóvenes en este continente, que alcanzarán la edad adulta en pocos años y también tendrán hijos, por lo que esta región desempeñará un papel esencial en cuanto a las dimensiones y la distribución de la población mundial en las décadas venideras.

El giro de la política demográfica en China

Después de muchos años con duras restricciones y sanciones para limitar los nacimientos, China ha dado un giro a su política de natalidad para hacer frente al envejecimiento de su población. En 2016 abolió las sanciones impuestas durante décadas a las parejas que tuvieran más de un hijo, ampliando a dos el número de hijos por pareja. En 2021, ha aprobado que las parejas que lo deseen tengan hasta tres hijos. También ha anunciado un aumento de las coberturas y medidas para ayudar a las parejas que tengan hijos. Por ejemplo, algunos distritos de Pekín han empezado a dar acceso prioritario a la vivienda pública a las familias con más de dos hijos.

El Notariado, en primera línea de la transformación digital

EN EL ESCAPARATE

El Notariado, en primera línea de la transformación digital

El Portal Notarial del Ciudadano supone un nuevo hito en la gran revolución tecnológica del Notariado. Con su reciente puesta en marcha, los usuarios podrán realizar diversas acciones notariales de manera digital, como recibir asesoramiento por videoconferencia, iniciar la preparación de un testamento, designar al notario que autorizará su préstamo hipotecario o realizar los trámites necesarios para la creación de una sociedad. Todo ello dentro de un espacio seguro: la sede electrónica notarial.

SOFÍA LÓPEZ DE ILARRAZA

“Con el Portal Notarial del Ciudadano confiamos en situar al Notariado en la primera línea de la transformación digital, colocándonos en la mejor posición posible para prestar a la sociedad un servicio aún más ágil e igual de seguro”, explica el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz.

Además, el Portal permite al ciudadano saber qué documentos notariales ha realizado durante los últimos 17 años y qué notario los custodia, pudiendo solicitar una copia simple electrónica de las escrituras públicas para tenerlas disponibles y guardadas en un espacio privado y seguro dentro de esta sede.

¿Cómo acceder? El usuario sólo necesita registrarse en https://www.portalnotarial.es/ mediante un rápido proceso utilizando usuario y contraseña. Desde ese momento tendrá la posibilidad de acceder a muchas de las prestaciones que ofrece el portal, como elegir notario e informarse de sus servicios o iniciar con él la elaboración de su testamento o los trámites necesarios para constituir una sociedad mercantil.

Ciertas gestiones exigen un nivel más alto de seguridad como, por ejemplo, conseguir las copias simples electrónicas de los documentos que el ciudadano o la empresa haya otorgado en cualquier momento y tenerlas archivadas en el Portal. En estos casos será necesaria la acreditación, que se puede realizar acudiendo presencialmente y de manera gratuita a cualquier notaría de España, o bien mediante un certificado cualificado (cualquiera de los 24 españoles existentes o los autorizados por el reglamento EIDAS) incluido el DNI electrónico.

A partir del momento en que el usuario esté acreditado tendrá acceso a todos los servicios del Portal, presentes y futuros, desde cualquier dispositivo fijo o móvil, sea cual sea su sistema operativo, y de forma muy intuitiva. El sistema proporciona que el ciudadano acceda a una sede electrónica segura, apartada por completo de los cauces normales de internet y que circula siempre por servidores y con software propios del Consejo General del Notariado.

Este tipo de acreditación necesaria proporcionará seguridad a todas las partes: por un lado, al notario, garantizando que la persona que hay al otro lado es quien realmente está identificada en el Portal y, por otro, al usuario al que da certeza de que quien está al otro lado es el notario que ha elegido.

Vanguardia tecnológica. Luis Fernández-Bravo, delegado de nuevas tecnologías del Consejo General del Notariado, asegura que “el Portal es una puerta a la Sede Electrónica Notarial, orientada ahora a un público que demanda servicios digitales en su vida cotidiana como alternativa a los sistemas de acceso que venimos ofreciendo desde siempre y que deben permanecer porque prestamos una función pública universal y para todos, a los dos lados de la brecha digital. Esta nueva puerta de entrada es un gran hito. Así, somos posiblemente una de las corporaciones con un mayor grado de digitalización de España”.

Y es que el Notariado Español lleva más de 20 años a la vanguardia en cuanto a las nuevas tecnologías. Fue de las corporaciones pioneras en España en esa materia. Desde hace dos décadas, los más de 2.800 notarios están integrados en una única red privada propia que les conecta de forma segura con los 17 colegios notariales, el Consejo General del Notariado y la Administración Pública: la Sede Electrónica Notarial. Ahora con el Portal se abre esta sede electrónica también a los ciudadanos.

A lo largo de 2020, desde la Sede Electrónica Notarial se enviaron 8 millones de copias digitales de documentos notariales a las Administraciones, cerca de 2,5 millones a los registros y al Catastro, miles de liquidaciones telemáticas, certificaciones o remisiones de datos. Actualmente circulan por los canales seguros del Notariado español más de treinta millones de documentos online. Los notarios han utilizado su firma electrónica 20 millones de veces.

Con respecto a la agilización de la puesta en marcha del Portal motivada por la pandemia provocada por el coronavirus, Fernández‐Bravo explica que “veníamos trabajando en ello desde mucho antes de la irrupción de la pandemia aunque, sin duda alguna, esta ha impulsado aún más el trabajo, porque nos ha mostrado la necesidad que tenemos los ciudadanos y las empresas de lograr esa rapidez y de poder hacer trámites a distancia y sin desplazamientos”.

Cabe señalar que el portal tiene un marcado objetivo de ayudar a las personas más vulnerables. Se ha realizado un gran esfuerzo por acelerar su puesta en marcha y favorecer la tramitación de las moratorias hipotecarias de estas personas. Las videoconferencias permiten al notario prestar asesoramiento a las personas más vulnerables, en un espacio totalmente seguro, evitando su desplazamiento.

Sociedades online. El Portal Notarial del Ciudadano permite, entre otras acciones, solicitar una cita para constituir una sociedad telemáticamente, a falta de la autorización y firma, que, a día de hoy, es necesario hacer en la notaría físicamente, cuestión pendiente que se solventará una vez transpuesta la Directiva 2019/1151 sobre la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de Sociedades.

La normativa europea persigue que los emprendedores de toda la UE puedan crear sus empresas de forma sencilla y segura desde su propio ordenador, íntegramente en línea, sin que ello implique renunciar al control de legalidad y al asesoramiento de los notarios, que garantizará que todos los estándares de seguridad alcanzados en el mundo analógico se mantengan en el digital.

Con esta directiva se simplificará, en términos de coste y tiempo, el establecimiento de una sociedad o la apertura de una sucursal en otro Estado miembro, con el fin de fomentar la competitividad de las empresas, fundamentalmente pymes, y favorecer el funcionamiento y modernización del mercado interior en un entorno de globalización y digitalización. La directiva menciona explícitamente a los notarios como parte del sistema de constitución de sociedades en línea.

Adoptada en junio de 2019 por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, esta norma fijaba en agosto de 2021 la fecha para su transposición a los ordenamientos jurídicos nacionales. A la espera de la habilitación por el legislador, el Notariado español está preparado tecnológicamente para crear una sociedad en apenas unos minutos, a través de videoconferencia y firma electrónica.

«La transposición de la directiva europea sobre la constitución telemática de sociedades impone una doble exigencia: la del cambio normativo, que es relativamente sencilla de cumplir, y la del desarrollo técnico necesario para implantar los procedimientos íntegramente en línea, que en España ha sido resuelta antes que en ningún otro país por el Notariado español», declaró Álvaro Lucini, delegado del Consejo General del Notariado para el Consejo de los Notariados de la Unión Europea en el seminario Seguridad Jurídica y Digitalización, celebrado este verano por el CGN en colaboración con la Universidad del País Vasco.

Durante el seminario también se pronunció al respecto la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, quien señaló que: «Esperamos que próximamente se presente la Ley de Eficiencia Digital que contemplará la transposición de la directiva comunitaria de constitución telemática de empresas ante notario. El Notariado está preparado para asumir el reto de la transposición de dicha directiva».

Los hitos más destacados de la innovación tecnológica del Notariado

2002: Constitución de la Agencia Notarial de Certificación (Ancert), la empresa de tecnologías del Notariado, y uso por todos los notarios de la firma electrónica reconocida notarial. La firma electrónica reconocida notarial asegura la integridad de datos, la autenticidad del origen y el no repudio.

2003: Creación de la copia electrónica autorizada notarial de la escritura pública.

2004: Creación del Índice Único Informatizado Notarial. Base de datos en la que se vuelca el contenido íntegro de los documentos notariales. Segunda mayor existente en España en el que hay identificadas 44 millones de personas.

2004 a 2006: Interconexión de todas las notarías a través de la Red Privada Notarial (RENO) y el despliegue del Sistema Integrado de Gestión Notarial (SIGNO). Comienzo de las comunicaciones electrónicas entre los notarios y las Administraciones Públicas para ofrecer la máxima seguridad en sus transacciones electrónicas.

2012: Inicio de la proyección internacional de Ancert con la implantación de la firma electrónica en el Registro General de la Propiedad de Guatemala.

2013: Apertura del Centro de Información Estadística del Notariado, que recoge los datos con valor estadístico procedentes del Índice Único Informatizado Notarial.

2014: Creación de la Aplicación de Gestión Notarial (AGN) diseñada para agilizar la gestión interna de las notarías y dar homogeneidad a la información que manejan los notarios.

2017: Puesta en marcha del Servicio de Tramitación Inmobiliaria. Facilita la comunicación entre el colectivo notarial y el Catastro para dar cumplimiento a las obligaciones de suministro de información establecidas en el texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario.

2017: Primera firma electrónica desde la App de Ancert.

2018: Obtención de la acreditación para la generación de la Firma Avanzada Notarial en la nube. Expedida por el Centro Criptológico Nacional (y publicada en el BOE del 27/03/2018). Tras el documento de identidad electrónico (DNI-e), Ancert ha sido el primer prestador de servicios de confianza español en obtener dicha certificación.

2018: Liquidación del ISD. Servicio para calcular el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y proceder a su presentación y liquidación, obteniendo telemáticamente el correspondiente resguardo acreditativo para el cumplimiento de la obligación tributaria.

2019: Creación de la aplicación tecnológica para que los notarios puedan cumplir con la Ley del crédito inmobiliario que entró en vigor el 16 de junio de 2019.

2019: Puesta en marcha de la plataforma Iber@ diseñada por Ancert que permite gestionar las solicitudes de cooperación jurídica internacional firmadas digitalmente y en un entorno de comunicación seguro entre autoridades centrales.

2019: Habilitación de una plataforma web para facilitar el intercambio de la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial con el Tribunal de Cuentas.

2020: Desarrollo del proyecto tecnológico que permitirá la constitución de sociedades por vía online, cuando se transponga al ordenamiento jurídico español la Directiva europea sobre esta materia.

2021: Lanzamiento del Portal Notarial del Ciudadano.

¿Cómo solicitar la copia de una escritura desde el Portal?

El notario, como custodio de los protocolos, puede proporcionarle copias simples electrónicas de sus documentos notariales.

Para ello, tras registrarse y acreditarse en el Portal Notarial del Ciudadano, recibirá una notificación indicándole los notarios que custodian los documentos notariales que usted haya otorgado. Cuando el notario/s haya recibido su petición, verificará los datos y le hará llegar un presupuesto por el importe de las copias, también a través del portal. Una vez aceptado el presupuesto y verificada su identidad, el notario depositará las copias en el Portal, concretamente en el apartado “Mis copias”, un espacio privado y seguro, donde quedarán a su disposición.

Constitución de sociedades

En el Portal hay un espacio habilitado para iniciar la constitución online de una sociedad mercantil. ¿Cómo? Enviando una solicitud en línea al notario que elija, quien, una vez recibida contactará con usted para elaborar el documento bajo sus requerimientos. Además, podrá pedirle asesoramiento por videoconferencia a través del móvil, tableta u ordenador. Después, el notario realizará las gestiones ante Hacienda y los registros.

Finalmente, una vez confirmada la fecha y hora con la notaría, deberá personarse allí para proceder a la firma del documento de la constitución de sociedad y se publicará una copia electrónica simple en el portal, en un espacio privado, donde la tendrá siempre que la necesite.

Iniciar la preparación del testamento

Con el asesoramiento del notario que elija a través del Portal, podrá decidir cómo repartir sus bienes, derechos y obligaciones. Para ello deberá contestar a unas sencillas preguntas, informar de sus datos, situación civil, herederos a nombrar, y agendar la fecha de autorización y firma del testamento. Una vez el notario elegido haya recibido su petición, contactará con usted para elaborar el testamento bajo sus requerimientos, facilitándole, si se precisa, el borrador para que lo revise y confirme.

Finalmente, una vez confirmada la fecha y hora con la notaría, deberá personarse en la misma para proceder a la autorización y firma del testamento y se le depositará una copia electrónica simple en su espacio privado en este portal.

¿Videoconferencias con notarios?

En el Portal Notarial del Ciudadano podrá mantener una cita por videoconferencia con el notario que haya elegido para un determinado servicio, siempre que este así se lo proponga. Si este es su caso compruebe que dispone del equipo adecuado, y tener un micrófono y una cámara correctamente instalados y configurados.

Previamente a la cita, deberá instalar la aplicación “Cita con el Notario” (disponible en el Portal) en el ordenador desde el que realizará la conexión y reservar la fecha. El día de la cita, acceda a la sección “Mis citas” y pulse el botón “Iniciar cita”. Si no tiene cita previa recibirá una notificación vía SMS. Deberá acceder entonces a la sección “Mis mensajes” del Portal Notarial del Ciudadano y se ejecutará la aplicación previamente instalada en su ordenador.

«El portal notarial del ciudadano», por Luis Fernández-Bravo

EL ESCAPARATE

LUIS FERNÁNDEZ-BRAVO

Delegado de Tecnologías del Notariado.
Decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha

El portal notarial del ciudadano

@luisfb99do

luisfb99

TRATAMOS EN ESTE NÚMERO de los retos del Notariado europeo ante la digitalización. Pero la cuestión también se puede plantear en sentido inverso, los retos de la digitalización respecto de la seguridad jurídica. Y la respuesta en ambos casos pasa por la necesaria adaptación de la función notarial ante un proceso de aceleración digital vertiginoso.

Enseñaba Betti que contratar es un peligro. La autonomía de la voluntad tiene sus riesgos, pues impone a los contratantes una serie de cargas: la identificación, capacidad o discernimiento y legitimación de la otra parte; la concreción jurídica y física del objeto del contrato, incluida la verificación de los medios de pago; la prestación del consentimiento con conocimiento de causa, así como la previsión de posibles garantías o cautelas para asegurar los efectos pretendidos; y, señaladamente, la legalidad del negocio en el momento de concluirlo. La seguridad jurídica, en la medida en que elimine dichos riesgos o los disminuya al mínimo, cumple la importante función de potenciar la contratación, lo que, en los países de nuestro entorno, se obtiene al asumir el notario las citadas cargas de prudencia y legalidad mediante la autorización del instrumento público.

El notario acepta estas responsabilidades, que gracias a su plasmación documental devienen autenticidades o lo que es lo mismo verdad oficial; prueba plena sobre la que descansa, entre otros extremos, la fiabilidad de los registros públicos.

Todas estas responsabilidades se asumen sobre la base del encuentro personal entre el notario y los otorgantes del documento público. Esto es lo que la técnica notarial denomina unidad de acto, que requiere compartir un espacio común. Pero ese espacio común también puede ser virtual, si el otorgamiento se canaliza por medio de una videoconferencia a través de la sede electrónica notarial, que funciona como una verdadera oficina pública notarial, solo que en un espacio virtual. Esto es perfectamente compatible con la unidad de acto o con el llamado principio de inmediación que admite, junto a la presencia física, la telemática.

El principio de inmediación no sufre lo más mínimo a raíz de un otorgamiento electrónico, que puede y debe aceptarse en todos aquellos casos en los que la naturaleza del negocio lo permita; por ejemplo, en la intervención de las pólizas mercantiles y actos societarios, dejando al margen, sin embargo, los de índole civil de naturaleza inmobiliaria o con obligaciones cruzadas que conllevan la entrega material de cosas y efectos.

Esto supuesto, es muy conveniente que se acoja legalmente esta posibilidad. Se trataría de una reforma legislativa no demasiado complicada y fácilmente efectiva, porque el Notariado, por medio de su centro tecnológico creado hace casi veinte años, tiene ya operativa la necesaria aplicación telemática en su sede electrónica, dotada como es lógico de la máxima seguridad. Por tanto, aplicable tan pronto culmine el obligado proceso legislativo para abrir la sede electrónica notarial, no solo como hasta ahora a las autoridades judiciales, registros y administraciones públicas, sino especialmente a quienes deben ser sus principales beneficiarios, los ciudadanos, de manera que puedan acudir telemáticamente al notario para constituir sociedades o firmar pólizas, así como disponer de su copia electrónica en el móvil.

Es una exigencia que no es que nos imponga Europa, que también, sino la misma realidad de las cosas. En este sentido, la urgencia viene dada por la trasposición de la Directiva de herramientas digitales, que obliga a los Estados miembros a introducir un sistema de constitución a distancia para las sociedades de responsabilidad limitada.

La directiva requiere que se prevea un procedimiento alternativo para la constitución telemática de sociedades, pero con la expresa prevención de no quebrar por ello la seguridad jurídica ni alterar el régimen adoptado tradicionalmente por cada Estado miembro, en particular el basado en la autorización notarial; razón por la que podemos decir sin exageración ninguna que recomienda la escritura pública (artículo 10), que por sí sola reúne los controles que la propia Directiva demanda en el artículo 13 octies, atinentes a la legalidad, capacidad o discernimiento, consentimiento informado, así como la evitación del fraude y del blanqueo de capitales.

En esta misma revista Jens Bormann, presidente del Consejo Federal del Notariado alemán (Bundesnotarkammer), y Massimiliano Levi, director de comunicación del Consiglio Nazionale del Notariato, explican los proyectos alemán e italiano, basados ambos en la videoconferencia a través de la correspondiente sede electrónica notarial. En nuestro caso, la trasposición de la directiva se vería facilitada por hallarse ya desarrollada la pertinente aplicación tecnológica.

Hay que reconocer, en fin, que la digitalización es el tema de nuestro tiempo, un fenómeno complejo, que va más allá de las herramientas tecnológicas, pues la innovación, cuando actúa sobre la información, de algún modo traspasa la materia para penetrar en el ámbito de la inteligencia artificial. Surge entonces la inquietante cuestión de si la máquina está llamada a sustituir nuestro juicio. El futuro no está escrito, pero, sobre la indudable utilidad de los logaritmos, pesa el juicio ético de si la humanidad ha de acabar siendo un factor contable; tal vez, parodiando a Leibniz, «cuando Dios piensa, cuenta». Pero las máquinas, afortunadamente, ni son dioses ni son hombres, sino recursos al servicio de nuestros designios.

Seguridad jurídica y digitalización

EN SOCIEDAD

Seguridad jurídica y digitalización

El donostiarra Palacio de Miramar acogió en julio el seminario Seguridad Jurídica y Digitalización. Este foro, organizado por el Consejo General del Notariado (CGN) y la Universidad del País Vasco, se enmarcó dentro del programa de Cursos de Verano de la institución académica y estuvo dirigido por el notario Segismundo Álvarez Royo-Villanova.

JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA

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@JMCarrascosa

José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del (CGN) y Enrique Gil Botero, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), inauguraron el seminario. El decano del Colegio Notarial del País Vasco, Diego Granados, anfitrión del foro, estuvo presente en el acto inaugural.

Para Martínez Sanchiz «la digitalización necesita de un doble proceso: de adaptación de la seguridad jurídica a la digitalización y de encauzamiento de la digitalización para adecuarla al principio de humanidad». Por su parte, Gil Botero señaló que «las nuevas tecnologías se han convertido en nuestras aliadas para garantizar la justicia y la lucha contra la delincuencia transnacional, ya que las acciones delictivas saltan las fronteras hoy en día».

A continuación, tuvo lugar la mesa redonda La digitalización en la agenda de España para el siglo XXI; que contó con la participación de Javier Bikandi, director de Atención a la Ciudadanía y Servicios Digitales del Gobierno Vasco y Luis Fernández-Bravo, delegado de nuevas tecnologías del CGN.

“La ciudadanía no quiere mayor digitalización, sino mejores servicios. No se trata de digitalizar por digitalizar, sino de hacerlo desde una perspectiva de gobernanza y transparencia. Utilizamos la administración electrónica para reducir los principales problemas que los ciudadanos nos transmiten, como la burocracia, el exceso de requisitos y el uso de un lenguaje complejo. Reduciendo esas trabas hemos incrementado más de un cien por cien el uso de los trámites telemáticos durante el último año en la plataforma Euskadi.es», aseguró Javier Bikandi.

Fernández-Bravo subrayó la idea de que «no tenemos que digitalizarnos por que sí. El notario adapta la voluntad de los contratantes con los medios idóneos para la confección del documento, y ahí es donde entramos de lleno en la digitalización».

Transposición de la directiva. La incorporación por los Estados miembros de la directiva comunitaria de digitalización de sociedades centró una de las mesas de debate. Junto a Álvaro Lucini, delegado del CGN para el Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE), participaron Ádám Tòth, presidente del CNUE; Jens Bormann, presidente de la Cámara Federal del Notariado alemán; Valentina Rubertelli, presidenta del Consejo Nacional del Notariado italiano y vicepresidenta del CNUE; y Radim Neubauer, presidente de la Cámara Nacional del Notariado checo.

Según Lucini, «el plazo inicial establecido para la transposición de la mayor parte de la directiva vencería el 1 de agosto. No obstante, el artículo 2.3 de la directiva contempla que ese plazo pueda ser prorrogado un año más por cualquier Estado miembro que encuentre dificultades objetivas. En España la transposición de la directiva marcha con cierto retraso. Otros Estados miembros van más adelantados. Es el caso de Alemania e Italia, donde la ley de transposición ha sido recientemente aprobada en el parlamento. También el de Bélgica o República Checa, en que los proyectos de ley presentados por los respectivos gobiernos están siendo debatidos en los parlamentos», apuntó el notario español.

Por su parte, el húngaro Tóth señaló que «la prioridad de los gobiernos europeos es ahora la transición digital, acelerada por la actual crisis sanitaria. El uso de las nuevas tecnologías puede contribuir sin duda a ofrecer un mejor servicio al ciudadano, por ejemplo, en el ámbito del Derecho de sociedades, como la creación online de empresas o las reuniones generales celebradas por videoconferencia. Los ciudadanos y las empresas deben tener un acceso sencillo, resiliente y efectivo a la justicia, y los Notarios de Europa apoyamos este enfoque».

El presidente del Notariado alemán destacó que «la UE ha dado un paso muy importante para el futuro del Derecho de sociedades con esta directiva. La directiva, mantiene un gran respeto por los sistemas legales de los Estados miembros y su tradición. Por primera vez se reconoce de forma explícita el rol del Notariado en la legislación europea en materia societaria. El legislador alemán transpuso los requisitos de la directiva con una ley de herramientas digitales; el borrador fue aprobado por el Ministerio de Justicia en febrero y luego en junio por el Parlamento sin cambios significativos».

Por su parte, Radim Neubauer apuntó que en la República Checa «la directiva se implementará en una Ley de Enmienda al Código Notarial. En este caso, en las sociedades de responsabilidad limitada. La ley ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y está siendo evaluada por el Senado, aunque cuenta con el apoyo unánime para su aprobación».

Por último, Valentina Rubertelli, presidenta de los notarios italianos, detalló la transposición comunitaria en su país: «El Parlamento italiano aprobó la directiva sin utilizar la prórroga de un año. La constitución de sociedades online se referirá a sociedades de responsabilidad limitada, con domicilio social en Italia, con capital desembolsado en una contribución en efectivo. La escritura se realizará con firma electrónica reconocida en una plataforma segura, con identificación mediante documento de identidad y videoconferencia. Nuestra empresa informática, Notartel, desarrolló la Piattaforma Italiana del Notariato (PIN) y puso en marcha un programa de formación muy intensivo para notarios que habrá cubierto todo el país antes de la entrada en vigor de la directiva el próximo 1 de agosto».

Sede electrónica notarial. Mario Abascal, director general de la Agencia Notarial de Certificación, y José Carmelo Llopis, delegado de nuevas tecnologías del CNUE, integraron el segundo panel de debate: La digitalización de las sociedades en España, constitución de sociedades a través de la sede electrónica notarial. Ambos mostraron cómo se puede solicitar la cita para constituir una sociedad telemáticamente ante un notario español en breves minutos, a falta de la firma definitiva, cuestión pendiente de la consiguiente habilitación normativa derivada de la citada transposición.

Abascal señaló que el procedimiento para la constitución de sociedades se realizará «desde una herramienta sencilla, intuitiva, con usabilidad, con servidores seguros del máximo nivel. La videoconferencia no ‘saldrá’ de la sede electrónica; el notario mantiene el control de la sesión. El ciudadano deberá realizar un registro previo para darse de alta; en el caso de no contar con el certificado CLAVE de la Policía Nacional o con otro reconocido (cualquiera de los 24 españoles existentes o los autorizados por el reglamento EIDAS), habrá de pasar por la notaria para acreditarse.

Llopis mostró a los asistentes cómo en menos de diez minutos se puede solicitar la cita para constituir una sociedad electrónicamente con la tecnología del Notariado español: «Tras iniciar la solicitud, se establecen cinco pasos a seguir: gestiones del ciudadano que puede realizar el notario (solicitud del NIF profesional, elaboración de los estatutos, trámites posteriores como el pago de tributos o la inscripción en el registro mercantil…); denominación social (de responsabilidad limitada..); domicilio y objeto social; tipo de aportaciones (dinerarias o no); número de participaciones y valor nominal; derechos especiales de voto; pactos, sistema de administración (único, solidario, mancomunado…); dirección web corporativa; notario autorizante (con su geolocalización…)».

Sector empresarial. La digitalización del sector empresarial español fue el tema de la mesa redonda moderada por Luis Fernández-Bravo, que contó con la participación de Galo Gutiérrez, director general de Industria y de la Pyme; Antonio Magraner, vicepresidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE); Julio Linares, presidente de la comisión de digitalización de la CEOE y Alberto Martínez Lacambra, director general de RED.es.

«La situación derivada del COVID-19 ha acelerado el proceso de digitalización en España y la necesidad de llevar a cabo la transición digital, garantizando la accesibilidad del conjunto de la sociedad e impulsando la llegada de las TIC a la empresa -especialmente pymes y startups– y a la industria», señaló Gutiérrez.

Martínez Lacambra puso de manifiesto el nivel de digitalización en España: «Tenemos muy buen posicionamiento en los índices comunitarios sobre la materia. Por ejemplo, somos el segundo país con mayor nivel de digitalización en Administración Pública».

Antonio Magraner remarcó que «la industrialización despobló muchas regiones y la digitalización puede recuperar esa España ‘vaciada’ captando ‘nómadas digitales’.

Linares coincidió en señalar cómo la pandemia ha acelerado la digitalización: «en el teletrabajo, la medicina, la educación a distancia… pero también ha habido aspectos negativos como el agravamiento de la brecha digital o el aumento de los ciberataques. Es fundamental que las empresas puedan vender, comprar, autogestionarse y relacionarse con sus empleados y administración de manera digital”.

A continuación tuvo lugar la ponencia del notario Manuel González Meneses, sobre La seguridad jurídica entre la automatización y la agencia humana, quien señaló la importancia de nuestro sistema de seguridad jurídica “en la generación, tratamiento y conservación de la información, que está permitiendo crear y procesar una gigantesca base de datos «.

Inteligencia artificial. El último panel de debate se centró en las Reflexiones sobre el futuro digital de la sociedad. Intervinieron Ramón López de Mántaras, profesor e investigador del CSIC; Juan Pavón, catedrático de Inteligencia Artificial (IA) de la Universidad Complutense; y Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política de la Universidad del País Vasco.

Pavón analizó cómo las tecnologías pueden establecer «nuevas relaciones de confianza entre las personas. La IA comienza a abordar la confianza y otros aspectos como el aprendizaje automático».

Para Innerarity «vamos a un panorama de gobernanza en el que tendremos que echar mano de la IA para configurar nuestras acciones. Pero la tecnología se basa en la repetición de nuestros comportamientos, lo que oscurece las alternativas. Nuestra dignidad se basa en la ruptura, en la toma de decisiones; y la tecnología identifica nuestras experiencias e implementa mecánicamente las decisiones. En momentos de decisión o de ruptura, las máquinas sirven poco».

Para concluir, López de Mántaras se mostró crítico con los abusos de la digitalización: «Las grandes plataformas tecnológicas compiten constantemente entre ellas para captar nuestra atención. Cuanta más atención les prestamos más saben de nosotros: nuestras preferencias, nuestro comportamiento, etc., y así lo pueden monetizar obteniendo grandes beneficios. Debemos movilizarnos para evitar la manipulación de lo que pensamos y hacemos”.

Discapacidad y digitalización. La primera mesa redonda de la última jornada abordó la Discapacidad y la Digitalización. Moderada por el notario y director de la sección jurídica de la Fundación Aequitas Manuel Rueda, contó con la participación de Luis Cayo Pérez, presidente de CERMI y de la Fundación Derecho y Discapacidad; Raquel Correa, secretaria general de las juventudes de Unidad Progresista de la ONCE; y Jesús Hernández Galán, director de accesibilidad e innovación de la Fundación ONCE.

Pérez Bueno incidió en la conexión entre las ‘tres D’, «discapacidad, derechos y digitalización. Las personas con discapacidad somos un grupo social que tiene dificultades objetivas para el ejercicio de sus derechos en todos los órdenes, y la digitalización puede ser una palanca para ejercer efectivamente esos derechos. No nos vale cualquier digitalización, sino que debe estar condicionada a que sea accesible, asequible e inclusiva».

Para Rueda, «la digitalización puede suponer un elemento importante de supresión de barreras que causan la discapacidad. No obstante, para evitar que se puedan crear otras barreras hay que tener en cuenta los criterios de la Convención de la ONU sobre accesibilidad y diseño universal aplicados a los instrumentos y programas de digitalización». En relación con la reciente Ley de reforma de la discapacidad, el representante de la Fundación Aequitas indicó que «desde las notarías hemos impulsado la adaptación de nuestros medios informáticos para el apoyo de las personas con discapacidad».

«La sensibilización de la sociedad y de profesiones como el Notariado es fundamental para lograr la plena accesibilidad. Los notarios pueden asesorar y ayudar mucho a las personas con discapacidad», destacó el director de accesibilidad de la Fundación ONCE.

Correa realizó un repaso por la relación de los jóvenes con discapacidad en relación con la tecnología: «Existen problemas de accesibilidad en las herramientas virtuales que nos sirven para conectarnos en el ámbito de la educación: hay desconocimiento de la enseñanza virtual para la discapacidad -visual, auditiva…-, contenidos no adaptados, manejo poco usable que tienen como consecuencia la pérdida de información relevante. Para alcanzar un trabajo de calidad, la inclusión social y económica; el acceso igualitario y el empleo pleno se deben superar estas barreras».

A continuación, Raimundo Fortuñy, vicepresidente del CGN, pronunció la conferencia La digitalización del Notariado español, en la que recordó cómo «en 2001 se aprobó en el Parlamento una ley que revolucionó el Notariado, donde se regularon la firma electrónica avanzada para todos los notarios, un mismo sistema de comunicación entre todas las notarías, y la creación de una dirección única corporativa. Todo ello configuró el embrión de la primera sede electrónica notarial. Desde entonces se cuentan por millones las presentaciones telemáticas de copias de escrituras públicas realizadas por los notarios españoles; el Índice Único Informatizado Notarial se ha convertido en una base de datos con 130 millones de documentos notariales -grabados, no escaneados- referidos a 42 millones de personas físicas y 3,5 millones de personas jurídicas. Durante la pandemia, los notarios cursamos 30 millones de comunicaciones electrónicas», recapituló.

Ley de Eficiencia Digital. Junto a Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la clausura corrió a cargo de Beatriz Artolazábal, consejera de Justicia, Igualdad y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y José Ángel Martínez Sanchiz.

«En septiembre esperamos que se presente la Ley de Eficiencia Digital que contemplará la transposición de la directiva comunitaria de constitución telemática de empresas ante notario; el protocolo notarial electrónico y la videoconferencia ante notario. El Notariado está preparado para asumir el reto de la transposición de dicha directiva», manifestó Puente.

La representante de Justicia añadió que «el compromiso del Ministerio es respetar el mecanismo de seguridad jurídica preventiva notarial. Este sistema anticipa los controles y es un modelo tremendamente eficaz al evitar los litigios. La tecnología es el instrumento último para realizar una función de importancia capital, que incluye el juicio de capacidad, la identificación, el asesoramiento…».

Beatriz Artolazábal aseguró que ‘la seguridad jurídica que aportan los notarios es esencial en el crecimiento económico y necesita de nuevos servicios digitales para adaptarse con eficiencia a los nuevos retos. La fe pública notarial ha experimentado un cambio de paradigma por la digitalización; nada puede suplir lo que aporta el Notariado en ámbitos como el control de legalidad, el consentimiento informado o la mediación».

José Ángel Martínez Sanchiz señaló que “en la adaptación a la vida digital, los notarios tenemos los deberes hechos, gracias en gran medida a nuestro centro tecnológico. Ya podemos mostrar cómo constituir una sociedad limitada por videoconferencia en la sede electrónica notarial con todas las garantías y en un brevísimo espacio de tiempo, como la posibilidad, además, de que los particulares puedan disponer de la copia autorizada electrónica de su escritura en el móvil. Este es, por otra parte, el camino que se está siguiendo de cara a la trasposición de la Directiva de herramientas digitales en países como Alemania, Italia, Hungría, Bélgica o Chequia, que cuentan ya con proyectos legislativos en esa misma dirección».

«Pero también -señaló Martínez Sanchiz- hemos venido a escuchar y aprender. En este sentido, ha sido muy interesante la mesa relativa a las empresas y la digitalización, inmersas en un proceso de adaptación que les permita, sobre todo a las pymes, obtener mayor fortaleza, a la espera de los fondos europeos, de los que una partida muy importante está previsto que se destine a estos proyectos y aplicaciones digitales».

«En estas sesiones, la necesidad de conciliar la digitalización con el principio de humanidad dio entrada al planteamiento ético: por un lado, su incidencia en la propia idea de democracia, y, por otro, la digitalización y la discapacidad, en una mesa que fue verdaderamente emocionante y que abre una puerta a la esperanza, porque la digitalización puede ser un apoyo para las personas con discapacidad. Una invitación al optimismo. Escribió Leibniz que ‘en tanto Dios piensa y cuenta, crea el mundo’. Los hombres no somos dioses; las máquinas tampoco son hombres, pero los hombres pensamos y contamos, y, gracias a ello, podemos crear un mundo mejor; más humano», concluyó.

Lanzamiento de IBER@

Enrique Gil Botero, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), adelantó que en los próximos meses entraría en funcionamiento la plataforma IBER@ -una iniciativa puesta en marcha desde COMJIB e IberRed, la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional-: «Esta herramienta permitirá perfeccionar la asistencia legal mutua en tiempo real de manera digital entre más de cien instituciones jurídicas de los 22 Estados que integran la comunidad iberoamericana. IBER@ se ha desarrollado con la tecnología de la Agencia Notarial de Certificación española (ANCERT)».

Diversos países -como Alemania, Italia, Bélgica, Austria o Chequia- ya han iniciado la transposición de la directiva comunitaria sobre creación de empresas online

Hitos tecnológicos del Notariado español

Luis Fernández-Bravo, delegado de nuevas tecnologías del Notariado, citó algunos hitos alcanzados por las aplicaciones tecnológicas de los notarios en los últimos años: «La Base de Datos de Titularidad Real notarial ha salvado vidas al evitar atentados terroristas. Esta herramienta se basa en el Índice Único Informatizado Notarial que facilita todos los datos que la Administración necesita, pero salvaguardando el contenido del contrato. Nuestra empresa de tecnologías, ANCERT, acaba de obtener el certificado de AENOR para los servicios de confianza reconocidos por el reglamento europeo, lo que tienen pocas entidades y que se suma al certificado del Centro Criptológico Nacional. En otro orden de cosas, la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario ha permitido la circulación de 400.000 documentos con una garantía total de protección desde la sede electrónica notarial. Por último, hemos contribuido a la puesta en marcha del proyecto EUDOC con el Notariado alemán para crear una red segura de intercambio de documentación. En una primera fase se han conectado los notarios españoles y alemanes, aunque con vocación de apertura al resto de Notariados europeos».

A falta de la habilitación jurídica, el Notariado español está preparado para constituir una sociedad online, mediante videoconferencia y firma electrónica

Compromiso con la discapacidad

Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, manifestó «la sensibilidad del Notariado con la discapacidad. Los notarios realizan una gran labor de asesoramiento con los ciudadanos; la Ley de discapacidad, que entra en vigor el 3 de septiembre, supondrá un reto en este sentido».

La Ley de Eficiencia Digital incorporará nuevos servicios notariales como el protocolo electrónico, la constitución online de empresas o la vídeo conferencia

Discriminación tecnológica

Jesús Hernández, director de accesibilidad e innovación de la Fundación ONCE, alertó sobre cómo «la tecnología puede ser un elemento de discriminación, por falta de accesibilidad, tecnologías disruptivas o algoritmos con sesgos. Debemos conseguir que pueda potenciar capacidades, con la robótica asistencial, la inteligencia artificial, el reconocimiento de imagen o la realidad virtual asistida».

Durante la pandemia, los notarios cursaron 30 millones de comunicaciones electrónicas

Modelo de cooperación

«Un buen ejemplo de cooperación digital entre instituciones es el convenio suscrito por el Gobierno Vasco y el Notariado para el intercambio de información por medios electrónicos”, aseguró Javier Bikandi, director de Atención a la Ciudadanía y Servicios Digitales del Gobierno Vasco. «Esta iniciativa permitió implantar la conexión de datos entre la plataforma de tramitación online notarial y la sede electrónica autonómica para la transmisión de copias de las escrituras públicas tanto a los registros como a fundaciones y cooperativas».

Galería multimedia

"Seguridad jurídica y digitalización"

De izquierda a derecha: Jens Bormann, Javier Bikandi, Diego María Granados, Luis Fernández-Bravo, Álvaro Lucini, Valentina Rubertelli, Carmelo Llopis, Enrique Gil Botero, Mario Abascal, Ádám Tóth y Raimundo Fortuñy.

Inauguración

De izquierda a derecha: José Ángel Martínez Sanchiz (en pantalla), Raimundo Fortuñy y Enrique Gil Botero.

La digitalización en la agenda de España para el siglo XXI

De izquierda a derecha: Luis Fernández-Bravo y Javier Bikandi.

La incorporación por los Estados miembros de la directiva de digitalización de sociedades

De izquierda a derecha: Valentina Rubertelli, Jens Bormann, Ádám Tóth y Álvaro Lucini.

La digitalización de las sociedades en España

De izquierda a derecha: José Carmelo Llopis y Mario Abascal

La digitalización del sector empresarial español

De izquierda a derecha: Alberto Martínez Lacambra, Antonio Magraner, Galo Gutiérrez y Luis Fernández-Bravo

La digitalización del Notariado español

De izquierda a derecha: Manuel Rueda y Raimundo Fortuñy

Digitalización y discapacidad

De izquierda a derecha: Manuel Rueda, Luis Cayo Pérez Bueno y Jesús Hernández Galán.

La seguridad jurídica entre la automatización y la agencia humana

De izquierda a derecha: Daniel Innerarity, Juan Pavón, Ramón López de Mántaras y Manuel González Meneses

Clausura

De izquierda a derecha: José Ángel Martínez Sanchiz (pantalla), Sofia Puente, Beatriz Artolazábal y Segismundo Álvarez Royo-Villanova

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Retos del notariado europeo ante la digitalización

EN EL ESCAPARATE

Retos del notariado europeo ante la digitalización

Challenges for european notaries in face to digitalisation

La Directiva 2019/1151 sobre la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de Sociedades fue adoptada en junio de 2019 por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Esta norma fijaba en agosto de 2021 la fecha para su transposición a los ordenamientos jurídicos nacionales. Sin embargo, se ha previsto la posibilidad de una prórroga de otros doce meses para esta importante modificación, aunque algunos países como Alemania, la República Checa, Bélgica o Italia han iniciado ya el proceso legislativo.

JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA

[email protected]

JMCarrascosa

in English

Directive 2019/1151 on the use of digital tools and processes in company law was adopted by the European Parliament and Council in June 2019. The directive set the date for transposition into national law at August 2021. Although a further twelve-month extension was envisaged for this important change, some countries, such as Germany, the Czech Republic, Belgium and Italy, have already started the legislative process.

El objetivo de esta directiva es simplificar, en términos de coste y tiempo, el establecimiento de una sociedad o la apertura de una sucursal en otro Estado miembro, con el fin de fomentar la competitividad de las empresas, fundamentalmente pymes, y favorecer el funcionamiento y modernización del mercado interior en un entorno de globalización y digitalización. La directiva menciona explícitamente a los notarios como parte del sistema de constitución de sociedades en línea.

La nueva normativa persigue que los emprendedores de toda la UE puedan crear sus empresas de forma sencilla y segura desde su propio ordenador, sin que ello implique renunciar al control de legalidad y al asesoramiento de los notarios. La participación de los notarios garantizará que todos los estándares de seguridad alcanzados en el mundo analógico se mantendrán en el digital.

El principio de neutralidad jurídica establecido por la directiva abre la posibilidad, ya desarrollada técnicamente por el Consejo General del Notariado, de constituir online sociedades limitadas en la sede electrónica notarial y mediante videoconferencia, con las mismas garantías y seguridad que en presencia física del notario.

El modelo alemán. Peter Stelmaszczyk, de la Cámara Federal de Notarios alemana, explica en detalle el proceso de transposición de la directiva a su Derecho nacional: «El proyecto del Ministerio de Justicia y Protección del Consumidor fue aprobado el 10 de febrero de 2021 por el Gabinete Federal y el 10 de junio de 2021 por el Parlamento Federal (Bundestag). Por primera vez, la constitución de una sociedad privada de responsabilidad limitada («GmbH») o de una sociedad empresarial con responsabilidad limitada («UG haftungsbeschränkt») se podrá realizar online. La introducción definitiva del procedimiento notarial de constitución de sociedades en línea está prevista para el 1 de agosto de 2022″.

La línea esencial de la futura Ley de transposición de la Directiva sobre Herramientas Digitales se basa en que la autenticación notarial se pueda realizar mediante videoconferencia. Este proceso sólo podrá realizarse por el sistema operado por la Cámara Federal de Notarios, lo que garantiza los más altos estándares de fiabilidad. Además, por razones de seguridad, debe evitarse que este proceso se realice en servidores extranjeros. El sistema está diseñado de tal manera que el usuario sólo necesitará un ordenador de sobremesa (o portátil, o tableta) con cámara, micrófono y conexión a internet, así como un smartphone compatible.

Otro elemento clave es la identificación segura de todos los participantes. Según el proyecto de ley, este requerimiento se realizará en dos etapas. El primer paso consiste en la identificación electrónica por medio de un dispositivo definido en el Reglamento comunitario eIDAS. Como segundo paso, el notario comparará la apariencia de todos los participantes con una fotografía que pueda leer desde el chip del pasaporte o tarjeta de identidad (desde el teléfono ‘inteligente’ del empresario y una aplicación gratuita de la Cámara notarial).

Según el proyecto de ley, el notario debe rechazar la autenticación en línea si no puede garantizar la legalidad del acto, en cumplimiento de sus funciones como titular de un cargo público. Al final, los emprendedores obtendrán una escritura pública firmada telemáticamente con el certificado electrónico de la Cámara Federal de Notarios.

El caso de España. Para Mónica Fuentes, profesora titular de Derecho Mercantil de la Complutense y miembro del Informal Company Law Expert Group de la Comisión Europea, la transposición en España «no debería ser excesivamente compleja, y el ejemplo alemán lo pone de manifiesto. Sin obviar las necesarias matizaciones que las diferencias entre el ordenamiento alemán y español exige observar, a priori, las líneas generales de la reforma alemana me parecen una buena referencia a tener en cuenta en términos de política legislativa, máxime cuando el modelo alemán de control de legalidad ex ante, como se sabe, es bastante similar al español».

«Desafortunadamente -apunta la mercantilista-, salvo error, tengo entendido que los trabajos de la Comisión General de Codificación en relación con la implementación de esta directiva están suspendidos. Asumo que se habrá solicitado la oportuna prórroga para la implementación (ya que en principio debía estar lista este próximo mes de agosto) y espero que esta situación se reconduzca para que todos podamos contar con un proyecto legislativo en los próximos meses».

Sobre el papel del notario en este nuevo reto digital, la profesora de la Complutense, sostiene que «a la hora de determinar el medio más adecuado de interacción con los otorgantes de la escritura parece que debiera tener también cierto peso el criterio del propio notario, en consonancia con la responsabilidad que éste asume por los juicios que emite acerca de la identidad, capacidad y legitimación de los otorgantes, de la legalidad del negocio jurídico y de la prestación de un consentimiento libre e informado».

Por su parte, Álvaro Lucini, delegado del CGN en el CNUE coincide en indicar que «la directiva digital pone a los países como España ante la necesidad y la oportunidad de compatibilizar las ventajas del procedimiento en línea (innecesaridad de desplazamiento físico) con las de la escritura pública (seguridad jurídica, prevención del fraude y el blanqueo de capitales). El proyecto del Gobierno alemán constituye una buena referencia como ejemplo de transposición puntual, práctica y coherente con el ordenamiento jurídico nacional».

Para el notario, su transposición no hace necesario «cambiar nuestro modelo de seguridad jurídica preventiva, que es compatible con la directiva digital. Bastaría fundamentalmente con incluir en la Ley de Sociedades de Capital una declaración acerca de la posibilidad del cumplimiento de los requisitos legales de escritura pública e inscripción mediante procedimientos íntegramente digitales y remitir su regulación a las normas de la legislación notarial y del Registro Mercantil, tal como va a hacerse en Alemania».

A la hora de transponer esta directiva, hay que tener en cuenta que no todos los países de la UE cuentan con sistema notarial (Irlanda o países escandinavos). Mónica Fuentes señala que «la directiva respeta las tradiciones legislativas de los Estados miembros. Por lo tanto, los derechos nacionales que “no conocen” el sistema notarial latino o romano-germánico (como el nuestro), no tienen la obligación de incorporar el control notarial. No obstante, el legislador europeo exige a los Estados miembros que incluyan en sus derechos nacionales normas que deberán garantizar el control. Ello puede traducirse en que algunos Estados miembros demasiado “laxos” tengan que elevar sus actuales estándares de exigencia en el control sobre el proceso constitutivo, lo que debe valorarse positivamente».

«El sistema anglosajón es difícilmente comparable con los sistemas de derecho continental -concluye la profesora-. Entre otras muchas diferencias, hay que tener en cuenta que, ciertamente, son mucho más laxos, pero cuentan con un control ex post del fraude bastante contundente. Dicho esto, en mi opinión, es preferible un sistema de control de legalidad ex ante como el que tenemos en España y otros países de la Europa continental (Alemania, Austria, Italia, Bélgica, etc.). Aporta mucha seguridad jurídica y evita los costes de litigación exorbitantes que vienen asociados, lógicamente, al control ex post del fraude».

Peter Stelmaszczyk, de la Cámara Federal de Notarios alemana:

“La autenticación notarial se podrá realizar mediante videoconferencia. Este proceso sólo podrá realizarse por el sistema operado por la Cámara Federal de Notarios, lo que garantiza los más altos estándares de fiabilidad”

Peter Stelmaszczyk, of the Bundesnotarkammer:

“Notarial authentication can be performed by videoconference, only on the system operated by the Bundesnotarkammer to ensure the highest reliability standards”.

Mónica Fuentes, profesora titular de Derecho Mercantil y miembro del Informal Company Law Expert Group de la CE:

“La transposición en España no debería ser excesivamente compleja, y el ejemplo alemán lo pone de manifiesto; máxime cuando el modelo alemán de control de legalidad ex ante es bastante similar al español».

Mónica Fuentes, commercial law professor and member of the EC’s Informal Company Law Expert Group:

“Transposition in Spain should not be overly complex, and the German example shows this; especially since the German model of ex-ante legal oversight is, as we know, fairly similar to Spain’s”.

Álvaro Lucini, delegado del Notariado español en el Consejo de Notariados de la Unión Europea:

«La directiva digital pone a países como España ante la oportunidad de compatibilizar las ventajas del procedimiento en línea (innecesaridad de desplazamiento físico) con las de la escritura pública (seguridad jurídica, prevención del fraude y el blanqueo de capitales).

Álvaro Lucini, General Council of Spanish Notaries delegate at the CNUE:

“The digital directive brings countries like Spain face to face with the need and opportunity to combine the advantages of the online procedure (no need for physical displacement) with those of the public deed (legal certainty, prevention of fraud and money laundering)”.

in English

The directive aims to make it easier cost and time-wise to establish a company or open a branch in another Member State in order to promote corporate competitiveness, mainly for SMEs, and step up the functioning and modernisation of the internal market in a climate of globalisation and digitalisation. The directive explicitly mentions notaries as part of the online company incorporation system.

The new regulations allow entrepreneurs across the EU to set up businesses simply and securely from their own computer, without it entailing a waiver of legal oversight or advice from notaries. Engaging notaries in the changes will guarantee that all the security standards reached in the analogue world can be upheld in the digital one.

The principle of legal neutrality established by the directive opens up the possibility, already technically developed by the General Council of Spanish Notaries, of leveraging videoconferencing to set up limited liability companies online at the notarial e-office with the same guarantees and security as in the physical presence of the notary.

The German Model. Peter Stelmaszczyk of the Bundesnotarkammer, the German federal chamber of notaries, explains the process of transposing the directive into national law. “The bill from the Ministry of Justice and Consumer Protection was approved by the federal cabinet on 10 February 2021 and by the Bundestag on 10 June 2021. It will enable the online incorporation of a private limited liability company (“GmbH”) or entrepreneurial company with limited liability (“UG”) for the first time. The definitive introduction of the notarial procedure for online incorporation is scheduled for 1 August 2022”.

The essential thrust of the future law is that notarial authentication can be performed by videoconference, only on the system operated by the Bundesnotarkammer to ensure the highest reliability standards. The process should not be done on foreign servers for security reasons. The system is designed so that users only need a desktop computer (or laptop/tablet) with a camera, microphone and internet connection, as well as a compatible smartphone.

Another key feature is the secure identification of all participants. According to the bill, this requirement will involve two stages. The first is electronic identification using a device defined under the EU’s eIDAS Regulation. As a second step, the notary will compare the appearance of all parties with a photograph that can be read from their passport or identity card chip (from the entrepreneur’s smartphone or a free app from the notarial chamber).

The bill states that notaries must deny online authentication if the legality of the act cannot be guaranteed, in compliance with their functions as holders of a public office. At the end, the entrepreneurs will get an electronically signed public deed with the digital certificate from the Bundesnotarkammer.

The Case of Spain. For Mónica Fuentes, commercial law professor at the Complutense University of Madrid and member of the EC’s Informal Company Law Expert Group, transposition in Spain “should not be overly complex, and the German example shows this. While stressing the necessary nuances that the differences between the German and Spanish legal systems make necessary to observe, the general idea of the German reform strikes me as a good benchmark to consider in terms of legislative policy, especially since the German model of ex-ante legal oversight is, as we know, fairly similar to Spain’s.

“Unfortunately, if I am not mistaken I gather that the Law Commission’s work around implementing the directive has been suspended. I assume that the appropriate extension will have been requested (since it was originally due to be ready this coming August) and I hope the situation can be rechannelled so we can all have a legislative project in the coming months”.

Regarding the role of the notary in this new digital challenge, she says “When determining the best way to interact with the grantors of a deed, the notary’s judgement should carry some weight, in line with the responsibility notaries assume for the judgments they issue around the identity, capacity and legal standing of grantors, the lawfulness of the legal business and the provision of free and informed consent”.

Álvaro Lucini, General Council of Spanish Notaries delegate at the CNUE agrees that “the digital directive brings countries like Spain face to face with the need and opportunity to combine the advantages of the online procedure (no need for physical displacement) with those of the public deed (legal certainty, prevention of fraud and money laundering). The German bill is a good example of a timely, practical and meaningful transposition into national law.”

Lucini says we do not have to change our model of preventive legal certainty since it is compatible with the digital directive. “Essentially all we would have to do is include a statement in the Capital Companies Act on the possibility of fulfilling the legal requirements of a public deed and registration by entirely digital procedures and refer its regulation to the rules of notarial law and the Companies Register as the Germans are doing.”

In transposing the directive, we should remember that not all EU countries have a notarial system (Ireland and the Scandinavian countries, for example). “The directive respects the Member States’ legislative traditions,” says Monica Fuentes. “National legal systems that are not across the Latin or Roman/Germanic notarial one (such as ours) have no obligation to incorporate notarial control. However, the European legislator requires Member States to include rules to ensure control in their national laws. This may mean that some Member States that are too ‘lax’ will have to raise their current standards for controlling the establishment process, and this should be welcomed.

“It is hard to compare the common law system with continental ones. Among many other differences, we should remember that while they are much looser, they have fairly robust ex-post fraud control. That said, in my opinion, an ex-ante system is preferable, like the one we have in Spain and other countries across continental Europe (Germany, Austria, Italy, Belgium, etc.) because it provides considerable legal certainty and prevents the steep litigation costs associated with ex-post control”.

Bélgica

Robyn Frissyn, senior counsel del Conseil International du Notariat de Bélgica indica que la transposición de la Directiva en su país «se ajusta a los plazos previstos. El notariado belga está trabajando arduamente y en estrecha cooperación con los servicios gubernamentales para cumplir el plazo establecido del 1 de agosto de 2021 y permitir a los ciudadanos nacionales y comunitarios crear su empresa en un entorno «totalmente en línea». Pronto se presentará al Parlamento un anteproyecto, después de que el Consejo de Estado haya dado ya un dictamen positivo sobre el texto. La intervención del notario en el proceso de constitución permanece inalterada. El notario realizará las mismas tareas relacionadas, entre otras, con la identificación y capacidad de los ciudadanos que hace hoy, aunque de manera telemática».

Belgium

Robyn Frissyn, senior counsel at the Conseil International du Notariat, says the transposition of the directive in Belgium “is set to be concluded on time. Belgian notaries are working hard and in close cooperation with government services to meet the 1 August 2021 deadline and allow national and EU citizens to set up their businesses in a fully online environment. A preliminary draft will soon be submitted to Parliament after the Council of State gave a positive verdict on the text. The involvement of notaries in the incorporation process remains unchanged. Notaries will perform the same tasks regarding citizen identification and capacity as they do now, just online”.

República Checa

Desde la Cámara Notarial de la República Checa, su asesor jurídico Petr Klika confirma que «la Cámara Baja del Parlamento ha presentado y aprobado un proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Notarios y sus Actividades, en la que se aplican los requisitos de la directiva. Entrará en vigor en septiembre».

«El proyecto de ley -indica Klika- permite a los notarios elaborar una escritura pública electrónica basada en una videoconferencia entre el fundador de la empresa y el notario. La Cámara ha desarrollado una plataforma que garantiza la identificación digital. La sociedad establecida puede inscribirse en el Registro de Empresas inmediatamente, ya que los notarios tienen acceso a realizar inscripciones directas en dicha institución».

Czech Republic

The Czech Republic Chamber of Notaries’ legal advisor Petr Klika says, “The lower house of parliament has presented and approved a bill amending the Notaries and Related Activities Act to implement the directive’s requirements. It will enter into force in September.

“The bill lets notaries draw up an electronic public deed based on a video conference between the company founder and the notary. The Chamber has developed a platform guaranteeing digital identification. The established company can be entered on the Companies Register immediately, since notaries have access to register companies directly”.

Italia

Massimiliano Levi, director de comunicación del Consiglio Nazionale del Notariato comparte con Escritura Pública el estado en que se encuentra la transposición de la directiva en Italia. «El martes 20 de abril, el Senado aprobó definitivamente la directiva, que entrará en vigor el 1 de agosto. El artículo 29 de la nueva ley aprobada establece que la constitución de sociedades se llevará a cabo, aunque se elija un modelo estatutario estándar, mediante una escritura pública autorizada en una plataforma que permite la videoconferencia y la firma a través de una firma electrónica reconocida. Todavía estamos a la espera de que se apliquen decretos que hagan operativa la ley».

«Esta aprobación -prosigue Levi- significa que el Notariado italiano, y cada notario individual, tendrá un papel fundamental en la transición hacia la digitalización de la constitución online de empresas, sin reducir los niveles de seguridad que siempre garantiza la intervención notarial».

Italy

Massimiliano Levi, director de comunicación del Consiglio Nazionale del Notariato comparte con Escritura Pública el estado en que se encuentra la transposición de la directiva en Italia. “The senate finally approved the directive on Tuesday, 20 April and it will take effect on 1 August,” said Massimiliano Levi, communications director at the Consiglio Nazionale del Notariato in Italy. “Article 29 of the newly approved law establishes that companies will be incorporated, even where a standard statutory model is chosen, by means of an authorised public deed on a platform that permits videoconferencing and signing using a recognised electronic signature. We are still waiting for the decrees that will make the law operational.

“This approval will see the Italian Notariat and each individual notary play a key role in the transition to the digitisation of online company incorporation, with no reduction in the levels of security that notarial intervention guarantees,” he said.

Austria

Por su parte, Cindy Foekehrer, de la austríaca Österreichische Notariatskammer, expone que «por el momento, la directiva aún no se ha incorporado a nuestra legislación. Sin embargo, en nuestro país el 80 o 90% del total de trámites para constituir una empresa telemáticamente ante notario se pueden ya realizar hoy en día; por lo que se puede decir que la aplicación de la directiva es una realidad».

«El uso de medios electrónicos está regulado por el artículo 90 de la Ley Notarial de Austria; norma que se complementa con un Reglamento del Ministerio de Justicia. Las actividades oficiales del notario ya pueden llevarse a cabo «en línea» a petición de las partes con ciertas excepciones, por ejemplo, con respecto a las disposiciones testamentarias», señala Foekehrer.

Austria

“The directive has not yet been incorporated into our legislation,” said Cindy Foekehrer of Austria’s Österreichische Notariatskammer. “However, 80-90% of the total procedures for setting up a company before a notary using remote electronic means can already be done today, so it could be argued that the implementation of the directive is already upon us.

“The use of electronic means is governed by Article 90 of the Austrian Notarial Act, a regulation supplemented by the Ministry of Justice. Official notarial activities can already be performed online at the request of the parties, although there are certain exceptions, such as around testamentary provisions,” she said.

Alemania

La Cámara Federal de Notarios alemana ha desarrollado un sitio web monográfico sobre el procedimiento notarial de constitución telemática de sociedades de responsabilidad limitada y la solicitud online de inscripción en el registro. La página contiene vídeos en alemán e inglés que explican de manera sencilla e intuitiva el proceso.

Germany

The Bundesnotarkammer has opened a dedicated website on the notarial procedure for the remote electronic incorporation of limited liability companies and an online registration application. The site contains videos in German and English with simple, intuitive explanations.

Holanda

Los Países Bajos han solicitado un período adicional de un año. El Notariado holandés manifiesta que existe controversia y debate sobre la comprobación de la inhabilitación de uno de los administradores en otro país.

Netherlands

The Netherlands has requested an additional one-year period. The Dutch Notariat reports contention and debate around confirming the disqualification of a director in another country.

«La digitalización respecto de la seguridad jurídica», por José Ángel Martínez Sanchiz

EL ESCAPARATE

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ

Presidente del Consejo General del Notariado
President of the Spanish General Council of the Notariat

[email protected]

@Notarios_ES

notarios_es

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Digitalisation with regard to legal certainty

In this issue we address the challenges posed for Europe’s notaries by digitalisation. The question could also, though, be considered the other way round: the challenges for digitalisation with regard to legal certainty. And the answer lies in both cases in the need to adapt the role of notaries in response to a process of digital transformation at breakneck pace.

Betti taught us that signing a contract is perilous. Free will has its risks, since it imposes a series of burdens on the signatories: the identification, capacity or discernment and legitimate standing of the other party; the legal and physical definition of the object of the contract, including verification of the means of payment; the granting of duly informed consent, and provision for any posible guarantees or safeguards to ensure the intended effects; and in particular, the lawfulness of the business at the moment of its conclusion. To the extent that it eliminates such risks, or reduces them to a minimum, legal certainty fulfils the important function of underpinning the contractual process, which in those countries belonging to our tradition is achieved by means of the notary taking on these burdens of prudence and lawfulness, through the notarisation of a public instrument.

The notary accepts these responsibilities, which once they have been set out in documented form become authentic, in other words, the official truth; complete proof on which, among other aspects, the reliability of public registers depends.

All these responsibilities are accepted on the basis of the face-to-face meeting between the notary and those executing the public instrument. This is what notarial practice refers to as a single act, which requires that those acting be present at a shared location. However, this shared location may also be virtual, if the instrument is executed by means of videoconference via the notarial portal, which in truth functions as a public notarial office, but on the virtual plane. This is fully compatible with the concept of the single act, or what is known as the principle of immediacy, which allows for presence to be remote and digital, as well as face-to-face.

The principle of immediacy is in no way undermined by an electronic procedure, which can and must be accepted in all those cases in which the nature of the business would so allow. For example, in the witnessing of commercial deeds and corporate acts, nonetheless setting aside those of a civil nature involving real estate or reciprocal obligations entailing the material handover of items and belongings.

It would be of great benefit to allow this option to be legally applied to such circumstances. The legislative reform would not be particularly complex and could easily be put into practice, since the technology centre of the Notariat set up more than twenty years ago already has the required remote digital application in operation on its online portal, furnished with the utmost security, as one would expect. It could therefore be implemented immediately upon completion of the required legislative process to open up the online a notarial portal not only, as thus far, to court authorities, registers and public agencies, but specifically to those who should be its main beneficiaries, the general public, providing them with remote, digital recourse to a notary in order to incorporate companies or sign deeds, along with access to an electronic copy on their mobile.

It is not a question of this requirement being imposed on us by Europe, although it is, but instead the inherent reality of the circumstances. In this regard, the urgency comes from the transposition of the Directive on digital tools and processes, which obliges Member States to bring in a system for remote incorporation of limited liability companies.

The Directive requires provision to be made for an alternative procedure for the remote digital incorporation of companies, but with the explicit proviso that this must not disrupt legal certainty nor alter the traditional regime adopted by each Member State, in particular where based on notarisation. It would therefore be no exaggeration to state that it recommends a public instrument (Article 10), which in itself fulfils the checks that the very Directive sets out in Article 13h regarding lawfulness, capacity and discernment, informed consent, and the avoidance of fraud and money laundering.

In this same magazine Jens Bormann, president of the Federal Council of the German Notariat (Bundesnotarkammer), and Massimiliano Levi, communications director of the Consiglio Nazionale del Notariato, explain the German and Italian projects, both based on videoconference via the corresponding notarial portal. In the case of Spain, transposition of the directive would be facilitated by the fact that the technological application in question has already been developed.

We must, in short, acknowledge that digital transformation is the issue of the day, a complex phenomenon which goes beyond technological tools, since when innovation affects information, it in some way transcends this sphere, and enters the realm of artificial intelligence. There then comes the troubling question of whether machines are destined to replace our judgment. The future is not written, but the unquestionable usefulness of logarithms is subject to an ethical judgment as to whether humanity should ultimately be a countable factor, perhaps in parody of Leibniz: ‘when God thinks, he counts’. Machines, though, are fortunately neither gods nor humans, but resources at the service of our wishes.

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