«La suma positiva y la suma cero», por Gonzalo Gómez Bengoechea

ALDEA GLOBAL

GONZALO GÓMEZ BENGOECHEA,

director del Departamento de Economía de Comillas (ICADE)

Los desglobalizadores consideran el mundo como un juego de suma cero: «Si tú ganas más, yo pierdo»

La suma positiva y la suma cero

La desglobalización es un fenómeno caracterizado por Estados nación poderosos, soluciones locales y controles fronterizos en lugar de instituciones globales, tratados y libre intercambio de personas, mercancías o capitales. Es un movimiento hacia un mundo menos conectado.

La economía global está en alerta por este creciente y aparentemente novedoso fenómeno. Partidos políticos a derecha e izquierda, grupos de presión y agentes diversos (desde agricultores a líderes políticos) alertan sobre el riesgo de seguir dependiendo del resto del mundo para proveernos de bienes básicos o sobre la competencia desleal de nuestros socios comerciales.

Eventos recientes como el brexit, el trumpismo, la guerra en Ucrania, la ralentización del comercio internacional, la inestabilidad en el Mar Rojo, o la crisis energética global, acrecientan la sensación de que hemos entrado en un período de cierta desglobalización económica.

Desde el punto de vista académico, es más preciso abordar esta cuestión como un equilibrio entre fuerzas globalizadoras y desglobalizadoras. Los globalizadores observan el mundo desde una perspectiva de suma positiva: dos países que comercian mejoran su posición previa, aunque uno se beneficie más que el otro con el intercambio. Los desglobalizadores consideran el mundo como un juego de suma cero: “Si tú ganas más que yo, entonces yo pierdo”.

Esta tensión es recurrente en la historia reciente. El capitalismo en los siglos XIX, XX y XXI evoluciona a partir de momentos críticos en los que se produce una alteración en los equilibrios entre aislacionistas e internacionalistas. El empuje integrador, como si del bastón de mando de la competitividad global se tratara, ha pasado del Reino Unido a Estados Unidos, y de Estados Unidos a China.

Así, a finales del siglo XIX, Reino Unido era la gran potencia globalizadora, con unos Estados Unidos temerosos y proteccionistas. El objetivo de la nación americana era construir una industria doméstica poderosa. El riesgo de verse inundados por productos británicos, más baratos y avanzados, los llevó a defenderse mediante tarifas y barreras arancelarias de todo tipo.

No fue hasta después de la Primera Guerra Mundial cuando el dominio tecnológico, empresarial e institucional americano les permitió comenzar a liderar una nueva oleada globalizadora. Europa, aun digiriendo la descomposición de sus tradicionales imperios y las consecuencias económicas de la Gran Guerra, adoptó el nacionalismo económico como estrategia económica dominante.

La época de la Pax Americana se inició tras la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, líder indiscutido de la nueva globalización, propició política, económica y militarmente el período más próspero de la modernidad en las economías avanzadas. En Europa, el compromiso keynesiano basado en Estados intervencionistas apostó igualmente por la integración.

Las crisis petrolíferas de los años 70 frenaron el proceso de integración global como parte de una estrategia de reducción de dependencia de las economías productoras de petróleo. Este tropezón fue seguido de una nueva oleada liberalizadora de la mano de Reagan, Thatcher, los neoconservadores americanos y el llamado Consenso de Washington.

En el siglo XXI las consecuencias económicas y sociales de dos eventos alteraron el consenso globalizador: los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y la Gran Recesión del período 2008-2013. Las fuerzas antiglobalizadoras occidentales se agruparon detrás de aquellos más afectados por estos cambios: trabajadores vinculados a sectores de bajo valor añadido superados por la competencia exterior, así como ciudadanos temerosos de perder sus identidades nacionales e instituciones locales irrelevantes en un entorno cada vez más integrado. China y las economías asiáticas, mientras tanto, aceleraron su incorporación a los mercados internacionales de bienes con precios bajos y crecientes capacidades tecnológicas.

A partir de 2016, con la victoria de Donald Trump en las elecciones americanas, la salida de Reino Unido de la Unión Europea y el resurgimiento de los populismos en Europa, la agenda desglobalizadora ganó tracción espoleada por un volátil contexto geopolítico. Desde entonces, el “combo liberal” formado por democracia y capitalismo global se ve amenazado por nuevos actores que abogan por diferentes formas de autocracias de mercado. Por un lado, China apuesta por la integración económica global con un régimen doméstico que restringe libertades y derechos. Por otro, diferentes formas de trumpismo mantienen recelos hacia la globalización e incorporan matices autoritarios a sus democracias. Los defensores de este enfoque abogan por diferentes formas de fortalecimiento de lo nacional en base a una mezcla de proteccionismo, subsidios y política industrial. Joe Biden también apoya esta estrategia para competir con China y las economías asiáticas. No es solo “cosa de Trump”. Estados Unidos es ahora un país más proteccionista e intervencionista.

La tentación para los perdedores de la globalización en las economías avanzadas es grande: renunciar a un sistema éticamente superior, pero que no está cumpliendo con lo que de él se espera, o abrazar políticas económicas estatalistas, proteccionistas o autocráticas que prometen salvar a Occidente de su lento declive económico.

Europa y Estados Unidos tienen ante sí un reto mayúsculo: deben decidir si la visión integradora y competitiva que han defendido desde la Segunda Guerra Mundial sigue vigente. No se trata de una decisión de política económica, únicamente. Es necesario evitar que la desatención hacia los “descontentos de la globalización” se traduzca en el surgimiento de modelos alternativos que acaben con 60 años -relativamente exitosos- de democracia, libertades y globalización.

El factor humano, insustituible

FUNDACIÓN NOTARIADO

www.fundacionnotariado.org

El factor humano: insustituible

El factor humano seguirá siendo insustituible en la Administración de justicia y en todo el ámbito jurídico a pesar de la revolución que está suponiendo la introducción de la Inteligencia Artificial (IA) en la agilización de los procesos. Esta fue una de las principales conclusiones extraídas en el congreso IA & Law, en el marco de la Cátedra ICADE-Fundación Notariado Seguridad Jurídica en la Sociedad Digital.

REDACCIÓN
De izda. a dcha.: María Jesús Ariza, Alejandro Huergo, Juli Ponce y Ricardo Pazos.

En este foro se dieron cita ingenieros, juristas, profesores, notarios y hasta filósofos del derecho procedentes de 14 universidades nacionales e internacionales, los días 13 y 14 de noviembre de 2023.

¿Es computable el Derecho?

Tras la inauguración, de la mano del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Comillas–ICADE, Abel Veiga Copo, y del notario y director de la Cátedra, Manuel González-Meneses, el encargado de abrir las conferencias fue Harry Surden, profesor de la Colorado Law School y director asociado del prestigioso Stanford Center for Legal Informatics, que se preguntó: ¿Es computable el Derecho? Y esta cuestión fue recurrente a lo largo de la gran mayoría de las ponencias, puesto que la posibilidad de que el sistema jurídico sea completamente entendible para las máquinas ha sido un asunto principal para la introducción de la IA en el mundo jurídico.

 


EN ESTE FORO SE DIERON CITA INGENIEROS, JURISTAS,PROFESORES, NOTARIOS Y HASTA FILÓSOFOS DEL DERECHO PROCEDENTES DE 14 UNIVERSIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES


 

El profesor Surden enfocó su conferencia inaugural en los avances conseguidos por el sistema Chat GPT y el salto cualitativo que se ha dado en la capacidad de recopilación, estructuración y elaboración de la información jurídica, aunque como el propio profesor admite: “Sigue siendo indispensable la participación del ser humano”.

Los desafíos a los que se enfrenta actualmente el mundo del derecho ante la irrupción de la IA centraron el debate de la mesa redonda del mismo nombre, IA y Derecho. Desafíos actuales, moderada por el notario Segismundo Álvarez, vicedirector de la Cátedra. En ella participaron Roger Brownsword, del King’s College of London, y Juan S. Mora-Sanguinetti, economista senior del Banco de Francia y Banco de España. Para el profesor Brownsword “existe una tensión delicada entre la coherencia doctrinal de un sistema jurídico y el instrumentalismo regulatorio que se introduce a raíz de la irrupción de las nuevas tecnologías”. Juan S. Mora-Sanguinetti destacó la importancia de las nuevas tecnologías a la hora de proporcionar y analizar datos que permitan evaluar el funcionamiento del Estado de Derecho de manera precisa. “Cuanta más información tengamos sobre el funcionamiento de las Administraciones, mejor podremos afrontar los mecanismos para conseguir un funcionamiento más eficiente”, destacó.

La IA no razona

Pedro Meseguer, investigador científico del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC, hizo un repaso de la historia de la digitalización y de los riesgos que ya se vislumbraban hace décadas, mucho antes del nacimiento de la IA generativa. Más categórico fue el profesor Eduardo C. Garrido Merchán, de la Comillas School of Engineering, que en su disertación IA simbólica y conexionismo, se mostró rotundo al afirmar que “la IA no razona, simplemente trabaja con probabilidades y con una ingente cantidad de datos”. “Puede servir para obtener evidencias previas -añadió Garrido-, para conocer las probabilidades de ganar un caso o para conocer las contraargumentaciones que puede utilizar la otra parte para deslegitimar una tesis, pero no es capaz de sustituir al factor humano”, mantuvo el profesor.

El ámbito de la filosofía jurídica estuvo representado por José Juan Moreso, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, que disertó sobre Lógica y razonamiento jurídico y las posibilidades de incorporar razonamientos lógicos a ese sistema ayudado por la IA. Por su parte, Manuel Jesús Rodríguez Puerto, profesor de la Universidad de Cádiz, recordó en su ponencia Formalización del razonamiento jurídico que la propia denominación como IA (Inteligencia Artificial) “fue una simple decisión de marketing, porque no se trata directamente de razonamiento, sino de un tratamiento de datos de forma computarizada”. Para el profesor Rodríguez Puerto, aunque la IA pretende sistematizar el ámbito jurídico, “los sistemas no son capaces de descifrar los contextos en los que se promulgan ciertas sentencias”. Considera que en aquellos casos en los que la respuesta pueda ser automatizada, la IA puede ser una herramienta útil para agilizar los procesos, “pero la máquina no razona, sólo busca comparables, por lo tanto, podría decirse que hay automatización, pero no un auténtico razonamiento jurídico en la IA”, sentenció.

Carlos Alarcón Cabrera, de la Universidad Pablo de Olavide, reflexionó sobre los Límites a la formalización del razonamiento jurídico, y destacó la necesidad de “auditar y poder mejorar la legislación y la posibilidad de encontrar las paradojas que muchas veces se dan en los textos normativos”. Mientras, José Cabrera Rodríguez, investigador de la Universidad Pontificia Comillas, recordó las aportaciones al desarrollo de las tecnologías digitales desde el ámbito soviético, y su empeño en la sistematización de procesos como forma de mejorar la eficiencia.

El ámbito de la empresa y las consecuencias jurídicas de la incorporación de la IA en la gestión corporativa fue la temática en la que se enfocó el profesor Niccollò Abriani, de la Universidad de Florencia, quien recordó la importancia que están adquiriendo las nuevas tecnologías en la gestión de las empresas y la necesidad de tener en cuenta las implicaciones que la gestión digital tiene sobre los responsables de las compañías a la hora de la toma de decisiones.

Separación de poderes

Ante la posibilidad de derivar a una máquina la toma de decisiones, el profesor de la Universidad de Alicante, Dyango Bonsignore Fouquet, se preguntó sobre el nivel de implicación que los ingenieros pueden llegar a tener en la administración de Justicia: “¿Tenemos que introducir a los ingenieros en la separación de poderes?”, se preguntó de forma irónica.

 


LA POSIBILIDAD DE QUE EL SISTEMA JURÍDICO SEA COMPLETAMENTE ENTENDIBLE PARA LAS MÁQUINAS HA SIDO UN ASUNTO PRINCIPAL PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA IA EN EL MUNDO JURÍDICO


 

La calidad en las herramientas digitales en el ámbito de la justicia fue el foco del profesor de la Universidad de Oviedo, Alejandro Huergo Lora, quien recordó que los datos con que se alimentan estas herramientas deben tener la calidad suficiente; que la documentación sea técnica; que haya un registro de todo lo que se hace para poder tener una trazabilidad de todo el proceso y, sobre todo, que haya además una vigilancia humana de toda la operativa. “La IA sirve para tener una aproximación, no para la toma de decisión”, recordó Huergo Lora.

En la importancia del factor humano insistió por su parte Juli Ponce Solé, profesor de la Universidad de Barcelona, quien habló de la ¿Reserva de humanidad? Para Ponce Solé, “hay buenos argumentos jurídicos para dudar de la posibilidad de que una máquina pueda tomar decisiones sobre una potestad discrecional, una potestad que debemos recordar que la sociedad ha encargado a un juez”.

Precisamente en esa necesidad del factor humano basó la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, María Jesús Ariza Colmenarejo, la importancia de establecer mecanismos que permitan a la sociedad conocer aquellos casos en los que haya participado una herramienta de IA y poder establecer los criterios para poder recurrir en estos casos.

Asistir, pero no sustituir

Una visión práctica sobre la utilización de la IA en el ámbito jurídico la aportó el profesor de la Universidad de Cantabria José Ignacio Solar. En primer lugar, se ocupó de recordar que la propuesta de reglamento europeo establece que las herramientas digitales “servirán simplemente para asistir y que nunca podrán sustituir al ser humano”. El profesor hizo un repaso por algunas de las herramientas concretas que ya se están utilizando en el ámbito de la justicia como el Sistema Pretoria IA, que ayuda a la Corte Constitucional Colombiana en el cribado de aquellas sentencias que cumplen los requisitos para ser admitidas; o el sistema Predictive Coding, que es capaz de analizar cualquier tipo de información digital y clasificarla como relevante o no para un determinado caso.

Además de sistemas de ayuda al juez, Solar se refirió también a herramientas que ofrecen directamente propuestas de sentencias judiciales como el Sistema Prometea que utiliza la Fiscalía de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Argentina, o el sistema Juez Sabio utilizado en China y que busca casos parecidos y propone una solución en base a sentencias previas.

Participantes y asistentes al foro.
De izda. a dcha.: Roger Brownsword, Juan S. Mora-Sanguinetti y Segismundo Álvarez.
Harry Surden.

Llamada a la responsabilidad

El congreso fue clausurado por el entonces secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público del Ministerio de Justicia, Manuel Olmedo, en la actualidad Secretario de Estado de Justicia, que volvía a las aulas de la Universidad de Comillas-ICADE, donde se licenció en Derecho. Manuel Olmedo valoró positivamente que durante dos días la Cátedra ICADE-Fundación Notariado haya abordado en profundidad uno de los fenómenos tecnológicos más trascendentes de nuestro tiempo que necesitan de la mayor responsabilidad en su aplicación en el ámbito jurídico.

«Justicia digital para la era digital», por Ana Gallego Torres

ÁMBITO EUROPEO

ANA GALLEGO TORRES,

directora general de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea.

“Es nuestro deber garantizar que la digitalización mejore nuestros sistemas judiciales de una manera que no socave la confianza pública en la tecnología"

Justicia digital para la era digital

Resulta ya un lugar común afirmar que vivimos en una era esencialmente digital. La pandemia puso aún más de relieve si cabe el papel crucial que desempeña la tecnología digital en nuestra vida diaria como consumidores o usuarios, como empresas o en las actividades comerciales, pero también de forma particular en el ámbito de la justicia. Como muestra el cuadro de indicadores de la justicia de la UE, los tribunales utilizan de forma abrumadora la tecnología digital para llevar a cabo su trabajo, aunque en distinto grado según los Estados miembros . Diversos factores pueden estar en el origen de estas diferencias, desde el grado de penetración de la tecnología, la formación de los operadores judiciales, hasta la existencia de un marco jurídico habilitante. En una Europa cada vez más transfronteriza, los ciudadanos y las empresas se desenvuelven con naturalidad en un entorno libre de fronteras, y se sirven de la tecnología digital para hacer realidad la ausencia de barreras entre los Estados miembros. Asimismo, las formas delictivas evolucionan y se adaptan rápidamente a estas nuevas circunstancias. Para poder responder a estos retos de manera eficaz, es esencial dotar a las autoridades judiciales de soluciones digitales modernas que les permitan operar en un entorno digital.

El papel de la digitalización va más allá de garantizar resiliencia institucional y gestión de crisis. La tecnología debe estar al servicio de la justicia y ayudar a mejorar los sistemas judiciales, de modo que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos. La digitalización aporta ante todo eficiencia a la hora de impartir justicia, ya que permite una comunicación más rápida y económica. A modo de ejemplo, una carta certificada puede tardar de 48 horas a 15 días en llegar de un Estado miembro a otro, con un coste de entre 3 y 5 € en franqueo, mientras que su envío por vía electrónica tarda segundos y el coste es prácticamente nulo, sin merma de las garantías en la seguridad de la transmisión. Las herramientas y tecnologías digitales también tienen el potencial de facilitar el acceso a la justicia, acelerar procedimientos judiciales, facilitar la cooperación, reforzar la asistencia mutua entre autoridades y aumentar la transparencia y eficiencia en la tramitación de casos. La digitalización también mejora la calidad de la justicia, ya que, acelerando tareas administrativas, los jueces pueden dedicarse plenamente a interpretar el Derecho y dictar sentencias, reduciendo la pendencia y propiciando un uso más eficiente de recursos valiosos y escasos.

No sorprende que la transformación digital del espacio de justicia sea una de las prioridades de la Comisión Europea y elemento clave en la agenda de la UE en los últimos años. La Comisión ya ha cumplido su objetivo principal de digitalizar todos los instrumentos de cooperación judicial transfronteriza, por ejemplo, adoptando normas sobre notificación y traslado de documentos y obtención de pruebas en asuntos civiles y mercantiles transfronterizos. La «norma de oro» de la UE para garantizarlo es una herramienta informática llamada e-CODEX, que permite a los sistemas nacionales de justicia informática comunicarse de forma segura. El comienzo de 2024 supone otro paso adelante en este ámbito, ya que las nuevas normas sobre digitalización de la justicia entran en vigor en enero. El Reglamento tiene por objeto mejorar la eficiencia y resiliencia de la comunicación transfronteriza entre autoridades que participan en la cooperación judicial mediante la introducción de un canal de comunicación digital seguro y fiable, obligatorio para todas las comunicaciones entre autoridades en procedimientos transfronterizos en materia civil y penal. Además, permitirá a particulares, empresas o sus representantes legales, presentar reclamaciones y comunicarse con las autoridades competentes por vía electrónica a través del denominado Punto de Acceso Electrónico Europeo, que se creará en el Portal Europeo de e-Justicia. También permitirá a las partes que se encuentren presentes en otro Estado miembro en el momento de una audiencia en asuntos transfronterizos civiles y penales, acceder a la audiencia por videoconferencia.

Esta panoplia de instrumentos sienta las bases para alcanzar nuestro objetivo de aquí a 2030 de modernizar la justicia transfronteriza e integrarla en la era digital, disponiendo de una comunicación «digital por defecto» entre las autoridades judiciales a finales de esta década.

Pero todavía queda mucho por hacer. Un ejemplo es la necesidad de modernizar los procesos judiciales mediante herramientas digitales para establecer normas comunes y plataformas fiables. Los órganos jurisdiccionales nacionales emplean programas para llevar a cabo videoconferencias que no están diseñados para las vistas judiciales, suscitando preocupación por la seguridad, privacidad e igualdad en su uso. Otro ejemplo es la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) y la capacitación de los jueces en el uso de herramientas digitales. Debe alentarse a los Estados miembros a poner a disposición de sus órganos jurisdiccionales las herramientas e instrumentos necesarios para la plena implantación de soluciones digitales en condiciones de seguridad jurídica y respeto de las garantías procesales. Para ello, la UE pone a disposición de los Estados miembros modos de financiación para herramientas de IA y otros proyectos de digitalización a través del programa Technical Support Instrument (TSI).

Otro reto a medio plazo será la necesidad de extender el principio de digital por defecto también a la cooperación judicial con terceros Estados, con el objeto de evitar la existencia de ángulos ciegos en la implantación de la tecnología al ámbito de la justicia. Para ello, seguimos con enorme interés iniciativas recientes de transmisión electrónica en áreas geográficas que resultan esenciales para la cooperación judicial, como es el caso del Tratado de Medellín adoptado en el contexto de IberRed.

Por otro lado, si bien la IA y otras tecnologías digitales pueden aportar beneficios significativos para una justicia eficaz, también entrañan una serie de riesgos que hemos de afrontar. La UE está firmemente a favor de la innovación, pero nunca en detrimento de la seguridad y los derechos fundamentales. Por consiguiente, la Comisión ha garantizado que todas las propuestas legislativas incluyan salvaguardias para proteger los derechos fundamentales. Si bien la IA puede ser una herramienta muy útil para liberar a los jueces y otros profesionales del Derecho de tareas repetitivas y que requieren mucho tiempo y, de este modo, aumentar la eficiencia de los sistemas judiciales, es igualmente importante garantizar que los ciudadanos no reciban un trato injusto como resultado de su uso o que los sesgos integrados en los sistemas de IA afecten a la calidad de nuestros sistemas judiciales. Por lo tanto, el enfoque europeo coordinado de la IA, junto con la futura Ley de IA, apoya la innovación a través de un marco jurídico claro que proporcione seguridad jurídica a las empresas emergentes, aproveche los beneficios de la IA y centre la regulación en los riesgos. El enfoque de la Ley de IA reforzará el potencial de Europa para competir a escala mundial.

Es nuestro deber garantizar que la digitalización mejore nuestros sistemas judiciales de una manera que no socave la confianza pública en la tecnología o incluso en nuestros propios sistemas judiciales. Para ello, la UE y los Estados miembros deben aunar esfuerzos en pro de este objetivo común, propiciando el uso eficiente de herramientas de financiación, instrumentos jurídicos y políticas activas de digitalización de la justicia, e involucrando a las autoridades judiciales en este cambio cultural. Sólo así se logrará que la transformación de la justicia en una justicia digital sea sistémica y duradera, capaz de acompañar los profundos cambios sociales asociados a la transición digital.

* EU Justice Scoreboard 2023, figure 42, page 34.

Certeza jurídica y tecnológica

ALDEA GLOBAL

Certeza jurídica y tecnológica

De izda. a dcha.: Rafael Hoyuela, María Luisa Pacheco, Enrique Gil Botero, María Paz Martínez García, Alberto Martínez Lacambra, José Luis Fernández, Carlos López Blanco, José Ángel Martínez Sanchiz, Adolfo Castilla, Alfonso Cavallé, Ramón Casilda y Andrés Pedreño.

La importancia de generar confianza y disminuir los riesgos, que ha de ir de la mano con el profundo proceso de transformación social que trae consigo la digitalización, así como la defensa de los valores y principios de la justicia y los derechos de las personas, fueron los temas clave en torno a los que se articuló la VI Jornada sobre la Seguridad Jurídica de las Inversiones en Latinoamérica, celebrada en la sede del Consejo General del Notariado, bajo el título Tecnología, Cooperación y Derechos Humanos.

ALEJANDRO MOYA BLAY

En la inauguración, el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, destacó la trascendencia de este foro para tratar la seguridad jurídica desde diferentes ángulos, puesto que “no es única y exclusivamente una exigencia de la economía; es también necesaria para el desarrollo de la libertad y la justicia». Desde la perspectiva notarial, añadió, “es un tema especialmente relevante, y que nos concierne, en la medida en que los notarios contribuimos a esa seguridad jurídica en muchos aspectos, como la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”. Le acompañaron en la apertura el director de la jornada, Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias y delegado del CGN para América; y el coordinador y moderador de las mesas de debate, Ramón Casilda, analista y consultor de economía y negocios iberoamericanos.

 


EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y DIGITAL ES NECESARIO TENER PRESENTES LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS Y LOS VALORES DE JUSTICIA, LIBERTAD, IGUALDAD Y SEGURIDAD


 

Economía y Derecho

El presidente de la Academia Notarial Americana, Carlos Enrique Becerra, participó por vía telemática en la inauguración y subrayó “la importancia de la seguridad jurídica preventiva, en la que tienen una gran participación los notarios”. Intervino también por videoconferencia el presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado (UINL), Homero López Obando, quien hizo alusión a la necesidad de “reflexionar sobre la estrecha relación de la economía y el derecho teniendo en cuenta la justicia y la ética, valores fundamentales del ser humano”.

El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, fue el encargado de realizar la conferencia de apertura, con una intervención en vídeo en la que valoró la relevancia de la jornada, puesto que “la certeza jurídica es trascendental para aumentar los flujos de inversión en Latinoamérica porque permite generar confianza, fomentar la innovación y disminuir los riesgos y los costes de transacción”.

La primera mesa redonda de la sesión profundizó en los retos que plantea la integración de la inteligencia artificial (IA) para la seguridad jurídica. El ex rector y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante, Andrés Pedreño, abordó la necesidad de encontrar soluciones jurídicas, computacionales y educacionales a los riesgos que plantea el uso de esta tecnología: “Debemos controlar estos sistemas; no podemos dejar en manos de la inteligencia artificial las decisiones que interfieren con los derechos humanos”.

Por su parte, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Cantabria y de la Autónoma de Madrid, Adolfo Castilla, se mostró optimista sobre el desarrollo económico a través de la aplicación de la IA y apuntó que “la digitalización pasa por transformar totalmente las empresas; no solo basta con la automatización, sino que procesos y sistemas tienen que estar interconectados”.

Economía del dato

En cuanto a la seguridad digital y la sociedad de la información, el abogado del Estado y presidente de la Fundación ESYS, Carlos López Blanco, manifestó que “los datos son la esencia de este proceso de profundo cambio social que afecta a la economía y -por supuesto- al derecho”. “El reto es construir un modelo de digitalización que respete los principios de la sociedad abierta y democrática, que legitime la función principal del derecho: proveer de confianza”, añadió.

 


LOS PARTICIPANTES EN ESTE FORO DESTACARON LA DIGITALIZACIÓN DEL NOTARIADO Y SU IMPORTANTE PAPEL EN LA SOCIEDAD CIVIL


 

Alberto Martínez Lacambra, director general del centro tecnológico del Notariado (Ancert), destacó la avanzada digitalización del Notariado español, “ejemplar en el uso de la tecnología, con un modelo que garantiza la seguridad jurídica y tecnológica”. Martínez Lacambra ofreció también algunos datos de actualidad sobre los protocolos electrónicos generados por los notarios españoles, tras la entrada en vigor de la Ley 11/2023: “del 9 al 23 de noviembre se han generado más de 150.000 protocolos notariales online y se han depositado 500.000 documentos en la Sede Electrónica Notarial”.

El catedrático de Ética de la Universidad Pontificia de Comillas, José Luis Fernández, aportó una visión más filosófica en el ámbito de la responsabilidad civil: “Tenemos la oportunidad de repensar nuestros valores para poner en el centro a la persona, su dignidad y sus derechos. La sociedad civil debe tener voz a través de sus cauces, entre los cuales el Notariado tiene gran importancia”.

Cooperación y digitalización

En el tercer coloquio de la jornada, el ejecutivo principal del CAF-Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, Rafael Hoyuela, avaló el “desarrollo de marcos regulatorios que permitan fomentar la inversión y la economía de los países de Iberoamérica” y señaló que nos encontramos ante “una gran oportunidad para reforzar nuestros lazos, cerrar las brechas digitales e impulsar los proyectos de colaboración público-privada”.

 


LA PRIMERA MESA REDONDA DE LA SESIÓN PROFUNDIZÓ EN LOS RETOS QUE PLANTEA LA INTEGRACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA SEGURIDAD JURÍDICA


 

En la misma línea, por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la jefa de la Unidad de Apoyo de la Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe, M.ª Paz Martínez García, habló sobre la cohesión social y la gobernanza como aspectos en los que “la utilización de la tecnología puede contribuir para mejorar los procesos y servicios, por ejemplo, en el ámbito de la justicia fiscal, la transparencia o la rendición de cuentas”.

Circulación segura de documentos

El director de la jornada, Alfonso Cavallé, intervino en la cuarta y última mesa para exponer el proyecto IberFides, “una iniciativa del Notariado español que va a facilitar el acceso a la justicia de ciudadanos y empresas, con garantía absoluta de seguridad jurídica y tecnológica en la circulación electrónica de documentos notariales entre países iberoamericanos”.

En defensa también de los valores, la ética y los principios de la justicia, el secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib), Enrique Gil Botero, abordó la importancia en los sistemas democráticos de las instituciones judiciales y la necesidad de garantizar la independencia y la imparcialidad del poder judicial: “Los problemas de nuestras democracias empiezan y terminan por un sistema judicial débil y poco independiente”.

Finalmente, el presidente del CGN, José Ángel Martínez Sanchiz, clausuró el acto expresando su agradecimiento a los participantes y a la comunidad iberoamericana, destacando que “compartimos valores comunes con los países latinoamericanos, que incluyen el diálogo para delimitar cómo debemos adaptarnos a un nuevo entorno digital”.

De izquierda a derecha: Alfonso Cavallé, José Ángel Martínez Sanchiz y Ramón Casilda durante la inauguración.

Para saber más

América Latina y la seguridad jurídica. Real Instituto Elcano

Economía y Finanzas. ECOFIN

SEJIB. Secretaria General Iberoamericana. Un organismo internacional al servicio de los 22 países de Iberoamérica

ESCRITURA PÚBLICA. Medidas para superar la crisis en Iberoamérica. 

Premios «Cerca de los que están cerca 2023»

FUNDACIÓN NOTARIADO

www.fundacionnotariado.org

Premios Cerca de los que están cerca 2023

REDACCIÓN
Ganadores y organizadores posan con los Magos Solidarios.

La Fundación Abracadabra de Magos Solidarios y la Fundació TU i NOS han sido las instituciones ganadoras de la II edición de los premios Cerca de los que están cerca, promovidos por la Fundación Æquitas y la Fundación Notariado, con la colaboración de la Plataforma de Mayores y Pensionistas. Sus respectivos proyectos, Magia para la Tercera Edad, en la categoría de personas mayores, y Beyond the GuardianShip, en la de mayores con discapacidad, han sido elegidos entre las 28 candidaturas presentadas, más del doble que en la primera convocatoria. Cada ganador recibió un diploma acreditativo y un premio en metálico de 6.000€.

En el acto de entrega, el presidente de la Fundación Æquitas y de la Fundación Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, mostró su satisfacción por la calidad de los proyectos presentados -28 en esta edición- y reafirmó el compromiso de los notarios con los mayores y las personas con discapacidad: “Con estos premios queremos expresar la solidaridad y el compromiso que deben guiar nuestra actuación con las personas que atendemos, especialmente con los mayores, que tanto confían en nosotros”.

Por su parte el presidente de la Plataforma Mayores y Pensionistas, Lázaro González García, afirmó que “esta iniciativa del Notariado está dando un paso más para trabajar por la equidad y dar a cada persona según sus necesidades. Nos congratulamos de que estén trabajando con este horizonte de futuro”.

Al recibir el premio, Juan José García, presidente de la Fundación Abracadabra, declaró que “los ojos brillantes de los niños y los mayores son los mismos cuando son felices, y eso es lo que nos motiva a hacer magia para ellos”. Antoni Reverter, presidente de la Fundació TU i NOS, señaló que “estaríamos muy satisfechos de colaborar con los notarios en el acto previo de decisión para preparar los planes de apoyo personalizados y que en dicho documento se relacionen todos los deseos de la persona”.

 


JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ: “CON ESTOS PREMIOS QUEREMOS EXPRESAR LA SOLIDARIDAD Y EL COMPROMISO QUE DEBEN GUIAR NUESTRA ACTUACIÓN CON LAS PERSONAS QUE ATENDEMOS”


Con la cuantía del premio, la Fundación Abracadabra de Magos Solidarios pretende incrementar el número de actuaciones en los centros de mayores, continuando con la línea más asentada en hospitales y residencias. Como terapia ocupacional desarrolla la psicomotricidad ejercitando manos y mente, pero, especialmente, quieren mejorar la salud emocional de los mayores a través de la risa, la alegría y la ilusión, a las que consideran “medicinas” necesarias para afrontar la soledad y la enfermedad.

Innovación tecnológica

Por su parte, la categoría personas mayores con discapacidad ha sido concedida al proyecto Beyond the GuardiansShip: de una tutela completa y restrictiva a una tutela graduada con soportes, una plataforma digital desarrollada por la Fundación TU i NOS que analiza con minuciosidad distintos índices de la calidad de vida de una persona con discapacidad, valora la gestión realizada, identifica posibles variaciones en el grado de soporte que el individuo necesita, e incorpora Inteligencia Artificial, convirtiendo el Big Data en información útil y confiable para generar conocimiento y sustentar la toma de decisiones.

Por ámbito de actuación, encontramos candidaturas de acompañamiento intergeneracional, fomento de vida saludable y activa, de asesoramiento jurídico, y actividades culturales. Este año destacan especialmente dos aspectos: un incremento de los proyectos de alfabetización digital y la presencia de la lucha contra la soledad no deseada como estrategia transversal en la mayoría de los proyectos presentados, independientemente de su foco concreto de actuación.

Antoni Reverter Guimesó, Presidente de la Fundació TU i NOS. Candidatura Personas Mayores con Discapacidad

1. ¿Conocía nuestros Premios? Si es así, ¿cómo los conoció?

A menudo, consultamos vuestra web a la búsqueda de información que pueda servir a nuestras actividades, de ahí surgió la información.

2. ¿Pensaban que iban a ganar?

Si no te presentas no ganas. Solo nos presentamos a convocatorias que sean compatibles con nuestro fin social. Sí que teníamos esperanzas, por la coincidencia de nuestra propuesta y los intereses de las fundaciones convocantes.

3. ¿Cómo se sintió en el acto de entrega de premios?

Muy cómodo. Muy agradable. Todas las personas muy accesibles y muy bien informadas sobre del valor de ambos proyectos.

4. ¿Qué piensa de la otra candidatura ganadora?

Ya los conocíamos. Espectacular el trabajo que realizan. La diversión, la sorpresa, los actos que llevan a cabo, contribuyen a reducir la soledad no deseada y a mejorar la calidad de vida de las personas.

Juan José García García, Presidente de la Fundación Abracadabra de Magos Solidarios. Candidatura Personas Mayores

1. ¿Conocía nuestros Premios? Si es así, ¿cómo los conoció?

Sí, los conocíamos. Y en marzo de este año leímos en varias publicaciones jurídicas la noticia de la convocatoria de la II edición por lo que decidimos presentarnos. ¡Fue una gran decisión presentar nuestro proyecto!

2. ¿Pensaban que iban a ganar?

Cuando presentamos nuestros proyectos a cualquier convocatoria, ponemos toda nuestra ilusión y empeño en lograrlo, pero son muchas las ONG’s que suelen presentarse al mismo tiempo por lo que siempre supone una enorme alegría ser elegidos entre otros muchos.

3. ¿Cómo se sintió en el acto de entrega de premios?

Recibimos una cálida acogida por parte de todo el equipo y vivimos una ceremonia muy bien cuidada en la que me sentí orgulloso y emocionado. Además, todo el público asistente pudo comprobar de primera mano las fantásticas sensaciones de sorpresa y emoción que la magia produce en el espectador. Los magos Pablo Arranz y David Navares supieron conectar con el público con sus magias imposibles.

4. ¿Qué piensa de la otra candidatura ganadora?

Nos parece un proyecto realmente innovador y absolutamente necesario. El trabajo que hace la Fundació TU i NOS es fundamental en nuestra sociedad.

«El futuro de las legítimas», por José Alberto Marín Sánchez

ALDEA GLOBAL

JOSÉ ALBERTO MARÍN SÁNCHEZ,

decano del Colegio Notarial de Cataluña

“El reto del legislador es conseguir el equilibrio entre la legítima y la libertad de testar"

El futuro de las legítimas

Si existe una institución sucesoria popularmente conocida es la legítima, el mínimo que la ley garantiza a una persona en la sucesión de determinados familiares.

El debate sobre la conveniencia o no de la existencia de esta institución sigue abierto y cada vez son más los detractores de la misma partidarios de su supresión.

La legítima tenía sentido, dicen, en un momento histórico en el que la actividad económica de la familia era desarrollada por prácticamente todos sus miembros y la ley pretendía garantizar a todos ellos una participación en la sucesión del patrimonio familiar.

La realidad social y económica en la actualidad no casa con ese esquema histórico y la situación es la contraria. Los hijos, principales destinatarios de la legítima, no sólo no suelen colaborar en la generación de la riqueza familiar, sino que, al contrario, conviven en el hogar de los padres hasta una edad elevada.

Otro factor importante es la litigiosidad que provoca su propia existencia, especialmente en lo que se refiere a la valoración del patrimonio hereditario sobre el que ha de calcularse la legítima.

A pesar de ello prácticamente todas las legislaciones civiles europeas y las que coexisten en España siguen regulando la legítima con diferente extensión. En nuestro país tenemos un auténtico escaparate de normativa sobre legítima que oscila entre los dos tercios de derecho común y la legítima cero que cabe atribuir en Navarra. Las reformas legislativas más recientes han incidido en una “suavización” de la legítima para hacerla más acorde con la realidad social y las pretensiones de la ciudadanía en pro de una mayor libertad a la hora de testar.

Son muchos los elementos integradores de la legítima que pueden modificarse en las distintas normativas para “ajustar” su configuración a la sociedad más moderna en la que vivimos.

Así, el círculo de posibles beneficiarios es un aspecto fundamental; descendientes, ascendientes y cónyuge o pareja pueden ostentar (o no) esta condición. La determinación de los mismos es un buen mecanismo para dulcificar su contenido.

El reparto igualitario o no entre estos parientes permite establecer nuevos criterios. La cuantía es otro de los puntos en los que se puede incidir. Reparto libre a favor de uno o algunos de los legitimarios, reparto libre de una parte y no de otra ….

Además del círculo subjetivo es importante el objetivo: la cuantía a la que se refiera la herencia mediante la fijación de uno u otro porcentaje.

También las normas de computación (bienes y derechos que se incluyen para el cálculo de su cuantía) e imputación (disposiciones que se consideran pago de legítima, por ejemplo, donaciones hechas en vida, bienes que se reciben en la propia herencia) legitimaria pueden modular el contenido de la legítima.

La naturaleza jurídica que se atribuya al derecho de legitimario también tiene una enorme trascendencia, con especial repercusión en la intervención de los legitimarios en la partición de la herencia. La diferencia entre que se la considere como un derecho a parte de los bienes de la herencia a que se entienda que es un simple derecho de crédito, conlleva que, en el primer caso, el legitimario deba intervenir en la partición (y por tanto con posibilidad de bloquearla), mientras que, en el segundo supuesto, la partición se realiza sin él.

El plazo de prescripción, los casos en que se suspende este plazo, las acciones que asisten a los legitimarios y otros muchos aspectos menos relevantes son, junto con lo expuesto en los párrafos anteriores, unas piezas de un puzle que permite al legislador de cada territorio configurar la legítima en la forma que considere que es más útil para la economía social y familiar y para la mejor relación interna entre los vinculados por esos parentescos.

En las sesiones de la Academia Europea del Notariado (de las que se informa en este número de Escritura Pública) hubo consenso sobre el hecho de que no había un clamor en favor de la supresión de la legítima, pero sí la conveniencia de que en determinadas legislaciones se ajustara a estándares más modernos modificando los parámetros a que antes se ha hecho referencia.

En mi opinión, siendo cierto lo anterior, en la actualidad lo que la sociedad demanda con más intensidad no es tanto la revisión de la propia legítima sino las causas de privación de la misma: las causas de desheredación. Determinadas conductas que socialmente se consideran reprobables no están tipificadas como causas de privación de la legítima. Las causas clásicas que son comunes en prácticamente todos los ordenamientos (derivadas de comisión de delitos contra el causante o denegación de alimentos) son insuficientes para considerar al sistema como “justo”. Resulta paradójico que en supuestos en los que evidentemente el legitimario no da un trato adecuado al causante de la legítima pueda llegar a percibir este “premio”. El mal trato psicológico o la falta de trato familiar continuado por causa imputable al legitimario son dos ejemplos claros de lo que estamos expresando, siendo escasas las legislaciones que las recogen.

En definitiva, este es el reto del legislador: conseguir el equilibrio entre la legítima y la libertad de testar acompañando al sistema con una mejor regulación de las causas de privación de aquella. Si lo consigue la paz familiar resultará reforzada.

Planeta agua

ALDEA GLOBAL

Planeta agua

Naima Adén, de 14 años, en el pozo de Demissew Bizuwerk (Etiopíoa). Va todos los días a buscar agua lo más temprano posible para llegar a tiempo © UNICEF/UN0694032/Bizuwerk a la escuela.

Todos sabemos que, tras el aire para respirar, lo que necesitamos imperiosamente para seguir viviendo es el agua. Dependemos de ella, pero no somos capaces de «fabricarla»; así que estamos a merced de la que nos provee la naturaleza. Y, sin embargo, nos empeñamos en alterar el medio ambiente, en contaminar cauces y sobreexplotar acuíferos hasta, sí, quedarnos sin el líquido elemento para nuestras más elementales necesidades, incluido beber. Hoy, a poco más de dos años de haber consumido el primer cuarto del siglo XXI, mientras algunos aún abrimos un grifo despreocupadamente, casi una tercera parte de la población mundial no tiene acceso al agua potable. La situación del saneamiento es aún peor y el estrés hídrico crece con el cambio climático.
MELCHOR DEL VALLE

Uno de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas definido en la Agenda 2030, concretamente el número seis, es Agua limpia y saneamiento. La preocupación internacional es lógica, porque unimos a la sequía, con periodos cada vez más largos y estimulados por la crisis climática, una mayor demanda en todo el orbe. El resultado es que hay un creciente número de personas en países en vías de desarrollo, principalmente, que no tienen posibilidad de cubrir sus necesidades de agua. Se han definido indicadores para comprobar si en las distintas zonas geográficas se dan los pasos necesarios para lograr dicho ODS6, lo que nos permite saber que, de momento, la cosa no pinta muy bien. Por ejemplo, ya hay más personas a las que no llega el agua potable que en 2020.


SI UNA PERSONA ESTÁ A MENOS DE UN KILÓMETRO DE UNA FUENTE SEGURA O PUEDE DISPONER DE VEINTE LITROS AL DÍA, SE CONSIDERA QUE TIENE ACCESO AL AGUA POTABLE


El acceso.

Conviene empezar por tener en cuenta qué podemos entender por «acceso al agua potable» según los cánones internacionales. Si la fuente de esa agua de la que se sirve una persona está a menos de un kilómetro de su casa o si, al menos, puede disponer de veinte litros al día, se considera que dicha persona tiene acceso al agua potable. Para poner en contexto estos datos, cabe recordar que la mayoría de nosotros recorremos solo unos metros en nuestra casa o lugar de trabajo para obtener agua de boca. En cuanto a la disponibilidad, veinte litros pueden solucionar las necesidades de bebida (dos litros al día) y preparación de alimentos (cocer un kilo de patatas precisa unos cinco litros), lo que deja un escasísimo margen para las más imprescindibles necesidades de higiene personal.

Comparemos: según el XVII Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento (noviembre de 2022) en España, presentado por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana, cada español consume diariamente 131 litros de agua. Esta cifra solo tiene en cuenta los hogares, no otros usos. Por si parece sorprendente el volumen, calcúlese que una ducha de cinco minutos consume unos 100 litros de agua, que una lavadora necesita unos 50 litros para hacer una colada normal o que un retrete usa unos 10 litros de media por descarga.

Las cifras de la escasez.

Volvamos a lo del kilómetro o los veinte litros. Con esta premisa, el 27 % de la población mundial (cerca de 2.200 millones de personas) no tenía en 2022 «agua potable gestionada de forma segura». Son las estimaciones del Programa Conjunto de Vigilancia del Abastecimiento de Agua, el Saneamiento y la Higiene (JMP) de la OMS y Unicef (actualización de julio de 2023). Obviamente, una persona puede estar cerca de un manantial de montaña cuya agua pudiera ser potable, pero no lo sabrá si no se analiza. De ahí el concepto «gestionada de forma segura» o, dicho de otra manera, hablamos de agua que llega a la ciudadanía sin riesgos para ella porque se controlan las fuentes o porque ha sido convenientemente tratada.


EL 27 % DE LA POBLACIÓN MUNDIAL (CERCA DE 2.200 MILLONES DE PERSONAS) NO TENÍA EN 2022 «AGUA POTABLE GESTIONADA DE FORMA SEGURA» (OMS Y UNICEF)


De los 142 países analizados (del resto no se han obtenido datos suficientes), varios africanos son los que están en peor situación, como Chad, R. D. del Congo, Uganda, Sudán de Sur, Tanzania o Madagascar, donde al menos la mitad de sus ciudadanos no tienen acceso al agua y en algunos de ellos la situación ha empeorado con los años, como en la R. D. del Congo, donde han pasado en las zonas rurales del 16 % en 2015 al 14 % en 2022. En la mayoría de los países europeos y Canadá el acceso supera el 99 % de la población. Países como Estados Unidos, Brasil o Rusia están en ese porcentaje, aunque sin superarlo.

Saneamiento.

La cara B del acceso al agua potable es el saneamiento. Es decir: qué pasa con el agua que hemos utilizado y va a parar a las alcantarillas, a pozos negros o al mismísimo campo. Hablamos de un fluido mezclado con todo tipo de residuos, algunos de los cuales son contaminantes o, incluso, portadores de agentes infecciosos que pueden comprometer la salud de las personas. A nadie se le escapa que el cólera, y no es más que un ejemplo, es una dolencia causada por un bacilo, cuya propagación está estrechamente ligada a la falta de agua potable y saneamiento. Según la OMS (septiembre de 2023), en 2022 se notificaron a esta organización 472.697 casos de cólera y 2.349 muertes por su causa.

Volvemos a las estimaciones del JMP antes citado: en 2022, más 3.400 millones de personas seguían careciendo de saneamiento gestionado de forma segura. Esta cifra es la suma de los 1.900 millones con servicios básicos, los 570 millones con servicios limitados, los 545 millones con servicios no mejorados y los 419 millones de personas que hacen sus necesidades al aire libre. La buena noticia, aunque parezca poco importante, es que en el bienio 2020-2022 el porcentaje de aguas residuales tratadas a nivel mundial ha subido un dos por ciento.

Estrés hídrico.

Que no se renueven las fuentes de agua es lo que nos hace mirar al cielo «con ojo inquieto, si la lluvia tarda», como contaba Antonio Machado de su «hombre de casino provinciano» (Del pasado efímero, 1912). Muy resumidamente, se puede entender por estrés hídrico la situación que se produce cuando en una zona geográfica hay más demanda de agua de la que es posible obtener de lagos, ríos, embalses y aguas subterráneas de esa misma zona. Consumimos agua para usos agrícolas, que acaparan el 70 %, industriales (19 %) y domésticos (11 %). Otro importante «demandante» de agua es el aumento de la temperatura: por cada grado de incremento hay un 20 % menos de renovación en superficies y acuíferos.


EN 2022, MÁS 3.400 MILLONES DE PERSONAS SEGUÍAN CARECIENDO DE SANEAMIENTO GESTIONADO DE FORMA SEGURA


A la hora de clasificar la situación de mayor o menor estrés hídrico en el mundo, los distintos organismos que lo calculan se basan en criterios diferentes, por lo que no es posible dar una cifra en la que estén de acuerdo todos. Podemos centrarnos en las estimaciones del Banco Mundial, que permiten visualizar la situación. Según este organismo, hay países que superan la proporción del 1.000 % en la relación demanda-oferta. El caso extremo es Kuwait, donde dicha proporción es del 3.850 %; es decir: consumen casi cuarenta veces más agua de la que se genera naturalmente y tienen que recurrir a las desalinizadoras, lo que les hace gastar más de la mitad de su consumo nacional de energía en transformar el agua salada en potable. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Libia y Catar están en situaciones parecidas. En varios países de América, como Canadá y Brasil, y del norte de Europa, además de Australia o Rusia, entre otros, la renovación de agua es superior a la demanda. España, al igual que Estados Unidos, Alemania o Italia, está entre los países en los que el estrés hídrico se sitúa entre el 25 y el 50%.

Queda, en fin, recordar al biólogo marino Jacques-Yves Cousteau: «Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo». Podemos recordarlo a diario, cuando hacemos el simple ejercicio de abrir un grifo para beber agua.

Desigualdad

Uno de los elementos para tener en cuenta cuando hablamos de abastecimiento de agua es la mayor vulnerabilidad de la mujer. En el informe ONU-Unicef de julio de 2023 se analiza profundamente la desigualdad de género en torno al agua potable, el saneamiento y la higiene. Lo que se observa en todo el mundo es que son mayoritariamente las mujeres las que se encargan de ir a recoger agua para los hogares, aspecto que es más notorio en el caso de las niñas respecto los niños. Según Cecilia Sharp, directora del Departamento de Agua, Saneamiento e Higiene de Unicef, «Cada paso que dan las niñas para recoger agua es un paso que las aleja de la educación, el juego y la seguridad».

El caso extremo de estrés hídrico es Kuwait, donde consumen casi cuarenta veces más agua de la que se genera naturalmente.

Tratamiento de las aguas residuales domésticas

Según los datos de seguimiento del ODS6 (ONU-Agua), el tratamiento adecuado de las aguas residuales domésticas en España llega al 79,90 % del volumen total utilizado. Por compararlo con otros países desarrollados, la media en Europa es del 86,48 %, casi igual que en América del Norte. Por debajo de España está Italia, con un 70,22 %, aunque nuestros vecinos Francia y Portugal son más activos, tratando el 87,94 % y el 87,51, respectivamente. En el norte y centro Europa, la situación es aún mejor: Alemania, 98,96 %; Dinamarca, 98,79 %; Países Bajos, 99,79 %; Suecia, 96;98 %.

Para saber más

Portal de datos sobre el ODS 6.
ONU-Agua. Interactivo con datos de 2022.

Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2022. Joint Monitoring Programme for water supply, sanitation and hygiene. OMS y UNICEF.

Global water, sanitation and hygiene.
OMS, informe anual 2022.

«Muertes por falta de agua, saneamiento e higiene», por María Neira

ALDEA GLOBAL

MARIA NEIRA,

directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS

“Las poblaciones más pobres son a menudo ignoradas y a veces enfrentan discriminación al intentar acceder a los servicios de agua y saneamiento"

Muertes por falta de agua, saneamiento e higiene

Cada año, al menos 1,4 millones de muertes son causadas por servicios inadecuados de agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés).

La diarrea representa la mayor parte de esta carga, con más de un millón de fallecimientos. Aunque las muertes por diarrea han disminuido en las últimas décadas, sigue siendo una de las diez principales causas a nivel mundial, y una de las cinco principales en países de bajos ingresos. Además, los brotes de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, siguen siendo un importante desafío para la salud pública.

En los últimos años, el cólera se ha propagado a una velocidad alarmante: 30 países informaron casos y brotes en 2022, principalmente en África y a menudo en países con bajos niveles de acceso a servicios básicos de agua y saneamiento.

El segundo contribuyente más grande a la carga atribuible a WASH fueron las infecciones respiratorias agudas debidas a una higiene de manos inadecuada, lo que resulta en 356.000 muertes al año. Las infecciones respiratorias incluida la neumonía, son la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Tres de cada diez personas en todo el mundo no tienen instalaciones básicas de lavado de manos en sus hogares, y la práctica regular de la higiene de manos sigue siendo un desafío en muchos países.

Sin sorpresa, estos fallecimientos ocurren entre las poblaciones más pobres y desfavorecidas. El acceso a los servicios de WASH suele ser menor entre las poblaciones rurales y los grupos socioeconómicos más bajos. Incluso en los países de altos ingresos, donde generalmente se tiene acceso a servicios de agua potable y saneamiento gestionados de manera segura, ciertas comunidades marginadas no reciben suficiente atención.

Esas comunidades pueden enfrentar mayores riesgos para la salud y, en algunos casos, pueden ser la fuente de importantes brotes de enfermedades.

Si bien muchos países han logrado avances rápidos en la mejora del acceso a WASH, el crecimiento demográfico, la urbanización y los conflictos armados obstaculizan el progreso.

Lo más alarmante es que el cambio climático afecta directamente a la provisión de servicios de agua y saneamiento.

El cambio climático puede afectar los servicios de WASH de muchas maneras, incluido el daño a la infraestructura de suministro de agua y alcantarillado; la degradación de las cuencas que afecta la calidad del agua; el vertido de desechos fecales al medio ambiente; la reducción de la disponibilidad de agua, y la contaminación de las fuentes.

Muchas enfermedades infecciosas, especialmente aquellas relacionadas con WASH, son sensibles al clima.

Por ejemplo, el aumento de la propagación de enfermedades transmitidas por vectores en los últimos años se ha relacionado con el cambio climático, así como con la urbanización rápida, la alteración del uso de la tierra y las prácticas inseguras de gestión del agua y la agricultura. La malaria y el dengue, transmitidos por los mosquitos Anopheles y Aedes respectivamente, son enfermedades transmitidas por vectores que con el cambio climático adquieren aún más importancia a nivel mundial.

La incidencia del dengue ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas, y se estima que la mitad de la población mundial está en riesgo. A pesar de una disminución en los casos y muertes por malaria, la propagación de mosquitos invasores del género Anopheles a varios países africanos, incluidos entornos urbanos donde las tasas de malaria suelen ser bajas, plantea desafíos significativos para los esfuerzos de control de la malaria en la región.

Muchos de estos vectores prosperan en áreas urbanas donde el suministro de agua y el saneamiento son inadecuados, así como la mala gestión de aguas residuales y de desechos sólidos, proporcionan condiciones favorables para la reproducción.

Las medidas de control ambiental, incluido el acceso mejorado a suministros de agua potable para reducir la necesidad de sistemas de almacenamiento de agua, prácticas adecuadas de gestión del agua y gestión de desechos sólidos para reducir la presencia de recipientes favorables para la reproducción, desempeñan un papel importante en limitar la propagación de estas enfermedades.

Por lo tanto, todos los servicios de WASH deben ser gestionados de manera segura y sostenible, y también deben ser resilientes al cambio climático para marcar una diferencia duradera en el bienestar de las poblaciones.

Conviene no olvidar que el acceso al agua y el saneamiento son reconocidos por las Naciones Unidas como derechos humanos fundamentales para la salud, dignidad y prosperidad de todos. Sin embargo, miles de millones de personas aún viven sin agua y saneamiento gestionados de manera segura.

Las poblaciones más pobres son a menudo ignoradas y a veces enfrentan discriminación al intentar acceder a los servicios de agua y saneamiento que necesitan.

Los gobiernos deben adoptar un enfoque basado en los derechos humanos para mejorar el agua y el saneamiento, para que nadie quede rezagado.

Es triste reconocerlo, pero aún hoy hay que luchar para que el derecho al acceso a los mismos sea considerado un derecho humano básico para todos.

«Pensiones, una reforma necesaria», por Antonio Garamendi

EN ESTE PAÍS

ANTONIO GARAMENDI,
presidente de CEOE

“El sistema necesita, también, medidas que impulsen la previsión social complementaria, como ya sucede en los países más avanzados de Europa”

Pensiones, una reforma necesaria

Las crisis provocadas por la irrupción del COVID-19 y por la invasión de Ucrania por parte de Rusia han configurado un nuevo escenario geopolítico y un nuevo marco económico y social complejos y marcados por la incertidumbre y la volatilidad. Pero, también, han puesto de manifiesto la urgencia de encontrar soluciones a desafíos que ya estaban ahí antes pero que ahora son aún más evidentes.

Entre estos retos están los relativos al envejecimiento de la población, la calidad de vida de las personas de más edad y la necesidad de adaptar el Estado de Bienestar y nuestro sistema de protección a una sociedad que, cada vez, va a ser más longeva.

Se trata de un asunto fundamental para el futuro de España y sobre el que estamos obligados a reflexionar para poder ofrecer soluciones realistas y viables.

España es uno de los países que está sufriendo un proceso de envejecimiento más intenso. Las proyecciones demográficas apuntan a que, en los próximos 30 años, la esperanza de vida de los españoles aumentará hasta en tres años y que, para 2050, uno de cada tres ciudadanos tendrá 65 años o más.

Esta tendencia impactará negativamente en la relación entre el número de pensiones y el número de personas en edad de trabajar, casi duplicándola. La previsión es que, para ese año, por cada mayor sólo haya 1,7 personas con edades entre 16 y 64 años, frente a las 3 personas que hay en la actualidad.

Una transformación de la pirámide demográfica que supone un reto por sus implicaciones en el crecimiento de la economía o en áreas como la sanidad, la educación, la dependencia y, por supuesto, el sistema de pensiones. Según las últimas estimaciones de organismos como la AIREF, el gasto público en pensiones puede alcanzar a mitad de siglo hasta el 16,3% del PIB, frente al 13,6% actual. A día de hoy, esto supondría unos 35.000 millones de euros más de gasto.

Con este escenario, y por responsabilidad, estamos obligados a afrontar el debate sobre el futuro de las pensiones en España con cierta urgencia y tomando decisiones de fondo. Con medidas que se alejen del cortoplacismo y garanticen, realmente, un sistema que sea sostenible y suficiente y en el que la equidad intergeneracional esté asegurada. Una reforma necesaria y de calado que debe adoptarse en diálogo con los agentes sociales y en el marco del Pacto de Toledo.

Sin embargo, lamentablemente, las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno no han ido en este sentido. Desde CEOE, así como también desde CEPYME y ATA, hemos expresado públicamente, ya el pasado mes de marzo, nuestro rechazo a la última reforma impulsada por el Ejecutivo.

Una reforma que ahonda en los desequilibrios que padece el sistema, que daña la competitividad de las empresas, reduce la renta disponible de las familias y, en definitiva, pone un freno a la actividad y a la creación de empleo.

Porque el sostenimiento del sistema se hace recaer en los trabajadores y las empresas optando por una subida generalizada de cotizaciones que va a suponer una merma de los salarios de todos los trabajadores y que incrementa los costes laborales para el tejido empresarial.

La reforma es, también, regresiva en toda su extensión porque implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión para quienes, en la actualidad, están en el mercado laboral.

Los cambios aprobados, además, van a incrementar el desequilibrio financiero del sistema, en una cifra que será equivalente al 1,1% del PIB en 2050. Y, en conjunto, pueden situar el déficit de las cuentas públicas en el entorno del 8% del PIB y elevar la deuda hasta el 150%.

En suma, se trata de una reforma que no afronta el verdadero problema de nuestro sistema: el desequilibrio entre crecimiento de población activa, crecimiento de pensionistas, esperanza de vida y tasa de reemplazo de las pensiones.

Es por ese camino por el que tendrán que ir las medidas que, necesariamente, habrá que adoptar para garantizar el futuro del sistema de pensiones. Un futuro que pasa por repartir la carga de las pensiones en los tres pilares de nuestro modelo: pensiones públicas, ahorro colectivo y ahorro individual. Porque el sistema necesita, también, medidas que impulsen la previsión social complementaria, como ya sucede en los países más avanzados de Europa.

Y esto tiene que incluir los planes de pensiones individuales, muy afectados por la reducción de desgravaciones acometida por el Gobierno en los últimos años. Es un error promover la previsión social colectiva a costa de los planes individuales porque ambas patas son fundamentales y necesitan incentivos suficientemente atractivos.

En lugar de una reforma que resta competitividad a nuestra economía, que aumenta las cotizaciones de quienes ya trabajan, perjudica el crecimiento y la creación de empleo y que dificulta la retención del talento, se debería impulsar un entorno propicio para el desarrollo de la actividad de las empresas.

Un entorno con capacidad para atraer inversiones, que favorezca la llegada y la creación de empresas y, de este modo, la creación de más empleo. Porque apostar por la creación de empleo, apostar por las empresas, es una vía que permite aumentar la recaudación por cotizaciones sin perjudicar ni el crecimiento ni la competitividad de nuestra economía y que contribuirá, sin duda, a impulsar la necesaria sostenibilidad de nuestro sistema.

Cátedra del Prado

FUNDACIÓN NOTARIADO

www.fundacionnotariado.org

CÁTEDRA DEL PRADO

REDACCIÓN
Nos encaminamos a una nueva edición de la Cátedra del Prado que patrocina la Fundación Notariado desde 2019. La de este año estará dirigida por el catedrático de Bellas Artes, Alexander Nigel y dará comienzo en noviembre. En las cuatro conferencias y cuatro seminarios que la conforman se estudiarán los cambios de paradigma en las relaciones de escala en la pintura europea de la Edad Moderna.
Página web del Museo del Prado.

Las conferencias son gratuitas para estudiantes, profesionales y público en general previa inscripción; los seminarios están dirigidos a jóvenes profesionales.

La Fundación Notariado, con motivo del convenio firmado con el Museo del Prado para el patrocinio de la cátedra, otorgará 20 becas para jóvenes que no superen los 35 años y posean una titulación superior relacionada con los contenidos de los seminarios. La selección de estudiantes se realizará por el Museo Nacional del Prado tras analizar su expediente académico, perfil formativo e interés por el seminario elegido, que deberán demostrar mediante la presentación de un breve texto a modo de carta de motivación. Los seminarios tendrán lugar los viernes posteriores a la celebración de las conferencias y profundizarán en los contenidos analizados en ellas.

Alexander Nagel es catedrático en el Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York. Experto en el arte europeo tardo-medieval y moderno temprano, y estudioso de los tamaños y perspectivas de las figuras representadas en los cuadros. Desde 2022 es editor jefe de la revista I Tatti Studies, publicada por el centro de Estudios del renacimiento Italiano de la Universidad de Harvard en Villa I Tatti.

Cuatro años de colaboración. Hasta el momento la Fundación Notariado ha patrocinado cuatro cátedras. Cuatro miradas académicas para un mayor conocimiento de las obras de una de las grandes pinacotecas del mundo.

2019: Rondas del Prado: En el jardín de las imágenes. Dirigida por Antonio Muñoz Molina, escritor y académico de la Real Academia Española. Como si fuera una crónica o un cuaderno de notas, Muñoz Molina ofreció la mirada de un visitante que se fija en cosas distintas, que encuentra matices nuevos, que deambula por diferentes épocas… A lo largo de sus conferencias propuso una secuencia de rondas o aproximaciones al Museo del Prado. Una contemplación estética, centrada en valores puramente visuales tanto del relato central como de lo que sucede en los márgenes, en los segundos planos; lo visible y lo invisible. En la última ronda se acercó a la materialidad de la obra y al oficio del pintor.


LAS CONFERENCIAS SON GRATUITAS PARA ESTUDIANTES, PROFESIONALES Y PÚBLICO EN GENERAL PREVIA INSCRIPCIÓN


2020: Seminario online Imágenes de la otra Edad Media. Dirigido por Joan Molina, jefe de departamento de Pintura gótica Española del Museo Nacional del Prado y profesor titular de Historia del Arte de la Universitat de Girona. El incendio de la catedral de Notre-Dame de París y la conmoción que supuso en medio mundo puso de relieve, según Joan Molina, hasta qué punto somos hijos de la Edad Media, una época que no fue tan oscura ni tenebrosa. En sus conferencias se refirió a la auténtica y variada explosión de imágenes que tuvo lugar en la época de las catedrales: desde poderosos iconos sagrados hasta ejércitos de divertidas criaturas fantásticas, como dragones o unicornios, pasando por centenares de representaciones de santos y pecadores, de damas y caballeros, de ángeles y demonios.

2021: Arte medieval. Encuentros entre museos e iglesias. Dirigida por Justin Kroesen, catedrático de Historia cultural en la Universidad de Bergen, comenzó su reflexión sobre los dos marcos diferentes, aunque paralelos de las obras: los museos y las iglesias, sus dos canteras históricas. ¿cómo tender un puente entre ambos y entender las piezas en su contexto original, que en muchos casos no se conserva? Analizó el altar como escenario para el arte de la Edad Media: la decoración de la mesa, como el foco central de cada templo, y el retablo, una de las más importantes piezas de las artes del altar.

2022: Representar edificios, construir cuadros. La arquitectura en la pintura. Juan Calatrava, catedrático de Historia de la Arquitectura de la Universidad de Granada, reflexionó sobre la ciudad como instrumento de poder, como objeto de estrategia militar, como elemento propagandístico y como muestra de nuevos modos de vida. Las pinturas nos enseñan espacios austeros o lujosos de santos y padres de la Iglesia; los estragos del tiempo en los edificios, y las transiciones entre interior y exterior, privado o público, casa y calle, por poner algunos ejemplos.

Página web del Museo del Prado.

Cátedra 2023

La cátedra 2023 sobre los Cambios de paradigma en las relaciones de escala en la pintura europea de la Edad Moderna ofrecerá las siguientes conferencias y posteriores seminarios:

2 de noviembre. Reinvenciones de la escala en la pintura europea temprana.

16 de noviembre. La revolución de la obra a escala natural en la pintura europea.

23 de noviembre. Dioses y hombres, Dios hecho hombre.

30 de noviembre. Gigantes y gente pequeña.

Para apuntarse habrá que rellenar el formulario que estará disponible en la página web del Museo Nacional del prado del 2 al 24 de octubre. Las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción. Al finalizar el curso se entregará un certificado de asistencia a quienes hayan atendido a las cuatro conferencias.

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