-¿Cuáles son las principales líneas de acción que se ha propuesto impulsar y qué prioridades considera más urgentes en la actual coyuntura social?

– Destacaría tres. La primera tiene que ver con impulsar una acción social transformadora y más innovadora, que nos permita alcanzar a un mayor número de personas vulnerables tanto en España como a nivel internacional. En este sentido, debemos seguir invirtiendo en programas de acción sociocaritativa (vivienda, empleo, personas en situación administrativa irregular) y apostando por la dimensión universal de la caridad. Esto significa apoyar la labor humanitaria y de promoción del desarrollo de Cáritas en países azotados por la crisis climática, la violencia o la pobreza extrema. Otra prioridad es revitalizar el voluntariado: uno de los pilares más importantes de nuestra identidad y acción social; y la tercera es acompañar a las comunidades cristianas y parroquias para impulsar un mayor compromiso social. Todo ello, a través de un acompañamiento cercano a nuestras 70 Cáritas Diocesanas.

«LA POBREZA EN ESPAÑA NO PUEDE ENTENDERSE HOY COMO UN FENÓMENO ESTACIONAL, SINO COMO UNA EXCLUSIÓN ESTRUCTURAL QUE SE HA CRONIFICADO»

-Tras años de crisis encadenadas —sanitaria, económica y habitacional—, ¿cómo describiría hoy la situación de la pobreza en España?

– La situación de la pobreza en España no puede entenderse hoy como un fenómeno estacional, sino como una exclusión estructural que se ha cronificado tras dos décadas de crisis encadenadas. A pesar de ciertos periodos de recuperación macroeconómica, la fractura social permanece abierta y la exclusión severa ha crecido de forma alarmante, afectando en 2024 a 4,3 millones de personas, un 52% más que en 2007. Si duda, una situación a la que – como Iglesia- debemos de seguir haciendo frente desde la corresponsabilidad y la estrecha colaboración con otras entidades del tercer sector, las empresas o la administración pública.

«LA RESPUESTA INSTITUCIONAL SIGUE SIENDO INSUFICIENTE PARA TRANSFORMAR LAS RAÍCES DE LA DESIGUALDAD»

-¿Qué perfiles emergen entre las personas atendidas?

– Podríamos decir que hay cuatro perfiles que emergen y se consolidan. Los de los trabajadores pobres: uno de cada diez vive en exclusión. También se profundiza la brecha generacional, con un 33% de menores en exclusión severa. Al mismo tiempo, el riesgo de pobreza golpea con mayor intensidad a los hogares encabezados por mujeres, que han pasado del 17% al 21% desde 2007. La población de origen inmigrante sufre además una tasa de exclusión del 47%, que triplica la de la población autóctona debido a barreras estructurales persistentes. Todo ello configura un escenario donde la pobreza se consolida como un problema profundo, multidimensional y sostenido en el tiempo.

«CÁRITAS SIGNIFICA “CARIDAD”, “AMOR”, Y ÉSTE ES EL MOTOR QUE NOS MUEVE»

-Cáritas lleva décadas reclamando una mayor atención a la exclusión estructural. ¿Percibe avances reales en las políticas públicas o sigue siendo insuficiente la respuesta institucional?

– Estamos en un escenario de claroscuros. Si bien es justo reconocer avances técnicos en la protección social, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente para transformar las raíces de la desigualdad. Por un lado, hay avances innegables en las herramientas de contención. La puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y medidas como los ERTE demostraron un efecto protector real durante la pandemia, evitando que millones de personas cayeran en la pobreza extrema.

– Además, los datos del IX Informe FOESSA desmienten el mito de la pasividad de las personas pobres. La tasa de activación de los hogares en exclusión severa subió al 77% en 2024. Esto demuestra que cuando existe un soporte mínimo, las personas se mueven, se forman y buscan empleo con más determinación.

-¿Cómo debería articularse la respuesta para que la integración de las personas en exclusión sea plena y duradera?

– Debería coordinarse en tres niveles. El Estado debe garantizar los pilares de la vida en sociedad, es decir, empleo digno, vivienda y protección social, mediante medidas predistributivas que eviten la desigualdad antes de que se genere. La sociedad civil a su vez debe ser un motor de acompañamiento capaz de aportar la personalización que la Administración a menudo no alcanza.

– Pero también es crucial una comunidad activa como escudo relacional. El informe FOESSA revela que una red sociofamiliar fuerte es el factor que mejor frena los golpes de una crisis. En definitiva, es vital construir un «nosotros» inclusivo que rechace los discursos de odio y la tentación de culpabilizar a quien sufre la pobreza. Solo así el futuro dejará de ser un privilegio de unos pocos para ser una promesa compartida.

«LA FUNCIÓN NOTARIAL ES CLAVE PARA LA SEGURIDAD JURÍDICA, ESPECIALMENTE EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD O DESPROTECCIÓN»

-La colaboración entre entidades sociales y el sector privado es cada vez más necesaria. ¿Qué papel deberían asumir las empresas en la lucha contra la desigualdad?

– Las empresas juegan un rol vital en la lucha contra la desigualdad. En este sentido, hay mucho trabajo que hacer y enormes retos futuros. En los últimos años desde Cáritas observamos cómo cada vez más entidades se dirigen a nosotros, no solo para hacer una donación económica, sino para poner en marcha iniciativas que permitan a las personas acceder a derechos básicos como el empleo, la formación, la salud, la alimentación. Por otro lado, las empresas pueden también hacer partícipes a sus empleados y grupos de interés de los proyectos que apoyan, para fomentar esa corresponsabilidad que necesitamos para acabar con la exclusión social. La solidaridad es enormemente transformadora.

Concienciar y movilizar a las personas para que donen o para que sean voluntarios es otra forma de luchar contra la pobreza y tener un impacto positivo en la sociedad. Promover el trabajo en red, creando sinergias y tendiendo puentes con empresas y otras entidades sociales, es también parte de nuestra misión.

-En los últimos años, Cáritas ha reforzado su transparencia y sus mecanismos de rendición de cuentas. ¿Cómo se garantiza que la ayuda llegue donde más se necesita y que la ciudadanía confíe en su gestión?

– Gracias a la capilaridad de nuestra organización, que llega a cada diócesis, ciudad y muchos pueblos a través de la presencia de las Cáritas parroquiales y de distintos centros podemos adaptar nuestra acción social a cada situación de pobreza. Incluso, son ellos mismos los que plantean y promueven proyectos, actividades y ayudas adecuadas a lo que viven en su entorno.

Respecto a la credibilidad y confianza de la sociedad en nuestra gestión de los fondos, contamos con una política comprometida con la transparencia. Eso se plasma en toda la información económica disponible en la web, en la realización de una auditoría de cuentas anual realizada por una empresa auditora externa, en la rendición de cuentas que hacemos a la sociedad con nuestra memoria de actividades y con otros informes que publicamos anualmente, tanto desde Cáritas Española como desde cada Cáritas Diocesana.

Un elemento añadido es que la acción de Cáritas, incluida la gestión económica, está realizada por más de 5.500 empleados y por más de 60.000 voluntarios. Son estos voluntarios nuestra fuerza de presencia en cada lugar y nuestra garantía de que las cosas que hacemos tienen la confianza y la supervisión de muchas personas.

-Usted procede de una trayectoria marcada por el compromiso social y el trabajo en red. ¿Cómo se traduce esa experiencia en su visión de liderazgo dentro de una organización tan amplia y diversa?

– El sentido del verdadero liderazgo es el servicio; aprender a mirar la realidad desde la escucha atenta, desde la responsabilidad, la cercanía, la humildad, la sencillez y tener siempre presente la pedagogía de los últimos, poniendo a la persona en el centro. Hay un proverbio africano que repetía mucho el papa Francisco y que dice: “Si quieres ir rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado”. En ese mensaje se concentra el gran desafío de nuestra organización: ayudar a construir una sociedad verdaderamente inclusiva, comprometida, donde la dignidad inalienable de cada persona nos recuerde que todos formamos parte de una misma familia humana.                      

-Desde su perspectiva, ¿qué significado debe tener hoy la palabra caridad en una sociedad tan diversa y plural?

– Cáritas significa “caridad”, “amor”, y éste es el motor que nos mueve. Para los cristianos ese amor nace de la experiencia de sentirnos amados por Dios. Pero como bien dice Benedicto XVI, todos los hombres perciben en su corazón el anhelo de amar y ser amados de manera auténtica. La primera consecuencia del amor es sentirnos responsables del otro, sobre todo del más débil y vulnerable, y esforzarnos por buscar su bien.

La segunda es la justicia, que significa dar al otro lo que es “suyo”, lo que le corresponde en virtud de ser una persona. Por eso la justicia es la “medida mínima” del amor. La denuncia profética e incidir y defender políticas más justas es parte también de nuestra misión. En una sociedad cada vez más diversa, plural y polarizada como la nuestra, la caridad nos hace capaces de mirar y amar a los demás incluso a aquellas personas que no piensan como nosotros y a trabajar por el bien común. La oportunidad de servir, de llegar a las periferias y ser testigos del amor y misericordia de Dios es lo que da sentido a nuestra acción.

-El Notariado español mantiene una larga vinculación con Cáritas y otras organizaciones del Tercer Sector, en gran medida a través de su Fundación Aequitas, con 26 años de existencia. ¿Qué valor otorga a esta cooperación y cómo podría profundizarse en beneficio de las personas más vulnerables?

– Efectivamente, la colaboración con la Fundación Aequitas nos ha permitido exponer la realidad compleja y multidimensional de las personas que Cáritas acompaña y realizar propuestas concretas en procesos de trabajo, que posteriormente han dado su fruto como el Libro Blanco de la Infancia en Movimiento que se presentará en breve.

El Notariado ha asumido un liderazgo muy importante como defensor de los derechos humanos de las personas con discapacidad y desde Cáritas nos gustaría mucho profundizar en esa línea con las personas que acompañamos y que quizás sienten la figura del Notariado como algo lejana a sus vidas, y no como una posibilidad de contar con un asesoramiento especializado y preventivo.

–Desde la óptica de la justicia social: ¿cómo valora la función notarial como garantía de seguridad jurídica y como instrumento al servicio de la ciudadanía, especialmente en situaciones de vulnerabilidad o desprotección?

– La función notarial es clave para la seguridad jurídica, especialmente en situaciones de vulnerabilidad o desprotección. Su papel, por ejemplo, en la Ley 8/2021, de 2 de junio, para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica valorando los apoyos que cada persona necesita y ayudando a su autonomía, ha sido fundamental.

Hemos visto también cómo en la DANA y posteriormente en otras emergencias, el Notariado ha reaccionado, brindando servicios de forma gratuita, facilitando la gestión de actas de daños o la reconstrucción de documentos.

Las personas en situación de exclusión social necesitan de todos los apoyos posibles, pero fundamentalmente necesitan, como señala el IX Informe FOESSA, un cambio estructural que aborde, desde todos los espacios de la sociedad, el problema de la vivienda, del empleo precarizado, con una mirada y un enfoque de derechos humanos, y ahí, sin duda, el Notariado tiene mucho que decir y aportar.

–Finalmente: ¿qué mensaje le gustaría trasladar a quienes aún creen que la solidaridad es tarea exclusiva de las instituciones caritativas y no una responsabilidad compartida por toda la sociedad?

– El dicho “tu indiferencia te hace cómplice” nos recuerda que acabar con la pobreza, la injusticia o la desigualdad dentro o fuera de nuestras fronteras, es una tarea de todos. Cada uno de nosotros puede ayudar a construir un orden justo desde el lugar o momento donde le toca estar. El Estado, las administraciones públicas, los partidos políticos, la sociedad civil, el sector privado, los ciudadanos… podemos convertirnos en cauce y oportunidad para quienes más nos necesitan.

Lo podemos hacer poniendo en el centro a la persona, creando empleo digno, buscando tiempo y espacio para un voluntariado, tejiendo comunidad, dejando de lado los intereses particulares para trabajar por el bien común. Todos somos necesarios si queremos construir un verdadero “nosotros”, y es que, como bien cita Hechos 20:35: “Hay más felicidad en dar que en recibir».

Cuando una persona intenta utilizar sociedades interpuestas o estructuras empresariales complejas para ocultar dinero de origen ilícito, el paso por la notaría puede convertirse en un punto clave para detectar la operación. La intervención directa del notario, la información que se incorpora al Índice Único Informatizado Notarial y, en caso de ser preciso, el análisis posterior del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales (OCP) permiten reconstruir cadenas societarias y averiguar quién controla realmente esas sociedades.

Como explica Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis del OCP, “el hecho de que los notarios incorporen continuamente información al Índice Único Informatizado permite que autoridades y analistas trabajen con datos permanentemente actualizados y accesibles de forma prácticamente inmediata”.

Ese engranaje forma parte del sistema español notarial de lucha contra la delincuencia financiera, articulado desde 2005 a través del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales (OCP), creado por el Ministerio de Economía en el seno del Consejo General del Notariado para reforzar la colaboración con las autoridades judiciales, fiscales y administrativas competentes.

EL SISTEMA PERMITE RECONSTRUIR ENTRAMADOS SOCIETARIOS COMPLEJOS E IDENTIFICAR A LA PERSONA FÍSICA QUE SE ENCUENTRA DETRÁS DE UNA SOCIEDAD

El trabajo del OCP no se limita al ámbito de la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo, donde colabora con fiscales, jueces, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza o Vigilancia Aduanera. También trabaja en el ámbito tributario con las Administraciones fiscales; en el ámbito de valores, con la Comisión Nacional del Mercado de Valores; y en materias relacionadas con tesorería e inspección laboral, con la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo.

En el ámbito específico de la lucha contra el blanqueo, las entidades con las que mantiene una relación más estrecha son el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Comisaría General de información  de la Policía Nacional y la Unidad Técnica de Policía judicial y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La gran base de datos del Notariado

El trabajo del OCP se apoya en el Índice Único Informatizado Notarial, una gran base de datos que almacena y clasifica electrónicamente la información contenida en escrituras y actas públicas autorizadas por los más de 2.800 notarios españoles.

Los técnicos del OCP analizan esa información —siempre dentro del marco de la normativa de protección de datos— para detectar operaciones sospechosas y facilitar información a las autoridades competentes.

Desde su creación en 2005 y hasta finales de 2025, el OCP ha contestado telemáticamente a más de 415.000 requerimientos de información y cerca de 200.000 solicitudes de documentación. Todos ellos solo en materia de prevención del blanqueo y financiación del Terrorismo, con tiempos de respuesta que en la mayoría de los casos no superan los tres minutos.

LA BASE DE DATOS DEL NOTARIADO PERMITE CONOCER LA TITULARIDAD REAL DE MÁS DE 3,3 MILLONES DE ENTIDADES JURÍDICAS

La ´debida diligencia´

Una de las claves del sistema está en el trabajo previo que realizan los notarios. Como explica García Fresno “hacen un proceso exhaustivo de ´debida diligencia´, tienen delante a las personas cuando constituyen una sociedad, cuando manifiestan un titular real de una sociedad extranjera, etc., y si el notario percibe algo extraño puede pedirles más información o documentación”. De esa forma, puede verificar si el otorgante o la operación tienen un riesgo superior al promedio.

Esa presencia física es precisamente una de las grandes diferencias del modelo notarial frente a otros sistemas puramente registrales. Para alguien con fines ilícitos es más sencillo “presentar una manifestación en un registro sin presencia física, sin que nadie le pueda preguntar nada, a que tenga que contarle a un notario en una firma de una escritura, quién es el socio de esa sociedad y darle la información o documentación solicitada”, comenta García Fresno.

Cuando el notario detecta elementos de riesgo en una operación la comunica al OCP de manera confidencial para que sus analistas estudien si existen indicios de blanqueo o de otros delitos financieros. Para facilitar esa detección, el órgano cuenta con una batería de indicadores de riesgo que sirven de guía a los notarios.

Santiago Muelas, analista del OCP, explica que existen indicadores objetivos y subjetivos. Por ejemplo, “se pueden considerar señales de riesgo, objetivas, el pago de altas cantidades en efectivo, la intervención de personas o sociedades domiciliadas en territorios especialmente sensibles o determinadas operaciones triangulares en las que quien recibe el dinero no coincide con quien vende”.

Pero el análisis no se limita a los datos objetivos, también “hay indicadores más subjetivos que el notario aprecia en la relación directa con la persona, como, por ejemplo, si el usuario realmente entiende lo que va a firmar y sus implicaciones, si es de verdad el administrador de la sociedad o si está manejado por un tercero”, indica Muelas.

Una vez recibida la comunicación, el OCP analiza la operación y el resto de la operativa que puedan haber realizado esas personas en otras notarías y decide si debe trasladarse al SEPBLAC en función de los indicios de blanqueo apreciados.

EL OCP UTILIZA MAPAS ACCIONARIALES PARA RECONSTRUIR CADENAS DE SOCIEDADES

La base de datos que identifica al titular real

A partir del Índice Único Informatizado se creó en 2012 la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR), una herramienta que permite identificar quiénes son las personas físicas que se encuentran detrás de sociedades y otras estructuras jurídicas.

En unas jornadas sobre lucha contra el blanqueo celebradas el pasado septiembre en el Colegio Notarial de Madrid, la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, destacó que “gracias al Índice Único Informatizado Notarial, OCP creó dos bases de datos sustanciales en la lucha contra el blanqueo y de las que se nutren jueces, fiscales, el SEPBLAC y demás autoridades: la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR) y la de Personas con Responsabilidad Política”.

Actualmente, la BDTR tiene identificados de manera acreditada los titulares reales de más de 3,3 millones de entidades jurídicas nacionales y extranjeras, entre ellas sociedades limitadas, sociedades anónimas, fundaciones, asociaciones, partidos políticos y entidades extranjeras.

Según la presidenta del Notariado, “la BDTR permitió en 2021 que España recibiera el primer tramo de fondos de la UE Next Generation, porque hizo posible acreditar en la UE que teníamos información de una alta calidad, lo que no sucedía con otros países”.

Seguir el rastro hasta la persona física

Uno de los elementos más relevantes del trabajo del OCP es la capacidad de reconstruir entramados societarios complejos para identificar quién controla realmente una sociedad.

Cuando una estructura resulta especialmente compleja, los analistas utilizan un “mapa accionarial” que permite reconstruir cadenas de sociedades y propiedades encadenadas hasta llegar a la persona física final.

“Somos capaces de ver, en una sociedad que se presenta ante notario quién está detrás. Hay sociedades muy sencillas donde las personas físicas están inmediatamente detrás, son los dos propietarios, y en otros casos hemos llegado a detectar a la persona física que estaba al final de la cadena tras seis sociedades interpuestas”, explica García Fresno.

Ese rastreo se realiza combinando la información del Índice Único Informatizado, la Base de Datos de Titularidad Real y los datos obtenidos por el notario durante la debida diligencia.

Además de analizar las comunicaciones de operaciones de riesgo remitidas por las notarías, el OCP realiza búsquedas autónomas dentro de la base de datos para localizar patrones sospechosos. “Recibimos información de los notarios, pero también tenemos obligación de ir a buscar al Índice Único Informatizado operaciones extrañas”, explica García Fresno.

La eficacia del sistema se refleja en el recorrido posterior de las comunicaciones realizadas por el OCP. Más del 80% de las operaciones sospechosas remitidas al SEPBLAC terminan destapando delitos graves y acaban judicializándose.