Lo cierto es que en ningún momento hemos dejado de producir energía de origen nuclear. En 2021, un 10,5% de la electricidad que hemos consumido en el mundo provenía de centrales nucleares, según datos del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. Otra realidad es que la cantidad de energía generada de esta manera en el planeta no ha dejado de crecer, aunque, visto por países o zonas geográficas, nos encontremos con abundantes dientes de sierra.

Un poco de historia.

La utilización de la fisión nuclear como fuente de energía es relativamente reciente. EE.UU. y la URSS, las dos superpotencias de mediados del siglo XX enredadas en la llamada «guerra fría», veían en esta fuente un filón inagotable para asuntos bélicos. De hecho, los submarinos nucleares de ambas tuvieron prioridad en la aplicación de esta tecnología. La primera central se construyó en Rusia, en 1954, para atender las necesidades de una pequeña población donde había un elevado número de centros de investigación. Dos años más tarde, en Reino Unido, se puso en marcha el primer reactor comercial, con sus modestos 50 Mw. EE.UU. se sumó al carro en 1957, tres años después de haber armado algunos submarinos con propulsión nuclear, poniendo en marcha en Pensilvania una central para uso civil.

EN 2021, LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN NUCLEAR MUNDIAL DISMINUYÓ EN UN 1%, PERO SE INCREMENTÓ LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD EN UN 4%

Y no es que entonces se pensase que la generación de este tipo de energía no fuese contaminante o peligrosa. Ya en 1952, el presidente estadounidense Harry S. Truman puso de manifiesto su contrariedad a llenar el país de reactores y se mostró más partidario de desarrollar la energía solar. Piénsese que en 1883 se había construido la primera célula solar y que en 1946 se habían probado las placas de silicio similares a las que ahora utilizamos. El desarrollo de esta tecnología chocó con la cruda realidad: eran tiempos en los que acabábamos de aprender a extraer petróleo en cantidad y de forma rentable y este, con sus derivados, se convirtió en una fuente de energía muy barata… hasta 1973. Fue cuando los países de la OPEP decidieron no vender a países occidentales, se produjo la llamada «primera crisis del petróleo» y todo el mundo se convenció de que la solución era la energía atómica. Hasta que se hizo más rentable el transporte de gas natural (el Northern Lights, con 5470 kilómetros de longitud, es de 1970) y volvimos a mirar mal lo que contaminan los residuos nucleares y lo peligroso de las centrales.

Reactores en el mundo.

El OIEA actualiza constantemente la información sobre el número de reactores en funcionamiento que hay en todos los países que utilizan esta fuente de energía. En diciembre de 2022 reportaba un total de 422 centrales activas, con 378,3 GW netos de potencia eléctrica instalada, y 55 más en construcción, que sumarían 58,9 GW al conjunto. Pero para poder visualizar el panorama internacional de la energía nuclear son necesarios unos datos que no se encuentran en la actualización, por lo que hace falta recurrir al informe del mismo organismo, Nuclear Power Reactors in the World (edición 2022), realizado al cierre de 2021 y con datos de ese año. En él puede verse que el número de centrales en funcionamiento era de 437 (15 más que en la actualidad), situadas en 32 países, con una capacidad operativa de 389,5 GW. Comparados los datos finales de 2021 con los de 2020, tenemos que la capacidad mundial disminuyó en un 1 %, rompiendo así un ritmo de crecimiento constante durante la última década, pero se incrementó la generación de electricidad en un 4 %. Aunque sea obvio recordarlo, una cosa es la capacidad operativa neta (lo que puede llegar a producir) y otra la energía realmente generada según la demanda.

La diferencia de cinco puntos entre ambas cifras se explica por la tendencia, en años pasados, de gran número de países a reducir la dependencia, o incluso prescindir, de la energía atómica. Pero desde el momento en que la crisis del gas se hizo presente, sobre todo en Europa con la amenaza, luego cumplida, del corte de suministro por parte de Rusia, se pidió a los reactores operativos rendir al máximo. Y se empezaron a revisar las políticas de reducción o abandono de esta forma de generar electricidad, empezando por el propio Parlamento Europeo, que en julio de 2022 la incluyó, aunque con matices, en la categoría de «verde» por ser una fuente de energía descarbonizada. Así, países como Alemania, que había previsto cerrar sus últimas centrales en 2022, Bélgica y Países Bajos han pospuesto o suspendido esta decisión. Japón, a pesar la decisión de abandonar la generación nuclear tras el accidente de Fukushima, ha modificado también sus planes y se plantea y construir nuevas centrales. Solo son algunos ejemplos.

YA EN 1952, EL PRESIDENTE ESTADOUNIDENSE HARRY S. TRUMAN SE MOSTRÓ CONTRARIO A LO NUCLEAR Y MÁS PARTIDARIO DE DESARROLLAR LA ENERGÍA SOLAR

Paleta de grises.

Desafortunadamente, no todo es blanco o negro a la hora de apostar por un tipo de generación de energía cuestionada casi desde el momento cero de su historia. Es verdad que su uso no genera el temible, medioambientalmente hablando, dióxido de carbono, pero no es menos cierto que los residuos que produce, las barras de combustible usadas o el agua de refrigeración, sin ir más lejos, son ingentes fuentes de contaminación radiactiva durante miles de años. Y no nos olvidemos de la peligrosidad como argumento igualmente en contra. Permítasenos aquí un pequeño paréntesis para añadir que el miedo a la fuga radiactiva tiene a Europa con el alma en vilo debido a la invasión de Ucrania y al riesgo de que alguna bomba vaya a parar a la central de Zaporiyia, que es la más grande del continente. Estas realidades son las razones por las que muchos Estados decidieron, en su momento, «mudarse» a fuentes energéticas como las renovables.

Pero la economía y el temor a las carencias mandan y veinte de los países que ya cuentan con centrales están en proceso de construir nuevos reactores, como Francia, que es el país del mundo donde mayor peso tiene la energía nuclear, Estados Unidos, China, India o Rusia, según los datos de la World Nuclear Association. Los países que tienen previsto estrenarse con la energía nuclear son siete, entre los que podemos citar Polonia, Turquía o Egipto. Otros ocho países como Canadá, México o Rumanía, mantienen su ritmo de producción y hay nueve más en pleno debate sobre la conveniencia de desarrollar un plan para usos civiles. Añádase a todo esto que Rusia está promoviendo la construcción de nuevas centrales, en apoyo de la empresa Rosatom –pública- en países como Egipto, Turquía o Bangladés, donde ya comenzaron las obras, o Kirguistán y Hungría, donde ya se ha llegado a acuerdos.

VEINTE DE LOS PAÍSES QUE YA CUENTAN CON CENTRALES ESTÁN EN PROCESO DE CONSTRUIR
NUEVOS REACTORES, COMO FRANCIA, ESTADOS
UNIDOS, CHINA, INDIA O RUSIA

Nucleares, sí.

Si tenemos en cuenta lo que indican organismos como la OCDE y la Agencia Internacional de la Energía, la fisión nuclear es la forma más económica de obtener energía eléctrica con apenas emisiones de dióxido de carbono, aún teniendo en cuenta la reciente escalada del precio de uranio, que va camino de alcanzar el que tuvo en 2011, antes del accidente de Fukushima (70 $/libra). En el otro lado de la balanza tenemos la situación geoestratégica de los países productores de uranio. Según datos de la World Nuclear Association (2020), Kazajistán encabeza esta lista con el 41 % de la producción, seguido de Australia (13 %) y Namibia (11 %), pero no hemos de perder de vista que en el pódium de los diez primeros están también Uzbekistán, Rusia y China, algo que augura posibles tensiones, similares a las que estamos teniendo con el gas, si el uranio no llega a alguno de los países que actualmente están enriqueciendo el mineral para su uso comercial y que están fuera de la órbita rusa: EE.UU., Holanda, Reino Unido, Alemania, Francia, Brasil y Japón.

Mientras, bastantes países, sobre todo del continente asiático, tienen el proyecto de construir cerca de un centenar de reactores, a lo que hay que añadir más de trescientos cuyas ubicaciones y características ya se están estudiando. Los estadounidenses, que son los mayores consumidores mundiales de energía nuclear, piensan en prorrogar la vida de las centrales actuales, amén de construir alguna nueva. China, que se esfuerza por reducir las emisiones de carbono, podría triplicar su capacidad de producción nuclear, según sus planes, e invierte en investigar nuevos combustibles sustitutos del uranio. Quizá este sea un camino para reducir riesgos. Entre tanto, se incrementa día a día la demanda mundial de energía.

En la cultura occidental, y parte de la oriental, casi todo el mundo recuerda la historia de la Torre de Babel como el principio de la existencia de distintas lenguas. Es un relato bíblico, del libro del Génesis, pero no es el único. Diferentes culturas y tradiciones, desde América hasta África o Polinesia, encuentran «explicaciones», todas de origen divino, a por qué los seres humanos han podido generar idiomas tan distintos, aun entre pueblos cercanos. El argumento coincidente en todas esas tradiciones es un idioma común, un desencadenante de la furia divina y una «condena» a no entenderse entre vecinos.

Monogénesis o poligénesis.

El origen de las lenguas habladas en el mundo ha ocupado a muchos estudiosos del lenguaje, los arqueo-lingüistas, desde hace tiempo, llegando a establecerse dos teorías: la monogénesis (un solo origen para todas las lenguas) y la poligénesis (varios grupos de sapiens sin contacto, creando independientemente su propia forma de comunicarse). Eso sí, y dadas las evidencias científicas que sitúan el origen de los distintos grupos de habitantes de la Tierra en África, los idiomas también procederían de ahí y las corrientes migratorias habrían expandido una sola lengua o varias, según las dos diferentes teorías, modificadas y subdivididas luego a lo largo de los siglos.

TENEMOS 7.151 LENGUAS VIVAS CONOCIDAS, PERO SOLO 23 DE ELLAS SUPERAN LOS 50 MILLONES DE HABLANTES

En este sentido, es muy curioso el estudio publicado en la revista Science (Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa, abril de 2011) por el profesor Quentin Atkinson, de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, que basó su investigación en los fonemas de quinientos cuatro idiomas actuales. Su análisis concluye que cuanto más alejado de África esté un territorio, menos fonemas tienen sus lenguas. Por poner números, algunas lenguas africanas tienen más de un centenar de fonemas, mientras que las hawaianas, que se sitúan en la otra punta de la ruta migratoria, solo tienen trece. Por Europa hemos ‘perdido’ más o menos la mitad: el idioma inglés, por ejemplo, tiene cuarenta y tres fonemas. La teoría de Atkinson, que apoya el origen africano de todo idioma, se basa en lo que en biología se llama «efecto fundador», que se produce cuando un grupo de población pequeño se separa de otro más grande: el nuevo grupo, por tamaño, pierde diversidad genética. Y probablemente también fonemas en la lengua de uso cotidiano que va transmitiendo.

La realidad hoy.

Aunque parezca difícil de creer, es complicado establecer con exactitud el número de lenguas vivas. Esto incluye idiomas y dialectos, que hay actualmente en el mundo. Las distintas fuentes están de acuerdo en que podríamos hablar de más de siete mil. Las diferencias numéricas tienen que ver con qué consideran unos y otros analistas que es «lengua viva» distinta a otras de su familia lingüística. Para darse una idea, podemos decir que en España hay dieciocho lenguas vivas. Al castellano o español, debemos añadir las cooficiales en sus territorios: catalán, euskera, gallego, valenciano y aranés (cooficial en Cataluña); y las que se consideran dialectos: aragonés o fabla, leonés, bable o asturiano, montañés o cántabru, andaluz, canario, extremeño o castúo, fala (norte de Cáceres), murciano o panocha, rifeño (Ceuta y Melilla) y romaní, con su derivada caló. Si quien hace el recuento, por poner un ejemplo, engloba en un genérico asturleonés el bable, el cántabru, el leonés y hasta el castúo; el caló se incluye en el romaní y el rifeño en el andaluz, las dieciocho lenguas pasarían a ser trece.

Teniendo en cuenta estas observaciones podemos tomar como referencia a Ethnologue: una publicación de origen religioso que lleva desde los años cincuenta del pasado siglo traduciendo La Biblia a los distintos idiomas del mundo, y que ahora se ha convertido, como ellos mismos dicen, en «el principal recurso en el que confían tanto los académicos como las compañías de Fortune 500». El último dato que ofrece Ethnologue es que tenemos 7.151 lenguas vivas conocidas (vigésimo quinta edición, año 2022). De ellas, tan solo 23, y aquí ya unimos datos de otras organizaciones como Naciones Unidas o Unesco, tienen al menos 50 millones de hablantes nativos; y más de la mitad de los habitantes del planeta habla una de estas lenguas.

Qué dicen los números.

La lengua que más hablantes nativos tiene es el chino, con 1.197 millones de personas, donde predomina el mandarín, pero que incluye variantes como el cantonés, el min nan o el jinyu, por no citar más que a los más extendidos. El español, con 399 millones para los que esta es su lengua materna, y el inglés, con 335 millones, siguen, aunque a distancia, al chino. Rematan la lista de los seis primeros el hindi, 260 millones; el árabe, 242 millones; y el portugués, 203 millones. Los tres idiomas europeos citados son muestra de que los grandes movimientos colonizadores, fundamentalmente hacia América, fueron los responsables de la expansión de las lenguas, cosa corroborada también por los números: solo 59,8 millones de hablantes nativos ingleses están en Reino Unido e Irlanda, 34,8 millones en España y 10 millones en Portugal.

EL ESPAÑOL, CON 399 MILLONES DE HABLANTES NATIVOS, Y EL INGLÉS, CON 335 MILLONES, SON SEGUNDO Y TERCERO DESPUÉS DEL CHINO

También los números nos ofrecen una curiosidad: la cantidad de lenguas vivas de cada país. La clasificación la encabeza Papúa Nueva Guinea, donde sus nueve millones de habitantes disponen de 840 lenguas vivas para entenderse, aunque la principal lengua oficial es el inglés (recordemos que su jefe de Estado es el rey de Inglaterra). El segundo puesto es para Indonesia, con 715 lenguas vivas, aunque en este caso parece un poco más lógico porque sus algo más de 270 millones de habitantes se distribuyen por 17.508 islas. El tercer lugar es para Nigeria, donde sus 225 millones de habitantes también tienen el inglés como lengua oficial, con otras cuatro cooficiales, que registra 527 lenguas vivas.

Lenguas francas.

Hay idiomas en los que podemos entendernos la mayor cantidad posible de los 7.700 millones de habitantes que actualmente poblamos la Tierra (datos ONU). La necesidad de su implantación se basa en aspectos como la economía, el comercio y el Derecho internacionales, las relaciones políticas y diplomáticas… Si miramos las estadísticas, 1.500 millones son hablantes nativos del inglés o han aprendido este idioma para entenderse con otros angloparlantes de distintas partes del mundo. Es la lengua franca de nuestra época, como en su tiempo lo fue el latín o intentó serlo, posteriormente, el esperanto. La política de colonización británica tiene mucho que ver con la difusión del inglés, pero también la influencia, sobre todo económica y política, de Estados Unidos, donde se concentra la mayor parte de hablantes nativos del inglés (225 millones).

Si continuamos sumando el número de hablantes nativos y el de los que han aprendido una lengua distinta a la propia materna, el siguiente idioma europeo más utilizado en el mundo es el español, con 549 millones de hablantes, y en el medio quedan el chino mandarín, 1.119 millones, y el hindi, 602 millones. Un cálculo de los porcentajes reafirma la condición de lengua franca actual del inglés: mientras que los no nativos que han aprendido este idioma son un 74,3% del total, los de los otros idiomas suponen un 17,8%, el chino, un 42,9%, el hindi, y un 13,5% el español. Y no perdamos de vista a la India: aunque sus gentes sigan luchando por la igualdad de clases y por erradicar la pobreza, muchas de sus poblaciones se han convertido en un referente mundial en tecnología, innovación y comercio. Vueltos a los porcentajes de hablantes no nativos, y aunque el inglés sea lengua oficial en el país asiático, junto con el hindi, la cifra de este último, en comparación con chino y español, es todo un síntoma.

El Parlamento Europeo (PE) aprobó el 5 de julio de 2022, por amplia mayoría, la Ley de Mercados Digitales (DMA, de Digital Markets Act) y la Ley de Servicios Digitales (DSA, de Digital Services Act), que ya habían sido consensuadas entre el propio PE y el Consejo Europeo. Según la nota de prensa emitida por el organismo comunitario, «ambas leyes tienen por objeto abordar los efectos sociales y económicos del sector tecnológico. A tal fin, establecen normas claras que regulan, de acuerdo con los derechos y valores de la UE, el funcionamiento y la prestación de servicios por parte de estas empresas en la Unión».

Qué hace el ‘sheriff’. Cabe decir que los Estados miembros de la Unión dan un paso tan gigantesco como histórico para lograr la regulación legal del mercado digital. «Reglas sin precedentes», dicen desde el PE, para que las empresas tecnológicas rindan cuentas. No olviden esto último, en lo que incidiremos un poco más adelante, porque esos controles son el principal objetivo de ambas normas. La DSA, si vemos las normativas por separado, «establece obligaciones claras para los proveedores de servicios digitales, como las redes sociales o los mercados electrónicos, para hacer frente a fenómenos que pueden suponer una amenaza para la sociedad, como la difusión de contenidos ilegales y la desinformación en línea. Los nuevos requisitos son proporcionales al tamaño de las plataformas digitales y a los riesgos que representan para la ciudadanía», dice el PE.

SON UNAS «REGLAS SIN PRECEDENTES», DICEN DESDE EL PARLAMENTO EUROPEO, PARA QUE LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS RINDAN CUENTAS

La DMA «establece obligaciones para las grandes plataformas en línea que ejercen como guardianes de acceso (es decir, aquellas plataformas cuya posición dominante aboca a prácticamente todos los usuarios a utilizarlas) en el mercado digital para velar por un entorno empresarial más justo y una mayor oferta de servicios para los consumidores». Aunque lo habrán percibido entre líneas, hablar de «guardianes de acceso» es citar implícitamente a las llamadas GAFAM: Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft (aunque sería mejor llamarlas GAMAM desde que Facebook es Metaverso). Y no: la denominación no es un invento del redactor de la ley, porque a estas grandes compañías las llaman, en argot del sector, «los guardianes» (gatekeepers) online.

Servicios y Mercados. La DSA, pues, está más basada en las redes sociales y el comercio electrónico (e-commerce) y busca frenar la desinformación y los bulos o fake news, además del uso publicitario de datos confidenciales o de menores. La transparencia y las explicaciones sobre el uso de sus algoritmos son los objetivos en el caso de las redes sociales; y el rigor respecto a la trazabilidad y la seguridad de los productos ofertados, si hablamos del comercio electrónico. También destaca, decíamos, la prohibición de diversos tipos de publicidad selectiva, como son los anuncios basados en datos confidenciales y aquellos dirigidos a menores de edad. En el capítulo multas se prevé hasta el 6% de su facturación anual para quien incumpla las nuevas obligaciones impuestas.

Para la DMA lo importante es evitar el control de los «guardianes» sobre los datos de los ciudadanos de la UE. Simplificando, se buscará evitar monopolios y se diseñarán normas de acceso a las plataformas de dichos guardianes. En otras palabras, sus servicios de comunicación tendrán que ser interoperables, pero es que, además, los usuarios corporativos (empresas) podrán tener acceso a la información de las grandes plataformas para poder publicitar sus productos y servicios en estas, aunque sean competencia. Afecta a las GAFAM y alguna más, como YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, Telegram o Twitter, porque la DMA se aplica a las plataformas que superen los 45 millones de usuarios, entre otros requisitos, lo que las situará bajo el control directo de la Comisión Europea. Las sanciones aquí pueden llegar al 20% de la facturación para los reincidentes.

Reacciones. Al cierre de este número de Escritura Pública apenas había reacciones de las grandes plataformas. Únicamente Apple y Google. La primera, que ya estaba abiertamente en contra de la DMA, ha hecho público su desacuerdo indicando que la norma va a crear vulnerabilidades en la privacidad y la seguridad de sus usuarios, aunque lo que más les duele es que creen que no van a poder cobrar por determinados derechos de propiedad intelectual. Con esta última idea están en Google, aunque ellos lo expresan diciendo que van a salir perdiendo los consumidores europeos porque no van a poder disponer de sus innovaciones y, por tanto, se reducirá su oferta de servicios.

LA LEY DE SERVICIOS DIGITALES BUSCA FRENAR LA DESINFORMACIÓN Y LOS BULOS O FAKE NEWS, ADEMÁS DEL USO PUBLICITARIO DE DATOS CONFIDENCIALES O DE MENORES

En el lado opuesto tenemos organizaciones como la GSMA (Global System for Mobile Communications, organizadores –ente otras actividades– del MWC Barcelona), que se auto define como «una organización global que unifica el ecosistema móvil para descubrir, desarrollar y ofrecer innovación fundamental para entornos empresariales positivos y cambios sociales»; y la ETNO (European Telecommunications Network Operators’ Association), que de sí misma dice que es «la voz de los operadores de redes de telecomunicaciones de Europa desde 1992 y se ha convertido en el principal grupo político para los operadores europeos de redes de comunicaciones electrónicas». Ambas se han posicionado sin fisuras a favor de la frase estrella del PE: «lo que es ilegal offline debería ser ilegal online». Para que conste, son organizaciones nacidas en Europa y paneuropeas en sí mismas, aunque con intereses en todo el mundo; sobre todo GSMA.

Y ahora, ¿qué? Los textos se tienen que publicar en el Diario Oficial de la UE, lo cual sucederá cuando el Consejo los apruebe oficialmente (unos días después de la aprobación por el PE para DMA y en septiembre de 2022 para la DSA). Su entrada en vigor será veinte días después de su publicación; y serán directamente aplicables a los seis meses para la DMA y a los quince meses o en enero de 2024 (la fecha más tardía) para la DSA. Esto se aplica a toda la Unión Europea sin necesidad de que los Estados miembros las transpongan.

Procede finalizar con una declaración del alemán Andreas Schwab, ponente de la DMA: «Ya no vale lo de la “supervivencia del más fuerte”. El objetivo del mercado único digital es que Europa reciba a las mejores compañías y no sólo a las más grandes. Por eso debemos centrarnos en la aplicación de la legislación. Hace falta una vigilancia adecuada para asegurar que el diálogo regulatorio funciona. Sólo una vez que tengamos un diálogo entre iguales lograremos que la UE sea respetada; se lo debemos a nuestros ciudadanos y empresas».

Seguramente conviene empezar por recordar que Reporteros sin Fronteras, (RSF), organización no gubernamental nacida en Francia en 1985, es reconocida como entidad consultiva por las Naciones Unidas, la UNESCO y el Consejo de Europa. Desde hace veinte años, viene publicando un informe anual en el que analiza cómo se ejerce el periodismo en 180 países. Su evaluación se basa en lo que su propio panel de expertos define como libertad de prensa, principio con el que seguramente es fácil estar de acuerdo: «La libertad de prensa es la posibilidad efectiva para los periodistas, como individuos y como colectivo, de seleccionar, producir y difundir informaciones, en aras del interés general, independientemente de las interferencias políticas, económicas, legales y sociales, y sin menoscabo para su seguridad física y mental».

Los parámetros analizados.

La mejor manera de ver rápido y claro una situación es poner notas. En el caso del antes mencionado informe anual, y muy escuetamente, se lleva a cabo una valoración, de 0 a 100 puntos, mediante preguntas en cinco contextos diferentes: el político, el económico, el socio cultural, el marco legal y la seguridad. El fin del primero es valorar cómo se apoya a periodistas y medios cuando exigen claridad y transparencia a los políticos, pensando solo en el interés público, y cómo se acepta la diferencia de criterios profesionales según ideología o independencia políticas. En el aspecto económico se tienen en cuenta desde las trabas que ponen los gobiernos o la corrupción de los periodistas por parte de distintos actores, hasta las presiones hacia los editores y sus consecuencias respecto a los periodistas.

REPORTEROS SIN FRONTERAS SEÑALA QUE EXISTE UN CAOS INFORMATIVO CREADO POR UN ESPACIO DIGITAL GLOBALIZADO Y SIN REGULAR, QUE FAVORECE LAS INFORMACIONES FALSAS

El contexto sociocultural se mueve en dos líneas: las presiones sociales hacia los periodistas (machismo, racismo, xenofobia…) y las presiones culturales, concretadas en sugerir a los profesionales de la información que no «destapen» determinadas cosas para no perjudicar al conjunto del territorio o de la sociedad. El marco legal se refiere a la libertad de poder trabajar sin censura o sanción, la posibilidad normativa de proteger las fuentes o el grado de impunidad de quienes agreden a los periodistas. En lo tocante a la seguridad, por último, se analiza la existencia o no de daños físicos, sicológicos o emocionales a los periodistas y el perjuicio profesional, como pérdida de empleo, cuando el informador se sale de los límites impuestos por determinados poderes.

Caos informativo.

La expresión no es nuestra, sino fruto de la contundencia con que se expresan los redactores del informe de RSF: el informe «pone de manifiesto, en su edición de 2022, los efectos desastrosos del caos informativo, creado por un espacio digital globalizado y sin regular, que favorece las informaciones falsas y la propaganda». También hacen referencia a una doble polarización «amplificada por el caos informativo: la polarización mediática, que crea fracturas dentro de los países, y la polarización de los Estados, a escala internacional». En el fondo, las frases son la reseña de situaciones que hemos visto o percibido últimamente, desde el asalto al capitolio de EE. UU. hasta la invasión en Ucrania por parte de tropas rusas, sin olvidar todo lo que viene concurriendo en torno a la pandemia del COVID-19.

Según esas puntuaciones antes citadas, en esta «nueva era de la polarización» –así lo califican en RSF– los diez países donde el estado de la libertad de prensa se considera mejor son Noruega, Dinamarca, Suecia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Portugal, Costa Rica, Lituania y Liechtenstein, cuyas puntuaciones oscilan entre los 92.65 y los 84.03 puntos sobre 100. A la cola, los cinco con menor puntuación son Birmania, Turkmenistán, Irán, Eritrea y Corea del Norte, que solo obtuvieron entre 25.03 y 13.92 puntos sobre 100. España quedó en el puesto 32 con 76.71 puntos.

Por contextos.

Si lo vemos según el contexto político, Noruega, Dinamarca y Suecia también encabezan la clasificación, con Eritrea a la cola. Respecto al contexto económico, los mismos tres de cabeza, aunque intercambian puestos Suecia y Dinamarca, siendo el último país de la clasificación Corea del Norte. Cambia un poco el panorama en el contexto sociocultural, donde el primer lugar lo ocupa Jamaica, seguido de Noruega y Portugal; también aquí Corea del Note ocupa el último puesto. Si miramos la situación del marco legal, Noruega, de nuevo, Argentina y Suecia están arriba y Cuba abajo del todo. En el ámbito de la seguridad, por último, primeros puestos para Liechtenstein, Irlanda y Costa Rica y el último para Birmania, país del que RSF dice que «el golpe de Estado de febrero de 2021 ha hecho retroceder brutalmente diez años la situación de los periodistas».

DE 2013 A 2022, LOS PAÍSES CON BUENA SITUACIÓN DE LA LIBERTAD DE PRENSA HAN PASADO DE 26 A 8 Y LOS QUE TIENEN SITUACIÓN DIFÍCIL O MUY GRAVE, DE 58 A 70

Hay un contexto, no definido así en el informe, que es el histórico, donde podemos ver con mayor perspectiva el panorama internacional comparando los análisis de 2013 a 2022. En el primero de los años, los países con buena situación de la libertad de prensa, de los 180 estudiados, eran veintiséis. En 2022, solo ocho. En el lado contrario, los países con situación difícil o muy grave eran cincuenta y ocho en 2013. En 2022, setenta. Y no: Europa no se libra de esta situación de retroceso, aunque cope los primeros puestos de la clasificación. El informe cita específicamente a países de la zona Europa-Asia Central como Eslovenia, Polonia, Hungría, Albania, Grecia, Rusia, Bielorrusia o Turquía, donde «se han endurecido las medidas liberticidas» contra el periodismo.

EUROPA NO SE LIBRA DE ESTA SITUACIÓN DE RETROCESO, AUNQUE COPE LOS PRIMEROS PUESTOS DE LA CLASIFICACIÓN

En democracia.

Solo por curiosidad, hemos comparado los resultados del informe de RSF con el Índice de Democracia Global elaborado por la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist. Es verdad que este índice analiza 167 países (frente a los 180 del informe de RSF), con lo que la comparación no puede ser estricta; pero en su última edición (2021) solo veintiuno han sido calificados como democracias plenas. Y ahí se incluyen todos los países escandinavos, Irlanda o Costa Rica, que, oh coincidencia, son los que encabezan la clasificación hecha por los reporteros. Es un caso más de efecto y causa; es una llamada de atención a la sociedad compleja en la que estamos inmersos.