«La vivienda: cuestión de Estado», por Yolanda Gómez

ALDEA GLOBAL

YOLANDA GÓMEZ,

subdirectora de Economía de ABC

"Es el momento de que PSOE y PP dejen a un lado la polarización y sus desavenencias políticas y sellen un pacto de Estado"

La vivienda: cuestión de Estado

Sin un acuerdo entre PP y PSOE, que acumulan casi todo el poder estatal y territorial, cualquier política que se aplique estará coja. Y sin la colaboración privada será imposible atender a la escasez de demanda que existe en estos momentos.

La dificultad para acceder a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles, especialmente entre los jóvenes, según muestra mes tras mes el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los políticos, poco a poco, van tomando conciencia de la importancia de este problema, pero no se ponen de acuerdo en las soluciones que, inexorablemente, tendrán que venir de un pacto entre las Administraciones, y de la colaboración público-privada. El Gobierno central, sin apenas competencias en la materia, tiene muy restringidas las posibilidades de aplicar medidas, y comunidades y ayuntamientos por sí solos, carecen de los ingentes recursos públicos necesarios para hacer frente a la escasez de vivienda.

En este escenario al menos el diagnóstico está bastante claro: estamos ante un problema de oferta y el Banco de España ha puesto cifras a la magnitud del mismo: hay un déficit de al menos medio millón de viviendas. Un déficit que tardará en cubrirse si tenemos en cuenta que solo se construyen 100.000 viviendas nuevas cada año.

Ante esta situación tanto el Gobierno central como los autonómicos y los ayuntamientos han anunciado o desplegado medidas no exentas de riesgo y cuya eficacia, señalan desde instituciones como el Banco de España o la Airef, debería medirse para evitar que se estén desperdiciando recursos públicos.

Así, por ejemplo, a raíz de la pandemia, el Gobierno ha aumentado la protección sobre los inquilinos, limitando las actualizaciones de rentas y endureciendo las condiciones de desahucio. Además, se han creado nuevos indicadores de precios del alquiler, que sirven para que las comunidades autónomas puedan fijar zonas tensionadas y limitar las subidas de los alquileres.

Estas medidas, que pueden servir para proteger a colectivos vulnerables, al extenderse en el tiempo corren el riesgo de contraer la oferta. Y, de hecho, eso es lo que está pasando. Allí donde se han aplicado límites, como en Cataluña, se ha conseguido reducir algo los precios, pero a costa de contraer la oferta, porque se están desviando viviendas hacia el alquiler turístico o el temporal, con lo que el problema no solo no se ha resuelto, sino que incluso se ha acrecentado.

El Gobierno central y algunas comunidades, como la de Madrid, también han tomado medidas de apoyo a la demanda, como los avales públicos para la compra de vivienda, o las ayudas al alquiler para jóvenes. Muchos expertos critican estas medidas porque aseguran que como no hay un problema de demanda estos recursos públicos solo servirán para incrementar los precios. Y puede que tengan razón, pero los avales facilitarán la compra a jóvenes que no tienen ahorros, pero sí un trabajo que les permita hacer frente a una hipoteca.

En lo que hay un consenso bastante generalizado es en la necesidad de aumentar el parque de alquiler social, que en España no llega ni al 2% del total, muy lejos del 7% de media en Europa. Y para alcanzarla, calculan los expertos que serían necesarias más de 1,5 millones de viviendas. En el largo plazo ayudaría que las casas que tienen protección pública la mantengan de por vida, y no desaparezca con los años como ocurre ahora. Pero eso no se puede hacer con efectos retroactivos, de modo que, a corto plazo, el problema sigue sin solucionarse.

El presidente del Gobierno ha anunciado, incluso, la creación de una empresa pública de vivienda. Debo reconocer que salvo en Sumar o Podemos, pocos expertos incluyen esta medida entre las soluciones. Aunque una empresa pública sí podría ser útil para sacar al mercado los miles de viviendas vacías que muchos propietarios no se atreven a alquilar por temor a que les destrocen la casa o a no poder echar a los inquilinos en caso de que no les paguen la renta. La Administración podría hacer de intermediaria para garantizar alquileres asequibles a los inquilinos, y rentas adecuadas a los propietarios, como sugería el Banco de España hace unas semanas.

En el listado de soluciones aparece también de manera recurrente la aprobación del proyecto de ley del suelo para agilizar los trámites para la construcción de vivienda y acabar con la actual inseguridad jurídica a la que se enfrentan los promotores obligados en numerosas ocasiones a paralizar la totalidad de las obras por cuestiones puntuales. El sector también aboga por liberalizar suelo y agilizar las licencias. Pero el PSOE no cuenta con el apoyo de sus socios habituales, y tampoco el PP ha apoyado al Gobierno en una materia que debería dejarse al margen de las trifulcas políticas.

Hay quien desconfía de las intervenciones públicas, y quienes alertan de que “si no se diseñan y ejecutan cuidadosamente, pueden distorsionar el mercado, desalentar la inversión privada y lo que es fundamental: no alcanzar los objetivos de accesibilidad y asequibilidad esperados”, como advierte el catedrático de Análisis Económico, Santiago Carbó.

Pero la situación es tan grave que es el momento de analizar todas las propuestas, de apostar por la seguridad jurídica, de aplicar incentivos para convencer a los propietarios de que saquen sus viviendas vacías al mercado del alquiler, pero fundamentalmente es el momento de que PSOE y PP, que acumulan la mayor parte del poder local, autonómico y estatal, dejen a un lado la polarización y sus desavenencias políticas y sellen un pacto de Estado con medidas moderadas, que cuenten con el sector privado y que permitan aliviar uno de los principales problemas a los que se enfrenta nuestro país. La vivienda se ha convertido en el mejor plan de pensiones de nuestros mayores y ahora es el momento de ayudar a nuestros jóvenes.

«Un ‘reseteo’ estratégico en tiempos de Trump», por María Andrés Marín

ÁMBITO EUROPEO

MARÍA ANDRÉS,
directora de la oficina del Parlamento Europeo en España

“Uno de los pilares de este nuevo acuerdo para reiniciar las relaciones bilaterales debe ser la defensa común"

Un reseteo estratégico en tiempos de Trump

El triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses ha reavivado las tensiones sobre el compromiso del país con la OTAN y la seguridad europea. En sus primeros discursos, Trump ha advertido que no protegerá a los países que no cumplan con el objetivo del 2% del PIB en gasto militar -España está a la cola de toda la UE con un 1,28%-, dejando claro que reducirá la implicación americana en la Alianza. Este escenario plantea una amenaza directa a la estabilidad del continente en un momento de gran volatilidad por la invasión rusa de Ucrania. El Parlamento Europeo aprobó recientemente en Estrasburgo una dura resolución en la que exigía más apoyo militar concertado a Ucrania ante la implicación reciente de China y Corea del Norte en el conflicto y ante las pruebas rusas de nuevos misiles balísticos. El lenguaje bélico invade ya los comunicados de prensa de unas instituciones creadas para la paz hace ahora 67 años.

La Eurocámara, a diferencia del nuevo mandatario norteamericano, deja claro que “no pueden llevarse a cabo negociaciones sobre Ucrania sin Ucrania” y pide a la UE trabajar para lograr el apoyo internacional más amplio posible al país, sobre todo teniendo en cuenta la escalada reciente y el preocupante apoyo en recursos a Rusia de Irán, Bielorrusia y Corea del Norte.

Todos estos acontecimientos urgen reforzar la autonomía estratégica de la UE y su cooperación en defensa, especialmente con el Reino Unido, un aliado clave que ha quedado fuera de la estructura comunitaria tras el Brexit. Las noticias que nos llegan de Londres son positivas: el nuevo gobierno de Keir Starmer, con su enfoque proeuropeo y su voluntad de resetear las relaciones con Bruselas, ofrece una oportunidad única.

Uno de los pilares de este nuevo acuerdo para reiniciar las relaciones bilaterales debe ser la defensa común. En un mundo cada vez más inseguro, la UE y el Reino Unido tienen mucho que ganar de una asociación más estrecha.

La Unión Europea, consciente de las implicaciones de un Estados Unidos obsesionado con China y menos comprometido con nuestro continente, debe liderar el esfuerzo para fortalecer su pilar defensivo dentro de la OTAN, integrando las capacidades británicas en un marco europeo más sólido. El Reino Unido, por su parte, tiene el incentivo de consolidar su influencia en Europa a través de acuerdos que no solo refuercen su posición como socio privilegiado, sino que también le permitan mantener su relevancia en un entorno geopolítico cada vez más hostil.

La clave radica en una negociación de doble vía: por un lado, garantizar que la UE mantenga una postura unida y cohesionada en sus negociaciones en bloque con el Reino Unido. Por otro, es lógico que en políticas como la de defensa su colaboración incluya acuerdos bilaterales adicionales, como el mantenido con Francia y el reciente Acuerdo Trinity House con Alemania, que incluye la construcción de una fábrica de artillería en Reino Unido, el despliegue de aviones alemanes para proteger el Atlántico Norte y el desarrollo conjunto de misiles de largo alcance y drones.

Insisto: Aunque valiosos, estos acuerdos nunca deben contemplarse en detrimento del refuerzo de una verdadera dimensión europea de la defensa. Cierto, la UE no tiene ejército propio, pero el margen de cooperación es amplio. El Reino Unido debe participar también en proyectos estratégicos conjuntos, en iniciativas como el Instrumento para el Refuerzo de la Industria Europea de Defensa, diseñado para fomentar adquisiciones conjuntas y optimizar el gasto público en capacidades militares. Además, invertir en otras áreas estratégicas como la ciberseguridad y la conectividad espacial fortalecería la resiliencia de las infraestructuras críticas de ambos.

El liderazgo de Starmer llega en un momento oportuno. Un acuerdo estructurado con la UE permitiría finalmente al Reino Unido participar en misiones militares y civiles de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), fortaleciendo las capacidades operativas conjuntas.

Además, la cooperación podría extenderse a áreas críticas como la seguridad energética y la gestión de migraciones. Británicos y europeos ya dieron en febrero un paso significativo en esta última materia, al acordar una colaboración entre sus agencias de control de fronteras para combatir la migración irregular con un mayor intercambio de información y la coordinación operativa. Paralelamente, se están explorando mecanismos que permitan una movilidad juvenil más estructurada, facilitando que jóvenes europeos y británicos vivan y trabajen temporalmente en el otro territorio. El enfoque es delicado: busca fortalecer la seguridad y la cooperación, evitando la percepción de un regreso a la libre circulación, algo aún sensible en Reino Unido.

No hay luna de miel después de un divorcio traumático. La UE ha dejado claro que cualquier avance significativo en este reseteo de relaciones requerirá que el Reino Unido cumpla plenamente con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Comercio y Cooperación de 2020. Esto incluye la implementación de controles fronterizos y el respeto a los derechos de los ciudadanos europeos en suelo británico, cuestiones que hasta ahora han sido fuente de fricciones.

En todo caso, el regreso de Trump a la Casa Blanca deja claro que Europa ya no puede depender del paraguas de seguridad estadounidense como lo ha hecho en el pasado. Debe asumir una mayor responsabilidad por su propia defensa, y el Reino Unido, con sus capacidades militares avanzadas, su potencia nuclear y su experiencia global, es un socio natural en este esfuerzo.

En última instancia, el éxito de este reseteo dependerá de la voluntad política de ambas partes para priorizar el interés común sobre las diferencias pasadas. Y la elección de Trump podría terminar siendo el mejor catalizador para ello.

La copia electrónica notarial

FUNDACIÓN NOTARIADO

www.fundacionnotariado.org

LA COPIA ELECTRÓNICA NOTARIAL

Cumplido el primer año de la entrada en vigor de la Ley 11/2023, las ventajas que ofrece la norma en cuanto a la digitalización de las actuaciones notariales aún son desconocidas para la mayoría de los ciudadanos. Contribuir al conocimiento y análisis de esta realidad fue el objetivo de la sesión monográfica La copia electrónica en la nube y con CSV como nueva forma de exteriorización del documento notarial, organizada por la Cátedra ICADE-Fundación Notariado Seguridad Jurídica en la Sociedad Digital celebrada recientemente.

JAIME PÉREZ DE MIGUEL
De izda. a dcha.: Manuel González-Meneses, Alfonso Madridejos y Segismundo Álvarez.

Los ponentes, los notarios Alfonso Madridejos y Manuel González-Meneses, también director de la cátedra, fueron presentados por el notario y vicedirector, Segismundo Álvarez, quien comenzó recordando la vocación de vanguardia de la cátedra en el estudio de todo lo relativo a la conexión entre tecnología y derecho, sin limitarse a las cuestiones estrictamente notariales, aunque en esta ocasión se analizase una ley que pretende avanzar en la digitalización de la función notarial.

Escrituras digitales

Alfonso Madridejos relacionó el nuevo régimen de las copias con lo que considera la más importante novedad de la Ley 11/2023 con respecto a la digitalización de las actuaciones notariales: la puesta en marcha del protocolo notarial electrónico, el eje en torno al que gira toda la reforma, y que supone incrementar exponencialmente la seguridad y utilidad del protocolo notarial, por el hecho de que las escrituras tienen ahora un doble formato: en papel y electrónico. Mientras que el protocolo de papel tiene un carácter estático, el protocolo electrónico es una herramienta dinámica, porque en él no solo está reflejada la escritura matriz tal y como fue autorizada, sino también la vida y dinamismo del propio negocio documentado.

Según explicó Madridejos, con la nueva regulación, “las copias electrónicas resultan potenciadas, puesto que ahora pueden ser expedidas para cualquier persona con interés legítimo que así lo solicite, con la novedad de la incorporación del CSV o Código Seguro de Verificación. El CSV proporciona una doble ventaja para el usuario: por un lado, permite garantizar la autenticidad e integridad de las copias, ya que su custodia se realiza en la Sede Electrónica Notarial con todas las garantías proporcionadas por el Consejo General del Notariado; y por otro, se mantienen siempre actualizadas y permiten conocer la situación de la matriz”.

“En definitiva, la copia notarial autorizada electrónica con CSV, que en poco tiempo debería generalizarse, supone, dentro del proceso de digitalización del tráfico jurídico en nuestro país, una gran mejora del sistema, un incremento muy importante de la seguridad jurídica, una notable agilización de los trámites y procedimientos y una considerable reducción de los costes para los usuarios de los servicios notariales, todo ello, no puede olvidarse, con un gran esfuerzo en inversión, costes y trabajo para el colectivo notarial”, comentó Madridejos.


EL PROTOCOLO ELECTRÓNICO ES DINÁMICO PORQUE EN ÉL ESTÁ REFLEJADA LA ESCRITURA MATRIZ Y LA VIDA DEL PROPIO NEGOCIO DOCUMENTADO


El Reglamento elDAS2

Por su parte, González-Meneses quiso situar el nuevo régimen de las copias de los documentos notariales en un contexto más amplio: en un entorno social donde empleamos cada vez más dispositivos informáticos portátiles, como el teléfono móvil, a la hora de legitimarnos para muchas actuaciones. En particular, lo relacionó con la normativa europea -el Reglamento eIDAS2 promulgado en este año 2024- que pretende implantar un wallet o cartera de identidad digital europea consistente en una aplicación que permitirá emplear el teléfono móvil para acreditar, no solo la identidad personal, sino otra serie de variados atributos que interesa hacer valer frente a terceros y en interacciones tanto online como presenciales. El wallet permitirá manejar credenciales en formato digital con enlaces a las páginas web de las entidades u organizaciones emisoras de estas como forma de verificar en tiempo real tanto la autenticidad de la credencial como la vigencia del atributo que esta acredita. De manera análoga, el nuevo régimen de las copias de los documentos notariales permite a los ciudadanos la acreditación de rasgos jurídicos, como la condición de propietario de un bien, de apoderado de otra persona o de administrador de una compañía, por ejemplo, con una copia electrónica en el teléfono móvil con un enlace -el CSV en formato QR-, que facilita a cualquier persona ante la que se exhibe ese dispositivo, escanear ese QR con su propio dispositivo para acceder en tiempo real a un ejemplar actualizado de esa misma copia que se mantiene en la Sede Electrónica Notarial.

La copia autorizada electrónica

González-Meneses incidió en que esta novedad es una exigencia derivada de la propia liberación de la copia autorizada electrónica, y tanto por razones de usabilidad (el CSV facilita la verificación de la autenticidad e integridad de la copia de un documento notarial que se exhibe en formato digital sin necesidad de disponer de un ordenador y un software que permita la verificación de la firma electrónica cualificada del notario emisor de la copia), como de seguridad. Una vez puestas en circulación, a diferencia de las copias de papel, las electrónicas (por excelencia, la copia de un poder de representación que legitima al apoderado para actuar en nombre del poderdante frente a terceros), no se pueden retirar porque, como cualquier archivo informático, se pueden reproducir una infinidad de veces por la persona que la ha recibido -ej. el apoderado en el caso del poder-. Por lo tanto, la existencia de un repositorio de copias accesible online por cualquiera ante el que se exhibe la copia en formato digital, con información actualizada sobre la vigencia o revocación del documento, es algo imprescindible para la protección tanto del poderdante como de los terceros ante los que pretende actuar el apoderado.

“El hecho de que la incorporación del CSV y la posibilidad de cotejo con un ejemplar actualizado de la misma copia en la Sede Electrónica Notarial sea algo conforme con el signo de los tiempos y una exigencia de usabilidad, de racionalidad y equidad del nuevo régimen de libre circulación de las copias entre particulares, no debe llevarnos a desconocer -advirtió González-Meneses- el cambio tan sustancial que supone esta reforma”.

ON LINE

El diálogo La copia electrónica en la nube y con csv como nueva forma de exteriorización del documento notarial puede visualizarse en la web de Fundación Notariado.

Alfonso Madridejos.
Manuel González-Meneses.
Tres cuestiones sobre la digitalización notarial

Manuel González-Meneses, notario y director de la catedra ICADE-Fundación Notariado Seguridad Jurídica en la Sociedad Digital, se detuvo, durante la cátedra, en tres cuestiones sobre la Ley 11/2023 que permitió la digitalización de diversas actuaciones notariales. En primer lugar, frente a la tradicional responsabilidad individual de cada notario en la llevanza de su protocolo y en la expedición de copias, la reforma supone la asunción por la propia corporación notarial de funciones con relevancia frente a terceros (la generación automatizada y aleatoria del CSV para cada copia emitida, la conservación del repositorio actualizado de copias, y el mantenimiento de su acceso online permanente). En segundo lugar, el acceso mediante CSV al ejemplar de la copia que se conserva en el repositorio de copias no tiene nada que ver con la tradicional legitimación para obtener copia de un determinado documento notarial, por cuanto se trata de un acceso automático y anónimo para cualquiera que conozca el CSV correspondiente; y por último, la fundamental cuestión de la eficacia jurídica del repositorio de copias respecto de terceros ya que -a juicio del director de la cátedra- la reforma solo tiene sentido si se entiende que la nueva normativa impone sobre estos -las personas ante los que se exhibe una copia en formato electrónico-, la carga de consultar el repositorio de copias mediante el CSV, ya que cualquier información actualizada en relación con la vigencia del documento le va a ser jurídicamente oponible.

Página de acceso al Portal Notarial del Ciudadano.
Fundación Notariado y su XII Cátedra del Prado

Bajo el título La recuperación del patrimonio saqueado. 1815, el desmantelamiento del Louvre y el renacimiento de los museos en Europa, tuvo lugar la XII Cátedra del Prado, dirigida por Bénédicte Savoy, profesora de Historia del arte moderno en la Technische Universität Berlín, y patrocinada por Fundación Notariado. El programa se articuló en cuatro conferencias de carácter gratuito para los asistentes inscritos, impartidas todos los jueves del mes de noviembre de 2024. En el acto de inauguración estuvieron presentes el presidente del real Patronato del Museo del Prado, Javier Solana; el jefe de su Centro de Estudios, Javier Arnaldo; y Raimundo Fortuñy, entonces vicepresidente de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado.

Fortuñy analizó este periodo histórico desde el punto de vista del Notariado: “En esta época la Asamblea Nacional francesa aprobó la llamada Ley Ventoso y es en este momento de la Historia cuando se produce la ordenación del Notariado como elemento vertebrador en respuesta a las demandas sociales de seguridad, legalidad y autenticidad, así como de la conciencia de restitución de lo ajeno”.

De izda. a dcha.: Raimundo Fortuñy, Javier Solana y Javier Arnaldo.

La prosperidad de las naciones

ALDEA GLOBAL

LA PROSPERIDAD DE LAS NACIONES

Lo que sucedió en continentes enteros, como África o América, hace algo más de 500 años, determina hoy por qué existen diferencias en la prosperidad de distintas naciones. Al menos, así lo defienden los profesores Daron Acemoğlu, Simon Johnson y James A. Robinson, que obtuvieron el Nobel de Economía 2024 por sus estudios sobre cómo las instituciones económicas y políticas se han venido desarrollando y cómo estas, condicionadas por su historia, determinan la prosperidad de las naciones y las diferencias sociales y económicas entre ellas. Su teoría, sin embargo, no está exenta de críticas.

MELCHOR DEL VALLE
© JOHAN JARNESTAD | REAL ACADEMIA DE CIENCIAS DE SUECIA

Cabe decir que los galardonados son historiadores económicos y que su investigación, por simplificar, no se basa solo en analizar secuencias de datos, sino en comparar estas con hechos históricos. Por eso, el acta del jurado que concedió el galardón considera que su trabajo ha demostrado que “una de las explicaciones de las diferencias en la prosperidad de los países son las instituciones sociales que se introdujeron durante la colonización”, en referencia a la que los europeos llevamos a cabo en el siglo XVI y siguientes. La novedad está en la relación que establecen entre mortalidad, asentamientos e instituciones específicamente, pero también en tener en cuenta dichos aspectos con independencia de la nacionalidad de los colonizadores.

 


LOS NOBEL DE ECONOMÍA PARTIERON DE UNA PREGUNTA SIMPLE: “¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE QUE HAYA GRANDES DIFERENCIAS EN LA RENTA PER CÁPITA ENTRE DISTINTOS PAÍSES?”


El principio

En el año 2001, los autores galardonados publicaron en la revista American Economic Review el artículo The Colonial Origins of Comparative Development: an Empirical Investigation, que es lo que promovió su candidatura al Nobel. A esto seguramente contribuyó también el libro de Acemoğlu y Robinson (es decir: sin Johnson) titulado Why Nations Fail (Por qué fracasan los países) publicado en 2013.

En su momento, estudiosos de la economía del desarrollo consideraron que la tesis expuesta en el artículo contribuye a entender la evolución de las antiguas colonias mediante el análisis de la mortalidad de los colonos europeos, tomada esta como una variable del desarrollo de las instituciones. Dicho de otra manera, apuntan a que los europeos solo instauraron instituciones que inducían al crecimiento en áreas donde no enfermaban y podían establecerse. En cambio, en otras zonas donde estaban más expuestos a enfermedades, por ejemplo, África central, promovieron instituciones más propias de autócratas, que persisten hasta el día de hoy y explican en gran medida las diferencias en los ingresos entre países.

Inclusivas o extractivas

Para explicar su teoría, los autores dividen las instituciones de los países que fueron colonizados a partir del siglo XVI en inclusivas, basadas en el respeto al Estado de Derecho y habitualmente asociadas a regímenes democráticos estables, y extractivas, donde no se respetan los derechos básicos y la seguridad jurídica es manifiestamente mejorable. Es decir, y por unir conceptos con el párrafo anterior: los autores apuntan a que las inclusivas se dan en los países donde no enfermaban los colonos, por lo tanto hacían de aquéllos lugares su hogar, mientras que las extractivas se encuentran en naciones donde los europeos estaban más expuestos a contagios (diversas zoonosis con altos índices de mortalidad, por ejemplo), con lo que llegaban, extraían –de ahí el nombre– lo que podían y se marchaban, pero no se quedaban a vivir. También puede entenderse la conclusión de que los europeos que decidían establecerse en las colonias reprodujeron el sistema institucional de sus países de origen, mientras que quienes solo buscaban enriquecerse, y hacer cuanto antes el viaje de vuelta, pensaron que se quitaban problemas de encima; se miraba de perfil lo de respetar la propiedad privada y los derechos humanos.

Si intentamos simplificar un poco la tesis, no hemos de perder de vista que los Nobel de Economía partieron de una pregunta simple: “¿Cuáles son las causas de que haya grandes diferencias en la renta per cápita entre distintos países?”. Y encontraron que la posible respuesta está en que la tasa de mortalidad de los colonos determinó el lugar donde decidieron establecerse, esos asentamientos marcaron el carácter de las primeras instituciones establecidas y estas, a su vez, fueron el caldo de cultivo de las actuales. Ponen como ejemplo de inclusivos a EE. UU., país surgido de los asentamientos en las primeras “Trece Colonias” y su famosa –y letal para los nativos– ‘conquista del oeste’, y Australia, que fue inicialmente destino de convictos. Entre los extractivos, citan colonias españolas y portuguesas en América, asentamientos en el África Occidental Británica, incluida Costa de Oro (Ghana) y Costa de Marfil, y el antiguo Congo Belga (República Democrática del Congo).

 


UNA DE LAS EXPLICACIONES DE LAS DIFERENCIAS EN LA PROSPERIDAD DE LOS PAÍSES SON LAS INSTITUCIONES SOCIALES QUE SE INTRODUJERON DURANTE LA COLONIZACIÓN


Nada definitivo

Daron Acemoğlu, nacido en Turquía y de origen armenio, y Simon Johnson, estadounidense, son profesores del MIT (Massachusetts Institute of Technology) y James A. Robinson ejerce en la Universidad de Chicago. En sus conclusiones dejan ver que ni las instituciones ni el desarrollo económico son factores sujetos a un destino inalterable y, por lo tanto, pueden transitar hacia mayores calidades democráticas y económicas. También admiten que aún hay cantidad de preguntas sin respuesta y que están en marcha diversos estudios para intentar contestarlas. Es una manera de decir que su trabajo es solo un primer paso, seguramente muy importante desde el punto de vista de una materia tan compleja como es la economía del desarrollo, y no un dato definitivo.

Es verdad que no es fácil explicar por qué “el 20% más rico de los países del mundo es hoy unas 30 veces más rico que el 20% más pobre; además, la brecha de ingresos entre los países más ricos y los más pobres es persistente; aunque los países más pobres se han vuelto más ricos, no están alcanzando a los más prósperos”, como lo expone la organización de The Nobel Price, pero no es fácil explicarlo basándose solo en las diferencias de las instituciones de esos países. Probablemente, una razón para no tomarse al pie de la letra la investigación de los Nobel de Economía 2024 es la tendencia a la baja durante los últimos años en la calidad democrática de países que se ponen como ejemplo de colonias inclusivas, con EE. UU. en primer plano, y como se deduce de los índices del International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA, (The Global State Of Democracy 2024) y de la Economist Intelligence Unit de The Economist (Democracy Index 2023).

Críticas

Las críticas les han llegado a los autores desde distintos frentes. David Y. Albouy, profesor de Economía en la Universidad de Illinois, publicó en la misma revista (American Economic Review), aunque once años más tarde, un artículo en el que sostiene, entre otras cosas, que las muestras de mortalidad sobre las que se basa el trabajo original son poco fiables y que hay confusiones con los nombres anteriores de los países africanos. El catedrático de Harvard Edward Glaeser, utilizando el mismo instrumento de mortalidad de colonos, pero para el capital humano (Do institutions cause growth?, publicado en Journal of Economic Growth, 2004), encontró que dicho factor (el capital humano) tiene un mejor desempeño econométrico que la calidad institucional y concluye que las instituciones prosperan cuando hay capital humano y social en cantidad.

 


LOS EUROPEOS SOLO INSTAURARON INSTITUCIONES QUE INDUCÍAN AL CRECIMIENTO EN ÁREAS DONDE NO ENFERMABAN Y PODÍAN ESTABLECERSE


Mushtaq Khan, que es profesor de economía en la School of Oriental and African Studies, la conocida SOAS (University of London), opina que el trabajo de los galardonados solo indica que los países de altos ingresos actuales obtienen mejores resultados en los índices institucionales occidentales, simplemente. No deja de ser cierto, en fin, que países del este asiático, como Singapur, Corea del Sur y Taiwán, crecieron rápidamente sin tener previamente instituciones inclusivas. Otra economista crítica, Yuen Yuen Ang, profesora de Política Económica de Johns Hopkins University (Washington, EE. UU.) y muy reconocida por sus trabajos sobre el desarrollo de China, opina que la teoría de Acemoğlu, Johnson y Robinson no explica el crecimiento de China, pero tampoco el de Occidente; y recuerda que las instituciones de EE. UU. fueron corruptas cuando el país se estaba desarrollando.

Nobel de Economía, reducto estadounidense

El premio de Economía no formó parte de los cinco galardones originalmente creados por Alfred Nobel en 1895, sino que se estableció en 1969 con el patrocinio del banco de Suecia, aunque administrado por la Fundación Nobel. La relación de ganadores de este premio se reduce, mayormente, a economistas relacionados, no solo como profesores, con facultades de Economía de universidades de los Estados Unidos; pocas y de élite, se puede añadir. Es una tendencia, y no solo del galardón sueco, confirmada por el estudio High and Rising Institutional Concentration of Award-Winning Economists (varios profesores de Tsinghua University, de China, y de Harvard University y Michigan State University, de EE. UU.).

De arriba a abajo, los profesores Daron Acemoğlu, Simon
Johnson y James A. Robinson, premio Nobel de Economía
2024. FOTOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MASSACHUSETTS Y DE LA UNIVERSIDAD DE CHICAGO.

Anuncio del Premio Nobel de Economía 2024. FOTO NOBEL PRIZE
Colonialismo a sangre y fuego

Una de las críticas a The Colonial Origins of Comparative Development: an Empirical Investigation es que si el proceso de colonización es la base del trabajo no se haya tenido en cuenta su coste de una manera más amplia. Dichas críticas recuerdan que en las colonias que los autores consideran inclusivas, la violencia fue algo normalizado y muy cercano en algunos casos al genocidio de poblaciones nativas, antes de crearse las instituciones, por lo que es algo que debería formar parte del análisis. En una entrevista con The New York Times, tras recibir el premio, Acemoğlu no dio importancia a lo que hubiese sucedido entre colonos y nativos: “En lugar de preguntarnos si el colonialismo es bueno o malo, observamos cómo diferentes estrategias coloniales han conducido a diferentes patrones institucionales que han persistido a lo largo del tiempo”.

PARA SABER MÁS

The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation.

Daron Acemoğlu, Simon Johnson y James A. Robinson.
The American Economic Review (2001).

The Global State Of Democracy 2024.
International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Governance and Growth: History, Ideology and Methods of Proof.
Mushtaq H. Khan.
SOAS, University of London.

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2024.
The Nobel Price.

«Instituciones: Nobel, DANA y Trump»», por Enrique Alberola

ALDEA GLOBAL

ENRIQUE ALBEROLA,
asesor y editor del blog del Banco de España (Las opiniones de este artículo no representan las del Banco de España)

"Menos comercio y menos integración significan reducir el potencial de crecimiento y debilitar a las economías en el largo plazo"

Instituciones: Nobel, DANA y Trump

El reciente premio Nobel de Economía a los profesores Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson ha reconocido la importancia de las instituciones en el desarrollo económico. Apenas unas semanas después hemos asistido a dos acontecimientos preocupantes, que alertan sobre la calidad y el devenir de las instituciones. El primero, muy cercano, la mala gestión de las inundaciones en Valencia por las instituciones (in)competentes. El segundo, la inapelable victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos.

La mayoría de las economías ricas, en particular las occidentales, han basado su crecimiento y prosperidad en las instituciones inclusivas, como las denominan los galardonados. ¿Por qué son fundamentales? Este tipo de instituciones permiten a los ciudadanos desenvolverse libremente en el marco de un Estado de derecho. Facilitan así su desarrollo personal y el aprovechamiento de sus capacidades. De esta forma, las instituciones inclusivas favorecen, no solo que alcancen sus objetivos económicos y sociales, sino comportamientos que fomentan el buen funcionamiento de la economía, la creación de riqueza y el desarrollo de la sociedad civil. Y una sociedad civil fuerte demanda mejores instituciones, generando un círculo virtuoso de crecimiento económico, progreso social y mejora continua del marco institucional.

Las instituciones inclusivas suelen estar asociadas a sociedades democráticas y se refuerzan con el desarrollo económico, según la idea del círculo virtuoso. Sin embargo, la crisis financiera global de 2008 y la posterior crisis fiscal en Europa quebraron esta dinámica. El motor del círculo virtuoso se gripó y hay un riesgo de involución: un círculo vicioso de regresión democrática y, también, económica.

¿Qué pasó? La crisis global tuvo un fuerte impacto sobre la clase media y los sectores más desfavorecidos, que se sintieron abandonados, y agravó la desigualdad, que ya estaba aumentando antes en las economías avanzadas. Esta situación hizo crecer el sentimiento de exclusión y la desconfianza en las instituciones establecidas. En el ámbito político, ha derivado en la pérdida de apoyo a los partidos centrales tradicionales y en una creciente polarización. Esto dificulta los consensos que fundamentan las reformas económicas y el avance como sociedad. También mina la convivencia. Todo ello amenaza la propia calidad de las instituciones: la polarización tensa al sistema y sus instituciones, que corren el riesgo de ser arrastradas por las pugnas políticas. No sorprende que la calidad institucional se haya reducido en la mayoría de las democracias occidentales y en España aún más, como mostramos recientemente en una entrada en el blog del Banco de España titulada Premio Nobel 2024: la calidad de las instituciones potencia el crecimiento económico. Y, en mi opinión, ese deterioro no es ajeno, aunque sea tangencialmente, a la mala gestión de la DANA.

Desde una perspectiva global, el modelo económico dominante, que ha favorecido el libre comercio y la iniciativa privada, ha perdido adeptos. La emergencia económica del Sur global y algunas políticas discutibles de Occidente redujeron el ascendente de este sobre el resto del mundo. La rivalidad y la tensión geopolítica han aumentado desde entonces. El ascenso de los BRICs, liderados por China, es un buen ejemplo. Estos modelos alternativos no abrazan las instituciones inclusivas, aunque es verdad que sin ellas han podido desarrollarse. Por cierto, esta evidencia ha servido de crítica a las tesis de Acemoglu y compañía. Tales países también ponen en cuestión la arquitectura de las instituciones internacionales surgida de la posguerra mundial y diseñada, en su vertiente económica, por las potencias occidentales.

En definitiva, una crisis económica ha desembocado en una regresión institucional. ¿Qué consecuencias económicas puede tener esta deriva negativa?

Por un lado, el aumento de la incertidumbre política, que no es buena para la actividad económica. Por ejemplo, en las elecciones de los últimos veinte años se ha producido una caída continua en el porcentaje de votos de los partidos ganadores, lo que reduce la estabilidad de los gobiernos. En paralelo, el índice de incertidumbre de políticas económicas (conocido como EPU) ha mostrado una tendencia al alza. La inestabilidad política, la falta de consensos o la revisión de las normas al albur de los cambios de gobierno no permiten tomar decisiones en un entorno de previsibilidad y esto afecta negativamente al crecimiento económico, como bien sabemos.

Por otro lado, en el ámbito global la polarización contribuye a agravar las tendencias a la fragmentación económica, uno de los grandes riesgos que enfrenta la economía mundial. Es cierto que las pulsiones a la fragmentación también son resultado de la creciente competencia entre naciones en el concierto internacional. Pero la polarización refuerza las posiciones radicales, defensivas de lo propio y, por lo tanto, da rienda suelta a los instintos proteccionistas, nacionalistas y excluyentes. Y estas posiciones amenazan la cooperación y la integración globales y, con ello, las instituciones que las articulan. Menos comercio y menos integración significan reducir el potencial de crecimiento y debilitar a las economías en el largo plazo.

Además, cuando la polarización alcanza a los países abanderados del orden establecido, la situación se vuelve crítica. Por eso, el 5 de noviembre fue un día negro para los que creemos en los valores inclusivos, pues existe el riesgo de que el círculo vicioso se acelere.

Y todo esto ocurre cuando la necesidad de cooperación global es más importante que nunca ante la amenaza climática y la creciente interdependencia global. Por no mencionar los riesgos de inestabilidad geopolítica global, que la fragmentación también propicia.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Ya apuntaba una razón al inicio: la crisis económica y financiera. Pero hay otro elemento muy importante: la revolución de la desinformación propiciada por Internet y los desarrollos tecnológicos, incluyendo la inteligencia artificial. Esto daría para otro artículo, así que les dejo con una recomendación: el nuevo libro de Acemoglu y Johnson, Poder y Progreso, que alerta de los peligros de la revolución tecnológica actual, liderada por las redes y la inteligencia artificial y concentrada en grandes corporaciones amenaza la propia calidad de la democracia.

Claves para poder pasar del conflicto a la paz

ALDEA GLOBAL

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CLAVES PARA PODER PASAR DEL CONFLICTO A LA PAZ

En la resolución de los conflictos la clave es conocer cuáles son los procedimientos que hay que llevar a cabo y qué hay que dejar de lado para llegar a la paz. Y los cuatro pilares en los que se basa la llamada Justicia Transicional -Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición- son la mejor guía para alcanzarla.

REDACCIÓN

 

Esta idea, expresada por Joseph Weiler (catedrático de Derecho en la Universidad de Nueva York y Premio Ratzinger 2022) y compartida por todos los ponentes, fue una de las principales conclusiones que se extrajeron en la presentación del libro Pasado, presente y futuro de la Justicia Transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial, celebrada en el Colegio Notarial de Madrid. “La Justicia Transicional se refiere al concepto de transición al final de un conflicto. Pero está claro que los procedimientos son los que garantizan esa transición y una justicia a largo plazo. Esta es la lección más importante que podemos extraer de este libro”, aseguró Weiler.

La obra ha sido promovida conjuntamente por la COMJIB, el Consejo General del Notariado (CGN) y Fundación Notariado. En sus casi 500 páginas, participan una veintena de ponentes, entre ellos filósofos, humanistas y profesores universitarios iberoamericanos, así como ministros, ex ministros y altos cargos de los gobiernos de diferentes países latinoamericanos y organismos internacionales.

Un mundo en llamas

El evento estuvo presidido por Concepción Pilar Barrio del Olmo, vicedecana del Colegio Notarial de Madrid, y en él participaron el secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), Enrique Gil Botero; Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias, delegado para América del CGN y vicepresidente de la Comisión de Deontología de la Unión Internacional del Notariado (UINL); la fiscal ante el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz de la Unidad de Investigación y Acusación, Digna Isabel Durán; el profesor Joseph Weiler; y Cecilia Robles, directora general de Naciones Unidas (ONU), Organismos Internacionales (OOII) y Derechos Humanos (DDDH) del Ministerio de Asuntos Exteriores.

 


LA OBRA HA SIDO PROMOVIDA CONJUNTAMENTE POR LA COMJIB, EL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO Y FUNDACIÓN NOTARIADO


 

El acto comenzó con unas palabras de condolencia por las víctimas y damnificados por la DANA. Barrio del Olmo dio la bienvenida e hizo alusión a la obra que se presentaba “tan importante en un momento en el que la actualidad está marcada por el conflicto internacional”. Por su parte, Cavallé destacó a Enrique Gil Botero como principal impulsor de este libro, así como su papel en el proceso de paz en Colombia. Además, señaló la contribución del Notariado “tan vinculado a la búsqueda de la verdad, la justicia y la paz”.

 


PARTICIPAN UNA VEINTENA DE PONENTES: FILÓSOFOS, HUMANISTAS, PROFESORES, EX MINISTROS Y ALTOS CARGOS


 

Seguidamente, tomó la palabra Gil Botero, quien comenzó su discurso explicando el porqué, cómo y para qué de este libro: “La obra nace de ver un mundo terrorífico, entrópico y destructor, un mundo en llamas con más de 56 guerras y 92 países involucrados. Una situación y un panorama donde los organismos internacionales son ambiguos, vacilantes y han perdido, si es que la tuvieran, la fuerza y el ideario que justificó su creación; unas potencias que exhiben y permanecen sigilosas y una Europa que está anestesiada”, afirmó. El secretario general de la COMJIB concluyó que, por todo ello, “este libro es un grito en la oscuridad. La justicia transicional abre una esperanza y busca ayudar y poner en orden la convivencia, el progreso y la construcción de unas sociedades justas y con valores de civilidad. La consecución de la paz debe ser imperativo moral para todos, porque las guerras actuales tienen al mundo al borde de la autodestrucción”.

Gil Botero anunció también que el libro será traducido al inglés para ser presentado a principios de 2025 en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York.

Digna Isabel Durán hizo alusión a la importancia de la justicia transicional que “no puede ser conjugada como una fórmula para todos los conflictos del mundo, pero sí aporta herramientas importantes para cesar con las violaciones de los derechos humanos que sufren algunas sociedades”. Busca -añadió- “restaurar, reparar en lo posible a las víctimas, prevenir la impunidad e implementar medidas para que estas violaciones no se vuelvan a repetir y, finalmente, promover la reconciliación de los pueblos. Las personas víctimas de una guerra tienen que recibir justicia, reparación y medidas de no repetición”, aseguró.

En la clausura, Cecilia Robles también puso el foco en los cuatro pilares a los que hace referencia la obra como herramienta política y práctica para responder a crisis nacionales e internacionales, especialmente el de la Justicia, pues, según explicó, “España presta un gran apoyo a la Corte Penal Internacional para contribuir a los desafíos a los que se enfrenta”. “Este apoyo es político, financiero -ámbito en el que hemos hecho un gran esfuerzo-, de refuerzo de sus recursos humanos y estamos estudiando nuevos acuerdos de cooperación” afirmó.

 


EL LIBRO SERÁ PRESENTADO A PRINCIPIOS DE 2025 EN LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS DE NUEVA YORK


 

Además, Robles señaló la importancia del papel que desempeñan las mujeres y las niñas en los procesos de justicia transicional como protagonistas, pero también como víctimas. “Tenerlas presentes es una cuestión de justicia y es recomendable, puesto que está demostrado que los procesos de paz que las incluyen son más duraderos”, finalizó.

Pasado, presente y futuro de la Justicia Transicional

El libro Pasado, presente y futuro de la Justicia Transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial expresa el compromiso de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, del Consejo General del Notariado y de la Fundación Notariado de contribuir a la construcción de la paz en nuestras sociedades. La publicación contiene un primer capítulo en el que se establecen los fundamentos del Derecho Penal y se explica el papel y el valor de la Justicia Transicional en la solución de conflictos.

El segundo capítulo, que conforma el grueso de la obra, se articula en torno a los cuatro ejes de la Justicia Transicional; los cuatro pilares que las víctimas de todo conflicto necesitan para superar el pasado y construir el futuro: Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición. A través de estos, diferentes autores realizan un análisis riguroso y detallado de la justicia transicional en América Latina, además de ofrecer recomendaciones prácticas para los formuladores de políticas y los actores internacionales.

Este libro supone por tanto una contribución a la literatura académica, además de ofrecer una guía para los formuladores de políticas, defensores de derechos humanos y activistas de la paz en todo el mundo. En él se analizan en detalle las políticas de reparación en varios países latinoamericanos, destacando tanto los éxitos como aquellas situaciones que fueron claramente insuficientes. Un estudio que permite concluir que, en una región marcada por décadas de conflicto y violencia, la justicia transicional se erige como el camino hacia la reconciliación y la paz duradera.

Entre los textos incluidos en la obra destacan las palabras del Papa Francisco y el prólogo del Premio Nobel de la Paz y ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

De izda. a dcha.: Alfonso Cavallé, Cecilia Robles, Concepción Pilar Barrio, Enrique Gil Botero y Digna Isabel Durán.
De izda. a dcha.: Digna Isabel Durán, Enrique Gil Botero, Joseph Weiler, Concepción Pilar Barrio del Olmo, Cecilia Robles y Alfonso Cavallé.
Joseph Weiler.
Principios, no reglas

La ponencia principal corrió a cargo del Profesor Joseph Weiler, catedrático de Derecho en la Universidad de Nueva York y Premio Ratzinger 2022, quien resaltó los cuatro principios de la Justicia Transicional en torno a los cuales se articula la obra y los cuales aseguró que “son fundamentales para la resolución de conflictos”. Sin embargo, quiso aclarar que “se trata de principios, no de reglas. Son abiertos y adaptables a diferentes situaciones. Son formas de pensar, pero no pueden ser entendidos como una receta, por lo que debemos tomar este libro como una guía o un método que nos ayuda a alcanzar la paz, no como una fórmula”, añadió. Weiler también quiso destacar en su ponencia la labor de los notarios en este ámbito, ya que, según explicó, “trabajan en interés de la sociedad, buscando la paz y la verdad. Aunque son profesionales privados, a menudo se encargan de aplicar y defender el Derecho público con la intención de lograr soluciones beneficiosas para la ciudadanía que perduren a largo plazo”.

Millones de motivos para proteger la infancia

FUNDACIÓN NOTARIADO

T E N E R I F E 2 0 2 4

MILLONES DE MOTIVOS PARA PROTEGER LA INFANCIA

En el contexto mundial actual cada vez hay más niños migrantes. Según las estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), basadas en datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, el número de menores de 18 años en esta situación alcanzó los 24 millones entre 1990 y 2000, y desde ese momento, no ha parado de aumentar hasta llegar a los 36 millones en 2020.
FÁTIMA PÉREZ DORCA
Entre 1990 y 2000 el número de menores migrantes fue de 24 millones y en 2020 alcanzó los 36 millones.

Con el objetivo de aportar mayor seguridad jurídica a los menores migrantes en el ámbito internacional, el Consejo General del Notariado, en un proyecto liderado por Jorge Prades, notario y presidente de la Asociación Familias para la Acogida, presentó el proyecto Libro blanco de la infancia en movimiento: niños bien acompañados. Buenas prácticas notariales y seguridad jurídica digital en el ejercicio de la responsabilidad parental transfronteriza. El coloquio para defender la necesidad de este documento tuvo lugar en el marco de las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas, celebradas en septiembre en Tenerife.

En el diálogo, moderado por Prades, participaron Salomé Adroher, profesora de Derecho Internacional e integrante del Comité de expertos sobre derechos y superior interés del niño en casos de separación parental y en procedimientos de protección del Consejo de Europa; Silvia Valmaña, directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid; Manuel Campos, fiscal delegado de Menores de Santa Cruz de Tenerife y Miguel Angel Molinero, representante del Centro Tecnológico del Notariado.

 


EL LIBRO BLANCO DE LA INFANCIA EN MOVIMIENTO SERVIRÁ DE GUÍA INTERNACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS NOTARIALES


 

La finalidad de la mesa fue doble. Además de mostrar a la comunidad internacional, en especial a los notarios, jueces y fiscales, una propuesta inicial de los contenidos del libro blanco que se elaborará por los diferentes responsables del proyecto, también pretendía lograr la mayor implicación internacional por parte de los diferentes actores relacionados con la protección de la infancia desplazada como las administraciones públicas, los jueces, los fiscales y los notarios de diferentes países.

Infancia en movimiento. En referencia al documento Jorge Prades explicó que “servirá de guía internacional de buenas prácticas notariales en aquellos documentos autorizados por el notario que afecten a la guarda de menores, como son, por ejemplo, las escrituras de extensión o auxilio en el ejercicio de la patria potestad, las autorizaciones de viaje o las actas de constancia de guarda de hecho, entre otros”.

Según señaló Prades: «Este documento tiene su origen en las sesiones de trabajo en relación a la protección social, jurídica, económica y jurídica de la infancia y la función notarial, que fueron organizadas por la Fundación Æquitas y el Consejo General del Notariado a partir de 2019, así como en la Circular Informativa 7/20 sobre la actuación notarial en aquellos documentos que afecten a la función de guarda de los menores de edad«. El objetivo es que la actuación en esta materia sea lo más uniforme y eficaz posible, ajustada al nuevo enfoque en la construcción del edificio de los derechos de la infancia y la adolescencia y coordinada con la fiscalía y la correspondiente entidad pública de protección de menores en caso de que se aprecie cualquier situación, actual o potencial, de desprotección por riesgo o desamparo”.

En su intervención Silvia Valmaña citó numerosos casos internacionales en los que familias que viven fuera de España envían a sus hijos al país por distintas razones y abogó por la necesidad de que este libro blanco de buenas prácticas “incorpore un formato común, en el que se señale quiénes son los otorgantes, los cuidadores designados, el nombre del menor que se va a cuidar, el detalle de lo que se va a encomendar y los derechos y obligaciones que se establezcan”. Asimismo, según Valmaña, este libro debería contemplar “las obligaciones que siguen manteniendo los progenitores, las que asumen los cuidadores, la duración, qué hacer si se observa el riesgo de que no sea temporal, las facultades delegables, etc.”.

Al respecto de este documento, Manuel Campos añadió que “será muy positivo si se lleva a efecto y, sobre todo, por la aplicación que pueda tener internacionalmente. Aportará mayor seguridad jurídica en muchos aspectos, sobre todo porque cuando se detecte un indicador de riesgo de un menor se comunique a las autoridades, en concreto a nosotros, la fiscalía, que estamos 24/7 dedicados a la protección de los menores”.

 


LOS NOTARIOS REGISTRAN EN LA SEDE ELECTRÓNICA DEL NOTARIADO LAS AUTORIZACIONES DE VIAJE DE MENORES


 

Derecho a aplicar. Por su parte, Salomé Adroher explicó algunos de los casos más comunes de movilidad infantil y las situaciones que se dan a la hora de aplicar la normativa correspondiente: “Los niños que se desplazan por fronteras lo hacen por distintas razones, por ejemplo, porque son adoptados, y en estos casos la normativa aplicable es el Derecho Internacional privado, pero hay otros desplazamientos que responden a la migración, la movilidad o reagrupación familiar o los traslados temporales de menores a otro país por motivos médicos y las normas del sistema jurídico que regulan estos desplazamientos son las normas de extranjería”. “En este sentido -añadió- hay un informe del Parlamento Europeo que señala que la distinción entre Derecho Privado y Público parece clara pero no lo es y la Unión Europea debería tener una relación coherente a estas áreas”.

Finalmente, Miguel Ángel Molinero explicó cómo, en su Sede Electrónica, los notarios pueden registrar conforme prevé la Instrucción 10/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad, las autorizaciones de viaje de menores que salgan del territorio nacional no acompañados de cualquiera de sus progenitores o tutores, de manera digital y en tiempo real en la frontera. Para ello “el notario incluye de manera digital para que puedan ser comprobados por los cuerpos de seguridad del Estado en la frontera los datos del menor, de sus progenitores o tutor y de la persona autorizada para realizar el viaje como acompañante. Este trámite genera un documento que expide una autorización al interesado que se establece en un formulario, con un Código de Seguridad de Verificación (CSV). También se genera un código de barras que permite que se pueda acceder a una copia electrónica autorizada para que luego ese documento pueda tener validez jurídica en el país de destino”.

Libro Blanco

La parte central de este documento estará destinada a establecer, mediante una serie de recomendaciones, buenas prácticas notariales y complementariamente incluiría:

  • Un estudio sobre responsabilidad parental y protección de la infancia con dos cuadros: uno comparativo con la ratificación sobre los Derechos del Niño que fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1989, la de los Convenios de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional privado y el Reglamento Bruselas II ter 2019/1111. Y un segundo cuadro comparativo del Derecho Sustantivo, por países, en las siguientes materias: responsabilidad parental, atribución judicial de la guarda en caso de crisis, tutela, guarda de hecho, sistema de protección, y las normas de Derecho Internacional privado.
  • Modelos notariales digitales normalizados: que mostrarán, por ejemplo, cómo realizar el permiso y autorización de viaje con y sin modificación del lugar de residencia habitual del menor, en el primer caso con el correspondiente auxilio parental transfronterizo, así como la delegación de guarda entre titulares de la patria potestad o el acta de constancia de la guarda de hecho, entre otros.
De izda. a dcha.: Silvia Valmaña, Salomé Adroher, Jorge Prades y Miguel Ángel Molinero.
En la mesa de diálogo, de izda. a dcha.: Manuel Campos, Silvia Valmaña, Salomé Adroher, Jorge Prades y Miguel Ángel Molinero.
Identificar a los niños
El Parlamento Europeo señala tres tipos de situaciones que se dan a la hora de documentar a los migrantes: “Algunos niños tienen copias o certificados no autenticados de documentos de identidad, ya que, en muchos países, por razón de la guerra o de su administración es materialmente imposible legalizar o apostillar documentos. También hay personas que no tienen ni pueden obtener ningún tipo de documento porque han salido huyendo de su país o por imposibilidad material, así como hay países en los que la forma de expedición de los documentos de identidad puede inducir a sospecha de posibles fraudes”.

«Da miedo», por Pilar Cernuda

ALDEA GLOBAL

PILAR CERNUDA,
periodista

"Si abusar de los ingenuos puede ser delictivo, hacerse pasar por experto en cuestiones de salud es una indecencia"

Da miedo

Sin meterse en las redes sociales -no soy partidaria; es el mejor medio de comunicación después del teléfono, pero el peor utilizado- solo teclear Google para buscar información sobre asuntos de salud y de alimentación provoca una inquietud inconmensurable. Da miedo.

Miles, millones, miles de millones de personas de todo el mundo tienen a su alcance a los muchos gurús que se mueven a través de las redes sociales y que se atreven a dar consejos sobre vida saludable. Incluso sobre enfermedades y cómo tratarlas. Seguro que entre ellos hay personas con la formación necesaria y con la sensibilidad especial a la que están obligados quienes se dedican a sanar, o intentar sanar, problemas físicos y mentales. Pero también hay expertos de la nada, hombres y mujeres que no han pisado una escuela o una universidad, o que creen que un master te da los mismos conocimientos que reciben quienes han estudiado previamente durante cinco o seis años, completándolos con las imprescindibles prácticas. No todas las carreras obligan a una exhaustiva y minuciosa preparación previa a ejercerla, pero parece obligado tomárselas más en serio de lo habitual cuando una mala praxis puede tener consecuencias irreversibles para el cliente. O el paciente.

Ocurre con la medicina en sus distintas ramas y especialidades, pero ocurre también con quienes presumen de estudios, o experiencia, en carreras técnicas, en las que un error de apreciación, un despiste o falta de la formación adecuada, puede provocar una catástrofe humanitaria.

Si abusar de los ingenuos puede ser delictivo, hacerse pasar por experto en cuestiones de salud es una indecencia. Por las consecuencias de engañar a personas abducidas por un farsante cuyas instrucciones siguen a rajatabla como si fuera un dios, alguien a quien seguir hasta el fin del mundo. No es una boutade; existe ese tipo de personas y de seguidores. Siempre ha ocurrido, pero el problema se agranda con la colaboración de las redes sociales.

Hace un año conmovió el mundo la noticia de una joven rusa, Shanna Samsonov, que se hacía llamar Zhanna D-Art, nutricionista. Zhanna no tenía muchos seguidores, apenas 12 mil, pero suficientes para que muchos de ellos tomaran al pie de la letra sus consejos -evidentemente la consideraban una profesional- y se alimentaban exclusivamente, como ella misma, de frutas y zumos naturales; ni siquiera bebían agua. La familia de Zhanna era consciente de que perdía salud a ojos vista, pero ella no hacía caso a sus indicaciones, a sus consejos. Murió de desnutrición y, lo más grave, es que a pesar de que la noticia dio la vuelta al mundo y se activaron todas las señales de alerta, es probable que algunos de sus seguidores hayan tenido tan fatal destino como la gurú.

En las redes sociales existen multitud de páginas en las que, con la metodología de la publicidad inteligente, se ofrecen profesionales del sector sanitario para resolver distintos problemas de salud. Tanto física como mental. Con un ingrediente añadido para captar clientes: la obsesión por la estética, sobre todo entre la gente joven. Por alcanzar el estereotipo que ciertos grupos identifican con el triunfo, que inevitablemente tiene un modelo como prioridad: cuerpo delgado. Muy delgado. Llevando a primer plano toda una serie de métodos de alimentación con raíces en países muy alejados de nuestra civilización y hábitos, y que son ejemplo de pueblos muy saludables. Todo ello muy relacionado con el espectro de las modas. No solo las modas en el vestir, sino que los influencers marcan el camino en otros aspectos como qué hay que escuchar y ver para estar en mundo que triunfa: qué países visitar, qué deportes se deben practicar, qué espectáculos son indispensables, a quién hay que seguir.

Esos branders que entran por los ojos a través de las redes, fundamentalmente de Instagram, son muy activos en todos esos aspectos, y dan prioridad a la salud. No solo promueven fórmulas para contar con un cuerpo sano en una mente sana, sino que ofrecen contactos con expertos. Es curioso que, en la mayoría de esas páginas que “ofrecen” a consejeros de alimentación y hábitos saludables, en la mayoría de los casos los datos profesionales son muy poco concretos: nutricionista, entrenadores personales, coaching… Hombres y mujeres de profesión imprecisa que además de supuestos consejos de salud ofrecen productos de su propia cosecha con los que amplían su negocio. Cosmética, alimentos, medicinas, libros, instrumentos para hacer ejercicio… Hay excepciones, por supuesto; las redes sociales no solo las utilizan quienes tienen poco oficio y apenas beneficio e intentan utilizar un medio tan a mano como el que se ofrece a través de internet. Pero son infinidad los que las utilizan para hacer negocio; hombres y mujeres que cobran por vestirse de determinada manera y se mueven en círculos en los que es fundamental dejarse ver. Se trata de publicidad presentada de otra forma.

Nada que objetar; cada uno se gana la vida como puede, pero cuando se utilizan esos métodos entrando de lleno en cuestiones relacionadas con la salud, suenan todas las sirenas, todas las voces de alarma. El ejemplo de Zhanna asusta, porque no es el único. Los medios de comunicación recogen constantemente casos parecidos.

Estremece que en este mundo actual, a través de internet, un elemento indispensable para la vida cotidiana, se puedan imponer hábitos de dudosa eficacia que incluso pueden provocar enfermedades… o la muerte. Asusta que profesionales de la publicidad encubierta sean capaces de convencer a gente preparada para dejarse llevar por la irresponsabilidad de confiar en médicos a los que no conocen, sin pensar que ninguno sugeriría normas ni recomendaría medicamentos a pacientes a los que no conoce ni ve. Ni tampoco lo harían nutricionistas sin la analítica previa necesaria, ni entrenadores que no tienen ni idea de quién es el que le consulta a través de las redes…

Lo dicho. Da miedo.

«La incierta autonomía estratégica de Europa», por Carlos Sánchez

ÁMBITO EUROPEO

CARLOS SÁNCHEZ,
director adjunto de El Confidencial

“¿Hasta dónde quiere llegar Europa en su propia defensa al margen de la OTAN?"

La incierta autonomía estratégica de Europa

No deja de sorprender que uno de los primeros proyectos de la construcción europea, incluso antes de que se firmara el Tratado de Roma, fuera la creación de lo que un día se llamó Comunidad Europea de Defensa. Corría el año 1952, y la misma Europa que dejaba atrás un continente devastado por la guerra, entendió casi desde el primer día —salvo Francia, que dos años después vetaría el acuerdo— que era necesario levantar una arquitectura propia de seguridad y de defensa, dos conceptos que necesariamente van unidos. Setenta y dos años después, la vieja Europa, ahora con 27 miembros, sigue dándole vueltas a la misma idea. No es ninguna novedad. Europa se ha acostumbrado a pasar por el diván después de cada crisis, y son legión.

Es cierto que la ampliación de la OTAN a nuevos territorios respecto de sus miembros fundacionales ha resuelto muchos de los problemas de defensa y seguridad en el flanco Este, pero hay pocas dudas de que no puede haber autonomía estratégica, el proyecto central de la Comisión Europea, sin una arquitectura propia en aras de lograr una posición común en el tablero geopolítico.

La pregunta, por lo tanto, es obvia: ¿hasta dónde quiere llegar Europa en su propia defensa al margen de la OTAN? Lo que sabemos es que los límites los marca la llamada Política Común de Seguridad y Defensa, pero no deja de ser un desiderátum en la medida que cualquier avance en esa dirección, necesariamente, genera recelos en EE. UU., cuya política exterior no siempre coincide con los intereses europeos. Sin contar con que las decisiones hay que tomarlas por unanimidad. Las sucesivas ampliaciones hacia el Este, de hecho, han metido en un problema a Europa que, quiera o no, debe intentar convivir con un vecino incómodo, como es Rusia. Otra cosa es que Moscú lo desee.

Y es por eso, precisamente, por lo que la aspiración a una cultura de seguridad y defensa propias —articulada en torno a la Política Exterior y de Seguridad Común— no deja de tener algo de voluntarista. Entre otras razones, porque ambas zonas del Atlántico comparten, en lo general, una misma visión que las dos partes quieren proteger ante el avance de las autocracias y el pensamiento iliberal. Eso sí, con un evidente desequilibrio de fuerzas. En estos momentos, Europa dispone de apenas 3.500 militares y 2.000 civiles en operaciones de paz en el mundo; no parece mucho en un contexto de fuertes tensiones en determinadas áreas geográficas. Desde luego, a años luz del imponente despliegue de EE. UU. en el conjunto del planeta.

El caso de Ucrania, donde no ha habido fisuras relevantes en el seno de la OTAN tras más de dos años de guerra, es el más evidente. Tampoco hay divergencias en el otro teatro de operaciones actual, Oriente Medio, donde Europa juega un papel irrelevante. Esto es así porque lo que se ha llamado vínculo transatlántico es, de hecho, la pieza esencial de la política de seguridad y defensa, y así lo seguirá siendo hasta donde alcanza la vista a ver, por lo que habría que hablar más de un reforzamiento de la complementariedad entre EE.UU. y Europa, que del nacimiento de una verdadera autonomía estratégica. Entre otras razones porque una cosa es predicar y otra, como dice el refrán, dar trigo, y Europa, por razones presupuestarias, ahí están sus reglas fiscales, no está en condiciones de crear una arquitectura propia. Ni siquiera ha sabido o podido articular una posición común en el frente Sur, que atañe directamente a países como España, donde el terrorismo yihadista ha expulsado a Francia como el guardián de la región.

Cabe recordar, en este sentido, que fue el Tratado de Maastricht (en 1993) el que decidió avanzar en la integración europea a través de la economía, pero dejando en un segundo plano la defensa y la seguridad. Probablemente, porque, tras la caída del Muro, se pensó que las viejas tensiones de la guerra fría se habrían de disolver para siempre. No fue así y hoy, con décadas de retraso, Europa intenta recuperar el tiempo perdido.

Es verdad que existen compromisos internacionales en el marco de la OTAN o que el Banco Europeo de Inversiones está ya en condiciones de ofrecer vías de financiación, pero en un contexto de envejecimiento hay pocas dudas de que lo prioritario para muchos gobiernos será el sostenimiento del Estado de bienestar, pese a las amenazas procedentes del frente oriental.

También es cierto que Europa, en aras de lograr una cierta autonomía industrial y tecnológica en materia de defensa, ha puesto en marcha un mecanismo que obliga a los Estados miembros a cooperar en la adquisición conjunta en la región de material de guerra (el 50% hasta 2030), pero, igualmente, los intereses de cada país con sus industrias nacionales son demasiado fuertes para pensar que esto pueda materializarse con la dimensión prevista. Y ello pese a que una colaboración más estrecha de las industrias nacionales de defensa generaría beneficios globales gracias al aprovechamiento de las economías de escala y así evitar las duplicidades en una actividad clave desde el punto de vista de la investigación tecnológica o de la ciberseguridad.

No es un asunto menor teniendo en cuenta que, según la Agencia Europea de Defensa, el gasto total de los Estados miembros superó en 2022 los 240.000 millones de euros, incluidos 58.100 millones de inversiones en defensa. Es una cifra mareante, pero probablemente reducida respecto de lo que gasta EE. UU., lo que aboca a Europa a seguir siendo subalterna de Washington. Basta recordar que la Agencia Europea de Defensa, creada hace dos décadas, cuenta con una plantilla de apenas 180 funcionarios. No parece mucho para enfrentarse a un mundo tan convulso.

«Talento en fuga”», por Casimiro García Abadillo

ALDEA GLOBAL

CASIMIRO GARCÍA ABADILLO,

director de «El Independiente»

"La realidad es que hoy el mercado laboral es más dual que nunca. No sólo hay diferencias abismales en los salarios, sino en las condiciones de trabajo"

Talento en fuga

Atraer o retener el talento es hoy uno de los principales desafíos de toda empresa que pretenda ser competitiva. Entender cómo se consigue fichar y conservar a los mejores es la clave principal del éxito empresarial.

Hace décadas, la respuesta a esa incógnita era simple. Todo dependía de la cantidad de dinero que una compañía estuviera dispuesta a pagar por contratar o por evitar la marcha de un empleado brillante. Ahora eso ya no es así. O ya no es del todo así. Por supuesto que el dinero influye, pero ya no es el único factor o el principal para determinar que una empresa sea deseada.

El paradigma ha cambiado totalmente. En España, un joven bien formado en los setenta o en los ochenta soñaba con incorporarse a una gran empresa, con un buen salario y, a partir de ahí, ascender hasta llegar a un puesto de alta dirección. No le importaba el esfuerzo, ni las horas de trabajo; su familia siempre estaba en un segundo plano.

Pero las cosas han cambiado mucho. El joven bien formado de hoy sabe que tiene un puesto de trabajo asegurado y tiene otras aspiraciones que, probablemente, a su padre ni se le pasaban por la cabeza. Cambiar frecuentemente de empresa no es visto como una prueba de inadaptación o fracaso, la demostración de que un empleado es un culo de mal asiento, sino la vía para conseguir mejores condiciones y nuevas experiencias. El trabajo ya no es percibido como un fin en sí mismo, sino un medio para vivir, y, en última instancia, para ser feliz. En muchas ocasiones, la prioridad no es tanto el salario o la posición que se va a ocupar en el organigrama de la compañía, sino la flexibilidad en el horario o la posibilidad de teletrabajar.

También entran en juego otros factores más filosóficos o ideológicos. Por ejemplo, que la empresa en cuestión respete la igualdad de género o mantenga estrategias que respeten el medio ambiente.

Las barreras fronterizas ya no son un obstáculo. El joven bien formado de hoy está acostumbrado a viajar, domina el inglés y a veces otro idioma a la perfección y sabe que su futuro puede estar a miles de kilómetros de la ciudad donde nació o se crio.

El matrimonio o la vida en pareja, algo que era una meta habitual en la vida hace cuarenta años, ahora es una opción. Y, de ser así, tampoco tiene lugar a una temprana edad, sino más bien a partir de los 30 o incluso cerca de los 40 años. Ese alargamiento del llamémosle periodo de juventud hace que la movilidad, la capacidad para decidir cambios sin ataduras, se prolongue en el tiempo.

Alfonso Escámez (histórico presidente del Banco Central, fallecido en 2010) llamaba a los trabajadores de su banco “funcionarios”. Y no lo hacía como un insulto o una crítica, sino con el orgullo de que el banco que él presidía era una institución tan sólida como el propio Estado. Él comenzó de botones y acabó siendo presidente. Su carrera era el arquetipo del triunfo para una clase que no pertenecía ni a la nobleza ni a la alta burguesía. Ahora eso sería imposible. Para empezar ya no hay botones en los bancos y seguro que mucha gente no sabe ni siquiera qué son y para qué sirven, aparte de para abrochar camisas y chaquetas.

El modelo ahora es radicalmente distinto. El cambio es en sí mismo un valor, así como el sector en el que se trabaja, que tiene que estar ligado de una u otra forma a la tecnología. Los referentes están claros y tienen nombres y apellidos: Javier Oliván (Meta); Pilar Manchón (Google IA); David Carmona (Microsoft IA); Alex Acero (Apple), y tantos otros. Españoles que triunfan en las empresas punteras de alta tecnología. Ya no existe el complejo de inferioridad que durante tanto tiempo lastró a los profesionales españoles. El talento no tiene barreras y ese hecho dificulta la retención de los mejores.

La movilidad, la apertura al cambio, asumir dificultades sin miedo, son valores muy positivos. Pero esa capacidad, por desgracia, sólo la tienen una parte de los jóvenes; la que ha tenido acceso a una buena educación.

La realidad es que hoy el mercado laboral es más dual que nunca. No sólo hay diferencias abismales en los salarios, sino en las condiciones de trabajo. Los peor formados tienen que conformarse con los trabajos más precarios. Son esos jóvenes, por desgracia la mayoría, los que se conforman con un empleo fijo y temen la movilidad porque, por lo general, esta no viene condicionada por una mejora, sino por un despido o un ajuste.

En fin, el factor humano, la calidad de los trabajadores que componen una empresa, es el elemento esencial para determinar si una compañía tiene futuro. La inversión, el capital, los recursos propios, son ya una herramienta, algo que se puede conseguir en el mercado sin grandes dificultades si detrás de una empresa hay una idea clara y un equipo con iniciativa y capacidad para ilusionar a sus empleados.

Es algo tan fácil de entender como difícil de alcanzar. Que el empleado considere que su empresa le da oportunidades para crecer, que fomenta la iniciativa y la creatividad, que hace algo no sólo para satisfacer a sus accionistas, sino para mejorar la sociedad. Y aceptar que, aun así, la fidelidad absoluta no existe.