Durante dos días, políticos, notarios, fiscales, magistrados, juristas y representantes del tercer sector y del movimiento asociativo de las personas con discapacidad pusieron en común sus reflexiones sobre diferentes aspectos de esta normativa, que ha transformado la realidad de las personas con discapacidad y sus familias.

Ejemplo de consenso

 «El CERMI y las fundaciones ONCE y Aequitas han realizado un importante esfuerzo de concreción jurídica a la hora de estudiar y debatir la Ley 8/2021. Este trabajo previo por parte de los expertos ha permitido impulsar esta reforma normativa, que ha contado con el consenso de todos los grupos parlamentarios», manifestó Meritxell Batet, presidenta del Congreso, en la apertura de las jornadas.

El acto inaugural también contó con las intervenciones de Nel González Zapico, vicepresidente del CERMI y presidente de la Confederación Salud Mental España; Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE; Almudena Castro-Girona, directora de Aequitas; y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN y Aequitas.

González Zapico hizo hincapié en que «era fundamental cambiar el sistema de toma de decisiones vigente por el del respeto a la voluntad. Otro aspecto importante ha sido la revisión de las medidas de apoyo. Sin embargo -aseguró- debemos seguir trabajando intensamente para dotar a la norma de recursos, desarrollando mecanismos que la hagan efectiva, con una red de apoyos amplia y adecuada».

Para Alberto Durán, «la ley supone una reforma sin precedentes en nuestra legislación; un paso más en la capacidad de decidir del colectivo, que ahora puede asumir su derecho a acertar o a equivocarse. Los operadores jurídicos -como jueces, fiscales, abogados, notarios- han removido y revisado el derecho de las personas con discapacidad desde la mirada del siglo XXI».

MERITXELL BATET: «EL CERMI Y LAS FUNDACIONES ONCE Y AEQUITAS HAN REALIZADO UN IMPORTANTE ESFUERZO DE CONCRECIÓN JURÍDICA A LA HORA DE ESTUDIAR LA LEY 8/2021»

Almudena Castro-Girona resaltó el éxito de convocatoria de las jornadas, «con cerca de seiscientas personas conectadas online«, asegurando que «ahora toca a políticos, representantes sociales y operadores jurídicos -como los notarios- poner en marcha este nuevo sistema, que reforma la columna vertebral de nuestro ordenamiento y nos coloca como pioneros a nivel europeo y mundial.»

Por último, Martínez Sanchiz señaló que «la Ley 8/2021 constituye un hito fundamental, resultado del diálogo de la sociedad civil con los políticos, que llevan años trabajando conjuntamente con las organizaciones sociales. Entre todos, debemos aprender a llevar a efecto el postulado de esta ley. Los notarios nos esforzaremos por superar las barreras que encontremos en el camino”.

J. A. MARTÍNEZ SANCHIZ: «LA LEY 8/2021 CONSTITUYE UN HITO FUNDAMENTAL, RESULTADO DEL DIÁLOGO DE LA SOCIEDAD CIVIL CON LOS POLÍTICOS»

¿Qué implica la Ley para nosotros?

El primero de los paneles de debate tuvo como epígrafe ¿Que implica la ley para nosotros?  Con la moderación de Gregorio Saravia -delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad- tuvo como protagonistas a Cristina Paredero, miembro de la junta directiva de Plena Inclusión España; Cristina Rodríguez Porrero, de la Unión Democrática de Pensionistas; Jesús García Lorente, director general de la Confederación Autismo España, y Ángeles Blanco, delegada de Derechos Humanos y coordinadora de incidencia de la Confederación ASPACE (Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral).

Para Paredero «esta reforma permite, por primera vez, escuchar y poner el foco en las personas con discapacidad. Es un gran paso adelante, ahora somos iguales ante la Ley, algo que nunca debía haberse vulnerado». «Muchas personas con discapacidad se hacen mayores y viceversa»- señalaba Porrero- «La unión de discapacidad y edad nos hace ser más vulnerables. Estas discapacidades ‘sobrevenidas’ con los años se conocen menos y aparecen en momentos de vida complicados». Según Lorente, con la reforma se debe «conseguir que las personas con discapacidad sean dueños de su propia vida; algo que debiera parecer obvio». Por último, Blanco apuntó que «la nueva legislación supone el establecimiento de apoyos hechos a medida para las personas con discapacidad, incluidas aquellas que precisan de mayores necesidades, como el colectivo de afectados por la parálisis cerebral»

Entidades sociales

La primera sesión se clausuró con la voz de los representantes de las entidades sociales, como Mar Barbero, directora gerente de FEDACE (Federación Española de Daño Cerebral) y moderadora; Ignacio Recondo, presidente de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares; Oscar Moral, presidente del CERMI Madrid; Miguel Ángel Cabra de Luna, secretario general de la plataforma de Mayores y Pensionistas y Cristina Gómez Palomo, presidenta del CERMI Castilla-La Mancha.

NEL GONZÁLEZ ZAPICO: «ERA FUNDAMENTAL CAMBIAR EL SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES VIGENTE POR EL DEL RESPETO A LA VOLUNTAD»

Moral expresó su preocupación por «las resistencias a aplicar el nuevo ordenamiento por parte de algunas entidades o personas. Debemos apelar a la responsabilidad de todos para poner en marcha esta ley. Es una oportunidad para restaurar los derechos del colectivo, reconociendo su dignidad y su derecho a la igualdad». Recondo demandó «campañas de formación sobre la norma, que deben extenderse a todas las familias y a los diversos sectores implicados en la materia». Palomo aludió a la necesidad por parte de las familias de «respetar la voluntad y capacidad de decisión de nuestros hijos con discapacidad». Por último, Cabra de Luna manifestó que «con esta nueva ley, se acabó incapacitar a un mayor para quedarse con sus bienes en una herencia preventiva

Apoyos voluntarios

La segunda sesión se abrió con el análisis de los Apoyos Voluntarios: Ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones voluntarios. El presidente honorario de la Unión Internacional del Notariado (UINL), José Marqueño de Llano, dirigió este coloquio, en el que participaron las notarias Almudena Castro-Girona (directora de Aequitas y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la UINL) y Carmen Velasco (vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco); Torcuato Recover, asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y coordinador de la Red de Juristas Plena Inclusión; y Agustín Matía, director gerente de Down España.

Marqueño recordó que aunque la ley tiene aún un escaso recorrido, ya que su entrada en vigor tuvo lugar el pasado 3 de septiembre, ya está mostrando como se ha reforzado “la labor y el compromiso de los notarios con las personas con discapacidad». Para Velasco, la nueva normativa «concilia la seguridad jurídica con la autonomía de voluntad. Los notarios estamos en relación con las personas y en condición de apreciar lo que la persona necesita en su esfera personal y patrimonial. Tenemos la responsabilidad de indagar la voluntad de esas personas antes de plasmarla en una escritura pública». Por su parte, Recover sostuvo que «el Código Civil anterior estaba obsoleto y se dictaban sentencias contrarias a la Convención de la ONU». Matía cerró la mesa apuntando que «se ha generado cierto temor y dudas en las familias ante el reto transformador que supone la nueva norma, algo que debe superarse».

ALBERTO DURÁN: «LOS OPERADORES JURÍDICOS HAN REMOVIDO Y REVISADO EL DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE LA MIRADA DEL SIGLO XXI»

Apoyos judiciales

A continuación, se profundizó sobre los apoyos judiciales diseñados en la nueva normativa sobre discapacidad. Carlos Ganzenmüller, fiscal del Tribunal Supremo y moderador; María José Segarra, fiscal de Sala del Tribunal Supremo para la protección de las personas con discapacidad y mayores; José Luis Seoane, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo; Benigno Varela, magistrado emérito del Tribunal Supremo; y Albino Escribano, decano del Colegio de Abogados de Albacete, fueron los ponentes en este capítulo.

Segarra señaló que «debe fortalecerse la desjudicialización en el ámbito de la discapacidad, reforzándose la red de apoyos de esas personas». Por su parte, Seoane apuntó que «la legislación anterior a la nueva ley era paternalista, cuánto más protección para el discapacitado: mejor». Para Varela, la principal aportación de la reforma redunda en que «se reconocen los derechos inherentes e inalienables de las personas con discapacidad». Escribano se mostró cauto al señalar «problemas en la aplicación práctica del nuevo normativo, algo habitual en una transformación jurídica tan radical: se ha cambiado de la camisa de fuerza al ‘traje a medida'».

Bajo el hashtag #sujetosyNOobjetos se emitía el primero de los dos webinars: Gran reforma del Derecho Civil desde la perspectiva de las personas mayores. Alberto Durán, vicepresidente de la Fundación ONCE y Ángel Rodríguez Castedo, presidente de la plataforma de mayores y pensionistas, inauguraban este foro. Federico Cabello de Alba, notario y director del área social de Aequitas, intervino en el panel de debate junto a otros especialistas en la protección jurídica de este colectivo, como María José Segarra, fiscal de Sala Coordinadora para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores del Tribunal Supremo.

Desjudicialización. Cabello de Alba expuso cómo la nueva normativa sobre discapacidad -que entró en vigor a primeros de septiembre- ha modificado las medidas legales de apoyo al colectivo de mayores: «Tradicionalmente, la regulación de la capacidad de las personas se hacía por vía de una resolución judicial, que privaba de derechos. Hoy la legislación asume el principio de asistir y apoyar. El punto de gravedad normativo deriva en una necesaria desjudicialización, lo que no significa indefensión».

«Ahora -proseguía el notario- se amplía el elenco de posibilidades de protección jurídica de las personas mayores, de una manera más ventajosa para su dignidad. Por vía notarial, cada individuo puede establecer su propio sistema de asistencia y apoyos para todos los actos de su devenir vital. Ya no cabe limitarse a los modelos establecidos en el Código Civil, sino que se puede definir un ‘traje a medida’, con arreglo a cada situación. La actuación del notario permite adecuar el contenido del negocio jurídico a la voluntad de las personas; siempre velando por su seguridad y dotando de una necesaria comprensión. Esta atención personalizada se extiende a cualquier negocio o acto de trascendencia jurídica -de una compraventa de un inmueble a un testamento- que se desarrolle en una notaría».

Por último, el representante de Aequitas puso de manifiesto la importancia de realizar documentos de voluntades anticipadas sin esperar a llegar a la vejez: «Hay patologías que tienen una mayor prevalencia en edad avanzada, por lo que interesa adoptar esas medidas preventivas para anticiparse a una situación en la que se va a necesitar apoyo».

Por su parte, el seminario Gran reforma del Derecho Civil desde la perspectiva de los operadores jurídicos, fue inaugurado por Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la ONCE y Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía. En la mesa redonda posterior -moderada por Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Alianzas de la Fundación ONCE- participó Almudena Castro-Girona, directora de Aequitas, junto a diversos juristas relacionados con el mundo de la discapacidad.

Para Castro-Girona, los operadores jurídicos deben afrontar la nueva normativa sobre discapacidad «con creatividad». Según la notaria, «no hay un elenco o lista de apoyos, sino que están en la realidad social. El notario y todos los operadores jurídicos debemos dar forma jurídica a cada situación; a veces el apoyo es un familiar, en otras ocasiones será un mecanismo. La alianza entre los operadores y la coordinación entre el mundo social y el jurídico será fundamental a la hora de implantar la reforma legislativa. Los operadores debemos tomarnos tiempo para dotar de seguridad jurídica a cada caso; el proceso de adaptación debe ser serio».

Desde Aequitas se está llevando a cabo una importante labor de información entre las personas con discapacidad y sus familiares para dar a conocer la Ley 8/2021 (por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica). «Hacemos hincapié en la importancia de conocer los derechos que afectan a las personas con discapacidad; hay que tener en cuenta que esta norma es desconocida, de momento. Hemos publicado recientemente una guía sobre el impacto de la reforma en el Derecho Civil -en colaboración con la Fundación ONCE y el CERMI- que puede resultar de enorme utilidad, no sólo para los implicados, sino también para jueces, notarios, fiscales o abogados», señaló.

Por último, la notaria resaltó la crucial importancia de dotar de medios a todos los operadores: “Existe una obligación de disponer de la necesaria accesibilidad para cualquier tipo de discapacidad; ello implica contar con medios, ya sean pictogramas, sistemas alternativos de comunicación o intérpretes de lenguas de señas. No debemos cuestionar ninguna herramienta de comunicación si permite la inmediación entre el notario o el operador jurídico y las personas con discapacidad».

Entre las distintas acciones recogidas en el acuerdo se encuentra la puesta en marcha por parte del Colegio de Abogados de Cantabria de un turno especial de oficio para personas con discapacidad, actuación que mejorará de forma significativa el ejercicio de los derechos de este colectivo en el acceso a la justicia.

Con el fin de dotar de conocimiento experto a los abogados que se adhieran a ese turno -así como al resto de operadores jurídicos cántabros: magistrados, jueces, procuradores, fiscales, notarios, etc.- las entidades firmantes desarrollarán diversas acciones formativas y de sensibilización, como la puesta en marcha de un curso de especialización sobre la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

La citada ley elimina el modelo anterior de incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual para adoptar un modelo de apoyo en la toma de decisiones, basado en el respeto de la voluntad de cada persona. La norma supone un cambio de paradigma para el colectivo y sus familias, así como para los agentes jurídicos y sociales que intervienen en la prestación y garantía de los apoyos.

El convenio recoge la necesidad de implicar a otras instituciones -como las consejerías de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria; el Tribunal Superior de Justicia o la Audiencia Provincial- para diseñar estrategias conjuntas, desarrollando dicho modelo de apoyos e impulsando la plena capacidad jurídica.

Los encargados de rubricar este convenio fueron el presidente de la Fundación Tutelar de Cantabria, Manuel García-Oliva; Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación Aequitas (representada en el acto por el delegado para Cantabria de la ONG del Notariado, Vicente Toledano), y el decano del Ilustre Colegio de Abogados, Andrés de Diego.

Lectura fácil. El primer proyecto puesto en marcha a raíz de este convenio fue la edición de cuatro guías en lectura fácil sobre los servicios notariales. Editadas por Aequitas y Plena Inclusión Cantabria, las publicaciones permiten la accesibilidad cognitiva en igualdad de condiciones: un derecho fundamental de las personas con discapacidad intelectual y/o de desarrollo.

El proceso para hacer documentos en lectura fácil empieza con la adaptación del original: un trabajo del equipo técnico que revisa el contenido y la estructura. En esta ocasión la labor fue exhaustiva debido al alto contenido jurídico y especializado, pero siempre acompañado por el asesoramiento de las personas de referencia de Aequitas. Una vez finalizada la adaptación se realizó el control de calidad, donde el equipo de validadores de Plena inclusión Cantabria, formado por cuatro personas con discapacidad intelectual expertas en lectura fácil, revisó las adaptaciones propuestas y trabajaron juntos para garantizar que la información es accesible, cumpliendo con la norma de AENOR de lectura fácil.

Para analizar el impacto de la nueva normativa en el colectivo, la agencia de noticias Servimedia y la Fundación Aequitas organizaron el diálogo Tras las reformas legales, las personas con discapacidad podrán tomar sus propias decisiones, que congregó virtualmente a más de cien personas. Moderado por el director general de Servimedia José Manuel González Huesa, el foro contó con la participación de María José Segarra, fiscal para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores; Mª Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil; Rafael de Lorenzo, secretario general del Consejo General de la ONCE; y el notario Federico Cabello de Alba, director de Asuntos Sociales de la Fundación Aequitas.

Cabello de Alba hizo hincapié en que, una vez aprobada la ley «la dificultad más importante será el cambio de mentalidad. No ha sido casual que una reforma con cambios normativos de este alcance haya tardado tanto tiempo. Debemos hacer mucha pedagogía y trabajar por la aplicación correcta de la norma en el sistema: ahora, la persona con discapacidad es dueña de sus propias decisiones».

Preferencia a la vía notarial. La función notarial también se verá modificada en el día a día con la entrada en vigor de esta vasta reforma: «Nosotros asistimos a todas las personas que acuden a la notaría para ayudarles a comprender el alcance de formar un determinado negocio jurídico. Esta situación debemos extenderla a las personas con discapacidad, adecuando nuestra actuación a sus necesidades. Nos adaptaremos para que los miembros de este colectivo puedan ejercer sus derechos, y en ningún caso sustituyéndolos. Mediante la actuación notarial se hará efectiva su autonomía de la voluntad, como sucede con cualquier persona, aunque con diferentes apoyos».

«La principal novedad de la nueva legislación -prosiguió el representante de Aequitas- es que se da preferencia a la vía notarial gracias a nuestro contacto directo con las personas. El régimen de apoyos que puede ofrecer el notario es tan extenso que resiste cualquier sistematización; la persona acudirá a nosotros para establecer unos apoyos que delimitará con libertad. En escritura pública se determina el régimen de toma de decisiones, que podrá ser revocado y elevado a la autoridad judicial si es inadecuado». 

María José Segarra destacó que una reforma de este calado, que ha afectado a ocho normativas, precisa «difusión, docencia y empatía. Tanto el fiscal, como los operadores jurídicos y la Administración, deben realizar una labor de difusión y de apoyo a las familias, que viene reconocida en la ley. Esta docencia permitirá una mayor implicación en el crecimiento e igualdad de las personas con discapacidad, impidiendo figuras como la patria potestad prorrogada».

Rafael de Lorenzo expresó que la reforma «es un elemento de avance y de progreso del sector de la discapacidad. La ley es un éxito de la sociedad civil, estructurada en torno al CERMI, que ha trabajado en común buscando lo mejor para un colectivo de cuatro millones de personas y sus familias». El representante de la ONCE también quiso destacar «el esfuerzo de los diputados y senadores para enfrentarse a un proyecto de gran complejidad, que ha modificado 249 artículos de diferentes leyes como el Código Civil o la Ley de Jurisdicción Voluntaria, todo ello en apenas unos meses. Ahora lo que necesitamos es que se pase de los derechos a los hechos y que la ley se aplique correctamente por todos los operadores jurídicos». En este sentido, señaló el reciente acuerdo alcanzado entre el CERMI y el Consejo General del Notariado «que servirá de orientación a los notarios para que den respuesta a determinados asuntos prácticos”.

Mª Paz García Rubio, que desde la Comisión General de Codificación participó en el desarrollo del texto de la ley, demandó que algunas normas deben aún adaptarse, «como las relacionadas con el consentimiento informado en el ámbito de la salud o las de investigación médica. Asimismo, hay que tener en cuenta que vivimos en un estado plurilegislativo en materia civil, por lo que se precisa que algunas comunidades se adapten a la Convención de la ONU en la que se basa la nueva norma».

EL ESTUDIO, en el que han participado una veintena de expertos de los ámbitos económico y socio-sanitario junto a más de 1.300 ciudadanos de distintas edades, se titula La Planificación de la Última Etapa de la Vida: Claves para afrontar el envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida.

Entre sus principales conclusiones, cabe destacar que el 77% de los ciudadanos consideran bastante o muy importante ahorrar para la jubilación, pero que tan solo un 25% lo hace de forma sistemática para este fin y que el 59% confiesa no ahorrar nada. Asimismo, se indica que sólo el 33% de los ciudadanos cuida de su salud desde hace tiempo y que únicamente el 50% están mentalizados sobre el final de la vida.

Cabe destacar el alto desconocimiento de algunos de los instrumentos de protección legal de la persona y de su patrimonio (testamento, documento de voluntades anticipadas y poderes preventivos) entre los encuestados. Este desconocimiento se traduce en un bajo nivel de otorgamiento de dichos instrumentos, ya que, según la encuesta realizada a los ciudadanos, el 60% no ha otorgado ninguna de estas tres figuras jurídicas.

Existe un alto desconocimiento de los instrumentos de protección legal
de la persona como el documento de voluntades anticipadas
y los poderes preventivos

Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación Æquitas, participó como ponente en la mesa redonda posterior –moderada por el director general de Servimedia José Manuel González Huesa–. En este panel de debate también intervinieron el periodista Juan Cruz y Juan Díez Nicolás, catedrático de sociología.

Para la notaria: “Sorprende la falta de conocimiento de los instrumentos jurídicos de prevención. Los notarios estamos constantemente con personas y sabemos que tienen miedo a la muerte; pero también que tienen miedo a dejar problemas tras el fallecimiento. El testamento es conocido, pero se desconocen otras figuras que te ayudan a superar una situación en la que necesites apoyo, previa al fallecimiento, como los poderes preventivos o los documentos de voluntades anticipadas; o la maravilla de documentos que van a venir con la reforma del Código Civil en ciernes. Cabe señalar que, tras la pandemia muchas personas han acudido a hacer testamento a las notarías”.

“Las voluntades médicas anticipadas, testamentos o poderes preventivos no sólo protegen a la persona y al patrimonio; sino que protegen a la autonomía de la voluntad. Debemos respetar a la persona y su voluntad, fomentar su marco de libertad con independencia de sus circunstancias: ya tenga discapacidad o sea mayor. Debemos hacer una labor de difusión desde antes de llegar a ser mayores; hacer una labor de prevención previa, porque el envejecimiento nos atañe a todos, no sólo a los mayores. Eso es algo que llevamos haciendo desde nuestra Fundación Æquitas desde 1999: difundir esos instrumentos preventivos, aunque queda mucho por hacer”, prosiguió Castro-Girona.

“Nuestra sociedad –señaló la notaria– vive de espaldas a la muerte y no la afronta como un hecho. No hay que tener miedo a enfrentarse a la última etapa de la vida, hay que tener la entereza de afrontarla. Hay que involucrar a poderes públicos, sociedad y sectores jurídicos para, desde la educación, prepararnos para la llegada de la muerte. En muchas ocasiones la prevención llega tarde. El futuro se prepara en el presente.”