EL PLAN CONTRIBUIRÁ al Producto Interior Bruto español en una cantidad estimada en 13.500 millones de euros mediante unas 500.000 actuaciones de rehabilitación hasta 2023 y una previsión de 300.000 viviendas anuales rehabilitadas para el año 2030. Este proyecto puede suponer la creación de cerca de 188.000 puestos de trabajo hasta 2030.

Según un reciente informe publicado por el Banco de España, el mercado inmobiliario residencial se ha visto sensiblemente afectado por la pandemia de Covid-19, que irrumpió –dice el estudio del regulador– en un momento en el que el ciclo de este mercado se encontraba en una fase de madurez.

Descenso constructor. Así, la imprevista crisis sanitaria mundial provocó un descenso brusco de la actividad constructora, directamente afectada por las restricciones adoptadas. Desde entonces, se ha recuperado lentamente y sigue muy influida por los desarrollos epidemiológicos y su impacto en las perspectivas económicas.

El Banco de España también señala que la pandemia ha propiciado cambios notorios en el tipo de vivienda demandada, debido a las nuevas necesidades de las familias surgidas con el confinamiento y al incremento del teletrabajo. En comparación con otras crisis, los precios están mostrando una mayor resistencia a la baja, particularmente los de la vivienda nueva, si bien la pandemia está influyendo de forma muy heterogénea a escala regional.

La crisis económica generada por la pandemia no se ha traducido en un aumento de los costes de financiación de la vivienda, sino que estos han continuado descendiendo hasta alcanzar niveles mínimos históricos. Sin embargo, se aprecian algunos indicios de endurecimiento en los criterios de concesión y en algunas condiciones aplicadas a los préstamos.

En este escenario, la apuesta por la rehabilitación de viviendas, que además responde a una creciente demanda inmobiliaria en zonas de urbanización débil o del espacio rural, tiene gran sentido de la oportunidad. Según expertos inmobiliarios, la demanda de vivienda fuera de las grandes ciudades se duplicó en 2020 y la tendencia sigue en progreso, lo que convierte en necesidad impulsar acciones de rehabilitación de viviendas que hasta ahora no eran atractivas en el mercado inmobiliario.

La pandemia ha convertido a la calidad de vida en una prioridad y ha contribuido, en gran medida, al cambio de preferencias. Así, la vivienda tipo que se perfila es de concepto más abierto, con terraza o, mejor aún, que sea una vivienda unifamiliar con jardín o en un edificio residencial con zonas comunes.

Y la realidad es que las tendencias urbanísticas de los últimos años, al menos en las grandes ciudades, no iban en esa dirección. Por eso la rehabilitación se ha convertido en una actividad de gran demanda.

El ambicioso Plan de Rehabilitación quiere superar la pobre realidad de esta actividad en España. Uno de los factores para la, hasta ahora, poco atractiva inversión en rehabilitación es el predominio de la vivienda en planta vertical (pisos) en el parque inmobiliario español, que representa el 72% del total en la vivienda principal. Esto provoca que la decisión sobre muchas rehabilitaciones estructurales tenga que ser acordada en las comunidades de vecinos. Cualquiera que haya formado parte de una de ellas comprende que esto es algo más que complejo.

Un sector resistente. Aun así, la rehabilitación residencial ha sido el sector de la edificación que mejor ha resistido la pandemia: la superficie de viviendas en rehabilitación aumentó en el primer trimestre de 2021 un 11,8% respecto al primer trimestre de 2020 y un 6,5% en comparación con el mismo periodo de 2019, según datos del Consejo de Colegios de Arquitectos de España. La rehabilitación visada, la de mayor envergadura y que afecta a elementos estructurales, fue de 756.437 m².

La situación pretende ser superada por el programa gubernamental que plantea subvenciones y deducciones por valor de 3.420 millones de euros tanto a barrios como a edificios y viviendas, así como ayudas a las comunidades autónomas para instalar oficinas de rehabilitación que atiendan a los vecinos interesados en llevar a cabo la misma.

Las deducciones pueden ser del 60% en intervenciones sobre elementos comunes de los edificios y será del 20% de la inversión en el IRPF si se reduce un 7% la demanda de calefacción o del 40% si las obras consiguen reducir un 30% el consumo u obtener la clase energética «A» o «B».

También se prevén planes renove para carpinterías, fachadas o cubiertas, a gestionar directamente por fabricantes o instaladores.

Por lo que respecta a la financiación privada, que debe complementar la acción pública, el Gobierno buscará hacer atractiva la implicación de las entidades financieras mediante la aportación de algún tipo de aval a los créditos concedidos para la rehabilitación.

Estos incentivos están integrados en el modelo de gestión de los fondos europeos; será gestionado, a excepción de la fiscalidad, por las comunidades autónomas y su gestión obedecerá a un modelo único.