Los días 15 a 20 de septiembre de 2024 tuvo lugar en la Isla de Tenerife un importante encuentro de autoridades relacionadas con la justicia inaugurado por su Majestad el Rey de España. El acontecimiento tuvo una excepcional importancia, tanto por las personalidades que congregó como por la relevancia de los temas que se trataron. Participaron Ministros de Justicia de Iberoamérica y de los países de habla portuguesa, Fiscales Generales, Presidentes de Cortes suprema y presidentes de los Notariados de los países de Iberoamérica. Concretamente se celebró la 112ª sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado (UINL), que reunió a los presidentes de los Notariados de América; las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas, uno de los principales foros científicos sobre Derecho Notarial en Iberoamérica; el II Encuentro de Ministros de Justicia de los países Iberoamericanos (COMJIB) y de los países de Lengua Oficial Portuguesa (CMJPLOT); la I Reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP); la Comisión de Coordinación y Seguimiento para la XXII Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana 2025; y el Pleno del Consejo General del Notariado.

Con estos encuentros se ponían en contacto varios ámbitos de la justicia: el representado por jueces y fiscales, el significado por los notarios y el constituido por los ministros de Justicia.

Entre los temas que se abordaron en las reuniones destacaron el acceso a la justicia, la cooperación tecnológica, la jurisdicción voluntaria, el intercambio de buenas prácticas entre países y la circulación segura de documentos en el ámbito de Iberoamérica y en los países de habla portuguesa.

Acceso a la justicia

En distintos foros se trató del acceso a la justicia y su pleno ejercicio, bajo el prisma de ver que se ha de extender más allá de los supuestos en los que existe una previa contienda o desacuerdo. Hoy se percibe con claridad que la realización del valor superior justicia es anhelable en todas las esferas de la existencia de la persona, los pueblos y las naciones en los que este valor ha de estar presente. Es decir, la justicia también ha de hacerse presente en las relaciones interpersonales, familiares o empresariales. Para ello es necesario que los actos y negocios jurídicos se concluyan con pleno respeto a la voluntad de las personas, al ordenamiento jurídico y a los derechos de los demás. Es precisamente este el ámbito de la realización de la justicia donde el notario está llamado a prestar su servicio a la sociedad, y con su intervención ha de hacerla efectiva de forma natural y cotidiana, en el día a día, en la normalidad de las relaciones jurídicas. Por ello, junto al derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, se percibe la existencia de un derecho de acceso a aquellas instituciones del Estado que garanticen la justicia en la normalidad, como es el servicio público notarial.

Cada vez se hace más incuestionable la necesidad de poner medios para mantener la justicia en las relaciones en las que no existe un previo conflicto, o lo que es lo mismo, prevenir la injusticia evitando contiendas, abusos, incumplimientos, olvidos, delitos o cualquier situación injusta. A estas expectativas pretenden dar respuesta los ordenamientos jurídicos que cuentan con notariados latino-germánicos, que es el sistema más seguro, justo y económico frente a los sistemas anglosajones, con un alto grado de conflictividad y un coste muy superior. Es por ello que el conocido por notariado latino hoy es el sistema más extendido en el mundo, beneficiando a países que representan a más de dos terceras partes de la población mundial, la mayoría de los cuales están integrados en la Unión Internacional del Notariado (UINL). No en vano, gracias a la actuación combinada de las solemnidades o principios que se deben poner en juego cuando interviene un notario -consentimiento prestado de forma libre e informada, asesoramiento imparcial, control de legalidad, la redacción clara, precisa y técnica, conservación del documento, etc.- se evitan las patologías del Derecho y por tanto tener que restablecer la justicia dañada acudiendo a medios que han de ser excepcionales, como son los tribunales de justicia, evitando la sobrecarga de trabajo de estos, al tiempo que se garantiza la paz social, la seguridad jurídica y el desarrollo económico. De ahí que el acceso del ciudadano a la justicia que se hace realidad en situaciones de normalidad con la actuación notarial, se haya considerado como un derecho de la persona, que ha de disfrutar de las ventajas de este servicio público con garantías, lo que exige que esté bien regulado, controlado y supervisado por el Estado.

Justicia preventiva

También se percibió por los participantes la importancia de contar con una buena regulación, único modo de brindar a la ciudadanía los efectos benéficos que se derivan de una buena institución de justicia preventiva a fin de garantizar el respeto a los derechos de las personas, evitar la injusticia, dotar al tráfico jurídico y económico de seguridad, y generar un necesario clima de confianza, acatamiento al ordenamiento jurídico y transparencia. Con ello no sólo se logra un ahorro para el ciudadano, al que se le evitan, además de los disgustos, las costas y gastos de posibles litigios, sino también para el Estado, ya que, al disminuir la conflictividad, se reduce el presupuesto público al aminorar el aparato judicial.

Jurisdicción y Notariado, aunque en ámbitos distintos, son instituciones que comparten un fin común, la realización de la justicia, y, como los distintos miembros del cuerpo humano, el buen o mal funcionamiento de un órgano afecta a toda la persona. Por ello el funcionamiento de los tribunales se ve favorecido por un buen sistema notarial y viceversa.

Otro tema abordado, muy relevante, fue el referente a la cooperación internacional. Actualmente la plataforma Iber@, en el ámbito de IberRed, desarrollada por la Plataforma Tecnológica del Notariado español, es una realidad y constituye un medio seguro de intercambio de información, cooperación y práctica de diligencias entre autoridades judiciales, fiscalías y policías. Se trata de aprovechar los avances tecnológicos con potentes herramientas en la lucha contra la delincuencia transnacional y en la cooperación en otros ámbitos de la justicia en los países integrantes del convenio de Medellín. Los Ministros de Justicia participantes han destacado la necesidad de avanzar en la interoperabilidad de las redes y plataformas de cooperación jurídica y judicial existentes a fin de facilitar la comunicación continua, compartir datos e informaciones, la circulación de documentos, privilegiando la vía electrónica y garantizando un amplio espacio de cooperación.

Fueron otros muchos los temas tratados en los distintos encuentros, que no podemos abordar en este artículo. Entre ellos destacaré el relativo a la circulación segura de documentos. La circulación documental entre países es una práctica cotidiana, consecuencia lógica de una sociedad cada vez más globalizada en la que las familias y las empresas no limitan su ámbito de existencia a una sola nación. Por ello facilitar la circulación de documentos notariales y garantizar que se realice de forma segura es una demanda social al que pueden dar cumplimiento, con la máxima seguridad jurídica y tecnológica, las naciones que cuentan con notariados de tipo latino germánico. Estas naciones están bien posicionadas a fin de brindar en este mundo cada vez más globalizado soluciones que acerquen a los migrantes, las familias y las empresas en orden a garantizar sus derechos, especialmente de los menores y de los cada vez más necesitados de protección. A esta finalidad responde la plataforma Iberfides, pensada inicialmente para los países iberoamericanos a la que hoy también quieren incorporarse los países de África de lengua oficial portuguesa. Durante el desarrollo de la reunión de los ministros se presentó por representantes de Bolivia, Santo Tomé y Príncipe y España la experiencia piloto realizada en los mismos de utilización de la plataforma Iberfides. Próximamente se incorporarán otros países, con lo que se reducirán las distancias, con ahorro de tiempo y dinero, con la máxima seguridad jurídica y tecnológica, por lo que se verán beneficiadas muchas personas, familias y empresas y se evitarán fraudes y falsificaciones, incrementando la confianza en el tráfico jurídico internacional.

La circulación segura de documentos notariales se encuadra en el derecho de toda persona al acceso a la justicia, dentro de la que se incluye la justicia de la normalidad, o el acceso a la función notarial. Por ello estos documentos que transiten en la plataforma Iberfides han de ser autorizados por notarios en ejercicio de sus funciones y han de tratarse de documentos públicos, es decir, a los que tanto el país de origen y de destino los considere documentos públicos, con efectos sustantivos, ejecutivos, probatorios, entre otros, y con presunción de legalidad, veracidad e integridad.

JURISDICCIÓN Y NOTARIADO, AUNQUE EN ÁMBITOS DISTINTOS, SON INSTITUCIONES QUE COMPARTEN UN FIN COMÚN, LA REALIZACIÓN DE LA JUSTICIA

También en los encuentros y foros se puso de manifiesto la necesidad de adoptar acuerdos entre naciones y dotarse de herramientas y mecanismos que permitan y fomenten la colaboración entre los notarios del país de origen o residencia del compareciente, a fin de garantizar el control de legalidad de los negocios transnacionales y el cumplimiento de las obligaciones administrativas, fiscales, elaboración de índices y la lucha contra el lavado de activos. Para ello los Notariados de cada nación han de contar con una adecuada regulación y con una plataforma tecnológica propia de la institución notarial, es decir, de la exclusiva titularidad del colegio notarial o de la dirección o autoridad nacional reguladora de la institución notarial del país, a fin de garantizar el control, vigilancia y la máxima seguridad jurídica y tecnológica, la protección de datos y mantener la plena confianza en la institución notarial, por lo que ha de ser única en cada país y de uso común por todos sus notarios.

En las distintas reuniones se dio una visión amplia e integral de la justicia, tanto la que busca solucionar el conflicto como la que trata de mantener la justicia en la normalidad. Esa visión integradora va de la mano con una mayor cooperación entre las instituciones del Estado que prestan sus servicios en la realización o el mantenimiento de una u otra, jueces, fiscales y notarios, con ello se gana en eficacia y se prestará un mejor servicio a la sociedad.