El cliente es la prioridad de los bancos, que diseñan su estrategia para responder a sus deseos de hoy y anticiparse a los de mañana, cada vez mayores e inmediatos. Recibir atención veinticuatro horas al día y en cualquier lugar es algo cotidiano gracias a la digitalización, la gran apuesta del sector bancario desde hace años. Gracias a que los bancos se anticiparon a la transformación digital de la sociedad, la elevada protección que el cliente contaba en su actividad analógica se mantiene inalterada en su operativa digital, como ha quedado patente en los peores momentos de la pandemia, con todos los servicios financieros funcionando a pleno rendimiento y con total normalidad. La colaboración de los consumidores, sin embargo, es clave en la era digital. Aparte de la protección y las garantías que nos brindan los bancos, hemos de ser conscientes de la necesidad de proteger nuestros datos en el mundo online.

El avance tecnológico y su reflejo en la digitalización han permitido la aparición de nuevos competidores y modelos de negocio relacionados con la actividad financiera que compiten con los bancos en la provisión de los servicios financieros, aunque enfocándose solo en los más rentables. A diferencia de estas compañías tecnológicas que ofrecen servicios bancarios bajo una regulación y supervisión mucho más superficial, los bancos atienden a todos sus clientes, con independencia de si están habituados a las nuevas tecnologías o prefieren una atención más tradicional a través de las sucursales bancarias. Y son garantía de protección en esta revolución fintech a la que asistimos, fruto de aplicar la creciente innovación tecnológica en los servicios financieros, que aporta muchos beneficios al usuario, pero también algunos riesgos que deben ser conocidos.

Si hablamos de los riesgos para el consumidor, debemos preguntarnos si el usuario de servicios financieros entiende, en la mayoría de los casos, el tipo de entidad, o la personalidad jurídica que está detrás de una nueva marca innovadora y, por tanto, con qué protecciones legales cuenta en caso de un fallo o error. Es habitual el uso de términos como ‘neobanco’ o ‘banco digital’ para referirse a algunas de las nuevas empresas que, en muchos casos, no tienen la condición de entidad de crédito y no pueden ejercer las actividades legalmente reservadas a estas.

Vigilar lo que ocurre en un mercado tan dinámico y con tantos nuevos actores empieza a ser una tarea compleja para los supervisores financieros y también para los reguladores. Más allá de los asuntos relacionados con la competencia, que también preocupan, las autoridades están poniendo el foco en los riesgos para la protección del consumidor y la estabilidad financiera, porque incentivar la innovación y la competencia no debe traducirse nunca en una menor protección del cliente financiero.

Los clientes deben saber de forma clara cómo está protegido su dinero, algo que sí conocen en el caso de los bancos. Por ejemplo, algunos productos que se ofrecen como ‘cuentas’ no tienen consideración de depósitos y, por tanto, sus saldos no están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos de las entidades de crédito. También preocupa el aumento de la actividad crediticia fuera de la red de los bancos. Aunque la diversificación en las fuentes de financiación a empresas y familias sea algo positivo, debe quedar siempre bajo el radar regulatorio y de supervisión.

La banca es un sector disciplinado que responde a una regulación extensa y muy exigente, que ha experimentado muchos y profundos cambios desde la crisis financiera mundial desatada en Estados Unidos en 2008. A diferencia de lo que ocurre con el resto de las empresas cotizadas, los bancos están sujetos a una normativa específica, tanto comunitaria como española, que es más avanzada que la del buen gobierno. La rápida adaptación a esas exigencias ha permitido a los bancos españoles aumentar en gran medida su solvencia y capacidad de resistencia, y dar así respuesta a las necesidades de los clientes durante lo peor de la crisis sanitaria.

La estrategia de los bancos pasa por satisfacer a sus clientes. Su compromiso es ofrecer los servicios financieros necesarios a todos los consumidores. Son los clientes los que deciden qué canal eligen entre los disponibles para comunicarse con su entidad: oficinas, banca telefónica y digital, agentes colaboradores y cajeros. El sector bancario también está llevando a cabo acuerdos de colaboración con otras instituciones y empresas que complementan los canales de comunicación de las entidades con el único fin de seguir reforzando la mejora de la calidad del servicio al cliente.

Además del cambio de hábitos y costumbres de los clientes, que acuden menos a las oficinas, los bancos operan en un escenario de baja rentabilidad consecuencia del prolongado escenario de tipos de interés oficiales negativos. Para adaptarse a este entorno, los bancos están llevando a cabo los ajustes de estructura necesarios, unos cambios que los supervisores llevan tiempo reclamándoles y que se acometen con el fin de seguir desempeñando un papel clave para superar la crisis. La prioridad de los bancos es apoyar a las familias y empresas e impulsar esa recuperación económica post Covid que todos deseamos, basada en un nuevo modelo económico mejor que el anterior, más respetuoso con el medio ambiente, más digitalizado y más beneficioso para todas las capas de la sociedad.

La erupción de La Palma ha vuelto a poner sobre la mesa el papel del seguro ante catástrofes naturales y ha puesto de manifiesto el enorme grado de confusión que se genera ante este tipo de situaciones. Una confusión que guarda relación con el desconocimiento generalizado de los consumidores sobre sus seguros y sobre las coberturas y limitaciones de los mismos, y que se ve acrecentada ante las incertidumbres que en casos como el de “Cumbre Vieja” afrontan los afectados.

Es indiscutible al respecto el papel clave que el Consorcio de Compensación de Seguros juega en estos casos. Sin las previsiones de intervención de esta institución ante circunstancias extraordinarias como la que han supuesto terremotos como el de Lorca, inundaciones varias y erupciones volcánicas como la que ha alterado la vida y economías de decenas de miles de palmeros, los efectos derivados de estas manifestaciones violentas de la naturaleza no encontrarían más solución y respuesta que, en su caso, las ayudas extraordinarias de carácter público.

Sin embargo, y una vez reconocida la utilidad de este sistema de salvaguarda para los consumidores (que por cierto también entra en funcionamiento, a otro nivel, en los casos de quiebra de una compañía aseguradora), hay que recordar que la garantía que supone la intervención del Consorcio sólo se aplica en los supuestos en los que el consumidor disponía previamente de una póliza de seguro contratada y en vigor, y que el alcance de la cobertura de este organismo público se limita a las previsiones y coberturas de dicha póliza. De esta forma, si el usuario no disponía de seguro no verá sus perjuicios indemnizados, o si disponía de un seguro las condiciones del mismo (en cuanto a sumas aseguradas y otros extremos relevantes) serán las que marquen el alcance económico de la intervención del Consorcio.

Esta realidad genera problemas diversos. Por ejemplo: ¿qué ocurre en situaciones de infraseguro, en las que los bienes se encuentran asegurados por un importe inferior a su valor real? En general el Consorcio no cubrirá más importes que las sumas aseguradas en póliza, generándose un perjuicio indudable al consumidor. O ¿qué sucede cuando el siniestro provoca gastos (como alojamiento, manutención, etc.) que no se contemplaban en la póliza suscrita? Nuevamente el usuario se encuentra sin cobertura.

El paso del tiempo ha puesto de manifiesto algunos de los déficits de sistema, que por ejemplo en el caso de los automóviles han sido corregidos. Así, desde el 1 de julio de 2016 todos los coches asegurados con una póliza de seguro de responsabilidad civil de automóviles en España pasaron a estar cubiertos por el Consorcio por los daños materiales producidos por riesgos extraordinarios, aun cuando carecieran de cobertura de daños propios. Es decir, en este supuesto específico (los daños a vehículos por fenómenos naturales) se exceptuó la regla general (dar sólo la cobertura correspondiente a la póliza de seguro suscrita previamente), y se acordó cubrir los daños al propio vehículo, aunque no contase con un seguro a todo riesgo.

No obstante, perviven diversos problemas que la experiencia muestra y que deberían ser objeto de análisis y reflexión. Uno de los más claros ejemplos es el relativo a las coberturas e indemnizaciones correspondientes a las viviendas dañadas o directamente destruidas y que eran objeto de préstamos hipotecarios. En estos supuestos normalmente los seguros (en general impuestos por el banco prestamista y en los que por tanto el consumidor ha carecido en general no sólo de capacidad de elección ni negociación, sino de información suficiente) tienen como beneficiario al propio banco. Pero son muchos los casos en los que el consumidor, carente de información comprensible, afronta no sólo la incertidumbre de qué parte de la indemnización se destinará al banco y qué parte se le entregará a él mismo como titular del inmueble, sino demoras en el abono de la cantidad correspondiente a cuenta de diatribas y “debates” por parte de la entidad prestamista sobre el “reparto” del importe asegurado. Todo ello en una situación en la que el consumidor no sólo no dispone de vivienda, sino que incluso en ocasiones ve cómo se le siguen girando las cuotas mensuales de la hipoteca. Una práctica, por cierto, que debiera ser urgentemente corregida, estableciendo legalmente la suspensión obligatoria del abono de dichas cuotas.

Pero en términos generales quizás los problemas más relevantes sean los relativos a los plazos de abono de las indemnizaciones, por un lado, y al marco general de la comercialización de seguros privados, por otro. El primero de los problemas puede tener fácil solución, estableciendo métodos y mecanismos cada vez más ágiles para los pagos a realizar, como de facto viene sucediendo en cada ocasión en la que el Consorcio de Compensación de Seguros tiene que intervenir. El segundo, por contra, es un problema mucho más estructural, y por tanto exige un abordaje más profundo.

Desde ADICAE, como organización de consumidores con amplio bagaje en el ámbito de los productos financieros y de los seguros, hemos siempre defendido el valor de la función social del seguro. Un producto que se constituye idealmente en un instrumento de garantía “para no usarlo”; nadie desea ser víctima de ningún siniestro, de ninguna de las situaciones que los seguros, sean del tipo que sean, cubren. Sin embargo los problemas que se generan precisamente cuando acontecen los hechos que uno desea proteger (infraseguro y aplicación de la regla proporcional, conflictos sobre las coberturas y exclusiones, demoras “salvajes” en los plazos de abono de indemnizaciones, etc.) ponen de manifiesto que en demasiadas ocasiones el seguro es un producto “impuesto” (no puede olvidarse que el canal de banca seguros copa casi dos tercios, o más, de la distribución de seguros en España), por tanto desconocido y, en última instancia, objeto de una visión negativa o desconfiada por parte de los consumidores. Un aspecto de mejora clave que sigue siendo a día de hoy uno de los mayores retos para el sector, los reguladores, y los propios consumidores.