El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio con el Banco de España y con la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, del Ministerio de Economía, para conocer el grado de protección que existe para los consumidores de los conocidos como créditos rápidos.

Esta actuación se ha producido tras haber recibido quejas ciudadanas por los elevados intereses que pagan a las empresas prestamistas, empresas que, en muchos casos, no tienen consideración de entidades de crédito.

La institución, por ello, ha preguntado al Banco de España, regulador y supervisor del sistema bancario, y a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, si están llevando a cabo algún tipo de actuación sobre las entidades que conceden estos productos, y si se ha emitido alguna directriz aplicable a este tipo de créditos, también denominados microcréditos.

La situación de vulnerabilidad y precariedad económica por la que atraviesan muchas personas provoca la proliferación de empresas que ofrecen dinero rápido, presentándose como la solución fácil y sin complicaciones a los problemas económicos de familias y consumidores. En una sociedad y modelo económico que favorece y propicia el consumo desmedido el impacto es aún mayor.

Los créditos rápidos no cuentan con una definición legal o una regulación y tratamiento específico aplicable. Se encuentran incluidos en la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, siempre que el importe prestado sea superior o igual a 200 euros.

Los créditos rápidos pueden considerarse como un medio de financiación consistente en la puesta a disposición de cantidades de dinero no muy elevadas, con reducidos plazos de devolución y a tipos de interés más altos de lo habitual. Suelen ser otorgados por entidades financieras o empresas no financieras de capital privado para responder a necesidades puntuales y urgentes de liquidez y se caracterizan por la celeridad en su otorgamiento y puesta a disposición del dinero prestado, así como por la falta de exigencia de garantías al prestatario para su concesión. En su publicidad, las empresas que ofrecen créditos rápidos venden rapidez y facilidad, sin exigencias de solvencia del prestatario y sin apenas trámites. Se conceden casi de manera automática, la mayoría vía online o telefónica, sin un análisis de riesgos.

Sin embargo, esta accesibilidad y facilidad para el consumidor esconde un reverso de abusos que pueden terminar situándolo en situaciones graves de endeudamiento. Estamos ante contratos de préstamos personales que, en muchas ocasiones, contienen condiciones abusivas, con comisiones y gastos desproporcionados, altísimas tasas de interés -camufladas muchas veces en otros conceptos como honorarios o gastos de gestión- y con plazos muy breves de devolución que terminan asfixiando al prestatario.

Por si fuera poco, entre las condiciones también suelen recogerse penalizaciones por impago y mora muy elevadas, unidas a otros costes asociados a la prórroga del plazo de devolución, o a los derivados de las gestiones de cobros, notificaciones o comunicaciones. Actualmente nos encontramos con créditos rápidos que llegan a aplicar intereses nominales de más del 36% y TAE de más del 4.000%.

Cabe recordar que en 2015 el Defensor del Pueblo ya tuvo ocasión de analizar la situación generada con los créditos rápidos y alertó de su problemática. En el informe anual de la institución de ese año se señaló que algunas entidades bancarias, pese a la numerosa jurisprudencia existente, continuaban imponiendo en los contratos tipos de interés abusivos que perjudican gravemente a los ciudadanos, por lo que los clientes, para conseguir que se anulara la cláusula impuesta, se veían obligados a acudir a la vía judicial, aunque muchos de ellos no podían presentar demandas por carecer de medios económicos suficientes. El Defensor estimó que los intereses remuneratorios y los moratorios debían quedar limitados y así se lo trasladó a la entonces Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

El Defensor del Pueblo también alertó hace nueve años de que muchas personas, ante las dificultades para obtener los créditos o préstamos personales, acudían a empresas no financieras en unas condiciones que propiciaban el sobreendeudamiento. Sobre estas empresas hizo un llamamiento al control por parte de las autoridades competentes. Muchas de las empresas encargadas de la comercialización de estos productos, al no ser entidades financieras, no están bajo la supervisión ni el control del Banco de España.

La Ley de Crédito al Consumo establece que el incumplimiento de sus disposiciones por personas físicas y jurídicas distintas de las previstas en el apartado 2, entidades de crédito, será sancionado como infracción en materia de consumo, aplicándose lo dispuesto en el régimen sancionador general de protección de los consumidores y usuarios previsto en el Título IV, libro primero, del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y demás normas aplicables, así como en las normas de protección al consumidor establecidas en las leyes autonómicas correspondientes.

Corresponde, por tanto, al Banco de España el control de las entidades de crédito y a las autoridades de consumo el control de las prácticas abusivas llevadas a cabo por entidades que no sean de crédito. Aquí, en el ámbito del control y la supervisión, hemos topado con el talón de Aquiles de nuestro sistema de protección al consumidor.

¿Sería necesario mejorar la información y formación de los consumidores sobre este tipo de productos? Sí, resulta incuestionable que el consumidor debe conocer qué firma, cómo funcionan estos productos y sus consecuencias.

¿Sería pertinente una regulación más precisa y específica de los microcréditos o créditos rápidos, mejorando la Ley de Crédito al Consumo de 2011? Sí, incluyendo limitaciones a los tipos de interés remuneratorios, gastos y comisiones por su contratación, así como la inclusión de mecanismos que eviten el sobreendeudamiento del consumidor y la resolución extrajudicial de conflictos derivados de la negligencia del prestamista.

Pero, independientemente de todo lo anterior, también es necesario que organismos reguladores y de control actúen frente a esquilmadores y avariciosos que abusan de los consumidores más necesitados. Muchos están ahí, no se esconden.

El comercio electrónico ha supuesto una gran revolución para los consumidores. La posibilidad de acceder desde casa de manera fácil y rápida a diferentes productos y servicios ha aumentado de forma exponencial la oferta a su disposición, mejorando su posición en el mercado. Las cifras ponen en evidencia el vertiginoso crecimiento que experimentan las transacciones en línea año tras año. En 2022, los últimos datos anuales publicados por la CNMC señalan que las transacciones online alcanzaron en España un volumen de 72.000 millones de euros y se incrementaron un 25% con respecto al año anterior. Esta cifra de negocio se logró gracias a 1.345 millones de transacciones por parte de los consumidores, lo que da idea de la generalización y la cotidianeidad del comercio electrónico, que ha modificado de forma significativa nuestros hábitos de compra.

Cada vez más consumidores recurren con mayor frecuencia a internet para acceder a diferentes productos y servicios. En algunos sectores las ventas por esta vía se han convertido en el canal mayoritario y casi exclusivo. Esto sucede en el caso de los billetes de avión, la contratación de paquetes turísticos, de hoteles o las entradas a espectáculos, donde la venta a través de establecimientos físicos es muy reducida o casi inexistente.

Las compras por internet a pesar de su éxito entre los consumidores no están exentas de problemas. Diferentes estudios de OCU muestran la existencia de cláusulas desproporcionadas para el consumidor, como la facultad de rescindir unilateralmente el pedido; la exclusión de responsabilidad en caso de errores de precio, o la limitación de la devolución del producto si se abrió el embalaje, como ejemplos de cláusulas claramente desequilibradas detectadas en algunas páginas web.

Y eso a pesar de las diferentes normativas a nivel nacional y europeo que protegen a los consumidores en esta materia, desde la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, sobre el comercio electrónico, hasta la más reciente: el Reglamento de Mercados Digitales (UE) 2022/1925, con la que se trata de afrontar los nuevos retos a los que se enfrentan los consumidores en la configuración actual del comercio electrónico, donde han aparecido nuevos actores que prácticamente no existían en sus inicios. Estas grandes plataformas tienen en la nueva normativa obligaciones adicionales para garantizar la competencia, la protección de los datos personales y el respeto de los derechos de los consumidores.

Una de las mayores preocupaciones de la OCU tiene que ver con limitar las prácticas engañosas que utilizan algunas compañías en las ventas por internet. Se trata de los llamados patrones oscuros. Cada vez de forma más generalizada se incluyen este tipo de prácticas en las páginas web a las que acceden los consumidores.

Se trata por ejemplo de los sobrecostes disimulados, que consisten en añadir productos o costes adicionales en el proceso de compra, o incluir en el contrato otros servicios como suscripciones no deseadas. El comprador no lo ha solicitado, ni es consciente de haber consentido, pero lo cierto es que no está oculto y se ve como “añadido” a la cesta. Hay muchos ejemplos: cuando se adquiere un ordenador y viene seleccionada por defecto la compra adicional de un accesorio o un seguro de rotura; en las compras de billetes de transporte, cuando «camuflan» un seguro no solicitado e innecesario; los conceptos identificados como gastos de mantenimiento o de gestión en los últimos pasos del proceso de compra o las suscripciones a un servicio, gratuito un mes y en los siguientes el precio mensual es más elevado.

A estos sobrecostes no solicitados se añaden las técnicas que inducen la urgencia por comprar, las ofertas limitadas con un contador o con un número limitado de existencias que favorecen la confusión en las condiciones que se ofrecen al usuario, o las opciones preseleccionadas que tienen como objetivo obligar al usuario a hacer lo que no quiere y que intentan limitar su derecho a decidir.

Mención especial requiere la utilización cada vez más habitual de reseñas falsas. OCU ha demostrado su existencia en grandes plataformas. Unas reseñas que cada vez influyen más en las decisiones de compra de los consumidores y que en muchos casos no hay garantía de que sean opiniones reales y libres de consumidores.

A la generalización de los patrones oscuros, se une el aumento de los fraudes a través de las compras online. De la misma forma que crecen año a año el uso de las compras por internet, se han incrementado los fraudes de los que son víctimas los consumidores. Desde el robo de datos personales, la venta de productos falsos o directamente, la estafa en las compras se ha incrementado de forma preocupante. Los consumidores debemos ser precavidos cuando compramos por internet. Especialmente cuando la web a la que accedemos no está domiciliada en la Unión Europea. En estos casos la protección del consumidor se ve seriamente amenazada, pues no son de aplicación las normativas europeas que la garantizan.

Desde OCU confiamos en que la aplicación de la nueva normativa europea permita ampliar la protección de los derechos de los consumidores y que a la vez sirva para garantizar la competencia. Solo generando confianza en los consumidores se puede desarrollar el comercio por internet y de esta manera disfrutar de sus grandes ventajas, tanto para los consumidores como para las empresas.

El 96,6% de los consumidores seguimos recibiendo llamadas comerciales no solicitadas, pese a estar prohibidas desde finales del pasado mes de junio y pese a que hayamos podido figurar inscritos en la llamada Lista Robinson: un servicio de exclusión publicitaria, creado hace más de dos décadas, que permite al usuario dejar constancia expresa de que no quiere recibir publicidad por distintos canales, entre ellos, el telefónico.

España es uno de los países más afectados por llamadas comerciales no deseadas (el quinto del mundo en 2020 según un estudio de TrueCaller), situación que ha obligado a reforzar la regulación existente, incorporando en la reciente Ley General de Telecomunicaciones de 2022 (Ley 11/2022, de 28 de junio) el derecho del usuario a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales. El reconocimiento de este derecho conlleva la prohibición para las empresas de realizar llamadas comerciales no consentidas, vigente desde el pasado 29 de junio.

La novedad en la regulación de las llamadas comerciales es que, a partir de ahora, las empresas tendrán que consultar si el consumidor ha autorizado que lo llamen para poder ofrecerle sus servicios. Es decir, aunque no esté inscrito en la Lista Robinson, y en cualquier franja horaria del día, las llamadas que expresamente no haya solicitado recibir y sean ajenas al marco de una relación contractual preexistente serán abusivas e ilegales.

FACUA realizó el pasado mes de septiembre una encuesta en la que participaron 6.065 consumidores, que ha arrojado un elevado nivel de incumplimiento por parte de las empresas. De esta forma, el 56,9% de los encuestados señala que ha recibido más de cinco llamadas comerciales en el último mes. El 4,1% recuerda haberlas recibido en cinco ocasiones en ese periodo; el 8,2% en cuatro; el 12,5% en tres; el 9,7% en dos y el 5,0% indica que le han llamado una vez. Solo el 3,4% afirma que no ha recibido ninguna.

Además, el 57,4% de los afectados que durante alguna llamada ha solicitado expresamente al teleoperador que no vuelvan a molestarle ha recibido posteriormente una nueva llamada ofreciéndole los servicios de la misma empresa.

Los servicios objeto de mayor número de llamadas comerciales no autorizadas son los de telecomunicaciones, seguidos de los energéticos, los seguros, las alarmas y los servicios de concesión de préstamos.

La encuesta realizada también pone en evidencia que solo el 8,6% de los consumidores afirma saber cómo denunciar las llamadas comerciales no solicitadas y que nada más que el 1,5% de los afectados dice haber presentado una denuncia por ello.

El organismo encargado de analizar y tramitar las denuncias que presenten los consumidores es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la normativa en este ámbito y, en su caso, sancionar a las empresas que vulneren la ley.

Un día antes de la entrada en vigor de la norma, el 28 de junio, la AEPD publicaba en el BOE la Circular 1/2023, de 26 de junio, al objeto de ayudar en la interpretación del artículo 66.1.b) de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, fijando y aclarando conceptos y alcance de la norma y los criterios que aplicará la agencia en su cumplimiento.

Así, por ejemplo, respecto a las llamadas realizadas a números generados de forma aleatoria, establece igualmente que sólo pueden realizarse llamadas comerciales con el consentimiento previo del usuario. La empresa no puede realizarlas basándose en su interés legítimo, ya que en este caso no prevalece sobre el derecho de los usuarios.

La circular detalla además cuándo se pueden realizar llamadas a los abonados cuyo teléfono aparece en las guías telefónicas e insiste en la consulta obligatoria de las empresas a los sistemas de exclusión publicitaria, como la citada anteriormente Lista Robinson.

Por otro lado, la agencia también señala que, aunque el usuario haya dado su consentimiento para llamadas de una empresa en concreto, esto no permite que otras del mismo grupo empresarial puedan empezar a realizarle llamadas comerciales, por lo que supondría igualmente una infracción que se pusieran en contacto con él si no recaban su consentimiento expreso.

Denunciar el spam telefónico es posible, es fácil y es necesario. El usuario afectado puede hacerlo incluso de forma telemática en la web de la AEPD. No requiere que previamente se haya grabado la llamada, pero sí tendrá que aportar una serie de datos y documentación acreditativa de la titularidad de la línea receptora de la llamada.

Una vez confirmados los hechos e identificada la empresa, la agencia podrá proceder a sancionarla si confirma que se produjo una vulneración de la normativa.

El altísimo índice de incumplimientos de la prohibición de las llamadas comerciales no autorizadas debe llevarnos a los consumidores a tomarnos en serio que solo con denuncias podremos ponerles freno. Los consumidores debemos adoptar una actitud activa y reclamar ante unas prácticas que son abusivas y lesionan nuestros derechos. Igualmente, debemos exigir a los organismos competentes sanciones ejemplarizantes y disuasorias.

En los supuestos de acoso telefónico el consumidor también puede acudir a la autoridad de consumo de su comunidad autónoma, presentando la correspondiente reclamación. Realizar propuestas comerciales a distancia no deseadas y reiteradas constituye una infracción en materia de consumo. Este tipo de prácticas se consideran agresivas y son conductas desleales con los consumidores.

Por muy difícil que pueda ser en ciertos casos localizar y sancionar a las empresas que se saltan la ley, sin denuncias de los usuarios afectados ni siquiera se dará el primer paso.

Con un saldo de crédito de 1,7 billones de euros y un crecimiento del 7,1%, los bancos de la AEB alcanzaron un máximo histórico en 2022 y se consolidan como elemento clave para impulsar el crecimiento económico y la prosperidad de aquellos países en los que desarrollan su actividad y predomina la financiación bancaria entre las familias y las empresas, como España.

En el conjunto de los bancos que operan en España, el 60 % de su financiación se destina a las familias; un 44% a través de préstamos hipotecarios. España es uno de los países en Europa con mayor porcentaje de vivienda en propiedad gracias al buen funcionamiento del mercado hipotecario. El 40% del resto de la financiación de los bancos se destina a las empresas. En el caso de las pymes, que conforman la mayoría del tejido empresarial en nuestro país, son su principal fuente de financiación externa.

En su papel de transmisores de la política monetaria que determina el Banco Central Europeo (BCE), los bancos fijan las condiciones de financiación sobre la referencia de los tipos de interés oficiales y en un contexto de elevada competencia. Desde el inicio de la fuerte subida de tipos de interés aplicada por el BCE para combatir la inflación, el aumento de los tipos de interés en los préstamos hipotecarios ha sido similar al observado en Europa y más moderado en el caso de los préstamos a pymes.

Con carácter general, el sistema de amortización de préstamos en España es el de intereses pospagables periódicamente. Esto significa que en cada fecha de pago (que puede ser anual, trimestral o mensual) se liquidan los intereses devengados sobre la cantidad pendiente de pago al inicio del periodo de liquidación, al tipo de interés nominal pactado y por el tiempo transcurrido desde la anterior liquidación.

Para la amortización del importe prestado (principal), en España, y también en la mayoría de los países europeos, se utiliza de forma generalizada el método francés o de anualidad constante. Aunque se habla de anualidad, se trata de pagos periódicos que también pueden ser mensuales y trimestrales, e incluyen dos partes: una destinada a la devolución de la cuota del capital prestado y otra al pago de los intereses adeudados.

El método francés bajo un tipo de interés fijo da lugar a pagos periódicos iguales durante toda la vida del préstamo. En la composición de los pagos, la parte destinada a la amortización del principal es creciente y la parte dedicada al pago de los intereses es decreciente. Esto es así porque a medida que se va devolviendo el principal se generan menos intereses.

Cuando el tipo de interés es variable, la anualidad es constante durante el periodo de tiempo en que esté vigente el tipo de interés de referencia. Si cambia en la siguiente fecha fijada como referencia, también cambiará la anualidad, que volverá a ser constante durante el tiempo de vigencia del nuevo tipo de interés.

También se utilizan en España otras modalidades de amortización de préstamo a largo plazo, aunque de forma más marginal. Quizás el más destacado es el conocido como el método alemán, también de anualidades fijas, pero donde los intereses son prepagables, pagándose al inicio de cada periodo y no al final como sería en el método francés.

Existe una modalidad complementaria a la financiación bancaria que es la que proporcionan los intermediarios financieros no bancarios (IFNB). Ese crédito no bancario ha tenido en la última década un crecimiento digno de ser reconocido, hasta representar el 50% de los activos financieros a nivel mundial. Detrás de este crecimiento está una mayor regulación y estricta supervisión a los bancos frente a estos intermediarios, en un contexto caracterizado por unas condiciones monetarias muy expansivas de los bancos centrales.

Los mercados financieros -acostumbrados a tipos de interés históricamente bajos y hasta negativos, como ocurrió en Europa durante la última década- se ajustan ahora a una vuelta a la normalidad de la política monetaria y a la desaceleración de la economía mundial.

Los bancos son la principal fuente de financiación de las empresas en Europa. Representan más del 70% de la financiación recibida. Aunque este porcentaje es mucho mayor en el caso de las empresas pequeñas, algo que no sucede en otros países como Estados Unidos o el Reino Unido, donde hay más dependencia de la financiación de los mercados. La diversificación en las fuentes de financiación siempre es deseable, pero en momentos de inestabilidad e iliquidez en los mercados financieros es la financiación bancaria la que asume -en coordinación con las autoridades- la responsabilidad de mantener la financiación del gasto e inversión en la economía. Por eso es fundamental tener un sector bancario sano y resistente, para que pueda cumplir siempre con su labor de dar crédito al sector privado, especialmente en situaciones difíciles.

La prioridad para los bancos son sus clientes, centrando en este objetivo su estrategia de desarrollo. Si la innovación y la adaptación están en el ADN de los bancos, ambas características se traducen en una mejora constante del servicio y acompañamiento al cliente. Lo vimos durante la crisis sanitaria en el apoyo prestado a las familias y empresas, y lo estamos viendo en los últimos meses con las medidas implementadas para ayudar a las familias más afectadas por la rápida subida de los tipos de interés oficiales decidida por el Banco Central Europeo.

El índice de vida de las personas ha aumentado espectacularmente. Indudablemente los sesenta y siete años de ahora no son los sesenta y siete de hace veinte años, por lo que dejar las ocupaciones laborales en una etapa de vida que aún se tienen capacidades para seguir haciéndolas, a veces tanto laborales como de ocio, pueden convertir a algunos jubilados en personas con el llamado ¨síndrome del jubilado¨ que no es más que la dificultad de adaptación ante el cese de la actividad laboral. Esto supone un gran reto. En algunas personas puede generar sensaciones de vacío, pérdida de intereses, o ausencia de algunos objetivos, todo lo cual se viene a agravar con la pérdida del poder adquisitivo que, para algunas personas, supone la jubilación.

Si bien en general la sensación de pérdida de poder adquisitivo no se corresponde totalmente con la realidad, pues también hay gastos que se dejan de hacer, como el transporte, comidas fuera de casa y demás, el crearse nuevas obligaciones lúdicas puede suponer unos gastos extras que, si bien son optativos, son necesarios para esa nueva vida que se emprende.

Una de las partes positivas de la jubilación es que esa nueva vida ya no se asocia con vejez o tercera edad, pues para muchas personas se abren nuevas posibilidades de disfrutar, de conocer una vida mas saludable, realizando ejercicios físicos, una alimentación sana y sostenible e incluso, en muchos casos, dedicarse a ayudar a los demás a través de organizaciones no gubernamentales.

Evidentemente, este sector de la población cambia sus parámetros en cuanto a las preocupaciones cotidianas. Ya no se preocupan del acceso a la vivienda, los impuestos y demás, sino que su preocupación está centrada en esa nueva vida. Más que preocuparse por sus actividades futuras, que también, tienen la inquietud de quién va a pagar su jubilación, en un país envejecido, en donde la natalidad está a la baja y en donde las jubilaciones se pagan con las cotizaciones públicas de quienes trabajan.

De ahí que su preocupación se centre, en su mayoría, en el tema económico, por lo que se hace necesario instrumentar una vía de financiación que venga a dar complemento a lo que le corresponda legalmente de jubilación. Indudablemente esta previsión financiera, -planes de pensiones privados-, cuanto más temprano se haga, más beneficios se obtendrán, de ahí la necesidad de formación financiera, para que todo el mundo sepa lo que más se ajusta a sus necesidades futuras.

Actualmente existen muchas vías de financiación además de los planes de pensiones privados o de los seguros de vida (pensando en los herederos). El caso de los viudos o viudas es sumamente importante, dada la situación financiera en la que se encuentran cuando tienen que heredar la pensión del cónyuge porque indefectiblemente pierden poder adquisitivo. También la utilización de la vivienda, sí se tiene en propiedad, permite recibir una renta sin tener que venderla. Estas son algunas de las vías existentes, que requieren de una información adecuada sobre ventajas, desventajas, costes añadidos; en definitiva, actuar con un criterio informado.

El ahorro tradicional también juega un papel importante; ahorro que también hay que invertir de forma adecuada. De todos es sabido los grandes fraudes económicos en los que se han visto inmersas muchas personas mayores que, en muchos casos han perdido los ahorros de su vida, Fórum y Afinsa, las preferentes y alguna estafa piramidal más. La información profesional es siempre importante. También están los ahorros inmovilizados con poco rendimiento bancario que, a la larga, pierden su valor económico, con las consecuencias que pueden suponer para alguien que les fía su futuro.

No todas las personas que se jubilan cuentan con el mismo poder adquisitivo, por lo que las administraciones públicas se ocupan de fomentar, de forma gratuita o semi gratuita, actividades de ocio, como talleres para jubilados, viajes dentro y fuera de España con considerables descuentos, clases formativas en diferentes materias…, todo ello ofrecido a través de las juntas municipales de distrito. También desde las administraciones autonómicas se ofrecen transportes gratuitos, o con considerables descuentos a partir de los 55 años, entradas a museos, teatros, cines, hoteles o diferentes actividades de ocio.

La salud es algo que preocupa a quienes se van a jubilar o ya están en esta situación. Por ello es recomendable la contratación de seguros de salud, aunque el servicio público de salud funciona bien, pero hay situaciones que no tienen cobertura en este, como el dental. Es importante saber que en las coberturas privadas de salud con el paso de la edad se van incrementando las primas. Los usuarios de este tipo de seguros tienen la posibilidad de reclamar cuando se intenten rescindir unilateralmente por parte de la compañía.

Otro de los temas recurrentes es el de las residencias de mayores, que no siempre son residencias para dependientes, sino lugares en donde se ofrece a las personas una calidad de vida que, a lo mejor, supera las condiciones de sus propias viviendas. En este sentido, además de existir las residencias estrictamente privadas, también las hay con ayuda pública, en las que la persona aporta, con el dinero de su pensión, una parte del gasto y lo demás lo asumen las Administraciones.

Visto todo esto, podemos concluir que jubilarse no debería ser el fin de una vida, sino el comienzo de una situación distinta, con una edad en la que aún quedan muchos objetivos por cumplir; que existen ayudas públicas para todos aquellos que lo necesiten, y para los demás las mismas posibilidades de cultura, nutrición, mantenimiento físico y una variedad de ocio que les permitirá continuar con una calidad de vida una vez que cese su actividad laboral.

Por lo tanto, está claro que hay que prepararse para una jubilación digna, en la que las condiciones de vida sean las mismas para todos.