¿QUÉ supuso para usted la llamada del ministro para convertirse en su ‘número dos’?

–Tuve ocasión de trabajar intensamente con Juan Carlos Campo durante el gobierno del presidente Zapatero, formando parte del equipo del ministro Caamaño. Conozco pues desde hace años, de primera mano, su talante, valía profesional y compromiso con la Administración de Justicia y la función pública. Volver a trabajar con él es un lujo en lo personal y lo profesional, pero también una gran responsabilidad. Compartimos la misma visión de la Justicia. Nuestro principal reto, necesariamente colectivo y que no es nuevo, es hacer de la Justicia un verdadero servicio público, que además contribuya a dinamizar la reconstrucción social y económica en esta compleja época, y en la era post-Covid. Durante esta legislatura nos vamos a centrar en tres grandes aspectos: avanzar en los derechos y garantías de los ciudadanos, especialmente para los colectivos más vulnerables, promover la calidad del servicio público, aplicando criterios de eficiencia y, por supuesto, garantizar la accesibilidad.

«Justicia 2030 no pierde sentido tras la crisis generada por el Covid, sino que lo gana»

–¿Cómo ha modificado la pandemia el desarrollo del plan estratégico de trabajo del ministerio?

–Es indudable que la pandemia va a suponer un antes y un después. La crisis del Covid y la declaración del estado de alarma se produjeron cuando llevábamos apenas dos meses en nuestros cargos. Nuestro principal objetivo en aquel momento fue que la Administración de Justicia respondiera de forma adecuada a necesidad de prestar servicios esenciales, para que afectara lo menos posible a la ciudadanía, preservando al tiempo la seguridad laboral de los profesionales del sector. Fuimos conscientes de que el esfuerzo a realizar debía ser conjunto, de todas las instituciones y actores implicados en la Justicia. Por ello, durante las primeras semanas de la pandemia, establecimos entre todos una arquitectura de coordinación reforzada, que pronto dio forma a la Comisión de Coordinación para la gestión de la administración de Justicia, de la que forman parte el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, una representación de los colegios profesionales y el propio Ministerio de Justicia. Además de estas sesiones de coordinación semanales durante todo este periodo, que seguimos realizando actualmente, hemos tenido reuniones reuniones para consultas regulares con los sindicatos de funcionarios y con las asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, y asimismo se ha mantenido una comunicación constante y fluida con los Consejos profesionales. De esta forma, en consultas con todos los actores, aprobamos el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid en el ámbito de la Administración de Justicia, cuya principal finalidad es que la sociedad española pueda seguir contando con el amparo de la Justicia durante esta etapa, garantizando la prestación de los servicios esenciales y minimizando los posibles riesgos para sus profesionales. 

En cuanto a la estrategia del Ministerio, creo que la pandemia nos ha servido para tener una imagen clara de las carencias del sistema para afrontar crisis como esta, lo que será útil de cara a hacer realidad los objetivos de Justicia 2030, para estar preparados para cualquier contingencia futura. Quiero destacar especialmente a este respecto la necesidad de extender las herramientas telemáticas y de teletrabajo, así como mejorar las estructuras de gobernanza del sector, para asegurar una coordinación interinstitucional más dinámica entre todos, a partir de las experiencias aprendidas. 

Justicia 2030 no pierde sentido tras la crisis generada por el Covid, sino que lo gana. De hecho, el Proyecto Cero de Justicia 2030 ha sido desde el minuto uno la gestión del Covid, incluyendo los planes de choque, el Real Decreto Ley y el anteproyecto de Ley de eficiencia procesal y telemática, entre otras medidas. Podemos sacar grandes lecciones del mismo. Como expresaba el secretario general de la Administración de Justicia recientemente, sin duda, hay medidas que “han llegado para quedarse”, como el teletrabajo, las videoconferencias o la ampliación sistemática y estructural de trámites esenciales online para el ciudadano.

«Nos vamos a centrar en avanzar en los derechos y garantías de los ciudadanos, promover la calidad del servicio público, y garantizar la accesibilidad»

–Ya estuvo en la sede de San Bernardo de 2009 a 2011.¿Qué cambios sustanciales destacaría del Ministerio en esta década?

–En esa etapa aprobamos el Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia 2009-2012. El objetivo del Plan era lograr, en plazos realistas, que la sociedad española dispusiera de un servicio público de Justicia ágil, transparente, responsable, plenamente conforme a los valores constitucionales y ajustado a las necesidades actuales de sus ciudadanos. En 2020, el objetivo, aun siendo el mismo en esencia, ha evolucionado. Nuestros trabajos en esta nueva etapa pretenden enlazar con esa visión en el marco de una nueva realidad, a través de Justicia 2030, a la que estamos dedicando todos nuestros esfuerzos. Lo que sí me gustaría destacar es algo que no ha cambiado en el Ministerio y en instituciones con las que trabajamos activamente. Es la calidad y la entrega de su personal: funcionarios, jueces, fiscales y personal al servicio de la Administración de Justicia. Esto ha quedado patente claramente durante los últimos meses, en los que todo el personal se ha volcado en la lucha contra las consecuencias de la pandemia, incluidos muy especialmente los notarios. Permítame que les dé, desde estas líneas, mi más sincera enhorabuena y les exprese mi agradecimiento.

–De la Secretaría de Estado de Justicia depende la ‘nueva’ Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. ¿Cuáles serán las principales prioridades de esta Dirección en el medio plazo, cuando se supere la situación actual?

–La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública juega un papel fundamental en el cumplimiento de los objetivos de Justicia 2030. Quiero destacar aquí, muy en especial, la seguridad jurídica digital y la fe pública digital, que considero cuestiones legales estructurales para nuestra sociedad. Sobre estas áreas de proyecto tendremos oportunidad de trabajar todos juntos, e intensamente, para adaptar nuestras instituciones y servicios, de forma adecuada, a las nuevas necesidades, cambios sociales y tecnológicos. También debo destacar, entre sus prioridades, la potenciación de la oficina de Recuperación y Gestión de Activos como instrumento al servicio de la Administración de Justicia con un triple objetivo: reforzar la averiguación del patrimonio ilícito de los investigados con vistas a su posterior decomiso, permitir una gestión eficiente de los bienes embargados durante el proceso penal y obtener el máximo beneficio económico de los bienes decomisados para satisfacer las indemnizaciones a las víctimas y promover la lucha contra la criminalidad organizada.

Por otro lado, y dentro del ámbito del Proyecto de Transformación del Registro Civil, pretendemos implantar en su totalidad la Ley 20/2011, ajustándola a la nueva realidad. En este momento estamos reprogramando las actuaciones pendientes para que se esté en disposición de completar los requerimientos necesarios para la total puesta en marcha de la misma, con garantía de calidad suficiente y fidelidad al cumplimiento de los objetivos y la esencia originaria de la Ley.

«El Ministerio analizará y apoyará la forma de mejorar aún más la prestación de las funciones notariales en los aspectos en los que pueda desarrollarse en un entorno digital»

Dentro de esa reprogramación destacan diferentes actividades a desarrollar hasta el 30 de abril de 2021 entre las que se encuentran el despliegue de medios tecnológicos, o las modificaciones legislativas necesarias para la adecuación de la estructura organizativa al nuevo modelo de Registro Civil.

Otra de las principales prioridades de esta Dirección en el medio plazo es la puesta en marcha de soluciones que faciliten el funcionamiento del área de Estado Civil, como la puesta a disposición del módulo de Dicireg, que permitirá la tramitación digital de los recursos interpuestos por los ciudadanos ante resoluciones de los encargados de los registros civiles. Del mismo, destacaría muy particularmente la puesta en marcha de la aplicación de cita previa, facilitar a los registros civiles el acceso a los certificados de nacimiento y resoluciones de concesiones de nacionalidad por residencia que agilicen los trámites de jura e inscripción de la nacionalidad española por residencia.

–El Consejo General del Notariado ha colaborado con el Ministerio para abrir a los ciudadanos y las empresas su sede electrónica notarial y poder prestarles en ella, por videoconferencia, algunos servicios, evitando desplazamientos, dando una solución a los más vulnerables, con mayor agilidad e igual seguridad. ¿Cómo valora este proyecto?

–Muy positivamente. El Ministerio de Justicia analizará y apoyará la forma de mejorar aún más la prestación de las funciones notariales, en este aspecto online que señala y en aquellos en los que su actividad pública pueda ser susceptible de desarrollarse en un entorno digital, sin olvidar la inmediatez del notario con los otorgantes, esencia de la función notarial, adaptada a los nuevos instrumentos tecnológicos. Reitero en este punto la importancia de avanzar en el desarrollo de la seguridad jurídica digital y, por directa extensión, la fe pública digital. Trabajaremos juntos impulsando proyectos en este sentido, como no podría ser de otro modo, en interés de la ciudadanía.

–Anteriormente ejercía en el Consejo General de la Abogacía Española. Desde su doble visión institucional y profesional, ¿cómo es la relación de los operadores jurídicos con la Administración de Justicia?

–Es una relación constante y fundamental. La Administración de Justicia tiene que tener presentes a todos los operadores jurídicos en su trabajo diario. Para el Ministerio es fundamental contar con ellos, y su opinión siempre debe ser valorada a la hora de detectar fallos o de proponer mejoras. Durante la gestión de la pandemia, como mencionaba anteriormente, se ha intensificado el diálogo con todos los operadores jurídicos. Esperamos regularizar esta práctica en adelante, de cara al futuro.

–Arizona, Ginebra, Lancaster o Columbia han sido algunos de sus destinos como investigador jurídico. Desde su experiencia internacional, ¿cómo valora el sistema español de seguridad jurídica preventiva?

–Afortunadamente, he tenido ocasión de asomarme a sistemas jurídicos diferentes, con otras estructuras de seguridad jurídica preventiva consolidadas. En nuestro país, que no pertenece al modelo propio de muchos de los lugares en los que he desarrollado mis investigaciones, la seguridad jurídica preventiva es un derecho de la ciudadanía garantizado por los poderes públicos. Los ciudadanos necesitan asegurarse de que sus actos, por ser ajustados a la ley, serán eficaces jurídicamente y, en consecuencia, recibirán la tutela adecuada en cada momento. El sistema hoy vigente está basado en buena parte en que determinados documentos gozan de total presunción de legalidad, debido fundamentalmente a que es el Estado, a través de sus funcionarios públicos, el que les dota de estos efectos jurídicos. Creo que nuestro sistema público de seguridad jurídica preventiva es un sistema de referencia a nivel internacional, que funciona eficazmente generando la confianza necesaria. Esta es clave para la sostenibilidad social, el crecimiento económico y la promoción de las inversiones, hoy más que nunca. La política de este ministerio está orientada hacia la innovación y el sistema público de seguridad jurídica preventiva no puede quedar al margen. Por ello hay que estudiar cómo conectan con la función las tecnologías más avanzadas.

«Nuestro sistema público de seguridad jurídica preventiva es un sistema de referencia a nivel internacional, que funciona eficazmente generando la confianza necesaria»

–El Ministerio de Justicia parece apostar decididamente por la comunicación y las redes sociales. ¿Cree que este puede ser camino para acercar la Justicia a la sociedad?

–Desde luego, lo creo firmemente. Apostamos por la comunicación y las redes sociales. La modernización de la Justicia requiere acercarse a la ciudadanía, y una parte de ella, creciente, está en redes. Ese acercamiento requiere, en primer lugar, la utilización de un lenguaje claro en todas las comunicaciones, un lenguaje que el ciudadano pueda entender. Por extensión, asimismo, ese acercamiento requiere ampliar las vías de comunicación e interacción con la ciudadanía.