Entrevista a Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia

EN CURSO LEGAL

Manuel Olmedo,

secretario de Estado de Justicia

El pasado noviembre, Manuel Olmedo fue nombrado ‘número dos’ del Ministerio de Justicia. Magistrado desde 2003 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anteriormente fue letrado del Consejo General de Poder Judicial y jefe de Selección de la Escuela Judicial. En sus más de cien días al frente de la Secretaría de Estado, analiza en Escritura Pública los principales retos de esta etapa.
JOSÉ M. CARRASCOSA

"España es hoy referente internacional en digitalización"

¿Qué proyectos afronta en su mandato?

Todas nuestras líneas de trabajo están orientadas a transformar la Administración de Justicia en un servicio público moderno, que cuide de sus profesionales y tenga a la ciudadanía en el centro. Es un proyecto ilusionante, con un marcado impulso reformista para traer la justicia al siglo XXI, que se centra en tres grandes líneas de actuación.

En primer lugar, vamos a culminar el Proyecto Justicia 2030, iniciado en la anterior legislatura, con el que impulsamos la necesaria transformación de la justicia en esta década. Un importante hito fue la aprobación del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que incorpora tanto la Ley de Eficiencia Digital como gran parte del contenido de la Ley de Eficiencia Procesal, y se ha continuado la tramitación parlamentaria de la Ley de Eficiencia Organizativa, ahora bajo la denominación de Proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

En segundo lugar, como el ministro Bolaños ha anunciado ya, vamos a ampliar y mejorar el acceso a la Justicia mediante la aprobación de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita adaptada a las necesidades actuales y la reanudación de la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de Derecho a la Defensa. Quiero hacer énfasis en que todo ello se enmarca en un modelo de Justicia pensada para las personas en sus concretas circunstancias vitales, especialmente para aquellas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad.

En tercer lugar, vamos a dar un impulso a la democratización en el acceso a las profesiones jurídicas, reforzando y ampliando el programa de becas para oposiciones a las carreras judicial y fiscal, letrados de la Administración de Justicia y abogacía del Estado. Una iniciativa de la que este Gobierno está especialmente satisfecho, porque pretendemos que el acceso a las profesiones de la justicia no esté condicionado por la renta o el origen social. Es un sistema que debe permitir el acceso de todos.

Todas estas iniciativas, como ha reiterado el ministro Bolaños, han de partir de grandes consensos en la sociedad y el sector jurídico. Y en ello trabajamos sin descanso.

 


«NUESTRO TRABAJO ESTÁ ORIENTADO A TRANSFORMAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN UN SERVICIO PÚBLICO MODERNO, QUE CUIDE DE SUS PROFESIONALES Y TENGA A LA CIUDADANÍA EN EL CENTRO»


 

Durante su etapa como secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio implementó medidas en pro de la digitalización de Justicia. ¿Queda mucho por hacer?

Hay que dejar claro que España ya es hoy referente internacional en digitalización, especialmente en el ámbito de la Justicia, donde trabajamos para conseguir un servicio público mucho más cercano a la ciudadanía y acorde a las necesidades de la sociedad digital. Dicho esto, es verdad que todavía queda trabajo para conseguir una administración de justicia todo lo ágil y rápida, igualitaria, accesible y digital que necesitamos y merecemos. Estamos en ello, avanzando hacia hitos como la interoperabilidad completa con todo el ecosistema de la Administración de Justicia. Además, estamos impulsando los procesos de robotización e incorporando tecnologías basadas en Inteligencia Artificial en todos los procesos en los que es viable como ayuda y apoyo al personal tramitador, con el fin de agilizar los procedimientos y dedicar su talento a tareas de mayor valor añadido.

Proyectos como Carpeta Justicia, los Medios Adecuados de Solución de Controversias y las Oficinas de Justicia en el Municipio, ya en pleno desarrollo, contribuirán decisivamente a la eficiencia del sistema judicial y favorecerán la cohesión social y territorial, al facilitar recursos a la ciudadanía con independencia de su origen, residencia o circunstancias. Con los avances en digitalización estamos fortaleciendo derechos y contribuyendo a un país más igualitario, ecologista y digital.

 


«ESTAMOS IMPULSANDO LOS PROCESOS DE ROBOTIZACIÓN E INCORPORANDO TECNOLOGÍAS BASADAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN TODOS LOS PROCESOS EN LOS QUE ES VIABLE»


 

La Ley 11/2023, de 8 de mayo, entró en vigor para el ámbito notarial el pasado 9 de noviembre. ¿Cree que es un modelo aplicable a otros ámbitos de la Justicia?

La implicación de su Consejo, de las y los notarios, de las personas que trabajan en las notarías y su colaboración con el Ministerio en la elaboración de la ley ha sido decisiva para que haya podido implantarse con éxito. Más allá del diseño notarial, y de sus particularidades, que convierten a esta ley en un traje a medida, la clave de este modelo es la implicación y la lealtad en la colaboración, el diálogo y la cooperación institucional. Eso, que es aplicable a todos los ámbitos de la Justicia, es nuestra seña de identidad. El propio ministro ha insistido desde que tomó posesión de la cartera de Justicia en que el diálogo es el método de trabajo a seguir. No concebimos la política como una toma de decisiones individuales. La deliberación colectiva y el intercambio de opiniones debe ser la norma, también para los servidores públicos.

De su Secretaría depende la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. ¿Cuáles son las principales líneas de actuación previstas para este centro directivo?

Al igual que en el conjunto de la administración de Justicia, nuestro objetivo es aprovechar la imparable transformación digital que estamos impulsando para dar un giro de 180º en la manera en la que los ciudadanos y las empresas van a relacionarse con este servicio público. En la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública es, tal vez, donde más se estén haciendo notar los beneficios de los mecanismos de robotización de procesos automatizables, idóneos para tramitación de expedientes de contenido repetitivo. El mejor ejemplo son los trámites para la obtención de nacionalidad, cuya robotización ha supuesto un ahorro de más de 300.000 horas de trabajo que se destinan a labores de mayor valor añadido. Vamos a seguir trabajando en esa línea porque esta dirección general es un centro directivo de capital importancia en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y, en especial, para la ciudadanía. Estamos preparando la documentación que servirá, en 2025, para la redacción de las normas reglamentarias que exigen las numerosas reformas legales de modernización que se han aprobado en los últimos tiempos, especialmente en materia de digitalización de actuaciones notariales y registrales.

Una de las áreas en la que más intensamente ha trabajado el Notariado es en todo lo relativo a las personas con discapacidad. ¿Qué iniciativas abordará el ministerio en este ámbito?

El ministerio está utilizando todos los medios a su alcance para poder ofrecer una justicia de calidad a las personas con menos recursos o en situaciones vulnerables. Es uno de los puntales de nuestra actuación, tal y como explicamos en Palencia el 29 de febrero, en el marco de la última Conferencia Sectorial.

Vamos a hacer hincapié en el diseño de proyectos que rompan las brechas de acceso a la Justicia a las que, tristemente, aun han de enfrentarse los colectivos en situación de vulnerabilidad, entre ellos el de las personas con discapacidad. Porque no podemos actuar ajenos a la presencia en nuestra sociedad de límites a la igualdad material efectiva, que es uno de nuestros derechos fundamentales y, a su vez, principio fundamental de nuestra Carta Magna y criterio de actuación de los poderes públicos.

Por ello, desde el ministerio venimos implementando medidas legislativas y soluciones tecnológicas que permitan reducir o eliminar las dificultades presentes en nuestra sociedad que, o bien impiden o bien limitan, el acceso a la justicia para toda la ciudadanía.

 


«EL MINISTERIO ESTÁ UTILIZANDO TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA PODER OFRECER UNA JUSTICIA DE CALIDAD A LAS PERSONAS CON MENOS RECURSOS O EN SITUACIONES VULNERABLES»


 

Además de por su cargo, como experto en Derecho Penal, ¿conoce la actuación del Notariado en la lucha contra el blanqueo de capitales?

Efectivamente, la Secretaría de Estado conoce y valora el magnífico y constante trabajo del Notariado en este ámbito, en ocasiones por delante de las normas europeas.

En el ámbito internacional no europeo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destaca y alaba la actuación extraordinaria del Notariado, así como en el ámbito de seguimiento de las sanciones aprobadas por las organizaciones internacionales.

La creación en el año 2005 en el Consejo General del Notariado del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales (OCP) sirvió para intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las Administraciones Públicas en esta materia, y ha fortalecido la colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y con las autoridades policiales, judiciales y fiscales.

Con estos antecedentes, no me cabe la menor duda de que el colectivo notarial seguirá adaptándose y colaborando como hasta ahora.

Recientemente participó en La Haya en la Conferencia de Restauración de la Justicia para Ucrania. ¿Qué postura mantiene España?

En la Conferencia de Restauración de la Justicia para Ucrania reiteré el firme compromiso del Gobierno de España para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en la agresión rusa contra Ucrania. Puse de manifiesto la solidaridad de España con los ciudadanos y autoridades ucranianos, que están sufriendo las consecuencias de la guerra, y la necesidad de que prevalezca la ley frente a crímenes internacionales.

Quiero recordar que España ha aprobado la puesta en marcha del Centro Internacional para el Enjuiciamiento del Crimen de Agresión contra Ucrania, en las instalaciones de Eurojust, en La Haya. También contribuimos a los esfuerzos de la Corte Penal Internacional, ayudando de forma creciente a su financiación; y apoyamos la creación de un tribunal que tenga jurisdicción para enjuiciar los crímenes de guerra en Ucrania.

Ha trabajado en la reforma del acceso a las carrera fiscal y judicial. ¿Considera que el actual sistema de oposiciones es el adecuado?

Partiendo de la base de que el sistema actual de oposiciones a los cuerpos jurídicos de la Administración puede considerarse un método de selección eficaz, posiblemente podrían abordarse algunas reformas en el campo de la formación y evaluación continua de cada cuerpo jurídico, en aras de fortalecer la calidad del servicio público

También quiero hacer un apunte desde la perspectiva de género que nos debe invitar a la reflexión. Las últimas promociones demuestran que las mujeres superan en amplio número a los hombres, sin que dicha proporción se mantenga, lamentablemente, cuando se utilizan otros métodos para conformar órganos de dirección dentro de esos mismos cuerpos.

En cualquier caso, el sistema debe estar dotado de un sólido sistema de becas para garantizar la igualdad en el acceso, ámbito en el que podemos estar orgullosos del trabajo que venimos haciendo y que, tal y como ha anunciado el ministro Bolaños, vamos a potenciar.

QUIERO DESTACAR EL COMPROMISO DEL COLECTIVO NOTARIAL

El Notariado ha realizado en los últimos años una decidida apuesta por las nuevas tecnologías en su relación con los ciudadanos. ¿Cómo valora iniciativas de este tipo?

El Notariado, como institución ligada a la Administración Pública, no es ajeno a la imparable apuesta por la digitalización en la que España es pionera. Por ejemplo, la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales, ha supuesto un salto cualitativo importante en la utilización de las nuevas tecnologías en las actuaciones notariales mediante la regulación del protocolo electrónico notarial. Regulación que ha acercado al ciudadano la actuación notarial. La posibilidad de utilización de la videoconferencia para la realización de múltiples actuaciones, como la constitución de sociedades, apoderamientos y revocación de poderes, cancelación de garantías, entre otros actos, implica un gran avance.

Además, quiero aprovechar para destacar el compromiso del colectivo notarial en la implantación efectiva de la nueva legislación y el esfuerzo realizado para que haya sido un éxito desde su entrada en vigor.

Entrevista a Aurora Elósegui, magistrada. Premio Foro Justicia y Discapacidad

EN CURSO LEGAL

AURORA ELÓSEGUI,

magistrada. Premio Foro Justicia y Discapacidad

El Foro Justicia y Discapacidad concedió el pasado diciembre su premio A una trayectoria profesional a la magistrada jubilada Aurora Elósegui. En el acto de entrega, el presidente del Foro, Juan Manuel Fernández, destacó de la jueza galardonada su «respeto, cuidado, exigencia, cercanía y trabajo en equipo».

JOSÉ M. CARRASCOSA

"Todos los operadores jurídicos tienen su papel en el tratamiento integral y transversal de la discapacidad"

¿Qué ha supuesto para usted este reconocimiento a su trayectoria profesional?

Este premio inicialmente me incomodó. No soy amiga de reconocimientos oficiales por hacer tu trabajo con dedicación, como creo debe hacer cualquier profesional. El verdadero premio es el reconocimiento de las personas a las que has ayudado en la solución de sus conflictos en el día a día de la labor judicial; y ese premio creo que lo he tenido durante estos largos años de contacto personal con quienes acudieron al juzgado en busca de apoyo. En mi jubilación ya me sentía reconocida. En todo caso, reflexionando, creí entender que se otorgaba no a mi persona, sino a una manera de trabajar en el ámbito de la discapacidad y esto podía ser un acicate para que ese modelo sirviera, en algún sentido, de orientación a los profesionales que siguen trabajando en ese ámbito. Así entendido, expreso mi profundo agradecimiento al Foro Justicia y Discapacidad por este premio, que quiero hacer extensivo a todos cuantos colaboraron conmigo en ese modelo de trabajo.

 


LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO ES DIFÍCIL EN CUALQUIER TIEMPO; LAS FORMAS DE ATACARLA SON DIVERSAS Y LA INDEPENDENCIA JUDICIAL SUELE LEVANTAR AMPOLLAS


 

Ingresó en la magistratura en 1987, en plena época de los ‘años de plomo’ de ETA, llegando a ser la decana de los juzgados guipuzcoanos. ¿Qué papel jugaron los jueces vascos en esos primeros años de democracia?

Creo que los jueces, entonces como ahora, defendíamos la Constitución y los derechos fundamentales en ella reconocidos -como son la libertad, la igualdad, la no discriminación-, frente a los intolerantes totalitarios e identitarios que pretendían imponer por la fuerza un pensamiento único. No plegarse a sus exigencias tuvo sus consecuencias. Hubo una huida de ciudadanos y también de jueces de esta tierra y los que nos quedamos perdimos una parcela de libertad pues vivimos todos bastantes años escoltados. No fue una experiencia fácil para nadie, pero la defensa del Estado de Derecho es difícil en cualquier tiempo; las formas de atacarla son diversas y la independencia judicial suele levantar ampollas.

 


A LOS FAMILIARES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD LES DIGO QUE NO TENGAN MIEDO A PEDIR AYUDA. QUE NO ESTÁN SOLOS


 

El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de San Sebastián, del que usted era titular hasta su jubilación en 2019, está considerado como uno de los pioneros en especializarse en discapacidad e internamientos voluntarios. ¿Qué recuerda de aquellos primeros pasos?

Entonces los procedimientos que afectaban a la discapacidad eran los llamados de incapacitación y los ingresos psiquiátricos involuntarios, fundamentalmente. No entraban muchos asuntos. Se tramitaban mediante modelos, con nulo contacto con las personas afectadas. No se cumplía tan siquiera la escasa normativa existente. Las resoluciones se basaban en informes médicos y testimonios de familiares que no se comprobaban; y, en general, se actuaba con una ignorancia total de la dimensión emocional de la vida de una persona, sus familiares y allegados que comportaba una declaración de incapacitación. Las sentencias eran escuetas, genéricas, abstractas, … Se declaraba a una persona incapaz para todo y se nombraba un tutor que la representara en el ejercicio de su capacidad jurídica.

¿Qué le hizo pensar esa realidad?

Inmediatamente fui consciente de que no se podía tratar este campo como tratábamos las hipotecas, los contratos, las sociedades… Esto era otra cosa. Requería cercanía, escucha, comprensión, principios muy alejados de la burocracia, formalismos y protocolos habituales en los juzgados civiles. Había que profundizar en el conocimiento de la escasa legislación y jurisprudencia existente, ver la forma de aplicarla de acuerdo con los principios reconocidos en la Constitución y en convenciones internacionales sobre discapacidad y salud mental. Se requería dedicación y especialización. Eso era imposible si seguíamos repartiendo estos asuntos entre seis juzgados. Entendiendo que la situación era urgente vi otra vía para poder hacerlo que fue a través de las normas de reparto de asuntos, de tal manera que todos los temas relacionados con la discapacidad se turnaran a un solo juzgado a cambio de una exención de otro tipo de procedimientos.

 


ANIMO A TODOS LOS QUE PUEDAN, A QUE ACUDAN A LA NOTARÍA A EXPRESAR SU VOLUNTAD Y SUS PREVISIONES PARA UNA POSIBLE SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD


 

¿Por qué eligió el ámbito civil de la discapacidad como principal área de actuación?

Dentro del derecho, el ámbito civil es un poco ‘la madre’ de todos los derechos. Es el más extenso, el que contempla a la persona en sí misma. Es también, por decirlo de alguna manera, la cara más amable del derecho, distante del carácter punitivo y sancionador del penal. Además, dentro del procedimiento civil, existe una rama -por llamarla de alguna manera- que contempla determinadas relaciones, situaciones, actividades de las personas en las que no existe confrontación, pero que requieren ser reguladas, supervisadas, para evitar abusos. Esa función se realiza mediante la jurisdicción voluntaria, tan olvidada y menospreciada por nuestros juristas, pero a través de la cual el juez puede ejercer una función que para mí es importante, que es la de cuidar. Hicimos muchas cosas con la jurisdicción voluntaria en beneficio de las personas con discapacidad, medidas puntuales, planes temporales, provisionales…

Participa activamente como patrona en las actividades de la Fundación donostiarra Hurkoa. ¿Cuál es la contribución de las ONG de este tipo?

Este tipo de entidades son esenciales en el mundo de la discapacidad intelectual, porque de nada sirve que se reconozca en una resolución judicial la existencia de una situación de discapacidad que necesita ayuda, si no existe una persona o entidad dispuesta a prestársela. Es más, estas entidades son muy importantes para determinar qué tipo de ayuda requiere la persona, por qué la requiere, para qué, cómo se puede ejercer y con qué recursos.

En unas jornadas organizadas por el Foro Aequitas de la Discapacidad en el Parlamento de Vitoria se puso de manifiesto el avance logrado desde la entrada en vigor hace dos años de la Ley 8/2021 a la hora de adaptar los expedientes a la nueva normativa. ¿Está de acuerdo o cree que queda camino por recorrer?

La Ley 8/2021 exige revisar todas las sentencias de incapacitación dictadas hasta su entrada en vigor. Sé que es una carga de trabajo enorme para estos juzgados, ya de por sí sobrecargados, y seguramente estarán retrasando los nuevos procedimientos para la fijación de medidas de apoyo de las personas que los necesiten. Siento no compartir esa urgencia de revisión de sentencias, que creo surge de una desconfianza injustificada respecto, al menos, de las sentencias dictadas en la última década. La Convención de Nueva York rige desde el año 2006 y debía ser aplicada. La jurisprudencia desde hace tiempo iba revocando aquellas sentencias genéricas, abstractas, y exigiendo que se detallaran los aspectos en que la persona requería ser asistida o sustituida, así como la prohibición de privar de derechos.

¿Qué recomienda a las familias a la hora de configurar las mejores ayudas que garanticen la situación patrimonial, personal o laboral de sus seres queridos?

A los familiares y personas con discapacidad les digo que no tengan miedo a pedir ayuda. Que no están solos. Que acudan a los servicios sociales, a las entidades del tercer sector, a los notarios, al juzgado, … Que sean persistentes y exijan.

Imágenes del acto de entrega del premio a la magistrada jubilada Aurora Elosegui.
Fotos: Consejo General del Poder Judicial
El papel de los operadores jurídicos

¿Qué papel juegan los operadores jurídicos en un derecho de la discapacidad cada vez más desjudicializado?

Todos los operadores jurídicos, y en conjunto toda la sociedad, tienen un papel en el tratamiento de la discapacidad que ha de ser transversal e integral. La función de los notarios es relevante porque mediante su ejercicio podemos conocer de modo fehaciente la voluntad de las personas -expresada cuando están con plenitud de facultades para hacerlo- sobre cómo quieren ser tratadas cuando no puedan decidir por sí mismas y quién debe ser la persona o entidad que ponga en práctica sus decisiones anticipadas. En esa dirección puede otorgar los apoderamientos o instrumentos jurídicos necesarios para ello. El notario debe realizar el juicio de capacidad preciso para la adopción de dichas decisiones; así como el asesoramiento sobre el conjunto de medidas que pretenda establecer. También deberá asesorar sobre las salvaguardas posibles para el caso de que las circunstancias futuras que se han previsto como idóneas, no sean tales o sufran modificaciones. Una resolución judicial o un acta notarial, constituyen una foto fija de la persona y su voluntad en un momento determinado, pero sus efectos se proyectan hacia el futuro y la realidad nos demuestra que las cosas y las personas pueden cambiar.

En todo caso, aun cuando finalmente estas situaciones puedan llegar a los juzgados, estimo esencial conocer cuál fue la voluntad de la persona. Animo a todos los que puedan a que acudan a la notaría a expresar su voluntad y sus previsiones para el caso de que se produzca -que seguramente se producirá porque la edad nos llega a todos- una posible situación de discapacidad, anticipando de esta manera las decisiones que le gustaría que se adoptaran para su atención, sin olvidar la provisión de recursos económicos para ello.

Entrevista a Pedro Crespo, Fiscal jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional

EN CURSO LEGAL

Pedro Crespo,

fiscal jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional

«El modelo de sociedad compleja en el que estamos inmersos exige un estándar muy elevado de seguridad jurídica»

En mayo de 2021, Pedro Crespo fue nombrado Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional; organismo que se ocupa de procedimientos relacionados con cuestiones de constitucionalidad y con los recursos de amparo. Con muchos años de experiencia en diversos campos, el fiscal analiza para ‘En Curso Legal’ su trayectoria y objetivos profesionales.
JOSÉ M. CARRASCOSA,

¿Puede detallar cuáles han sido las principales líneas de actuación del órgano que preside hasta el momento?

Tengo claro que la prioridad es rentabilizar el trabajo que hace esta fiscalía, a mi juicio bastante desaprovechado. Por nuestras manos pasan cuestiones muy relevantes que se plantean en el devenir cotidiano de todos los poderes públicos de este país, especialmente en materia de derechos fundamentales. Por otra parte, la unidad de actuación que caracteriza constitucionalmente al Ministerio Fiscal español surge en esta fiscalía de un debate jurídico continuo, a veces apasionante y prolongado durante horas, entre fiscales con muchísima experiencia y un conocimiento muy profundo de la materia. Mucha gente se sorprende, incluso dentro de la carrera fiscal, cuando explico que todos y cada uno de los asuntos sobre los que informamos son sometidos, después de un estudio profundo y riguroso; a deliberación en la junta de fiscalía. Todos, sin excepción. No puede ser que el resultado de todo ese esfuerzo se agote en un dictamen escrito que una vez enviado al Tribunal Constitucional se guarda en un cajón. Es imprescindible que ese trabajo sea accesible y pueda ser utilizado y compartido, especialmente por las y los fiscales, pero en general por todo aquel a quien pueda resultar útil. Además, mostrar nuestro trabajo ayuda a que se entiendan mejor las razones estrictamente jurídicas en las que se apoyan nuestras decisiones. Aunque pueda discreparse de ellas. Estoy convencido de que si los ciudadanos conocieran bien cómo trabajamos, tendrían una imagen mucho mejor de la institución. Y de esta fiscalía en particular, sin la más mínima duda. Por eso estamos haciendo un esfuerzo importante en materia de transparencia, de comunicación, de explicación de lo que hacemos y por qué lo hacemos.

 


QUIENES TENEMOS ASIGNADAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES QUE SE SUSTENTAN SOBRE LOS VALORES DE LA INDEPENDENCIA Y LA IMPARCIALIDAD, DEBERÍAMOS PROCURAR SER MUY PRUDENTES


 

Desde el inicio de la democracia hasta ahora se han aprobado por parte de las Administraciones Públicas más de 400.000 leyes. ¿Cómo es la calidad, comprensión y grado de conocimiento de estos textos legislativos?

La motorización legislativa es en mi opinión un fenómeno en cierto modo inevitable, porque el modelo de sociedad compleja en el que estamos inmersos exige un estándar muy elevado de seguridad jurídica, y en nuestro sistema jurídico continental las ideas de previsibilidad y certeza van tradicionalmente ligadas al concepto de ley formal. El problema, a mi juicio, es la muy deficiente técnica de la que con frecuencia adolecen los textos legislativos, y también el error que desde mi punto de vista supone tratar de abarcarlo y acotarlo todo en el propio texto de la norma, lo que por una parte la hace más farragosa e incomprensible y por otra parte obliga a permanentes reformas para adaptarla a cada cambio puntual de la realidad, de modo que el resultado acaba siendo contraproducente: en lugar de mayor seguridad jurídica, se genera confusión e incertidumbre, hasta el punto de que hay ámbitos en los que es dificilísimo saber cuál es la norma aplicable a cada situación y en cada momento. Así que aquello de que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento parece hoy un sarcasmo. Y eso que la tecnología ayuda. Sin las bases de datos de legislación y jurisprudencia estaríamos absolutamente perdidos.

 


AQUELLO DE QUE LA IGNORANCIA DE LA LEY NO EXCUSA DE SU CUMPLIMIENTO PARECE HOY UN SARCASMO


 

Ahora bien, no es fácil saber cuál puede ser la solución para el problema de fondo. Desde luego un procedimiento legislativo con mejores controles técnicos y –puesto que la propia tecnología lo facilita- más atento a la coordinación normativa, podría ayudar bastante. Y un funcionamiento más eficiente de la Administración de Justicia, que a fin de cuentas resulta clave para la interpretación y la comprensión de las leyes, también. Pero no sé si me estoy metiendo en el terreno de la ciencia-ficción.

Existe cierta preocupación en la opinión pública por la posible quiebra del principio de separación de poderes. ¿Puede aportar su opinión sobre este particular?

La incorporación de conceptos constitucionales al debate –o al ruido- político me genera siempre cierta inquietud. Cuando desde posiciones antagónicas unos y otros se presentan como paladines de los valores y principios constitucionales, pero al mismo tiempo parecen tener serias dificultades para practicarlos, algo está fallando en algún sitio, y no es la Constitución, que precisamente fue concebida para acoger a todos. Es innegable que en la actualidad asistimos a determinadas anomalías que pueden generar cierta confusión sobre la aplicación de esos principios.

Mantener, por ejemplo, cinco años bloqueada la formación del Consejo General del Poder Judicial por razones de oportunidad política transmite, en mi opinión, un mensaje poco edificante acerca de la capacidad de incidencia de la política –de la política partidista, quiero decir- en el ámbito judicial. O el hecho mismo de que se trate reiteradamente de inmiscuir a jueces y fiscales, o sus decisiones, en la contienda ideológica, no facilita la visión sobre la imprescindible distancia que impone ese principio constitucional de separación de poderes. Aunque también creo que deberíamos tener más cuidado con el fenómeno simétrico, que se traduce en una creciente, y a mi juicio inconveniente, inclinación de personas e incluso órganos del mundo judicial a la exteriorización pública de mensajes de palpable contenido y sentido político, que, por cierto, no deja de percibirse por más que a veces se envuelva en un discurso de connotaciones corporativistas, lo que no sé si es todavía peor. Creo que quienes tenemos asignadas funciones constitucionales que se sustentan sobre los valores de la independencia y la imparcialidad, deberíamos procurar ser muy prudentes en ese terreno.

Ha pasado por distintas áreas, instancias y destinos de la Fiscalía desde su ingreso en la carrera hace más de treinta años. ¿Con qué se quedaría de cada una de esas etapas?

Pues, por orden cronológico, me quedaría –de hecho, me quedé- con el aprendizaje enormemente enriquecedor, en lo profesional y en lo personal, que me aportó mi primer destino, que fue la Fiscalía de Barcelona, una auténtica escuela de fiscales en una época en la que además aquella ciudad vivía su mayor esplendor, a comienzos de los noventa. Me quedé con la inmersión directa en los problemas reales de la gente que viví en Segovia, donde además inicié mi relación con algunas personas que luego han marcado de forma determinante mi vida personal y profesional; y con la fortaleza y la enorme experiencia que significa para cualquier fiscal la actividad frenética y desbordante de la Fiscalía de Madrid, donde además hice doblete –otra experiencia profesionalmente apasionante- como delegado de la Fiscalía Anticorrupción. Y después, me quedo con la visión institucional amplia y profunda que obtuve a lo largo de casi ocho años en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, que por una parte me llevó a conocer muy bien esta institución, y por otra me dio la enorme oportunidad de participar de forma directa en una de sus reformas más importantes, mediante la modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal que tuvo lugar en 2007, cuyo impulso, a mi juicio, podría haber sido mejor aprovechado en algunos aspectos. En la última etapa, antes de llegar a mi puesto actual, ocupé la jefatura de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, durante ocho años. Lo que hice ahí fue, sobre todo, estudiar y aprender mucho Derecho, y confirmar algo que ya venía intuyendo mucho tiempo atrás: lo importante que es para un jurista conocer bien la lógica de funcionamiento de la Administración.

 


A LAS NUEVAS PROMOCIONES DE FISCALES SUELO DECIRLES QUE SUS VERDADEROS JEFES SON LOS CIUDADANOS, SON LOS QUE PAGAN EL SUELDO Y TIENEN DERECHO A QUE HAGAN BIEN SU TRABAJO


 

Pero a ese largo recorrido por el Ministerio Fiscal no puedo dejar de añadir dos experiencias que han marcado absolutamente mi forma de ser y estar en el mundo jurídico, y quizá han incorporado algún rasgo no convencional a mi forma de ser fiscal. Me refiero al contacto con el mundo universitario y, sobre todo, a mi estancia –muy breve, entre 2003 y 2004- como letrado en el Tribunal Constitucional, que naturalmente me resulta muy útil en mi actual responsabilidad, pero que valoro sobre todo porque allí empecé a entender de verdad la trascendental importancia que tiene para la labor de cualquier jurista, y no digamos de un fiscal, el enfoque constitucional de los problemas.

Como abogado y profesor de la Universidad Carlos III, ¿qué consejo daría a los alumnos en Derecho que quieran presentarse a una oposición o ejercer profesionalmente?

¿Un consejo? Estudiar, estudiar, estudiar, y no perder jamás el contacto con la realidad y el sentido de su trabajo. Que no se dejen vencer nunca por la rutina, ni se rindan a la comodidad. Que, si quieren ser ricos y famosos, se dediquen a otra cosa. Solo puedes ser un buen jurista si estás dispuesto a pasarte toda tu vida estudiando y trabajando muchas horas y, además, estás dispuesto a aceptar que, después de todo ese esfuerzo, posiblemente no te den la razón. Y, desde luego, para quienes se planteen ser jueces o fiscales, que ni un solo minuto de su vida profesional olviden que su trabajo consiste en resolver los problemas de la gente, no en crearles más problemas, y, por tanto, que no están por encima de nada ni de nadie, sino al servicio de todos. Se lo digo cada año a los compañeros de las nuevas promociones de la carrera fiscal: tened siempre presente que el fiscal jefe será vuestro superior jerárquico, pero vuestros verdaderos jefes son los ciudadanos, que son los que os pagan el sueldo y tienen derecho a que hagáis bien vuestro trabajo; así que tenéis que tratarlos así: como se trata a un jefe.

«El campo de colaboración entre notarios y fiscales puede y debe abrirse muchísimo más»

El Consejo General del Notariado y la Fiscalía General del Estado suscribieron hace cinco años un convenio para incrementar la colaboración en la lucha contra los delitos económicos. ¿Cómo valora la aportación de los notarios en esta materia?

Diría que esta pregunta la podría haber contestado mejor hace veinticinco años, cuando era delegado de la Fiscalía Anticorrupción, que ahora. Creo que desde la perspectiva constitucional se entiende aún mejor el enorme peligro que supone la corrupción, y en general eso que llamamos delincuencia económica, para el Estado de Derecho. La función notarial, al menos tal y como está concebida en España, encierra un potencial enorme para la lucha contra esas formas complejas de delincuencia, y además opera en el frente más eficaz, que es el de la prevención, porque el Derecho Penal, por definición. siempre llega tarde, cuando el daño ya está hecho. El convenio al que se refiere tiene por objeto principalmente agilizar la transmisión de información en materia de prevención del blanqueo, sobre la base de experiencias previas con las fiscalías especiales que habían funcionado bien. No obstante, si me permite, diría que el campo de colaboración entre notarios y fiscales puede y debe abrirse muchísimo más, y de hecho me consta que hay otros terrenos en los que estamos trabajando con ese fin.

Igual que la Fiscalía, el Notariado ha experimentado en las últimas décadas una considerable ampliación y modernización de su ámbito de competencia y actividad, y al final coincidimos en la función de tutela del interés público en aspectos absolutamente relevantes para la seguridad jurídica y la protección de los derechos de las personas. Hay que seguir ampliando el marco de colaboración. Y, en este punto, déjeme destacar que la anterior directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, que ahora ha pasado a ser secretaria general del Ministerio de Justicia, y quien acaba de sustituirla en el cargo, Esther Pérez Jerez, son dos excelentes fiscales con una acreditada capacidad de gestión. Resultaría imperdonable no aprovechar esa circunstancia.

Entrevista a Rosa Ana Morán Fiscal de Sala Jefa de la Fiscalía Especial Antidroga

EN CURSO LEGAL

ROSA ANA MORÁN,

Fiscal de Sala Jefa de la Fiscalía Especial Antidroga

En 1987 se incorpora a la carrera fiscal, y en 2000 ingresa en la Fiscalía General del Estado, donde ha realizado fundamentalmente labores relacionadas con la cooperación internacional, creando con su ascenso a Fiscal de Sala en 2011 la Unidad de Cooperación Internacional de la FGE. Su experiencia en ese ámbito la hizo acreedora de su nombramiento al frente de una fiscalía que lucha contra un problema global que no conoce de fronteras: el mercado de la droga.

«El narcotráfico es cada vez más especializado, digital y trasnacional»

JOSÉ M. CARRASCOSA,

¿Cómo valora el trabajo realizado en este período al frente de la Fiscalía Antidroga?

En diciembre se cumplirá un año y medio desde el día en que tomé posesión. Ha sido, sin duda, un periodo de trabajo intenso. Creo que la Fiscalía tiene cada vez una mayor dimensión internacional y por eso estamos reforzando el servicio de cooperación con los fiscales que ya conocen el tema, que hablan varios idiomas y tienen experiencias anteriores de trabajo con otros países. También se ha reforzado la recuperación de activos, con el nombramiento de un coordinador experto y la redacción de un protocolo para dirigir el trabajo de los fiscales en esta materia y realizar puntuales y completas investigaciones patrimoniales que nos lleven a incrementar nuestra efectividad en esta materia. Asimismo, nos estamos enfrentando con un aumento de casos derivados de la explotación de las informaciones de plataformas encriptadas como EncroChat o SKY-ECC; la información proporcionada por estas herramientas nos ha abierto los ojos sobre la realidad de la situación del narcotráfico que es cada vez más especializado, digital y trasnacional.

 


“NUESTRA SITUACIÓN GEOGRÁFICA DETERMINA QUE SEAMOS UN PAÍS DE LLEGADA Y TRÁNSITO DE LA DROGA, PERO TAMBIÉN DE CONSUMO”


 

¿Es el lavado de activos una de las principales maneras de detectar a los traficantes?

El narcotráfico es, en primer lugar, un negocio. Por tanto, una de las actividades que realizan, una vez obtenidos los beneficios, es la introducción de estos en la economía legal. Sin embargo, aunque hay algún caso en que a través de alertas de supuestos de lavado de activos podemos llegar a conocer la actividad de narcotráfico precedentes, en la mayoría de los casos es simultáneo o, al contrario, se detecta el narcotráfico y posteriormente se analizan las operaciones de blanqueo o se realiza la investigación paralelamente.

España se encuentra en un enclave geográfico ‘privilegiado’ para las rutas de la droga. ¿Qué incidencia tiene esta especial situación?

La situación geográfica determina que seamos un país de llegada y tránsito de la droga, pero también de consumo y, en los últimos años, lamentablemente también un país productor (en el caso del cánnabis). La vecindad con Marruecos provoca un continuo tráfico de hachís que ha dado lugar a problemas bien conocidos en la zona del Campo de Gibraltar y que se ha extendido a otras zonas como Huelva, Málaga, Sevilla, etc. Por otro lado, tenemos grandes puertos por donde entran los contenedores con cocaína procedente de los países productores de Latinoamérica. Valencia, Algeciras y Barcelona son puertos muy relevantes de entrada de cocaína, aunque, afortunadamente, no han llegado a los niveles de Amberes o Rotterdam. Y Galicia sigue siendo un lugar con gran actividad de llegada de barcos con droga aprovechando también las características de la costa y la existencia de organizaciones de narcotraficantes con gran experiencia en esta actividad. Me preocupa especialmente que España se haya convertido en el primer país productor de cannabis del continente europeo, desde luego no es para sentirse orgulloso y hay que advertir de los peligros, no solo de mayor consumo, sino también de la instalación cada vez más frecuente de organizaciones criminales de otros países (de los Balcanes, de China, etc.) dedicadas a la producción y comercialización ilegal del cannabis.

 


“LA PERCEPCIÓN DE LOS JÓVENES DEL DAÑO DE ALGUNAS DROGAS COMO LA COCAÍNA ES CORRECTA, PERO ME PREOCUPA LA GRAN BANALIZACIÓN DEL CONSUMO DE CÁNNABIS”


 

El Plan Nacional sobre Drogas hace hincapié en la prevención como principal herramienta para hacer frente a las adicciones. ¿Considera que es suficiente la información aportada a nuestros jóvenes sobre los peligros de las sustancias ilegales?

Efectivamente la tendencia al nuevo abordaje del problema de la droga es tratarlo con una visión holística que combine las tareas de reducción de la demanda con el esfuerzo en la disminución de la oferta, por eso todo lo que se haga en el ámbito de la prevención es importantísimo. Creo que en este momento la percepción de los jóvenes del daño de algunas drogas como la cocaína es más o menos correcta, pero me preocupa -y preocupa en general a los expertos- la gran banalización del consumo de cánnabis. El cánnabis es un gran negocio y se está generando mucha información interesada, organizada y confusa en las redes sociales, que es la que llega a los jóvenes, sobre sus beneficios y el escaso potencial negativo de su consumo, lo que los lleva en muchos casos a considerar que es peor fumar tabaco que marihuana. Es imprescindible contrarrestar estas campañas “publicitarias” con información pública sobre los daños de esta sustancia. Advertir que, además, la concentración de THC de las actuales plantas es altísima y el daño potencial mucho más grave. Es urgente evitar la confusión partiendo de una regulación adecuada del uso medicinal del cannabis que concrete y gestione sus usos positivos y, a la vez, advierta y evite los peligros del consumo recreativo.

La droga es un problema global. Desde su experiencia como Fiscal de Sala de Cooperación Internacional, ¿qué papel juega la colaboración de su institución con organismos homólogos de otros Estados?

La droga es el primer negocio ilegal trasnacional y todos los mecanismos de cooperación fueron pensados y aplicados en primer lugar en relación con el narcotráfico. Mi experiencia de 20 años dedicada a la cooperación judicial internacional me permite conocer el escenario internacional e impulsar aún más la conexión y colaboración con las Fscalías antidroga de los países con quienes compartimos el problema. Francia es nuestro principal “socio” en esta cooperación, pero también Países Bajos, Bélgica e Italia son Estados con quien nuestra colaboración es más que frecuente, casi diaria. Sin mencionar, por supuesto, a los países latinoamericanos de donde procede en la mayoría de los casos la cocaína, con quienes tenemos excelentes relaciones y con quienes compartimos una Red Especializada de Fiscales Antidroga Iberoamericanos (REFAI).

 


“VALENCIA, ALGECIRAS Y BARCELONA SON PUERTOS MUY RELEVANTES DE ENTRADA DE COCAÍNA, AUNQUE, AFORTUNADAMENTE, NO HAN LLEGADO A LOS NIVELES DE AMBERES O ROTTERDAM”


 

La pandemia puso de manifiesto nuevas modalidades en el tráfico de drogas, como la entrega a domicilio o el pago virtual desde dispositivos móviles (como bizum). ¿Es cada vez más complicado detener su consumo?

La pandemia incrementó el consumo de algunas sustancias y la necesidad de buscar vías alternativas de acceso a las mismas. El trabajo del Estado para reducir la demanda de los distintos tipos de drogas es muy intenso y el Plan Nacional Sobre Drogas realiza una actividad incansable en la que participan otras Administraciones y organizaciones no gubernamentales. La información sobre los daños de las sustancias y el debido tratamiento de las adicciones deben contribuir, igual que nuestro trabajo en la Fiscalía en los aspectos de reducción de la oferta, a acabar con el tráfico de drogas, pero, sin duda, no es tarea fácil.

 


“ME PREOCUPA ESPECIALMENTE QUE ESPAÑA SE HAYA CONVERTIDO EN EL PRIMER PAÍS PRODUCTOR DE CANNABIS DEL CONTINENTE EUROPEO”


 

En su lucha contra el tráfico de drogas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han puesto en marcha unidades como el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN) que opera en el Estrecho y basa sus investigaciones en el Big Data. ¿Cómo ha evolucionado la investigación de la Fiscalía Especial?

La investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con sus unidades especializadas, UDYCO (Unidad de Drogas y Crimen Organizado) de la Policía Nacional o la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, junto a Vigilancia Aduanera, son unidades formadas por grandes profesionales y que utilizan todas las técnicas de investigación especializadas y actualizadas para responder a la realidad de cada momento o de cada región. La Fiscalía no trabaja sola, sino que recibe y, en su caso, encarga estas actividades de análisis a las unidades policiales; es un trabajo conjunto y cada vez más valoro y apoyo este trabajo en equipo.

El centro de tecnologías del notariado Ancert desarrolló la plataforma electrónica de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed). ¿Cuál es el grado de colaboración de su Fiscalía con este organismo transnacional?

Por mi destino anterior como Fiscal de Sala de Cooperación Internacional conozco IberRed desde su inicio y soy punto de contacto de esta red desde su creación en Cartagena de Indias en 2004. He trabajado desde el primer momento en su impulso y en el desarrollo de su sistema de comunicación seguro Iber@ y en la redacción del Tratado de Medellín, que es el punto de partida para una nueva forma de comunicación. Sin embargo, creo que desde el punto de las autoridades judiciales operativas se ha quedado un poco corto. Por eso, ahora que utilizo la red de forma más activa como demandante de auxilio, estamos impulsando con el secretario general un uso más concreto y más habitual de Iber@ para las comunicaciones operativas y en nuestro caso, de los fiscales de la REFAI para la gestión de cuestiones urgentes y confidenciales como pueden ser las entregas controladas.

Las bases de datos notariales son de enorme ayuda

En 2011 la Fiscalía suscribió un convenio con el Consejo General del Notariado para acceder a la información de las bases de datos notariales. ¿Están satisfechos con esta colaboración?

La información de las bases de datos notariales es de enorme ayuda, y la actividad de análisis del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Notariado es muy completa y de una excelente calidad, lo que nos proporciona informes imprescindibles para comprender operativas complejas y para conocer mejor la actividad del blanqueo de las ganancias provenientes del narcotráfico. Estos análisis e informes del OCP apoyan la presentación de las pruebas y son también muy valorados por los tribunales.

Entrevista a Patricia Arrizabalaga, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

EN CURSO LEGAL

PATRICIA ARRIZABALAGA ITURMENDI

Magistrada del tribunal superior de justicia del país vasco

«Todos precisaremos en algún momento de medidas de apoyo»

ÁLEX OVIEDO

La magistrada Patricia Arrizabalaga participó en San Sebastián en el curso de verano Persona, Empresa y Tecnología, organizado por el Consejo General del Notariado. En él habló sobre los Aspectos prácticos de las medidas de apoyo. Actualmente es delegada del Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

«ES NECESARIA LA COLABORACIÓN DE LO PÚBLICO Y PRIVADO EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD»

Patricia Arrizabalaga nació en Bilbao, aunque pasó su infancia y adolescencia en Ceuta. Estudió en la Universidad de Deusto y opositó a magistratura, una profesión a la que quería dedicarse desde joven. Su primer destino fue la localidad guipuzcoana de Eibar, después Vitoria, y finalmente Bilbao, donde descubrió, en el Juzgado especializado en materia de discapacidad en el que sirve, «un mundo que solo me ha aportado cosas buenas, profesional y personalmente».

–Hace ya dos años entró en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. ¿Cuáles son sus novedades significativas?

–Destacaría las siguientes: las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, entendida como aptitud para actuar en el tráfico jurídico, son iguales a las demás, y, en consecuencia, tomarán ellas sus decisiones, en su caso con los apoyos que precisen, los justos y necesarios, ni más ni menos. En segundo lugar, la desjudicialización de su vida, hasta donde sea posible, dando preferencia absoluta a las medidas voluntarias de apoyo de las que se provea la propia persona, y en las que los notarios juegan un papel esencial. Por último, reconociendo una realidad social, y es que la guarda de hecho en muchísimos casos funciona como apoyo adecuado y suficiente.

–¿Qué cambia con respecto a la normativa anterior?

–Debe cambiar todo, si se aplica atendiendo a su espíritu y finalidad, que son sustancialmente los de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Aunque para que el cambio sea real y efectivo es precisa una transformación radical de mentalidad, no solo de los operadores jurídicos sino social, cultural, educacional. Tenemos la obligación de hacer pedagogía. La persona con discapacidad se sitúa en el centro mismo del sistema, es la protagonista absoluta, y así debe ser, desde un modelo social de derechos humanos.

–¿A qué llamamos persona con discapacidad?

–La discapacidad como circunstancia, no como esencia que define a la persona, es un concepto heterogéneo, que incluye realidades diversas, es dinámico. Pero desde un punto de vista jurídico, en el ámbito de la Ley 8/2021, es la que afecta únicamente al ejercicio de la capacidad jurídica, principalmente las discapacidades intelectual y psicosocial en la medida en que incidan en las facultades intelectivas y volitivas de la persona. Debemos ser conscientes de que todos nosotros, solo por el hecho natural de envejecer, precisaremos en algún momento de medidas de apoyo. Considero muy interesante que se extienda la cultura de la necesidad de planificar, a través de medidas voluntarias, los apoyos que queremos.

–¿Qué es una medida de apoyo?

–El apoyo es un concepto muy amplio, pero en lo que aquí interesa, es el que permite ejercer la capacidad jurídica referida antes; más concretamente, la Ley contempla las medidas voluntarias, la guarda de hecho y las judiciales –la curatela y el defensor judicial–, siendo estas las que deben entrar en juego en último lugar.


«EL DESCONOCIMIENTO DE LA LEY 8/2021 ES TRISTEMENTE MUY RELEVANTE. OPERADORES JURÍDICOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEBEMOS DARLA A CONOCER»


–¿Qué es la guarda de hecho?

–Es una medida informal de apoyo, que no precisa de investidura judicial, de una resolución judicial que la declare o constituya. Es el apoyo que se le proporciona a la persona con discapacidad por quien más próximo está a ella, generalmente, en su entorno familiar, debiendo ser adecuado y suficiente. Cuestión distinta es la problemática de su prueba, en la que son muy interesantes las actas de notoriedad y también los protocolos firmados con la Banca para que se avance en su reconocimiento efectivo como medida de apoyo.

–¿Y la curatela? ¿Hay diferencias sustanciales con la tutela? ¿Son conceptos distintos?

–Son radicalmente diferentes: la tutela de personas mayores de edad (o menores emancipados) prevista en la legislación anterior suponía la «muerte civil» de la persona con discapacidad, a quien literalmente se le sustituía en la toma de decisiones que le concernían, tanto personales como patrimoniales, quedando aislada, al margen de su propia vida. La curatela es otra cosa: tiene que ver con el cuidado de la persona con discapacidad, en el sentido precisamente de asistirla, acompañarla, informarla en su toma de decisiones. Una toma de decisiones, como regla general, le pertenece a ella, sin circunscribirse a aspectos económicos o patrimoniales, sino a decisiones de trascendencia personal. No debe inducir a confusión la curatela representativa, excepcional en el nuevo sistema, que solo entrará en juego cuando se constate la imposibilidad absoluta de autodeterminación. Pero, y esto es importante, incluso debe entenderse no como sustitución sino como reconstrucción o interpretación de la voluntad de la persona, atendiendo a su trayectoria vital, creencias, valores, los factores que hubiera tomado en consideración si no hubiera precisado de dicha medida.

–¿Qué obligaciones tiene el curador? ¿Quién puede serlo?

–Destacaría el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad a quien se asiste, siendo muy interesante la obligación de mantener contacto personal con ella, y fomentar que precise de menos apoyos en el futuro. Para garantizar todo ello son indispensables las salvaguardas y controles que corresponde fijar al juez, para evitar conflictos de intereses, abusos o influencias indebidas… En coherencia con el nuevo sistema, tiene prioridad el nombramiento que haga la propia persona con discapacidad, sin perjuicio de que, en determinadas circunstancias, la Ley establece un orden de prelación, que incluye, y esto es lo interesante dada la evolución de la sociedad, a los «allegados», a los más próximos. Se trata de respetar su voluntad al respecto o, en su defecto, designar a la persona más idónea para comprender e interpretar sus deseos y preferencias.

–¿Cómo solicitar una medida de apoyo?

–Si hablamos de las estrictamente judiciales, esto es, la curatela y el defensor judicial, bien a través del Ministerio Fiscal, bien directamente, mediante una solicitud ante el Juzgado, en un expediente de jurisdicción voluntaria, en principio, más sencillo, ágil y flexible que un proceso contencioso.

–¿Qué implicación tiene la ley en los operadores jurídicos? ¿Y en los notarios?

–Hay que cambiar el chip, ser conscientes de que la persona con discapacidad es la protagonista absoluta. Su voluntad, deseos y preferencias deben ser atendidos, en la medida de lo posible, a la hora de pedir y determinar los apoyos. En el caso de los notarios, asumen una gran responsabilidad para guiar a la persona en la determinación de sus propias medidas de apoyo, las primeras en la «jerarquía» de medidas contempladas en la Ley, debiendo cerciorarse de que la voluntad manifestada por la persona con discapacidad responde a una voluntad suficientemente formada, no viciada, mediatizada o «cautivada» por intereses espurios.


«LA TUTELA DE PERSONAS MAYORES DE EDAD (O MENORES EMANCIPADOS) PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN ANTERIOR SUPONÍA LA ‘MUERTE CIVIL’ DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD»


–¿No habría sido necesario haber dispuesto de elementos previos o personal especializado antes de la entrada en vigor de la ley?

–Es una realidad que faltan medios personales, materiales, formación… Pero no se puede esperar a tenerlos para aplicar una norma cuya necesaria promulgación ha sido un clamor, en especial desde el movimiento asociativo y las fundaciones. Cualquier cambio es siempre traumático pero, sencillamente, hay que hacerlo. Es cierto que actualmente requiere de mucho voluntarismo, que ni mucho menos es eficaz y suficiente, en lo que se refiere a los ajustes de los procedimientos para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad con los demás, lo que es un derecho contemplado en la Convención, que, no olvidemos, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y es de directa aplicación, y también en la propia Ley 8/2021.

–¿Qué sucede con las sentencias de incapacidad o de modificación de capacidad anteriores a esta Ley?

–Hay consecuencias importantes, pero me gustaría resaltar dos: primero, la personas que fueron «incapacitadas» ya no lo están por Ley, lo que es muy reconfortante transmitirles. Precisamente en aplicación de la Disposición Transitoria 5º de la Ley 8/2022, los Juzgados estamos obligados a revisar todas las sentencias anteriores, para adaptarlas a la nueva forma de entender la discapacidad; y segundo, todas las privaciones de derechos también quedan sin efecto, sin necesidad de declaración judicial.

–¿Se puede pedir la revisión de una sentencia antigua? ¿Quién puede hacerlo? ¿Existe algún plazo?

–Por supuesto, no solo quienes han venido asumiendo el ejercicio de las instituciones de guarda legal anteriores, sino, y esto es especialmente relevante, la propia persona con discapacidad. Me gustaría recalcar que hay un gran desconocimiento por parte de los afectados, tanto de la propia persona con discapacidad como sus familiares, quienes por lo general han asumido dicha función. En cuanto al plazo, la ley nos obliga a revisarlas en un plazo de tres años, que, al menos en órganos especializados, se está demostrando claramente insuficiente.

–¿Cómo mostrar la trascendencia de esta ley a una sociedad cada vez más avejentada?

–En mi experiencia profesional durante estos dos años, el desconocimiento es tristemente muy relevante, salvo quienes se relacionan con asociaciones y fundaciones. Los operadores jurídicos, cada uno en su ámbito, deben dar a conocer la Ley, también las Administraciones Públicas están obligadas a ello, a través de campañas, medios de comunicación, etc.

«LA PERSONA CON DISCAPACIDAD SE SITÚA EN EL CENTRO MISMO DEL SISTEMA, ES LA PROTAGONISTA ABSOLUTA, Y ASÍ DEBE SER»

Foro Æquitas sobre discapacidad

–Hace unos meses se constituyó el Foro Æquitas sobre discapacidad del Colegio Notarial del País Vasco de que usted formó parte. ¿Qué supone este foro?

–No lo puedo expresar mejor que la vicedecana del colegio Notarial del País Vasco, Carmen Velasco, el día de su constitución: la colaboración conjunta de todos los operadores jurídicos, universidades y asociaciones, lo público y lo privado, en favor de las personas con discapacidad, creando un lugar de encuentro, acogiendo la filosofía de la mesa redonda que recoge la ley 8/2021 de 2 de junio, para dar a conocer y aportar soluciones a las necesidades reales de aquéllas. Dicha coordinación es un presupuesto básico para que funcione el nuevo sistema. Y me gustaría destacar la importancia de la coordinación con los servicios sociosanitarios, ya que aunque la discapacidad tenga una base orgánica o psíquica, los apoyos se han de fijar en función de la situación, circunstancias personales, contexto, en definitiva, de la organización vital de cada persona con discapacidad, de modo que se ajuste a sus concretas necesidades de apoyo, que se ha demostrado no dependen tanto de la discapacidad sino de dichos extremos.

Entrevista a Almudena Arpón de Mendívil y Urquiola de Palacio. Al frente de la abogacía mundial

EN CURSO LEGAL

ALMUDENA ARPÓN DE MENDÍVIL y URQUIOLA DE PALACIO

Al frente de la abogacía mundial

De izquierda a derecha: Urquiola de Palacio y Almudena Arpón de Mendívil.
CARLOS CAPA

Almudena Arpón de Mendívil y Urquiola de Palacio presiden, en una coincidencia inédita (dos mujeres y dos españolas), las dos principales organizaciones mundiales de la abogacía: la International Bar Association (IBA) y la Unión Internacional de Abogados (UIA), respectivamente. Almudena Arpón de Mendívil, socia de Gómez-Acebo & Pombo y Urquiola de Palacio, socia directora de Palacio y Asociados, han recibido el premio Puñetas de Oro 2023, que concede la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR).

–Acaba de recibir el premio Puñetas de Oro que conceden los periodistas jurídicos españoles. ¿Qué supone para usted?

Almudena Arpón de Mendívil. Es un premio importante para mí. Primero, porque me lo concede la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos, que juega un papel muy relevante no sólo para los profesionales del derecho sino para toda la sociedad. En un momento en que la desinformación y las noticias falsas están ganando tanto terreno, debemos poner en valor la tarea de los profesionales y medios de comunicación rigurosos como los que integran ACIJUR. En la IBA hemos acometido proyectos importantes en defensa de la independencia de medios y la protección de periodistas, por ejemplo, participando en el High Level Panel of Legal Experts on Media Freedom. Además, ACIJUR me concede el premio por haber accedido a la presidencia de la IBA siendo socia de Gómez-Acebo & Pombo. Simultanear las dos carreras no ha sido fácil. La IBA desarrolla una actividad impresionante y, sobre todo, tiene una misión crucial: contribuir a la estabilidad y a la paz global, al progreso, en definitiva, al Estado de Derecho. Yo he asumido el compromiso de seguir trabajando en esa dirección, poniendo de relieve la contribución de la abogacía a la sociedad con un proyecto específico en ese sentido y perseverando, aún más, en la defensa del Estado de Derecho. Finalmente, siempre recordaré este premio con mucha ilusión por haberlo recibido ex aequeo con Urquiola de Palacio, una grandísima y muy querida profesional que preside ahora la Union International d’Avocats. Sí, dos abogadas españolas, a la vez, al frente de las dos mayores asociaciones de la abogacía mundial. No es casual.

Urquiola de Palacio. Me ha hecho mucha ilusión recibir este premio, del cual he seguido los pasos en ediciones anteriores. Es especialmente gratificante recibir un premio de la prensa jurídica especializada, cuando los componentes del jurado escrutan el mercado desde una atalaya privilegiada. Además, creo que es una magnífica oportunidad para dar visibilidad en España a la Unión Internacional de Abogados que, a pesar de ser la más antigua de las asociaciones de abogados dedicados a la práctica internacional (fundada en 1927), no es muy
conocida.

Presiden las dos principales organizaciones internacionales de abogados. ¿Cambio de paradigma en el sector legal? ¿El techo de cristal se está desmoronando?

U. de P. Hace tiempo que, en el momento de acceder a las profesiones jurídicas, la incorporación es mayoritaria de mujeres. Sin embargo, pasados unos años (respecto de generaciones en que en el momento de colegiación ya sucedía lo que he indicado) se invierte la mayoría en favor de los hombres. Esto es porque sigue habiendo más mujeres que deciden abandonar la carrera profesional para dedicarse a su familia debido en gran medida para las dificultades para conciliar, que deben corregirse. No creo en techos de cristal, pero la realidad es que las mujeres todavía tienen que esforzarse más y hacer más renuncias (que no digo que por parte de los hombres ciertos puestos no supongan sacrificios) para poder acceder a puestos de responsabilidad.

A. A.de M. No me atrevo a hablar de cambio de paradigma, pero sin duda, hay una tendencia muy positiva en el sector legal y, en general, en la sociedad, de toma de conciencia sobre la relevancia de la igualdad de género. En la abogacía aún se tiene que mejorar en el acceso a puestos de responsabilidad. Por ejemplo, en España según el estudio de la IBA 50/50 by 2030, frente al 54% de mujeres abogadas en el conjunto de la profesión jurídica, apenas el 31% se encuentra en puestos directivos.

Es muy importante que mujeres valiosas alcancen esos puestos de responsabilidad en el sector legal; que redacten las normas, las interpreten, las apliquen y asesoren sobre las mismas. Esa presencia será una herramienta poderosa para articular condiciones equitativas de género en toda la arquitectura jurídica.

Yo he asumido la presidencia de la IBA con el compromiso de que la igualdad de género se convierta en una seña de identidad de la abogacía a nivel global. Durante el bienio 2023-2024, la igualdad de género es una de nuestras cinco líneas estratégicas. Estamos trabajando para ayudar a nuestros miembros y al sector legal en general a mejorar los índices de igualdad de oportunidades en todos los niveles, desde el acceso a la profesión, hasta el desarrollo profesional y, muy especialmente, el liderazgo en las organizaciones.

–¿Consideran que las dos culturas jurídicas prácticamente universales –el Derecho Continental y el Common Law– están acercando sus formatos?

U. de P.– Creo que el diálogo entre los sistemas jurídicos es una realidad en ciertos contextos, y uno de ellos -y privilegiado- sin duda es la UIA. En UIA tenemos miembros provenientes de más de 110 países y, como puede imaginar, todas las tradiciones jurídicas están presentes y dialogan entre sí y se enriquecen de ese contacto. En un mundo globalizado es evidente que las características originales que les eran propias y no compartidas se van desdibujando en alguna medida, y todos aprendemos los unos de los otros (por ejemplo, con la proliferación de “statutory law” en los países de tradición anglosajona -que supone el acercamiento a la codificación material tradicional del sistema continental-, y la flexibilización procesal -que se está incorporando paulatinamente en la tradición continental a imagen del derecho anglosajón-).

A. A. de M.– Se está desarrollando una suerte de derecho común de los negocios internacional especialmente en el ámbito corporativo, tanto transaccional como de gobierno, cumplimiento normativo, financiación internacional y también en litigación, arbitraje y mediación de ámbito transnacional. Sin embargo, las dos culturas jurídicas se mantienen. Precisamente la diversidad de regulaciones en distintas jurisdicciones (por ejemplo, en materia de inversiones extranjeras o de control de concentraciones) es uno de los principales obstáculos para que la globalización tenga fiel reflejo en el entorno jurídico.

 


URQUIOLA DE PALACIO: “ES NECESARIO INCORPORAR LAS INNOVACIONES DE MANERA ORDENADA A TRAVÉS DE REGLAS JURÍDICAS, EVITANDO EFECTOS DISRUPTIVOS”


 

-La digitalización es una de las vigas principales que sostienen la nueva sociedad que se está construyendo. ¿Qué papel tienen los juristas en que este cambio se haga con pleno respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos?

A. A. de M.– Los colegios de abogados y las asociaciones internacionales en el ámbito legal tienen un papel principal en este ámbito. Deben contribuir a promover la normativa protectora de esos derechos fundamentales, su correcta aplicación y difusión. También hay una tarea importante de formación en estas cuestiones novedosas. Hablamos sin duda del derecho a la intimidad, a la información, la libertad de expresión y también del propio acceso a los medios digitales en la medida en que se utilicen en los procesos de resolución de conflictos (acceso a la justicia). Desde la IBA trabajamos en esta línea con informes sobre Digital Identity, Digital Transformation and Human Rights, Covid-19 and Court Procedures: An Access to Justice Report, entre otros. En la conferencia anual que celebraremos en Paris en otoño de este año, habrá más de quince sesiones sobre el impacto de la digitalización en distintas áreas jurídicas y en el propio ejercicio profesional.

 


ALMUDENA ARPÓN DE MENDÍVIL: “HE ASUMIDO LA PRESIDENCIA DE LA IBA CON EL COMPROMISO DE QUE LA IGUALDAD DE GÉNERO SE CONVIERTA EN UNA SEÑA DE IDENTIDAD”


 

U. de P.– En los últimos días hemos conocido la iniciativa de la Unión Europea en materia de Inteligencia Artificial. Hace años que se han venido regulando realidades como las criptomonedas, o que se trabaja en materias como la regulación de la identidad digital. Estos son solo ejemplos que evidencian la necesidad de incorporar las innovaciones de manera ordenada mediante reglas jurídicas, evitando efectos disruptivos que pudieran erosionar el Estado de Derecho y la confianza de los ciudadanos. Ahí los abogados tenemos desde luego un importante papel que jugar.

-¿Son los mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos -en los que están plenamente implicados los notarios- la solución al “atasco judicial” español?

A. A. de M.– Son uno de los mecanismos para mitigar la sobrecarga de trabajo y la consiguiente lentitud de los procesos judiciales. Pienso que aún son poco conocidos, tenemos que dar mayor difusión a esas alternativas extrajudiciales para aligerar el atasco judicial: la justicia retrasada es justicia denegada y una eficacia judicial mayor está relacionada con más inversión de las empresas. Lo explica muy bien un estudio del Banco de España: si se lograra una reducción de 10 puntos porcentuales en la tasa de congestión de la justicia se podría alcanzar un incremento medio de la tasa de inversión de 0’1 puntos porcentuales.

Desde la IBA estamos promoviendo el recurso a sistemas alternativos de acceso a la justicia más informales y de menor coste a través del Rule of Law Forum de manera que la justicia sea más accesible y asequible, como sistemas de mediación online.

U. de P.– Soy una convencida de la utilidad de esos mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos y de su interés per se; no ya como “desatascadores de la jurisdicción” sino por su utilidad en la gestión del conflicto. Hay distintos actores que participan en la administración de este tipo de Medios Adecuados de Resolución de Conflictos; y así junto a los notarios, encontramos como actores significativos a las Cámaras de Comercio y a los Colegios de Abogados. Permiten a las partes en conflicto encontrar una solución mediante medios autocompositivos -como la mediación o la conciliación, en las que el mediador o conciliador es un facilitador de la comunicación y negociación entre las partes, pero son estas quienes se dan la solución- o mediante medios heterocompositivos -en que las partes encomiendan a uno o varios terceros que les den la solución, sea en derecho o en equidad; como es el caso del arbitraje comercial o de los “dispute boards”-.

-La seguridad jurídica es clave para hacer de un país un lugar atractivo para las inversiones. ¿Cómo valora el papel del notariado en este campo?

U. de P.– El notario es el elemento clave en la seguridad jurídica preventiva, y cumple una función esencial de control de legalidad -que lleva incluso al asesoramiento a las partes- y dación de fe. La digitalización, también en este ámbito, está trayendo novedades que entrañan difíciles procesos de adaptación para no desvirtuar esa función esencial.

A. A. de M.– Muy positivamente. La función pública del Notariado en España tiene precisamente ese cometido: ser garantes de legitimidad y seguridad tanto para los particulares como para el Estado. Esto es un ingrediente esencial para la seguridad jurídica. Me gusta pensar en los abogados como merchants of trust, aportando la confianza en la corrección jurídica y, me atrevo a decir, ética, de los temas que asumimos en representación de nuestros clientes; los notarios han de ir un paso más allá aportando mirada no sólo experta y ética, sino también independiente y objetiva.

Almudena Arpón de Mendívil posa con el dibujo de Esteban que le entregaron como galardón.

«LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL NOTARIADO EN ESPAÑA ES UN INGREDIENTE ESENCIAL PARA LA SEGURIDAD JURÍDICA»

Huella Digital

Urquiola de Palacio mantiene una cuenta en Twitter @UrquiolaPalacio
En Linkedin su perfil se encuentra aquí.

La UIA tiene también un perfil en Linkedin accesible aquí.

Almudena Arpón de Mendívil no tiene perfil en las redes sociales, pero lo tiene la IBA en Linkedin. 

Urquiola de Palacio.

«EL NOTARIO ES EL ELEMENTO CLAVE EN LA SEGURIDAD JURÍDICA PREVENTIVA Y CUMPLE UNA FUNCIÓN ESENCIAL DE CONTROL DE LEGALIDAD»

Entrevista a Mª Ángeles Picado y Carlos Toledo, números uno de las últimas oposiciones a notarios

EN CURSO LEGAL

Mª Ángeles Picado y Carlos Toledo,

números uno de las últimas oposiciones a notarios

Camino hacia la excelencia

816 licenciados en Derecho se presentaron a las últimas oposiciones al título de notario. Sólo 90, 46 mujeres y 44 hombres, superaron los cuatro ejercicios. Entre ellos se encuentran María Ángeles Picado Moreno (30 años), de Madrid, y Carlos Toledo Muñoz-Cobo (26 años), de Punta Umbría (Huelva), que obtuvieron las notas más altas. Ambos nos cuentan, en esta entrevista, cómo ha sido su camino hasta conseguir el aprobado y cuáles son sus objetivos como nuevos notarios.

FÁTIMA PÉREZ DORCA
«MI OBJETIVO ES QUE TANTO MIS COMPAÑEROS COMO LOS CIUDADANOS QUE ACUDAN A MI NOTARÍA PUEDAN CONFIAR EN MÍ»
«ESPERO CONTRIBUIR, MEDIANTE UN EFICAZ ASESORAMIENTO, A QUE TODOS LOS USUARIOS QUE ACUDAN A LA NOTARÍA PUEDAN ALCANZAR SUS FINES LÍCITOS»

 

– ¿Qué le llevó a opositar a notarías?

– Mª Ángeles Picado. Desde pequeña me había llamado la atención la profesión, me parecía muy acorde a mi personalidad y me aportaba cosas que considero indispensables: autonomía, estabilidad laboral y económica y la posibilidad de hacer algo por otras personas. Ser notaria no sólo te permite vivir de tu trabajo sino también tenderle la mano a alguien que te necesita. Todo el mundo gana y eso es algo que me parece muy enriquecedor.

– Carlos Toledo. Mucho antes de empezar la carrera tenía en mente la idea de ser notario. Mi padre lo es y siempre nos ha transmitido su pasión por la profesión. Él ha sido siempre mi ejemplo y referente. Aun así, como no era una decisión firme, no quería cerrar puertas a otras opciones y estudié el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Y fue más tarde, durante la carrera, cuando me di cuenta de que el Derecho Privado era la rama que más me entusiasmaba y de que la profesión de notario me ayudaría a alcanzar la felicidad desde un punto de vista profesional.

– ¿Cómo es un día normal en la vida de un opositor?

– M. A. P. Cuando empecé a opositar estudiaba unas ocho horas diarias, pero con los años acabé incrementando el horario a doce horas al día. No sólo de estudio, también de dictámenes, actualización de temas… Los fines de semana se me hacían más duros porque era cuando mi familia estaba en casa y mis amigos tenían tiempo libre para salir y a mí se me complicaba más organizarme. Aun así, siempre descansaba como mínimo un día, normalmente los sábados, y trataba de sacar tiempo para mí.

– C. T. Un día normal durante la oposición gira en torno al estudio continuado para poder aprovechar el mayor número de horas. En mi caso, dedicaba algunos descansos a hablar con mis padres y con mi novia, y hacía las pausas necesarias para las comidas, que compartía con mi hermano Rafael, con quien he convivido durante la oposición y que también ha aprobado en esta promoción. Además, procuraba hacer algo de deporte al final del día. Los fines de semana solía reproducir el mismo esquema. Me presenté a la oposición con relativamente poco tiempo de preparación, por lo que intentaba exprimir al máximo cada semana y prácticamente no descansaba ningún día.

– ¿Qué ha sido lo mejor y lo más difícil durante este proceso?

– M. A. P. Lo mejor ha sido sin duda el crecimiento a nivel personal. Los momentos de soledad te hacen conocerte más a ti misma, aprender a poner límites, te dan una buena dosis de humildad y te hacen madurar. En cuanto a lo más difícil, ha sido sentir que no tenía tiempo para realizar otras actividades, así como lidiar con la incomprensión de algunas personas respecto a esto… Pero el esfuerzo ha merecido la pena.

– C. T. Lo más gratificante ha sido lograr un reto que parecía casi una quimera. Pero incluso antes de conseguirlo la oposición ha sido una etapa gratificante y puedo decir que plenamente feliz en mi vida, seguramente por ver cómo he ido profundizando en el Derecho y progresando gracias al esfuerzo y el trabajo. En el aspecto negativo resaltaría la incertidumbre consustancial a la propia oposición pero que, sin duda, se compensa con la esperanza de lograr el resultado.

– ¿Qué consejos daría a los que decidan realizar esta oposición?

– M. A. P. Les diría que el descanso, por mínimo que sea, es fundamental para aprobar, porque un opositor agotado sucumbe a la desesperación con mucha más facilidad y para soportar la tensión hay que mantener la cabeza muy fría. En relación con esto, también es muy importante aprender a afrontar el miedo. Todos experimentamos diversos grados de inseguridad antes de entrar en el examen, pero hay que pensar que es la única oportunidad de defender el trabajo que has hecho durante años y hay que hacerlo con la mayor dignidad posible, salgan los temas que salgan. También es importante seguir tu propio camino y no compararte con otros compañeros, ya que cada uno tiene una situación personal y unas circunstancias distintas.

– C. T. Me gustaría transmitirles que acometan la oposición con optimismo y aliento, con la ilusión de que el aprobado puede estar al alcance del que se emplee a fondo. Sobre los descansos y la rutina, cada opositor tiene sus propios hábitos, y prefiero no aconsejar en ese sentido. Sí diría que no hay fórmulas mágicas: el trabajo y la entrega son las herramientas para conseguirlo.

– Para todos aquellos que duden en opositar, les invito a que afronten el reto. A pesar del sacrificio y el esfuerzo que supone, si verdaderamente tienen la convicción y vocación de ser notarios, o cualquier otra profesión a la que se acceda por oposición, merece la pena intentarlo y luchar por ello, pues en cualquier caso nunca los conocimientos aprendidos caerán en “saco roto”.


“LO MEJOR DE ESTA ETAPA DE ESTUDIO HA SIDO EL CRECIMIENTO PERSONAL. LOS MOMENTOS DE SOLEDAD TE HACEN CONOCERTE MÁS”


– Si no hubiera sido notario, ¿qué otra profesión hubiese elegido?

– M. A. P. Seguramente habría intentado ser registradora u oficial de notaría, por ser lo más parecido a ser notario y permitirme aprovechar lo ya estudiado, que es apasionante. Pero si hablamos de otro camino distinto, la verdad es que me habría encantado ser gimnasta o dedicarme al baile, que curiosamente eran las únicas cosas que me suscitaban una vocación similar.

– C. T. Seguramente habría sido abogado. El ejercicio de la abogacía me parece apasionante, pues permite una aplicación práctica y creativa del Derecho.

– ¿Cómo fue el examen?

– M. A. P. En los exámenes de este año he pasado mucha tensión, ya que era mi última convocatoria y no tenía margen de error. Los orales me preocupaban algo menos al haberlos aprobado ya una vez. Aunque reconozco que el segundo ejercicio es muy difícil de preparar, al ser mucha materia en muy poco tiempo, para mí la peor parte siempre fue el tercero. No se me daba bien y tuve que trabajarlo mucho hasta hacerlo bien.

– C. T. El primer examen es el que más impresiona. En mi caso, era la primera vez que me presentaba y realizar el ejercicio oral ante el tribunal, teniendo en cuenta la autoridad y cualificación de sus miembros, no deja de ser una presión escénica y un desafío. Me parecía un verdadero reto que motivaba aún más el estudio diario y la dedicación absoluta.


“LA OPOSICIÓN HA SIDO UNA ETAPA GRATIFICANTE Y PLENAMENTE FELIZ EN MI VIDA”


Con el último ejercicio, el dictamen, fue con el que más disfruté durante la preparación: se trata de un caso práctico sobre varios problemas y situaciones jurídicas complejas y opinables, a resolver durante 6 horas. El dictamen te permite desarrollar los conocimientos adquiridos durante los dos ejercicios orales, aplicando el Derecho desde una óptica muy cercana a la realidad del despacho notarial.

– ¿Qué sintió al saber que estaba entre los dos primeros de la oposición?

– M. A. P. Cuando lo supe no me lo podía creer. Yo sólo quería aprobar, con la nota que fuera, y había varios compañeros muy competentes que supuse que quedarían mejor posicionados, así que me costó varios días asumir tanto el puesto como el propio aprobado. Me emocioné más adelante, tras la unificación de los tribunales. Es una alegría indescriptible. Me siento agradecida porque, al igual que he sido yo la que ha quedado en esta primera posición, podrían haber sido otros compañeros.

– C. T. Sentí una enorme satisfacción. Sin duda fue uno de los días más felices de mi vida. No solo por obtener el número uno de mi tribunal sino también porque supuso un gran orgullo ver cómo se materializaba el esfuerzo y el trabajo invertido durante toda la oposición en forma de aprobado. Además, nuestra felicidad se multiplicó porque mi hermano aprobó con la cuarta mejor calificación del tribunal.

– ¿Cuáles son sus objetivos como notario?

– M. A. P. Me gustaría demostrar, como hacen tantos compañeros, que el notario no es sólo la persona que viene a firmar, sino alguien accesible, que se comunica con sus clientes y se preocupa por sus asuntos. Quiero ser una buena compañera y desempeñar mi trabajo con la mayor diligencia posible. En definitiva, mi objetivo es ser alguien en quien mis compañeros puedan confiar y poner mi profesión al servicio de la ciudadanía.

– C. T. Quiero dedicarme al ejercicio de la profesión de notario en cuerpo y alma, con toda la intensidad y entrega que sea capaz. Intentaré con el día a día ser útil y ganarme la confianza de los usuarios en el servicio y en el ejercicio de la función pública que fundamenta nuestro oficio. Espero no perder nunca de vista la gran ayuda que los notarios podemos aportar a los ciudadanos e instituciones, contribuyendo, a través de un eficaz asesoramiento, a que todo el que acuda a la notaría pueda alcanzar sus fines lícitos.

Entrevista a Manuel García-Castellón, magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional

EN CURSO LEGAL

Manuel García-Castellón,

magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional

“La independencia judicial no puede quedar en entredicho de una forma gratuita”

Manuel García-Castellón y García-Lomas es el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Autodenominado como “juez vocacional” estudió derecho en la Universidad de Salamanca e ingresó en la carrera judicial en 1977, iniciando su carrera como juez de instrucción en diversos juzgados, hasta llegar al decanato de los juzgados de Valladolid en 1.993 desde donde partió a la Audiencia Nacional. Juez de Enlace con Francia durante casi tres lustros, tuvo que bregar con años duros en el combate al terrorismo de ETA.

Hace unos días la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) le concedió el premio Puñetas de Plata por “por haber instruido juicios de enorme relevancia política y económica, con profesionalidad e imparcialidad” según reconoció el jurado de los galardones.

CARLOS CAPA,

Periodista.

«YO SIEMPRE HE SIDO JUEZ DE INSTRUCCIÓN, VOCACIÓN DE LA QUE NUNCA ME HE MOVIDO, Y QUE ME HA DADO LA GRAN SATISFACCIÓN DE AYUDAR A LOS DEMÁS»

Hace unas semanas recibió el premio Puñetas de Plata que concede la Asociación de Comunicadores e informadores Jurídicos (ACIJUR). ¿Qué supuso para usted?

Naturalmente una gran satisfacción; si dijera lo contrario en este caso mentiría. Y más en una época como esta, en la que los que tomamos decisiones somos objetos de ataques a fondo por poderes de todo tipo. Ya no es que te insulten, te injurien o te amenacen, es que se ataca a la independencia judicial, no ya solo la propia, sino la de todos los jueces que sufren el efecto de la piedrecita en el estanque, generando ondas concéntricas que acaban llegándoles y pudiendo perturbarles. La independencia judicial no puede quedar en entredicho de una forma gratuita.

Es usted uno de los llamados “jueces mediáticos”, aunque quizás los que son mediáticos son los casos que instruye. ¿Qué tal se lleva con la prensa? ¿Qué papel cree que deben jugar los periodistas en el ámbito de la justicia?

En la Audiencia Nacional se ve claramente esa relación. Aquí hay decenas de periodistas acreditados, que obtienen no solo información, sino también asesoramiento u orientación de carácter técnico que ayuda a que lo que trasladen a los ciudadanos sea lo suficientemente riguroso y comprensible. Lógicamente hay temas que por su propia naturaleza reservada no se pueden compartir.

En todo caso creo que no se puede perjudicar a nadie que esté en un procedimiento dando informaciones no contrastadas: la llamada pena de banquillo. Una situación que se ha agravado con el paso del tiempo. A veces prima la información inmediata, difundida por canales digitales, sobre la veracidad o la rigurosidad. Y eso no debería pasar.

¿Cómo valora el estado de la Justicia en España? ¿Cree justificado el debate público sobre su independencia y la de los jueces?

El que piense que tenemos la desgracia de que España sea un estado fallido, no sabe lo que dice. La profesión de juez es sumamente vocacional, quizás como puede ser la de médico o sacerdote, y en mis muchos años de carrera siempre he visto integridad. El 99,9% de los jueces son independientes, aunque como en todos los lugares puede surgir una oveja negra. Yo nunca he visto más que profesionalidad en la Carrera Judicial. Efectivamente la Justicia tiene defectos, como puede ser la lentitud, pero eso no afecta a la integridad de los jueces.

Ha pasado más de 16 años de su carrera ocupando puestos en el extranjero. ¿Qué le ha aportado esta experiencia?

Lo que nos transmiten todos los que recurren a la Audiencia Nacional para obtener colaboración internacional es su agradecimiento y el reconocimiento de la eficiencia y facilidades que damos en el marco de esta colaboración.

Mi experiencia como juez de enlace en Francia, durante años duros de terrorismo, es que no encontramos la misma colaboración que nosotros ofrecemos a otros países. Me hubiera gustado tener en aquel momento más ayuda de un país en el que cayeron todas las cúpulas de ETA; no lo hicieron en España o en Portugal, sino en Francia y a veces nos encontramos un muro en la colaboración.

Sin duda creo que muchas muertes o heridos podrían haberse evitado con una mayor cooperación. Afortunadamente esa época pasó y la actuación y compromiso de todos los poderes llevaron a acabar con una época de terror y limpieza étnica en el País Vasco en septiembre de 2011.

Pasó más de tres lustros fuera de la Audiencia Nacional. ¿Encontró muchos cambios a su regreso?

Encontré un cambio físico obviamente por las obras que habían remodelado el edificio. En otro sentido no tanto, ya que debido a mi función en el extranjero mis contactos y comunicaciones eran constantes con los compañeros que estaban en la Audiencia.

Indudablemente cuando regresé la situación no era la misma que cuando me fui: había desaparecido el terrorismo de ETA y del GRAPO y había aumentado el islamista y se habían incrementado exponencialmente los delitos económicos.

Solo cuando ejerces en un órgano como este con competencias centrales te das cuenta de los magníficos medios con los que actúan otros servicios centrales como la Policía y la Guardia Civil. Su actuación en materia de investigación y prevención es espectacular.

¿Echa de menos su etapa de juez de instrucción en lugares como Medina del Campo o Valladolid? ¿Cómo es el salto de impartir justicia en un pequeño juzgado a ser el centro de atención mediático a diario?

Como en cualquier profesión esto es un camino en el que se va forjando la vocación. Hay jueces que empiezan en una jurisdicción y en ese camino encuentran que su vocación los lleva a otra. Cuando estás en jurisdicciones más pequeñas las posibilidades de ayudar a los demás no tienen la identidad que se alcanza en un órgano con jurisdicción nacional como este.

Creo que aquí se ve de forma plástica cómo se puede ayudar a los demás de forma inmediata. Es cierto que a veces no se consigue, como fue en el caso de Miguel Ángel Blanco, en el que no pudimos llegar a tiempo.

Yo siempre he sido juez de instrucción, vocación de la que nunca me he movido, y que me ha dado la gran satisfacción de ayudar a los demás.

La Seguridad Jurídica es la base de una democracia sana y de una economía fuerte. Usted que ha conocido en diferentes escenarios el papel que juegan los notarios en este ámbito, ¿cómo valora su función en la sociedad?

El prestigio del Notariado español no tiene igual en el resto de Europa. Creo que en este campo somos la envidia de muchos países europeos y occidentales. Esa es mi experiencia constatada a lo largo de mi carrera.

“El prestigio del Notariado español no tiene igual en el resto de Europa. Creo que en este campo somos la envidia de muchos países europeos y occidentales”

Lucha contra los delitos financieros

¿Qué opina de la participación del Notariado español en el combate contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo a través de herramientas como el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) o la base de datos de titularidad real?

La aportación del Notariado es fundamental, como ha venido a reconocer la legislación que se ha ido desarrollando, en la prevención y combate contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Los avisos emitidos por los notarios en actividades sospechosas provocan que los jueces podamos analizar actuaciones que pueden llevar a la apertura de un procedimiento judicial.

Huella digital

Especialista en Derecho Administrativo ingresó en la carrera judicial en 1962, en la quEl juez García-Castellón no tiene presencia propia en las redes sociales, aunque lo mediático de los asuntos que instruye hace que proliferen las noticias sobre su actividad tanto en las redes como en la información digital de los medios.

Existe una reseña biográfica suya en Wikipedia (en catalán).

Recientemente el digital Crónica Vasca le entrevistó con motivo del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, caso del que fue instructor.

“No se puede perjudicar a nadie que esté en un procedimiento dando informaciones no contrastadas: la llamada pena de banquillo”

“La Justicia tiene defectos, como puede ser la lentitud, pero eso no afecta a la integridad de los jueces”

“Yo siempre he sido juez de instrucción, vocación de la que nunca me he movido, y que me ha dado la gran satisfacción de ayudar a los demás”

Entrevista a Pascual Sala, premio Puñetas de Oro 2022

EN CURSO LEGAL

PASCUAL SALA,

PREMIO PUÑETAS DE ORO 2022

“La Justicia no es el primer recurso para solucionar un conflicto, sino el último al que acudir”

Pascual Sala Sánchez (Valencia, 1935) es una de las referencias jurídicas españolas imprescindibles: es la única persona que ha sido sucesivamente presidente del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
CARLOS CAPA,

Periodista.

En el pasado mes de junio recibió el Premio Puñetas de Oro, que otorga anualmente la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos de España (ACIJUR) en atención a sus méritos en el campo del Derecho y la Justicia.

Acaba de recibir el Premio Puñetas de Oro, que otorga la asociación que representa a los informadores jurídicos ACIJUR. ¿Qué ha supuesto para usted?

Una gran satisfacción. Los premios Puñetas son una referencia y gozan de un cierto sentido jocoso, pero están cargados de prestigio entre los juristas. La libertad de expresión y la libertad de información son esenciales en una democracia, y los informadores tienen la crucial tarea de resaltar ante una opinión democrática libre la actividad de la Justicia y del Derecho, que regula todos los aspectos esenciales de la vida humana.

Es necesario no solo actuar bien en el ejercicio del derecho por todos los operadores jurídicos, sino también comunicarlo bien a la opinión pública. La Justicia y el Derecho son fundamentales como declara la Constitución para la convivencia democrática.

En definitiva, después de toda una vida dedicada a la Justicia y el Derecho, una satisfacción muy grande y un honor que agradezco a ACIJUR.

¿Cómo ve la Justicia en España, después de su extenso y diverso conocimiento de esta?

La Justicia se ha convertido en un auténtico poder del Estado desde la llegada de la Constitución. En la época de la dictadura te jugabas la carrera cuando querías implementar los principios democráticos en el ejercicio de la judicatura.

Desde 1978 se asume plenamente el principio de división de poderes y esto otorga a nuestra Justicia una independencia comparable a la de cualquier Estado de nuestro entorno. Desde luego no todo es perfecto. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de Gobierno del Poder Judicial, tiene un mandato constitucional expresamente previsto de cinco años, que se cumplieron ya hace más de tres y medio sin que se haya procedido a su renovación por razones de conveniencia o de permisibilidad legal que no deberían admitirse.

A nadie se le ocurre que el mandato de las Cámaras pueda prorrogarse más allá del establecido. El Poder Judicial es también un poder del Estado.

¿Debería entonces buscarse un nuevo modelo para la elección de los miembros del CGPJ?

Con la actual Ley Orgánica del Poder Judicial son los propios jueces los que proponen a los doce jueces de procedencia judicial en una sala especial, al objeto de permitir un posible recurso. El sistema es bueno, son los que lo aplican con criterios de conveniencia política, los que introducen las distorsiones mediante una especie de sistema de “reparto de lotes”.

¿Hay una buena técnica legislativa en España?

La seguridad jurídica es esencial en un sistema democrático. Y aquí la claridad de las leyes es importante. La existencia de conceptos jurídicos indeterminados produce inseguridad. Actualmente existen enumeraciones exhaustivas en textos legales que finalizan dejando espacios abiertos.

Es necesaria la claridad en las leyes; es lo que genera seguridad jurídica. Y lo que permite el derecho a la tutela judicial efectiva. Debería el legislativo ser más específico. Por seguir el ejemplo del CGPJ, debería haber una norma que diera por extinguido el órgano si en un plazo razonable, tres meses, por ejemplo, no se ha procedido a la renovación. No critico al poder legislativo, pero es muy importante proteger la seguridad jurídica.

¿Es independiente la Justicia española?

La justicia española es independiente sin ninguna duda. Tenemos menos jueces que en Italia o Alemania y un nivel de resolución igual o mayor que el de estos países. El problema es la ejecución que se dilata más que el propio proceso, o a veces se convierte en imposible. Yo mismo he mediado en un caso que llevaba 18 años sentenciado sin tener una solución efectiva.

Muchos ciudadanos no entienden cómo es posible que normas recurridas ante el Tribunal Constitucional lleven años, si no lustros, sin que se haya tomado una decisión sobre su constitucionalidad. ¿Cuál es su opinión?

Creo que el Tribunal Constitucional (TC) debería tener mejores medios materiales y humanos. Aun así, creo que el TC no incurre en demoras importantes, sino que tiene sus criterios de modulación según las materias.

El recurso que más tiempo lleva es el de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Pues bien, esa ley ha podido ser modificada por el Parlamento que ha tenido mayorías suficientes de los mismos que la recurrieron, pretendiendo que sea el TC el que resuelva la cuestión y olvidando que el tribunal no es un órgano consultivo. Esa es la función principal del Consejo de Estado: el Tribunal Constitucional es un órgano decisorio. En definitiva, los problemas que pueden ser resueltos políticamente es mejor que lo sean en ese ámbito.

¿Cree que debería volver a establecerse el recurso previo de inconstitucionalidad?

Sí, debiera recuperarse. Eso evitaría muchos problemas como el que vivimos en Cataluña. Si antes de someter el Estatut al refrendo del pueblo catalán hubiera sido revisada su constitucionalidad en el Tribunal Constitucional nos hubiéramos ahorrado problemas. Por supuesto es una herramienta aplicable en determinados y significados casos de normas de relevancia constitucional, como pueden ser los estatutos de autonomía.

Tras más de 50 años como juez ahora trabaja en un despacho de abogados. ¿Cómo ha sido el cambio?

Después de jubilado -en los cargos, que no en la vida-, abrí una segunda etapa muy provechosa para mí porque me ha dado la oportunidad de trabajar en los medios alternativos de resolución de conflictos como la mediación y el arbitraje.

Las instituciones europeas impulsan la mediación como un instrumento para evitar el embolsamiento litigioso. Es muy importante impulsar la mediación intrajudicial donde intervienen las partes y el tribunal. En definitiva, un gran recurso para desatascar la justicia dando justa satisfacción a las partes.

Es una gran satisfacción poder desarrollar mi actividad actual como socio consultor en el despacho de uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca, un jurista completo y perspicaz.

¿Somos un país con tendencia al litigio?

No creo que los españoles seamos especialmente litigiosos, o no más que los países de nuestro entorno, pero no se debería presentar a la Justicia como el primer medio para la resolución de conflictos, sino como el último recurso que cierra el sistema. Sin duda necesitamos los medios alternativos dentro o fuera de la jurisdicción ordinaria. Muchos litigios pueden ser resueltos por acuerdo de las partes.

Recientemente el Tribunal Constitucional ha resuelto cuestiones relativas a la firmeza de las resoluciones arbitrales. ¿Se ha clarificado el uso de esta herramienta legal?

El arbitraje es un sistema alternativo al que se llega por voluntad de las partes: el arbitraje obligatorio es inconstitucional. Por lo tanto, no puede convertirse en una primera instancia recurrible, y el TC ha hecho bien en delimitar el alcance del concepto de Orden Público. El procedimiento arbitral y sus decisiones no son impugnables por razón de estar o no de acuerdo con su contenido.

En su larga carrera ha tenido un contacto intenso con la función notarial. ¿Qué impresión tiene de ella?

El Notariado español es tan perfecto como el de cualquier país de nuestro entorno. Es un ejemplo de servicio y profesionalidad. La seguridad jurídica no solamente se implementa con leyes claras y precisas sino también con su aplicación. Y ahí los notarios resuelven muchas situaciones en la práctica. Las instituciones como el Notariado nunca podrán ser sustituidas o deterioradas.

“A nadie se le ocurre que el mandato de las Cámaras pueda prorrogarse más allá del mandato establecido. El Poder Judicial es también un poder del Estado”

Huella digital

Especialista en Derecho Administrativo ingresó en la carrera judicial en 1962, en la que permaneció hasta su jubilación en 2013 y es doctor honoris causa por la Universidad de Valencia. Durante la dictadura, poniendo en riesgo su propia carrera, fue uno de los impulsores del movimiento Justicia Democrática, integrado por profesionales del ámbito judicial opuestos al régimen y partidarios de establecer la democracia en España.
Incansable y entregado al Derecho, en 2015 cambió la judicatura por el ejercicio de la abogacía ingresando en el despacho Roca Junyent como socio consultor en su área de mediación y arbitraje. Durante los últimos años ha dedicado sus esfuerzos a promover los medios alternativos de resolución de conflictos
Pascual Sala no es muy activo en las redes sociales, pero mantiene un perfil abierto en LinkedIn

También Wikipedia tiene una entrada con su biografía y otros datos de su actividad profesional
En la página web de La Casa del Libro puede consultarse la bibliografía de Pascual Sala, centrada en el Derecho Administrativo

“El problema es la ejecución que se dilata más que el propio proceso, o a veces se convierte en imposible”

“Sin duda necesitamos los medios alternativos dentro o fuera de la jurisdicción ordinaria”

“El Notariado español es tan perfecto como el de cualquier país de nuestro entorno. Es un ejemplo de servicio y profesionalidad”

Entrevista a Eva González Pérez, abogada de los Países Bajos

EN CURSO LEGAL

Eva González Pérez,

abogada de los Países Bajos

“Hago mi trabajo como todos los abogados: con la Ley en la mano y exigiendo que el Gobierno la cumpla»

Eva González Pérez salto a la fama a finales del año pasado cuando su perseverancia en investigar y defender a los perjudicados por las acciones discriminatorias en el reparto de ayudas del Gobierno holandés de Mark Rutte hizo dimitir a éste y adelantar las elecciones en los Países Bajos. En 2021 recibió el Premio “Puñetas de Plata” de la asociación española ACIJUR por su trabajo en este caso de discriminación, que afectó a 26.000 familias inmigrantes.

CARLOS CAPA,

Periodista.

Desde entonces viene recibiendo numerosos reconocimientos por su rigor y perseverancia en la defensa de la ley. Graduada en Derecho por la Universidad de Utrecht y ejerciendo la abogacía desde hace más de 20 años, hasta la plataforma Netflix estudia hacer una serie contando su caso.

 

Aunque española de nacimiento, su vida personal y profesional se ha desarrollado en los Países Bajos. ¿Cuál es su vínculo con España?

Mi conexión con España es, por supuesto, a través de mi pueblo San Martín de Trevejo. Allí nací y, después de venirnos a vivir a Holanda, era el sitio donde pasábamos todos los veranos las vacaciones. Ahora que soy mayor y estoy casada y con hijos, seguimos haciéndolo, preferiblemente dos veces al año. Es agradable estar en el pueblo, volver a ver a mi madre. Es volver a casa.

En los últimos meses se ha convertido en una personalidad de renombre tanto en su país de adopción como en el de origen, recibiendo varios reconocimientos y galardones. ¿Alguna vez pensó en que su actividad profesional podría llevarle a este reconocimiento público?

Es algo muy especial para mi e increíble que un caso te lleve a la «fama». Yo hago como todos los abogados: trabajar con la Ley en la mano y exigir que el Gobierno también la cumpla. Así es como he ejercido mi profesión durante 20 años. Asimismo, es un gran honor que haber recibido diversos premios y que se reconozca públicamente mi trabajo por hacer lo correcto. Me sirve de viento de cola para hacerlo aún mejor en los siguientes 20 años y mantenerme alerta.

¿Por qué quiso ser abogada?

Siempre fue mi sueño, desde niña, para poder enorgullecer a mis padres.

Y ¿Por qué dedicarse a un territorio jurídico menos rentable que otros, como la abogacía de los negocios, por ejemplo?

No sé cómo funciona exactamente en España el abogado pro-bono, pero en Holanda puedes llevar tu bufete de abogados de forma rentable como abogado pro-bono si también tienes una parte comercial.

Esta combinación hace que un bufete de abogados sea rentable. En los últimos años, el gobierno ha hecho nuevos recortes y está poniendo cada vez más difícil a los abogados lo que en España se denomina asistencia jurídica gratuita. Estoy en contra de esos recortes. Mi caso también ha puesto de manifiesto la importancia de la asistencia jurídica financiada por el Estado, ya que fueron especialmente los menos pudientes los que tuvieron que enfrentarse a los métodos ilegales del Gobierno. Los abogados comerciales no asisten a estas personas.

Yo no he elegido mi trabajo en función de lo que se puede ganar con él; el dinero no es mi motor. Creo que, si trabajas en un campo del derecho con pasión, te irá bien económicamente. Siempre facturo lo menos posible a mis clientes, y más a la otra parte. Por lo general, eso tiene éxito. Este es también mi método de trabajo en este caso en contra de la Hacienda holandesa.

Su constancia en la defensa de los derechos de los más desfavorecidos frente al innegable poder del Estado ha tenido que ser complicada en lo personal y lo profesional. ¿Se siente satisfecha?

No es satisfactorio ser un abogado que defiende los derechos de los ciudadanos contra un Gobierno mentiroso que a su vez viola la ley, discrimina a las personas, oculta documentos al tribunal, y pone a los ciudadanos en listas secretas de fraude sin darles un juicio justo (porque estas personas ni siquiera sabían que estaban siendo consideradas autoras de un fraude). Es más bien una decepción. Creo que, en los procedimientos hacia los ciudadanos, el gobierno debe ser íntegro, transparente en documentos y respetar sus derechos.

El hecho de que haya podido defender los derechos de estos ciudadanos se debe a que accidentalmente recibí un expediente de un funcionario en el que vi cosas que se nos ocultaron al juez y a mí. El encuentro con un denunciante, la política y los medios de comunicación después, llevaron el expediente a este nivel. Me siento honrada de trabajar con otros para hacer que el gobierno en los Países Bajos sea más justo.

Si no hubiera sido por la visibilidad de su defensa de colectivos desfavorecidos como los inmigrantes es probable que muchos ciudadanos europeos no hubieran descubierto que en países como Holanda también existe la discriminación. ¿Se ha sentido intimidada por alguien en algún momento por hacer este trabajo?

En mi estrategia mediática, al principio no ponía a mis clientes de origen extranjero en primer plano en la televisión, los periódicos y la radio. Al principio puse a sus parejas (si eran de origen holandés) en primer plano para que el caso no se limitara a los problemas con los extranjeros y todos los holandeses pudieran identificarse. Hasta julio de 2020 no tenía pruebas fácticas de la discriminación porque la investigación de la Autoridad de Datos Personales aún estaba en curso y no había concluido. No me pareció bien que sin un informe de esta autoridad, que confirmara que había habido discriminación, ya se dijera que la había habido, aunque lo supiera desde 2014. Creo que este método de trabajo ha creado un precedente y el clamor general de la población.

No me he sentido intimidada. Por supuesto, se lanzaron acusaciones y ha habido funcionarios que enfadados salieron gritando de las reuniones con una actitud agresiva. Se siente la presión del lado de Hacienda porque obviamente ve que está perdiendo. Pero esa presión era fácil de soportar quedándote tranquila, y como nunca fue física no me afectó.

 

El proyecto europeo, y en concreto la primacía del derecho comunitario, vive momentos difíciles ante el desafío de algunos países. ¿Qué papel considera que juega el derecho de la Unión en estos momentos?

Creo que el derecho europeo siempre desempeña un papel en todas las normativas de un país. También considero que hay que cumplirla porque esta legislación contiene derechos y obligaciones que se aplican a todos y protegen a todos. Estoy en contacto con personas del Parlamento Europeo en relación con este expediente.

¿En que ha afectado a su vida personal y profesional haber hecho – nada más y nada menos- caer a un Gobierno y provocar un adelanto electoral?

La caída del Gobierno en enero de 2021 fue, nada más y nada menos, que una caída inteligente. Al fin y al cabo, la semana siguiente debía celebrarse un debate y se daría un voto de censura. No me ha afectado personalmente ni en mi vida profesional. El nuevo Gobierno vuelve a tener la misma composición. Sigo teniendo que lidiar con los funcionarios del Departamento de Impuestos que ya estaban antes de la caída. Con o sin Gobierno esto continuará de la misma manera. Como decía Albert Einstein: “No podemos resolver los problemas utilizando el mismo tipo de pensamiento que utilizamos cuando los creamos”. En este momento estamos en esta fase.

Estas personas que ya trabajaban en esos puestos tienden a mantener las cosas como estaban en lugar de esforzarse por cambiarlas. Wanda de Kanter, una especialista en pulmones y activista antitabaco, siempre me dice que existen personas que son “frenos permanentes”. Personas que actúan como si quisieran el progreso (y en mi caso que quieren resolver los problemas que han causado a, por ejemplo, mis clientes), pero mientras tanto frenan las soluciones porque, de lo contrario, serán redundantes. Y no quieren perder sus puestos de trabajo. Por eso se está viendo que no avanzan en la resolución y en pagar los daños y perjuicios.

Los Países Bajos liberalizaron funciones notariales, estableciendo modelos de competencia de precios, hace casi 20 años. En España sigue siendo un cuerpo de naturaleza pública con aranceles establecidos, ¿Qué modelo le parece mejor?

Desconozco los métodos de trabajo del notariado en España o si los ciudadanos españoles consideran importante que el modelo siga siendo el actual. Creo que los ciudadanos de los Países Bajos en general dan cada vez más por sentada la «seguridad jurídica». En un mercado liberalizado, esto hace que la seguridad jurídica «secular» sea un producto difícil. Pero ofrecer seguridad jurídica sigue siendo la piedra angular de la práctica notarial. Creo que, en un modelo liberalizado, la práctica notarial debería desarrollarse y también debería aportar valor en otras áreas, como el asesoramiento, el control de los registros y la supervisión de los procesos.

“Mi caso ha puesto de manifiesto la importancia de la asistencia jurídica financiada por el Estado”

Huella digital

Eva González mantiene una cuenta de Twitter en la dirección @MEGonzalezPere2 y tiene una entrada en Wikipedia con un resumen de su biografía

La BBC realizó un reportaje donde explica los detalles del caso destapado por Eva González que puede leerse aquí

“No es satisfactorio ser un abogado que defiende los derechos de los ciudadanos contra un Gobierno mentiroso que viola la ley”

“Me siento honrada de trabajar con otros para hacer que el gobierno en los Países Bajos sea más justo”