Entrevista a Patricia Arrizabalaga, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

EN CURSO LEGAL

PATRICIA ARRIZABALAGA ITURMENDI

Magistrada del tribunal superior de justicia del país vasco

«Todos precisaremos en algún momento de medidas de apoyo»

ÁLEX OVIEDO

La magistrada Patricia Arrizabalaga participó en San Sebastián en el curso de verano Persona, Empresa y Tecnología, organizado por el Consejo General del Notariado. En él habló sobre los Aspectos prácticos de las medidas de apoyo. Actualmente es delegada del Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

«ES NECESARIA LA COLABORACIÓN DE LO PÚBLICO Y PRIVADO EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD»

Patricia Arrizabalaga nació en Bilbao, aunque pasó su infancia y adolescencia en Ceuta. Estudió en la Universidad de Deusto y opositó a magistratura, una profesión a la que quería dedicarse desde joven. Su primer destino fue la localidad guipuzcoana de Eibar, después Vitoria, y finalmente Bilbao, donde descubrió, en el Juzgado especializado en materia de discapacidad en el que sirve, «un mundo que solo me ha aportado cosas buenas, profesional y personalmente».

–Hace ya dos años entró en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. ¿Cuáles son sus novedades significativas?

–Destacaría las siguientes: las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, entendida como aptitud para actuar en el tráfico jurídico, son iguales a las demás, y, en consecuencia, tomarán ellas sus decisiones, en su caso con los apoyos que precisen, los justos y necesarios, ni más ni menos. En segundo lugar, la desjudicialización de su vida, hasta donde sea posible, dando preferencia absoluta a las medidas voluntarias de apoyo de las que se provea la propia persona, y en las que los notarios juegan un papel esencial. Por último, reconociendo una realidad social, y es que la guarda de hecho en muchísimos casos funciona como apoyo adecuado y suficiente.

–¿Qué cambia con respecto a la normativa anterior?

–Debe cambiar todo, si se aplica atendiendo a su espíritu y finalidad, que son sustancialmente los de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Aunque para que el cambio sea real y efectivo es precisa una transformación radical de mentalidad, no solo de los operadores jurídicos sino social, cultural, educacional. Tenemos la obligación de hacer pedagogía. La persona con discapacidad se sitúa en el centro mismo del sistema, es la protagonista absoluta, y así debe ser, desde un modelo social de derechos humanos.

–¿A qué llamamos persona con discapacidad?

–La discapacidad como circunstancia, no como esencia que define a la persona, es un concepto heterogéneo, que incluye realidades diversas, es dinámico. Pero desde un punto de vista jurídico, en el ámbito de la Ley 8/2021, es la que afecta únicamente al ejercicio de la capacidad jurídica, principalmente las discapacidades intelectual y psicosocial en la medida en que incidan en las facultades intelectivas y volitivas de la persona. Debemos ser conscientes de que todos nosotros, solo por el hecho natural de envejecer, precisaremos en algún momento de medidas de apoyo. Considero muy interesante que se extienda la cultura de la necesidad de planificar, a través de medidas voluntarias, los apoyos que queremos.

–¿Qué es una medida de apoyo?

–El apoyo es un concepto muy amplio, pero en lo que aquí interesa, es el que permite ejercer la capacidad jurídica referida antes; más concretamente, la Ley contempla las medidas voluntarias, la guarda de hecho y las judiciales –la curatela y el defensor judicial–, siendo estas las que deben entrar en juego en último lugar.


«EL DESCONOCIMIENTO DE LA LEY 8/2021 ES TRISTEMENTE MUY RELEVANTE. OPERADORES JURÍDICOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEBEMOS DARLA A CONOCER»


–¿Qué es la guarda de hecho?

–Es una medida informal de apoyo, que no precisa de investidura judicial, de una resolución judicial que la declare o constituya. Es el apoyo que se le proporciona a la persona con discapacidad por quien más próximo está a ella, generalmente, en su entorno familiar, debiendo ser adecuado y suficiente. Cuestión distinta es la problemática de su prueba, en la que son muy interesantes las actas de notoriedad y también los protocolos firmados con la Banca para que se avance en su reconocimiento efectivo como medida de apoyo.

–¿Y la curatela? ¿Hay diferencias sustanciales con la tutela? ¿Son conceptos distintos?

–Son radicalmente diferentes: la tutela de personas mayores de edad (o menores emancipados) prevista en la legislación anterior suponía la «muerte civil» de la persona con discapacidad, a quien literalmente se le sustituía en la toma de decisiones que le concernían, tanto personales como patrimoniales, quedando aislada, al margen de su propia vida. La curatela es otra cosa: tiene que ver con el cuidado de la persona con discapacidad, en el sentido precisamente de asistirla, acompañarla, informarla en su toma de decisiones. Una toma de decisiones, como regla general, le pertenece a ella, sin circunscribirse a aspectos económicos o patrimoniales, sino a decisiones de trascendencia personal. No debe inducir a confusión la curatela representativa, excepcional en el nuevo sistema, que solo entrará en juego cuando se constate la imposibilidad absoluta de autodeterminación. Pero, y esto es importante, incluso debe entenderse no como sustitución sino como reconstrucción o interpretación de la voluntad de la persona, atendiendo a su trayectoria vital, creencias, valores, los factores que hubiera tomado en consideración si no hubiera precisado de dicha medida.

–¿Qué obligaciones tiene el curador? ¿Quién puede serlo?

–Destacaría el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad a quien se asiste, siendo muy interesante la obligación de mantener contacto personal con ella, y fomentar que precise de menos apoyos en el futuro. Para garantizar todo ello son indispensables las salvaguardas y controles que corresponde fijar al juez, para evitar conflictos de intereses, abusos o influencias indebidas… En coherencia con el nuevo sistema, tiene prioridad el nombramiento que haga la propia persona con discapacidad, sin perjuicio de que, en determinadas circunstancias, la Ley establece un orden de prelación, que incluye, y esto es lo interesante dada la evolución de la sociedad, a los «allegados», a los más próximos. Se trata de respetar su voluntad al respecto o, en su defecto, designar a la persona más idónea para comprender e interpretar sus deseos y preferencias.

–¿Cómo solicitar una medida de apoyo?

–Si hablamos de las estrictamente judiciales, esto es, la curatela y el defensor judicial, bien a través del Ministerio Fiscal, bien directamente, mediante una solicitud ante el Juzgado, en un expediente de jurisdicción voluntaria, en principio, más sencillo, ágil y flexible que un proceso contencioso.

–¿Qué implicación tiene la ley en los operadores jurídicos? ¿Y en los notarios?

–Hay que cambiar el chip, ser conscientes de que la persona con discapacidad es la protagonista absoluta. Su voluntad, deseos y preferencias deben ser atendidos, en la medida de lo posible, a la hora de pedir y determinar los apoyos. En el caso de los notarios, asumen una gran responsabilidad para guiar a la persona en la determinación de sus propias medidas de apoyo, las primeras en la «jerarquía» de medidas contempladas en la Ley, debiendo cerciorarse de que la voluntad manifestada por la persona con discapacidad responde a una voluntad suficientemente formada, no viciada, mediatizada o «cautivada» por intereses espurios.


«LA TUTELA DE PERSONAS MAYORES DE EDAD (O MENORES EMANCIPADOS) PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN ANTERIOR SUPONÍA LA ‘MUERTE CIVIL’ DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD»


–¿No habría sido necesario haber dispuesto de elementos previos o personal especializado antes de la entrada en vigor de la ley?

–Es una realidad que faltan medios personales, materiales, formación… Pero no se puede esperar a tenerlos para aplicar una norma cuya necesaria promulgación ha sido un clamor, en especial desde el movimiento asociativo y las fundaciones. Cualquier cambio es siempre traumático pero, sencillamente, hay que hacerlo. Es cierto que actualmente requiere de mucho voluntarismo, que ni mucho menos es eficaz y suficiente, en lo que se refiere a los ajustes de los procedimientos para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad con los demás, lo que es un derecho contemplado en la Convención, que, no olvidemos, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y es de directa aplicación, y también en la propia Ley 8/2021.

–¿Qué sucede con las sentencias de incapacidad o de modificación de capacidad anteriores a esta Ley?

–Hay consecuencias importantes, pero me gustaría resaltar dos: primero, la personas que fueron «incapacitadas» ya no lo están por Ley, lo que es muy reconfortante transmitirles. Precisamente en aplicación de la Disposición Transitoria 5º de la Ley 8/2022, los Juzgados estamos obligados a revisar todas las sentencias anteriores, para adaptarlas a la nueva forma de entender la discapacidad; y segundo, todas las privaciones de derechos también quedan sin efecto, sin necesidad de declaración judicial.

–¿Se puede pedir la revisión de una sentencia antigua? ¿Quién puede hacerlo? ¿Existe algún plazo?

–Por supuesto, no solo quienes han venido asumiendo el ejercicio de las instituciones de guarda legal anteriores, sino, y esto es especialmente relevante, la propia persona con discapacidad. Me gustaría recalcar que hay un gran desconocimiento por parte de los afectados, tanto de la propia persona con discapacidad como sus familiares, quienes por lo general han asumido dicha función. En cuanto al plazo, la ley nos obliga a revisarlas en un plazo de tres años, que, al menos en órganos especializados, se está demostrando claramente insuficiente.

–¿Cómo mostrar la trascendencia de esta ley a una sociedad cada vez más avejentada?

–En mi experiencia profesional durante estos dos años, el desconocimiento es tristemente muy relevante, salvo quienes se relacionan con asociaciones y fundaciones. Los operadores jurídicos, cada uno en su ámbito, deben dar a conocer la Ley, también las Administraciones Públicas están obligadas a ello, a través de campañas, medios de comunicación, etc.

«LA PERSONA CON DISCAPACIDAD SE SITÚA EN EL CENTRO MISMO DEL SISTEMA, ES LA PROTAGONISTA ABSOLUTA, Y ASÍ DEBE SER»

Foro Æquitas sobre discapacidad

–Hace unos meses se constituyó el Foro Æquitas sobre discapacidad del Colegio Notarial del País Vasco de que usted formó parte. ¿Qué supone este foro?

–No lo puedo expresar mejor que la vicedecana del colegio Notarial del País Vasco, Carmen Velasco, el día de su constitución: la colaboración conjunta de todos los operadores jurídicos, universidades y asociaciones, lo público y lo privado, en favor de las personas con discapacidad, creando un lugar de encuentro, acogiendo la filosofía de la mesa redonda que recoge la ley 8/2021 de 2 de junio, para dar a conocer y aportar soluciones a las necesidades reales de aquéllas. Dicha coordinación es un presupuesto básico para que funcione el nuevo sistema. Y me gustaría destacar la importancia de la coordinación con los servicios sociosanitarios, ya que aunque la discapacidad tenga una base orgánica o psíquica, los apoyos se han de fijar en función de la situación, circunstancias personales, contexto, en definitiva, de la organización vital de cada persona con discapacidad, de modo que se ajuste a sus concretas necesidades de apoyo, que se ha demostrado no dependen tanto de la discapacidad sino de dichos extremos.

Entrevista a Almudena Arpón de Mendívil y Urquiola de Palacio. Al frente de la abogacía mundial

EN CURSO LEGAL

ALMUDENA ARPÓN DE MENDÍVIL y URQUIOLA DE PALACIO

Al frente de la abogacía mundial

De izquierda a derecha: Urquiola de Palacio y Almudena Arpón de Mendívil.
CARLOS CAPA

Almudena Arpón de Mendívil y Urquiola de Palacio presiden, en una coincidencia inédita (dos mujeres y dos españolas), las dos principales organizaciones mundiales de la abogacía: la International Bar Association (IBA) y la Unión Internacional de Abogados (UIA), respectivamente. Almudena Arpón de Mendívil, socia de Gómez-Acebo & Pombo y Urquiola de Palacio, socia directora de Palacio y Asociados, han recibido el premio Puñetas de Oro 2023, que concede la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR).

–Acaba de recibir el premio Puñetas de Oro que conceden los periodistas jurídicos españoles. ¿Qué supone para usted?

Almudena Arpón de Mendívil. Es un premio importante para mí. Primero, porque me lo concede la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos, que juega un papel muy relevante no sólo para los profesionales del derecho sino para toda la sociedad. En un momento en que la desinformación y las noticias falsas están ganando tanto terreno, debemos poner en valor la tarea de los profesionales y medios de comunicación rigurosos como los que integran ACIJUR. En la IBA hemos acometido proyectos importantes en defensa de la independencia de medios y la protección de periodistas, por ejemplo, participando en el High Level Panel of Legal Experts on Media Freedom. Además, ACIJUR me concede el premio por haber accedido a la presidencia de la IBA siendo socia de Gómez-Acebo & Pombo. Simultanear las dos carreras no ha sido fácil. La IBA desarrolla una actividad impresionante y, sobre todo, tiene una misión crucial: contribuir a la estabilidad y a la paz global, al progreso, en definitiva, al Estado de Derecho. Yo he asumido el compromiso de seguir trabajando en esa dirección, poniendo de relieve la contribución de la abogacía a la sociedad con un proyecto específico en ese sentido y perseverando, aún más, en la defensa del Estado de Derecho. Finalmente, siempre recordaré este premio con mucha ilusión por haberlo recibido ex aequeo con Urquiola de Palacio, una grandísima y muy querida profesional que preside ahora la Union International d’Avocats. Sí, dos abogadas españolas, a la vez, al frente de las dos mayores asociaciones de la abogacía mundial. No es casual.

Urquiola de Palacio. Me ha hecho mucha ilusión recibir este premio, del cual he seguido los pasos en ediciones anteriores. Es especialmente gratificante recibir un premio de la prensa jurídica especializada, cuando los componentes del jurado escrutan el mercado desde una atalaya privilegiada. Además, creo que es una magnífica oportunidad para dar visibilidad en España a la Unión Internacional de Abogados que, a pesar de ser la más antigua de las asociaciones de abogados dedicados a la práctica internacional (fundada en 1927), no es muy
conocida.

Presiden las dos principales organizaciones internacionales de abogados. ¿Cambio de paradigma en el sector legal? ¿El techo de cristal se está desmoronando?

U. de P. Hace tiempo que, en el momento de acceder a las profesiones jurídicas, la incorporación es mayoritaria de mujeres. Sin embargo, pasados unos años (respecto de generaciones en que en el momento de colegiación ya sucedía lo que he indicado) se invierte la mayoría en favor de los hombres. Esto es porque sigue habiendo más mujeres que deciden abandonar la carrera profesional para dedicarse a su familia debido en gran medida para las dificultades para conciliar, que deben corregirse. No creo en techos de cristal, pero la realidad es que las mujeres todavía tienen que esforzarse más y hacer más renuncias (que no digo que por parte de los hombres ciertos puestos no supongan sacrificios) para poder acceder a puestos de responsabilidad.

A. A.de M. No me atrevo a hablar de cambio de paradigma, pero sin duda, hay una tendencia muy positiva en el sector legal y, en general, en la sociedad, de toma de conciencia sobre la relevancia de la igualdad de género. En la abogacía aún se tiene que mejorar en el acceso a puestos de responsabilidad. Por ejemplo, en España según el estudio de la IBA 50/50 by 2030, frente al 54% de mujeres abogadas en el conjunto de la profesión jurídica, apenas el 31% se encuentra en puestos directivos.

Es muy importante que mujeres valiosas alcancen esos puestos de responsabilidad en el sector legal; que redacten las normas, las interpreten, las apliquen y asesoren sobre las mismas. Esa presencia será una herramienta poderosa para articular condiciones equitativas de género en toda la arquitectura jurídica.

Yo he asumido la presidencia de la IBA con el compromiso de que la igualdad de género se convierta en una seña de identidad de la abogacía a nivel global. Durante el bienio 2023-2024, la igualdad de género es una de nuestras cinco líneas estratégicas. Estamos trabajando para ayudar a nuestros miembros y al sector legal en general a mejorar los índices de igualdad de oportunidades en todos los niveles, desde el acceso a la profesión, hasta el desarrollo profesional y, muy especialmente, el liderazgo en las organizaciones.

–¿Consideran que las dos culturas jurídicas prácticamente universales –el Derecho Continental y el Common Law– están acercando sus formatos?

U. de P.– Creo que el diálogo entre los sistemas jurídicos es una realidad en ciertos contextos, y uno de ellos -y privilegiado- sin duda es la UIA. En UIA tenemos miembros provenientes de más de 110 países y, como puede imaginar, todas las tradiciones jurídicas están presentes y dialogan entre sí y se enriquecen de ese contacto. En un mundo globalizado es evidente que las características originales que les eran propias y no compartidas se van desdibujando en alguna medida, y todos aprendemos los unos de los otros (por ejemplo, con la proliferación de “statutory law” en los países de tradición anglosajona -que supone el acercamiento a la codificación material tradicional del sistema continental-, y la flexibilización procesal -que se está incorporando paulatinamente en la tradición continental a imagen del derecho anglosajón-).

A. A. de M.– Se está desarrollando una suerte de derecho común de los negocios internacional especialmente en el ámbito corporativo, tanto transaccional como de gobierno, cumplimiento normativo, financiación internacional y también en litigación, arbitraje y mediación de ámbito transnacional. Sin embargo, las dos culturas jurídicas se mantienen. Precisamente la diversidad de regulaciones en distintas jurisdicciones (por ejemplo, en materia de inversiones extranjeras o de control de concentraciones) es uno de los principales obstáculos para que la globalización tenga fiel reflejo en el entorno jurídico.

 


URQUIOLA DE PALACIO: “ES NECESARIO INCORPORAR LAS INNOVACIONES DE MANERA ORDENADA A TRAVÉS DE REGLAS JURÍDICAS, EVITANDO EFECTOS DISRUPTIVOS”


 

-La digitalización es una de las vigas principales que sostienen la nueva sociedad que se está construyendo. ¿Qué papel tienen los juristas en que este cambio se haga con pleno respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos?

A. A. de M.– Los colegios de abogados y las asociaciones internacionales en el ámbito legal tienen un papel principal en este ámbito. Deben contribuir a promover la normativa protectora de esos derechos fundamentales, su correcta aplicación y difusión. También hay una tarea importante de formación en estas cuestiones novedosas. Hablamos sin duda del derecho a la intimidad, a la información, la libertad de expresión y también del propio acceso a los medios digitales en la medida en que se utilicen en los procesos de resolución de conflictos (acceso a la justicia). Desde la IBA trabajamos en esta línea con informes sobre Digital Identity, Digital Transformation and Human Rights, Covid-19 and Court Procedures: An Access to Justice Report, entre otros. En la conferencia anual que celebraremos en Paris en otoño de este año, habrá más de quince sesiones sobre el impacto de la digitalización en distintas áreas jurídicas y en el propio ejercicio profesional.

 


ALMUDENA ARPÓN DE MENDÍVIL: “HE ASUMIDO LA PRESIDENCIA DE LA IBA CON EL COMPROMISO DE QUE LA IGUALDAD DE GÉNERO SE CONVIERTA EN UNA SEÑA DE IDENTIDAD”


 

U. de P.– En los últimos días hemos conocido la iniciativa de la Unión Europea en materia de Inteligencia Artificial. Hace años que se han venido regulando realidades como las criptomonedas, o que se trabaja en materias como la regulación de la identidad digital. Estos son solo ejemplos que evidencian la necesidad de incorporar las innovaciones de manera ordenada mediante reglas jurídicas, evitando efectos disruptivos que pudieran erosionar el Estado de Derecho y la confianza de los ciudadanos. Ahí los abogados tenemos desde luego un importante papel que jugar.

-¿Son los mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos -en los que están plenamente implicados los notarios- la solución al “atasco judicial” español?

A. A. de M.– Son uno de los mecanismos para mitigar la sobrecarga de trabajo y la consiguiente lentitud de los procesos judiciales. Pienso que aún son poco conocidos, tenemos que dar mayor difusión a esas alternativas extrajudiciales para aligerar el atasco judicial: la justicia retrasada es justicia denegada y una eficacia judicial mayor está relacionada con más inversión de las empresas. Lo explica muy bien un estudio del Banco de España: si se lograra una reducción de 10 puntos porcentuales en la tasa de congestión de la justicia se podría alcanzar un incremento medio de la tasa de inversión de 0’1 puntos porcentuales.

Desde la IBA estamos promoviendo el recurso a sistemas alternativos de acceso a la justicia más informales y de menor coste a través del Rule of Law Forum de manera que la justicia sea más accesible y asequible, como sistemas de mediación online.

U. de P.– Soy una convencida de la utilidad de esos mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos y de su interés per se; no ya como “desatascadores de la jurisdicción” sino por su utilidad en la gestión del conflicto. Hay distintos actores que participan en la administración de este tipo de Medios Adecuados de Resolución de Conflictos; y así junto a los notarios, encontramos como actores significativos a las Cámaras de Comercio y a los Colegios de Abogados. Permiten a las partes en conflicto encontrar una solución mediante medios autocompositivos -como la mediación o la conciliación, en las que el mediador o conciliador es un facilitador de la comunicación y negociación entre las partes, pero son estas quienes se dan la solución- o mediante medios heterocompositivos -en que las partes encomiendan a uno o varios terceros que les den la solución, sea en derecho o en equidad; como es el caso del arbitraje comercial o de los “dispute boards”-.

-La seguridad jurídica es clave para hacer de un país un lugar atractivo para las inversiones. ¿Cómo valora el papel del notariado en este campo?

U. de P.– El notario es el elemento clave en la seguridad jurídica preventiva, y cumple una función esencial de control de legalidad -que lleva incluso al asesoramiento a las partes- y dación de fe. La digitalización, también en este ámbito, está trayendo novedades que entrañan difíciles procesos de adaptación para no desvirtuar esa función esencial.

A. A. de M.– Muy positivamente. La función pública del Notariado en España tiene precisamente ese cometido: ser garantes de legitimidad y seguridad tanto para los particulares como para el Estado. Esto es un ingrediente esencial para la seguridad jurídica. Me gusta pensar en los abogados como merchants of trust, aportando la confianza en la corrección jurídica y, me atrevo a decir, ética, de los temas que asumimos en representación de nuestros clientes; los notarios han de ir un paso más allá aportando mirada no sólo experta y ética, sino también independiente y objetiva.

Almudena Arpón de Mendívil posa con el dibujo de Esteban que le entregaron como galardón.

«LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL NOTARIADO EN ESPAÑA ES UN INGREDIENTE ESENCIAL PARA LA SEGURIDAD JURÍDICA»

Huella Digital

Urquiola de Palacio mantiene una cuenta en Twitter @UrquiolaPalacio
En Linkedin su perfil se encuentra aquí.

La UIA tiene también un perfil en Linkedin accesible aquí.

Almudena Arpón de Mendívil no tiene perfil en las redes sociales, pero lo tiene la IBA en Linkedin. 

Urquiola de Palacio.

«EL NOTARIO ES EL ELEMENTO CLAVE EN LA SEGURIDAD JURÍDICA PREVENTIVA Y CUMPLE UNA FUNCIÓN ESENCIAL DE CONTROL DE LEGALIDAD»

Entrevista a Mª Ángeles Picado y Carlos Toledo, números uno de las últimas oposiciones a notarios

EN CURSO LEGAL

Mª Ángeles Picado y Carlos Toledo,

números uno de las últimas oposiciones a notarios

Camino hacia la excelencia

816 licenciados en Derecho se presentaron a las últimas oposiciones al título de notario. Sólo 90, 46 mujeres y 44 hombres, superaron los cuatro ejercicios. Entre ellos se encuentran María Ángeles Picado Moreno (30 años), de Madrid, y Carlos Toledo Muñoz-Cobo (26 años), de Punta Umbría (Huelva), que obtuvieron las notas más altas. Ambos nos cuentan, en esta entrevista, cómo ha sido su camino hasta conseguir el aprobado y cuáles son sus objetivos como nuevos notarios.

FÁTIMA PÉREZ DORCA
«MI OBJETIVO ES QUE TANTO MIS COMPAÑEROS COMO LOS CIUDADANOS QUE ACUDAN A MI NOTARÍA PUEDAN CONFIAR EN MÍ»
«ESPERO CONTRIBUIR, MEDIANTE UN EFICAZ ASESORAMIENTO, A QUE TODOS LOS USUARIOS QUE ACUDAN A LA NOTARÍA PUEDAN ALCANZAR SUS FINES LÍCITOS»

 

– ¿Qué le llevó a opositar a notarías?

– Mª Ángeles Picado. Desde pequeña me había llamado la atención la profesión, me parecía muy acorde a mi personalidad y me aportaba cosas que considero indispensables: autonomía, estabilidad laboral y económica y la posibilidad de hacer algo por otras personas. Ser notaria no sólo te permite vivir de tu trabajo sino también tenderle la mano a alguien que te necesita. Todo el mundo gana y eso es algo que me parece muy enriquecedor.

– Carlos Toledo. Mucho antes de empezar la carrera tenía en mente la idea de ser notario. Mi padre lo es y siempre nos ha transmitido su pasión por la profesión. Él ha sido siempre mi ejemplo y referente. Aun así, como no era una decisión firme, no quería cerrar puertas a otras opciones y estudié el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Y fue más tarde, durante la carrera, cuando me di cuenta de que el Derecho Privado era la rama que más me entusiasmaba y de que la profesión de notario me ayudaría a alcanzar la felicidad desde un punto de vista profesional.

– ¿Cómo es un día normal en la vida de un opositor?

– M. A. P. Cuando empecé a opositar estudiaba unas ocho horas diarias, pero con los años acabé incrementando el horario a doce horas al día. No sólo de estudio, también de dictámenes, actualización de temas… Los fines de semana se me hacían más duros porque era cuando mi familia estaba en casa y mis amigos tenían tiempo libre para salir y a mí se me complicaba más organizarme. Aun así, siempre descansaba como mínimo un día, normalmente los sábados, y trataba de sacar tiempo para mí.

– C. T. Un día normal durante la oposición gira en torno al estudio continuado para poder aprovechar el mayor número de horas. En mi caso, dedicaba algunos descansos a hablar con mis padres y con mi novia, y hacía las pausas necesarias para las comidas, que compartía con mi hermano Rafael, con quien he convivido durante la oposición y que también ha aprobado en esta promoción. Además, procuraba hacer algo de deporte al final del día. Los fines de semana solía reproducir el mismo esquema. Me presenté a la oposición con relativamente poco tiempo de preparación, por lo que intentaba exprimir al máximo cada semana y prácticamente no descansaba ningún día.

– ¿Qué ha sido lo mejor y lo más difícil durante este proceso?

– M. A. P. Lo mejor ha sido sin duda el crecimiento a nivel personal. Los momentos de soledad te hacen conocerte más a ti misma, aprender a poner límites, te dan una buena dosis de humildad y te hacen madurar. En cuanto a lo más difícil, ha sido sentir que no tenía tiempo para realizar otras actividades, así como lidiar con la incomprensión de algunas personas respecto a esto… Pero el esfuerzo ha merecido la pena.

– C. T. Lo más gratificante ha sido lograr un reto que parecía casi una quimera. Pero incluso antes de conseguirlo la oposición ha sido una etapa gratificante y puedo decir que plenamente feliz en mi vida, seguramente por ver cómo he ido profundizando en el Derecho y progresando gracias al esfuerzo y el trabajo. En el aspecto negativo resaltaría la incertidumbre consustancial a la propia oposición pero que, sin duda, se compensa con la esperanza de lograr el resultado.

– ¿Qué consejos daría a los que decidan realizar esta oposición?

– M. A. P. Les diría que el descanso, por mínimo que sea, es fundamental para aprobar, porque un opositor agotado sucumbe a la desesperación con mucha más facilidad y para soportar la tensión hay que mantener la cabeza muy fría. En relación con esto, también es muy importante aprender a afrontar el miedo. Todos experimentamos diversos grados de inseguridad antes de entrar en el examen, pero hay que pensar que es la única oportunidad de defender el trabajo que has hecho durante años y hay que hacerlo con la mayor dignidad posible, salgan los temas que salgan. También es importante seguir tu propio camino y no compararte con otros compañeros, ya que cada uno tiene una situación personal y unas circunstancias distintas.

– C. T. Me gustaría transmitirles que acometan la oposición con optimismo y aliento, con la ilusión de que el aprobado puede estar al alcance del que se emplee a fondo. Sobre los descansos y la rutina, cada opositor tiene sus propios hábitos, y prefiero no aconsejar en ese sentido. Sí diría que no hay fórmulas mágicas: el trabajo y la entrega son las herramientas para conseguirlo.

– Para todos aquellos que duden en opositar, les invito a que afronten el reto. A pesar del sacrificio y el esfuerzo que supone, si verdaderamente tienen la convicción y vocación de ser notarios, o cualquier otra profesión a la que se acceda por oposición, merece la pena intentarlo y luchar por ello, pues en cualquier caso nunca los conocimientos aprendidos caerán en “saco roto”.


“LO MEJOR DE ESTA ETAPA DE ESTUDIO HA SIDO EL CRECIMIENTO PERSONAL. LOS MOMENTOS DE SOLEDAD TE HACEN CONOCERTE MÁS”


– Si no hubiera sido notario, ¿qué otra profesión hubiese elegido?

– M. A. P. Seguramente habría intentado ser registradora u oficial de notaría, por ser lo más parecido a ser notario y permitirme aprovechar lo ya estudiado, que es apasionante. Pero si hablamos de otro camino distinto, la verdad es que me habría encantado ser gimnasta o dedicarme al baile, que curiosamente eran las únicas cosas que me suscitaban una vocación similar.

– C. T. Seguramente habría sido abogado. El ejercicio de la abogacía me parece apasionante, pues permite una aplicación práctica y creativa del Derecho.

– ¿Cómo fue el examen?

– M. A. P. En los exámenes de este año he pasado mucha tensión, ya que era mi última convocatoria y no tenía margen de error. Los orales me preocupaban algo menos al haberlos aprobado ya una vez. Aunque reconozco que el segundo ejercicio es muy difícil de preparar, al ser mucha materia en muy poco tiempo, para mí la peor parte siempre fue el tercero. No se me daba bien y tuve que trabajarlo mucho hasta hacerlo bien.

– C. T. El primer examen es el que más impresiona. En mi caso, era la primera vez que me presentaba y realizar el ejercicio oral ante el tribunal, teniendo en cuenta la autoridad y cualificación de sus miembros, no deja de ser una presión escénica y un desafío. Me parecía un verdadero reto que motivaba aún más el estudio diario y la dedicación absoluta.


“LA OPOSICIÓN HA SIDO UNA ETAPA GRATIFICANTE Y PLENAMENTE FELIZ EN MI VIDA”


Con el último ejercicio, el dictamen, fue con el que más disfruté durante la preparación: se trata de un caso práctico sobre varios problemas y situaciones jurídicas complejas y opinables, a resolver durante 6 horas. El dictamen te permite desarrollar los conocimientos adquiridos durante los dos ejercicios orales, aplicando el Derecho desde una óptica muy cercana a la realidad del despacho notarial.

– ¿Qué sintió al saber que estaba entre los dos primeros de la oposición?

– M. A. P. Cuando lo supe no me lo podía creer. Yo sólo quería aprobar, con la nota que fuera, y había varios compañeros muy competentes que supuse que quedarían mejor posicionados, así que me costó varios días asumir tanto el puesto como el propio aprobado. Me emocioné más adelante, tras la unificación de los tribunales. Es una alegría indescriptible. Me siento agradecida porque, al igual que he sido yo la que ha quedado en esta primera posición, podrían haber sido otros compañeros.

– C. T. Sentí una enorme satisfacción. Sin duda fue uno de los días más felices de mi vida. No solo por obtener el número uno de mi tribunal sino también porque supuso un gran orgullo ver cómo se materializaba el esfuerzo y el trabajo invertido durante toda la oposición en forma de aprobado. Además, nuestra felicidad se multiplicó porque mi hermano aprobó con la cuarta mejor calificación del tribunal.

– ¿Cuáles son sus objetivos como notario?

– M. A. P. Me gustaría demostrar, como hacen tantos compañeros, que el notario no es sólo la persona que viene a firmar, sino alguien accesible, que se comunica con sus clientes y se preocupa por sus asuntos. Quiero ser una buena compañera y desempeñar mi trabajo con la mayor diligencia posible. En definitiva, mi objetivo es ser alguien en quien mis compañeros puedan confiar y poner mi profesión al servicio de la ciudadanía.

– C. T. Quiero dedicarme al ejercicio de la profesión de notario en cuerpo y alma, con toda la intensidad y entrega que sea capaz. Intentaré con el día a día ser útil y ganarme la confianza de los usuarios en el servicio y en el ejercicio de la función pública que fundamenta nuestro oficio. Espero no perder nunca de vista la gran ayuda que los notarios podemos aportar a los ciudadanos e instituciones, contribuyendo, a través de un eficaz asesoramiento, a que todo el que acuda a la notaría pueda alcanzar sus fines lícitos.

Entrevista a Manuel García-Castellón, magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional

EN CURSO LEGAL

Manuel García-Castellón,

magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional

“La independencia judicial no puede quedar en entredicho de una forma gratuita”

Manuel García-Castellón y García-Lomas es el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Autodenominado como “juez vocacional” estudió derecho en la Universidad de Salamanca e ingresó en la carrera judicial en 1977, iniciando su carrera como juez de instrucción en diversos juzgados, hasta llegar al decanato de los juzgados de Valladolid en 1.993 desde donde partió a la Audiencia Nacional. Juez de Enlace con Francia durante casi tres lustros, tuvo que bregar con años duros en el combate al terrorismo de ETA.

Hace unos días la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) le concedió el premio Puñetas de Plata por “por haber instruido juicios de enorme relevancia política y económica, con profesionalidad e imparcialidad” según reconoció el jurado de los galardones.

CARLOS CAPA,

Periodista.

«YO SIEMPRE HE SIDO JUEZ DE INSTRUCCIÓN, VOCACIÓN DE LA QUE NUNCA ME HE MOVIDO, Y QUE ME HA DADO LA GRAN SATISFACCIÓN DE AYUDAR A LOS DEMÁS»

Hace unas semanas recibió el premio Puñetas de Plata que concede la Asociación de Comunicadores e informadores Jurídicos (ACIJUR). ¿Qué supuso para usted?

Naturalmente una gran satisfacción; si dijera lo contrario en este caso mentiría. Y más en una época como esta, en la que los que tomamos decisiones somos objetos de ataques a fondo por poderes de todo tipo. Ya no es que te insulten, te injurien o te amenacen, es que se ataca a la independencia judicial, no ya solo la propia, sino la de todos los jueces que sufren el efecto de la piedrecita en el estanque, generando ondas concéntricas que acaban llegándoles y pudiendo perturbarles. La independencia judicial no puede quedar en entredicho de una forma gratuita.

Es usted uno de los llamados “jueces mediáticos”, aunque quizás los que son mediáticos son los casos que instruye. ¿Qué tal se lleva con la prensa? ¿Qué papel cree que deben jugar los periodistas en el ámbito de la justicia?

En la Audiencia Nacional se ve claramente esa relación. Aquí hay decenas de periodistas acreditados, que obtienen no solo información, sino también asesoramiento u orientación de carácter técnico que ayuda a que lo que trasladen a los ciudadanos sea lo suficientemente riguroso y comprensible. Lógicamente hay temas que por su propia naturaleza reservada no se pueden compartir.

En todo caso creo que no se puede perjudicar a nadie que esté en un procedimiento dando informaciones no contrastadas: la llamada pena de banquillo. Una situación que se ha agravado con el paso del tiempo. A veces prima la información inmediata, difundida por canales digitales, sobre la veracidad o la rigurosidad. Y eso no debería pasar.

¿Cómo valora el estado de la Justicia en España? ¿Cree justificado el debate público sobre su independencia y la de los jueces?

El que piense que tenemos la desgracia de que España sea un estado fallido, no sabe lo que dice. La profesión de juez es sumamente vocacional, quizás como puede ser la de médico o sacerdote, y en mis muchos años de carrera siempre he visto integridad. El 99,9% de los jueces son independientes, aunque como en todos los lugares puede surgir una oveja negra. Yo nunca he visto más que profesionalidad en la Carrera Judicial. Efectivamente la Justicia tiene defectos, como puede ser la lentitud, pero eso no afecta a la integridad de los jueces.

Ha pasado más de 16 años de su carrera ocupando puestos en el extranjero. ¿Qué le ha aportado esta experiencia?

Lo que nos transmiten todos los que recurren a la Audiencia Nacional para obtener colaboración internacional es su agradecimiento y el reconocimiento de la eficiencia y facilidades que damos en el marco de esta colaboración.

Mi experiencia como juez de enlace en Francia, durante años duros de terrorismo, es que no encontramos la misma colaboración que nosotros ofrecemos a otros países. Me hubiera gustado tener en aquel momento más ayuda de un país en el que cayeron todas las cúpulas de ETA; no lo hicieron en España o en Portugal, sino en Francia y a veces nos encontramos un muro en la colaboración.

Sin duda creo que muchas muertes o heridos podrían haberse evitado con una mayor cooperación. Afortunadamente esa época pasó y la actuación y compromiso de todos los poderes llevaron a acabar con una época de terror y limpieza étnica en el País Vasco en septiembre de 2011.

Pasó más de tres lustros fuera de la Audiencia Nacional. ¿Encontró muchos cambios a su regreso?

Encontré un cambio físico obviamente por las obras que habían remodelado el edificio. En otro sentido no tanto, ya que debido a mi función en el extranjero mis contactos y comunicaciones eran constantes con los compañeros que estaban en la Audiencia.

Indudablemente cuando regresé la situación no era la misma que cuando me fui: había desaparecido el terrorismo de ETA y del GRAPO y había aumentado el islamista y se habían incrementado exponencialmente los delitos económicos.

Solo cuando ejerces en un órgano como este con competencias centrales te das cuenta de los magníficos medios con los que actúan otros servicios centrales como la Policía y la Guardia Civil. Su actuación en materia de investigación y prevención es espectacular.

¿Echa de menos su etapa de juez de instrucción en lugares como Medina del Campo o Valladolid? ¿Cómo es el salto de impartir justicia en un pequeño juzgado a ser el centro de atención mediático a diario?

Como en cualquier profesión esto es un camino en el que se va forjando la vocación. Hay jueces que empiezan en una jurisdicción y en ese camino encuentran que su vocación los lleva a otra. Cuando estás en jurisdicciones más pequeñas las posibilidades de ayudar a los demás no tienen la identidad que se alcanza en un órgano con jurisdicción nacional como este.

Creo que aquí se ve de forma plástica cómo se puede ayudar a los demás de forma inmediata. Es cierto que a veces no se consigue, como fue en el caso de Miguel Ángel Blanco, en el que no pudimos llegar a tiempo.

Yo siempre he sido juez de instrucción, vocación de la que nunca me he movido, y que me ha dado la gran satisfacción de ayudar a los demás.

La Seguridad Jurídica es la base de una democracia sana y de una economía fuerte. Usted que ha conocido en diferentes escenarios el papel que juegan los notarios en este ámbito, ¿cómo valora su función en la sociedad?

El prestigio del Notariado español no tiene igual en el resto de Europa. Creo que en este campo somos la envidia de muchos países europeos y occidentales. Esa es mi experiencia constatada a lo largo de mi carrera.

“El prestigio del Notariado español no tiene igual en el resto de Europa. Creo que en este campo somos la envidia de muchos países europeos y occidentales”

Lucha contra los delitos financieros

¿Qué opina de la participación del Notariado español en el combate contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo a través de herramientas como el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) o la base de datos de titularidad real?

La aportación del Notariado es fundamental, como ha venido a reconocer la legislación que se ha ido desarrollando, en la prevención y combate contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Los avisos emitidos por los notarios en actividades sospechosas provocan que los jueces podamos analizar actuaciones que pueden llevar a la apertura de un procedimiento judicial.

Huella digital

Especialista en Derecho Administrativo ingresó en la carrera judicial en 1962, en la quEl juez García-Castellón no tiene presencia propia en las redes sociales, aunque lo mediático de los asuntos que instruye hace que proliferen las noticias sobre su actividad tanto en las redes como en la información digital de los medios.

Existe una reseña biográfica suya en Wikipedia (en catalán).

Recientemente el digital Crónica Vasca le entrevistó con motivo del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, caso del que fue instructor.

“No se puede perjudicar a nadie que esté en un procedimiento dando informaciones no contrastadas: la llamada pena de banquillo”

“La Justicia tiene defectos, como puede ser la lentitud, pero eso no afecta a la integridad de los jueces”

“Yo siempre he sido juez de instrucción, vocación de la que nunca me he movido, y que me ha dado la gran satisfacción de ayudar a los demás”

Entrevista a Pascual Sala, premio Puñetas de Oro 2022

EN CURSO LEGAL

PASCUAL SALA,

PREMIO PUÑETAS DE ORO 2022

“La Justicia no es el primer recurso para solucionar un conflicto, sino el último al que acudir”

Pascual Sala Sánchez (Valencia, 1935) es una de las referencias jurídicas españolas imprescindibles: es la única persona que ha sido sucesivamente presidente del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
CARLOS CAPA,

Periodista.

En el pasado mes de junio recibió el Premio Puñetas de Oro, que otorga anualmente la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos de España (ACIJUR) en atención a sus méritos en el campo del Derecho y la Justicia.

Acaba de recibir el Premio Puñetas de Oro, que otorga la asociación que representa a los informadores jurídicos ACIJUR. ¿Qué ha supuesto para usted?

Una gran satisfacción. Los premios Puñetas son una referencia y gozan de un cierto sentido jocoso, pero están cargados de prestigio entre los juristas. La libertad de expresión y la libertad de información son esenciales en una democracia, y los informadores tienen la crucial tarea de resaltar ante una opinión democrática libre la actividad de la Justicia y del Derecho, que regula todos los aspectos esenciales de la vida humana.

Es necesario no solo actuar bien en el ejercicio del derecho por todos los operadores jurídicos, sino también comunicarlo bien a la opinión pública. La Justicia y el Derecho son fundamentales como declara la Constitución para la convivencia democrática.

En definitiva, después de toda una vida dedicada a la Justicia y el Derecho, una satisfacción muy grande y un honor que agradezco a ACIJUR.

¿Cómo ve la Justicia en España, después de su extenso y diverso conocimiento de esta?

La Justicia se ha convertido en un auténtico poder del Estado desde la llegada de la Constitución. En la época de la dictadura te jugabas la carrera cuando querías implementar los principios democráticos en el ejercicio de la judicatura.

Desde 1978 se asume plenamente el principio de división de poderes y esto otorga a nuestra Justicia una independencia comparable a la de cualquier Estado de nuestro entorno. Desde luego no todo es perfecto. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de Gobierno del Poder Judicial, tiene un mandato constitucional expresamente previsto de cinco años, que se cumplieron ya hace más de tres y medio sin que se haya procedido a su renovación por razones de conveniencia o de permisibilidad legal que no deberían admitirse.

A nadie se le ocurre que el mandato de las Cámaras pueda prorrogarse más allá del establecido. El Poder Judicial es también un poder del Estado.

¿Debería entonces buscarse un nuevo modelo para la elección de los miembros del CGPJ?

Con la actual Ley Orgánica del Poder Judicial son los propios jueces los que proponen a los doce jueces de procedencia judicial en una sala especial, al objeto de permitir un posible recurso. El sistema es bueno, son los que lo aplican con criterios de conveniencia política, los que introducen las distorsiones mediante una especie de sistema de “reparto de lotes”.

¿Hay una buena técnica legislativa en España?

La seguridad jurídica es esencial en un sistema democrático. Y aquí la claridad de las leyes es importante. La existencia de conceptos jurídicos indeterminados produce inseguridad. Actualmente existen enumeraciones exhaustivas en textos legales que finalizan dejando espacios abiertos.

Es necesaria la claridad en las leyes; es lo que genera seguridad jurídica. Y lo que permite el derecho a la tutela judicial efectiva. Debería el legislativo ser más específico. Por seguir el ejemplo del CGPJ, debería haber una norma que diera por extinguido el órgano si en un plazo razonable, tres meses, por ejemplo, no se ha procedido a la renovación. No critico al poder legislativo, pero es muy importante proteger la seguridad jurídica.

¿Es independiente la Justicia española?

La justicia española es independiente sin ninguna duda. Tenemos menos jueces que en Italia o Alemania y un nivel de resolución igual o mayor que el de estos países. El problema es la ejecución que se dilata más que el propio proceso, o a veces se convierte en imposible. Yo mismo he mediado en un caso que llevaba 18 años sentenciado sin tener una solución efectiva.

Muchos ciudadanos no entienden cómo es posible que normas recurridas ante el Tribunal Constitucional lleven años, si no lustros, sin que se haya tomado una decisión sobre su constitucionalidad. ¿Cuál es su opinión?

Creo que el Tribunal Constitucional (TC) debería tener mejores medios materiales y humanos. Aun así, creo que el TC no incurre en demoras importantes, sino que tiene sus criterios de modulación según las materias.

El recurso que más tiempo lleva es el de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Pues bien, esa ley ha podido ser modificada por el Parlamento que ha tenido mayorías suficientes de los mismos que la recurrieron, pretendiendo que sea el TC el que resuelva la cuestión y olvidando que el tribunal no es un órgano consultivo. Esa es la función principal del Consejo de Estado: el Tribunal Constitucional es un órgano decisorio. En definitiva, los problemas que pueden ser resueltos políticamente es mejor que lo sean en ese ámbito.

¿Cree que debería volver a establecerse el recurso previo de inconstitucionalidad?

Sí, debiera recuperarse. Eso evitaría muchos problemas como el que vivimos en Cataluña. Si antes de someter el Estatut al refrendo del pueblo catalán hubiera sido revisada su constitucionalidad en el Tribunal Constitucional nos hubiéramos ahorrado problemas. Por supuesto es una herramienta aplicable en determinados y significados casos de normas de relevancia constitucional, como pueden ser los estatutos de autonomía.

Tras más de 50 años como juez ahora trabaja en un despacho de abogados. ¿Cómo ha sido el cambio?

Después de jubilado -en los cargos, que no en la vida-, abrí una segunda etapa muy provechosa para mí porque me ha dado la oportunidad de trabajar en los medios alternativos de resolución de conflictos como la mediación y el arbitraje.

Las instituciones europeas impulsan la mediación como un instrumento para evitar el embolsamiento litigioso. Es muy importante impulsar la mediación intrajudicial donde intervienen las partes y el tribunal. En definitiva, un gran recurso para desatascar la justicia dando justa satisfacción a las partes.

Es una gran satisfacción poder desarrollar mi actividad actual como socio consultor en el despacho de uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca, un jurista completo y perspicaz.

¿Somos un país con tendencia al litigio?

No creo que los españoles seamos especialmente litigiosos, o no más que los países de nuestro entorno, pero no se debería presentar a la Justicia como el primer medio para la resolución de conflictos, sino como el último recurso que cierra el sistema. Sin duda necesitamos los medios alternativos dentro o fuera de la jurisdicción ordinaria. Muchos litigios pueden ser resueltos por acuerdo de las partes.

Recientemente el Tribunal Constitucional ha resuelto cuestiones relativas a la firmeza de las resoluciones arbitrales. ¿Se ha clarificado el uso de esta herramienta legal?

El arbitraje es un sistema alternativo al que se llega por voluntad de las partes: el arbitraje obligatorio es inconstitucional. Por lo tanto, no puede convertirse en una primera instancia recurrible, y el TC ha hecho bien en delimitar el alcance del concepto de Orden Público. El procedimiento arbitral y sus decisiones no son impugnables por razón de estar o no de acuerdo con su contenido.

En su larga carrera ha tenido un contacto intenso con la función notarial. ¿Qué impresión tiene de ella?

El Notariado español es tan perfecto como el de cualquier país de nuestro entorno. Es un ejemplo de servicio y profesionalidad. La seguridad jurídica no solamente se implementa con leyes claras y precisas sino también con su aplicación. Y ahí los notarios resuelven muchas situaciones en la práctica. Las instituciones como el Notariado nunca podrán ser sustituidas o deterioradas.

“A nadie se le ocurre que el mandato de las Cámaras pueda prorrogarse más allá del mandato establecido. El Poder Judicial es también un poder del Estado”

Huella digital

Especialista en Derecho Administrativo ingresó en la carrera judicial en 1962, en la que permaneció hasta su jubilación en 2013 y es doctor honoris causa por la Universidad de Valencia. Durante la dictadura, poniendo en riesgo su propia carrera, fue uno de los impulsores del movimiento Justicia Democrática, integrado por profesionales del ámbito judicial opuestos al régimen y partidarios de establecer la democracia en España.
Incansable y entregado al Derecho, en 2015 cambió la judicatura por el ejercicio de la abogacía ingresando en el despacho Roca Junyent como socio consultor en su área de mediación y arbitraje. Durante los últimos años ha dedicado sus esfuerzos a promover los medios alternativos de resolución de conflictos
Pascual Sala no es muy activo en las redes sociales, pero mantiene un perfil abierto en LinkedIn

También Wikipedia tiene una entrada con su biografía y otros datos de su actividad profesional
En la página web de La Casa del Libro puede consultarse la bibliografía de Pascual Sala, centrada en el Derecho Administrativo

“El problema es la ejecución que se dilata más que el propio proceso, o a veces se convierte en imposible”

“Sin duda necesitamos los medios alternativos dentro o fuera de la jurisdicción ordinaria”

“El Notariado español es tan perfecto como el de cualquier país de nuestro entorno. Es un ejemplo de servicio y profesionalidad”

Entrevista a Eva González Pérez, abogada de los Países Bajos

EN CURSO LEGAL

Eva González Pérez,

abogada de los Países Bajos

“Hago mi trabajo como todos los abogados: con la Ley en la mano y exigiendo que el Gobierno la cumpla»

Eva González Pérez salto a la fama a finales del año pasado cuando su perseverancia en investigar y defender a los perjudicados por las acciones discriminatorias en el reparto de ayudas del Gobierno holandés de Mark Rutte hizo dimitir a éste y adelantar las elecciones en los Países Bajos. En 2021 recibió el Premio “Puñetas de Plata” de la asociación española ACIJUR por su trabajo en este caso de discriminación, que afectó a 26.000 familias inmigrantes.

CARLOS CAPA,

Periodista.

Desde entonces viene recibiendo numerosos reconocimientos por su rigor y perseverancia en la defensa de la ley. Graduada en Derecho por la Universidad de Utrecht y ejerciendo la abogacía desde hace más de 20 años, hasta la plataforma Netflix estudia hacer una serie contando su caso.

 

Aunque española de nacimiento, su vida personal y profesional se ha desarrollado en los Países Bajos. ¿Cuál es su vínculo con España?

Mi conexión con España es, por supuesto, a través de mi pueblo San Martín de Trevejo. Allí nací y, después de venirnos a vivir a Holanda, era el sitio donde pasábamos todos los veranos las vacaciones. Ahora que soy mayor y estoy casada y con hijos, seguimos haciéndolo, preferiblemente dos veces al año. Es agradable estar en el pueblo, volver a ver a mi madre. Es volver a casa.

En los últimos meses se ha convertido en una personalidad de renombre tanto en su país de adopción como en el de origen, recibiendo varios reconocimientos y galardones. ¿Alguna vez pensó en que su actividad profesional podría llevarle a este reconocimiento público?

Es algo muy especial para mi e increíble que un caso te lleve a la «fama». Yo hago como todos los abogados: trabajar con la Ley en la mano y exigir que el Gobierno también la cumpla. Así es como he ejercido mi profesión durante 20 años. Asimismo, es un gran honor que haber recibido diversos premios y que se reconozca públicamente mi trabajo por hacer lo correcto. Me sirve de viento de cola para hacerlo aún mejor en los siguientes 20 años y mantenerme alerta.

¿Por qué quiso ser abogada?

Siempre fue mi sueño, desde niña, para poder enorgullecer a mis padres.

Y ¿Por qué dedicarse a un territorio jurídico menos rentable que otros, como la abogacía de los negocios, por ejemplo?

No sé cómo funciona exactamente en España el abogado pro-bono, pero en Holanda puedes llevar tu bufete de abogados de forma rentable como abogado pro-bono si también tienes una parte comercial.

Esta combinación hace que un bufete de abogados sea rentable. En los últimos años, el gobierno ha hecho nuevos recortes y está poniendo cada vez más difícil a los abogados lo que en España se denomina asistencia jurídica gratuita. Estoy en contra de esos recortes. Mi caso también ha puesto de manifiesto la importancia de la asistencia jurídica financiada por el Estado, ya que fueron especialmente los menos pudientes los que tuvieron que enfrentarse a los métodos ilegales del Gobierno. Los abogados comerciales no asisten a estas personas.

Yo no he elegido mi trabajo en función de lo que se puede ganar con él; el dinero no es mi motor. Creo que, si trabajas en un campo del derecho con pasión, te irá bien económicamente. Siempre facturo lo menos posible a mis clientes, y más a la otra parte. Por lo general, eso tiene éxito. Este es también mi método de trabajo en este caso en contra de la Hacienda holandesa.

Su constancia en la defensa de los derechos de los más desfavorecidos frente al innegable poder del Estado ha tenido que ser complicada en lo personal y lo profesional. ¿Se siente satisfecha?

No es satisfactorio ser un abogado que defiende los derechos de los ciudadanos contra un Gobierno mentiroso que a su vez viola la ley, discrimina a las personas, oculta documentos al tribunal, y pone a los ciudadanos en listas secretas de fraude sin darles un juicio justo (porque estas personas ni siquiera sabían que estaban siendo consideradas autoras de un fraude). Es más bien una decepción. Creo que, en los procedimientos hacia los ciudadanos, el gobierno debe ser íntegro, transparente en documentos y respetar sus derechos.

El hecho de que haya podido defender los derechos de estos ciudadanos se debe a que accidentalmente recibí un expediente de un funcionario en el que vi cosas que se nos ocultaron al juez y a mí. El encuentro con un denunciante, la política y los medios de comunicación después, llevaron el expediente a este nivel. Me siento honrada de trabajar con otros para hacer que el gobierno en los Países Bajos sea más justo.

Si no hubiera sido por la visibilidad de su defensa de colectivos desfavorecidos como los inmigrantes es probable que muchos ciudadanos europeos no hubieran descubierto que en países como Holanda también existe la discriminación. ¿Se ha sentido intimidada por alguien en algún momento por hacer este trabajo?

En mi estrategia mediática, al principio no ponía a mis clientes de origen extranjero en primer plano en la televisión, los periódicos y la radio. Al principio puse a sus parejas (si eran de origen holandés) en primer plano para que el caso no se limitara a los problemas con los extranjeros y todos los holandeses pudieran identificarse. Hasta julio de 2020 no tenía pruebas fácticas de la discriminación porque la investigación de la Autoridad de Datos Personales aún estaba en curso y no había concluido. No me pareció bien que sin un informe de esta autoridad, que confirmara que había habido discriminación, ya se dijera que la había habido, aunque lo supiera desde 2014. Creo que este método de trabajo ha creado un precedente y el clamor general de la población.

No me he sentido intimidada. Por supuesto, se lanzaron acusaciones y ha habido funcionarios que enfadados salieron gritando de las reuniones con una actitud agresiva. Se siente la presión del lado de Hacienda porque obviamente ve que está perdiendo. Pero esa presión era fácil de soportar quedándote tranquila, y como nunca fue física no me afectó.

 

El proyecto europeo, y en concreto la primacía del derecho comunitario, vive momentos difíciles ante el desafío de algunos países. ¿Qué papel considera que juega el derecho de la Unión en estos momentos?

Creo que el derecho europeo siempre desempeña un papel en todas las normativas de un país. También considero que hay que cumplirla porque esta legislación contiene derechos y obligaciones que se aplican a todos y protegen a todos. Estoy en contacto con personas del Parlamento Europeo en relación con este expediente.

¿En que ha afectado a su vida personal y profesional haber hecho – nada más y nada menos- caer a un Gobierno y provocar un adelanto electoral?

La caída del Gobierno en enero de 2021 fue, nada más y nada menos, que una caída inteligente. Al fin y al cabo, la semana siguiente debía celebrarse un debate y se daría un voto de censura. No me ha afectado personalmente ni en mi vida profesional. El nuevo Gobierno vuelve a tener la misma composición. Sigo teniendo que lidiar con los funcionarios del Departamento de Impuestos que ya estaban antes de la caída. Con o sin Gobierno esto continuará de la misma manera. Como decía Albert Einstein: “No podemos resolver los problemas utilizando el mismo tipo de pensamiento que utilizamos cuando los creamos”. En este momento estamos en esta fase.

Estas personas que ya trabajaban en esos puestos tienden a mantener las cosas como estaban en lugar de esforzarse por cambiarlas. Wanda de Kanter, una especialista en pulmones y activista antitabaco, siempre me dice que existen personas que son “frenos permanentes”. Personas que actúan como si quisieran el progreso (y en mi caso que quieren resolver los problemas que han causado a, por ejemplo, mis clientes), pero mientras tanto frenan las soluciones porque, de lo contrario, serán redundantes. Y no quieren perder sus puestos de trabajo. Por eso se está viendo que no avanzan en la resolución y en pagar los daños y perjuicios.

Los Países Bajos liberalizaron funciones notariales, estableciendo modelos de competencia de precios, hace casi 20 años. En España sigue siendo un cuerpo de naturaleza pública con aranceles establecidos, ¿Qué modelo le parece mejor?

Desconozco los métodos de trabajo del notariado en España o si los ciudadanos españoles consideran importante que el modelo siga siendo el actual. Creo que los ciudadanos de los Países Bajos en general dan cada vez más por sentada la «seguridad jurídica». En un mercado liberalizado, esto hace que la seguridad jurídica «secular» sea un producto difícil. Pero ofrecer seguridad jurídica sigue siendo la piedra angular de la práctica notarial. Creo que, en un modelo liberalizado, la práctica notarial debería desarrollarse y también debería aportar valor en otras áreas, como el asesoramiento, el control de los registros y la supervisión de los procesos.

“Mi caso ha puesto de manifiesto la importancia de la asistencia jurídica financiada por el Estado”

Huella digital

Eva González mantiene una cuenta de Twitter en la dirección @MEGonzalezPere2 y tiene una entrada en Wikipedia con un resumen de su biografía

La BBC realizó un reportaje donde explica los detalles del caso destapado por Eva González que puede leerse aquí

“No es satisfactorio ser un abogado que defiende los derechos de los ciudadanos contra un Gobierno mentiroso que viola la ley”

“Me siento honrada de trabajar con otros para hacer que el gobierno en los Países Bajos sea más justo”

Entrevista a Araceli Mangas, XXVII Premio Pelayo

EN CURSO LEGAL

ARACELI MANGAS,

XXVII PREMIO PELAYO

“La UE debe promover una nueva generación de derechos fundamentales relacionados con la tecnología digital”

Araceli Mangas Martín recibió de manos del presidente del Senado, Ander Gil, el XXVII Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio el pasado 25 de noviembre, sumándose así un elenco de galardonados que representan lo más significativo de la ciencia jurídica española.

CARLOS CAPA

¿Qué supone para usted este galardón?

Mayor compromiso y responsabilidad en mi trabajo. El Premio Pelayo, que patrocina la Mutua de Seguros Pelayo, es una distinción muy consolidada tras 27 años y la mayor que puede recibir un jurista de la sociedad. Lo han recibido los “Magni Hispani” contemporáneos como Sánchez Calero, Olivencia, Aurelio Menéndez, García de Enterría, Peces Barba, Landelino Lavilla, mi maestro Diez de Velasco, Miguel Herrero, María Emilia Casas, Encarnación Roca…

Ha dedicado su vida al estudio y la docencia. ¿Tenemos una buena educación superior en España?

No. La universidad está en declive permanente desde los años noventa y desde la implantación de Bolonia es una pendiente fuerte. Y si añadimos el haber eliminado todos los controles serios sobre el acceso y calidad del profesorado, los riesgos y daños serán insuperables todavía en una generación.

En su discurso de aceptación del Premio Pelayo dijo sentirse “fascinada” por la construcción europea. ¿Cree que los ciudadanos son conscientes de lo importante de la UE y del derecho comunitario en su vida cotidiana?

Expresé mi fascinación por la capacidad de reconciliar a pueblos como alemanes y franceses que vivieron la más execrable de las guerras. En España hoy se hace elogio del odio desde el poder y amenazan con perseguir a una parte de los perdonados; solo a una parte.

 


“En España no tenemos una buena educación superior. Está en declive desde los años 90”

 

Vuelvo a la intención de su pregunta. A su manera la ciudadanía sabe que España cambió profundamente a partir de los años noventa del pasado siglo. Antes iban a una capital europea (Paris, Berlín, Roma…), viajaban por esos países y podían constatar el atraso y la diferencia de calidad de vida entre ellos y nosotros. Hoy los españoles notan que España tiene ciudades e infraestructuras similares y que no hay abismos. Saben de la calidad de vida que les procuran las normas sobre consumo, medioambiente… y que les ha protegido frente a las cláusulas abusivas de los bancos, o los pagos de los cánones digitales…O cómo la UE ha protegido nuestro Estado de Derecho impidiendo al Gobierno de coalición imponer los nombramientos judiciales de un solo partido.

¿Goza de buena salud la UE después del Brexit y con el desafió a la prevalencia de las leyes europeas en países como Polonia?

Son situaciones distintas. Tras el Brexit subió espectacularmente el apoyo de la ciudadanía a la UE en los 27. En todas las elecciones al Parlamento Europeo desde 1979 fue disminuyendo la participación. De pronto en 2019 subió más de ocho puntos. La gente no entendía que los británicos rechazaran el sistema de integración que nos ha procurado el mayor período de paz, libertad y prosperidad de la historia de Europa. Y la gente tomó conciencia de la fuerza de estar unidos pues se logró un acuerdo muy favorable a la población y empresas de la UE. Al fin y al cabo, se marchó un socio que siempre tuvo una relación tormentosa y que siempre ponía frenos y vetos a una defensa común. El Brexit fue percibido como un triunfo del populismo y la desinformación.

Claro que preocupa Polonia, la rebeldía del gobierno y del parlamento, o la sumisión total de su Tribunal Constitucional al gobierno polaco; no por el problema de la primacía del Derecho de la UE, sino porque el desafío niega los valores comunes, lo razón de estar juntos. Rechazar los valores de la democracia y su columna vertebral, el Estado de Derecho, asentado en la independencia de los jueces, es amenazar la existencia de la Unión misma.

 


“El modelo europeo sigue sacando provecho de las grandes crisis. No sé si España podrá estar a la altura y aprovechar esta gran oportunidad”

 

¿Qué supondrán los Fondos NexGeneration para Europa?

La pandemia (como antes el Brexit) se erigió en otro motor para avanzar en la integración, al acordar un endeudamiento común y solidario mediante el Plan NextGeneration de la UE que fue imposible en tiempos tranquilos. Los grandes impulsos federadores a lo largo de la historia vinieron de grandes guerras o de grandes cataclismos. El modelo europeo sigue sacando provecho de las grandes crisis. La UE pretende movilizar a los Estados y estimular reformas profundas internas de modernización que permitan acelerar los grandes objetivos de las transiciones digital y verde. No sé si España podrá estar a la altura y aprovechar esta gran oportunidad semejante al milagro europeo de la postguerra en 1945.

 


“La sociedad española no ha perdido sus valores, pero los gobernantes de este siglo no están a la altura de sus responsabilidades”

 

La sociedad digital está creando un nuevo entorno en el que hay grades compañías que funcionan casi como estados virtuales, generando sus propias reglas. ¿Puede el derecho tradicional ser efectivo en este escenario?

Hasta ahora la UE ha desplegado una política de control de las conductas de las tecnológicas como los Estados individualmente nunca hubieran podido ejercer. Pero no nos podemos conformar solo con multar por su irresponsabilidad fiscal y sus excesos en materia de competencia leal. Es importante lo que hizo la UE al regular la protección de datos con el reglamento general, los servicios digitales, los mercados digitales, la “Década Digital”, la Estrategia de Ciberseguridad, etc. 

La UE debe promover también una nueva generación de derechos fundamentales relacionados con la consolidación y constante innovación de la tecnología digital en la medida en que nuestra privacidad y seguridad se pueden ver amenazados. La Unión tiene que encontrar una política proactiva que se adelante en la defensa frente al autoritarismo digital

¿Está en crisis el Derecho Internacional Humanitario?

No exactamente. Pero sí hay un conjunto de Estados con gobiernos democráticos, autocráticos y dictatoriales que son refractarios al Derecho Internacional en su conjunto y con distinta intensidad: desde Estados Unidos o Reino Unido, a Marruecos, Turquía, Rusia o dictatoriales como Bielorrusia, Venezuela o Cuba.

 


“El Notariado cumple una función esencial, imprescindible, en una sociedad democrática sujeta a reglas. Incuestionable al aunar legalidad y certeza”.

 

Es usted académica de número en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Ha perdido la sociedad o, al menos sus gobernantes, algunos de los valores que la han venido sustentando o simplemente los ha cambiado por otros más cercanos a los tiempos?

La sociedad española no los ha perdido: fue ejemplar en los confinamientos con el trabajo sacrificado de los trabajadores esenciales y sanitarios; ejemplar en la masiva vacunación; o líder mundial en la donación de trasplantes de órganos.  Los gobernantes desde este siglo y a velocidad de vértigo en los últimos siete años no están a la altura de sus responsabilidades ni sirven al interés general.

Las mujeres, según un informe del CSIC, son solo el 16% de los rectores, el 21% de los catedráticos y el 25% de los investigadores de mayor importancia. ¿Para cuándo la igualdad real en el ámbito universitario?

No puedo poner fecha. Pero progresa bastante, si bien con lentitud, se hace el camino para integrar a la mitad de los caminantes. Yo fui la segunda mujer en ingresar en 2014 en mi Real Academia (fundada en 1857); y desde 2020 han ingresado tres más y consecutivas…Una hazaña que no debiera serlo.

La seguridad jurídica es un principio básico en una democracia sólida. ¿Qué opina de la función que cumplen los notarios para darle cobertura mediante la fe pública?

Es una función esencial, imprescindible, en una sociedad democrática sujeta a reglas. Incuestionable al aunar legalidad y certeza.  

Huella digital:
Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, ejerció la misma actividad académica en la Universidad de Salamanca. Doctora Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) está en posesión entre otras distinciones de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort.

Araceli Mangas mantiene un completo blog en el que escribe con frecuencia.

Gran parte de la muy extensa producción literaria y científica de la profesora Mangas puede consultarse aquí

El discurso de aceptación del XXVII Premio Pelayo puede descargarse en este enlace

Entrevista a Lourdes Arastey, jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

EN CURSO LEGAL

Lourdes Arastey,

jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

“Al ser interpretado por el TJUE, el Derecho de la Unión se despliega de forma igual en todo el territorio”

María Lourdes Arastey Sahún tomó posesión de su cargo como jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 7 de octubre, destino al que llega desde el Tribunal Supremo, donde ejerció como magistrada en la Sala de lo Social los últimos 12 años. De 2013 a 2021 desempeñó asimismo el cargo de jueza del Tribunal Administrativo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Entregada a la docencia, fue profesora asociada en la Universidad de Barcelona. Miembro del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME), ha presidido su sección española y su comité ejecutivo europeo.

CARLOS CAPA

Acaba de incorporarse a su puesto. ¿Qué supone este cambio para usted?

Podría decir que supone seguir ejerciendo la misma tarea que he venido desarrollando durante toda mi vida profesional. Sin embargo, en muchos sentidos comporta un enorme cambio.

No sólo por el marco normativo al que he pasado a servir, sino también por la enorme complejidad procedimental que lleva aparejada la función encomendada al Tribunal de Justicia. El fondo, la forma, el ámbito objetivo -funcional y territorial-, el multilingüismo –y la terminología específica del Derecho de la Unión-, las reglas procesales… Todo es distinto y, a la vez, sigue tratándose del desarrollo de la labor de un juez. Un reto que asumo con ilusión, pero con enorme responsabilidad.

¿Qué cree que aporta su condición de jueza de carrera -sus antecesores no lo eran- al TJUE?

El Tribunal de Justicia se nutre de juristas provenientes de diversas experiencias jurídicas, tanto profesionales como culturales. Y esa es su enorme riqueza y su potencial.

A mí, personalmente, el provenir de la práctica jurisdiccional me permite disfrutar de algunas perspectivas muy necesarias para afrontar la tarea –conozco el “oficio” de juzgar-. Pero pasar de la jurisdicción nacional a la de la Unión también me obliga a adaptarme a esas otras aproximaciones que puedan tener otros miembros del tribunal que son jueces y abogados generales con perfiles prácticos y académicos diversos y con cultura jurídica nacional variada. El tribunal actúa de forma colegiada y lo hace con profundo y continuado debate en todas las fases de cada uno de los asuntos que se le someten.

¿Cree usted que los ciudadanos alcanzan a comprender lo cerca que está de su vida cotidiana la justicia europea?

Me preocupa que muchos ciudadanos de la Unión no sean plenamente conscientes del privilegio que implica vivir en un entorno regido por el Estado de derecho. No es algo que se quede en una cuestión de principios generales, sino que afecta a prácticamente todos los aspectos de la vida diaria de las personas: sus compras, sus relaciones laborales, sus viajes, la calidad de los productos y del medioambiente, su acceso a la sanidad, a la justicia, a los servicios públicos e, incluso, la actuación de las instituciones nacionales… El Tribunal de Justicia, como intérprete del Derecho de la Unión, perfila día a día el alcance del conjunto de derechos que el ordenamiento confiere y que los Estados miembros deben garantizar. Hay que recordar que la Historia de Europa no ha tenido un periodo de paz de tanta duración como la que ha propiciado la integración europea a través de la suscripción de unos valores comunes, entre los que el Estado de derecho se alza como la herramienta que amalgama y garantiza los restantes: el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Todos estos valores pueden verse amenazados en cualquier momento y, con ello, la realidad de cada uno del medio billón de ciudadanos de la Unión.

La Unión Europea vive tiempos convulsos: Brexit, crisis pandémica, desafío institucional de algunos miembros… ¿Qué papel debe jugar el TJUE para sostener los cimientos de la Unión?

La función del Tribunal está perfecta y claramente definida en los Tratados. Debe garantizar el respeto del Derecho de la Unión en la interpretación y aplicación de éste. Esta función, sometida a la independencia e imparcialidad, le otorga la competencia exclusiva para conocer de los incumplimientos de los Estados Miembros, de la legalidad de los actos de las demás instituciones de la Unión –en los términos fijados en los Tratados-, de los defectos de actuación de éstas y, muy relevantemente, de llevar a cabo la interpretación del Derecho de la Unión que los jueces nacionales hayan de aplicar en los casos de los que conocen. Destaco este último papel porque implica un mecanismo de integración de enorme solidez: los jueces de la Unión no somos sólo quienes servimos en el TJUE, sino todos y cada uno de los jueces de todos y cada uno de los 27 Estados miembros, pues son ante ellos ante los que suscitan los conflictos y quienes deben aplicar el Derecho de la Unión, para lo cual cuentan con la herramienta de la petición prejudicial sobre las dudas interpretativas que ese ordenamiento plantee en relación con el caso concreto. De esta forma, al ser interpretado por el TJUE, el Derecho de la Unión se despliega de forma igual en todo el territorio.

Es cierto que una interpretación del Derecho de la Unión que impida a una legislación nacional tener un efecto distinto al buscado por aquélla puede generar reticencias en el ámbito interno, pero el principio de primacía del Derecho de la Unión y la obligación asumida por los Estados miembros al suscribir su adhesión delimitan la respuesta a las “zonas de fricción”.

¿Es el Derecho de la Unión una fuente efectiva para garantizar los derechos laborales de forma equilibrada en la UE?

En el ámbito social el desarrollo ha sido muy evidente, no en vano el Derecho de la Unión ha ido adquiriendo un marcado perfil social, claramente plasmado en los Tratados vigentes.

A título de ejemplo y centrándonos en la legislación y en la jurisprudencia españolas, comprobamos cómo han evolucionado los aspectos relacionados con la discriminación entre mujeres y hombres, con la asunción de conceptos como la discriminación indirecta, la transversalidad del principio, etc.-; cómo se ha incorporado el análisis de otros factores de discriminación, dando lugar al planteamiento de controversias sobre discapacidad, edad, etc.; cómo ha variado la aproximación a los derechos en materia de tiempo de trabajo; cómo surgió un bloque normativo y jurisdiccional muy amplio en relación con la protección de la salud e integridad física y psíquica de las personas trabajadoras. Y, ya que mencionaban la pandemia, conviene recordar que nuestra legislación en materia de extinciones colectivas de contratos de trabajo, la protección frente a la insolvencia empresarial o frente al cambio de empresario está necesaria y obligatoriamente marcada por las normas de la Unión al respecto.

¿Qué se puede hacer para promover mecanismos alternativos para la resolución de conflictos?

Es algo a lo que he sido invitada a responder muchas veces. Creo que hemos conseguido que el tema de la mediación esté en el discurso de todos. Pero, voy a ser un poco dura: en efecto, la realidad se muestra bastante más recalcitrante. Me pregunta por las posibles soluciones y, conociendo la situación de los juzgados y tribunales de nuestro país y las condiciones en las que trabajan, es evidente que la apuesta por la mediación, no es que sea imprescindible, es que requiere de una inversión material inmediata en el seno de esos órganos judiciales que están infradotados económicamente. Creo que las propuestas legislativas constantes vienen adoleciendo de una efectiva y coherente puesta en marcha. Es urgente una actuación que nos aleje del peligro de la falta de tutela judicial por obsolescencia y abandono de las infraestructuras de la Justicia.

La igualdad sigue siendo un reto no suficientemente cumplido. ¿Por qué no acaba de alcanzarse en plenitud?

Pues es evidente que es un tema cultural, con arraigo secular, que pasa por la educación. Las leyes no pueden ser ya más claras: los hombres y las mujeres son iguales y está prohibido todo trato desigual o discriminatorio. Es evidente que la sanción frente a la vulneración de este derecho fundamental sólo va a actuar cuando se haya podido denunciar y detectar tal lesión del derecho. Por consiguiente, es la sociedad en su conjunto la que debe ser consciente de la realidad de desigualdad que todavía permanece y la que ha de reaccionar “ex ante”.

¿Es el notariado, en su opinión, una herramienta valiosa para garantizar la imprescindible seguridad jurídica, sin la que los valores europeos estarían en peligro?

El principio de seguridad jurídica se halla ínsito en la noción de Estado de derecho. Exige la claridad, precisión y previsibilidad de las normas y, por ende, de los actos jurídicos de los que nazcan derechos y obligaciones. Tal aproximación es también la que sigue la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (recientemente: sentencia de 29 de abril de 2021, Banco de Portugal y otros, C-504/19). De ahí que la garantía por la intervención notarial en la documentación de actos jurídicos constituya una pieza sustancial de la preservación del principio.

CONTRA LA DELINCUENCIA FINANCIERA
¿Cómo valora el papel del notariado en la lucha contra el blanqueo de capitales?

La actuación del notariado es, sin duda alguna, esencial, puesto que ejercen una función pública que permite conocer operaciones -actos societarios o transacciones- en las que detectar la primera señal de alarma, por ejemplo, de la existencia de sociedades-pantalla o fundaciones…. La integración de toda la información de forma centralizada y la cooperación con las autoridades competentes en la investigación ha demostrado ser capital y ha supuesto un enorme avance en el terreno de la lucha contra este tipo de delitos, respecto de los que, en efecto, la Unión Europea ha prestado especial atención, en la medida en que el blanqueo afecta a sus intereses financieros, poniendo en marcha la Fiscalía Europea, que comenzó sus funciones el pasado 1 de junio de 2021.

“Me preocupa que muchos ciudadanos de la UE no sean plenamente conscientes del privilegio de vivir en un entorno regido por el Estado de derecho”

Huella digital:

Los principales datos biográficos de la jueza Arastey Sahún se encuentran en este enlace de la web oficial del TJUE 

También Wikipedia tiene una extensa entrada sobre ella en este acceso.

Entre las muchas entrevistas y noticias que ha generado en su vida profesional tomamos por su profundidad la que le dedica la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y que puede leerse aquí.

«La garantía por la intervención notarial en la documentación de actos jurídicos constituye una pieza sustancial de la preservación del principio»

Entrevista a Francesc Vega Sala, decano de los abogados especialistas en Derecho de Familia

EN CURSO LEGAL

Francesc Vega Sala,

decano de los abogados especialistas en Derecho de Familia

«El notario puede construir la estructura jurídica de la familia»

Francesc Vega Sala (Barcelona, 1929) es uno de los más veteranos abogados en ejercicio de España, amén de decano de los letrados especializados en Derecho de Familia. Y eso teniendo en cuenta que empezó a ejercer la abogacía a la tardía edad de 39 años. El pasado mes de abril recibió la Cruz de San Raimundo de Peñafort, que concede el Ministerio de Justicia y que reconoce «los méritos contraídos en la aplicación y el estudio del Derecho en todas sus ramas».

CARLOS CAPA

Usted ha dedicado su vida al Derecho, pero empezó a ejercer la casi a los 40 años. ¿Qué le hizo cambiar la teoría por la práctica?

El vivir de espaldas al viento. Y entonces el viento manda. Yo estaba en la Facultad Internacional de Derecho Comparado, con sede en Estrasburgo, que era una institución que creó y dirigía Felipe de Sola Cañizares, que en 1936 ejercía de abogado en Barcelona y, al estallar la guerra civil, tuvo que refugiarse en Francia porque no se sentía parte de ningún bando. Yo era el “secretario para todo” de la Facultad Internacional.

Al morir De Sola en 1965 me encontré sin oficio ni beneficio. Producto de amistades y casualidades acabé montando un despacho en Barcelona junto a un Abogado Rotal. Él aportaba el título que le permitía actuar en todos los tribunales eclesiásticos, fueran o no fueran españoles, y yo el de licenciado en Derecho español que me permitía actuar en todos los tribunales civiles de España. Así es como empecé a hacer de abogado, con despacho conjunto con el fino jurista aragonés José Ezquerra Borao, al que le debo tanto como a De Sola Cañizares.

Y con el paso del tiempo…

El viento vuelve a soplar y empuja como quiere. Llega el divorcio a España, las: nulidades dejan de interesar y Ezquerra deja de ejercer. Yo me quedo solo y voy formando el despacho paso a paso y he tenido la suerte de tener siempre unas pasantes y unas colaboradoras magníficas, a las que también les debo mucho.

¿Cómo se ha adaptado el Derecho de Familia a los cambios sociales?

Usted pregunta “cómo se ha adaptado el Derecho de Familia”, pero: ¿se ha adaptado? Ahora se habla mucho de que se tiene que crear una jurisdicción de familia, pero me temo que se está confundiendo lo que es el Derecho de familia con las ciencias de la familia. En mi opinión los jueces y tribunales están para juzgar situaciones y tomar decisiones que, ajustadas a Derecho, hagan cumplir las leyes. Para otras cuestiones existen otros ámbitos que no creo que sean el de la Justicia.

Algunos profesionales dicen que se ven más “puñales” en un Juzgado de Familia que en uno penal. ¿Mito o realidad?

En mi experiencia la mayoría de las controversias familiares se resuelven de forma pacífica y civilizada. En algunos casos por acuerdo entre las partes y en otros de forma litigiosa en los tribunales. Efectivamente hay casos en los que lamentablemente se producen situaciones en las que el conflicto excede de los límites convencionales, pero no son con mucho las más frecuentes, aunque sin duda son más llamativas.

Uno de los principios del Estado de derecho es que la Justicia debe ser igual para todos. ¿Se da esta premisa en la jurisdicción de Familia?

La Justicia, teóricamente, es igual para todos. Otra cosa es en la práctica. En todo caso hay que procurar avanzar en que teoría y práctica sean una misma cosa. Para ello, y hablando de Derecho de Familia, creo que no es conveniente pretender hacer pasar como Derecho de Familia lo que pertenece a las Ciencias de la Familia. A cada uno hay que darle lo suyo. “Dad al Cesar lo que es del Cesar…”

Usted es un gran conocedor del Derecho Civil catalán. ¿Cuáles son sus diferencias principales con el Derecho Civil común?

Yo no soy un gran conocedor de nada, ni siquiera un conocedor. Soy simplemente un curioso. Y a este nivel le contesto su pregunta: ¿La mayor diferencia? El art. 149 de la Constitución.

Participó como asesor en la redacción de la primera Ley del Divorcio. Háblenos de este momento…

En realidad, nunca fui nombrado asesor de nada ni de nadie. Todo lo que hice fue por amistad, comentar con un compañero que era diputado y pertenecía a la Comisión de la Ley del Divorcio, las vicisitudes de su evolución y, claro está, alguna vez dejé caer en el texto mis pecadoras manos. Fue una colaboración muy interesante y que me fue muy bien pagada de una forma harto curiosa: todas las sesiones de la Comisión se grababan enteramente y cada diputado de la Comisión recibió una copia, que mi compañero me ofreció a mí. Hoy día es un documento de mucho interés histórico/jurídico. Actualmente estas cintas se conservan en la Biblioteca del Colegio de Abogados de Barcelona formando parte de la donación que hice de mi biblioteca jurídica.

¿La regulación actual del divorcio puede darse por definitiva? ¿Se puede mejorar en algo?

No me atrevería a dar por definitiva ninguna normativa vinculada al matrimonio. Basta recordar las variaciones que ha sufrido esta regulación desde la Real Cédula de 12 de julio de 1564 por la que se mandaba guardar y cumplir los cánones del Concilio de Trento como si fuesen leyes del Reino.

¿Se puede mejorar en algo la actual Ley del Divorcio? Esta cuestión que me plantea me lleva a que me autopregunte: “¿cuándo puede decirse que una Ley del divorcio ha mejorado?” Me parece que me daría por satisfecho y feliz si se cumpliera el art. 3.1 del Código Civil español que establece que “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”.

Muchas parejas creen que hacer capitulaciones matrimoniales es “mercantilizar” el amor que los lleva a formalizar su relación o que es “una cosa de ricos.” ¿Usted qué opina?

Me parece que es creencia generalizada que la estructura social y la estructura familiar existente en 1888, cuando se publicó el Código Civil, invitaba poco al pacto. Por el contrario, en Catalunya, su estructura social y su estructura familiar sin unos bienes gananciales y, por el contrario, con una dote cuya función debía asegurarse, invitaba más a la constancia documental. En el archivo de la Catedral de Vic, en el llamado “Curia fumada” hay una colección interesantísima de capítulos matrimoniales y no necesariamente de grandes fortunas. En todo caso, como en cualquier otro contrato, en el matrimonial, cuanto más y mejor se recojan los pactos entre las partes y se prevean o anticipen los problemas o circunstancias que puedan darse durante su duración, mejor.

¿Cómo valora la función que juega el Notariado en el ámbito del Derecho de Familia?

Sinceramente muy positiva. El notario puede construir la estructura jurídica de la familia. La complejidad de la vida moderna, la independencia de la persona y el uso correcto e inteligente de la autonomía de la voluntad aconsejan tener un notario de confianza. En Catalunya, lugar que conozco muy bien, el notario siempre ha sido muy valorado y utilizado.

¿Qué opina de la mayor presencia de la jurisdicción voluntaria en el ámbito matrimonial?

Creo que la regulación matrimonial se ha venido haciendo cada vez más compleja con el tiempo, sin aportar mejores soluciones a lo que deberíamos reducir a un contrato de ayuda mutua. Por ejemplo: ¿la figura de la pareja de hecho es necesaria? Creo que liberar al contrato matrimonial de lo innecesario haría todo más sencillo. Y desde luego la intervención de profesionales cualificados, sin judicializar cada acto, es una ventaja.

Y para finalizar. A sus joviales 92 años, ¿tiene previsto jubilarse?

Las profesiones liberales, a mi entender, no tienen jubilación. Si no estoy equivocado se “jubilan” exclusivamente los que tienen contrato laboral o son funcionarios públicos. Yo no tengo ninguna nómina, así que mal lo tengo.

«No es conveniente pretender hacer pasar como Derecho de Familia lo que pertenece a las Ciencias de la Familia»

Huella digital:

Francisco Vega es expresidente de la AEAFA (Asociación Española de Abogados de Familia) y de la SCAF (Societat Catalana d’Advocats de Familia).

Aunque no dispone de redes sociales al uso, su más de medio siglo de ejercicio de la abogacía ha dejado una notable huella. Así podemos ver un resumen biográfico en Wikipedia.

El recopilatorio Testimonios para la Historia le dedica una entrada accesible aquí.

Una selección de la bibliografía de Francisco Vega está disponible en la web de Iberlibro.

“La intervención de profesionales cualificados, sin judicializar cada acto, es una ventaja”

Entrevista a Gabriela Bravo Sanestanislao, consejera de la Generalitat Valenciana

EN CURSO LEGAL

Gabriela Bravo Sanestanislao,

consejera de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana

«Hemos impulsado proyectos fundamentales para transformar y modernizar la justicia valenciana»

Gabriela Bravo es consejera de Justicia desde junio de 2015. Fiscal de carrera fue, entre 2008 y 2013, vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En 2005 ingresó en la Unión Progresista de Fiscales (UPF), donde ejerció la presidencia desde 2007 hasta septiembre de 2008. Desde hace más de seis años forma parte del equipo de Gobierno que encabeza el president Ximo Puig en la Comunidad Valenciana al frente de una de las consejerías clave, máxime en los últimos años marcados por la pandemia.

CARLOS CAPA

-Lleva dos legislaturas consecutivas al frente de la Conselleria. ¿Cómo ha evolucionado en estos seis años la Justicia en la Comunidad Valenciana?
Desde la conselleria que dirijo hemos impulsado a lo largo de estos seis años proyectos fundamentales para transformar y modernizar la justicia valenciana. Situamos a la justicia en el centro de nuestra agenda política, y ello ha tenido reflejo presupuestario que se ha visto incrementado en más de un 58%. Esto ha servido para, entre otras medidas, incrementar la planta judicial de los 398 órganos que había en 2015 a los 420 con los que acabaremos 2021 y pretendemos llegar a los 440 cuando acabe esta legislatura. También hemos multiplicado por nueve los funcionarios de refuerzo en nuestros juzgados. Además, tenemos en marcha el Plan de Infraestructuras Judiciales para construir, rehabilitar o reformar el 75% del parque inmobiliario judicial valenciano con una inversión de más de 200 millones de euros.

En todo caso, si he de destacar algún proyecto en concreto, creo que merece especial atención la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, un servicio público gestionado directamente por la Generalitat que se ha desplegado en la práctica totalidad de los partidos judiciales valencianos con más de 170 profesionales que ofrecen una atención integral a las víctimas en alguno de sus 33 centros y que desde 2018 ha asistido a más de 70.000 personas. También hemos dinamizado el turno de oficio para convertirlo en un auténtico servicio público con mayor apoyo presupuestario y que llegue a todos los rincones del territorio.

-Aunque la esperada justicia digital está avanzando, probablemente por los imperativos de la pandemia, aún no alcanza la eficiencia de otros servicios públicos. ¿Cuándo tendremos una Justicia propia del siglo XXI?
Antes de la pandemia diseñamos el plan de digitalización y modernización de la Administración de Justicia más ambicioso desde que la Generalitat asumió las competencias en la materia en los años 80 y que está en ejecución ahora mismo con una inversión que supera los 30 millones de euros. Entre ellos destaca la implantación del Expediente Digital y la instalación de la nueva plataforma audiovisual (llamada AUREA) que ya está en marcha y que ha supuesto la digitalización en las 490 salas de vistas valencianas y ello ha propiciado que la Comunitat Valenciana sea la autonomía que más telejuicios ha celebrado de toda España en el último año (casi 10.000), con el correspondiente ahorro de costes y tiempo.

-Desde todos los ámbitos de la Justicia se traslada la preocupación de que, una vez liberados los diques establecidos a la normativa extraordinaria provocada por el Covid-19, llegue lo que se ha denominado la “pandemia litigiosa. ¿Tiene la Comunidad Valenciana algún plan para esta situación?

El pasado 4 de enero entraron en funcionamiento los tres juzgados Covid, uno por cada capital de provincia (dos de lo Mercantil para Valencia y Alicante, y uno de lo Social para Castellón), para aliviar la carga de trabajo judicial provocada por la suspensión de los plazos procesales por la declaración del estado de alarma. En todo caso, la justicia ha de ser también motor de reactivación económica y no un obstáculo; por esa razón son tan importantes los planes de choque en este momento, en el que hay que apoyar a las jurisdicciones más afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia y que son la civil, la mercantil y la social.

-Siempre ha sido una figura de referencia en la lucha contra la violencia de género –lo que usted ha denominado “terrorismo machista”-.
Defino la violencia de género como “terrorismo machista” porque ya se ha cobrado más vidas que la violencia ejercida por ETA, el Grapo y el yihadismo desde finales de los 70 y, además, en la mitad de tiempo. En la Conselleria de Justícia tenemos un programa que se articula en tres ejes: más recursos para ayudar a las víctimas; más y mejor coordinación de los servicios públicos, y más formación para los profesionales que, desde todos los ámbitos implicados, atienden a las mujeres que sufren maltrato. Los resultados de esta apuesta están siendo esperanzadores. Por ejemplo, en la red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito se ha atendido a casi 70.000 personas desde su puesta en marcha hace tres años y, entre ellas, casi el 70% eran mujeres víctimas de violencia de género o doméstica. Y hemos ido aún más allá porque la valenciana es la primera –y hasta ahora, la única− comunidad autónoma que ha creado un espacio específico para ellas. Me refiero a la Oficina Especializada en Denuncias de Violencia de Género –que está en la Ciudad de la Justicia de Valencia– en la que mujeres policías con formación especializada, junto a psicólogas y trabajadoras sociales, atienden y acompañan a la víctima desde el primer momento. Desde que se puso en marcha hace dos años, se ha atendido y protegido a 1.132 mujeres que ya están levantando esa losa de silencio. Y este mismo año abriremos otras dos oficinas en Castellón y Alicante. A ello hay que unir nuestra lucha contra otras formas de violencia de género como es la prostitución, para cuya erradicación hemos constituido el Foro Valenciano por la Abolición de la Prostitución, para plantear medidas para la reforma de nuestro ordenamiento jurídico y que el consumo de sexo pagado sea considerado un delito.

-En su experiencia diversa en el mundo de la Justicia ha tenido relación frecuente con el Notariado. ¿Qué valor aportan los notarios a la Administración de Justicia?
El Notariado despliega una función legitimadora que se transmite a los actos y documentos que refrenda con su acción y que les otorga la presunción de veracidad, integridad y legalidad. Esta función siempre ha sido necesaria en el mundo jurídico, prácticamente desde la propia génesis del Derecho Romano, y es especialmente importante en estos tiempos en los que la pandemia ha puesto a prueba las costuras de todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, gracias a que tenemos unas estructuras jurídicas y administrativas sólidas, de las que el Notariado forma parte esencial, podemos trabajar para paliar sus estragos. En este sentido, el papel de los notarios y notarias ha sido muy importante para garantizar un bien tan preciado en estos tiempos de incertidumbre como es la seguridad jurídica.

-¿Se valora suficientemente la importancia de la seguridad jurídica?
Se debe hacer porque la seguridad jurídica es lo que distingue y define a una democracia avanzada de algo que no lo es. Tener claros los derechos y las obligaciones, tener la certeza de un escenario jurídico previsible, es, para cualquiera, una garantía de oportunidades. Además, sin esa misma seguridad jurídica, no será posible llevar a término el proceso de recuperación que hay que acometer cuando, esperemos que más pronto que tarde, superemos la emergencia sanitaria. En la Comunitat Valenciana hemos conseguido alcanzar un acuerdo con todos los agentes sociales y un Pacto para la Reconstrucción Social, Política y Sanitaria en el que se han implicado todas las fuerzas políticas porque esta crisis nos afecta a todos y nadie puede quedarse al margen para no dejar a nadie atrás. Y eso quiere decir que sólo podremos superarla juntos. Y juntos significa con el resto de España y también con la ayuda de Europa.

-Por último, le ruego una confesión personal. ¿Echa de menos las responsabilidades en las instituciones nacionales?
Procuro vivir cada momento con el máximo entusiasmo y aportar lo mejor de mí misma sin perder tiempo ni energía mirando hacia atrás. La etapa de Madrid en el CGPJ fue muy enriquecedora desde el punto de vista profesional y personal. Luego, en 2015, el president Ximo Puig me ofreció formar parte del primer Consell del Botànic y me pareció que aquella oferta era una oportunidad para poner en marcha un proyecto que situara a la Comunitat Valenciana como un referente de una justicia eficaz y eficiente; moderna en sus modos y en sus medios; que dignificara el turno de oficio como servicio público con retribuciones adecuadas para que el acceso a la Justicia se realizara en condiciones de igualdad y que los recursos económicos no fueran un factor discriminatorio y, en definitiva, que priorizara la protección y asistencia a las víctimas, en especial a las de violencia de género. Todos estos proyectos están en marcha en mayor o menor medida y, por ello, me siento muy honrada y satisfecha de formar parte de este gobierno autonómico.

La Comunitat Valenciana es la autonomía que más telejuicios ha celebrado de toda España en el último año”

Huella digital:

Gabriela Bravo no mantiene un perfil público en las principales redes sociales, pero sí la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública que ella encabeza y donde a través de la cuenta @GVAJusticia se informa puntualmente de su actividad oficial. La biografía de Gabriela Bravo está disponible en la página de transparencia de la Generalitat Valenciana.

“Defino la violencia de género como ‘terrorismo machista’ porque ya se ha cobrado más vidas que la violencia ejercida por ETA, el Grapo y el yihadismo”