Desafíos jurídicos de las parejas

ÁMBITO EUROPEO

Desafíos jurídicos de las parejas

El Colegio Notarial de Cataluña (CNC) fue anfitrión, en octubre, de la reunión anual de la Comisión de Asuntos Europeos (CAE) y de la Academia Notarial Europea de la Unión Internacional del Notariado (UINL), de la que es sede semipermanente desde 2013. Más de un centenar de notarios provenientes de 41 países acudieron a la ciudad para abordar los desafíos jurídicos relacionados con las parejas no matrimoniales en Europa. Los participantes pusieron en común las diferencias entre legislaciones nacionales, así como los retos futuros en este ámbito.
REDACCIÓN

La presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos de la Unión Internacional del Notariado, Valentina Rubertelli, inauguró la sesión de la Academia Notarial de la Comisión de Asuntos Europeos, destacando “el papel del notario en la formación de pactos de convivencia o cohabitación, como funcionario público, asesor familiar y profesional”.

Por su parte, el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, puso en valor el compromiso del Notariado español en establecer lazos con el Notariado internacional, destacando como principal objetivo “mantener un vínculo cercano con la sociedad, ofreciendo asesoramiento y seguridad jurídica y atendiendo a sus necesidades”. Además, Marín hizo alusión a las uniones no matrimoniales y a “la dispersión que hay tanto en España, en las distintas comunidades autónomas, como en Europa” y señaló que “lo fundamental en esta cuestión es plantearse qué instituciones son necesarias en esta materia y qué alcance deben tener.”

Análisis en profundidad. La directora general de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación de la Generalitat de Catalunya, Inmaculada Barral, señaló que “este encuentro nos permitirá analizar la situación de las parejas no matrimoniales en profundidad, ver cómo se regula en los distintos países y si esas soluciones son aplicables a nuestro entorno, teniendo en cuenta que cada lugar cuenta con unas regulaciones que están adaptadas a su ciudadanía”.

 


LOS PARTICIPANTES EN ESTE ENCUENTRO EXAMINARON LAS UNIONES NO MATRIMONIALES, ANALIZANDO LAS DIFERENCIAS LEGALES ENTRE PAÍSES


 

Finalmente, el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Europeos de la Unión Internacional del Notariado, José Ignacio González Álvarez, en representación del Consejo General del Notariado, puso de manifiesto que “en España existen 15 legislaciones distintas en esta materia. Solo en 2023 se registraron más de 36.000 acuerdos de pareja de hecho en España”, un dato que muestra la tendencia de la sociedad actual.

Situación europea. El tema central del encuentro de la Academia Notarial Europea de la Comisión de Asuntos Europeos fue Parejas no matrimoniales en Europa: uniones de hecho, uniones civiles y uniones registradas. En este contexto, los representantes del Notariado internacional examinaron las diversas formas de uniones no matrimoniales, analizando las diferencias legales entre los países y proponiendo áreas donde hay espacio de mejora.

Así, entre las parejas no matrimoniales se incluyen las uniones de hecho, las relaciones estables no formalizadas que pueden tener derechos y obligaciones similares al matrimonio en ciertos países; las uniones civiles, que proporcionan un reconocimiento legal formal con derechos equiparables al matrimonio en temas como herencia y seguridad social; y las uniones registradas, inscritas oficialmente y dotadas de un marco legal claro y específico.

En la conferencia inaugural, la profesora titular de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona, Esperança Ginebra Molins, destacó los distintos modelos que existen en materia de uniones no matrimoniales y su pluralidad de expresiones. Tras ello, la catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universitat de Barcelona, Cristina González Beilfuss, intervino con su ponencia Uniones civiles y uniones registradas: perspectivas de Derecho internacional privado.

Después, en una mesa redonda moderada por la vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña, Raquel Iglesias, las autoridades notariales abordaron las diferencias legislativas de las uniones no matrimoniales entre sus respectivos países, con la participación de Gianfilippo Laurini como representante de Italia; Hana Hoblai, procedente de Croacia; Alain Deliège, de Bélgica; Christina Chatzidandi, de Grecia; y como representante de Letonia, Ilze Metuzāle.

Iglesias hizo hincapié en el hecho de que “ante el panorama legislativo actual tanto en la Unión Europea como a nivel nacional y autonómico, los notarios debemos velar por la aplicación del derecho vigente. Además, teniendo en cuenta la situación en Cataluña y en España, son muchas las cuestiones que nos podemos plantear; y para eso resulta de especial interés la calebración de estas jornadas. Cada país cuenta con elementos en común, pero también con muchos otros aspectos diferenciadores que pueden propiciar el debate y llegar a conclusiones que sean favorables para todos los países”.

 


ITALIA REGULÓ LAS UNIONES CIVILES PORQUE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS LA CONMINÓ A RECONOCER LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO


 

Conclusiones. Finalmente, la catedrática de la Universidad de Barcelona, Elena Lauroba, hizo una síntesis de las intervenciones anteriores. Así, destacó cómo en buena medida, “las regulaciones surgen de la problemática de cada país y de las necesidades e idiosincrasia de su sociedad. Por ejemplo, Italia ha regulado las uniones civiles, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la conminó a procurar algún reconocimiento a las parejas del mismo sexo y Letonia no ha regulado las uniones de hecho hasta este año”.

Por otro lado, la catedrática insistió en “las simetrías y diferencias con la institución del matrimonio, y si cabe mantener una regulación de parejas cuando se regula el matrimonio para todos. De hecho, cuando Alemania reguló el matrimonio homosexual, eliminó la regulación de las parejas, y Suiza ha hecho lo propio recientemente. El debate está abierto, y es especialmente relevante en un momento en que la sociedad está envejeciendo y es previsible que las personas tengan una sucesión de relaciones que quepa calificar de ‘uniones’”.

 


EN ESTOS ENCUENTROS SE TRATARON ASPECTOS COMO LA DESJUDICIALIZACIÓN, LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS


 

Desjudicialización. En la sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Europeos (CAE) se abordaron temas fundamentales de derecho comparado e internacional privado. En particular, aspectos como la desjudicialización, la seguridad jurídica y la incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito notarial. Las autoridades notariales presentaron estudios al respecto, que permitirán valorar los progresos realizados hasta la fecha y anticipar los próximos pasos a seguir.

En la inauguración de la sesión, la presidenta de la CAE, Valentina Rubertelli, en agradecimiento a José Alberto Marín, por su implicación y apuesta por el Notariado internacional, le hizo entrega de la bandera de la Unión Internacional del Notariado (UINL). Por su parte, el decano destacó “el continuo aprendizaje gracias al intercambio permanente con los distintos notariados”. También puso de relieve la importancia del Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona, uno de los más importantes del mundo junto al de París y Génova, así como el papel del Centro Tecnológico del Notariado, cuya sede principal se ubica muy cerca de la ciudad condal. Finalmente, puso en valor la importancia de la seguridad jurídica que otorgan los notarios a todos los ciudadanos.

La unión de 86 países
La Unión Internacional del Notariado (UINL) es una organización no gubernamental que promueve, coordina y desarrolla la función y la actividad notarial en todo el mundo. La UINL integra a 86 notariados de los que forman parte cerca de 300.000 notarios. Cuenta con dos millones de colaboradores y genera, aproximadamente, 400 millones de escrituras públicas cada año. Entre sus funciones destacan las relaciones entre los notarios de los países miembros para el intercambio de información y experiencias profesionales; la promoción de la aplicación de los principios fundamentales del notariado y de los principios de deontología notarial; la representación del notariado ante otros organismos internacionales, además de la colaboración con los mismos. También la colaboración en el plan internacional de la armonización de las legislaciones notariales nacionales; y la promoción, organización y desarrollo de la formación profesional y el apoyo a los trabajos científicos en el ámbito notarial.
De izda. a dcha.: Raquel Iglesias, Immaculada Barral, Cristina González Beilfuss, Valentina Rubertelli, Esperança Ginebra, José Alberto Marín, Elena Lauroba y José Ignacio González.
Europa: un mismo sistema
La Comisión de Asuntos Europeos reúne a todos los países miembros de Unión Internacional del Notariado ubicados en Europa. La Comisión se ocupa de estudiar los distintos temas de derecho comparado e internacional privado desde una perspectiva amplia, como juristas, y basándose en la práctica diaria del derecho real. También elabora informes sobre las cuestiones de máxima actualidad jurídica y notarial para, posteriormente, trasladarlos al Parlamento Europeo con la finalidad de promover directivas europeas. Entre sus objetivos también se encuentran la cooperación con otros organismos internacionales y la promoción de la capacitación, tanto inicial como continuada, de los notarios en su radio de acción, particularmente, desde la Academia Notarial Europea.
Sesión plenaria de la CAE, con representantes de 41 países.
Los miembros de la Comisión de Asuntos Europeos, con representantes de 41 países, en el Colegio.

¿Qué necesita Europa para defenderse militarmente?

ÁMBITO EUROPEO

Washington quiere que Europa asuma parte de la carga que le supone la OTAN.

¿QUÉ NECESITA EUROPA PARA DEFENDERSE MILITARMENTE?

A la Unión Europea (UE) se le agolpan los retos geopolíticos con la menor implicación de Estados Unidos en la OTAN, la escalada en Oriente Medio, la prolongada guerra de Rusia en Ucrania o el ascenso de China. Y Bruselas quiere poner fin a la debilidad militar de Europa.
GONZALO TOCA

Muchos se quedaron sorprendidos ante la franqueza del entonces futuro comisario europeo de Defensa y Espacio con sus declaraciones a la agencia Reuters en septiembre. Andrius Kubilius, que todavía no había sido ratificado por el parlamento comunitario en un cargo de nueva creación, había planteado que la UE debería prepararse para una posible guerra directa con Rusia antes de diez años.

“Los ministros de Defensa y los generales de la OTAN coinciden en que Vladimir Putin podría estar listo para la confrontación con la OTAN y la UE en seis u ocho años, no nos queda mucho tiempo. Y esto significa que debemos tomar decisiones rápidas y ambiciosas”, dijo Kubilius.

Sin embargo, una cosa es la voluntad del mandatario y otra muy distinta que recabe el apoyo que necesita entre los Estados miembros, incluso cuando hay multitud de frentes geopolíticos que también justificarían una ampliación de las capacidades militares. Parece claro que, si la UE quiere ser una superpotencia global, ya no solo a la altura de Estados Unidos sino también de China en el siglo XXI, eso pasa por que sus tropas e industria militar sean comparables.

 


TRAS LA INVASIÓN DE UCRANIA EN 2022, ACABAREMOS ESTE AÑO CON ESTADOS INCUMPLIENDO EL UMBRAL DEL 2% DE GASTO EN DEFENSA AL QUE SE COMPROMETIERON


 

Iniciativas de la UE. Sin ir más lejos, a principios de este mismo año, la UE tuvo que ‘improvisar’ Eunavfor Aspides, una operación de seguridad marítima en el Mar Rojo y el Golfo. La UE depende, como China o Estados Unidos, de las mercancías que atraviesan la región y los ataques hutíes ‘obligaron’ a Bruselas a lanzar una iniciativa para escoltar a los buques, defenderlos de las agresiones y que no tuvieran que sufrir “un retraso de 100 días, que son los que se necesitan para hacer que los cargueros atraviesen el Cabo de Buena Esperanza en vez del Canal de Suez”, según advierte Ángel Saz-Carranza, director del Centro de Economía Global y Geopolítica, EsadeGeo.

Sin embargo, estas iniciativas ocasionales se parecen poco a las reformas permanentes que Kubilius persigue y que se presentan difíciles según los precedentes. Después de que Rusia invadiera por primera vez Ucrania en 2014, los miembros de la OTAN, una organización mayoritariamente europea, acordaron por unanimidad gastar al menos el 2% de su PIB anual en defensa antes de 2025. ¿Qué ha sucedido? Pues que los analistas prevén que, incluso después de la nueva y mucho más brutal invasión de Ucrania en 2022, acabaremos este año con un tercio de los Estados incumpliendo el umbral de gasto al que se comprometieron.

Hitos. El comisario europeo de Defensa y Espacio no solo tiene como prioridad que todos los miembros de la UE lleguen a ese 2%, sino también que avancen desde ahora hasta 2030 en el cumplimiento de los ambiciosos objetivos de la estrategia industrial europea de defensa.

Y entre ellos destacan, por ejemplo, que los Estados comunitarios compren coordinadamente como mínimo el 40% de los equipos de defensa, gasten al menos la mitad del presupuesto de sus contratos públicos de defensa en productos europeos y comercialicen, como mínimo, el 35% de los productos de defensa solo entre países de la UE.

A cambio de ese esfuerzo, Bruselas prometió en marzo 1.500 millones de euros en financiación mediante el Programa para la Industria de Defensa; en abril, el Banco Europeo de Inversiones pidió que le permitieran que la mitad o más de los proyectos que financia pudieran ser militares y, ya en octubre, este banco y la Agencia Europea de Defensa anunciaron una cooperación reforzada en la financiación de proyectos militares con la asistencia del Fondo Europeo de Inversiones.

 


LOS ENVÍOS DE LA UE A UCRANIA LLEVAN MESES PARALIZADOS POR EL BLOQUEO DE HUNGRÍA


 

Notables e insuficientes. Álvaro Silva Soto, subdirector del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, reconoce “que los últimos esfuerzos comunitarios son notables históricamente”. Sin embargo, apunta, “resultan insuficientes para que Europa dé el gran salto adelante de poder defenderse sola a medio plazo”. Y eso incluye, probablemente, los seis u ocho años en los que Andrius Kubilius quiere que el Viejo Continente sea capaz de medirse con Rusia.

La UE, aclara Silva Soto, “seguirá recurriendo a la presencia de las tropas americanas; la OTAN seguirá coordinando muchas veces a los ejércitos europeos y el paraguas nuclear de Estados Unidos seguirá siendo fundamental”. Otra cosa, matiza, “es que asumamos cada vez más porciones de nuestra defensa común y del sostenimiento de la OTAN y que nos adaptemos más rápido a una realidad innegable: Washington necesita en su competición con China parte de los recursos militares que, hasta ahora, le había dedicado a Europa”.

 


JOSEP BORRELL: “TENEMOS 6.000 MILLONES QUE HAN PUESTO LOS ESTADOS MIEMBROS Y NO LOS PODEMOS UTILIZAR PORQUE HAY UN PAÍS QUE SE OPONE”


 

De todos modos, tampoco será este un camino fácil. Washington quiere que Europa asuma parte de la carga que le supone la OTAN pero desea, al mismo tiempo, continuar liderando la organización de forma abrumadora y que sus miembros le compren sus armas en vez de producir las suyas. Por otra parte, el ritmo de las decisiones comunitarias es casi imposible de predecir.

Y para muestra un botón. La UE necesita unanimidad para tomar decisiones sobre la gestión del fondo mediante el que los Estados miembros cofinancian las armas que envían a Ucrania y los envíos llevan meses paralizados por el bloqueo de Hungría.

Es más, el alto representante para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, reconoció en octubre a la agencia EFE que en la UE “estamos rompiéndonos la cabeza para intentar encontrar una solución que evite este bloqueo un poco absurdo, porque tenemos 6.000 millones que han puesto los Estados miembros, están en caja, y no los podemos utilizar para apoyar el esfuerzo militar de Ucrania porque hay un país que se opone”.

Andrius Kubilius se va a encontrar como comisario europeo de Defensa y Espacio con muchas dificultades como las de Borrell. ¿Podrá superarlas haciendo que la UE avance al galope en su capacidad para defenderse? ¿Y qué sucederá si no es así cuando, en menos de diez años, Rusia pueda enfrentarse a Europa en una guerra abierta?

Europa opina
El Programa para la Industria de Defensa, que la UE impulsó en marzo por valor de 1.500 millones de euros, no tiene suficiente presupuesto, según un dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo de octubre a cargo del magistrado Marek Opioła, que recomendó mejorarlo con un “equilibrio adecuado entre los objetivos políticos, el presupuesto propuesto y el marco temporal”. Andrius Kubilius, comisario europeo de Defensa y Espacio, reconoció que estaban estudiando “cómo recaudar dinero lo más rápido posible”.
Si la UE quiere ser una superpotencia a la altura de Estados Unidos, eso pasa por que su industria militar sea comparable.
La UE y Reino Unido
David Lammy se convirtió, en octubre, en el primer ministro de Exteriores británico en acudir a una reunión de titulares de estas carteras de la Unión Europea después del Brexit. La nota de prensa posterior reconoció el “elevado grado de puntos de acuerdo” entre las partes y que, además, se considerarían consultas regulares sobre cuestiones específicas. Lammy quiere que Reino Unido participe en misiones militares europeas.
¿Defensa común sin ejército?
Álvaro Silva Soto, subdirector del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, explica que “si la UE no quiere ser una federación, tener un ejército común carece de sentido”. Sin embargo, sí que cabe prever ahora, sigue, “más coordinación y más interoperabilidad entre las tropas como ya estamos viendo con la integración de brigadas alemanas en Lituania, de brigadas holandesas en las alemanas y de integración de equipos franceses y belgas”.

«La incierta autonomía estratégica de Europa», por Carlos Sánchez

ÁMBITO EUROPEO

CARLOS SÁNCHEZ,
director adjunto de El Confidencial

“¿Hasta dónde quiere llegar Europa en su propia defensa al margen de la OTAN?"

La incierta autonomía estratégica de Europa

No deja de sorprender que uno de los primeros proyectos de la construcción europea, incluso antes de que se firmara el Tratado de Roma, fuera la creación de lo que un día se llamó Comunidad Europea de Defensa. Corría el año 1952, y la misma Europa que dejaba atrás un continente devastado por la guerra, entendió casi desde el primer día —salvo Francia, que dos años después vetaría el acuerdo— que era necesario levantar una arquitectura propia de seguridad y de defensa, dos conceptos que necesariamente van unidos. Setenta y dos años después, la vieja Europa, ahora con 27 miembros, sigue dándole vueltas a la misma idea. No es ninguna novedad. Europa se ha acostumbrado a pasar por el diván después de cada crisis, y son legión.

Es cierto que la ampliación de la OTAN a nuevos territorios respecto de sus miembros fundacionales ha resuelto muchos de los problemas de defensa y seguridad en el flanco Este, pero hay pocas dudas de que no puede haber autonomía estratégica, el proyecto central de la Comisión Europea, sin una arquitectura propia en aras de lograr una posición común en el tablero geopolítico.

La pregunta, por lo tanto, es obvia: ¿hasta dónde quiere llegar Europa en su propia defensa al margen de la OTAN? Lo que sabemos es que los límites los marca la llamada Política Común de Seguridad y Defensa, pero no deja de ser un desiderátum en la medida que cualquier avance en esa dirección, necesariamente, genera recelos en EE. UU., cuya política exterior no siempre coincide con los intereses europeos. Sin contar con que las decisiones hay que tomarlas por unanimidad. Las sucesivas ampliaciones hacia el Este, de hecho, han metido en un problema a Europa que, quiera o no, debe intentar convivir con un vecino incómodo, como es Rusia. Otra cosa es que Moscú lo desee.

Y es por eso, precisamente, por lo que la aspiración a una cultura de seguridad y defensa propias —articulada en torno a la Política Exterior y de Seguridad Común— no deja de tener algo de voluntarista. Entre otras razones, porque ambas zonas del Atlántico comparten, en lo general, una misma visión que las dos partes quieren proteger ante el avance de las autocracias y el pensamiento iliberal. Eso sí, con un evidente desequilibrio de fuerzas. En estos momentos, Europa dispone de apenas 3.500 militares y 2.000 civiles en operaciones de paz en el mundo; no parece mucho en un contexto de fuertes tensiones en determinadas áreas geográficas. Desde luego, a años luz del imponente despliegue de EE. UU. en el conjunto del planeta.

El caso de Ucrania, donde no ha habido fisuras relevantes en el seno de la OTAN tras más de dos años de guerra, es el más evidente. Tampoco hay divergencias en el otro teatro de operaciones actual, Oriente Medio, donde Europa juega un papel irrelevante. Esto es así porque lo que se ha llamado vínculo transatlántico es, de hecho, la pieza esencial de la política de seguridad y defensa, y así lo seguirá siendo hasta donde alcanza la vista a ver, por lo que habría que hablar más de un reforzamiento de la complementariedad entre EE.UU. y Europa, que del nacimiento de una verdadera autonomía estratégica. Entre otras razones porque una cosa es predicar y otra, como dice el refrán, dar trigo, y Europa, por razones presupuestarias, ahí están sus reglas fiscales, no está en condiciones de crear una arquitectura propia. Ni siquiera ha sabido o podido articular una posición común en el frente Sur, que atañe directamente a países como España, donde el terrorismo yihadista ha expulsado a Francia como el guardián de la región.

Cabe recordar, en este sentido, que fue el Tratado de Maastricht (en 1993) el que decidió avanzar en la integración europea a través de la economía, pero dejando en un segundo plano la defensa y la seguridad. Probablemente, porque, tras la caída del Muro, se pensó que las viejas tensiones de la guerra fría se habrían de disolver para siempre. No fue así y hoy, con décadas de retraso, Europa intenta recuperar el tiempo perdido.

Es verdad que existen compromisos internacionales en el marco de la OTAN o que el Banco Europeo de Inversiones está ya en condiciones de ofrecer vías de financiación, pero en un contexto de envejecimiento hay pocas dudas de que lo prioritario para muchos gobiernos será el sostenimiento del Estado de bienestar, pese a las amenazas procedentes del frente oriental.

También es cierto que Europa, en aras de lograr una cierta autonomía industrial y tecnológica en materia de defensa, ha puesto en marcha un mecanismo que obliga a los Estados miembros a cooperar en la adquisición conjunta en la región de material de guerra (el 50% hasta 2030), pero, igualmente, los intereses de cada país con sus industrias nacionales son demasiado fuertes para pensar que esto pueda materializarse con la dimensión prevista. Y ello pese a que una colaboración más estrecha de las industrias nacionales de defensa generaría beneficios globales gracias al aprovechamiento de las economías de escala y así evitar las duplicidades en una actividad clave desde el punto de vista de la investigación tecnológica o de la ciberseguridad.

No es un asunto menor teniendo en cuenta que, según la Agencia Europea de Defensa, el gasto total de los Estados miembros superó en 2022 los 240.000 millones de euros, incluidos 58.100 millones de inversiones en defensa. Es una cifra mareante, pero probablemente reducida respecto de lo que gasta EE. UU., lo que aboca a Europa a seguir siendo subalterna de Washington. Basta recordar que la Agencia Europea de Defensa, creada hace dos décadas, cuenta con una plantilla de apenas 180 funcionarios. No parece mucho para enfrentarse a un mundo tan convulso.

¿Puede remontar la economía europea frente a China y Estados Unidos?

ÁMBITO EUROPEO

La política comercial china podría poner en peligro 30 millones de empleos industriales europeos en países como Alemania o Francia.

¿Puede remontar la economía europea frente a China y Estados Unidos?

La Unión Europea lleva años perdiendo fuelle frente a las otras dos superpotencias que rigen los destinos de la economía mundial. Y la remontada se vuelve más acuciante cada día que pasa.

GONZALO TOCA

Hay pocos expertos más sobrios y ponderados que el ex presidente del BCE Mario Draghi. Y sus palabras fueron muy reveladoras hace pocos meses: la UE no se estaba tomando en serio la competencia extranjera en un mundo en el que sus rivales económicos ya no jugaban “según las reglas”.

El manual clásico de la globalización liberal tras la Guerra Fría, con excepciones y zonas grises sobre todo en materias como fiscalidad transnacional, ha ido dejando paso a un modelo cada vez más definido por la intervención abrumadora de las grandes potencias en la promoción de sus campeones e industrias nacionales en sectores críticos.

Un ejemplo reciente de esto es la transición ecológica en general y la movilidad sostenible en particular. Si, en 2009, China solo vendía 500 vehículos eléctricos (EV por sus siglas en inglés) en su territorio, en 2022 y más de 29.000 millones de dólares en subsidios e incentivos fiscales después, ya comercializaba en su territorio más de seis millones de unidades y concentraba más de la mitad de la demanda mundial. Y no es solo eso: el gigante asiático ha catapultado sus exportaciones de EV en más de un 70% en los últimos dos años, algo que ha atizado la respuesta de Washington.

Mayores aranceles

Así, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que supuestamente iba a desescalar la “guerra comercial” de su predecesor con Pekín, anunció en mayo unos aranceles que incluyen el 100% para los vehículos eléctricos importados del gigante asiático y el 50% para los componentes de placas solares hasta 2026. China, que siguió una estrategia parecida en el sector fotovoltaico a la de los EV, produce hoy el 86% de toda la energía solar fotovoltaica global.

 


ESTADOS UNIDOS AVENTAJA A LA UE EN ÁREAS TAN CRUCIALES COMO TECNOLOGÍAS ESPACIALES, BIOTECNOLOGÍA SANITARIA, COMPUTACIÓN CUÁNTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL


 

La Unión Europea, en un contexto en el que se esperaba un diluvio de vehículos eléctricos del gigante asiático ante el cierre de facto del mercado estadounidense, fue la última en mover, una vez más, sus peones. En agosto, la Comisión propuso unos aranceles sobre los EV chinos durante los próximos cinco años que irían del 17% como mínimo a poco más del 36% como máximo dependiendo de las marcas afectadas cuando, hasta ahora, se habían mantenido en un 10%.

Esa propuesta quedaba sujeta a negociación con Pekín y con los miembros del bloque comunitario, que deberían aprobarla en su forma definitiva antes de noviembre. También cabe recordar que los coches Tesla fabricados en China “disfrutarían” de un arancel privilegiado del 9%, porque el lugar de procedencia de la marca es Estados Unidos.

 


EL MANUAL CLÁSICO DE LA GLOBALIZACIÓN LIBERAL TRAS LA GUERRA FRÍA HA IDO DEJANDO PASO A UN MODELO CADA VEZ MÁS DEFINIDO POR LA INTERVENCIÓN


 

Mucho más que coches

Lo que está sucediendo ahora con la movilidad sostenible se puede extender fácilmente a otros sectores, como advirtió el economista-jefe del Centre for European Reform, en una reflexión de urgencia en la red social X en agosto. Según Sander Tordoir, China ha paliado la pérdida de empleo, derivada del estallido de su burbuja inmobiliaria en 2023, híper-estimulando la producción no solo de vehículos eléctricos, sino también de chips, productos químicos y maquinaria… y canalizando toda la sobreproducción hacia unas exportaciones fuertemente subvencionadas.

Eso, apunta Tordoir, podría poner en peligro los 30 millones de empleos industriales europeos en países como Alemania o Francia y llevar al bloque comunitario a perder más ocupaciones industriales de las que perdió Estados Unidos en su desindustrialización con China a principios del siglo XXI.

En estas circunstancias, todas las miradas se han vuelto sobre Bruselas. Y las dudas sobre su capacidad de reacción no son pocas, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en los últimos años en su competición con Estados Unidos, que es una potencia mucho más comparable que China.

Si una de las claves de los elevados niveles de vida comunitarios son los estados del bienestar, la otra podría ser perfectamente la renta per cápita (RPC) que los financia. Pues bien, según Eurostat, la RPC estadounidense habría crecido el doble que la europea desde 1993 hasta 2022 y, según el Banco Mundial, Estados Unidos habría ampliado su ventaja en renta per cápita sobre la eurozona en más de un tercio durante las últimas dos décadas.

Pero los problemas no terminan ahí. Según un informe de DigitalEurope, la UE solo lidera dos de los ocho grandes sectores tecnológicos (conectividad avanzada y fabricación aditiva) que definirán la economía del futuro y China ya se habría convertido en el campeón mundial en innovación energética gracias, sobre todo, a su apuesta por la solar fotovoltaica.

Mientras tanto, Estados Unidos nos aventajaría en áreas tan cruciales como tecnologías espaciales, biotecnología sanitaria, semiconductores avanzados, computación cuántica e inteligencia artificial. En estos momentos, según las cifras de la OCDE, el volumen de inversión del capital riesgo en inteligencia artificial en Estados Unidos multiplica por más de ocho la de la Unión Europea.

 


LA UE SOLO LIDERA DOS DE LOS OCHO GRANDES SECTORES TECNOLÓGICOS: CONECTIVIDAD AVANZADA Y FABRICACIÓN ADITIVA


 

Claves de la remontada

Los expertos coinciden en que la remontada comunitaria necesitaría avanzar en las recomendaciones que presentó el ex primer ministro italiano Enrico Letta en su informe de abril. Según Letta, sería necesario suscribir un Pacto Europeo por la Competitividad que extendiera el mercado común a la energía, las telecomunicaciones y las finanzas.

Dentro de la parte financiera, habría que dar pasos hacia la integración de los mercados de capitales en línea con el esfuerzo iniciado en 2014 y, al mismo tiempo, Bruselas debería tener, según el informe, cada vez más que decir en la coordinación de ayudas públicas concretas a sectores críticos y que ya están recibiendo enormes subsidios o ventajas fiscales no solo en China… sino también en Estados Unidos con la reciente Inflation Reduction Act, que ha movilizado 350.000 millones de dólares para impulsar, entre otras, la transición ecológica.

De todos modos, aunque Europa se juega mucho y Hungría se ha comprometido a implementar durante estos meses de su presidencia europea un pacto por la competitividad, lo cierto es que hoy sigue siendo una mera declaración de intenciones que comparten sobre el papel los 27 miembros de la Unión con notables discrepancias en aspectos como la integración del mercado de capitales o el aumento del poder de Bruselas sobre las ayudas públicas a empresas y sectores críticos. ¿Seremos capaces de pisar el acelerador?

Europa opina

Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, “la competitividad y el mercado único parten de una base sólida”. Sin embargo, considera que hay que ampliar el acceso al capital, reducir la factura energética, mejorar la formación y fortalecer los lazos comerciales. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pide apostar por “la unión de los mercados de capitales y aumentar las capacidades del Banco Europeo de Inversiones para financiar sectores estratégicos”.

Rivales comerciales sí, pero no enemigos

EE.UU., China y la UE comparten grandes intereses globales, como la lucha contra el cambio climático, la estabilidad de la economía mundial o la resolución pacífica de conflictos como el de Ucrania. También depende de ellos pactar un nuevo marco legal que prevenga la competencia desleal que suponen las ayudas públicas masivas a las empresas.

Un nuevo futuro para las relaciones transatlánticas

Como recuerda el informe del Centre for European Reform Europe and the superpowers: Responding to economic nationalism, hay que buscar una forma de preservar el histórico vínculo entre Estados Unidos y la UE que compatibilice la autonomía estratégica europea en sus relaciones con Pekín y la estrecha cooperación transatlántica de Washington y Bruselas frente a los excesos comerciales de China.

China ha paliado la pérdida de empleo híper-estimulando la producción con exportaciones fuertemente subvencionadas.

«Colocar bien las fichas», por María Andrés Marín

ÁMBITO EUROPEO

MARÍA ANDRÉS MARÍN,

directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España

“Rusia y China han sido el mejor pegamento transatlántico en los últimos años"

Colocar bien las fichas

Celebrando su reelección como un gol: con ese gesto de victoria y los puños en alto recibió la alemana Ursula von den Leyen la noticia de su reelección como presidenta de la Comisión Europea, el pasado julio en Estrasburgo. 401 de 720 eurodiputados votaron a favor de su plan de prosperidad para Europa, una apuesta por la continuidad en momentos de incertidumbre global… pero esta vez con un acento muy diferente en los ritmos y prioridades para los próximos cinco años.

Si la pasada fue la legislatura del Pacto Verde, esta será la legislatura del Pacto Industrial.

Los grandes objetivos de fondo son continuistas: Europa necesita terminar de costear la transición verde y digital de su tejido empresarial, hacerlo más competitivo, avanzar en su autonomía estratégica de terceros -lo que significa mucho más que lograr una verdadera política de defensa, que va desde lograr la independencia energética hasta acortar las cadenas de valor, la producción local de microchips y paracetamol o la protección de infraestructuras críticas de posibles ciberataques-. Debe la UE también en esta legislatura honrar los compromisos de ampliación al este, no sin antes completar las reformas institucionales necesarias que permitan que la futura UE ampliada se maneje en aguas navegables.

La clave, sin embargo, estará como siempre en los matices. En este caso, en el cambio de acento que los grupos políticos mayoritarios y proeuropeos han incluido en sus primeras intervenciones, y que la presidenta de la CE hizo suyos durante el discurso de candidatura a la investidura.

En su reelección al frente del ejecutivo comunitario, además del necesario apoyo de la mayoría de delegaciones conservadoras, socialistas y liberales, el voto del grupo de los Verdes fue clave para revalidar a Ursula von der Leyen. Ella se comprometió con los ecologistas a no dar marcha atrás en la agenda verde, aunque la abordará de manera más “pragmática”: presentará durante los primeros cien días un nuevo plan de “industria limpia” para impulsar empresas europeas y, a la vez, luchará para comprometer una reducción del 90% de las emisiones para el año 2040. La apuesta está en demostrar que la dicotomía entre industria o clima es un falso debate.

Espoleados por los efectos de la pandemia y de la inflación, los ciudadanos buscan soluciones urgentes a sus problemas sociales o económicos y en las últimas elecciones europeas muchos se han dejado seducir por partidos soberanistas de extrema derecha: Francia, Alemania, Italia, Austria, Hungría… España es, de hecho, el único país de los 5 grandes de la UE donde la ultraderecha antisistema o euroescéptica no ha quedado ni en primera ni en segunda posición en las urnas.

Sin negar esa realidad, es importante también destacar que los grupos políticos del centro constructivo en el Parlamento Europeo -conservadores, socialistas, liberales y verdes- siguen componiendo una mayoría amplia y han reeditado su intención de seguir avanzando juntos, pero son muy conscientes de que necesitarán dar mejores respuestas a un sector de la ciudadanía que se siente perdedora de la globalización desenfrenada. Agricultores, empresarios abrumados por una normativa verde y unos precios energéticos que no les permiten recuperar su ventaja competitiva, jóvenes que no pueden emanciparse y sienten que, a pesar de ser la generación mejor formada, vivirá peor que sus padres.

El principal cambio de paradigma en el pleno de julio fue el sentido de urgencia que se imprimió en cada discurso al objetivo de lograr una mayor competitividad con respecto a otros grandes gigantes comerciales como EE.UU. o China. Y en blindar una Europa más segura contra los ataques rusos o la inmigración ilegal, pero también más social (el “plan europeo de vivienda”, una nueva política que contará con fondos de cohesión y permitirá más ayudas de Estado, fue una clara demanda del grupo socialista a cambio de su apoyo a la candidata alemana).

¿Cómo afectará este nuevo ciclo a las relaciones comerciales con EE.UU.? En 2022 la administración de Joe Biden promulgó la Ley de la Reducción de la Inflación (IRA) para apoyar con subsidios a los fabricantes norteamericanos que reúnan estándares medioambientales de producción. La IRA excluyó de su plan de estímulos a los países que carecen de un acuerdo de libre comercio con EE.UU., como Europa. La UE reaccionó preocupada por el impacto de la ley en sectores económicos clave como el del vehículo eléctrico, y para evitar que las nuevas exenciones fiscales atrajeran a empresas e inversiones europeas en EE.UU. en plena crisis inflacionaria por la guerra en Ucrania. En marzo de 2023, la CE anunció su propio “plan industrial del pacto verde”. Otras disputas recientes han sido la negociación entre ambos lados del Atlántico para establecer un acuerdo sobre minerales críticos, todavía sin resolver, o los aranceles sobre varios productos verdes con los que EE.UU. quiere protegerse de la producción china y que la UE sufre como nueva guerra comercial.

¿Lograrán en esta nueva legislatura EE.UU. y la UE alinear sus enfoques discordantes hacia la descarbonización? La UE además ha adoptado importantes regulaciones en el sector de las nuevas tecnologías -ley de servicios y mercados digitales, ley de protección de datos, ley de inteligencia artificial- que afectan especialmente a las Big Tech estadounidenses. Teniendo en cuenta la próxima cita electoral en EE.UU. y la posible victoria de Donald Trump, la posibilidad de sufrir los efectos de nuevas políticas aislacionistas desde allí será un factor clave para la industria europea.

También hay que tener en cuenta, en momentos de grandes crisis geopolíticas, que nada une más que un enemigo común. Salvo, quizás, compartir un enemigo común (Rusia) y además un “rival sistémico” (China). Ambos países, Rusia y China, han sido el mejor pegamento transatlántico en los últimos años. “Las elecciones son las bisagras del destino”, vaticinó Von der Leyen en su discurso de candidatura. Vivimos momentos de cambios profundos en el proceso de globalización y en lo que llevamos de siglo varias crisis han sacudido el tablero de juego en las relaciones comerciales y diplomáticas de la UE. En este año macroelectoral, seguimos intentando anticipar de qué lado va cayendo cada ficha.

La cartera digital europea

ÁMBITO EUROPEO

La confianza, la usabilidad y la credibilidad van a ser ingredientes fundamentales para el éxito de la identidad digital europea.

La cartera digital europea

Avanzamos al galope hacia un horizonte donde ciudadanos y empresas podrán acceder a servicios públicos y privados en toda la UE utilizando una cartera digital oficial.
GONZALO TOCA

El Parlamento Europeo aprobó en febrero con el apoyo abrumador de sus miembros un reglamento crucial que entró en vigor a finales de mayo. Este reglamento, que contó con 335 votos a favor y tan solo 190 en contra, es un paso clave hacia la creación de una aplicación móvil con forma de cartera digital (wallet) que emitirán para cada usuario las autoridades de los Estados miembros y que será reconocida en toda la UE. Las primeras versiones estarán disponibles en distintos países comunitarios a partir de 2026.

El enorme peso geopolítico europeo y la creciente necesidad de fórmulas parecidas en otras grandes potencias sugieren que los estándares del Viejo Continente acabarán aceptándose en otras circunscripciones. Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, ya anunció el pasado 30 de abril en su cuenta de la red social X (antigua Twitter) que había firmado un memorándum con su homólogo japonés para que la identidad digital europea fuese interoperable con la nipona.

Aplicación móvil

Esta cartera europea se descargará voluntariamente en un dispositivo electrónico (un teléfono, una tableta…) con la forma de una aplicación móvil. El gran objetivo comunitario es que sirva para almacenar y compartir credenciales verificadas oficialmente, como pueden ser, en el caso de los ciudadanos, la edad, el carné de conducir, el pasaporte, las cualificaciones educativas o las recetas médicas. La app también podrá utilizarse como firma electrónica o repositorio de tarjetas bancarias. Las administraciones públicas quieren utilizar estas aplicaciones también para prevenir el fraude.

Los usuarios, tanto empresas como personas, podrán o no instalarse la aplicación, aunque ciertamente será más difícil resistirse si la adopción se vuelve masiva. Según la firma de análisis ABI Research, las apps ‘en circulación’ podrían pasar de casi 170 millones en 2026 a más de 300 millones tan solo cinco años después. Y aquí es donde pueden presentarse importantes desafíos.

 


LA CARTERA DIGITAL EUROPEA SE DESCARGARÁ VOLUNTARIAMENTE EN UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO(UN TELÉFONO, UNA TABLETA…) CON LA FORMA DE UNA APLICACIÓN MÓVIL


 

Carrera de obstáculos

Para empezar, muchas de las apps se concentrarán durante algún tiempo en los Estados más avanzados tecnológicamente (Bulgaria, Croacia o Rumanía se encuentran bastante menos digitalizados que Francia o Estonia, por ejemplo), por lo que existirán disparidades nacionales considerables que afectarán a viajeros y empresas transnacionales.

En segundo lugar, a principios de la próxima década, la Comisión Europea espera una cobertura del 80% del mercado, algo que puede poner en dificultades a las poblaciones envejecidas y vulnerables del interior de los propios países. Según un informe reciente de UGT, más de 14 millones de españoles ni siquiera saben en qué consiste la banca online.

El perfil de la población o el ritmo de adopción pueden animar a los Estados a emitir wallets con distintas funcionalidades, y sus características se diversificarán aún más con las propias preferencias de los negocios, los ciudadanos y los residentes comunitarios, que son los que deberán elegir no solo las credenciales que quieren llevar en su aplicación, sino también las que prefieren revelar cada vez. Por ejemplo, podremos acreditar la edad, pero no la identidad en algunos sitios web o podremos compartir los datos que nos avalen como buenos inquilinos ante caseros o plataformas de alquiler, sin que tengamos que proporcionar en ese mismo momento el número del DNI o la tarjeta de crédito.

Otro gran desafío será la seguridad que blinde la privacidad y protección de unos datos tan sensibles para los usuarios y negocios no solo frente a las grandes tecnológicas o los hackers, sino también ante el posible abuso de las instituciones.

 


HAY 4 PROYECTOS PILOTO EN MARCHA EN LOS QUE COLABORAN MÁS DE 250 EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES DE NORUEGA, ISLANDIA, UCRANIA Y 25 ESTADOS EUROPEOS


 

Confianza y usabilidad

Las autoridades comunitarias prometen que, a través del panel de privacidad de las carteras, “los usuarios podrán tener el control total de sus datos y podrán solicitar su eliminación”. En paralelo, la app será de código abierto para “fomentar la transparencia, la innovación y mejorar la seguridad” y “también se establecen normas estrictas para el registro y la supervisión de las empresas implicadas con el fin de garantizar la rendición de cuentas y la trazabilidad”.

La confianza, la usabilidad y la credibilidad van a ser ingredientes fundamentales para el éxito de la nueva identidad digital europea. Y aquí el diseño y la reputación de la app comunitaria, que recordemos que será de descarga voluntaria, tendrán que medirse con rivales tan poderosos, experimentados y populares como Google. La UE lanzó en abril del año pasado cuatro proyectos piloto de 45 millones de euros. Y ahí están probando, desde entonces, las wallets en escenarios de la vida real con la participación de más de 250 empresas privadas y autoridades públicas de 25 Estados miembros, así como Noruega, Islandia y Ucrania.

 


EL GRAN OBJETIVO COMUNITARIO ES QUE SIRVA PARA ALMACENAR Y COMPARTIR CREDENCIALES VERIFICADAS OFICIALMENTE


 

Como se ve, quedan muchas incógnitas por despejar para la identidad digital europea y algunas, como la reacción de las grandes tecnológicas estadounidenses que vean amenazado el acceso gratuito a los datos de sus usuarios, ni siquiera dependen totalmente de ella. Por eso, nos esperan años interesantes en los que personas y empresas deberán tomar muchas decisiones sobre lo que quieren guardar, compartir y proteger.

Europa opina

Para Thierry Breton, Comisario europeo de Mercado Interior, “la cartera de identidad digital de la UE revolucionará la forma en que los ciudadanos y los negocios europeos interactúan con los servicios en la Red”. Según Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva para Una Europa Adaptada a la Era Digital, “todos los europeos podrán gestionar de forma segura sus documentos digitales personales y acceder online a los servicios públicos y privados con pleno control de los datos desde una aplicación móvil ofrecida de forma voluntaria a los ciudadanos y residentes”.

La cartera digital podrá utilizarse como firma electrónica o repositorio de tarjetas bancarias.
Límites a las diferencias nacionales

Ivette Marell, abogada senior de Protección de Datos de Écija Abogados, subraya que la UE impone “con detalle un marco armonizado de arquitectura técnica de las carteras de identidad digital y un marco de referencia; un conjunto de normas y referencias técnicas comunes y un paquete de directrices y descripciones de las mejores prácticas que abordan, como mínimo, todas las funcionalidades y la interoperabilidad de las carteras europeas de identidad digital y de los prestadores cualificados de servicios de confianza para la declaración electrónica de atributos”.

Europa no es China

A pesar del alarmismo en las redes sociales que ha querido relacionar la iniciativa europea con el precedente chino, lo cierto es que, para empezar, la cartera de identidad digital europea será de descarga y uso voluntario. Además, tampoco será la única forma de identificarnos digitalmente. Podrán existir tantas carteras digitales como Estados miembros de la UE. Un Estado podrá notificar más de una y, por si esto fuera poco, existirán otros mecanismos alternativos de identificación digital para ciudadanos y empresas.

Cartera notarial

El Consejo General del Notariado español, a través de su Centro Tecnológico, está desarrollando una cartera notarial que permitirá guardar credenciales, atributos y documentos notariales de manera segura y accesible. Los documentos no notariales se almacenarán en la cartera general que emitirá el Estado. Serán compatibles para permitir a los ciudadanos exportar credenciales entre su cartera notarial y la estatal.

Para Luis Fernández-Bravo, decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha y consejero del Centro Tecnológico del Notariado “la futura cartera digital aportará rapidez al trabajo diario de los notarios e incrementará la gestión de la identificación en línea”. En su opinión «las carteras de identificación digital del reglamento europeo serán un avance enorme en cuanto a la seguridad, a la identificación en línea y al funcionamiento general de todas las aplicaciones en las que necesitamos proporcionar datos a terceros o identificación online; por tanto, se va a generar una mayor fluidez en cuanto a las comunicaciones y también más seguridad en línea”.

«Del Mercado Único Digital a la identidad autosoberana», por Alberto Martínez Lacambra

ÁMBITO EUROPEO

Alberto Martinez Lacambra
ALBERTO MARTÍNEZ LACAMBRA,
director general del Centro Tecnológico del Notariado

“Este nuevo marco legislativo otorga al notario un papel esencial en un eficaz despliegue de la cartera digital"

Del Mercado Único Digital a la identidad autosoberana

La digitalización es un fenómeno que ha invadido prácticamente todas las esferas de nuestra vida, tanto en el ámbito profesional como en el privado. Desde la forma de trabajar, de desarrollar los estudios o los hábitos de compra, a la forma de relacionarnos a través de las redes sociales. El espacio virtual no sabe de fronteras y cada vez es más necesario que los ciudadanos puedan acceder a servicios públicos y privados de forma segura, tanto en el ámbito nacional como internacional, gestionando la identidad bajo su propio control, pues es el ciudadano su único legítimo propietario.

La Unión Europea ha hecho un viaje que empezó en la década de los 90 con el objetivo de crear un Mercado Único Digital (con la aprobación de la Directiva 1999/93/CE el 13 de diciembre de 1999 por la que se estableció un marco comunitario para la firma electrónica), para llegar a la última estación el pasado 11 de abril, con la aprobación el Reglamento 2024/1183 (eIDAS2) por el que se modifica el Reglamento eIDAS1 (910/2014) en lo que respecta al marco europeo de identidad digital, implementando el paradigma de self-sovereign identity (identidad autosoberana).

Este término, que fue acuñado por Cristopher Allen en 2016, en su artículo The Path to Self-Sovereign Identity (El camino hacia la identidad auto-soberana), deja claro que esta identidad consiste en hacer públicos y accesibles algunos aspectos de la persona, de manera que el ciudadano pueda controlar cuándo mostrarla, actualizarla e incluso esconderla.

Europa inicia el camino en los años 90, cuando decidió impulsar el Mercado Único Digital en el ámbito territorial europeo. En 1997, la Comisión emitió una comunicación donde subrayaba la importancia del comercio electrónico y la necesidad de un marco común regulatorio. Posteriormente, en 1999, otra comunicación se enfocaba en asegurar la seguridad y confianza en las comunicaciones electrónicas.

El 13 de diciembre de 1999 se aprobó la Directiva 1999/93/CE por la que se estableció un marco comunitario para la firma electrónica. Se fijaron las bases para la interoperabilidad de las firmas electrónicas y se intentó eliminar barreras nacionales a su uso, fomentando la confianza en las transacciones electrónicas en la UE. Por tanto, la vocación en todo momento de la interoperabilidad y la definición de ese marco común pretendían impulsar el Mercado Único Digital, quedando muy lejos de vislumbrar ese concepto de la identidad autosoberana, pues en aquel momento era difícil imaginar que la intensidad de lo digital llegaría a las cotas actuales.

La Directiva 1999/93/CE implicaba que los distintos países realizarían la transposición en su legislación interna. El resultado no fue el pretendido, ya que cada Estado miembro interpretó la Directiva, incorporando algunas restricciones e impidiendo la interoperabilidad y generando un escenario fragmentado.

Sin embargo, la Comisión Europea mantenía el objetivo de la creación de un eficaz Mercado Único Digital. En la comunicación de 19 de mayo de 2010, Una Agenda Digital para Europa, se lamentaba de que internet no tuviera fronteras, pero los mercados en línea en la UE siguieran separados por múltiples barreras, señalando que no podía mantenerse esta situación.

El siguiente gran paso a la consolidación de ese Mercado Único Digital se dio con la aprobación el 23 de julio de 2014 del Reglamento 910/2014 (eIDAS1) relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y con la derogación de la Directiva 1999/93/CE. Entró en vigor en 2016, con la ventaja de que fue de aplicación directa para los Estados miembros, sin que precisara de transposición a la legislación interna.

El Reglamento eIDAS1 definió un catálogo de servicios de confianza, entendidos como servicios que gozan de la presunción de veracidad cuando son prestados por un prestador cualificado, y supuso un importante avance en la consolidación de ese Mercado Único Digital. Al incorporar la identificación electrónica (eID) permite a consumidores y empresas probar electrónicamente que son quienes dicen ser y así obtener acceso a servicios o realizar transacciones comerciales en línea.

No obstante, la Comisión Europea, en su comunicación de 19 de febrero de 2020, Configurar el futuro digital de Europa, enfatizó en la necesidad de contar con “una sociedad europea potenciada por soluciones digitales que estén firmemente arraigadas en nuestros valores comunes”. Aseverando que “esa sociedad digital debe ser totalmente inclusiva, equitativa y accesible para todos”. En el mismo documento se puso de manifiesto la importancia de que los propios ciudadanos pudieran controlar su identidad en línea cuando fuera necesaria la autenticación para acceder a determinados servicios digitales.

En base a esa línea argumental, el 11 de abril de 2024 se aprobó el Reglamento 2024/1183 (eIDAS2), por el que se modifica el Reglamento eIDAS1 en lo que respecta al establecimiento del marco europeo de identidad digital.

Se incorpora un nuevo modelo de gestión de identidad basado en el concepto de cartera (wallet) digital. Dicho modelo se basa en el paradigma del self-sovereign identity, que consiste en un modelo descentralizado en el que la gestión de la identidad está exclusivamente bajo el control de su legítimo propietario, a diferencia de los modelos centralizados a los que estamos acostumbrados.

El wallet o cartera digital no es más que el equivalente electrónico de la cartera física que el ciudadano lleva de forma habitual, y lo que se conoce como atributos correspondería a las tarjetas o documentos que contiene la cartera.
El reglamento establece que los atributos proporcionados por los prestadores cualificados de servicios de confianza como parte de la declaración deben ser cotejados con fuentes auténticas.

Es evidente que este nuevo marco legislativo unido al rol del notario como fuente auténtica en virtud de su condición de fedatario público, le otorga un papel esencial en un eficaz despliegue de la cartera digital y, por tanto, en el impulso de la identidad auto-soberana.

El carácter de prestador cualificado de servicios de confianza del Centro Tecnológico del Notariado permitirá a su vez la emisión de declaraciones de atributos electrónicos por parte de los notarios. En este sentido, desde el Centro se está desarrollando un prototipo de cartera electrónica notarial que permitirá, en primera instancia, la emisión y almacenamiento de una declaración de atributo por parte del Consejo General del Notariado a los notarios acreditando su condición, y posteriormente, la emisión de una credencial de identidad para algún actor externo, tal como algún colegio profesional.

Desde el Centro Tecnológico estamos convencidos de la relevancia de ese cambio de paradigma y trabajaremos para adecuarnos a la cartera digital y para que el Notariado tenga un rol esencial en la autenticación de los atributos, que son la pieza clave en la Identidad Digital Europea.

¿Está bajando el nivel de inmunización?

ÁMBITO EUROPEO

Una mayoría abrumadora de los profesionales sanitarios europeos sigue creyendo que las vacunas son eficaces y seguras.

¿Está bajando el nivel de inmunización?

Enfermedades que muchos consideraban prácticamente extintas en Europa, como la tosferina o el sarampión, vuelven a extenderse por el Viejo Continente y a provocar brotes en países como España. La reducción de la inmunización parece una causa fundamental.
GONZALO TOCA

Los números no son amables. Los casos de sarampión comenzaron a aumentar en la Unión Europea el año pasado, aunque se concentraron sobre todo en Rumanía, Liechtenstein, Austria, Bélgica y Estonia. Desde marzo de 2023 se han notificado más de 6.000 diagnósticos, una cifra que la Comisión Europea considera preocupante.

Riesgo para los bebés

Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés), la población más expuesta son los bebés menores de un año, porque todavía no pueden vacunarse y debería ‘protegerlos’ la inmunidad de un entorno que sí hubiera recibido las dos dosis de la vacuna del sarampión. Los expertos admiten que ya existen víctimas mortales, aunque los fallecimientos representen una tímida minoría.

La tosferina también está dando quebraderos de cabeza a las autoridades comunitarias. Aunque no se han publicado estadísticas europeas actualizadas, todo apunta a que el incremento está siendo significativo. En marzo se confirmó que España atraviesa el peor brote epidémico desde 2015 y, a modo de ejemplo, si el informe del Instituto de Salud Carlos III correspondiente a la tercera semana de marzo del año pasado recogió cuatro casos, el de este año ya recogía casi 900 diagnósticos en nuestro país.

 


DESDE MARZO DE 2023, SE HAN NOTIFICADO MÁS DE 6.000 DIAGNÓSTICOS DE SARAMPIÓN EN LA UE, CIFRA QUE LA COMISIÓN EUROPEA CONSIDERA PREOCUPANTE


 

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades reconoce, no obstante, que se trata de una infección contagiosa que, incluso en aquellos países con una alta cobertura de vacunación, registra brotes cada tres o cinco años. Además, el ECDC matiza que el incremento que vemos en las cifras de hoy se debe en parte a la anormal falta de circulación de la infección por las restricciones a la movilidad y las extraordinarias medidas de prevención de la pandemia. En varios países europeos, los casos de 2023 y 2024 ya son diez veces más abundantes que los de 2021 y 2022.

Luis Ortigosa, pediatra y miembro del Comité Asesor de Vacunas de España, recuerda que “nuestro país ha pasado de inmunizar contra siete enfermedades a inmunizar contra 16 mediante el calendario sistemático de vacunación que se puso en marcha en 1985 y que, como vemos, no ha dejado de ampliarse”. Otro de los grandes éxitos del programa, añade, “es que hace años que el 95% de los niños está vacunado, lo que nos ha permitido crear una inmunidad de grupo que también protege a los pocos que no se vacunan”.

Sin embargo, eso no significa, señala Ortigosa, que “muchas de las enfermedades, como ha ocurrido con la viruela, se hayan erradicado o hayan desaparecido para siempre, sino que —como ha sucedido con el sarampión, la tosferina, el tétanos o la difteria— hemos conseguido contenerlas en niveles mínimos y hemos eliminado la inmensa mayoría de los casos autóctonos”.

En consecuencia, lo que vemos ahora mismo, añade, es que “el origen de la mayoría de los brotes que están surgiendo en España provienen de personas extranjeras que o no habían podido inmunizarse en su país o que, como sucede más en Europa, habían preferido no hacerlo por motivos religiosos o por unas teorías de la conspiración que aprovecharon la pandemia para exagerar o inventar graves efectos secundarios para las vacunas”.

 


ESPAÑA ATRAVIESA EL PEOR BROTE EPIDÉMICO DE TOSFERINA DE CASI LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS, SEGÚN EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III


 

Tendencias negativas

Aunque la cobertura de vacunación general europea, según la Organización Mundial de la Salud, continúa en un saludable 94% de la población infantil, lo cierto es que, en los últimos tres años, casi dos millones de niños no se han inmunizado contra el sarampión. Y eso ayuda a explicar por qué hubo 60 veces más casos en 2023 que en 2022. La cobertura general de la población infantil de Reino Unido a los cinco años se encontraba en el 93,2% en 2022/2023, su nivel más bajo en casi 15 años según las últimas estadísticas publicadas por su sistema nacional de salud. Londres es el único de los nueve territorios británicos con una tasa inferior al 90%.

Existen otros indicadores que también empiezan a ser inquietantes. Según State of Vaccine Confidence in the European Union 2022, la encuesta que toman como referencia las autoridades comunitarias, la confianza en las vacunas es relativamente baja y lleva descendiendo desde 2018 en Holanda, Letonia y Lituania. Por su parte y también desde 2018, Croacia, Hungría, Lituania y Holanda cada vez creen menos en la vacuna que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola. Entre 2020 y 2022, la mayoría de los países comunitarios perdió confianza en la vacuna contra el virus del papiloma humano.

Además de las diferencias entre países, también existen grandes diferencias entre grupos de edad. La población de entre 18 y 34 años cree menos en las vacunas que la población de 65 años, y su confianza se erosionó entre 2018 y 2022. Como los hijos se suelen tener antes de los 35 años, algunos expertos temen que algunas familias jóvenes del Viejo Continente estén empezando a dejar de vacunarlos.

Eficaces y seguras

Finalmente, según State of Vaccine Confidence in the European Union 2022, los profesionales sanitarios en países como Francia, Grecia y Eslovaquia confían cada vez menos en las vacunas, aunque una mayoría abrumadora, en la Unión Europea siga creyendo que son eficaces y seguras. Parte de esa incipiente desconfianza podría estar relacionada, según algunos estudios, con el creciente escepticismo entre los profesionales ante las autoridades sanitarias y las prácticas de las compañías farmacéuticas.

Luis Ortigosa cree que “nada de lo ocurrido hasta ahora debería llevar en ningún caso al alarmismo, sino a la precaución y la concienciación, muy especialmente, de la población adulta”. Hay adultos de más de 40 años, afirma, “que no saben todo lo que ha avanzado el calendario de vacunación en las últimas décadas y que podrían estar mejor inmunizados”. Y brotes increíbles como el de la tosferina, inéditos en España en los últimos 15 años, son una buena ocasión para recordarlo y acercarse a preguntar al ambulatorio.

Europa opina

La inquietud por los rebrotes se ha extendido por el Viejo Continente. Así, Stella Kyriakides, comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, ha reconocido que “el incremento de los casos de sarampión en toda Europa es preocupante”. Por su parte, Andrea Ammon, directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, ha lamentado que, a pesar de que las vacunas son eficaces y seguras, sufrimos unos “brotes que se podrían prevenir mediante la vacunación”.

EuroNews. Las razones del rechazo a las vacunas en Europa

España, entre los líderes europeos en vacunación

Un estudio reciente, publicado en la revista académica Expert Review of Vaccines, ha clasificado los programas más completos de vacunación de los países de la Unión Europea… y España solo ha quedado por detrás de Letonia. Los especialistas compararon las vacunas incluidas en los calendarios infantiles, recomendadas o financiadas, asignándoles una puntuación.

Hay que vacunarse durante toda la vida

Luis Ortigosa, miembro del Comité Asesor de Vacunas, estima que la cobertura general de vacunación de los adultos españoles “ronda el 35 o 45 por ciento”, cuando habría que tender al 95%. Siempre estamos a tiempo de vacunarnos. Incluso, a partir de los 65 años. Sanidad recomienda la vacuna contra la enfermedad neumocócica, la gripe o el herpes zóster.

Entre 2020 y 2022 la mayoría de los países comunitarios perdió confianza en la vacuna contra el virus del papiloma humano.

«Las vacunas sí son eficaces y seguras», por José Ramón Patterson

ÁMBITO EUROPEO

JOSÉ RAMÓN PATTERSON,

periodista

“Para cerrar la brecha entre jóvenes y mayores es necesario plantar cara a las falacias de los antivacunas"

Las vacunas sí son eficaces y seguras

Confieso que soy bastante crédulo, aunque tengo que puntualizar que no me considero un incauto; esto es: no soy un primo al que cualquiera pueda engañar aprovechándose de su candidez. Lo soy en el sentido de que no recelo de quienes creo que saben más que yo, sea de lo que sea, si tengo la certeza de que no han adquirido sus conocimientos por ciencia infusa sino mediante el estudio, por experiencia o bien analizando y verificando teorías y hechos.

Lo que quiero decir es que no subiría a un avión si no confiase en la destreza del piloto para volar ni en su pericia para sortear los cambios de presión: a él también le va la vida en ello. Y con los sanitarios me pasa igual: tiendo a pensar que estoy en buenas manos y, aunque con resignación, acato dócilmente lo que me ordenan y ni rechisto cuando me obligan a ponerme esas irrisorias batas que dejan el culo al aire.

Si profesionales acreditados me dicen que debo ponerme una vacuna, voy aprisa a ponerla. Lo hice las veces que me citaron para vacunarme contra la Covid y, recientemente, cuando me ofrecieron la vacuna contra el herpes zóster. No soy un osado, sé que las vacunas no son inocuas y que tienen riesgos, pero estoy convencido de que los beneficios compensan el peligro de no ponerlas.

Según la OMS, anualmente salvan la vida a tres millones de personas, dos y medio de ellas niños, y es indiscutible que, junto a la depuración de las aguas residuales y la potabilización del agua, son el método más eficaz para mejorar la salud pública. El arsenal de vacunas lo integran hoy algo más de 40, que han permitido reducir la incidencia de 25 enfermedades como la poliomielitis, los tumores de cuello de útero, el tétanos materno y neonatal, el sarampión, la difteria, la tosferina, la meningitis o el rotavirus.

Sin embargo, pese a su utilidad, desde la Covid han aumentado los antivacunas y enfermedades casi olvidadas están resurgiendo en el mundo desarrollado por la reducción de las tasas de vacunación y la movilidad entre países. Así, las autoridades sanitarias españolas consideran que los brotes de sarampión detectados meses atrás se deben a casos importados, y si bien la situación no parece preocupante, se teme que la elevada incidencia en Europa y otras partes del mundo provoque un goteo continuo de nuevos casos.

Lo que parece claro es que los patógenos están al acecho y reaparecen a la mínima ocasión. Salvo el virus de la viruela, los demás gérmenes causantes de enfermedades circulan libremente a la espera de la oportunidad de atacar a quienes están desprotegidos. Sucedió con la poliomielitis en Nigeria, el último país donde quedaba: el presidente nigeriano afirmó que la vacuna producía esterilidad y la población la rechazó, provocando que arraigase y, lamentablemente, que se extendiese a Afganistán y a Paquistán.

Los primeros antivacunas surgieron ya en época de Jenner, el inventor de la vacuna contra la viruela, acaso por ignorancia y miedo. Pero es asombroso que proliferen dos siglos después, cuando hay evidencias científicas incontestables de su utilidad, inducidos por negacionistas y conspiranoicos cuyo juicio se debe no tanto a intenciones perversas como a la estupidez. Y resulta llamativo que sean los jóvenes los más recelosos, según constata el último informe de la Comisión Europea sobre la confianza en las vacunas (State of Vaccine Confidence in the EU).

Que la percepción sobre el provecho de las vacunas sea mayor entre los adultos que entre los jóvenes europeos tiene bastante lógica: nuestros padres y abuelos guardan en su memoria el atroz recuerdo de enfermedades como la polio, la viruela, la tuberculosis, la difteria o la tosferina. Pero hasta la Covid, los más jóvenes no habían vivido ninguna amenaza grave, y tal vez el hecho de que se cebase especialmente con los mayores los haya llevado a suponerse inmunes.

España es uno de los países de la Unión Europea donde más se confía en las vacunas, pero esa fe puede derrumbarse por exceso de complacencia si se desatiende la vigilancia o se descuidan los programas de vacunación. Es obvio, además, que para cerrar la brecha entre jóvenes y mayores es necesario plantar cara a las falacias de los antivacunas y convencer a los renuentes por desidia de que su opción puede causar la reaparición de enfermedades casi olvidadas.

Si virólogos y epidemiólogos atestiguan que las vacunas son eficaces y seguras, créanlos. Es verdad que en ocasiones tienen efectos adversos, pero en general los beneficios contrarrestan los riesgos. Según la Agencia Europea del Medicamento, el peligro de que la vacuna de AstraZeneca contra la Covid provocase trombosis era de uno por cada 100.000 vacunaciones, inquietante sin duda. La probabilidad de morir en un accidente aéreo es de una entre 10.000. Echen cuentas.

Coto a los paraísos fiscales

ÁMBITO EUROPEO

La nueva legislación europea busca ecuanimidad impositiva en un mundo interconectado.

COTO A LOS PARAÍSOS FISCALES

La competencia es feroz. Ya sea entre bloques comerciales, Estados socios de un mercado común o incluso regiones de un mismo país, la necesidad de atraer inversiones es un objetivo prioritario de gobiernos nacionales y administraciones locales. Bajo distintas denominaciones: concierto o convenio económico, zona franca o de libre comercio, entre otras, existen determinados territorios en todo el planeta que gozan de ciertos beneficios que conllevan la exoneración en el pago de algunos impuestos. Esa laxitud tributaria, en ocasiones criticada como dumping, implica una fiscalidad a la carta que, tradicionalmente, ha beneficiado a grandes empresas y multinacionales, ávidas de rebajar su factura fiscal, que ahora puede tener los días contados.
FERNANDO GEIJO

“Uno para todos, todos para uno”, parece ser la intención que subyace en el espíritu de la legislación para tratar de meter en cintura la elusión fiscal que practican algunas multinacionales y grandes empresas aprovechando su dimensión y huella geográfica.

La idea es poner orden en la selva impositiva, donde los países compiten al ofrecer impuestos a la medida (léase a la baja) para captar inversiones en sus respectivos territorios en detrimento de otros Estados. Una estrategia administrativa que drena recursos tributarios en los mercados donde se produce la actividad comercial y concentra, en forma de maná, el pago de tasas en áreas privilegiadas. Además, supone una evidente desventaja competitiva para las pequeñas y medianas empresas, excluidas de esta especie de juego del trilero fiscal al alcance sólo de las grandes corporaciones.

Un poco de historia

Para cambiar esta dinámica, desde el pasado 1 de enero, han entrado en vigor varias normativas comunitarias que introducen un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15% paras las multinacionales con actividades en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea (UE).

El objetivo de esta nueva legislación es obtener una mayor ecuanimidad y estabilidad impositiva en un mundo interconectado, tanto en el ámbito comunitario como global. De hecho, esta senda se inició hace años con las recomendaciones emitidas desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G-20 contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

Fruto de ello, la UE adoptó medidas para convertir lo anterior en derecho comunitario, de cara a luchar contra la planificación fiscal agresiva en su mercado interior. De esta manera, aprobó sendas directivas: UE 2016/1164 y UE 2017/952, de 12 de julio de 2016 y 29 de mayo de 2017, por las que se establecían normas para evitar la elusión fiscal y se legislaba en materia de asimetrías híbridas con terceros países, respectivamente. Posteriormente, el Parlamento Europeo sancionó la Directiva UE 2022/2523, de 15 de diciembre de 2022, en la que se definen aspectos como el gravamen mínimo de sociedades, establecido en el 15%, y el impuesto complementario.

 


140 PAÍSES YA SE HAN ADHERIDO A LAS NUEVAS NORMATIVAS ANTIELUSIÓN FISCAL EMPRESARIAL


 

Cuestión de pilares

Previamente, en octubre de 2021, la normativa tributaria recibió un nuevo impulso mediante la declaración conjunta de la OCDE y el G-20 en relación con la citada erosión impositiva y el traslado desleal de beneficios. Para ello se aprobó una declaración, apoyada hoy en día por alrededor de 140 países (incluidos China e India y, por parte europea, algunos países bajo la lupa de la laxitud, como Países Bajos, Luxemburgo y Malta), que suponen en conjunto más del 90% del PIB mundial, y que, entre otros aspectos, perseguía unificar el marco fiscal internacional con una solución basada en dos pilares.

El primero incluye mecanismos para permitir la reasignación de los derechos de imposición entre diferentes jurisdicciones, en las que grandes empresas y multinacionales comercian y obtienen sus beneficios. El segundo comprende las normas para garantizar que se abone el impuesto de sociedades al tipo mínimo acordado del 15%, transpuesto al derecho de la UE mediante Directiva del Consejo de 15 de diciembre de 2022.

El tamaño importa

La nueva normativa comunitaria afecta por igual a multinacionales y a grupos nacionales considerados de gran magnitud, siempre y cuando tengan, por un lado, una sociedad matriz o filial en algún país de la UE y, por otro, ingresos combinados anuales iguales o superiores a los 750 millones de euros obtenidos en, al menos, dos de los últimos cuatro ejercicios inmediatamente anteriores de operación en el mercado único.

Asimismo, la reciente legislación en vigor trata de no dejar cabos sueltos. De esta manera, si se da el caso de que el tipo impositivo efectivo sea inferior al 15% en un país determinado, la directiva comunitaria contempla la posibilidad de calcular la carga fiscal a abonar mediante el denominado impuesto complementario. Una suerte de compensación efectiva cuando se dé la circunstancia de que una filial no esté sujeta al tipo mínimo en el país extranjero en el que desarrolla su actividad, para lo que se le aplicará la citada tasa a su sociedad matriz en el Estado miembro de la UE donde esté situada.

Además, esta directiva también garantiza el pago tributario en los casos en que la matriz no se encuentre ubicada en la UE sino en algún país con bajas tasas que, aún, no aplique normas similares.

Sangría económica

La importancia financiera de este asunto no es baladí. Así, la propia OCDE calculó en su día que los gobiernos pierden cada año nada menos que entre 100.000 y 240.000 millones de dólares por evasión fiscal debido a la ingeniería financiera practicada por grandes empresas y multinacionales.

Tras la puesta en marcha de la normativa europea se abre el turno para que los gobiernos nacionales aprueben leyes en línea con el tipo mínimo acordado, reduciendo las posibilidades de fraude. Esto, sin llegar a eliminar la competencia fiscal entre Estados, acotará el uso agresivo de estrategias de atracción de inversiones y supondrá, según la OCDE, la generación a escala global de ingresos adicionales anuales para las Administraciones por importe de 150.000 millones de dólares.

 


LA EVASIÓN POR INGENIERÍA FISCAL GENERA PÉRDIDAS ANUALES DE ENTRE 100.000 Y 240.000 MILLONES DE DÓLARES


 

Como mostró la célebre película Wall Street, el dinero nunca duerme, dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Michael Douglas, la avidez por maximizar los ingresos y reducir los gastos es una constante de toda gestión empresarial que se precie. Sin embargo, las nuevas normativas aprobadas ya están dando sus resultados. Gracias al trabajo pionero de la UE, varios ‘paraísos’ ya han anunciado la implementación de un impuesto de sociedades para las empresas que operen en sus respectivos territorios. Una necesaria cuestión de justicia distributiva frente a las recurrentes prácticas ejercidas por algunos grandes conglomerados empresariales.

Tenemos un plan

La normativa emanada del impulso propuesto en el seno de la OCDE y avanzada por la UE tiene evidentes ventajas; entre ellas:

  • Permitir a los gobiernos incrementar la inversión en infraestructuras gracias al aumento de la recaudación impositiva.
  • Ayudar a recabar fondos para destinarlos a la lucha contra el cambio climático.
  • Garantizar que las grandes empresas paguen las tasas donde operan y obtienen beneficios.
  • Posibilitar una distribución más justa de los impuestos sobre los beneficios, incluidos los relativos al negocio de origen digital.
  • Aportar estabilidad y confiabilidad al sistema fiscal internacional.
A vueltas con lo digital

Tras el auge tecnológico y dado que la normativa aún presupone la presencia sobre el terreno para gravar la actividad empresarial, la UE también aboga por la implantación de un sistema digital de tasas que tenga esto en cuenta.

Por tanto, la UE trabaja desde 2017 para alinear la normativa tributaria actual a la era digital. Para ello, en marzo de 2021 adoptó nuevas normas (denominadas DCA7) con el objetivo de que las autoridades de los Estados miembros intercambiasen automáticamente, a partir de 2023, información sobre los ingresos de las plataformas digitales.

En octubre de 2023, el Consejo dio otra vuelta de tuerca y adoptó una nueva directiva (DCA8), cuyos principales cambios consistían en:

  • El intercambio automático de información sobre operaciones con criptoactivos.
  • La información para personas con elevado patrimonio neto sobre resoluciones fiscales previas.
OJO AL DATO

Directiva (UE) 2022/2523 del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión. Diario Oficial de la Unión Europea, 22 de diciembre de 2022.

Declaración sobre el enfoque de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía. OCDE, 8 de octubre de 2021.

Directiva del Consejo por la que se modifica la 2011/16/UE, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. Consejo de la Unión Europea, 19 de febrero de 2021.