La implantación de los fondos Next GenerationEU encara ya su recta final. Nacieron de la pandemia en 2020 con una duración limitada: en agosto de 2026 todos los hitos y objetivos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), a través del que se ejecutan, tendrán que haber sido cumplidos para que España pueda recibir los correspondientes fondos.

El 8 de agosto pasado se desembolsó el quinto pago por una cuantía total de 23.000 millones de euros. A fecha de hoy, España ha recibido 71.000 millones de euros, tras la consecución de 264 hitos y objetivos del total de 594 que contiene el plan, esto es, el 44%, tras cinco solicitudes de pago. El PRTR suma una cuantía total de hasta 163.000 millones de euros (en torno al 11% del PIB de España). Estas cifras nos muestran que, en este momento, queda todavía trabajo por hacer en el año escaso que resta.

Las cifras de crecimiento económico de los últimos años en España dan fe de que el mecanismo de recuperación y resiliencia está siendo un éxito, pero quedan desafíos por abordar. El ritmo de implementación, ejecución y desembolsos se ha visto ralentizado en el último año debido a la alta carga administrativa. Además, la evaluación de la consecución de los hitos y objetivos es compleja debido a su alto grado de detalle. Es por ello por lo que la evaluación de la quinta solicitud de pago ha sido larga (el pago se solicitó el 20 de diciembre de 2024 y se desembolsó el 8 de agosto de 2025) y ha necesitado de varias revisiones del plan.

Estos desafíos son comunes a los planes de todos los Estados miembros y por ello el pasado 4 de junio la Comisión Europea publicó una comunicación que busca simplificar los planes, de una forma integral y sistemática, antes de que termine el año 2025. Esta simplificación ayudará a agilizar la labor de los Estados miembros (la consecución de los hitos y objetivos) y de la Comisión Europea (la evaluación de las solicitudes de pago), para así asegurar los desembolsos pendientes en este último año. Entre las opciones que esta comunicación presenta para simplificar los planes, se encuentra extender aquellas medidas que han sido exitosas hasta el momento, reducir el tamaño de los préstamos en caso de que la demanda fuera más baja de lo esperado, o separar aquellas partes de proyectos que no puedan completarse antes de agosto de 2026 para que sean financiadas por otros mecanismos de financiación nacionales o europeos. La comunicación propone, también, revisar la literalidad de los hitos y objetivos para centrarse únicamente en los elementos esenciales y así facilitar su implementación.

El mecanismo de recuperación y resiliencia ha sido pionero en la forma de implementar fondos europeos, y ha supuesto un éxito sin precedentes al facilitar reformas estructurales que la Comisión Europea llevaba años requiriendo en el marco del Semestre Europeo y al ejecutar inversiones con un alto impacto en la competitividad y desempeño del tejido industrial español. Además, como los planes han sido elaborados con la estrecha participación de los Estados Miembros, se han tenido en cuenta las necesidades específicas de cada territorio, y cada país ha tenido un alto grado de sentido de propiedad de su propio plan.

Por ello, teniendo en cuenta las ventajas del modelo basado en resultados del mecanismo de recuperación, el pasado 16 de julio la Comisión Europea propuso mantener esa metodología de cara al próximo presupuesto de la UE (el llamado Marco Financiero Plurianual (años 2028-2034)), que ahora debe ser discutido y acordado con el Parlamento Europeo y los Estados miembros. En su propuesta, la Comisión Europea incluye planes nacionales y regionales de asociación que agruparían gran parte de los fondos europeos existentes. Al igual que los planes del marco de recuperación y resiliencia, los planes nacionales de asociación se basarían en las prioridades europeas, adaptándose a las necesidades específicas de los Estados miembros y de las regiones, y los fondos se desembolsarán de acuerdo al cumplimiento de hitos y objetivos. El nuevo sistema ofrecería flexibilidad a los Estados miembros para incluir capítulos nacionales, sectoriales y, cuando corresponda, regionales y territoriales, como en la normativa vigente, en función de las estructuras y tradiciones constitucionales de cada Estado miembro. Proporcionarían apoyo específico en todas las políticas de la UE para atender necesidades urgentes, como los desafíos que enfrentan las regiones fronterizas orientales más afectadas por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, o la prevención y mitigación de desastres naturales. En general, los planes nacionales de asociación serían menos prescriptivos en cuanto a cómo alcanzar los objetivos comunes, pero más exigentes en cuanto a qué lograr, garantizando el pleno respeto del principio de subsidiariedad.

Como conclusión, el último año del mecanismo de recuperación y resiliencia será clave para el éxito del instrumento. Aún queda mucho por hacer, y el esfuerzo común de todas las administraciones, empresas y ciudadanos es fundamental para que las inversiones y reformas del PRTR lleguen a buen puerto. Esto es así, no sólo porque la economía española tiene mucho de lo que beneficiarse aún, sino porque es el reflejo de un nuevo modelo de financiación europea que tiene el potencial de traspasar el ámbito limitado del mecanismo de recuperación y resiliencia para alimentar el marco del presupuesto de la Unión. Está en el interés de todos, ciudadanos, empresas e instituciones nacionales y europeas, aprovechar al máximo esta oportunidad.

La Unión Europea ha lanzado su órdago contra las grandes tecnológicas. Durante años, el dominio de las ‘big tech’ se ha sostenido sobre la premisa de la innovación, la eficiencia y el progreso, y sobre la idea de que su tamaño y poder eran inevitables. Europa, sin embargo, ha decidido poner en duda ese relato.

Con la Ley de Servicios Digitales y de la Ley de Mercados Digitales (DSA y DMA, por sus siglas en inglés), y también con otras como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y con la Ley de IA, la UE ha hecho algo más que legislar: ha cuestionado la lógica que ha gobernado internet durante dos décadas de salvaje oeste. No es que el Viejo Continente esté hiperregulando: es que se está poniendo al día con todo lo que tenía que haber hecho estos últimos 20 años.

El objeto de estas leyes, y en particular de la DMA, tiene nombre y apellidos: Apple, Google, Meta, Amazon, Microsoft y ByteDance. Los designados como “guardianes digitales” ya no gozan de la impunidad de solían. Ahora se les exige lo que durante años parecía imposible: abrir sus jardines amurallados, renunciar a las autopreferencias (que favorecen a sus propios productos) y devolver al usuario un mínimo de poder de decisión.

La victoria no es teórica. Es tangible. Los consumidores europeos ahora pueden instalar aplicaciones fuera de la App Store y pagar con métodos distintos a Apple Pay. Estas medidas no han estado exentas de críticas. Una de las principales tiene que ver con la ciberseguridad. Forzar a Apple a permitir tiendas de aplicaciones externas abre la puerta a apps maliciosas, suplantaciones de identidad y fallos de verificación, entre otros problemas. Existen mecanismos para minimizar estos riesgos, pero a partir de ahora habrá que tener más precaución.

En cuanto Microsoft, debe permitir desinstalar su navegador Edge. Google debe ofrecer pantallas de elección de buscadores y navegadores, e implementar algunas medidas de reducción del rastreo publicitario, y además se enfrenta a investigaciones por abusar de su posición en las búsquedas y en su tienda de apps. A Meta se le exige que WhatsApp sea interoperable con otros servicios de mensajería instantánea, y que los usuarios puedan usar sus plataformas sin tener que aceptar anuncios personalizados (o pagar por una suscripción de 12 euros al mes) para ello.

Las sanciones también han llegado. 500 millones de euros para Apple, 200 para Meta… Algunas organizaciones critican que deberían haber sido mayores, pero esto es solo el principio: las cifras podrían llegar al 10% de sus ingresos globales, o al 20% si reinciden.

Las ‘big tech’ no están contentas -y han anunciado apelaciones- pero la organizaciones de consumidores tampoco lo están. La DMA , la DSA, el RGPD y la ley de IA son sectoriales, por lo que falta una visión de conjunto: una arquitectura coherente que proteja a los consumidores más allá del tamaño de las plataformas.

La DMA apunta a los gigantes, muchos actores apenas por debajo del umbral siguen funcionando sin restricciones. Frente a esto, son necesarias obligaciones proporcionales para plataformas intermedias, y también una implementación accesible, para que la interoperabilidad no se traduzca en dificultades técnicas para el consumidor que quiera cambiar de navegador o tienda de apps.

Pero no solo se trata de eso. La catedrática de derecho europeo Monika Namysłowska apunta a una “muerte silenciosa de la ley del consumidor de la UE” en un artículo publicado en la revista científica Journal of Consumer Policy. En él, argumenta que el derecho de consumo tradicional de la UE, históricamente basado en la equidad, la diligencia profesional y un «consumidor» claramente definido, se está volviendo obsoleto en el entorno digital.

En primer lugar, por la fragmentación de las leyes sectoriales que redefinen a las personas como «usuarios» o «personas físicas», términos más genéricos que “consumidores”, que diluyen su significado e ignoran sus vulnerabilidades específicas. Y en segundo lugar por la opacidad legal e inadecuación de herramientas existentes para abordar la manipulación algorítmica, el abuso del diseño de interfaces (por ejemplo, los llamados ‘patrones oscuros’ que llevan al consumidor a realizar acciones contrarias a su voluntad) y las asimetrías digitales.

Como consecuencia, se debilita la protección del consumidor, y eso genera daños tanto económicos como sociales: menos confianza en los mercados digitales, desventajas competitivas para las empresas éticas, explotación de vulnerabilidades psicológicas, elaboración de perfiles, manipulación y aumento de la desigualdad, especialmente entre los grupos con menor alfabetización digital.

Para subsanar esto, Namysłowska propone una ‘Ley de Equidad Digital’: un reglamento horizontal que se aplique de forma uniforme en todos los Estados miembros; que incluya una cláusula general, basada en la “diligencia profesional digital”, que obligue a los comerciantes online a evitar explotar las asimetrías y vulnerabilidades digitales; la creación de una lista negra de prácticas comerciales digitales desleales, y el reconocimiento de los perjuicios no económicos (como la manipulación emocional y cognitiva).

“La pregunta ya no es si el marco jurídico debe evolucionar. La única pregunta que queda es si la Unión Europea está dispuesta a liderar esa evolución”, concluye la catedrática. Y lo cierto es que no está claro. Lejos de introducir estos cambios, el momento geopolítico actual hace pensar que pueden darse pasos hacia atrás.

Las grandes tecnológicas, aliadas con Trump, presionan para desregular y aligerar las normativas digitales, y para frustrar su correcta aplicación. Lo reflejan los tira y afloja para tratar de diluir el texto final del Código buenas prácticas de IA de propósito general. Además, han obtenido ya algunas victorias, como la reapertura del RGPD para introducir modificaciones a su favor o la propuesta de la CE de derogar la Directiva de Responsabilidad civil en materia de IA y la de Privacidad Electrónica. También se está considerando pausar la aplicación de la Ley de IA, junto con enmiendas de simplificación.

Europa parece perdida en un momento que exige, más que nunca, liderazgo. Un liderazgo fiel a su modelo, que conjuga innovación con responsabilidad, desarrollo con derechos, y progreso con principios, en línea con los valores europeos. La UE ha demostrado que es posible -y necesario- poner límites al poder desmedido de las grandes tecnológicas. Frente a la hegemonía tecnológica de los gigantes de Silicon Valley, ha exhibido su músculo como superpotencia regulatoria. Ahora no puede tirarlo todo por la borda.

Si rectificar es de sabios, es probable que la Comisión Europea haya acertado. Pero, como suele decirse, en el pecado lleva la penitencia. Bruselas reconoció en febrero en su comunicación oficial que con las nuevas propuestas para simplificar las normas de la UE se pretende “aunar nuestros objetivos climáticos y de competitividad”. Es más, se busca crear las condiciones “para que las empresas de la UE prosperen, atraigan inversiones, alcancen nuestros objetivos compartidos, incluidos los objetivos del Pacto Verde Europeo, y liberen todo nuestro potencial económico”.

La pregunta es obvia: ¿por qué no se conciliaron antes esos objetivos: economía y medio ambiente? También la respuesta es obvia: porque los tiempos, como en la canción de Dylan, están cambiando y tras la pandemia y, sobre todo, la guerra en Ucrania, los gobiernos y la propia Comisión Europea observan cuestiones como el fenómeno del cambio climático de otra forma. Y ahí está el regreso del carbón en algunos países, el creciente debate sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares o la suavización de normas fitosanitarias, una demanda histórica de muchos agricultores europeos que están convencidos de no compiten en igualdad de condiciones con el resto del mundo. Lo paradójico está en que todo va tan rápido que Bruselas rectifica normas que ni siquiera habían entrado en vigor, lo que revela cierta improvisación.

El equilibrio entre economía y medio ambiente, como se sabe, es un viejo debate sin resolver. Seguramente, porque no tiene solución. Nuestro propio pensamiento cambia según las circunstancias, y hoy los gobiernos están sometidos a un trilema difícil de resolver: actuar contra el cambio climático, asegurar al mismo tiempo el crecimiento económico y, por último, aunque no menos importante, competir en mercados internacionales con países menos comprometidos con el medio ambiente. Se podría añadir otro dilema. El contexto político ha cambiado tanto que ahora, por primera vez, partidos ya asentados en el espacio político europeo, han visto en las normas medioambientales un argumento propicio para crecer electoralmente, lo que explica que Bruselas actúe mirando con el rabillo del ojo ante el creciente peso de esas formaciones.

La Comisión Europea, sin embargo, como en el viejo adagio de un político conservador español, tiene razón cuando rectifica. Exigir los mismos —o parecidos— requisitos a las empresas pequeñas que a las grandes en materia de sostenibilidad sólo conduce a un deterioro del tejido productivo más vulnerable. Entre otras razones, como reconoce Bruselas, porque son las empresas más grandes las que tienen más probabilidades de tener mayor impacto en las personas y el medio ambiente. Es de perogrullo, pero hasta ahora las normas pasaban por alto esta circunstancia en muchos aspectos.

Es verdad que han sido necesarias movilizaciones en el agro europeo para llegar a esta rectificación y que es una buena noticia. Sólo cabe que la simplificación de normas no sólo afecte al agro europeo, sino que Bruselas sea más ambicioso y lo extienda a otras actividades. Es un hecho que las cargas administrativas, en particular para las pymes, son en muchos casos excesivas. Es posible que debido al pobre funcionamiento de lo que se ha llamado principio de subsidiaridad, es decir, que la toma de decisiones (en este caso la carga burocrática) esté cerca del lugar de residencia del ciudadano o de la empresa afectada. Hoy, mucha información obra en poder de los Estados y carece de sentido una vigilancia tan estrecha por parte de Bruselas.

No hay que olvidar, en todo caso, que con la nueva propuesta de la Comisión no desaparecen los requisitos, sino que lo que ganan las pymes es tiempo para aplicar las normas. El Parlamento Europeo ya ha aprobado la directiva Stop-the-clock (parar el reloj) que demora dos años la obligación de presentar información sobre sostenibilidad para las grandes empresas y pymes cotizadas, y un año la transposición de la directiva sobre diligencia debida. Es decir, la norma que obliga a las empresas a estar vigilantes sobre las violaciones de derechos humanos o los posibles daños medioambientales que se puedan producir en toda la cadena de producción, independientemente del lugar en que se produzcan.

¿Cuál es el riesgo? Ni más ni menos que en el actual contexto geopolítico —EEUU ha vuelto a abandonar el Acuerdo de París tras la llegada de Trump— la Unión Europea olvide o, al menos, diluya los compromisos plasmados en el Pacto Verde europeo, algo más que necesario independientemente de la coyuntura de los gobiernos. Entre otras razones, porque el cambio climático no entiende de fronteras ni de política. Ni, por supuesto, de alianzas entre partidos para evitar erosiones electorales por la derecha.

Sobre el papel, por el momento, se mantienen firmes los objetivos del Pacto Verde hasta alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono en 2050, pero con una nueva filosofía que pone el énfasis en el célebre gato blanco o gato negro.

O expresado de otra forma, a la UE le da igual qué energía se utilice para alcanzar ese objetivo, ya que prima el principio de neutralidad tecnológica. Esto significa que Bruselas traslada a los Estados el debate sobre qué tipo de fuentes energéticas son más compatibles con el medio ambiente. La polémica no ha hecho más que comenzar. Probablemente, porque la sostenibilidad medioambiental, la competitividad de las industrias (no sólo las tradicionales) y la seguridad en el aprovisionamiento energético son hoy los vectores por los que transita el mundo. Y encontrar una solución al trilema es más necesario que nunca.

Los fondos Next Generation EU nacieron como una respuesta inmediata y potente a los efectos económicos de la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, durante estos últimos cuatro años se ha demostrado que las reformas e inversiones que contienen los planes de recuperación asociados a estos fondos han supuesto mucho más para España y han promovido transformaciones estructurales de la economía española.

Nuestro “momento hamiltoniano” llevó a que, en 2020, ante los estragos económicos y personales de la pandemia y en un ejercicio de solidaridad sin precedentes, la Unión Europea decidió dotarse, de forma unánime, de un instrumento temporal de deuda mancomunada que prácticamente duplicaba el monto total del presupuesto de la UE para el siguiente septenio, en un contexto de salida de un contribuyente neto tradicional como era el Reino Unido. Las cifras de crecimiento económico de los últimos años dan fe de que el mecanismo de recuperación y resiliencia, ejecutado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español (PRTR), está siendo un éxito consiguiendo que los Estados miembros de la Unión Europea cuenten con datos macroeconómicos de pre-pandemia invirtiendo en las prioridades de futuro de forma coordinada, en un contexto socioeconómico y geopolítico enormemente exigente. La estrategia de los fondos Next Generation EU está fuertemente anclada en el liderazgo en la transición verde y digital llevada a cabo a la europea, es decir, sin dejar a nadie atrás.

El inicio de una nueva Comisión Europea en 2025 será también el año decisivo para la implementación efectiva de este plan en España y en todos los países de la Unión Europea, sabiendo que la fecha límite de ejecución es el verano de 2026.

A nivel europeo, a través de estos fondos se han comprometido 648.000 millones de euros del presupuesto de la UE, en forma de subvenciones no reembolsables y préstamos al Estado del total disponible de 750.000 millones de euros.

En el caso de España, el PRTR suma una cuantía total de hasta 163.000 millones de euros (en torno al 11% de su PIB), de los cuales 48.000 millones ya han sido desembolsados, un 60% del total de subvenciones, cubriendo un total de 181 hitos y objetivos del total de 594 que el contiene el plan; esto es, el 36%, en cuatro solicitudes de pago. El avance ha sido mayor en las reformas que en las inversiones, ya que esas en general tenían mayor peso en los pagos iniciales del PRTR. Evidentemente, esto implica que queda mucho por hacer (el 70% de los deberes) y en un plazo muy corto de 18 meses (hasta agosto de 2026). Desplegar este nuevo instrumento en un país como España ha supuesto un ejercicio titánico por parte de todos los niveles de la Administración, dado que, en muchos ámbitos, hay una gestión descentralizada. Por poner un ejemplo, a nivel regional, 161 conferencias sectoriales han recibido fondos para gestión de las comunidades autónomas, en paralelo con la gestión por parte de la Administración General del Estado y autoridades locales. A día de hoy, a nivel europeo, la Comisión ya ha desembolsado más de 300.000 millones de euros en pagos que se producen una vez cumplidas las medidas comprometidas.

Hay que dar un empuje importante al despliegue de las inversiones pendientes y a los instrumentos financieros que constituyen el grueso de los préstamos (de hasta 83.000 millones). El despliegue exitoso del gran número de instrumentos financieros bajo el capítulo de préstamos, que supondrán hasta 76.000 millones de euros para 14 nuevos instrumentos en total, es clave para la finalización exitosa del PRTR. Estos instrumentos financieros están siendo ejecutados por organismos con amplia experiencia y reconocido prestigio, como el Instituto de Crédito Oficial (con ICO verde, ICO pyme, ICO vivienda o ICO Next Tech), el grupo Banco Europeo de Inversiones, así como otros organismos, incluyendo los de reciente creación, como SEPIDES, COFIDES y SETT.

Las últimas revisiones del plan en enero de 2025 ya han buscado modos de agilizar las cosas y, de hecho, han avanzado decenas de hitos y objetivos ya acometidos para que sean desembolsados y se consideren cerrados. Se trata de un esfuerzo que ha de ser compartido y coordinado con todos los niveles de la Administración que forman parte del plan, para llegar a la meta con todos los hitos y objetivos conseguidos a finales de 2026.

Como conclusión, será crítico que todas las administraciones públicas sigan demostrando altas competencias tanto en la asignación como en el uso de estos recursos financieros extraordinarios, cumpliendo con los requerimientos que el plan solicita. El éxito del plan de recuperación y resiliencia en España es una oportunidad de oro para sentar las bases para un futuro más próspero y sostenible con una ventana de oportunidad que va cerrándose cada vez más rápido.

Señalaba Aristóteles que toda comunidad está constituida en vista de algún bien. Ese bien común, expresado en este caso a través de un esfuerzo fiscal mancomunado, dedicado a contrarrestar los daños económicos de ciudadanos y empresas derivados de la pandemia, es el que nos refuerza como comunidad dentro de la Unión Europea.

El triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses ha reavivado las tensiones sobre el compromiso del país con la OTAN y la seguridad europea. En sus primeros discursos, Trump ha advertido que no protegerá a los países que no cumplan con el objetivo del 2% del PIB en gasto militar -España está a la cola de toda la UE con un 1,28%-, dejando claro que reducirá la implicación americana en la Alianza. Este escenario plantea una amenaza directa a la estabilidad del continente en un momento de gran volatilidad por la invasión rusa de Ucrania. El Parlamento Europeo aprobó recientemente en Estrasburgo una dura resolución en la que exigía más apoyo militar concertado a Ucrania ante la implicación reciente de China y Corea del Norte en el conflicto y ante las pruebas rusas de nuevos misiles balísticos. El lenguaje bélico invade ya los comunicados de prensa de unas instituciones creadas para la paz hace ahora 67 años.

La Eurocámara, a diferencia del nuevo mandatario norteamericano, deja claro que “no pueden llevarse a cabo negociaciones sobre Ucrania sin Ucrania” y pide a la UE trabajar para lograr el apoyo internacional más amplio posible al país, sobre todo teniendo en cuenta la escalada reciente y el preocupante apoyo en recursos a Rusia de Irán, Bielorrusia y Corea del Norte.

Todos estos acontecimientos urgen reforzar la autonomía estratégica de la UE y su cooperación en defensa, especialmente con el Reino Unido, un aliado clave que ha quedado fuera de la estructura comunitaria tras el Brexit. Las noticias que nos llegan de Londres son positivas: el nuevo gobierno de Keir Starmer, con su enfoque proeuropeo y su voluntad de resetear las relaciones con Bruselas, ofrece una oportunidad única.

Uno de los pilares de este nuevo acuerdo para reiniciar las relaciones bilaterales debe ser la defensa común. En un mundo cada vez más inseguro, la UE y el Reino Unido tienen mucho que ganar de una asociación más estrecha.

La Unión Europea, consciente de las implicaciones de un Estados Unidos obsesionado con China y menos comprometido con nuestro continente, debe liderar el esfuerzo para fortalecer su pilar defensivo dentro de la OTAN, integrando las capacidades británicas en un marco europeo más sólido. El Reino Unido, por su parte, tiene el incentivo de consolidar su influencia en Europa a través de acuerdos que no solo refuercen su posición como socio privilegiado, sino que también le permitan mantener su relevancia en un entorno geopolítico cada vez más hostil.

La clave radica en una negociación de doble vía: por un lado, garantizar que la UE mantenga una postura unida y cohesionada en sus negociaciones en bloque con el Reino Unido. Por otro, es lógico que en políticas como la de defensa su colaboración incluya acuerdos bilaterales adicionales, como el mantenido con Francia y el reciente Acuerdo Trinity House con Alemania, que incluye la construcción de una fábrica de artillería en Reino Unido, el despliegue de aviones alemanes para proteger el Atlántico Norte y el desarrollo conjunto de misiles de largo alcance y drones.

Insisto: Aunque valiosos, estos acuerdos nunca deben contemplarse en detrimento del refuerzo de una verdadera dimensión europea de la defensa. Cierto, la UE no tiene ejército propio, pero el margen de cooperación es amplio. El Reino Unido debe participar también en proyectos estratégicos conjuntos, en iniciativas como el Instrumento para el Refuerzo de la Industria Europea de Defensa, diseñado para fomentar adquisiciones conjuntas y optimizar el gasto público en capacidades militares. Además, invertir en otras áreas estratégicas como la ciberseguridad y la conectividad espacial fortalecería la resiliencia de las infraestructuras críticas de ambos.

El liderazgo de Starmer llega en un momento oportuno. Un acuerdo estructurado con la UE permitiría finalmente al Reino Unido participar en misiones militares y civiles de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), fortaleciendo las capacidades operativas conjuntas.

Además, la cooperación podría extenderse a áreas críticas como la seguridad energética y la gestión de migraciones. Británicos y europeos ya dieron en febrero un paso significativo en esta última materia, al acordar una colaboración entre sus agencias de control de fronteras para combatir la migración irregular con un mayor intercambio de información y la coordinación operativa. Paralelamente, se están explorando mecanismos que permitan una movilidad juvenil más estructurada, facilitando que jóvenes europeos y británicos vivan y trabajen temporalmente en el otro territorio. El enfoque es delicado: busca fortalecer la seguridad y la cooperación, evitando la percepción de un regreso a la libre circulación, algo aún sensible en Reino Unido.

No hay luna de miel después de un divorcio traumático. La UE ha dejado claro que cualquier avance significativo en este reseteo de relaciones requerirá que el Reino Unido cumpla plenamente con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Comercio y Cooperación de 2020. Esto incluye la implementación de controles fronterizos y el respeto a los derechos de los ciudadanos europeos en suelo británico, cuestiones que hasta ahora han sido fuente de fricciones.

En todo caso, el regreso de Trump a la Casa Blanca deja claro que Europa ya no puede depender del paraguas de seguridad estadounidense como lo ha hecho en el pasado. Debe asumir una mayor responsabilidad por su propia defensa, y el Reino Unido, con sus capacidades militares avanzadas, su potencia nuclear y su experiencia global, es un socio natural en este esfuerzo.

En última instancia, el éxito de este reseteo dependerá de la voluntad política de ambas partes para priorizar el interés común sobre las diferencias pasadas. Y la elección de Trump podría terminar siendo el mejor catalizador para ello.