Un radar para entender y aplicar el Derecho europeo

ÁMBITO EUROPEO

Un radar para entender y aplicar el Derecho europeo

Redacción

Coincidiendo con el cuarenta aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) presentó en enero el Radar Europeo ICAM, una herramienta digital que permite seguir de forma actualizada y comprensible el ciclo legislativo europeo y su aplicación en el ordenamiento jurídico español.

En las últimas cuatro décadas España ha incorporado 6.747 normas europeas a su sistema jurídico. Solo en 2025, el 45 % de las leyes aprobadas por las Cortes Generales tuvo origen comunitario, ya sea por transposición de directivas o por adaptación a reglamentos europeos. Sin embargo, España sigue siendo el país de la UE con mayor número de directivas pendientes de transposición: 101, de las cuales la mitad acumulan ya retrasos.

En este contexto, el Radar Europeo ICAM se presenta como una herramienta de servicio público orientada a reforzar la seguridad jurídica, facilitar el trabajo de la abogacía y de otros operadores jurídicos y reducir la distancia entre Bruselas y la práctica jurídica diaria. Su diseño ha corrido a cargo del Observatorio ICAM de Derecho de la Unión Europea, una estructura estratégica creada en 2024 para ofrecer análisis riguroso, recursos especializados y formación sobre Derecho comunitario a los profesionales del sector legal.

EN LAS ÚLTIMAS CUATRO DÉCADAS, ESPAÑA HA INCORPORADO 6.747 NORMAS EUROPEAS A SU SISTEMA JURÍDICO

Acercar Europa

Durante el acto de presentación, celebrado en la sede de la Representación de la Comisión Europea en Madrid, su director, Daniel Calleja, señaló que “la digitalización de la Justicia es un tema prioritario para la UE”, además de recordar que “la privacidad y la seguridad de los datos deben ocupar un lugar primordial”. También aseguró que “la Comisión Europea está convencida de que no puede haber justicia de calidad sin profesionales formados y capacitados. El papel de los colegios profesionales es absolutamente central”.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, subrayó que el Radar Europeo nace para responder a una necesidad estructural del sistema jurídico español: “Europa no sufre una carencia normativa, sino un déficit de ejecución y de armonización”. Recordó que España encabeza actualmente la lista de Estados miembros con directivas pendientes de transposición, y alertó de que “la fragmentación en la aplicación del Derecho de la Unión es un vector de inseguridad jurídica, dificultando la actividad económica y el fortalecimiento del mercado interior europeo en un contexto de alta tensión geopolítica comercial”.

Por su parte, la diputada Teresa Mínguez, responsable de Relaciones Internacionales y copresidenta del Observatorio ICAM de Derecho de la Unión Europea, subrayó que “el Radar Europeo ICAM es una herramienta viva y en evolución que refuerza la capacidad de la abogacía para comprender, anticipar y participar activamente en estos procesos de transformación”.

LA HERRAMIENTA PERMITE SEGUIR EL CICLO LEGISLATIVO COMUNITARIO CON CRITERIOS JURÍDICOS Y ENFOQUE PRÁCTICO

Una plataforma para juristas

Desarrollado por el Observatorio ICAM de Derecho de la Unión Europea en colaboración con Newtral, el Radar Europeo ICAM se presenta como una plataforma especializada para anticipar, entender y aplicar el Derecho comunitario desde la práctica profesional. Diseñado expresamente para juristas y operadores del sistema legal, permite realizar un seguimiento estructurado y comprensible del ciclo legislativo europeo, desde la propuesta normativa hasta su adopción, transposición y entrada en vigor, con acceso inmediato a los textos legales, medidas nacionales de transposición, jurisprudencia europea y alertas de cumplimiento. Todo el sistema está alojado en la nueva web del Observatorio, accesible en www.observatorioue.icam.es.

Justicia Digital 2030

La presentación del Radar tuvo lugar en el marco de un coloquio titulado Justicia Digital 2030, organizado por el ICAM en colaboración con la Representación de la Comisión Europea en España. El acto se inició con las intervenciones del decano del Colegio, Eugenio Ribón; del director de la Representación de la Comisión, Daniel Calleja; y de la diputada responsable de Internacional del ICAM, Teresa Mínguez.

A continuación, intervino desde Bruselas el director en funciones de Políticas de Justicia de la Comisión Europea, Peter Csonka, antes de dar paso al coloquio, que contó con la participación de Irina Vasiliu, analista política de la Comisión Europea en Madrid; Miguel Ángel de la Pisa, vicepresidente de la Comisión de Sector Público y coordinador del grupo de trabajo de Justicia de AMETIC; y Javier Díez-Hochletiner, catedrático emérito de Derecho de la UE de la UAM, junto a Teresa Mínguez.

Sistema de alertas

Entre las funcionalidades del Radar Europeo ICAM se incluyen un sistema de alertas legislativas semanales que avisa de los hitos más relevantes del ciclo normativo europeo y nacional, así como un boletín mensual con análisis, agenda legislativa y contribuciones de expertos. Además, la plataforma incorpora cuatro paneles interactivos embebidos en la web del Observatorio: el tren legislativo nacional, el listado de directivas sin transponer en la Unión Europea, el estado de transposición en España y una herramienta específica para seguir el ciclo completo de cada directiva europea

ÁMBITO EUROPEO

A radar for understanding and applying European law

Editorial staff

Coinciding with the 40th anniversary of Spain’s accession to the European Union, in January, the Madrid Bar Association (ICAM) launched the ICAM European Radar, a digital tool that enables users to track the European legislative process and its application in the Spanish legal system in an up-to-date and easily understandable way.

In the last four decades, Spain has incorporated 6,747 European standards into its legal system. In 2025 alone, 45% of the laws passed by the Spanish Parliament were of EU origin, either by transposition of directives or by adaptation to European regulations. However, Spain remains the EU country with the highest number of directives pending transposition: 101, half of which are already behind schedule.

In this context, the ICAM European Radar is presented as a public service tool aimed at strengthening legal certainty, facilitating the work of the legal profession and other legal operators, and reducing the gap between Brussels and everyday legal practice. It was designed by the ICAM European Union Law Observatory, a strategic structure created in 2024 to offer rigorous analysis, specialist resources and training on EU law to legal professionals.

IN THE LAST FOUR DECADES, SPAIN HAS INCORPORATED 6,747 EUROPEAN STANDARDS INTO ITS LEGAL SYSTEM

Bringing Europe closer

During the launch ceremony, held at the headquarters of the European Commission Representation in Madrid, its director, Daniel Calleja, pointed out that “the digitisation of justice is a priority issue for the EU”. He also recalled that “privacy and data security must be of paramount importance”. He also stated that «the European Commission is convinced that there can be no quality justice without trained and skilled professionals. The role of professional associations is absolutely central».

The Dean of ICAM, Eugenio Ribón, underlined that the European Radar was born to respond to a structural need of the Spanish legal system: “Europe does not suffer from a lack of regulation, but from a lack of implementation and harmonisation”. He recalled that Spain currently heads the list of Member States with directives pending transposition, and warned that «fragmentation in the application of EU law is a vector of legal uncertainty, hindering economic activity and the strengthening of the European internal market in a context of high geopolitical and commercial tension».

For her part, Teresa Mínguez, Head of International Relations and Co-Chairperson of the ICAM EU Law Observatory, underlined that “the ICAM European Radar is a living and evolving tool that strengthens the capacity of the legal profession to understand, anticipate and actively participate in these transformation processes”.

THE TOOL ALLOWS USERS TO FOLLOW THE EU LEGISLATIVE PROCESS WITH LEGAL CRITERIA AND A PRACTICAL APPROACH.

A platform for lawyers

Developed by the ICAM European Union Law Observatory in collaboration with Newtral, the ICAM European Radar is a specialist platform to anticipate, understand and apply EU law in professional practice. Designed specifically for lawyers and legal system operators, it enables structured and comprehensible monitoring of the European legislative process, from legislative proposal to adoption, transposition and entry into force, with immediate access to legal texts, national transposition measures, European case law and compliance alerts. The entire system is hosted on the Observatory’s new website, accessible at www.observatorioue.icam.es.

Digital Justice 2030

The launch of the Radar took place in the context of a colloquium entitled Digital Justice 2030, organised by ICAM in collaboration with the Representation of the European Commission in Spain. The event began with speeches by the College Dean, Eugenio Ribón; the Director of the Commission’s Representation, Daniel Calleja; and the ICAM Deputy for international affairs, Teresa Mínguez.

This was followed by a speech from Brussels by the European Commission’s Acting Director of Justice Policy, Peter Csonka, before giving way to the colloquium, with the participation of Irina Vasiliu, Policy Analyst at the European Commission in Madrid; Miguel Ángel de la Pisa, Vice-Chairperson of the Public Sector Committee and Co-ordinator of AMETIC’s Justice working group; and Javier Díez-Hochletiner, Professor Emeritus of EU Law at the UAM, together with Teresa Mínguez.

Alert system

The ICAM European Radar’s features include a weekly legislative alert system that notifies of the most relevant milestones in the European and national regulatory process, as well as a monthly newsletter with analysis, legislative agenda and expert contributions. In addition, the platform incorporates four interactive panels embedded in the Observatory’s website: the national legislative tracker, the list of directives not yet transposed into the European Union, the state of transposition in Spain and a specific tool to follow the complete process of each European directive

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Europa prepara un Bizum que afiance su soberanía financiera

ÁMBITO EUROPEO

Europa prepara un Bizum que afiance su soberanía financiera

GORKA R. PÉREZ

Enviar dinero rápido y gratis entre países de la UE está a punto de ser tan sencillo como hacer un Bizum. De hecho, esa es, en esencia, la idea: imitar un modelo que en España no ha dejado de crecer año tras año. A falta de cerrar algunos detalles importantes Europa se prepara para poner en marcha este mismo año un sistema que busca cambiar la forma de pagar de millones de personas.

Establecer un sistema de transferencias inmediato entre particulares a través del teléfono móvil. Una idea que tras desplegarse por Suecia, Polonia, Dinamarca o Noruega germinó en España a finales de 2016, dando como resultado a Bizum: un mecanismo que desde entonces se ha convertido en una referencia en la forma de relacionarse económicamente a pequeña escala. Tal ha sido su éxito, que desde la banca comunitaria se pretende replicar este instrumento, con el objetivo de conectar a todas las entidades europeas, y facilitar la conversación económica entre sus ciudadanos.

El proyecto cuenta con el visto bueno de las autoridades europeas así como de los supervisores bancarios, y los últimos detalles pasan por definir la sociedad que será propietaria de la tecnología necesaria para llevarlo a cabo. Cuando se haya deshecho el nudo asociativo, esta plataforma permitirá a los europeos realizar transferencias instantáneas entre países sin coste. Algo que se espera que ocurra a lo largo de este año, idealmente antes de la primavera, según las últimas manifestaciones oficiales.

EUROPA Y EPI, DOS INICIATIVAS INDEPENDIENTES IMPULSADAS POR DISTINTOS PAÍSES, CONFORMARÁN EL CORPUS DEL NUEVO HUB PANEUROPEO

Masivamente utilizado

Cuando una nueva práctica se convierte en hábito, como ha sucedido con el uso de Bizum, su salto a la conversación cotidiana se produce de manera natural, como si siempre hubiera estado ahí. “Te hago un Bizum”, ha pasado a ser una de esas frases habituales que abrochan realidades y contribuyen a olvidar el pasado. El éxito de esta herramienta es incuestionable: en 2025 superó los 1.237 millones de operaciones, con un volumen asociado de 67.751 millones de euros, según la banca española. En siete años, desde 2018, primer ejercicio del que hay datos, el número de interacciones se ha multiplicado por 38, y las previsiones para este 2026 se sitúan por encima de los 1.400 millones de operaciones.

Pese a que su implantación ha sido relativamente tardía en comparación con la de sus equivalentes europeos (Swish apareció en Suecia en 2012, MobilePay en Dinamarca en 2013, BLIK en Polonia en 2015, el mismo año en el que se lanzó Vipps en Noruega) su expansión fue mucho más rápida gracias al apoyo coordinado de casi todo el sector bancario español. Al tratarse de una iniciativa conjunta, su propagación fue mucho más expansiva que la de los demás sistemas, y hoy, prácticamente la totalidad de los bancos nacionales ofrecen ya este servicio.

EL PARLAMENTO EUROPEO HA ALERTADO DEL PELIGRO DE DEPENDER DE PROVEEDORES EXTRANJEROS COMO VISA O APPLE PAY

A la europea

Un hito que no ha pasado desapercibido en el ecosistema europeo, y que ha dado pie al proyecto conjunto EuroPA y EPI, dos iniciativas independientes que en 2025 anunciaron un acuerdo histórico para crear conjuntamente un centro paneuropeo de pagos instantáneos que interconecte a Bizum con Bancomat Pay, MB Way, Vipps MobilePay, BLIK, y otros; y que cubrirá inicialmente 15 países y más de 380 millones de personas, aproximadamente el 84% de la población europea. La Alianza Europea de Pagos y la Iniciativa Europea de Pagos (EuroPA y EPI en sus siglas en inglés), buscan con su unión crear una alternativa a Visa, Mastercard, Apple Pay o Google Pay.

“Gracias a las nuevas normas de la UE sobre pagos instantáneos, las personas y las empresas pueden transferir dinero en euros en cuestión de segundos, en cualquier momento y en todos los países de la eurozona. Estas medidas harán que los pagos instantáneos sean más seguros, más baratos y más ampliamente disponibles”. Así, por medio de este anuncio del pasado 10 de octubre, justificó la Comisión Europea por qué la UE necesitaba un sistema común de pagos instantáneos. Uno que fuera interoperable, universal y sin sobrecoste, equiparable al modelo de Bizum.

Pero hay otras motivaciones detrás de este proyecto que, si bien no esquivan las estrictamente operativas a nivel financiero, sí tienen que ver con la fortaleza de todo el sistema: lograr la soberanía financiera y la independencia de proveedores externos. Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, alertó ante el Parlamento Europeo que una parte significativa de los pagos digitales en Europa “está en manos de proveedores no europeos”, lo que provoca una “dependencia excesiva de proveedores no europeos” y “socava nuestra resiliencia y compromete nuestra soberanía monetaria”.

Las conversaciones para que este plan cristalice versan ahora sobre la formación de la sociedad que será la propietaria de la tecnología que permita conectar entre sí a cada una de estas plataformas. Pese a que la idea original pasaba por establecer conexiones bilaterales entre ellas a cambio de una comisión, este planteamiento se terminó rechazando en favor de una red multilateral. Queda por resolver, sin embargo, una de las tareas más quirúrgicas de todo el proyecto: el reparto del accionariado de esa sociedad.

TRAS AÑOS DE BLOQUEO SE ESPERA QUE ESTÉ OPERATIVO ESTE AÑO: IDEALMENTE EN PRIMAVERA

Distintas perspectivas

En cuanto a la forma de hacerlo, hay visiones enfrentadas. Una apunta a que cada plataforma nacional se reparta los títulos de la nueva entidad de forma equilibrada. Otra señala que esta debería realizarse en función del volumen que aporte cada país; y la tercera vía pasa por que se haga un reparto original que, una vez lanzada la herramienta, se corrija en función del volumen. Por el momento, las conversaciones a este respecto siguen abiertas, del mismo modo que el equipo gestor y el CEO de la entidad siguen pendientes de designación.

Pese a que ahora la estrategia es común por parte de todos los países de la UE, en un principio existieron dos bandos con propuestas antagónicas. Por un lado, Francia y Alemania (el bloque EPI); por el otro, España, Italia y Portugal (representantes de EuroPA). El primer grupo apostaba por crear una solución europea desde cero. Esto es, un producto único y homogéneo, no una red de soluciones locales conectadas. Ese producto llevaba el nombre de Wero, y estaba liderado por la gran banca de Francia, Alemania, Bélgica y Países Bajos, que defendían su peso financiero e influencia geopolítica. La otra coalición de países abanderaba el aprovechamiento de las plataformas existentes, y su interconexión mediante un centro común, en lugar de sustituirlos. En su opinión, la infraestructura técnica ya era suficientemente robusta, y solo necesitaba aumentar su interoperabilidad.

Este enfrentamiento provocó la congelación del proyecto durante años, hasta que la tregua llegó el 23 de junio de 2025, en favor de una solución híbrida: se crearía una empresa común que conectase todas las plataformas, pero sin que ninguna se impusiera sobre las demás. Unas líneas maestras sobre las que se sigue trabajando hasta hoy.

Retos de esta forma de pago

La operabilidad de este nuevo sistema, que deberá llevar a cabo las transferencias en un periodo de no más de 10 segundos y sin sobrecoste alguno para los particulares, según la recientemente aprobada normativa del Parlamento Europeo, promete multiplicar geográficamente la satisfacción de todos aquellos usuarios que quieran enviar dinero fuera de sus fronteras, de la misma manera que lo vienen haciendo dentro de ellas. Y es que los hábitos, si no se resisten, pronto se convierten en necesidad.

A medida que avance la implantación de este ecosistema común, los bancos deberán adaptar sus infraestructuras para garantizar la estabilidad, seguridad y velocidad de las operaciones, un reto que no es menor en un entorno donde millones de transacciones cruzarán fronteras en cuestión de segundos.

Impacto en el ciudadano

La confianza del usuario será un pilar decisivo: cualquier fallo, por mínimo que sea, repercutirá en la percepción de un sistema que aspira a convertirse en la columna vertebral de los pagos europeos. Además, esta transición implicará una pedagogía silenciosa, pero profunda, en la que los ciudadanos deberán asimilar nuevos usos casi sin advertirlo, igual que ocurrió con Bizum en España.

¿Qué significará un Bizum europeo?

La consolidación de este proyecto no solo transformará la manera en que europeos de distintos países se envían dinero, sino que redefinirá la arquitectura de los servicios financieros en la UE para las próximas décadas, reforzando su integración económica, y afianzando su soberanía.

Para saber más

The future of instant payments in the EU (2025, Pablo Iglesias‑Rodríguez, Sussex Law School / Springer)

The rise of instant payments: a cross-country comparison (2025, Central European Management Journal)

Instant Payments: the current & future state of the market in Europe (Sopra Banking, 2024)

ÁMBITO EUROPEO

Europe prepares a Bizum to strengthen its financial sovereignty

GORKA R. PÉREZ

Sending money quickly and for free between EU countries is about to be as easy as using Bizum. In fact, the idea is essentially this: to imitate a model that in Spain has continued to grow year after year. With a few important details still to be finalised, Europe is preparing to launch a system this year that aims to change the way millions of people pay.

Establish a system of immediate transfers between individuals via mobile phone. After being deployed in Sweden, Poland, Denmark and Norway, the idea took root in Spain at the end of 2016. The result was Bizum: a mechanism that has since become a benchmark for how people interact economically on a small scale. Such has been its success that the community banking sector intends to replicate this instrument, with the aim of connecting all European institutions and facilitating economic dialogue among their citizens.

The project has been approved by the European authorities and banking supervisors, and the last details are being finalised by defining the company that will own the technology required for its implementation. Once the associative knot has been unravelled, this platform will allow Europeans to make instant transfers between countries free of charge. This is expected to happen over the course of this year, ideally before spring, according to the latest official statements.

EUROPA AND EPI, TWO INDEPENDENT INITIATIVES DRIVEN BY DIFFERENT COUNTRIES, WILL FORM THE CORPUS OF THE NEW PAN-EUROPEAN HUB

Widely used

When a new practice becomes a habit, as has happened with the use of Bizum, referring to it in everyday conversation comes naturally, as if it had always been there. “I’ll send you a Bizum,” has become one of those familiar phrases that help people forget the past. The success of this tool is unquestionable: in 2025, it exceeded 1,237 million transactions, with an associated volume of 67,751 million euros, according to Spanish banks. In seven years, since 2018, the first year for which data is available, the number of interactions has increased 38-fold, and forecasts for 2026 anticipate over 1.4 billion operations.

Although its implementation has been relatively late compared to its European counterparts (Swish appeared in Sweden in 2012, MobilePay in Denmark in 2013, BLIK in Poland in 2015, the same year in which Vipps was launched in Norway), its expansion was much faster due to the coordinated support of almost the entire Spanish banking sector. As a joint initiative, its spread was much more expansive than that of the other systems, and today, practically all national banks already offer this service.

THE EUROPEAN PARLIAMENT HAS WARNED OF THE DANGERS OF RELYING ON FOREIGN PROVIDERS SUCH AS VISA OR APPLE PAY

European style

This milestone has not gone unnoticed in the European ecosystem, and has given rise to the joint project EuroPA and EPI, two independent initiatives that in 2025 announced a historic agreement to jointly create a pan-European hub for instant payments that will interconnect Bizum with Bancomat Pay, MB Way, Vipps MobilePay, BLIK, and others. It will initially cover 15 countries and more than 380 million people, approximately 84% of the European population. The European Payments Alliance and the European Payments Initiative (EuroPA and EPI in their English acronyms) aim, by joining forces, to create an alternative to Visa, Mastercard, Apple Pay or Google Pay.

Due to the new EU rules on instant payments, individuals and businesses can transfer money in euros in a matter of seconds, at any time and in all euro area countries. These measures will make instant payments safer, cheaper and more widely available». This announcement on 10 October was therefore the way in which the European Commission justified why the EU needed a common instant payment system. One that would be interoperable, universal and free of charge, comparable to the Bizum model.

But there are other objectives behind this project which, while not limited to the strictly financial operational aspects, relate to the strength of the entire system: achieving financial sovereignty and independence from external providers. ECB Executive Board member Piero Cipollone warned the European Parliament that a significant share of digital payments in Europe «is in the hands of non-European providers», leading to «excessive dependence on non-European providers» and «undermining our resilience and compromising our monetary sovereignty».

Discussions to bring this plan to fruition now focus on the formation of the company that will enable each of these platforms to connect with each other. Although the original idea was to establish bilateral connections between them in exchange for a fee, this approach was eventually rejected in favour of a multilateral network. However, one of the most surgical tasks of the whole project remains to be resolved: the distribution of the company’s shareholding.

AFTER YEARS OF BLOCKADE, IT IS EXPECTED TO BE OPERATIONAL THIS YEAR: IDEALLY IN SPRING

Different perspectives

On the question of how to do this, there are conflicting views. One aims for each national platform to share the titles of the new entity in a balanced way. Another suggests that this should be done based on the volume contributed by each country; and the third option involves making an initial allocation which, once the tool is launched, is adjusted according to the volume. For the time being, discussions in this respect are still ongoing, and the management team and the CEO of the institution are still to be appointed.

Although the strategy is now common to all EU countries, there were originally two camps with conflicting proposals. On the one hand, France and Germany (the EPI bloc); on the other, Spain, Italy and Portugal (EuroPA representatives). The first group was in favour of creating a European solution from scratch. This is a single, homogeneous product, not a network of connected local solutions. This product was called Wero, and was led by the big banks of France, Germany, Belgium and the Netherlands, which defended their financial clout and geopolitical influence. The other coalition of countries advocated building on existing platforms, and interconnecting them through a common hub, rather than replacing them. In their view, the technical infrastructure was already sufficiently robust and only needed to increase its interoperability.

This confrontation caused the project to be frozen for years, until the truce came on 23 June 2025, in favour of a hybrid solution: a joint venture would be created to connect all the platforms, but without any one platform taking precedence over the others. Some guiding principles that are still being worked on today.

The challenges of this payment method

The operability of this new system, which should carry out transfers in no more than 10 seconds and at no extra cost to individuals, according to the recently approved European Parliament regulation, promises to increase users’ satisfaction across borders, just as they have been doing within them. Habits, if not resisted, soon become a necessity.

As the implementation of this common ecosystem progresses, banks will need to adapt their infrastructures in order to ensure the stability, security and speed of operations: no small challenge in an environment where millions of transactions will cross borders in a matter of seconds.

Impact on the citizen

User confidence will be a decisive pillar: any failure, however minor, will have an impact on the perception of a system that aspires to become the backbone of European payments. Moreover, this transition will involve a silent but profound pedagogy in which citizens will have to assimilate new uses almost without noticing, as was the case with Bizum in Spain.

What will a European Bizum mean?

The consolidation of this project will not only transform the way Europeans from different countries send money to each other, but will redefine the architecture of financial services in the EU for the coming decades, strengthening its economic integration and reinforcing its sovereignty.

Find out more

The future of instant payments in the EU (2025, Pablo Iglesias‑Rodríguez, Sussex Law School / Springer)

The rise of instant payments: a cross-country comparison (2025, Central European Management Journal)

Instant Payments: the current & future state of the market in Europe (Sopra Banking, 2024)

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El nuevo horizonte de las transferencias instantáneas en la UE: el Bizum a la europea, por Fernando Serrano Antón

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ÁMBITO EUROPEO

La motivación principal es recobrar el control europeo de los flujos de pago y reducir la dependencia de las grandes redes de tarjetas extranjeras"

El nuevo horizonte de las transferencias instantáneas en la UE: el Bizum a la europea

La transformación digital de los pagos se ha convertido en un eje crítico de la agenda económica de la Unión Europea. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo, junto con los principales bancos, impulsan la creación de una infraestructura paneuropea de transferencias instantáneas inspirada en Bizum y basada en las normas SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst). El objetivo es combinar exigencias regulatorias con innovación para proporcionar a todos los ciudadanos un servicio de pagos soberano, interoperable y disponible 24/7.

Modalidad instantánea

En marzo de 2024, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el Reglamento (UE) 2024/886, que obliga a cualquier proveedor que ofrezca transferencias ordinarias a prestar también la modalidad instantánea, con abono en la cuenta del beneficiario en menos de diez segundos y disponibilidad continua. Las comisiones no pueden superar las de las transferencias convencionales y los bancos deben estar preparados para recibir pagos inmediatos el 9 de enero de 2025 y enviarlos el 9 de octubre de 2025. El Reglamento también incorpora un servicio de verificación que exige comprobar que el IBAN del destinatario corresponde con su nombre antes de ejecutar la operación, con la finalidad de evitar pagos a beneficiarios equivocados.

El marco normativo se ha visto modificado con el acuerdo político, con fecha 27 de noviembre de 2025, para la aprobación de la PSD3 (Directiva 3 de servicios de pago) y el Reglamento de Servicios de Pago (PSR). Estas normas refuerzan la lucha contra el fraude, conceden más derechos a los usuarios en casos de fraude y permiten que proveedores no bancarios accedan directamente a los sistemas de pago. Además, amplían las bases para la banca abierta y la futura open finance.

El monedero Wero

La European Payments Initiative (EPI), respaldada por grandes bancos europeos, lanzó en 2024 el monedero Wero. Este sistema, ya operativo en Francia, Alemania, Bélgica y Países Bajos, permite enviar o solicitar dinero y realizar compras en línea mediante transferencias SCT Inst en menos de diez segundos. Wero planea sustituir métodos locales como iDEAL en los Países Bajos y se expandirá en 2026 para admitir pagos en comercios físicos.

Por otro lado, la European Payments Alliance (EuroPA) agrupa a Bizum (España), Bancomat (Italia), SIBS–MB Way (Portugal), Vipps MobilePay (países nórdicos) y la propia EPI. A principios de 2026, firmaron un memorando de entendimiento para interconectar sus soluciones. La fase técnica está en marcha y se espera que las transferencias personales transfronterizas comiencen en 2026 y los pagos en comercios en 2027. Los socios crearán una entidad central de interoperabilidad que respetará las marcas y aplicaciones existentes; los usuarios seguirán usando su app habitual, pero verán un distintivo que indicará la aceptación en otros países. La alianza cubrirá inicialmente 13 países y llegará a unos 130 millones de usuarios.

Reducir la dependencia

La motivación principal es recobrar el control europeo de los flujos de pago y reducir la dependencia de las grandes redes de tarjetas extranjeras (VISA y Mastercard). La infraestructura conjunta de Wero y EuroPA, junto con el posible euro digital, es la respuesta europea al dilema entre soberanía y conveniencia. Los beneficios previstos incluyen la autonomía estratégica de la UE al disponer de una red de pagos propia que limita la dependencia de proveedores extracomunitarios. Además, los costes deben mantenerse reducidos, ya que las normas prohíben cobrar más por una transferencia instantánea que por una ordinaria. Asimismo, se garantiza la rapidez y la eficiencia al procederse al abono en menos de diez segundos. Otro beneficio consiste en la inclusión y dinamismo, dado que la interoperabilidad fomentará el comercio transfronterizo y la movilidad dentro de la UE. Por último, la extensión a pagos en comercios físicos y electrónicos, así como la integración con servicios de identidad digital, podría impulsar nuevos servicios digitales.

Retos pendientes

Obviamente esta transformación debe afrontar algunos retos pendientes: el primero, la propia coordinación técnica y regulatoria, ya que la creación de un hub paneuropeo exige armonizar sistemas antifraude, verificación de titulares y vigilancia de ciberseguridad, todo ello bajo la supervisión del RGPD y de la Autoridad Bancaria Europea. El segundo, consiste en el reparto de costes y gobernanza, o lo que es lo mismo se precisa definir la participación accionarial y la responsabilidad de cada entidad en la nueva sociedad central; en tercer lugar, el reto consiste en la adopción por los usuarios y comercios, porque, aunque Bizum tiene una alta penetración en España, otros mercados pueden presentar barreras culturales o regulatorias, por ello la experiencia de usuario y la confianza serán claves. Y, por último, tenemos el reto de la competencia de otras iniciativas como, por ejemplo, el desarrollo del euro digital, la llegada de la PSD3 y la presencia de grandes plataformas globales que obligan a diseñar un servicio de valor añadido y conforme a la regulación.

El “Bizum a la europea” resulta de la confluencia entre regulación (Reglamento 2024/886, la Directiva de servicios de pagos 3 y el Reglamento de servicios de pago), infraestructura (SEPA Instant y TIPS) e innovación (Wero y EuroPA). Si los desafíos se gestionan bien, esta iniciativa consolidará la soberanía digital de la UE, reforzará el mercado interior y ofrecerá a usuarios y empresas un sistema de pagos rápido, seguro y asequible. Más que replicar el éxito de Bizum en España, aspira a crear un mercado de pagos verdaderamente unificado y adaptado a la era digital en Europa.

The main motivation is to regain European control of payment flows and reduce dependence on large foreign card schemes"

The new horizon of instant transfers in the EU: European-style Bizum

The digital transformation of payments has become a critical part of the European Union’s economic agenda. The European Commission and the European Central Bank, together with major banks, are pushing for the creation of a pan-European instant credit transfer infrastructure inspired by Bizum and based on SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) standards. The aim is to combine regulatory requirements with innovation in order to provide all citizens with a sovereign, interoperable and 24/7 payments service.

Instant mode

In March 2024, the European Parliament and the Council adopted Regulation (EU) 2024/886, which obliges any provider offering ordinary credit transfers to also provide the instant transfers option, with the beneficiary’s account being credited in under ten seconds and continuous availability. Fees cannot exceed those for conventional transfers and banks must be prepared to receive immediate payments on 9 January 2025 and send them on 9 October 2025. The Regulation also incorporates a verification service that requires checking that the recipient’s IBAN corresponds to their name before executing the transaction, in order to avoid payments going to the wrong beneficiaries.

The regulatory framework has been modified with the political agreement, dated 27 November 2025, for the adoption of PSD3 (Payment Services Directive 3) and the Payment Services Regulation (PSR). These rules strengthen the fight against fraud, grant users more rights in cases of fraud and allow non-bank providers direct access to the payment systems. In addition, they broaden the bases for open banking and the future of open finance.

The Wero wallet

Backed by major European banks, the European Payments Initiative (EPI) launched the Wero wallet in 2024. This system is already operational in France, Germany, Belgium and the Netherlands, allows money to be sent or requested and online purchases to be made via SCT Inst transfers in less than ten seconds. Wero plans to replace local methods such as iDEAL in the Netherlands and will expand in 2026 to support payments in physical stores.

On the other hand, the European Payments Alliance (EuroPA) brings together Bizum (Spain), Bancomat (Italy), SIBS–MB Way (Portugal), Vipps MobilePay (Nordic countries) and EPI itself. In early 2026, they signed a memorandum of understanding in order to interconnect their solutions. The technical phase is underway and cross-border personal transfers are expected to start in 2026 and merchant payments in 2027. The partners will create a central interoperability entity that will respect existing brands and applications; users will continue to use their usual app, but will see a badge indicating acceptance in other countries. The alliance will initially cover 13 countries and reach some 130 million users.

Reducing dependency

The main motivation is to regain European control of payment flows and reduce dependence on large foreign card schemes (VISA and Mastercard). The joint infrastructure of Wero and EuroPA, together with the possible digital Euro, is Europe’s answer to the dilemma between sovereignty and convenience. The expected benefits include the EU’s strategic autonomy by having its own payment network that limits dependence on non-EU suppliers. In addition, costs must be kept low, as the rules prohibit charging more for an instant transfer than for an ordinary transfer. Speed and efficiency are also ensured, as the payment is made in less than ten seconds. Another benefit is inclusiveness and dynamism, as interoperability will encourage cross-border trade and mobility within the EU. Finally, the extension to payments in physical and e-commerce stores, as well as integration with digital identity services, could drive new services.

Pending challenges

Obviously, this transformation must face some upcoming challenges: first, the technical and regulatory coordination itself, as the creation of a pan-European hub requires harmonisation of anti-fraud systems, verification of holders and cybersecurity monitoring, all under the supervision of the GDPR and the European Banking Authority. The second challenge is the distribution of costs and governance, i.e., the shareholding and responsibility of each entity in the new central company must be defined; thirdly, the challenge is the adoption by users and merchants, because, although Bizum has a high penetration in Spain, other markets may present cultural or regulatory barriers, so the user experience and trust will be key. Finally, there is the challenge of competition from other initiatives, such as the development of the digital euro, the arrival of PSD3 and the presence of large global platforms, which shall require a value-added and compliant service to be designed.

The «European-style Bizum» is a result of the confluence of regulation (Regulation 2024/886, the Payment Services Directive 3 and the Payment Services Regulation), infrastructure (SEPA Instant and TIPS) and innovation (Wero and EuroPA). If the challenges are well managed, this initiative will strengthen the EU’s digital sovereignty, strengthen the internal market and offer users and businesses a fast, secure and affordable payment system. Rather than replicating the success of Bizum in Spain, it aims to create a truly unified and digitally adapted payments market in Europe.

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Una negociación larga y difícil

ÁMBITO EUROPEO

Una negociación larga y difícil

MELCHOR DEL VALLE

La Comisión Europea presentó en julio de 2025 su propuesta para el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034. Se inició así el escabroso camino de negociaciones con el Consejo y el Parlamento Europeo, que probablemente lleguen hasta finales de 2027. Con un volumen previsto de 1,98 billones de euros, este presupuesto se define por su reorientación estratégica. La UE busca simplificar sus instrumentos financieros, aumentar su flexibilidad y abordar los grandes retos de la seguridad y la soberanía; también de la competitividad.

Como cada siete años, la UE tiene que establecer sus presupuestos. En 2027 finaliza el actualmente vigente (2021-2027) y toca mirar a lo que haremos a partir de 2028 y hasta 2034. Los casi dos billones de euros de la propuesta presentada el pasado verano suponen el 1,26% de la renta nacional bruta (RNB) media de los Estados miembros, según explica la Comisión.

Principales asignaciones

Las partidas principales del presupuesto son cuatro: 865.000 millones de euros —casi la mitad del presupuesto— irían a los planes de colaboración nacionales y regionales; 409.000 millones de euros, al fondo europeo de competitividad o, dicho de otro modo, a hacer que Europa sea más competitiva en la economía mundial y, también, en sus capacidades de defensa; 49.000 millones de euros, a invertir en educación (Erasmus+) y a promover los valores democráticos (AgoraEU); y 200.000 millones de euros, para la llamada Europa Global o establecer asociaciones más sólidas con el resto del mundo.

LOS CASI DOS BILLONES DE EUROS DE LA PROPUESTA PRESENTADA EL PASADO VERANO SUPONEN EL 1,26% DE LA RENTA NACIONAL BRUTA MEDIA DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Los analistas, y ahí tiene mucho que ver el informe Draghi (The future of European competitiveness de 2025), que se ha tenido en cuenta por parte de la Comisión, calculaban que esta plantearía un incremento del 2% respecto al MFP 2021-2027; pero, en la práctica, ese 1,26% sobre la RNB antes citado se quedaría en un 1,15%, porque a partir de 2028 habrá que destinar unos 28.000 millones anuales a devolver fondos asociados al programa NextGenerationEU. En otras palabras, el incremento real es insignificante.

Los más y los menos

En la comparación entre los presupuestos actuales, y teniendo en cuenta los ajustes durante el tiempo que llevamos de vigencia, y los de 2021-2027, el mayor incremento se da en el reembolso de los NextGenerationEU, que supondrán en torno al 990% más. Esto es lógico porque hasta ahora apenas se ha devuelto nada. Si dejamos esta partida al margen, es la asignación a competitividad la que más crece, con un 217,8%, seguida de lejos por las previstas para las redes transeuropeas (96,7%) y la migración y control de fronteras (88%). Solo hay una partida que pierde peso: la destinada a cohesión y política agraria desciende algo más de un 17,5%.

COMPETITIVA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL Y EN SUS CAPACIDADES DE DEFENSA

Como era previsible, los actores del sector primario ya están haciendo oír sus quejas. En ámbitos agropecuarios, se calcula que la reducción prevista de los fondos para la Política Agrícola Común (PAC), que caería de los 386.000 millones actuales a algo menos de los 300.000 en el siguiente septenio, cifra a la que la Comisión añade la coletilla de “como mínimo”. Y aunque aún no se sabe si el importe final incluirá solo el Pilar I, los pagos directos a agricultores, o también el Pilar II, dedicado al desarrollo rural, sí se calcula que el recorte estaría en torno al 22%, según distintas organizaciones agrícolas. Por otro lado, Europêche, que agrupa a las principales organizaciones pesqueras de la UE, como la española Cepesca, denuncia que el MFP 2028-2034 limita la asignación a la pesca y advierte del riesgo de “una ‘doble absorción’ de los fondos pesqueros: por un lado, al integrarse en un instrumento más amplio, y por otro, al alinearse con los objetivos del Pacto Europeo del Océano”.

El gasto militar

Dentro de esa asignación al capítulo de competitividad, que hemos visto incrementarse por encima de las otras partidas en el MFP 2028-2034, se incluye el gasto en defensa, que es el que más dispara la “factura”. La propuesta plantea quintuplicar los fondos para defensa y aumentar la dotación del Fondo Europeo de Defensa (FED) de 8.000 millones de euros (MPF 2021-2027) hasta cerca de los 131.000 millones de euros. A nadie se le escapa que hay dos factores que pesan en la provisión: la guerra de Ucrania, que conlleva episodios de entrada de drones rusos en el espacio de la UE y mensajes de Putin tipo “si la UE quiere guerra, la tendrá (diciembre de 2025), y la amenaza constante del inquilino de la Casa Blanca de reducir su peso en la OTAN y debilitar, por tanto, las capacidades de defensa europeas.

SOLO HAY UNA PARTIDA QUE PIERDE PESO: LA DESTINADA A COHESIÓN Y POLÍTICA AGRARIA DESCIENDE ALGO MÁS DE UN 17,5%

Además, se intenta que la Unión Europea refuerce dicha capacidad mediante varios instrumentos financieros. El Mecanismo «Conectar Europa» jugará un papel central al apoyar la movilidad militar y la infraestructura civil con un presupuesto de casi 18.000 millones de euros, multiplicando por diez la financiación del actual MFP. Por su parte, el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEP) mantendrá su función como vehículo extrapresupuestario para la financiación de operaciones que impliquen aspectos militares y de defensa. Finalmente, las reformas e inversiones contempladas en los Planes de Asociación Nacionales y Regionales incluirán apoyo a la industria de defensa, la seguridad interior, la ciberseguridad y la gestión de fronteras y migración. Y quizás también la vuelta de la “mili” en varios de los Estados miembros.

La financiación

Visto en qué se pretende utilizar el dinero, interesa saber de dónde sale. A las aportaciones de los Estados según las respectivas rentas nacionales brutas, el IVA, los aranceles o el impuesto a los plásticos no reciclados, en el MPF 2028-2034 se han añadido cinco nuevos recursos propios que hacen descender el peso de las aportaciones por renta, pasando del casi 69% del vigente presupuesto a algo menos del 54% en la previsión presentada por la Comisión. En otras palabras, saldrá algo menos de los bolsillos de los ciudadanos… ¡que no fumen! Porque uno de los nuevos recursos es un impuesto especial sobre el tabaco, consistente en añadir un tipo al mínimo del impuesto especial específico de cada Estado miembro. Se espera que genere alrededor de 11.200 millones de euros anuales.

SE QUINTUPLICAN LOS FONDOS PARA DEFENSA Y AUMENTA LA DOTACIÓN DEL FONDO EUROPEO DE DEFENSA HASTA CERCA DE LOS 131.000 M€.

Los otros cuatro recursos propios incorporados son el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, que aportará 9.600 millones; el mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, 1.400 millones; un recurso propio basado en residuos electrónicos no recogidos, 15.000 millones; y un recurso corporativo consistente en una contribución anual a tanto alzado de todas las empresas “incluidas en el ámbito de aplicación que operan y venden en la UE con una facturación anual superior a 100 millones de euros” (6.800 millones).

La negociación

Una vez presentada la propuesta por parte de la Comisión Europea, cosa que sucedió en julio de 2025, se entró en una fase de negociación con el Parlamento Europeo y los Estados miembros, por medio del Consejo, que debe finalizar necesariamente, como límite, a finales de 2027, para que el presupuesto aprobado entre en vigor el 1 de enero de 2028. “Una vez aprobado –dicen desde la Comisión–, el próximo presupuesto de la UE no solo financiará los objetivos de Europa, sino que reconfigurará la manera en que la Unión aporta valor a través de las fronteras y las generaciones”. La experiencia nos dice que el debate está siendo y será apasionado, porque los intereses políticos y económicos son dispares y porque los distintos presupuestos nacionales no están para muchas alegrías.

SALDRÁ ALGO MENOS DE LOS BOLSILLOS DE LOS CIUDADANOS… ¡QUE NO FUMEN! PORQUE UNO DE LOS NUEVOS RECURSOS ES UN IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL TABACO.

Ya estamos viendo que frente a las posiciones que reclaman la extensión del modelo utilizado para los fondos NextGenerationEU, con deuda mancomunada y transferencias no reembolsables, otro conjunto de países muestra sus habituales reticencias, ahora reforzadas porque la factura de dichas emisiones absorberá un 8% del total del presupuesto comunitario (168.000 millones de euros). También hemos conocido la primera rectificación de Ursula von der Leyen. El plan presupuestario apostaba, inicialmente, por fusionar los fondos agrícolas y regionales en un solo bloque gestionado directamente por los gobiernos nacionales, cosa contra la que se reveló un gran sector del Parlamento (noviembre de 2025). La presidenta de la Comisión ofreció una serie de compromisos, entre los que cabe mencionar una cláusula que obligará a los Estados a destinar al menos un 10% de los fondos a políticas agrícolas, sostenibles y de revitalización de las áreas rurales, que se añadirá a ese capítulo de ,“como mínimo”, 300.000 millones asignados a la política agraria común.

Groenlandia en el MFP 2028-2034: un 57,5% mas

Groenlandia es uno de los trece Países y Territorios de Ultramar (PTU) que forman parte del grupo de los “asociados” a la UE. Estos territorios están vinculados constitucionalmente al Estado miembro de origen, Dinamarca en el caso de Groenlandia, pero no forman parte del mercado único y deben cumplir las obligaciones comerciales impuestas a terceros países.

La Decisión sobre la Asociación de Ultramar, incluyendo Groenlandia (Decisión del Consejo de la UE 2021/1764 de 5 de octubre de 2021) “simplifica la arquitectura actual al fusionar el apoyo financiero de la UE a Groenlandia y el resto de los Países y Territorios de Ultramar con la UE”, tal cual lo explicó el comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y protección del consumidor, Michael McGrath (septiembre de 2025).

En relación con el MFP 2028-2034, McGrath declaró también que “este programa destinará casi 1.000 millones de euros para mantener el apoyo a los trece PTU, incluida Groenlandia, reconociendo su papel como puestos clave para la UE en sus respectivas regiones”. De esos 1.000 millones, más de la mitad (530 millones) están asignados a Groenlandia, lo que supone un incremento del 57,5% sobre los 225 millones del MPF actual, porque “el Ártico ocupa un lugar especial debido a su historia, sus recursos y su peso geoestratégico”.

Origen de los fondos MPF 2028-2034

Comparativa de las fuentes de financiación de los marcos financieros plurianuales actual (2021-2027) y previsto (2028-2034).

Fuente: Comisión Europea

Para saber más

El MFP 2028-2034: una propuesta que augura duros enfrentamientos políticos que no conducirán a resolver los problemas de la UE.

Judith Arnal. Apuntes FEDEA (octubre de 2025).

The 2028-2034 EU budget for a stronger Europe.

Comisión Europea (julio de 2025)

EUROPE’S BUDGET Defence.

Comisión Europea (julio de 2025).

The Draghi report on EU competitiveness.

Comisión Europea (2025).

European Context A long and difficult negotiation

MELCHOR DEL VALLE

The European Commission presented its proposal for the Multiannual Financial Framework (MFF) 2028-2034 in July. Thus began the rocky road of negotiations with the Council and the European Parliament, which are likely to last until the end of 2027. With a projected volume of €1.98 trillion, this budget is defined by its strategic reorientation. The EU seeks to simplify its financial instruments, increase their flexibility and address the major challenges of security and sovereignty, as well as competitiveness.

As it does every seven years, the EU has to set its budgets. In 2027, the current 2021-2027 period comes to an end and it is time to look at what we will do from 2028 to 2034. The almost two trillion euros in the proposal presented last summer represent 1.26% of the average gross national income (GNI) of the Member States, according to the Commission.

Main assignments

There are four main items in the budget: 865.000 billion euros — almost half of the budget — would go to national and regional collaboration plans; 409.000 billion euros to the European Competitiveness Fund or, in other words, to making Europe more competitive in the global economy and also in its defence capabilities; 49.000 billion euros to investing in education (Erasmus+) and promoting democratic values (AgoraEU); and 200.000 billion euros for the so-called Global Europe or to build stronger partnerships with the rest of the world.

THE NEARLY TWO TRILLION EUROS IN THE PROPOSAL PRESENTED LAST SUMMER AMOUNT TO 1.26% OF THE AVERAGE GROSS NATIONAL INCOME OF THE MEMBER STATES.

Analysts, and the Draghi report (The Future of European Competitiveness, 2025), which has been taken into account by the Commission, has much to do with this, have calculated that the Commission would propose an increase of 2% with respect to the MFF 2021-2027; but, in practice, this 1.26% of GNI mentioned above would remain at 1.15%, because from 2028 onwards, some 28 billion per year will have to be allocated to repay funds associated with the NextGenerationEU programme. In other words, the real increase is negligible.

The pluses and minuses

Compared with the 2021–2027 budgets, and taking into account adjustments over time, the largest increase is in the reimbursement of the NextGenerationEU, at around 990%. This is logical because so far hardly anything has been returned. If we leave this budget item aside, it is the allocation to competitiveness that grows the most, with 217.8%, followed far behind by those foreseen for trans-European networks (96.7%) and migration and border control (88%). There is only one allocation that is reduced: the cohesion and agricultural policy allocation, which falls by just over 17.5%.

409 BILLION EUROS GO TO THE EUROPEAN COMPETITIVENESS FUND, MAKING EUROPE MORE COMPETITIVE IN THE GLOBAL ECONOMY AND IN ITS DEFENCE CAPABILITIES.

Predictably, primary sector actors are already making their complaints heard. In agriculture, the expected reduction in funding for the Common Agricultural Policy (CAP) is estimated to fall from the current 386 billion to just under 300 billion in the next seven years, a figure to which the Commission adds the phrase «at least». And although it is not yet known whether the final amount will include only Pillar I, direct payments to farmers, or also Pillar II, dedicated to rural development, it is estimated that the cut would be around 22%, according to different agricultural organisations. On the other hand, Europêche, which brings together the main EU fisheries organisations, such as the Spanish Cepesca, complains that the MFF 2028-2034 limits the allocation to fisheries and warns of the risk of «a ‘double absorption’ of fisheries funds: on the one hand, by integrating it into a broader instrument, and on the other, by aligning it with the objectives of the European Ocean Pact».

Military spending

Within this allocation to the competitiveness chapter, which we have seen increase above other items in the 2028–2034 MFF, defence spending is included, and it is the item that most increases the “bill”. The proposal calls for a five-fold increase in defence funding and an increase in the European Defence Fund (FED) envelope from €8 billion (2021-2027 MFF) to around €131 billion. It is clear to everyone that two factors are weighing on the provision: the war in Ukraine, which involves episodes of Russian drones entering EU space and Putin’s «if the EU wants war, it will have it (December 2025)» messages, and the White House’s constant threat to reduce its weight in NATO and thus weaken Europe’s defence capabilities.

THERE IS ONLY ONE ITEM THAT LOSES WEIGHT: COHESION AND AGRICULTURAL POLICY IS DOWN BY JUST OVER 17.5%.

Efforts are being made to ensure that the European Union strengthens this capacity through various financial instruments. The Connecting Europe Facility will play a central role in supporting military mobility and civilian infrastructure with a budget of almost 18 billion euros: a tenfold increase over the current MFF funding. For its part, the European Peace Facility (EPF) will maintain its role as an extra-budgetary vehicle for financing operations involving military and defence aspects. Finally, the reforms and investments envisaged in the National and Regional Partnership Plans will include support for the defence industry, internal security, cybersecurity and border and migration management. And perhaps also the return of «military service» in several Member States.

The Financing

Given what the money is intended to be used for, it is important to know where it comes from. In addition to the contributions of the Member States according to their respective gross national incomes, VAT, tariffs or the tax on non-recycled plastics, five new own resources have been added to the MFF 2028-2034, reducing the weight of contributions by income from almost 69% of the current budget to just under 54% in the forecast presented by the Commission. In other words, a little less will come out of citizens’ pockets… as long as they don’t smoke! Because one of the new resources is an excise duty on tobacco, consisting of adding a rate to the minimum of the specific excise duty in each Member State. It is expected to generate around 11.2 billion euros annually.

DEFENCE FUNDING IS INCREASED FIVEFOLD AND THE EUROPEAN DEFENCE FUND IS INCREASED TO NEARLY €131 BILLION.

The other four own resources incorporated are the EU Emissions Trading Scheme, which will contribute 9.6 billion euros; the Carbon Border Adjustment Mechanism, 1.4 billion euros; its own resource based on uncollected e-waste, 15 billion euros; and a corporate resource consisting of a flat-rate annual contribution from all “in-scope companies operating and selling in the EU with an annual turnover of over 100 million euros” (6.8 billion euros).

The negotiation

Once the proposal was presented by the European Commission, which occurred in July 2025, negotiations began with the European Parliament and the Member States, through the Council, and must necessarily be completed by the end of 2027 at the latest, so that the approved budget can enter into force on 1 January 2028. “Once adopted,” says the Commission, “the next EU budget will not only finance Europe’s goals but will reshape the way the Union delivers value across borders and generations”. Experience tells us that the debate is and will be passionate, because political and economic interests are disparate and because the various national budgets are not in a position for much rejoicing.

IT WILL TAKE SLIGHTLY LESS FROM CITIZENS’ POCKETS… AS LONG AS THEY DON’T SMOKE! BECAUSE ONE OF THE NEW REVENUE SOURCES IS A SPECIAL TAX ON TOBACCO.

We are already seeing that, faced with positions calling for the extension of the model used for the NextGenerationEU funds, with pooled debt and non-repayable transfers, another group of countries is showing its usual reticence, now reinforced because the bill for these bond issuances will absorb 8% of the total EU budget (168.000 million euros). We have also learned of Ursula von der Leyen’s first correction. The budget plan initially called for merging agricultural and regional funds into a single block managed directly by national governments, which a large section of the Parliament opposed (November 2025). The Commission president offered a series of commitments, including a clause that will oblige states to allocate at least 10% of funds to agricultural, sustainable and revitalisation policies for rural areas, which will be added to the «at least» 300 billion allocated to the common agricultural policy.

Origin of funds MPF 2028-2034

Comparison of the sources of funding for the current (2021-2027) and planned (2028-2034) multiannual financial frameworks.

Source: European Commission.

Find out more

The MFF 2028-2034: a proposal that foreshadows tough political clashes that will not lead to solving the EU’s problems. Judith Arnal. FEDEA Notes (October 2025).

The 2028-2034 EU budget for a stronger Europe. European Commission (July 2025)

EUROPE’S BUDGET Defence.

European Commission (July 2025).

The Draghi report on EU competitiveness. European Commission (2025).

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Invertir juntos para defender mejor a Europa, por Amparo Valcarce

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ÁMBITO EUROPEO

Europa se defiende no para confrontar, sino para disuadir; no para militarizar su identidad, sino para proteger su forma de vida"

Invertir juntos para defender mejor a Europa

Europa atraviesa un punto de inflexión histórico. La guerra en Ucrania, el deterioro acelerado del entorno geopolítico y la constatación de dependencias estratégicas acumuladas durante décadas han obligado a la Unión Europea a replantearse con urgencia su modelo de seguridad. La defensa ha dejado de ser una cuestión secundaria o exclusivamente nacional para situarse en el centro del proyecto europeo. En este contexto se inscribe la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y, dentro de él, una apuesta clara: reforzar la capacidad de Europa para protegerse a sí misma.

La Comisión Europea ha propuesto incentivar el gasto destinado a defensa con el objetivo de avanzar hacia una auténtica Unión Europea de la Defensa. No se trata solo de gastar más, sino de gastar mejor: de forma coordinada, eficiente y alineada con los intereses estratégicos comunes. Esa es la filosofía que inspira el instrumento SAFE (Security Action for Europe).

SAFE es un mecanismo financiero excepcional, creado en 2025, que pone a disposición de los Estados miembros hasta 150.000 millones de euros en préstamos en condiciones especialmente favorables. Su finalidad es clara: acelerar la preparación defensiva europea mediante inversiones urgentes y de gran escala, al tiempo que se refuerza la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa Europea. En la práctica, SAFE permite a los países europeos adquirir capacidades críticas de defensa de manera conjunta, apoyándose en su propia industria y reduciendo dependencias externas.

Este enfoque responde a una lección aprendida con crudeza en los últimos años. Europa ha invertido durante demasiado tiempo de manera fragmentada, comprando de forma aislada y, en muchos casos, fuera del continente. El resultado ha sido una pérdida de economías de escala, problemas de interoperabilidad y una industria europea con dificultades para aumentar rápidamente su capacidad productiva cuando la situación lo exige. SAFE busca corregir estas debilidades fomentando las adquisiciones conjuntas, la planificación compartida y el fortalecimiento de cadenas de suministro europeas.

El instrumento prioriza capacidades esenciales: munición y misiles, defensa aérea y antimisil, sistemas terrestres y navales, drones y antidrones, ciberdefensa, guerra electrónica, movilidad militar o activos espaciales. Además, introduce un criterio estratégico fundamental: al menos el 65% del valor de los componentes debe proceder de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Ucrania. No se trata de proteccionismo, sino de resiliencia y autonomía estratégica.

Para España, SAFE representa una oportunidad estratégica de primer orden. Nuestro país cuenta con una industria de defensa sólida, tecnológicamente avanzada y plenamente integrada en los grandes programas europeos. Esa realidad se ve reforzada por el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa impulsado por el Gobierno de España, que comparte plenamente la filosofía europea de invertir mejor, de forma coordinada y con una clara orientación estratégica. Este Plan sitúa a la industria de defensa como un vector de soberanía, innovación y crecimiento económico, y actúa como un instrumento de alineamiento nacional con las prioridades europeas.

Desde la Secretaría de Estado de Defensa estamos trabajando intensamente para que España participe activamente en SAFE, no solo como beneficiario, sino también como país tractor de proyectos y capacidades compartidas, liderando adquisiciones conjuntas que refuercen tanto nuestras capacidades militares como la proyección internacional de nuestra industria. Esta visión combina responsabilidad estratégica, compromiso europeo y una apuesta decidida por el tejido industrial nacional, entendiendo la defensa como una política pública con efectos multiplicadores.

En este esfuerzo resulta esencial el trabajo de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (DIGEID). Desde este órgano se está llevando a cabo una intensa labor de coordinación con las empresas del sector para identificar capacidades disponibles, proyectos maduros y soluciones que permitan a España presentarse ante sus socios europeos como un proveedor fiable, competitivo y tecnológicamente avanzado.

Gracias a este trabajo conjunto, España está en condiciones de liderar o participar en proyectos de alto valor estratégico. El desarrollo de los programas como la construcción de las fragatas F-110, los submarinos S-80 o la modernización de sistemas de mando y control o determinados vehículos tácticos son un claro ejemplo de ello. Se trata de capacidades maduras, con plazos de entrega compatibles con la urgencia actual y con un claro interés para otros países europeos y aliados. Además, SAFE introduce incentivos relevantes, como la exención del IVA en las operaciones financiadas por el instrumento, que refuerzan la competitividad de estos proyectos.

Un marco estable

Pero el impacto de SAFE va más allá de los grandes programas. Uno de sus efectos más positivos es la creación de un marco estable y previsible para la industria, que facilita inversiones, incrementa la capacidad productiva y activa un potente efecto tractor sobre el conjunto del ecosistema industrial, incorporando pymes, empresas tecnológicas, centros de investigación y capacidades de doble uso. La defensa, conviene recordarlo, no es solo seguridad: es también innovación, empleo cualificado, cohesión territorial y progreso tecnológico con aplicaciones civiles.

La seguridad y el bienestar no son conceptos opuestos. Sin seguridad no hay estabilidad económica, ni cohesión social, ni capacidad para sostener el modelo europeo de libertades y derechos.

Europa se defiende no para confrontar, sino para disuadir; no para militarizar su identidad, sino para proteger su forma de vida. SAFE encarna esa visión: cooperación frente a fragmentación, industria europea frente a dependencia, inversión estratégica frente a improvisación. Es un instrumento financiero, sí, pero sobre todo es una decisión política de gran calado.

Las negociaciones del nuevo Marco Financiero Plurianual serán complejas, como siempre ocurre cuando se trata de equilibrar intereses diversos. Pero hay algo que ya no admite demora: la necesidad de que Europa esté preparada. Invertir juntos para defender mejor a Europa es, hoy, una condición imprescindible para garantizar nuestro futuro común.

Europe defends itself not to confront, but to deter; not to militarise its identity, but to protect its way of life"

Investing together to defend Europe better

Europe is at a historic turning point. The war in Ukraine, the accelerated deterioration of the geopolitical environment and the realisation of strategic dependencies accumulated over decades have forced the European Union to urgently rethink its security model. Defence is no longer a secondary or exclusively national issue but is now at the heart of the European project. This is the context of the proposal for the new 2028-2034 Multiannual Financial Framework and, within it, a clear commitment: to strengthen Europe’s capacity to protect itself.

The European Commission has proposed boosting defence spending with the aim of moving towards a genuine European Defence Union. It is not just about spending more, but about spending better: in a coordinated, efficient way that is aligned with common strategic interests. This is the philosophy behind the SAFE (Security Action for Europe) instrument.

SAFE is an exceptional financial mechanism, created in 2025, which makes up to €150 000 million in loans available to Member States on particularly favourable terms. Its aim is clear: to accelerate European defence preparedness through urgent and large-scale investments, while strengthening the European Defence Technological and Industrial Base. In practice, SAFE enables European countries to acquire critical defence capabilities jointly, relying on their own industry and reducing external dependencies.

This approach responds to a lesson learned the hard way in recent years. Europe has for too long invested in a fragmented way, buying in isolation and, in many cases, outside the continent. The result has been a loss of economies of scale, interoperability problems and a European industry with difficulties in rapidly increasing its production capacity when the situation demands it. SAFE seeks to address these weaknesses by encouraging joint procurement, shared planning and the strengthening of European supply chains.

The instrument prioritises core capabilities: ammunition and missiles, air and missile defence, land and naval systems, drones and anti-drones, cyber defence, electronic warfare, military mobility or space assets. In addition, it introduces a key strategic criterion: at least 65% of the value of the components must be sourced from the European Union, the European Economic Area or Ukraine. This is not about protectionism, but about resilience and strategic autonomy.

For Spain, SAFE represents a major strategic opportunity. Our country has a solid, technologically advanced defence industry that is fully integrated into major European programmes. This reality is reinforced by the Industrial and Technological Plan for Security and Defence promoted by the Spanish government, which fully shares the European philosophy of investing better, in a coordinated manner and with a clear strategic orientation. This Plan positions the defence industry as a vector of sovereignty, innovation and economic growth, and acts as an instrument of national alignment with European priorities.

From the Secretary of State for Defence, we are working intensively to ensure that Spain actively participates in SAFE, not only as a beneficiary but also as a driving country of shared projects and capabilities, leading joint acquisitions that strengthen both our military capabilities and the international reach of our industry. This vision combines strategic responsibility, a European commitment and a firm pledge to the national industrial base, where defence is understood as a public policy with multiplier effects.

The work of the Directorate General for Defence Industry Strategy and Innovation (DIGEID) is essential to this effort. This body is carrying out intense coordination work with companies in the sector to identify available capacities, mature projects and solutions that will enable Spain to present itself to its European partners as a reliable, competitive and technologically advanced supplier.

Thanks to this joint work, Spain is in a position to lead or participate in projects of high strategic value. The development of programmes such as the construction of the F-110 frigates, S-80 submarines or the modernisation of command and control systems or certain tactical vehicles are a clear example of this. These are mature capabilities, with lead times compatible with the current urgency and of clear interest to other European countries and allies. In addition, SAFE introduces relevant incentives, such as VAT exemption on operations financed by the instrument, which strengthen the competitiveness of these projects.

A stable framework

But SAFE’s impact goes beyond large programmes. One of its most positive effects is the creation of a stable and predictable framework for industry, which facilitates investments, increases productive capacity and activates a powerful driving effect on the industrial ecosystem as a whole, incorporating SMEs, technology companies, research centres and dual-use capabilities. Defence, it is worth remembering, is not only security: it is also innovation, skilled employment, territorial cohesion and technological progress with civilian applications.

Security and well-being are not opposites. Without security there is no economic stability, no social cohesion, and no capacity to sustain the European model of freedoms and rights.

Europe defends itself not to confront, but to deter; not to militarise its identity, but to protect its way of life. SAFE embodies this vision: cooperation versus fragmentation, European industry versus dependence, strategic investment versus improvisation. It is a financial instrument, yes, but above all it is a major political decision.

Negotiations on the new Multiannual Financial Framework will be complex, as is always the case when balancing different interests. But there is one thing that can no longer be delayed: the need for Europe to be ready. Investing together to defend Europe better is now a prerequisite for securing our common future.

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Contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

ÁMBITO EUROPEO

Contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

En septiembre tuvo lugar el seminario La importancia de detectar y reportar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, organizado por el Consejo de Notariados de la Unión Europea (CNUE) en el Colegio Notarial de Madrid.

REDACCIÓN

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“España debería aumentar la transparencia en la transmisión de acciones de las sociedades anónimas que no cotizan en bolsa. Esta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en un informe en 2014, no se ha cumplido y es de gran importancia para la lucha contra el blanqueo de capitales”, señaló la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo en el seminario celebrado en Madrid sobre lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. “Después de este informe del GAFI -continuó- la transformación de sociedades de responsabilidad limitada en sociedades anónimas se incrementó en un 74% y es fácil deducir cuál es la finalidad de mantenerse en el anonimato en la transmisión de acciones que se realizan sin intervención notarial”.

Colaboración notarial

En sus palabras de bienvenida, Barrio Del Olmo señaló que “desde que se constituyó en 2005, nuestro Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales ha contestado de forma telemática 400.000 requerimientos de información de este tipo, erigiéndose como uno de los pilares en la lucha contra el blanqueo. Además, el 80% de las comunicaciones de operaciones sospechosas que realiza al SEPBLAC acaban judicializándose”.

“Nuestro Índice Único Informatizado Notarial es la segunda mayor base de datos de España y en torno a ella se articula toda la colaboración del Notariado con las autoridades competentes en materia de prevención de lacras como el blanqueo o la financiación del terrorismo. Los datos de este índice provienen de los documentos notariales, por lo que son auténticos, completos y actualizados”, incidió.

La presidenta continuó explicando que “gracias al Índice Único Informatizado Notarial, OCP creó dos bases de datos sustanciales en la lucha contra el blanqueo y de las que se nutren jueces, fiscales, el SEPBLAC y demás autoridades: la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR) y la de Personas con Responsabilidad Política. La BDTR nos permite determinar en tiempo real el porcentaje de propiedad de una persona física en una sociedad limitada”. “Esta base permitió en 2021 que España recibiera el primer tramo de fondos de la UE Next Generation, porque hizo posible acreditar en la UE que teníamos información de una alta calidad, lo que no sucedía con otros países”.

Notariado europeo

Tras la presidenta del Notariado español, intervino la presidenta del Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE), Cosita Delvaux, de forma remota: “El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son amenazas reales que socavan la Justicia, la seguridad y la confianza de nuestros ciudadanos en el sistema legal”. “Cada año, miles de millones de euros procedentes de actividades delictivas entran en la economía legítima, y este desafío es transfronterizo, complejo y está en constante evolución”. “Como notarios -continuó- estamos en primera línea, somos guardianes de la legalidad y la transparencia, ya sea en el ámbito inmobiliario, en la constitución de sociedades o en otras transacciones clave. Nos aseguramos de que se respete la Ley, detectando anomalías e informando cuando sea necesario. No es solo una obligación legal, es nuestro deber para con la sociedad”.

En la primera charla titulada La importancia de la comunicación de operaciones sospechosas en la lucha contra el BC/FT, el director de la UIF española (SEPBLAC), Pedro Comín explicó que “toda la información que recibimos de los notarios es de utilidad. Por ejemplo, si existe una investigación abierta enviamos esa información a las fuerzas de seguridad del Estado o a Hacienda. Si no, la guardamos en una base de inteligencia básica a través de la que realizamos análisis estratégicos”.

En la intervención sobre El rol de los notarios en la detección y comunicación de las operaciones sospechosas de BC/FT, el notario José Nieto, señaló que “cuando el notario percibe que hay relación entre el documento que se pretende autorizar y un posible riesgo, debe comunicarlo al Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales del Notariado. Después, con su asesoramiento, se observa si las circunstancias se acomodan a una posible comunicación al SEPBLAC”.

España como referencia

El notario alemán Maximilian Wosgien abordó el funcionamiento del sistema notarial alemán y explicó que “en Alemania no disponemos de una base de datos como la del Notariado español para la prevención del blanqueo. Deberíamos tenerla y está ahora en discusión con el Gobierno alemán. La idea es poder contener toda la información de las transacciones y toda la actividad que sea relevante en una base de datos que pueda ayudarnos en el análisis a detectar patrones comunes, para posteriormente informar a las autoridades pertinentes”.

El jefe de la Unidad de Análisis del SEPBLAC, Francisco Córcoles, aludió a la detección y análisis de operaciones sospechosas y aseguró que el objetivo de la Unidad de Inteligencia Financiera es sobre todo “la prevención; conseguir que disminuya el número de delitos”. “Los notarios colaboran en la minimización del impacto del crimen”, señaló.

En la última conferencia de la mañana intervino el comandante y jefe del Subgrupo de Investigación Económica de la Guardia Civil de España, Mario García, que abordó la financiación del terrorismo y los nuevos indicadores y tendencias como “el crowdfunding, los criptoactivos, o la Inteligencia Artificial, a la que los terroristas consultan nuevas formas de cometer delitos”.

Operaciones sospechosas

La primera intervención de la tarde corrió a cargo del jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales, Mariano García Fresno que aludió a los indicadores de riesgo que llevan a los notarios a reportar operaciones sospechosas. “Nosotros creamos una batería de 28 indicadores de riesgo y lo que decimos a los notarios es que si al hacer una operación aparece uno de ellos deben extremar las precauciones”, señaló. “Los indicadores de riesgo pueden ser desde el uso de criptomonedas, hasta algún poder que es extraño, un territorio de riesgo, o si la persona que dirige la operación no está presente en la notaría, por ejemplo”. “Ese tipo de cosas las detectan los notarios, nos llegan y tras analizarlas las enviamos al SEPBLAC”, destacó. “En uno de los ejercicios anteriores, siete de los casos que comunicamos al SEPBLAC, en nombre de los notarios, respondieron a casos de financiación del terrorismo. Trabajamos para detectar a delincuentes de delitos graves”, finalizó.

En la segunda conferencia, intervino el responsable de PBC/FT de Anticipa, Aliseda Real Estate, Francisco Martín: “Nosotros, como parte del sector inmobiliario, tenemos muchísimas similitudes desde la perspectiva de análisis en materia preventiva con la labor que hacen los notarios, a través de su OCP, pero también desde cada una de las notarías de España».

Los riesgos de los criptoactivos

En la clausura de la jornada el notario y presidente del Grupo de Trabajo AML de CNUE, Juan Kutz, abordó la intervención notarial en relación a los criptoactivos: «Los sistemas descentralizados son especialmente vulnerables a los riesgos de anonimato. Por su diseño, las direcciones de bitcoin no llevan nombres, ni ningún otro tipo de identificación del cliente, y no existe un organismo central de supervisión”. “Las fuerzas de seguridad no pueden dirigirse a una entidad central con fines de investigación o incautación de activos, por lo que los criptoactivos suponen un riesgo potencial», explicó. En sus palabras de clausura, Kutz recordó que «el grupo de trabajo específico en materia de prevención del blanqueo del Consejo de los Notariados de la Unión Europea se reúne periódicamente, produciéndose valiosos intercambios de experiencias y conocimientos».

¿Qué es el SEPBLAC?

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), creado en 1993, es la Unidad de Inteligencia Financiera de España, siendo única en todo el territorio nacional. Es, asimismo, Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

“Nuevos retos y amenazas en la lucha contra el blanqueo”, por A. S.

ÁMBITO EUROPEO

A.S.S.,

Inspector Jefe de la Policía Nacional

“Es conveniente recordar el estándar del GAFI que señala la importancia de know your client. La interacción en la notaría es vital para cumplimentar esta recomendación”

Nuevos retos y amenazas en la lucha contra el blanqueo de capitales

En fechas recientes Madrid acogió un seminario de formación en materia de prevención del blanqueo de capitales para el Notariado organizado por el Consejo de Notarios de la Unión Europea (CNUE).

En este foro se trataron temas dispares que afectan a la seguridad pública y en los que los notarios, como parte del engranaje jurídico-financiero, desempeñan un papel muy relevante. Entre los extremos tratados se hizo referencia a los nuevos retos y amenazas emergentes a los que nuestra sociedad se enfrenta desde el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y radicalismos.

No es posible avanzar sin dibujar la estructura y sinergias entre el sector público y privado a las que, de manera permanente, el GAFI alude a través de sus 40 recomendaciones. Este concepto fue nítidamente definido en el Fórum de colaboración con el Sector Privado desarrollado en marzo de 2025 en Bombay (India): La colaboración entre ambos sectores es primordial para lograr, entre otros, el objetivo de la prevención, esto es, disminuir el número de delitos.

En este ecosistema preventivo conviven varias instituciones. Gracias a la estructura híbrida del SEPBLAC, que aporta la conjunción de distintas sensibilidades, el Servicio es capaz de combinar experiencia con un conocimiento específico de los fenómenos. Esta funcionalidad se implementa con la presencia de las unidades adscritas de Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria que aportan la capacidad analítica propia de sus especialidades. Los agentes de la Policía Nacional provienen del ámbito táctico operativo, de ahí ese conocimiento de los fenómenos, que se actualiza con formación periódica sobre los radicalismos y tipologías terroristas conocidas, como sobre las nuevas amenazas y tendencias (criptoactivos, crowdfunding, gaming, o Inteligencia Artificial). Esta simbiosis entre la experiencia policial, el espíritu investigador y el conocimiento de los fenómenos, junto con la materia financiera, favorecen que el analista sea capaz de transformar la información en inteligencia útil y operativa en la prevención, facilitando así la reacción ante el blanqueo de capitales, el terrorismo y su financiación.

El SEPBLAC, incluido el equipo de enlace de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, desarrolla una labor transversal e impulsora desde las obligaciones de cumplimiento de los sujetos obligados en materia de prevención. El hecho de que un notario comunique una operativa es considerado como una alerta temprana que forma parte de la base de la estructura piramidal de la investigación. Las comunicaciones realizadas por el Consejo General del Notariado (CGN) conllevan un complejo aporte documental, perfectamente estratificado y simplificado, permitiendo a los analistas del SEPBLAC enfrentarse al mismo con una comprensión inmediata de la operativa. En definitiva, toda la información que se recibe es de utilidad y es tratada para enriquecer futuros análisis tácticos o estratégicos, generando inteligencia financiera propia del Servicio, para incorporarla posteriormente, si procede, al cauce policial y/o judicial.

Para que una comunicación de información sea útil debe reunir una serie de características, siendo una de ellas la oportunidad, es decir, la actualidad temporal. Esta celeridad comienza con los propios sujetos obligados al reportar las actividades sospechosas. Continúa con el SEPBLAC, que a través del Plan de Transformación Digital persigue mejorar sus esquemas de trabajo. Todo ello permitirá un tratamiento de la información aún más eficiente; implementando mayor dinamismo en las comunicaciones; aportando una elevada inmediatez a su difusión, dotando al sistema preventivo de una eficacia superior.

Recientemente el Informe de Situación y Tendencias del Terrorismo en UE 2025 (TE-SAT) de Europol señalaba que el terrorismo y los extremismos violentos siguen siendo una grave amenaza para UE. Si bien, al inicio de este siglo, la principal preocupación a nivel de seguridad provenía del terrorismo yihadista, hoy en día ha mutado hacia amenazas diferentes y transversales, presentes en nuestra sociedad y que le afectan en sus distintos estratos. Han aparecido y se han asentado un sinfín de radicalismos con vocación violenta que en ocasiones se instrumentalizan o solapan con el terrorismo o el crimen organizado, así como otras amenazas híbridas con origen en Estados hostiles.

En este contexto, no se puede obviar el papel del notario con respecto a los intervinientes en las operativas y la capacidad de este para observar la evolución, el trato, las formas, … del cliente que acude a su despacho. En este sentido es conveniente recordar el estándar número 10 de GAFI, relacionado con la debida diligencia de conocimiento del cliente, y en el que se señala la importancia del “KYC” (know your client). La interacción en la notaría es vital para cumplimentar esta recomendación, no solo por parte del notario, sino también por el propio personal de su despacho. Este reto y responsabilidad a la que se enfrentan las notarías requiere de una formación específica en las fenomenologías emergentes, en las amenazas, riesgos y tipologías genéricas y particulares del momento actual. No en vano la CGI de Policía Nacional, ha organizado dos congresos (2024 y 2025) relacionados con la formación y colaboración público-privada.

Si bien se ha señalado la importancia de la colaboración público-privada y la necesidad de la inmediatez en las comunicaciones y la transcendencia de la formación, no se puede olvidar, para finalizar estas líneas, que todo esto es posible gracias a la plataforma que supone el SEPBLAC para las FFCCS y concretamente para la Policía Nacional, que enlazan el entorno de la inteligencia financiera con la prevención y la investigación del terrorismo y los radicalismos violentos.

Bruselas flexibiliza las reglas

ÁMBITO EUROPEO

BRUSELAS FLEXIBILIZA LAS REGLAS

Los fondos han permitido aplicar importantes reformas en los sistemas judiciales y de pensiones, los mercados laborales y la contratación pública.

Cuando apenas queda un año para ejecutar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y con más de 335.000 millones de euros aún disponibles, la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros agilizar sus planes para concluir con éxito este ambicioso programa. Para lograrlo, propone a los Estados simplificar sus planes y explorar alternativas para las cantidades pendientes. España es el país que más fondos no reembolsables ha recibido pero todavía no ha dispuesto de la mayoría de los préstamos asignados.

ELVIRA ARROYO

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El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), piedra angular de Next Generation EU, ha entrado en su recta final con la mitad de sus fondos sin desembolsar. Nacido como una respuesta excepcional a los daños causados por la pandemia del coronavirus, el MRR está dotado con más de 650.000 millones de euros que los Estados miembros pueden recibir en forma de subvenciones y préstamos para financiar reformas e inversiones estructurales.

LOS PAÍSES PODRÁN USAR EL FONDO DE RECUPERACIÓN PARA APOYAR PROGRAMAS DE LA UE PARA COMUNICACIONES POR SATÉLITE O DEFENSA

Ahora el tiempo apremia porque los Estados miembros tienen hasta el 31 de agosto de 2026 para cumplir los hitos y objetivos de sus planes nacionales, y todavía faltan 335.000 millones (154.000 millones en subvenciones y 180.000 millones en préstamos). La implementación se ha visto dificultada por la guerra en Ucrania y la inflación, entre otras razones. También ha influido la carga administrativa y la falta de capacidad en algunos Estados.

La Comisión Europea hace un balance positivo de lo efectuado hasta el momento y destaca que, gracias a las inversiones apoyadas por el MRR, se han podido aplicar en la Unión Europea (UE) importantes reformas en los sistemas judiciales y de pensiones, los mercados laborales y la contratación pública. También se han hecho avances significativos para dotar a la UE de un suministro energético más limpio, mejores servicios e infraestructuras públicas, y empresas más digitalizadas. Aun así, queda mucho por hacer para que el fondo de recuperación despliegue todo su potencial y se complete la entrega de los recursos comprometidos.

PARA LOS PROYECTOS QUE NO PUEDAN COMPLETARSE A TIEMPO, LAS AUTORIDADES EUROPEAS HAN ABIERTO LA PUERTA A DIVIDIR LAS ACTUACIONES EN TRAMOS

Allanar el camino. Los países que no consigan cumplir los plazos establecidos se arriesgan a perder parte del apoyo financiero que les corresponde. Para que esto no suceda, la Comisión Europea ha optado por flexibilizar sus criterios, pero a la vez advierte que los Estados miembros deben esforzarse con este reto.

Como primer paso, las autoridades europeas recomiendan a los países revisar sus respectivos planes de recuperación para incluir en ellos únicamente medidas que puedan lograrse antes del 31 de agosto de 2026. En concreto, les sugieren ampliar las acciones que estén funcionando bien y reducir o eliminar los proyectos sobredimensionados, especialmente cuando los costes estimados superen la asignación prevista. En estos casos, se podrá suprimir parcialmente una medida sin necesidad de reemplazo, siempre que no afecte al total del importe no reembolsable.

Para los proyectos que no puedan completarse a tiempo, se abre la puerta a dividir las actuaciones en tramos, financiando con el fondo de recuperación solo las partes que puedan concluirse antes de la fecha límite, y completando el resto con fondos nacionales u otros programas europeos.

Además, los Estados miembros podrán transferir al programa InvestEU hasta el 4% de su asignación total del MRR y un 6% adicional para medidas que contribuyan a los objetivos de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP).

También se contemplan inyecciones de capital en Bancos Nacionales de Promoción e Instituciones (BNIPs por sus siglas en inglés) con el fin de fortalecer el papel de estas entidades en sectores como la transición energética, la vivienda asequible o la innovación industrial.

Asimismo, en línea con el giro estratégico de la UE hacia una mayor autonomía en defensa, los fondos del MRR podrán utilizarse para financiar aportaciones al futuro Programa Europeo de Industria de Defensa (EDIP).

Finalmente, los países podrán destinar su asignación a programas europeos para impulsar las comunicaciones por satélite, como el Programa Espacial y el Programa de Conectividad Segura, cuyo objetivo es potenciar la autonomía estratégica de la UE, su independencia tecnológica, y contribuir a la seguridad y defensa.

Situación de España. España tiene adjudicados 163.000 millones de euros del MRR, de los que casi 83.160 millones corresponden a transferencias no reembolsables y el resto a créditos.

En junio de 2025, la Comisión Europea aprobó el quinto desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español, por importe de 22.926 millones de euros netos (6.991 millones para subvenciones y 15.935 millones para préstamos).

A fecha de hoy, España ha recibido 71.000 millones de euros, tras la consecución de 264 hitos y objetivos del total de 594 que contiene el plan.

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, se está trabajando en la adaptación del hito sobre la reducción de la temporalidad en el empleo público, correspondiente a la primera solicitud de pagos.

ESPAÑA HA DISPUESTO DE UN 43% DEL TOTAL
DE FONDOS QUE TIENE ASIGNADOS PARA EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Firmeza. Bruselas ha manifestado su voluntad de colaborar con los Estados miembros para cerrar satisfactoriamente el MRR, pero les pide organizarse con antelación y garantizar la solidez de las pruebas presentadas para evitar retrasos durante la evaluación. En este aspecto, la posición de la Comisión Europea es clara: solo se adoptarán decisiones de pago dentro del plazo si se presentan solicitudes completas. La falta de pruebas que demuestren el cumplimiento de todos los requisitos de hitos y objetivos supondrá la pérdida de los fondos. Por ello, aconseja a los países compartir las pruebas de manera informal con los servicios de la Comisión tan pronto estén preparadas, incluso antes de la presentación formal de las solicitudes de pago.

Plazos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)

31 de agosto de 2026. Límite para que los Estados europeos completen sus hitos y objetivos. A partir de esta fecha, no se aplicarán enmiendas a sus planes de recuperación y resiliencia.
30 de septiembre de 2026. Fecha tope para presentar solicitudes de pago.
31 de diciembre de 2026. La Comisión deberá efectuar los pagos finales antes de esta fecha.

¿Qué pueden hacer los Estados para no perder las ayudas europeas?

Modificar o eliminar medidas que no puedan ejecutarse antes del 31 de agosto de 2026.
Trasladar recursos a otros instrumentos.
Reasignar préstamos no utilizados a los fondos no reembolsables.
Dividir proyectos complejos y continuar su desarrollo con financiación nacional o europea posterior a 2026.
Avanzar solicitudes de pago de medidas ya ejecutadas, aunque no estuvieran previstas para 2026.
Contar con recursos administrativos adecuados para procesar la última avalancha de pagos.

Europa opina.

“Desde el principio, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se concibió como un instrumento temporal con fecha de finalización en 2026. Ahora que ese final está a la vista, la Comisión está preparada para colaborar con los Estados miembros a fin de garantizar un cierre fluido y exitoso del instrumento”. Comunicación NextGenerationEU: El camino hacia 2026. Comisión Europea. 4 de junio de 2025.

“Si no actuamos ahora, inversiones cruciales corren el riesgo de quedar inconclusas tras la finalización del Mecanismo en agosto de 2026. Necesitamos acelerar la ejecución, reducir la burocracia y ayudar a los beneficiarios”. Victor Negrescu (S&D). Eurodiputado y coponente en la resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 18 de junio de 2025.

Colaboración notarial con Red.es

Red.es y el Consejo General del Notariado han formalizado varios convenios de coloración relacionados con el programa Kit Digital, con el fin de mejorar la eficiencia y seguridad en la tramitación de ayudas a medianas empresas, pequeñas empresas, microempresas y autónomos. Este programa está impulsado por el Gobierno de España y dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.

Esta colaboración se centra en la automatización de procesos de verificación, optimizando la comprobación de la representación de beneficiarios, representantes voluntarios y la titularidad real de las entidades solicitantes. El Consejo General del Notariado proporciona acceso a su Índice Único Informatizado Notarial, que permite verificar de manera automatizada la representación legal de los beneficiarios y representantes voluntarios. Además, facilita información clave (titularidad real) para prevenir fraude y garantizar la transparencia en la concesión de ayudas. Estas verificaciones han permitido agilizar la tramitación de ayudas y mejorar la detección de posibles irregularidades, reduciendo significativamente la necesidad de documentación adicional y mejorando la eficiencia en la gestión del programa. La automatización de estas comprobaciones ha supuesto importantes beneficios en términos de eficiencia administrativa, reducción de tiempos de tramitación, ahorro en costes administrativos y mayor seguridad y control.

“Los Fondos Next GenerationEU», por Lucas González Ojeda

ÁMBITO EUROPEO

LUCAS GONZÁLEZ OJEDA,

director en funciones y jefe de Análisis Político de la Representación de la Comisión Europea en España

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Linkedin: Lucas González Ojeda

“Las cifras de crecimiento económico de los últimos años en España dan fe de que el mecanismo de recuperación y resiliencia está siendo un éxito"

Los Fondos Next GenerationEU

La implantación de los fondos Next GenerationEU encara ya su recta final. Nacieron de la pandemia en 2020 con una duración limitada: en agosto de 2026 todos los hitos y objetivos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), a través del que se ejecutan, tendrán que haber sido cumplidos para que España pueda recibir los correspondientes fondos.

El 8 de agosto pasado se desembolsó el quinto pago por una cuantía total de 23.000 millones de euros. A fecha de hoy, España ha recibido 71.000 millones de euros, tras la consecución de 264 hitos y objetivos del total de 594 que contiene el plan, esto es, el 44%, tras cinco solicitudes de pago. El PRTR suma una cuantía total de hasta 163.000 millones de euros (en torno al 11% del PIB de España). Estas cifras nos muestran que, en este momento, queda todavía trabajo por hacer en el año escaso que resta.

Las cifras de crecimiento económico de los últimos años en España dan fe de que el mecanismo de recuperación y resiliencia está siendo un éxito, pero quedan desafíos por abordar. El ritmo de implementación, ejecución y desembolsos se ha visto ralentizado en el último año debido a la alta carga administrativa. Además, la evaluación de la consecución de los hitos y objetivos es compleja debido a su alto grado de detalle. Es por ello por lo que la evaluación de la quinta solicitud de pago ha sido larga (el pago se solicitó el 20 de diciembre de 2024 y se desembolsó el 8 de agosto de 2025) y ha necesitado de varias revisiones del plan.

Estos desafíos son comunes a los planes de todos los Estados miembros y por ello el pasado 4 de junio la Comisión Europea publicó una comunicación que busca simplificar los planes, de una forma integral y sistemática, antes de que termine el año 2025. Esta simplificación ayudará a agilizar la labor de los Estados miembros (la consecución de los hitos y objetivos) y de la Comisión Europea (la evaluación de las solicitudes de pago), para así asegurar los desembolsos pendientes en este último año. Entre las opciones que esta comunicación presenta para simplificar los planes, se encuentra extender aquellas medidas que han sido exitosas hasta el momento, reducir el tamaño de los préstamos en caso de que la demanda fuera más baja de lo esperado, o separar aquellas partes de proyectos que no puedan completarse antes de agosto de 2026 para que sean financiadas por otros mecanismos de financiación nacionales o europeos. La comunicación propone, también, revisar la literalidad de los hitos y objetivos para centrarse únicamente en los elementos esenciales y así facilitar su implementación.

El mecanismo de recuperación y resiliencia ha sido pionero en la forma de implementar fondos europeos, y ha supuesto un éxito sin precedentes al facilitar reformas estructurales que la Comisión Europea llevaba años requiriendo en el marco del Semestre Europeo y al ejecutar inversiones con un alto impacto en la competitividad y desempeño del tejido industrial español. Además, como los planes han sido elaborados con la estrecha participación de los Estados Miembros, se han tenido en cuenta las necesidades específicas de cada territorio, y cada país ha tenido un alto grado de sentido de propiedad de su propio plan.

Por ello, teniendo en cuenta las ventajas del modelo basado en resultados del mecanismo de recuperación, el pasado 16 de julio la Comisión Europea propuso mantener esa metodología de cara al próximo presupuesto de la UE (el llamado Marco Financiero Plurianual (años 2028-2034)), que ahora debe ser discutido y acordado con el Parlamento Europeo y los Estados miembros. En su propuesta, la Comisión Europea incluye planes nacionales y regionales de asociación que agruparían gran parte de los fondos europeos existentes. Al igual que los planes del marco de recuperación y resiliencia, los planes nacionales de asociación se basarían en las prioridades europeas, adaptándose a las necesidades específicas de los Estados miembros y de las regiones, y los fondos se desembolsarán de acuerdo al cumplimiento de hitos y objetivos. El nuevo sistema ofrecería flexibilidad a los Estados miembros para incluir capítulos nacionales, sectoriales y, cuando corresponda, regionales y territoriales, como en la normativa vigente, en función de las estructuras y tradiciones constitucionales de cada Estado miembro. Proporcionarían apoyo específico en todas las políticas de la UE para atender necesidades urgentes, como los desafíos que enfrentan las regiones fronterizas orientales más afectadas por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, o la prevención y mitigación de desastres naturales. En general, los planes nacionales de asociación serían menos prescriptivos en cuanto a cómo alcanzar los objetivos comunes, pero más exigentes en cuanto a qué lograr, garantizando el pleno respeto del principio de subsidiariedad.

Como conclusión, el último año del mecanismo de recuperación y resiliencia será clave para el éxito del instrumento. Aún queda mucho por hacer, y el esfuerzo común de todas las administraciones, empresas y ciudadanos es fundamental para que las inversiones y reformas del PRTR lleguen a buen puerto. Esto es así, no sólo porque la economía española tiene mucho de lo que beneficiarse aún, sino porque es el reflejo de un nuevo modelo de financiación europea que tiene el potencial de traspasar el ámbito limitado del mecanismo de recuperación y resiliencia para alimentar el marco del presupuesto de la Unión. Está en el interés de todos, ciudadanos, empresas e instituciones nacionales y europeas, aprovechar al máximo esta oportunidad.

Un mercado digital europeo más justo y competitivo

ÁMBITO EUROPEO

UN MERCADO DIGITAL EUROPEO MÁS JUSTO Y COMPETITIVO

La Comisión Europea ha multado con 500 millones de euros a Apple y con 200 millones de euros a Meta por incumplir la Ley de Mercados Digitales. Esta norma, junto con la Ley de Servicios Digita-les, promueven un espacio digital más seguro y competitivo.

MARTA RUIZ-CASTILLO

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Se trata de las primeras multas que aplica Bruselas desde la entrada en vigor de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), en 2024. A partir de ahora, los desarrolladores de las aplicaciones Apple deben informar a sus usuarios de opciones de compra más baratas fuera de su AppStore. En el caso de Meta, debe retirar la obligación que tienen los usuarios de elegir entre consentir el rastreo de datos o pagar por no tener publicidad en Facebook e Instagram. Meta y Apple son dos de los guardianes de acceso designados en su día por la Comisión Europea junto a Alphabet, Amazon, ByteDance y Microsoft.

LOS DESARROLLADORES DE LAS APLICACIONES APPLE DEBEN INFORMAR A SUS USUARIOS DE OPCIONES DE COMPRA MÁS BARATAS FUERA DE SU APPSTORE

Seguridad y competencia.

Para ser guardianes de acceso, las plataformas tecnológicas deben ofrecer servicios de intermediación online como tiendas de aplicaciones, motores de búsqueda, servicios de redes sociales, determinados servicios de mensajería, servicios de plataformas de intercambio de vídeos, asistentes virtuales, navegadores web, servicios informáticos en la nube, sistemas operativos, mercados online y servicios de publicidad.

Junto a la propuesta de la Ley de Servicios Digitales, la Comisión propuso la Ley de Mercados Digitales en diciembre de 2020 para hacer frente a las consecuencias negativas derivadas de determinados comportamientos de las grandes tecnológicas que actúan como guardianes digitales del mercado único de la UE. La normativa «constituye un conjunto único de normas que se aplican en toda la UE con la finalidad de crear un espacio digital más seguro en el que estén protegidos los derechos fundamentales de los usuarios y se establezcan unas condiciones de competencia equitativa entre las empresas», explica la Comisión Europea. Se busca, así, poner fin a las «prácticas desleales de las empresas que actúan como guardianes de acceso en la economía de las plataformas digitales». La DMA fue aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo en marzo de 2022.

Para lograr un correcto cumplimiento de la legislación, la UE cuenta «con una sólida estructura de supervisión, en la que la Comisión Europea es la única instancia responsable del cumplimiento de las normas, en estrecha cooperación con las autoridades de los Estados miembros de la UE».

La Comisión puede también imponer sanciones y multas de hasta el 10% del volumen de negocios mundial de una empresa y hasta del 20% en caso de reincidencia. «En caso de infracciones sistemáticas, podrá imponer las medidas correctoras estructurales o de comportamiento necesarias para garantizar la eficacia de las obligaciones, incluida la prohibición de nuevas adquisiciones».

La DMA también otorga a la Comisión la facultad de llevar a cabo «investigaciones de mercado que garanticen que las obligaciones establecidas en el reglamento se mantengan realmente actualizadas».

META DEBE RETIRAR LA OBLIGACIÓN QUE TIENEN LOS USUARIOS DE ELEGIR ENTRE CONSENTIR EL RASTREO DE DATOS O PAGAR POR NO TENER PUBLICIDAD EN FACEBOOK E INSTAGRAM

Transparencia

La DMA supone un paso importante para mejorar el mercado digital en constante evolución, asegura la CE. Entre los beneficios de la norma, destaca que «las empresas usuarias que dependen de los guardianes de acceso para ofrecer sus servicios en el mercado único tengan un entorno empresarial más justo». Además, «los innovadores y las empresas tecnológicas emergentes disponen de nuevas oportunidades de competir e innovar en el entorno de las plataformas online sin condiciones abusivas que limiten su desarrollo».

Para apoyar la aplicación de las normas con conocimientos técnicos y científicos de alto nivel, el Centro Común de Investigación (CCI) creó en 2023 el Centro Europeo de Transparencia Algorítmica (CETA), una herramienta clave para la regulación digital de la Comisión. El CETA ayuda a la Comisión a evaluar si el funcionamiento de los sistemas algorítmicos que sirven de base a los servicios digitales se ajusta a las obligaciones de gestión de riesgos que establece la Ley de Servicios Digitales para las plataformas en línea. «Lo que pretendemos es comprender mejor cómo funcionan los sistemas algorítmicos. Estos sistemas pueden tomar decisiones autónomas sobre los contenidos y los resultados de búsqueda que han de visualizarse. Queremos asegurarnos de que este proceso de toma de decisiones sea transparente, de modo que los ciudadanos puedan comprender porque se les ofrecen determinados contenidos o productos», explicó Carlos Torrecilla Salinas, jefe de la Unidad de Economía Digital del CCI durante la presentación del centro.

Defensa de los usuarios.

Los usuarios profesionales establecidos en la UE que dependen de los servicios ofrecidos por los seis guardianes de acceso para llegar a sus clientes disfrutan, gracias a la legislación, de nuevas oportunidades. Podrán «beneficiarse de un trato justo y de unas condicio-nes de competencia equitativas cuando compitan con los servicios de los guardianes de acceso en sus plataformas», explica la Comisión Europea. También podrán «solicitar la interoperabilidad con los servicios de los guardianes de acceso para ofrecer nuevos servicios innovadores», y «vender sus aplicaciones a través de canales alternativos distintos de las tiendas de aplicaciones de éstos». Estas empresas tienen acceso, con la entrada en vigor de la norma, «a los datos generados por sus actividades en las plataformas de los guardianes de acceso, promover ofertas y realizar con-tratos con clientes fuera de las plataformas» de las seis grandes.
Los usuarios directos, por su parte, «podrán elegir entre más y mejores servicios, tendrán más oportunidades de cambiar de proveedor si lo desean y disfrutarán de un acceso directo a los ser-vicios, por los que pagarán precios más justos».
Los guardianes de acceso, añade la Comisión Europea, «conservarán todas sus oportunidades de innovar y ofrecer nuevos servicios. La única diferencia es que no se les permitirá someter a prácti-cas desleales, para obtener ventajas indebidas, a las empresas y clientes usuarios que dependen de ellos».

Mercado único digital.

«Se ha concebido para eliminar las barreras comerciales entre los Estados miembros que ha dado lugar al mercado interior, que promueve la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales», informa la CE. Para impulsar el mercado único digital, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la Ley de Servicios Digitales el 20 de octubre de 2020 y, posteriormente, la Ley de Mercados Digitales para «reforzar el mercado interior, garantizar la igualdad de trato de las actividades dentro y fuera de internet, mantener la transparencia, respetar los derechos e incluir a las entidades de terceros países que afecten a los consumidores de la Unión».

Europa opina.

«El nuevo conjunto de normas hará que los mercados digitales sean más abiertos para que las pequeñas empresas innovadoras tengan también una oportunidad equitativa de ha-cerlo. Como consumidores, tendremos opciones más asequibles. Esto cambiará profundamente la forma en que funcionan los mercados digitales y abrirá este mercado en beneficio de todos los agentes económicos y usuarios europeos», afirma Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva responsable de la política de competencia. Para Thierry Breton, comisario responsable de Mercado Interior, la norma «cambiará profundamen-te el panorama digital. La Unión Europea adopta con ella un planteamiento proactivo para garantizar unos mercados digitales equitativos, transparentes y competitivos. Un pequeño número de gran-des empresas tiene en sus manos un poder de mercado considerable. Los guardianes de acceso que disfruten de una posición afianzada en los mercados digitales tendrán que demostrar que compiten de forma equitativa». «El objetivo del mercado único digital es que Europa reciba a las mejores empresas y no sólo a las más grandes. Por eso tenemos que centrarnos en la aplicación de la legislación. Necesitamos una supervisión adecuada para asegurarnos que el diálogo regulador funciona», opina Andreas Schwab, eurodiputado alemán del PPE encargado de la Ley de Mercados Digitales en el Parlamen-to Europeo. Por su parte, Christel Schaldemose, eurodiputado danés del grupo S&D, encargado de la Ley de Servicios Digitales en el Parlamento, considera que «durante demasiado tiempo los gigan-tes tecnológicos se han beneficiado de la ausencia de reglas. Ahora se reforzarán las normas y los derechos».

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