Entrevista a María Luisa Segoviano, primera mujer en presidir una Sala del Tribunal Supremo

EN CURSO LEGAL

MARÍA LUISA SEGOVIANO

Primera mujer en presidir una Sala del Tribunal Supremo

«Hay que adaptar la legislación laboral a la realidad social»

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo historia el 30 de septiembre de 2020 eligiendo a la primera mujer, en sus más de 200 años de vida, para presidir una de las cinco salas, la de lo Social. La elegida fue la magistrada María Luisa Segoviano, que ya venía ocupando en funciones el cargo en sustitución de Jesús Gullón. Vallisoletana de nacimiento, con formación jurídica (y de orgullo pucelano indisimulado) pasó su infancia en el entonces Marruecos español. Sus primeros destinos fueron en el País Vasco – y no era plaza fácil en la época- y Cataluña. 

CARLOS CAPA

Apasionada del Derecho, oficio de larga impronta familiar desde el bisabuelo notario al padre juez, echa de menos los años en los que podía compatibilizar la jurisdicción con la enseñanza del Derecho Procesal que con tanto tino ejerció.

Moderna sin aspavientos y rigurosa sin soberbia, es un referente imprescindible del Derecho del Trabajo y de la capacidad de alcanzar metas sin techos que lo impidan.

¿Qué supone ser la primera mujer que ocupa la presidencia de una Sala del Tribunal Supremo?

Para mí no es una función desconocida, ya que la ejercí en funciones durante unos meses al jubilarse el anterior presidente, Jesús Gullón. Esto me ayudó a adquirir una experiencia, que se suma a haber presidido la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos y Valladolid. Cuento con el apoyo y la colaboración de todos los que prestan aquí sus servicios: magistrados, letrados, gabinete técnico, personal administrativo… Es fácil ocupar la presidencia con tanto respaldo y, por supuesto, un orgullo.

¿Cuándo llegará la igualdad real entre hombres y mujeres?

Dicen los expertos que tardará todavía cien años, pero yo soy más optimista. Acabo de terminar la memoria de actividad de la Sala Cuarta y he constatado que se han dictado muchas sentencias relativas a cuestiones de igualdad de género y no discriminación. Creo que se van dando pasos en la conciencia social, en adquirir una mayor igualdad efectiva y eso se traslada a los convenios colectivos, a la regulación de las condiciones de trabajo y la sensibilidad social.

¿Alcanzar la igualdad es una cuestión principalmente de educación?

Sin duda, la educación es crucial y lo que se aprende en la infancia es determinante para una evolución igualitaria. A partir de ahí, es la sociedad la que tiene que asumir la lucha contra la desigualdad, que no solo se produce en el ámbito laboral. Las grandes compañías, los bancos o las aseguradoras, por ejemplo, tienen muy pocas mujeres en puestos directivos, a pesar de que la Ley de Igualdad de 2007 les fijaba objetivos de paridad en los Consejos de Administración que deberían haberse cumplido en 2015. Solo un 8% de las cotizadas la tienen hoy.

La mayoría de las profesiones jurídicas tienen hoy una composición mayoritariamente femenina.

Es cierto que entre los operadores jurídicos hay más mujeres que hombres, pero no se da la misma situación en los puestos de mayor responsabilidad, incluida la magistratura.

Parece inconcebible que todavía tengamos que informar sobre agresiones a mujeres. ¿Aborda la sociedad la violencia de género de forma adecuada?

Es cierto que se hacen muchos esfuerzos desde el ámbito legislativo y educativo, pero es indudable que algo falla. La igualdad quizás no está interiorizada, así como la necesidad del respeto entre las personas. En muchas ocasiones la violencia surge de la incapacidad de asumir la ruptura de una relación sentimental por parte del varón. Es una realidad injustificada e inasumible para la sociedad.

¿Es necesaria una jurisdicción especializada en Familia?

Ya existen juzgados especializados, si bien es cierto que no llegan a todos los lugares. Qué duda cabe de que cuando un órgano se especializa permite que resuelva sus asuntos con más eficacia.

¿Cuál cree que es la situación de la conciliación en España?

Tenemos potentes herramientas para implementarla, pero parece que no son suficientes para resolver todos los problemas. La realidad es que las circunstancias de las pequeñas empresas no es como la de las grandes compañías. No podemos ofrecer las mismas soluciones para todas.

¿La pandemia cambiará el modelo de relaciones laborales?

Sí, algunas cosas son evidentes como el éxito del teletrabajo. Las empresas se organizan mejor, pueden implementar la conciliación y además ahorrar costes. También es cierto que hay actividades que solo admiten la presencialidad.

Por otra parte, la falta de relación social en el ámbito laboral tampoco es buena. No se resuelven problemas o se llega a acuerdos de la misma manera de forma telemática que personal. Quizás una fórmula mixta sea lo mejor.

¿El teletrabajo no hace más vulnerables a los trabajadores?

En materias como la protección de riesgos laborales o el control horario, desde luego es más complicado en formatos de teletrabajo. Aun así, tenemos herramientas como el derecho a la desconexión digital, que debe ejercitarse y exigirse ya que está reconocido y regulado. Es cierto que su cumplimiento no es perfecto; me interesan modelos como los de algunas empresas alemanas que desconectan a sus trabajadores de sus servidores cuando han cumplido su jornada.

¿Ya estudian en el Tribunal Supremo alguna cuestión relacionada con esto?

Aún no tenemos ningún caso que resolver sobre esta nueva realidad.

El autoempleo o trabajo autónomo cada vez es más relevante en el tejido laboral español. ¿Se está desdibujando el modelo de relaciones labores por uno mucho más flexible?

El mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado y la realidad laboral también. El Estatuto de los Trabajadores de 1980 está obsoleto. El marco normativo laboral debe adaptarse a una realidad que no estaba contemplada hace 40 años. Le pongo el ejemplo de los llamados riders, que reclaman, al menos en parte, un tipo de relación laboral que no está contemplada en la legislación actual.

¿Está supliendo la actividad jurisdiccional social los huecos que la legislación no contempla?

El Derecho social siempre ha sido muy vivo. En un año hemos tenido 2 reales decretos y 16 reales decretos leyes en materia laboral. Los ERTE se desarrollaron de forma casi simultánea a la declaración del primer estado de alarma.

¿Qué influencia tiene el Derecho comunitario en la jurisdicción social?

Tremenda. Es una guía imprescindible en nuestra jurisprudencia. Cuestiones relacionadas con asuntos como trienios, o el cómputo para la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. Es muy importante y en materias muy diversas.

Hay una denuncia por la lentitud de la justicia social que en este momento supone señalamientos a dos años vista en algunos juzgados. ¿Qué se puede hacer?

La jurisdicción social es especialmente sensible a las crisis económicas. Sufrió un grave daño en la del año 2008 y cuando nos estábamos recuperando ha llegado la pandemia.

Hoy es imposible dar una respuesta razonable al volumen litigioso. En la Sala Cuarta tenemos más de 7.000 recursos y tiene vacantes por cubrir. Es muy difícil, lamentablemente.

¿Tendremos una avalancha litigiosa cuando decaigan los muros de contención extraordinarios levantados por la pandemia?

Tememos que haya un incremento exponencial del número de asuntos. Se han arbitrado medidas procesales extraordinarias… pero no puedo asegurar que sean suficientes para tramitar con la rapidez necesaria.

¿Está satisfecha de haber dedicado su vida al Derecho?

Para mí hay dos profesiones absolutamente satisfactorias y he podido dedicarme a ambas. Ser magistrada y poder resolver el puzle de las controversias, intentando alcanzar la solución más justa, es una de ellas. Motivar las sentencias te obliga a reflexionar y eso te llena. Cuando consigues establecer criterios interpretativos que hacen las normas más claras sientes una gran satisfacción.

Por otra parte, he dedicado mucho tiempo de mi vida a la docencia como profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Valladolid, lo que ha sido también una actividad muy gratificante. Transmitir el conocimiento es muy valioso.

¿Cómo valora la función de los notarios?

Tengo un enorme respeto al Notariado. La figura de mi bisabuelo notario, Astaburuaga, ha sido siempre un referente en mi familia de juristas. La función del notario es trascendental por su función pacificadora. La escritura pública construye los cimientos para evitar un conflicto. La seguridad jurídica que aportan los notarios es imprescindible

“En el ámbito laboral, el derecho a la desconexión digital debe ejercitarse y exigirse, ya que está reconocido y regulado”

Huella digital:

María Luisa Segoviano no mantiene perfiles en las redes sociales, pero es abundante su información en internet. Así, tiene una entrada biográfica en Wikipedia que recoge su perfil profesional y otra en la web de la Asociación de Juristas San Raimundo de Peñafort, de la que es vicepresidenta.

Es presidenta de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Valladolid, que mantiene el perfil en Twitter @RealAcademiaVa. Prolífica autora, en este enlace puede accederse a la mayoría de sus obras.

“La seguridad jurídica que aportan los notarios al tráfico jurídico es imprescindible”

Europa quiere conquistar su soberanía digital

ÁMBITO EUROPEO

Europa quiere conquistar su soberanía digital

La UE invertirá al menos 7.500 millones de euros en desarrollar superordenadores y la inteligencia artificial, confiando la recuperación y el progreso en la agenda verde y el avance tecnológico.

 

JORGE VALERO

@europressos

La recuperación europea tras la pandemia del Covid-19 está orientada por tres grandes coordenadas: digital, ‘verde’ y soberanía. La UE quiere reconstruir su economía acelerando la transición digital y reduciendo la enorme huella de carbono de su modelo productivo. Pero, al mismo tiempo, la pandemia ha expuesto la dependencia europea en varios sectores críticos, desde el material médico hasta las vacunas, subrayando debilidades estructurales añadidas a otras más antiguas, como su dependencia energética o la etiqueta de ‘segundona’ en la carrera tecnológica.

Aprovechando el estreno de un nuevo marco presupuestario de algo más de un billón de euros, y la inyección del fondo de recuperación de 800.000 millones, Bruselas y los Estados miembros se disponen a dar un impulso al frente tecnológico guiado por esas tres coordenadas. No solo conseguirá desarrollar la agenda digital; también ayudará a progresar en el Pacto Verde Europeo y fortalecerá la soberanía europea frente a los gigantes tecnológicos de Sillicon Valley o los inmensos recursos de China.

El principal instrumento comunitario para acelerar esta transformación será el programa Europa Digital.

“La transformación digital en curso toca todos los aspectos de nuestras vidas. Debemos adoptarla y asegurarnos de que tenga un efecto positivo en el crecimiento, el empleo y el bienestar de Europa, al tiempo que se cumplen nuestros ambiciosos objetivos de sostenibilidad,” señala la Comisión Europea en el borrador de orientaciones estratégicas de este programa.

Nueva economía. “Pero hasta ahora, Europa no ha invertido colectivamente lo suficiente en las últimas tecnologías y existe un desajuste creciente entre la oferta y la demanda. Las empresas, el sector público y la comunidad académica tienen que buscar cada vez más fuera de Europa para acceder a las capacidades de informática, manejo de datos o ciberseguridad que necesitan, mientras que los ciudadanos a menudo carecen de las habilidades para prosperar en la nueva economía digital. Además, no todos los sectores y regiones geográficas de la UE se han beneficiado por igual de la innovación digital”, destaca la Comisión.

La UE destinará 7.500 millones de euros para desarrollar sus capacidades estratégicas en este campo, así como la transformación digital de la sociedad y la economía, con el objetivo de mejorar la competitividad europea y su soberanía tecnológica.

El programa apoyará inversiones en sectores clave como la supercomputación o la inteligencia artificial.

La mayor parte de los recursos se dedicarán al desarrollo de superordenadores (2.200 millones de euros); seguido de inteligencia artificial (2.000 millones); ciberseguridad (1.650 millones); la mejora de las capacidades digitales y la interoperabilidad (1.000 millones), y conocimientos digitales avanzados (577 millones). A estos fondos se sumará la cofinanciación que aportarán los Estados miembros (que dependerá de las diferentes iniciativas) y, en algunos casos, los recursos de las propias empresas.

Estos 7.500 millones de euros no serán los únicos recursos que Europa dedicará a su desarrollo digital los próximos años. Los Estados miembros además tendrán que dedicar un 20% de los fondos que reciban del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, dotado con 672.500 millones de euros, a las prioridades digitales. Este es el instrumento aprobado por los líderes europeos el pasado julio para superar la recesión causada por la pandemia.

Además, la UE también cuenta con dinero de Horizonte Europa, el gran fondo europeo para investigación e innovación, así como del Mecanismo Conectar Europa, que invierte en la infraestructura digital.

“El refuerzo de las capacidades digitales traerá un valor añadido verdadero a los ciudadanos europeos, y esto es aún más cierto con una pandemia que continúa apretándonos”, señaló en diciembre el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, cuyo país ocupaba entonces la presidencia rotatoria de la UE. “También es evidente que el sector digital jugará un papel clave en la recuperación económica tras el Covid-19, lo que hace del programa Europa digital un elemento vital del plan de recuperación”, añadió el ministro alemán.

Prioridades. El proyecto de orientaciones que publicó la Comisión a finales del pasado año representa el marco para las iniciativas que se irán presentando dentro de este programa.

El primer objetivo es convertir a Europa en una de las principales regiones de supercomputación mundial, adquiriendo al menos una supercomputadora a exaescala para 2021. Estos sistemas de computación aspiran a ser capaces de realizar un mínimo de un exaflop u operaciones de coma flotante por segundo. Existe una carrera global para ser el primer país en lograr este hito en la computación relacionado con el rendimiento del procesamiento de datos, con aplicaciones en la medicina avanzada o la meteorología.

Además, la Comisión Europea quiere actualizar las supercomputadoras existentes, con un centro muy destacado en Barcelona, y extender el uso de la informática avanzada a la industria, incluidas las pymes.

La segunda área prioritaria del programa es la creación de centros de datos para el desarrollo de inteligencia artificial en campos como salud, medio ambiente y clima, movilidad, manufactura y energía.

El tercer objetivo es reforzar la ciberseguridad, aprovechando para ello las ventajas que ofrece el cifrado cuántico, creando una infraestructura de comunicación paneuropea.

Además, se quiere impulsar la creación de un sistema de certificación para productos de ciberseguridad.

Se necesita personal. Uno de los problemas que detecta Europa es la falta de personal cualificado y expertos en las áreas más punteras. Por eso, la cuarta prioridad será crear programas de formación y master específicos para inteligencia artificial, informática avanzada y ciberseguridad.

Sin embargo, todo este desarrollo servirá de poco si no empapa el sector público y privado. Así, la quinta prioridad será la creación de la red de centros de innovación digital para proporcionar a las pymes y las Administraciones públicas el acceso a las últimas tecnologías.

La sanidad es uno de los campos que más se beneficia del desarrollo digital, lo que resulta aún más necesario en este periodo marcado por la pandemia. Por eso, el sexto objetivo será garantizar la transformación satisfactoria de los servicios sanitarios y asistenciales de la UE, mediante el despliegue de herramientas y servicios innovadores basados en la inteligencia artificial y el análisis de los datos.

Las dos últimas prioridades pretenden explotar las ventanas tecnológicas para luchar contra el calentamiento global, uno de los grandes ejes de actuación de la UE. Para ello, se buscará que las Tecnologías de la Información y Comunicación, sus productos y servicios, sean sostenibles, no solo abordando el enorme consumo energético que realizan, sino también alargando la vida útil de los equipos y facilitando su reciclaje.

La UE quiere reconstruir su economía acelerando la transición digital y reduciendo la enorme huella de carbono de su modelo productivo

Epicentro de la tecnología verde

“El volumen de datos global seguirá creciendo rápidamente. Es por eso que estamos fomentando infraestructuras adecuadas para servicios en la nube eficientes y ecológicos y centros de datos energéticamente eficientes. Europa será el epicentro de la tecnología verde,” comentó el pasado noviembre el comisario de Agenda Digital, Thierry Breton.

Se espera que el consumo de energía de los centros de datos en los Estados miembros de la UE aumente del 2,7% de la demanda de electricidad en 2018 al 3,2% para 2030.

Por último, la UE quiere extender las ventajas digitales a los ciudadanos, creando plataformas urbanas interoperables y seguras, que sirvan para operar diferentes servicios explotando los datos y usando la inteligencia artificial en el sector energético, la movilidad urbana, la gestión de residuos, la industria o el gobierno electrónico.

Europa opina

Página del Parlamento Europeo sobre el programa Europa digital (en inglés).

Página de la Comisión Europea sobre la propuestaCompás digital

Fabricación europea de semiconductores 

La conquista de la soberanía europea en el terreno digital y el esfuerzo para reducir la distancia con nuestros grandes competidores tiene numerosos frentes: el desarrollo del capital humano; contar con un sector financiero europeo de capital riesgo más voluminoso para apoyar a empresas pioneras y start-ups, y también apostar por una manufactura europea en sectores claves, para reducir dependencias de “alto riesgo” respecto a firmas de Estados Unidos o Asia.

Por eso, la Comisión Europea lanzó este marzo el plan Brújula digital, con el que detalla sus prioridades en este programa. Entre ellas, la UE aspira a producir sus propios semiconductores avanzados para 2030, una pieza clave para todo tipo de objetos que incorporan ordenadores.

Según la propuesta, Europa quiere que al menos el 20% de estos semiconductores se produzcan dentro de sus fronteras. En la actualidad, los grandes fabricantes de estos microchips se encuentran sobre todo en Asia, en países como Taiwan y Corea del Sur.

Este Compás Digital ahonda en las prioridades del programa Europa Digital, fijando una serie de metas para esta década. Entre ellas, la construcción de 10.000 centros con un consumo reducido de energía que faciliten el acceso a servicios de datos al sector privado; el desarrollo de un ordenador con aceleración cuántica para 2025, o extender el 5G en los principales centros urbanos para 2030.

La Comisión quiere establecer un sistema para controlar el progreso de los Estados miembros y publicará anualmente un informe para recopilar los avances conseguidos.

Uno de los problemas que detecta Europa es la falta de personal cualificado y expertos en las áreas más punteras

«Bienvenido mister Marshall (segunda parte)», por Casimiro García-Abadillo

ÁMBITO EUROPEO

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
director de «El Independiente»


Bienvenido mister Marshall (segunda parte)

@garcia_abadillo

www.elindependiente.com

Fue el presidente del Gobierno el que calificó como “nuevo Plan Marshall” al paquete de ayudas aprobado por la Comisión Europea para reflotar las economías de la UE devastadas por el sunami del Covid-19.

Espero que la grandilocuencia no le juegue a Pedro Sánchez una mala pasada. Ya sabemos que los políticos se pirran por apuntarse hitos históricos.

El conocido como Plan Marshall (el nombre se debe al entonces secretario de Estado, George Marshall) fue un programa financiado por Estados Unidos lanzado en 1948 para ayudar a los países europeos a recuperarse de la destrucción que ocasionó la Segunda Guerra Mundial. La idea de poner en marcha el European Recovey Program, que era como de verdad se llamaba el plan, tenía como objetivo no sólo movilizar fondos para reconstruir la muy deteriorada Europa, sino, sobre todo, poner un dique a la expansión de la URSS y el comunismo. Y funcionó.

La mayor parte del paquete de fondos lo recibieron, por este orden, Reino Unido, Francia y Alemania. A España apenas le llegaron unas migajas de aquellos 12.000 millones de dólares que el gobierno de Harry Truman puso sobre la mesa como una inteligente inversión a largo plazo.

La decepción que generó entre una población empobrecida y necesitada de alivios el displicente trato con el que los norteamericanos castigaron al gobierno de Franco, fue mostrada de forma magistral por Luis García Berlanga en la película Bienvenido, Mister Marshall, un retrato cruel y entrañable de un país que sufría todavía las consecuencias de una terrible guerra civil y una autarquía que mantuvo aislado al país hasta bien entrada la década de los 60.

Las expectativas que ha levantado el Fondo de Recuperación Europeo, con la colaboración del presidente, son similares a las que despertó hace 73 años el Plan Marshall. España espera recibir nada menos que 140.000 millones de euros en los próximos cuatro años y será uno de los países más favorecidos de Europa, como en su día lo fueron Reino Unido, Francia y Alemania, de ese súper paquete de ayudas.

Este año se espera que lleguen a España unos 27.000 millones de euros (de ellos 7.500 dentro del programa Europa Digital). El presupuesto de este año se asienta en gran medida en esta riada de dinero que, en su mayor parte, es a fondo perdido.

Seguro que el dinero, aunque sea tarde, llegará. No pasará de largo, como los coches de la caravana que cruza a toda velocidad el ficticio Villar del Río en la película de Berlanga. El problema es cómo se va a gestionar ese dinero y cómo se va a repartir.

Veo a las empresas como pollo sin cabeza buscando programas para presentar ante la autoridad competente (que reside en el Palacio de la Moncloa, por supuesto) para recibir dinero. Grandes compañías, bancos, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones,… Cada uno por su lado monta su gabinete de sesudos expertos para ver por dónde se puede sacar jugo al maná europeo. Algunas corporaciones han buscado ya expertos, lobbies, o asesores para asegurarse el triunfo final. Así que, por lo pronto, ya podemos asegurar que estos intermediarios se llevarán su parte del pastel. No digo yo que de forma inmerecida.

Me preocupa que, al final, sean los de siempre los que se beneficien de la solidaridad europea. Las grandes del Ibex y las Administraciones públicas tienen músculo suficiente como para ganar esta carrera. No sólo porque pueden presentar atractivos proyectos de digitalización y sostenibilidad, sino también porque saben llamar a las puertas adecuadas.

España es un país de pequeñas y medianas empresas, que, además, son las que más están sufriendo las consecuencias del coronavirus. Restaurantes, bares, pequeñas agencias de viajes o de alquiler de coches, pequeños comercios, etc. Miles de empresas, cientos de miles de empleos que han desaparecido o están a punto de desaparecer.

La voluntad, dicen los documentos oficiales, es que las ayudas terminen llegando a las pymes. Pero el problema que tienen estas empresas es que ni siquiera saben lo que tienen que hacer para reclamar una parte del dinero europeo.

Cuando llegue el momento tendremos que hacer un balance sobre el destino de los fondos. Cuánto dinero ha ido al sector público, cuánto a las grandes empresas, y lo que ha quedado para las pymes. No me atrevo a hacer un pronóstico, pero seguro que los pequeños empresarios no van a estar entre los más satisfechos por el reparto del nuevo Plan Marshall.

Llámenme escéptico. Pero lo que veo hasta ahora es que el azote de la pandemia se está cebando con los pequeños emprendedores y con los autónomos. Sí, hay grandes empresas que también lo pasan mal, pero cuando hagamos el recuento de bajas, la mayoría estarán del otro lado de la trinchera.

El Gobierno se negó hasta hace poco a dar ayudas directas a las pymes. Entiendo las reticencias de la ministra Calviño, pero ahora el mayor riesgo es no asumir ningún riesgo. En Alemania, por ejemplo, el gobierno está dando un porcentaje a la hostelería del 70% sobre la facturación que las empresas registraron antes del Covid. Los bancos parecen estar dispuestos a servir de red capilar para facilitar que el dinero llegue en condiciones a las pequeñas empresas y autónomos.

No soy partidario de las ayudas públicas a las empresas, en general. Pero ahora estamos en un momento muy delicado en el que los pequeños empresarios no es que hayan caído o estén a punto de caer por su mala gestión, sino, sencillamente, porque las restricciones y el confinamiento les han privado de su clientela habitual.

Justo cuando estaba concluyendo esta columna el presidente Sánchez anunció por sorpresa en el Congreso un plan de 11.000 millones para pymes, fundamentalmente del sector de la hostelería. Una medida necesaria para que esta vez el Plan Marshall llegue a los que lo necesitan y no sea tan frustrante como lo fue el que inspiró a Berlanga, que apenas nos dejó unos lotes de leche en polvo.

Herederos de Neptuno

ALDEA GLOBAL

Herederos de Neptuno

Es de común conocimiento que en el mar se pesca, que sobre sus aguas hay plataformas petrolíferas o eólicas, que sirve de vía de comunicación para grandes transportes y es zona de recreo para los cruceros turísticos; que es lugar en el que tender cables para comunicarnos entre continentes, buscar tesoros, explorar profundidades, sobrevolar su superficie, indagar en varias ramas de la ciencia o disfrutar de la paz de un crepúsculo en una tarde tranquila; que, en fin, es el centro sobre el que pivota toda la compleja industria turística de una zona costera. Hay quien ve en todo esto trabajo, investigación, futuro, descanso… Y hay quien ve dinero: cerca de 1,6 billones de euros anuales, para ser más concretos.

MELCHOR DEL VALLE

@mechiva

Melchor del Valle

Por poner en contexto esto de la explotación oceánica, convendría recordar que existe la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (entró en vigor en 1994), que organiza, de alguna manera, quiénes y cómo podemos explotar el mar para nuestros distintos intereses. Esta normativa, que muchos consideran de las más importantes del siglo XX (aunque países como Israel, Estados Unidos o Venezuela no la hayan firmado), define zonas donde se establecen distintos derechos de, digamos, ‘propiedad’.

Zonas marítimas. Según dicha convención se tienen en cuenta cuatro zonas: el mar territorial, constituido por las 12 millas marinas (22,2 Km) de ancho a partir de la línea costera de cualquier país o estado que esté bañado por el mar; la zona contigua, que son 25 millas (46,3 Km) más contadas desde donde finaliza el mar territorial; la zona económica exclusiva, que añade un máximo de 200 millas (370,4 Km) a la anterior, y, finalmente, alta mar. Donde no hay espacio, por proximidad territorial, para esos límites, los Estados trazan una línea media divisoria. En España tenemos un ejemplo del que se habla con frecuencia: las aguas territoriales de Gibraltar y las nuestras. Imagine el lector, a la vista de este ejemplo, la cantidad de ‘medianas’ que hay por el mundo y la cantidad de discusiones por saber a quién pertenece el mar circundante.

Porque, desde el punto de vista de eso que llamamos ‘propiedad’, el país o estado correspondiente tiene la exclusiva de los derechos de explotación del mar territorial y está sometido a sus leyes. La zona contigua también está sujeta a las leyes del país con cuyo mar territorial delimita, aunque no queden definidos per se los derechos de explotación, que son similares a los de la zona litoral. En la zona económica exclusiva, el país o Estado poseedor tiene soberanía sobre esas 200 millas y toda la capacidad de explotación, incluso puede vender esos derechos. Alta mar, que también conocemos como aguas internacionales, es de todos y todos tenemos derecho de explotación, incluyendo los países no costeros. Una última cosa, en este resumen, para intentar no dejar detalles al margen de los que también hacen caja: sobrevolar aguas que no sean internacionales no es gratis.

Economía oceánica. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha definido la economía oceánica -algunos lo llaman más poéticamente ‘economía azul’- como “la suma de las actividades económicas de las industrias oceánicas, y los activos, bienes y servicios de los ecosistemas marinos”. De aquí salen esos 1,6 billones de euros anuales que decíamos al principio. Las proyecciones económicas muestran que este sector ‘azul’ crecerá más rápido que la economía mundial hasta 2030, lo que ha alertado a quienes se preocupan por el futuro del planeta, porque “ver el océano como un motor para el crecimiento económico futuro puede entrar en conflicto con las dimensiones sociales y ambientales de los objetivos de uso sostenible de los océanos, acordados a lo largo de décadas en compromisos y tratados internacionales”. La frase es del estudio El Océano 100: Empresas transnacionales en la economía oceánica realizado por las universidades Duke (EE.UU.) y de Uppsala (Suecia) con el Centro de la Resiliencia de Estocolmo, con datos de 2018 y publicado en la revista Science Advances de enero de 2021.

El estudio es un alegato a los riesgos de sobreexplotación y contaminación marina, pero lo que más sorprende es quiénes manejan esas cifras astronómicas en torno a los océanos: las 100 principales empresas del sector generan el 60 % de los ingresos ‘azules’ totales; es decir, en torno a un billón de euros. Esas empresas se dedican a la energía petrolera y gasística (las famosas plataformas), el transporte marítimo, la construcción y reparación naval, el equipamiento marítimo y la construcción, la industria pesquera a gran escala, el turismo de cruceros, las actividades portuarias y la eólica marina, aunque esta última solo representa un ‘pico’.

Los ‘jefes’. Ya se imaginan que la industria de todas ellas con mayores ingresos es la del petróleo y gas, que se lleva casi dos terceras partes (65 %) de la ‘tarta’ de los 100 grandes. De hecho, nueve de las diez primeras son de ese segmento, con una líder indiscutible de las 49 reseñadas, que es la saudí Aramco. La no petrolera del top 10 es la danesa A.P. Møller-Mærsk, dedicada al transporte marítimo. Para encontrar una industria que no sea de los tipos anteriormente mencionados tenemos que ir hasta el puesto 19, ocupado por el operador de cruceros británico-estadounidense Carnival Corporation & plc.

A partir del puesto 22 empieza a haber mayor variedad de segmentos, de los citados líneas más arriba, aunque no aparece la industria pesquera hasta el puesto 37, con la japonesa Maruha Nichiro. La única representante de la eólica marina, a la que hacíamos referencia, está en el nada desdeñable puesto 59. Se trata de la también danesa Ørsted, en cuya se web indica que “está clasificada como la mayor empresa de energía sostenible del mundo durante tres años consecutivos”. Un punto a favor entre generar ingresos y proteger el planeta.

Toque de atención. El Océano 100: Empresas transnacionales en la economía oceánica, no solo alerta, como antes indicábamos, sobre los riesgos de crecimiento incontrolado de la economía oceánica, sino que da pistas para que entre todos presionemos a los gobiernos, poniendo sobre el tapete que las arcas públicas de los Estados donde hay actividad petrolera y gasística, por ejemplo, reciben el 41 % de los ingresos que genera esta industria. También recuerdan a los medios financieros, dado que más del 60 % de esas cien principales están en Bolsa, que vivimos tiempos en los que los inversores miran con lupa el parámetro conocido internacionalmente como responsabilidad ESG: Environmental, Social y Governance (medioambiental, social y de gobierno corporativo).

Entre tanta cifra, en fin, quizás pase inadvertida una parte del informe en la que se hace referencia a que se han basado en la lista de industrias oceánicas que establece la OCDE, pero que son conscientes de que esta no es exhaustiva “debido a las limitaciones de datos, por ejemplo, al no incluir la pesca de captura a pequeña escala, las industrias emergentes como la biotecnología marina o la minería de fondos marinos, y los servicios ecosistémicos para los que los mercados aún no existen […]. Además, la industria del turismo marítimo y costero tuvo que limitarse a la industria del turismo de cruceros, debido a la falta de datos mundiales sobre la porción de la producción de otras empresas relacionadas con el turismo vinculada al océano”.

Más allá del ‘Top 100’

La industria de la generación eólica marina, que supone unos 31.170 millones de euros, solo tiene una empresa entre las cien primeras de la economía oceánica: la empresa pública danesa Ørsted. Pero en la lista de las compañías que figuran en este grupo está la única española que se cita en el estudio El Océano 100: Iberdrola. Son en total diez empresas las referenciadas, en las que encontramos también alguna conocida en nuestro país como las alemanas E.ON y Siemens.

El estudio El Océano 100, publicado en la revista Science Advances, es un alegato a los riesgos de sobreexplotación y contaminación marina

Por si las dudas

El Océano 100: Empresas transnacionales en la economía oceánica. Virdin, T. Vegh, J.-B. Jouffray, R. Blasiak, S. Mason, H. Österblom, D. Vermeer, H. Wachtmeister y N. Werner. Duke University (Durham, NC, EE. UU.), Stockholm Resilience Centre, Stockholm University (Estocolmo, Suecia), Uppsala University (Uppsala, Suecia). Publicado por Science Advances (enero 2021).

Océanos y Derecho del mar. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Naciones Unidas.de 2020).

The Poseidon Principles. Asociación The Poseidon Principles (2019).

Las proyecciones económicas muestran que este sector ‘azul’ crecerá más rápido que la economía mundial hasta 2030

Geografía de la economía oceánica

Según los datos del estudio El Océano 100: Empresas transnacionales en la economía oceánica, publicado en la revista Science Advances de enero de 2021, 38 países intervienen en la economía ‘azul’. Clasificados por facturación, España figura en el puesto 32. EE. UU., Arabia Saudí y China ocupan las tres primeras posiciones. La última es para Canadá.

Fuente: El Océano 100: Empresas transnacionales en la economía oceánica.
Datos en millones de euros: elaboración propia.

La paradoja española. Menos presión y más esfuerzo fiscal

ENTRE MAGNITUDES

LA PARADOJA ESPAÑOLA

Menos presión y más esfuerzo fiscal

Tradicionalmente, el sentimiento popular apunta a que la carga tributaria es excesiva en España. Sin embargo, y a pesar de que las cifras comparables con los países de nuestro entorno podrían desmentir esa opinión, un análisis más exhaustivo, que incluya el esfuerzo que supone el pago de impuestos, podría confirmar, al menos en parte, esa sensación.

FERNANDO GEIJO

@fergeijo

Fernando Geijo

Definida como el porcentaje de ingresos que empresas y ciudadanos aportan al Estado y oficiosamente como la necesaria ‘gasolina’ que hace funcionar el motor de los servicios públicos, la conocida como presión fiscal es un concepto económico que relaciona el pago de tributos con el producto interior bruto. Por consiguiente, la presión tributaria de un país es el porcentaje del PIB recaudado por el Estado mediante impuestos, tasas y gravámenes.

Si no pagaran impuestos, los ciudadanos tendrían que sufragar de su propio bolsillo los costes de mantener, por ejemplo, los sistemas educativo y sanitario, por no hablar de las pensiones para la jubilación.

Parece claro, por tanto, que los impuestos son un mal necesario aceptado en todas las sociedades modernas. Por consiguiente, la clave de todo sistema tributario que se precie reside en su equidad. Es decir, en asegurar una justa distribución que propicie un reparto equitativo de las cargas fiscales entre todos los ciudadanos en función de su capacidad económica y de su situación social.

La teoría dicta que a mayor evasión impositiva se produce una menor presión fiscal, a pesar de que las tasas tributarias puedan llegar a ser altas. Si las personas no cumplen con sus obligaciones para con la Hacienda Pública, el Estado tiende a elevar los impuestos a aquellas clases que no pueden evadirlos. Es decir, a los consumidores y a las clases medias asalariadas por cuenta ajena, principalmente.

Para muestra un botón. La media de la presión fiscal en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que aglutina a los 37 países más desarrollados del mundo, alcanzó el 36,1% en 2018, lo que supone un importante descenso desde el 37,4% que representaba en el año 2000.

En el caso de España, sin incluir los impuestos especiales que gravan combustibles, bebidas, tabaco o indirectos como el IVA, un trabajador medio soltero soportaba una presión tributaria del 38,6% en 2000, mientras que dieciocho años después esa ratio ha escalado hasta el 39,4%.

Por debajo en presión. Al igual que las eléctricas se esfuerzan en desglosar en las facturas el origen de la luz que consumimos, parece evidente que conocer el destino final de los impuestos ayuda a desprenderse con menos reticencia y suspicacia de una parte de nuestros ingresos mensuales.

Sin embargo, el barómetro de opinión pública y política fiscal, elaborado por el CIS en julio de 2018, ya señalaba que un 27% de los ciudadanos declaraba desconocer a qué se dedicaban.

En cualquier caso, las cifras apuntan a que en España los impuestos son más bajos que en los principales países de la eurozona, ya que el que grava la renta de los trabajadores suponía el 21,3% en nuestro país en 2019, frente al 39,8% en Bélgica; el 39,7% en Alemania; el 31,4% en Italia; el 30,5% en Países Bajos; y el 28,7% en Francia, por citar algunos ejemplos. Mientras que en términos del IVA general el gravamen es similar, al oscilar en un margen estrecho entre el 22% en Italia; el 21% en España y el 19% en Alemania.

En 2019, la presión fiscal en la UE fue del 41,1%, cinco décimas más en los países del euro, mientras que España se situó por debajo de la media con un 35,4%, idéntica a la del 2018, y Francia marcó el pico más alto, con un 47,4%, seguida por Dinamarca (46,9%) y Bélgica (45,9%).

Por encima en sacrificio. España ocupa el cuarto y el quinto puesto entre los veinte países ‘más ricos’ de la OCDE en sacrificio fiscal, según las tablas que ya elaboraron hace más de medio siglo Henry Frank y Richard Bird, respectivamente. Unos índices que añaden a la medición tradicional otros factores para calcular el esfuerzo fiscal real más allá del nivel de impuestos, como son el tamaño de la población y la renta per cápita. La conclusión es que somos el decimoquinto país en presión fiscal y figuramos entre las cinco economías desarrolladas con mayor esfuerzo fiscal.

La OCDE estima que el mayor peso en los ingresos fiscales en España en 2017, cuando el porcentaje de recaudación alcanzó el 33,7% del PIB, se debió a las contribuciones a la Seguridad Social, con un 34% del total, frente a la media del 26% de la OCDE.

Sin embargo, el peso del impuesto de sociedades fue del 6,8%, frente al 9,3% de media de la OCDE, mientras que la recaudación obtenida por los impuestos a la propiedad significó el 5,8% de media en la OCDE y el 7,5% en España. Por su parte, el IVA, aglutinó en España el 19,1% de la misma frente al 20,2% registrado en la citada organización internacional.

La Constitución española recoge en su artículo 31.1 la necesidad de contar con un sistema tributario justo, basado en principios de igualdad y progresividad, evitando tener un carácter confiscatorio. Esto es, en el que todos contribuyan en función de su capacidad económica.

Y es precisamente aquí donde reside la paradoja que explica que, con una menor presión tributaria, los españoles soporten un mayor esfuerzo fiscal que sus homólogos europeos. La clave residiría, por tanto, en el nivel de renta de unos y otros. Así, y a pesar de tener una presión fiscal por debajo de la media de la eurozona, el esfuerzo fiscal en España estaría, según los expertos en tributación, por encima de países como Holanda, Suecia, Finlandia o Dinamarca, situando a España sólo por detrás de Portugal, Italia, Grecia o Francia.

En caso de que se aplicase a los españoles la presión fiscal que soportan los daneses, la más alta de la OCDE con el 45,4%, su esfuerzo sería mucho mayor, dada la diferencia de rentas per cápita: 51.600 euros anuales para los nórdicos frente a los 23.640 euros patrios en 2020.

Finalmente, a esto hay que añadir el hecho de contar con más deducciones y bonificaciones, lo que reduce la presión fiscal efectiva, así como la particularidad del sistema fiscal español que, por mor de la economía sumergida y la baja productividad, no es capaz de recaudar más cuando se producen subidas de impuestos.

Un poco de historia

Dos reformas han sido capitales para entender la modernización fiscal española en el último siglo.

Por un lado, la impulsada en 1940 por el ministro de Hacienda, José Larraz, que introdujo sustanciales transformaciones al ampliar las bases impositivas y elevar los tipos, y, por otro, la urdida en 1977 por el profesor Enrique Fuentes Quintana y desarrollada por el ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, que sentó las bases del sistema fiscal actual, al introducir aspectos como:

  • El IVA, siguiendo el ejemplo francés del TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée), y la desgravación fiscal a las exportaciones.
  • El impuesto sobre crecimiento del patrimonio.
  • Una simplificación del cuadro impositivo.
  • La disminución de los tipos impositivos y de las escalas de numerosos impuestos, lo que desincentivó el fraude y aumentó la progresividad del sistema.
  • La mejora del conocimiento de las bases imponibles, mediante los registros de rentas y patrimonios y centralización de la información fiscal.
  • Una reforma administrativa para impulsar la modernización fiscal en línea con el modelo dominante en el resto del mundo occidental.
Progresividad frente a salarios

Los tipos más elevados que gravan la renta son similares en los países de la UE, con un 51,5% en Francia; 47,5% en Alemania; 47,2% en Italia y, finalmente, un 43,5% en España, lo que contrasta con la recaudación obtenida por los mismos en cada país: 11,8% en Italia, 9,4% en Alemania, 8,7% en Francia y apenas un 7,5% en España. Esto se debe a que, a pesar de que la progresividad de los impuestos sobre renta y sociedades en España está en línea con el resto de Europa, nuestro modelo económico es de bajos salarios, lo que incide en la recaudación al impactar la base salarial que tributa en los ingresos obtenidos por el fisco.

Ojo al dato

Informe de la Oficina de Estadística de la UE, Eurostat, sobre la presión fiscal en los países de la Unión Europea. 30 de octubre de 2019.

Comisión Europea. Tendencias fiscales en la Unión Europea. Datos de los Estados miembros de la UE, Islandia y Noruega. Edición de 2019.

Instituto de Estudios Económicos. Índice de Competitividad Fiscal 2019. Presentación de la presión fiscal normativa en España.

Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Informe mensual de recaudación tributaria. Noviembre de 2020.

«Churchill y los impuestos», por Antonio Durán-Sindreu

ENTRE MAGNITUDES

ANTONIO DURÁN-SINDREU
doctor en Derecho, Socio director DS y profesor UPF

 

 

Churchill y los impuestos

Antonio Durán-Sindreu

@aduransindreu

Como ya sabemos, la presión fiscal en España se sitúa por debajo de la media de la UE en aproximadamente seis puntos. Sin embargo, nuestro país se sitúa entre los cinco primeros países de la OCDE en mayor esfuerzo fiscal.

Pero no nos sorprendamos. Como ocurre con todas las estadísticas, éstas se han de matizar.

En efecto. La presión fiscal, recordémoslo, es la proporción que los ingresos fiscales, incluida la Seguridad Social, representan sobre el PIB. Tales magnitudes son las que en todos los países se utilizan para medir el indicador de referencia.

Sin embargo, el PIB de cada uno de ellos depende de circunstancias que no necesariamente son homogéneas. Así, por ejemplo, éste depende de múltiples factores, como del modelo económico de cada país, de su tasa de paro, capital humano, políticas gubernamentales, etc.

Por tal motivo, no creo excesivamente en los datos estadísticos, si no van acompañados de las correcciones necesarias que permitan una comparación económicamente homogénea.

En cualquier caso, la realidad estadística es que la presión fiscal en España se sitúa por debajo de la media europea.

Una de las circunstancias que podría explicarlo es que, a pesar de que España tiene tipos impositivos muy similares a los de nuestros vecinos europeos, tiene, sin embargo, una recaudación menor, consecuencia de la elevada cifra en concepto de exenciones, reducciones, incentivos, y tipos reducidos.

Por tanto, la primera y más importante reforma que se habría de acometer es la de revisar la eficacia de tales conceptos, eliminando todos aquellos que en términos de coste-beneficio carezcan de justificación.

Sin embargo, la clave del éxito es reducir los impuestos aumentando la recaudación. Y esto solo es posible promoviendo políticas que fomenten la creación de riqueza productiva desincentivando la improductiva, el vivir de rentas, y la falta de esfuerzo.

Si aumenta la riqueza, los impuestos que en términos absolutos se recaudarán serán mayores, y habrá, pues, mayor margen para disminuirlos, permitiendo que los ciudadanos dispongan de mayor dinero que, a su vez, al destinarse al consumo, revertirá en una mayor recaudación de determinados tributos como el IVA y los impuestos especiales.

Por otra parte, y en la línea de los países del norte europeo, es imprescindible poner fin a nuestro déficit estructural. Gastamos más de lo que ingresamos y, por tanto, nos endeudamos cada vez más. Somos, pues, cada vez más pobres. Es por tanto necesario y urgente revisar el gasto político o clientelar, las duplicidades, el gasto superfluo, y un largo etcétera que redunda en una menor necesidad de recursos públicos.

Pero así y todo, no es suficiente. Si queremos compararnos con los países europeos ricos, hemos de avanzar, y mucho, en la imprescindible colaboración público-privada y en un equilibrio razonable entre el sector público y privado, sin menoscabo de los pilares básicos del Estado del Bienestar.

En este sentido, es importante acotar muy bien el concepto de “lo público”.

Público es, por ejemplo, garantizar el acceso a la sanidad, pero no su financiación universal ni su efectiva prestación por parte de la Administración. Ambos son una decisión política. La Constitución nada dice al respecto. Decisión que tiene un coste que se financia con impuestos.

En este contexto, la obligación de cualquier Administración es adoptar la decisión que para el ciudadano sea más eficaz y eficiente, esto es, y entre otros, que tenga el menor coste sin menoscabo de la calidad. Según cual sea, la necesidad de impuestos será mayor o menor.

Y una vez más, volvemos a la importancia de la riqueza. Para financiar lo “público”, es necesario que el sector privado genere riqueza.

De ser así, el problema no son los “malvados” empresarios. Al contrario. Son la solución. Estos, con sus empresas, contribuyen al desarrollo del país y a la creación de empleo y de riqueza, además de contribuir a la innovación y a la investigación.  No en vano, la mayoría de “inventos” que nos han hecho prosperar, provienen del sector privado.

El problema, por tanto, no es ser rico o ganar dinero. El problema es conseguirlo en base a privilegios “encubiertos”, normas fiscales incluidas, y a un mercado con déficits de competencia e igualdad de oportunidades. El problema es enriquecerse a base del fraude, de prácticas fraudulentas, o del incumplimiento de la ley.

La solución no es pues penalizar a quien más gana, sino combatir tales situaciones.

La solución es dignificar la riqueza y no estigmatizarla. La riqueza fruto del trabajo, la asunción de riesgo, la competitividad, la igualdad de oportunidades, y el cumplimiento de la ley. Estigmatizar la envidia por la riqueza y su presunción de fraudulenta.

Conseguirlo requiere apoyar al empresario; fomentar la libertad, responsabilidad y desarrollo personal. La iniciativa privada. Un marco social y económico de confianza. Y a mayor riqueza, menos impuestos.

Llegados a este punto, hay que concluir que no hemos de perder mucho el tiempo en comparar modelos fiscales ni datos estadísticos. Y no hemos de perderlo, porque lo verdaderamente importante es el modelo económico de cada país, el capital humano, y las políticas gubernamentales. Y ahí está, precisamente, la gran diferencia de España con el resto de los países, en especial con Alemania, Austria, o los países nórdicos.

Los sistemas fiscales son todos muy similares. La diferencia reside en el modelo económico y social que, a su vez, alimenta el sistema impositivo de cada país.

Parece pues que Winston Churchill tenía razón al afirmar que una nación no puede aspirar a prosperar gracias a los impuestos.

Ahorrar en la factura de la luz es posible

CONSUMO

Ahorrar en la factura de la luz es posible

La reciente subida de la luz ha puesto sobre la mesa lo poco que sabemos los consumidores sobre esa factura que cada mes llega a nuestros hogares. El aumento de precios, que coincidió con una ola de frío y con el peor momento del invierno, ha obligado a muchas familias a plantearse nuevos hábitos frente al consumo de electricidad.

MARIÁN LEZAUN

Las empresas del sector justifican la subida con el aumento de la demanda en esta época del año, con la menor producción de las energías renovables, con el incremento del precio del gas y hasta con el coste por emisión de CO2. Mientras, los clientes buscan alternativas para abaratar este gasto fijo que, para muchos hogares y empresas, supone una gran carga.

¿Cómo podemos ahorrar? La factura de la luz es siempre un documento controvertido. En primer lugar porque, en líneas generales, no se entiende bien y, en segundo lugar, porque los consumidores saben que más de la mitad del total corresponde a conceptos que nada tienen que ver con el consumo de electricidad. Nuestro recibo de la luz se divide en cuatro partes que debemos distinguir: el coste de generación de la electricidad, el coste de transportarla y distribuirla hasta el usuario final, el coste de financiar determinadas políticas energéticas y los impuestos que se aplican a este suministro. El coste de generar esa electricidad representa un 35% del total y es que se fija a diario en el mercado eléctrico. El resto de la factura son los costes que regula el Gobierno. Si tenemos en cuenta que el 15% son los gastos de distribución, hay hasta un 50% del total que está en manos de decisiones políticas (impuestos, ayudas, etc.). Así, los usuarios sólo pueden ajustar ese primer tramo de su factura, viendo qué oferta les conviene y adaptando sus hábitos de consumo. Por eso, muchos usuarios consideran que el precio de este suministro no es justo y cada vez son más los que se interesan en cómo abaratar esa factura: tarifas planas, autoconsumo, cambio de rutinas en las tareas domésticas, etc. Todo vale con tal de rascar unos euros a final de mes.

En la mayoría de los casos se trata de pequeños gestos, pero que si se suman pueden tener un impacto importante en el coste final. Si se quieren ahorrar unos euros durante los meses de invierno, los consumidores deben de tener en cuenta que la energía es más barata a partir de la medianoche y hasta las ocho de la mañana. Por eso, tendrán que acostumbrarse a poner la lavadora y el lavavajillas en esa franja horaria, por ejemplo. Además, los expertos recomiendan evitar el uso de todos los electrodomésticos a la vez y apagarlos si no se están utilizando. Esas pequeñas luces que tenemos siempre encendidas y que no dan ningún servicio tienen luego su reflejo en la factura. Mantener la nevera con la temperatura adecuada y los alimentos ordenados de manera correcta también tiene su incidencia, al igual que contar con electrodomésticos eficientes, es decir, los que van marcados con la letra A.

Potencia contratada. Pero el primer paso para reducir la factura es ajustar la potencia contratada a las necesidades de la vivienda. Es decir, en muchos casos, los usuarios contratan más potencia de la que realmente necesitan y eso encarece el coste del servicio. Así, reducir la potencia es una gestión muy interesante para el cliente que debe hacer un estudio previo de los electrodomésticos que va a conectar a diario para evitar quedarse sin suministro. Una vivienda media no debería, en condiciones normales, necesitar más de 5 kW y en muchos casos, con 3,45 kW sería suficiente.

Además, siempre hay que comparar las tarifas que nos ofrecen las diferentes compañías que operan en el mercado (más de cien, en el mercado libre) porque los precios pueden resultar muy dispares. Según la Asociación de Consumidores Irache de Pamplona podemos ahorrar hasta 200 euros al año cambiando de comercializadora. Existen algunos comparadores online que permiten ver qué empresa nos conviene más.

No obstante, hay que tener en cuenta que existen dos mercados de la electricidad: libre y regulado (PVPC), en el que el coste de la electricidad consumida se determina en función de la cotización diaria, lo que puede ser una opción interesante para muchos consumidores que podrán beneficiarse de los momentos en los que la electricidad esté más barata sin necesidad de revisar sus contratos. Los consumidores que estén en el mercado libre pagarán por kWh el precio acordado con la compañía comercializadora con la que tengan contratado el suministro, aunque sea más bajo, hasta que se revise dicho valor por contrato.

Otra de las opciones que gana adeptos es la instalación de paneles fotovoltaicos que puede suponer un ahorro de hasta un 30% de la parte variable de la factura de la luz, según la Unión Española Fotovoltaica. Una inversión de futuro que no debe pasarse por alto si se dispone de un tejado o superficie y de unos 5.000 euros, aunque también puede costar menos.

Los expertos recomiendan evitar el uso de todos los electrodomésticos a la vez y apagarlos si no se están utiilizando

Para saber más

La Organización de Consumidores y Usuarios desglosa en su web una factura real en la que explica cada uno de los conceptos que la componen.

El comparador de tarifas Selectra dispone en su web de toda la información que necesitas a la hora de contratar una compañía eléctrica. Además, ofrece simuladores de potencia, análisis de facturas y guías prácticas sobre los diferentes servicios.

En la web de Endesa hay información sobre el mercado de la electricidad y consejos prácticos para consumidores.

Autoconsumo

Dadas las condiciones energéticas de nuestro país no es de extrañar que en 2020 se instalaran en España 596 MW de autoconsumo fotovoltaico, de los que un 19 por ciento correspondieron a instalaciones familiares. “Estimamos que, como mínimo, se instalarán otros 600 o 700 MW este año, manteniendo el mismo porcentaje para el sector residencial porque cada vez más gente conoce sus ventajas”, explica María Colom, directora de políticas energéticas de UNEF, quien añade que aún existe cierto desconocimiento alrededor de la tecnología fotovoltaica y de las instalaciones de autoconsumo. Los consumidores deben en cualquier caso informarse siempre antes de cualquier compra porque a mayor número de horas de luz y mejor orientación de los paneles, más rentable será la instalación. “Una instalación en Andalucía se amortizará antes que una en Asturias. Además, cuanto más electrificada esté la vivienda y menos consumo de combustibles fósiles (gas para la calefacción, gasolina para el coche), más rentable”, explica Colom. “Cuanto más coincida nuestro consumo eléctrico con la generación de las placas fotovoltaicas (horas de sol) más rentable será la instalación y si se trata una vivienda unifamiliar, la instalación será muy sencilla porque no se necesita el consenso del resto de vecinos. “Dicho esto, no sólo es rentable para una vivienda unifamiliar en Andalucía con orientación sur, con todo eléctrico, y donde la propietaria o propietario teletrabaje y cocine de día cuando hace sol y tenga un coche eléctrico. Una instalación de autoconsumo fotovoltaico se amortiza en unos ocho o nueve años, que se reducen si vamos añadiendo cada uno de los supuestos anteriores que nos permiten aprovechar más la instalación. Puede llegar incluso a cuatro años si en el ayuntamiento existe alguna deducción fiscal al IBI e ICIO o el propietario se acoge a alguna subvención”, explica Colom.

Además, el excedente de producción energética se podrá verter a la red y recibir a cambio una compensación económica por parte de la comercializadora. “Esta compensación económica se ve reflejada mensualmente en la factura eléctrica vía un descuento originado por la diferencia del valor económico entre el consumo de la red y el excedente vertido a la misma”, explica Colom.

Mercado libre o regulado

En España existen dos mercados de electricidad (el libre y el regulado) que dan cobertura a más de 26 millones de clientes. Aunque las compañías que operan en el mercado libre ofrecen tarifas planas o únicas, ofertas agrupadas y descuentos para intentar adaptarse a las necesidades del consumidor, en los últimos meses sigue aumentando el número de clientes que se pasan al mercado regulado (Precio de Venta al Pequeño Consumidor). En el mercado regulado (se llama así porque es el Gobierno el que fija y publica los precios), el precio del kWh varía cada hora. Es decir, el precio de la electricidad sube o baja en función de varios factores como son la energía disponible (la que se produce en cada momento) y la demanda que haya también en cada momento. Con esta tarifa, el consumidor paga más si consume durante las horas en las que la energía es más cara y menos, cuando concentra el gasto en las horas más baratas. El consumidor aprovecha también las épocas en las que la electricidad es más económica porque hay una mayor producción. Los defensores de esta tarifa argumentan que con el PVPC no tienes obligación de permanencia y dispones de un precio personalizado ya que siempre vas a pagar por lo que consumes. El precio de la luz se publica diariamente en el BOE.

El riesgo de no entender

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

El riesgo de no entender

Comprender los impuestos, descifrar la factura de la luz o diferenciar un crédito de un préstamo es un reto para la mitad de los ciudadanos españoles. Sin embargo, entender lo que contratamos es también nuestra responsabilidad.

MARIÁN LEZAUN

Aunque las empresas están obligadas a utilizar un lenguaje claro e información transparente, los usuarios también tenemos la obligación de saber qué es lo que vamos a contratar y en qué condiciones. Para ello, diferentes entidades, como la CNMV y el Banco de España, promueven campañas de educación financiera dirigidas a paliar esta necesidad.

El riesgo de no entender la información financiera y técnica sale caro. Los expertos dicen, por ejemplo, que podemos ahorrar más y mejor solo con disciplina, conocimientos básicos y aprovechando las oportunidades que nos brindan los mercados.

El conocimiento es poder. Para mejorar esta situación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España pusieron en marcha en 2008 la iniciativa Finanzas para Todos desde la que se impulsa la educación financiera de los ciudadanos, incluidos los más jóvenes. De hecho, la iniciativa se trasladó también al entorno académico con la idea de aumentar la presencia de estos contenidos en el currículo escolar. Y es que, según los expertos, hay muchos conceptos que afectan a nuestra economía doméstica que debemos conocer y aún seguimos sin comprender bien con las consecuencias que eso tiene cuando contratamos un crédito, leemos una nómina o hacemos la declaración de la renta. Porque está demostrado que tener conocimientos sobre economía nos permite gestionar mejor nuestro dinero, administrar nuestros recursos y tener mucha más libertad ante cualquier imprevisto como, por ejemplo, una situación como la que estamos viviendo.

Pero “los conocimientos financieros de los ciudadanos son mejorables, tal y como se puso de manifiesto en la Encuesta de Competencias Financieras que realizamos el Banco de España y CNMV”, explica Gloria Caballero, subdirectora de Educación Financiera de la CNMV. “La innovación financiera ha aumentado el abanico y la complejidad de los productos ofrecidos en distintos ámbitos (seguros, productos bancarios e instrumentos de inversión), lo que ha favorecido que los consumidores no sean siempre conscientes de los riesgos inherentes a estas operaciones”, añade Caballero. Por ello, esta experta recomienda no dejarse llevar por las emociones, por el consejo de terceras personas (ajenas al sector), el exceso de confianza o la sobrevaloración de los propios conocimientos”. En la misma línea, una encuesta internacional sobre alfabetización financiera realizada por la OCDE recoge que todavía queda mucho por hacer y que muy pocos ciudadanos conocen el significado por términos financieros utilizados en su día a día.

Pero, ¿por qué sabemos tan poco con toda la información y los canales que existen actualmente? ¿Qué es lo que hace que la mayoría de los españoles huya de estos conceptos? Para Natalia de Santiago, ingeniera, divulgadora financiera y fundadora de Myvalue, la respuesta es sencilla. “Sabemos poco porque no se habla de dinero ni en casa ni en el colegio ni con amigos. Hay como una especie de oscurantismo sobre este tema y cuando nos atrevemos a preguntar, muchas veces nos responden con tecnicismos y explicaciones farragosas que parecen imposibles de entender”. Para ella, “las buenas noticias son que no tiene por qué ser así. No hay ningún concepto económico ni financiero que no podamos entender si se explica de forma accesible con palabras cotidianas”. Respecto al ámbito educativo, “la falta de divulgación nace precisamente de esa especie de temor a hablar de un tema aparentemente complicado y grandilocuente que afecta también a los profesores: muchos no se sienten cómodos hablando de un tema que creen que no dominan”.

A vueltas con el lenguaje

El lenguaje económico, legal o técnico exige conocimientos. Si a ello sumamos la tendencia de los diferentes profesionales a adoptar anglicismos o extranjerismos, la situación se complica. Sin embargo, las empresas deberían hacer un esfuerzo mayor para facilitar la tarea a sus clientes que, en muchos casos, se quejan de la falta de información o de la confusión que provocan algunos términos. “La gente quiere entender, pero la letra pequeña es muchas veces ilegible lo que genera una sensación de indefensión en el consumidor. Creo que la obligación de explicar, de una forma accesible y transparente, la tiene la entidad que está intentando vender el producto y que, aunque se han hecho avances importantes, todavía hay un cierto desamparo”, explica Natalia de Santiago, divulgadora financiera y autora del libro Invierte en ti. De Santiago añade, además, que cualquier palabra que se usa en estos contextos puede traducirse en el lenguaje cotidiano. Por eso, si las empresas quieren hacerse entender, lo tienen muy sencillo. “Al final es un problema de comunicación, de que te cuenten las cosas para que puedas entenderlas y hasta de marketing, de que sepan venderte el beneficio de cuidar tu salud financiera. Falta mucha no, muchísima divulgación financiera en este sentido”, explica De Santiago.

¿Qué es lo que más nos preocupa?

Además de entender la factura de la luz, que es la gran asignatura pendiente para muchos españoles, existen otras cuestiones que acaparan la mayoría de las consultas. Según explica Gloria Caballero, subdirectora de Educación Financiera de la CNMV, “en los últimos meses, la información más buscada está relacionada con los préstamos: qué pasa si no lo puedo devolver, cuál es la diferencia con un crédito, etc.”. Además, los usuarios están consultando cuestiones relacionadas con los bancos, comisiones, productos, protección de datos personales o protección contra el fraude financiero. “Recientemente se reciben muchas consultas sobre bitcoin y criptomonedas, lo que ha llevado a la CNMV a publicar un comunicado alertando del riesgo de este producto de inversión”, explica Caballero. Dadas las circunstancias, la entidad acaba de firmar un acuerdo con el Ministerio de Consumo para acercar las finanzas a los colectivos más vulnerables y ha puesto en marcha diferentes actividades para reducir la exclusión financiera de los colectivos afectados por la brecha digital.

Por si las dudas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España están detrás de la iniciativa Finanzas para todos que impulsa la formación financiera de los ciudadanos.

A través del programa Funcas Educa, la fundación de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), impulsa, financia y copatrocina proyectos de educación financiera de sus entidades adheridas.

La Agencia Tributaria en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales ofrece guía dirigida a estudiantes en la que explica las diferentes fuentes de financiación del sistema público y los tipos de impuestos que existen.

La Asociación Española de Banca (AEB) tiene un programa dirigido a escolares, Tus finanzas, tu futuro, con el que persigue mejorar la cultura financiera de los estudiantes de toda España. Una red de voluntarios, exempleados de banca, se encargar de dar la formación en los centros que lo deseen.

«Derecho a la información y la educación», por Gustavo Samayoa

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR


GUSTAVO SAMAYOA

presidente de FUCI (Con la colaboración de Manuel Moran Arias, técnico jurídico)

Derecho a la información y la educación

J. K. Galbraith ya nos advertía de manera acertada que “la moderna sociedad industrial, caracterizada por la producción y el consumo en masa, la sociedad opulenta, ha hecho ingresar a nuevos sectores de la población en la senda consumista. Pero, al mismo tiempo, ha debilitado enormemente la posición general de todo consumidor en el mercado. Una de las causas fundamentales de este debilitamiento es la falta de transparencia en el mercado, es decir, la ausencia de información adecuada y suficiente…”. Esta falta de información unida a la enorme ampliación de los mercados, el imparable avance de la técnica, la extraordinaria presión de la publicidad, y la desproporcionalidad de fuerza existentes entre empresarios y consumidores, ha provocado que estos últimos apenas tengan posibilidad de defender sus legítimos intereses, careciendo de influencia en el mercado. De este modo el consumidor medio se convierte en un sujeto necesitado de protección que de manera individual carece de posibilidades para hacer valer sus exigencias.

El artículo 51 de la Constitución consagra como derechos básicos de los consumidores, entre otros, los de información y educación. Este reconocimiento se ha trasladado a la Ley General de Consumidores y Usuarios (LCU) entendiéndose el mismo como un derecho, pero también, como el deber de empresarios y prestadores de servicios de informar correctamente a los consumidores respecto a cualesquiera relaciones contractuales que se dispongan a celebrar.

La manifestación de este derecho deberá estar presente en las diferentes fases del contrato, tanto en su preparación o fase precontractual, como en la fase de ejecución y consumación del mismo. Prevé la propia LCU una especial atención para aquellos sectores que por su complejidad o por sus propias características cuenten con mayor proporción de consumidores vulnerables. También ostenta el consumidor el derecho a ser informado en materia de resolución alternativa de conflictos.

La implicación de los poderes públicos en la formación y educación de los consumidores debe tener una vertiente activa. Establece el artículo 17.2 de la LCU que los medios de comunicación social de titularidad pública estatal dedicarán espacios y programas, no publicitarios, a la información y educación de los consumidores y usuarios. En tales espacios y programas, de acuerdo con su contenido y finalidad, se facilitará el acceso o participación de las asociaciones de consumidores y usuarios representativas y los demás grupos o sectores interesados, en la forma que se acuerde con dichos medios.

La defensa constitucional de los consumidores y usuarios a través de las actuaciones de los poderes públicos, como garante de la defensa de las personas consumidoras en aspectos de salud, seguridad e intereses económicos, se ha hecho aún más necesaria al considerar las consecuencias que ha traído consigo la pandemia de la Covid 19, dejando al descubierto situaciones de vulnerabilidad, ya no solo económicas, sino de otra índole.  De ahí la necesidad de legislar sobre la condición del consumidor vulnerable (Real Decreto 1/2021 de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica conforme a la comunicación de 13 de noviembre de 2020, de la Comisión Europea) sobre la nueva agenda del consumidor, que recomienda fortalecer su resiliencia para una recuperación sostenible, reforzando en lo posible su protección. La agenda destaca la necesidad, entre otros, de garantizar, no solo la asequibilidad de los productos, bienes y servicios, sino además la disponibilidad de una información clara, accesible y fácil de manejar. También centra sus objetivos en la formación permanente en materia de consumo de los niños y niñas y menores de edad, así como ante prácticas discriminatorias por razón de género.

La transformación digital es otra de las situaciones en las que la defensa de las personas consumidoras necesita de la adopción de un enfoque justo y no discriminatorio en sus actos cotidianos de consumo. La brecha digital, territorial y por razones económicas y sociales, por la cual muchas personas consumidoras no pueden acceder a las nuevas tecnologías, preocupa a los poderes públicos; de ahí la Agenda Digital España 2025, uno de cuyos objetivos es también garantizar los derechos de los consumidores cuando acceden a la Administración, poniendo énfasis en el acceso a la educación y a la sanidad.

La digitalización de la economía. Esta digitalización pone de manifiesto situaciones de indefensión de las personas consumidoras, tales como ciudadanos que son requeridos por la administración pública para aportar documentos que ya obran en poder de esta, situación prohibida por la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas. Así como la falta de garantías para los ciudadanos que compran a través de la Red; el difícil acceso de los estudiantes y profesores a la educación online por falta de infraestructuras y suficiente información, y la necesidad de mejorar la calidad de las prestaciones y la atención al ciudadano en materia sanitaria, por lo que se hace necesario garantizar los derechos de los consumidores en el nuevo entorno digital.

Otra de las situaciones de indefensión de estas personas es frente a los servicios de atención al consumidor por parte de las empresas, por ejemplo, en situaciones de espera telefónica cuando el usuario llama a los servicios de atención al cliente, lo que le supone un alto coste que en muchos casos supera el precio del producto o al menos de la reparación requerida. Situaciones que se paliarán con la futura Ley de Atención al Cliente.

En materia alimentaria la falta de información también hace que el consumidor se encuentre, en muchos casos, en situación de indefensión. Etiquetados incomprensibles, de difícil lectura, pueden suponer un riesgo para la salud y la seguridad, así como el desconocimiento sobre fechas de caducidad y consumo preferente de los productos o sobre las propiedades nutricionales; lo que hace necesaria una adecuada información del consumidor.

En materia económica la información adecuada de los consumidores es fundamental: facturas que permitan su fácil lectura o relaciones bancarias en las que, en algunos casos, ha quedado de manifiesto la falta de información suficiente al contratar hipotecas, sobre todo en colectivos de especial protección.

La publicidad también juega un papel importante en las decisiones contractuales del consumidor, de ahí la importancia de la Ley 34/1988 General de Publicidad que, entre otros, prevé derechos frente a la llamada publicidad ilícita o subliminal, que pueden inducir al consumidor de forma errónea en sus actos de consumo.

Las vías de reclamación también son un factor a tener en cuenta. Desde las organizaciones de consumidores y desde la propia Administración se hace un trabajo importante en materia de formación e información a los consumidores, prestándoles ayuda en situaciones de indefensión, de falta de comprensión de documentos, y en la orientación sobre las vías extrajudiciales de resolución de conflictos al servicio del consumidor y el derecho irrenunciable a la vía judicial.

La pandemia impulsa la lectura

ESFERA CULTURAL

La pandemia impulsa la lectura

Al contrario que buena parte de las industrias culturales, el sector editorial emerge de la pandemia sin graves daños y con perspectivas de que el hábito de la lectura se haya reforzado.


JULIÁN DÍEZ

Los teatros a medio aforo y abiertos solo en contadas ocasiones, los museos potenciando sus escaparates virtuales, los conciertos suspendidos, sólo un 30% de los cines de toda España abiertos… Y, en una más de las sorpresas sociológicas que nos ha deparado la pandemia, el sector editorial, uno de los habituales enfermos de la cultura en los últimos años, no se ha visto seriamente afectado en sus balances del pasado año. Las caídas en determinadas fechas se compensaron ampliamente en otras; es más, según algunas fuentes del sector, las ventas subieron moderadamente.

“Aparte de las circunstancias generales, el comportamiento de cada libro es diferente, unos se venden más y otros menos, debido a su propia naturaleza y conexión con el lector. Es un tópico, pero cierto. La editorial Atalanta ha tenido una subida moderada”, explica su editor, Jacobo Siruela.

Quizá muchos lectores no sepan que entre dos de las grandes compañías se reparten una cifra variable de ventas, que se encuentran en torno al 80% del mercado español.

Tras muchos nombres conocidos, se esconden dos gigantes: Penguin Random House, que cuenta con Plaza & Janés, Alfaguara, Salamandra, Debate o Ediciones B, entre otras muchas, y Planeta, a la que corresponden también Tusquets, Seix Barral, Espasa, Destino o Grijalbo, entre otras.

Si vemos los diez libros más vendidos del pasado año, en los distintos listados que han publicado diferentes fuentes, el denominador común es la pertenencia a alguno de los sellos mencionados. No ha habido grandes sorpresas, más allá de la prolongación del éxito de El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Valores seguros más que consolidados en ejercicios precedentes, desde Arturo Pérez-Reverte, hasta Juan Gómez Jurado, pasando por Elisabet Benavent, Ken Follet, Joël Dickert o Almudena Grandes.

Prima la calidad

Según Enrique Redel, editor de la editorial independiente Impedimenta: “Tras un segundo trimestre complicado, en el que las ventas bajaron al no estar las librerías abiertas, la vuelta fue muy fuerte y además hubo campaña de verano. El otoño fue potente y aunque la campaña de Navidad no fue buena, al final la subida fue notable. Eso pasó en las editoriales más prescriptivas y selectivas, en las editoriales dedicadas a la literatura de calidad, de fondo, cuyo punto fuerte son las librerías literarias”.

Porque Redel coincide con Siruela en que la demanda que ha crecido es la de textos exigentes, no masivos, pero que van más allá de la literatura que ocupa casi siempre las listas de bestsellers: “Quizás es porque hemos redescubierto la lectura, la buena lectura, como una opción premium de entretenimiento, frente a otras apuestas más gaseosas y volátiles. Algo que también han notado las librerías, con afluencias récord. En cuanto a géneros, nos ha funcionado sorprendentemente bien el western (A lo lejos, de Hernán Díaz y Basilisco, de Jon Bilbao, están entre nuestros cinco títulos más vendidos del año)”.

Los hechos provocan que las expectativas para este ejercicio mantengan también un discreto tono optimista: “La Covid-19 no perjudica a los lectores, al contrario, tienen más tiempo. Seguiremos en nuestra misma línea de trabajo, navegando contra viento y marea”, señala Jacobo Siruela. Enrique Redel apunta ideas similares: “Las perspectivas son buenas, pero porque hemos redoblado nuestra apuesta por títulos muy pensados, que van más allá del mero entretenimiento, que aportan “algo más.

Estas editoriales no tienen, en su mayoría, catálogo en libro electrónico, con lo que un potencial incremento de las ventas en ese formato durante el periodo en el que no fue posible comprar libros presencialmente no les ha afectado. Lamentablemente, las fuentes al respecto son bastante opacas y no hay todavía un balance sobre ventas del sector en formato ebook.

Las editoriales de menor tamaño dependen significativamente de la evolución de las librerías, donde se recomiendan títulos de manera personalizada, con atención específica al lector y sin tanta relevancia para el marketing. “Las cifras de enero han sido buenas, mejores incluso que las del año pasado, pero para que el año funcione es clave que las librerías estén abiertas. Sin las librerías independientes el negocio no funciona”, explica Enrique Redel. Y curiosamente, pese a los cierres que se acumularon en los años previos y los meses que han debido permanecer cerradas durante este pasado año, también desde la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) se envía un mensaje de moderado optimismo.

Apoyo social

Según Álvaro Manso, librero portavoz de la asociación y responsable de la librería burgalesa Luz y Vida, “todos los indicios apuntan a que la caída no ha sido tan grave como se preveía en los meses del cierre por el estado de alarma. La lectura ha sido uno de los hábitos culturales que ha experimentado un crecimiento durante estos meses y las librerías hemos recibido un gran apoyo, no solo de nuestros clientes fieles, sino de muchas otras personas que han tomado conciencia de la necesidad de apoyar al comercio de proximidad”.

Además, el movimiento de las librerías para conformar una plataforma web colectiva, todostuslibros.com, ha funcionado también de forma interesante en sus primeros meses de andadura: 167.891 usuarios dados de alta, 365 librerías registradas, y ventas por un importe superior a los 700.000 euros. “Es un ejemplo de colaboración de una rica diversidad de empresas culturales (editoriales, distribuidoras y librerías), que permite una competencia libre, distribuye las ganancias y no fomenta una única empresa ganadora”, señala Manso, en una clara referencia al gigante que les ha comido terreno en los últimos años. No hay datos en España, pero en Estados Unidos Amazon copa el 40% de la venta total de libros. “Los primeros estudios que vamos conociendo siguen señalando que las librerías y las cadenas de librerías somos el primer punto de encuentro de los lectores con los libros. La venta presencial tiene todavía mucha fuerza”, ratifica.

Este pasado año no hubo Feria del Libro de Madrid y Sant Jordi se aplazó al otoño, con lo que dos de los momentos álgidos del sector quedaron seriamente tocados. A cambio, las ventas en verano y en navidades estuvieron a un nivel excelente, por encima de las expectativas.

Todavía no se sabe al detalle lo que ocurrirá con esas grandes citas de primavera, nos explica Álvaro Manso: “Ya hemos conocido que la Feria del Libro de Madrid apuesta por el otoño como fecha de celebración; Sant Jordi no se ha pronunciado y todavía estamos esperando la concreción de qué pasará con este tipo de eventos por todo el territorio. Hay que esperar un poco más para saber si hay posibilidades de plantear propuestas alternativas hasta que las condiciones sanitarias sean más favorables y permitan la concentración de un mayor número de personas”.

El regreso de Camus

Entre los libros que han vendido más de lo normal en los últimos tiempos, destaca la forma en que el clásico La peste, de Albert Camus, se coló entre los más vendidos en las listas de algunos periódicos durante el pasado mayo. En Francia, llegó incluso al número uno de ventas durante una semana. El tono existencialista de esa obra maestra, en el contexto de una plaga, sin duda encontró eco en los sentimientos de algunos lectores. Curiosamente, en cambio, no han funcionado prácticamente los libros oportunistas surgidos a lo largo de estos meses, en algunos casos con firmas tan notables como la del filósofo esloveno Slavoj Zizek, que reflexionaba sobre este fenómeno en el breve Pandemia, de Anagrama.

Este pasado año no hubo Feria del Libro de Madrid y Sant Jordi se aplazó al otoño, con lo que dos de los momentos álgidos del sector quedaron seriamente tocados

Otras fuentes

Una descripción extensa de Los ojos de la oscuridad de Dean Koontz y los matices sobre su condición profética

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El alta en la web colectiva de las librerías españolas es gratuita

Las librerías han lanzado su propia plataforma online y se ha capeado el confinamiento mejor que en otros sectores

Profecías relativas, éxitos de ventas

En Estados Unidos se colocó una semana como tercer libro más vendido en Amazon una novela de terror de 1981, Los ojos de la oscuridad. La novela es bastante mejorable, pero se mantiene en catálogo por la popularidad de su autor, Dean R. Koontz, un secundario de la literatura de terror contemporánea. La repentina fama de este título (que reeditó en España RBA) se basa en que describe una pandemia extendida en 2020 y llamada Wuhan-400. También ha sido reivindicada en los últimos tiempos una novela de terror pospandémica de mayor calidad, Apocalipsis, para muchos la obra magna de Stephen King, que además ahora ha sido llevada a serie de televisión con su título original: The Stand.