-Desde el pasado mes de noviembre se ha convertido en uno de los miembros del Gobierno que acumula más responsabilidades. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?

Con profunda responsabilidad, pero con una fuerte convicción: trabajar para la ciudadanía. Soy consciente de las dificultades, pero también de los retos y los objetivos prioritarios. Queremos seguir consolidando las reformas emprendidas en la legislatura pasada, ensanchando el Estado del bienestar, ampliando derechos y mejorando la convivencia. En mi caso lo voy a hacer con el mismo empeño desplegado en mi anterior etapa como ministro: con trabajo, con diálogo, con dedicación y con esfuerzo.

-Es usted el responsable de implementar la agenda legislativa del Gobierno. ¿Cuáles son las prioridades del Ejecutivo?

La legislatura pasada aprobamos más de doscientas leyes que hicieron avanzar a España sin dejar a nadie a un lado. Esta legislatura vamos a continuar por ese camino: fortaleciendo derechos, contribuyendo a un país más igualitario, ecologista y digital. Y lo haremos desarrollando grandes consensos y con un gran impulso reformista.

«HEMOS APROBADO EL IMPORTANTÍSIMO REAL DECRETO LEY 6/2023 QUE SUPONE LA MAYOR TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA EN DÉCADAS»

En el ámbito de la justicia, por ejemplo, queremos dar respuesta política a algunas de las grandes demandas de la ciudadanía en esta materia: conseguir una administración de justicia más ágil y rápida, más igualitaria, accesible y digital. Y ya tenemos resultados tangibles. Hemos aprobado el importantísimo Real Decreto Ley 6/2023, que ha sido convalidado por el Congreso el 10 de enero y que supone la mayor transformación de la Justicia en décadas, estableciendo, por ejemplo, que la celebración de vistas y actos procesales por vía telemática no sean una excepción, sino la norma. También hemos creado la Carpeta Justicia, que permite a cualquier persona consultar los expedientes en los que es parte o interesado, así como pedir cita previa para ser atendida.

Otros ejes prioritarios serán el refuerzo del derecho a la defensa, con la actualización de ley que la asistencia jurídica gratuita y de las cantidades para la misma, o la aprobación de la primera ley orgánica que regula el derecho de defensa. También la apuesta por la justicia de los cuidados, velando por los derechos de las personas con discapacidad o las víctimas de los delitos. O la mejora de la eficiencia a través de una ley pendiente de la pasada legislatura, como es la Ley orgánica de eficiencia organizativa.

«EL PRIMER GRAN ACUERDO DE ESTADO HA DE SER LA RENOVACIÓN DEL CGPJ Y SUPERAR ASÍ UNA CRISIS INSTITUCIONAL QUE AFECTA A UNO DE LOS PODERES DEL ESTADO: EL JUDICIAL»

-¿Y en el ámbito notarial?

Estamos trabajando para que la interoperabilidad no se circunscriba al Registro Civil; ya tenéis acceso directo a la obtención de certificaciones y están preparados los sistemas para el envío de procedimientos/escrituras, lo que supone un ahorro en tiempos y trámites a los ciudadanos y también a los operadores por hacerse de forma electrónica sino que como decía, también trabajamos conjuntamente, el Notariado y el Ministerio de Justicia, para que todas las comunicaciones entre notarios y administraciones se realice por medios telemáticos.

Para ello se están integrando los sistemas notariales con el Sistema de Intercambio de Registros (SIR) para un intercambio de la información orientada al dato, y de manera cien por cien electrónica, con el sistema que conecta todas las administraciones españolas.

Del mismo modo, aprovechando la conexión anterior, se posibilitaría la comunicación de los notarios con cualquier órgano judicial, lo que permitiría eliminar las comunicaciones por fax, correo electrónico o correo tradicional que aún se están realizando en algunos casos.

-¿Goza nuestra Constitución de buena salud?

La Constitución española tiene una salud de hierro a salvo de opiniones y críticas apocalípticas. En 45 años desde su ratificación se ha convertido en un texto símbolo de igualdad y libertad y que ha contribuido de manera decisiva a construir el país moderno, diverso y plural que somos ahora.

La fortaleza de la Constitución es indiscutible, pero eso no significa que partes de su texto no puedan ser sometidas a cambios requeridos por el paso del tiempo y su adaptación a un lenguaje que ya no se corresponde con el de los años en los que se redactó nuestra Carta Magna. Me estoy refiriendo a la necesaria modificación del artículo 49 para eliminar un término ofensivo como es el de «disminuido» por el de personas con discapacidad y que ya es una realidad tras su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados el pasado mes de enero. Este Gobierno ha estado comprometido, desde su inicio, con este cambio para alcanzar un acuerdo que deje atrás esta terminología hiriente y se adapte a un lenguaje propio del siglo XXI y también para reforzar los derechos de las personas con discapacidad. Es la primera reforma social de la Constitución de nuestra historia.

Por último, no quiero olvidarme del gran desafío que tenemos hoy por delante y que ha tensado como nunca el correcto funcionamiento de nuestra Carta Magna: la no renovación del Consejo General del Poder Judicial debido al bloqueo permanente e injustificable del principal partido de la oposición. Como hicimos en otras ocasiones, afrontamos este problema de la justicia con diálogo y como una prioridad en este mandato: recuperar la normalidad institucional del CGPJ y del servicio público de justicia. La Constitución nos lo pide y la ciudadanía nos lo demanda.

-Los operadores jurídicos siguen reclamando un Pacto de Estado sobre este servicio público esencial. ¿Lo considera necesario? ¿Lo cree posible?

El diálogo es mi método habitual de trabajo. No concibo la política como una toma de decisiones individuales. La deliberación colectiva y el intercambio de opiniones debe ser la norma y no la excepción de los servidores públicos. Así lo he puesto en práctica desde que tomé posesión de mi cargo como Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. En pocas semanas me he reunido con el presidente por suplencia del CGPJ; con el presidente del Tribunal Supremo; con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, y con el presidente de la Audiencia Nacional. Mi propósito es seguir manteniendo encuentros con todos los operadores: judicatura, fiscalía, abogacía, procuradores, registradores, funcionariado, asociaciones, colegios y sindicatos profesionales y, por supuesto, notariado.

Con esta norma haré todo lo que esté en mi mano para tender puentes y llegar a acuerdos beneficiosos para todos. El primer gran acuerdo de Estado ha de ser la renovación del CGPJ y superar así una crisis institucional que afecta a uno de los poderes del Estado: el judicial.

-¿Será la recuperación de las leyes de eficiencia procesal y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal una prioridad del Gobierno?

Ya hemos aprobado gran parte de dichas iniciativas. Algunas medidas de carácter procesal ya se incorporaron en la legislatura pasada, en textos como el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio. Y esta semana hemos dado un paso de gigante con la convalidación del RDL 6/2023, que es un hito importante para el servicio público de la justicia, porque conseguirá que la justicia española, esté, por fin, en el s. XXI, con todo lo que esto significa.

Ahora el reto es sacar adelante la Ley orgánica de eficiencia organizativa, con iniciativas como la incorporación de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional.

«EL MINISTERIO CONOCE LA EXTRAORDINARIA COLABORACIÓN DEL NOTARIADO A TRAVÉS DEL ÓRGANO CENTRALIZADO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO»

-El Notariado siempre ha colaborado con el Ministerio de Justicia en las políticas que este implementa. ¿Hay algún campo que su ministerio piensa desarrollar en el que el Notariado pudiera ser útil?

Al comienzo efectivo de la legislatura se analizan proyectos tanto legislativos como reglamentarios. El Notariado, en el ámbito de las actividades que se le encomiendan, siempre ha sido un apoyo firme para este ministerio, por su disposición de cumplimiento, su alta preparación y su red urbana y rural con implementación efectiva en todo el territorio nacional, siempre arraigado en las distintas comunidades autónomas.

Este Gobierno conoce y valora la función notarial y cuenta con ella en la implementación de sus políticas. La altísima cualificación jurídica y profesional de los notarios y notarias de nuestro país es una garantía para el Estado de derecho y la seguridad jurídica en España.

-A pesar de los incuestionables avances de los últimos años en materia de digitalización, la Administración de Justicia está lejos en esta materia de la realidad de otros servicios públicos. ¿Se conseguirá un salto significativo en esta legislatura?

Si vemos el ranking europeo elaborado por la Comisión, EU Justice Scoreboard 2023, en el ámbito de la digitalización, España se mantiene en los puestos de liderazgo en todos los ámbitos estudiados, casi siempre en las primeras cinco posiciones de los Estados miembros, situando a España muy por encima de la media de la Unión Europea.

Esto nos permite liderar proyectos en la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ), que ha puesto como ejemplo nuestro proyecto de Ley de Eficiencia Digital, que ya esa una ley en vigor gracias al RDL 6/2023.

Además de la iniciativa Carpeta Justicia, que he mencionado antes, también quiero destacar la implantación del nuevo modelo de Registro Civil, con la puesta en marcha de la plataforma digital DICIREG, que establece como novedad la creación de un registro electrónico y único en toda España, centrado en las personas y elaborando un folio personal único con el historial de cada individuo.

Esta nueva visión del Registro Civil y su proceso de digitalización permite además la interoperabilidad con otros operadores (hospitales, notarías, órganos judiciales…) lo que supondrá una mejora sustancial y definitiva en el proceso de digitalización del Servicio Público de Justicia.

A la UE y al gobierno español le preocupa y ocupa la lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. ¿Seguirá siendo una prioridad del Gobierno?

La lucha contra el blanqueo de capitales y otros graves delitos financieros, es una prioridad internacional, europea y por supuesto de la Administración española.

El Ministerio conoce la extraordinaria colaboración del Notariado a través del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo (OCP) del Consejo General del Notariado, que es una pieza esencial en el funcionamiento del Registro Central de Titularidades Reales, con sede en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, mediante el suministro al citado registro de datos fiables sobre los verdaderos titulares personas físicas de las sociedades.

La localización de la sede de la Autoridad Europea de Prevención de Blanqueo (AMLA) sin duda tendrá en cuenta la alta calidad preventiva de las autoridades y profesionales españoles, en la que es pieza de gran importancia la OCP.