La mediación notarial

Acaba de llegar a la presidencia del principal órgano consultivo del Estado. ¿Se esperaba este giro en su carrera política? ¿Qué ha supuesto para usted?

No me había imaginado este cambio, esta nueva etapa. Yo estaba trabajando en el Congreso como diputada por Guadalajara y en concreto como presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, dónde conseguimos alcanzar un gran acuerdo sobre las pensiones. Desde luego mi perspectiva era acabar la legislatura en el Congreso. En todo caso para mí es un gran privilegio ser presidenta del Consejo de Estado: una institución con un tremendo prestigio; con esa “auctoritas” que define el Derecho Romano. Creo que el Consejo de Estado es para los juristas el templo del Derecho.

¿Ha cambiado la visión que tenía del Consejo de Estado al conocerlo desde dentro?

Siempre he apreciado mucho los dictámenes del Consejo de Estado, pero ciertamente no conocía el detalle del proceso mediante el que se elaboran. El tiempo que llevo al frente de la institución me ha hecho ver el formidable trabajo que se hace. Terminaremos 2022 con cerca de 2.000 consultas. Es un trabajo ingente de una altísima calidad. Por encima del 97% de las recomendaciones del Consejo de Estado son admitidas por el órgano consultante.

El Consejo de Estado ha realizado en los últimos años un impresionante esfuerzo de transparencia y cercanía, desconocido en sus 500 años de historia. ¿Continuará en esa dirección?

Desde luego vamos a continuar en la línea de acercarnos a la sociedad y a los medios de comunicación, sin perder de vista que esta es una institución para la reflexión, y esto requiere sosiego. No debemos sentirnos presionados, para trabajar desde la independencia. Entre la opacidad y estar todo el día en los medios hay un espacio para ser transparentes sin tener que estar más preocupados por el cómo se dice antes de por qué se dice.

Cada vez más voces y de más diversa procedencia reclaman que sea necesario el informe preceptivo del Consejo de Estado para todas las leyes, incluidas las que se tramiten como Proposición de Ley. ¿Cuál es su opinión?

Primero, querría recordar que a pesar de que, efectivamente, no todas las leyes y normas son preceptivas de ser consultadas al Consejo de Estado, la cantidad de textos legales que siendo solo potestativos llegan al Consejo es muy alta. Es decir, en numerosas ocasiones, incluso sin ser obligatorio consultarnos, el Gobierno y otras instituciones lo hacen.

¿Qué quiero decir con esto? Que, al hilo de su pregunta, si alguien piensa, o pretende crear la imagen, de que el Consejo de Estado no es suficientemente consultado por el Gobierno de turno y demás instituciones que permite nuestro reglamento, está muy equivocado.

Dicho esto, tampoco me parece justo inferir que las leyes, como las Proposiciones de Ley, que se tramitan directamente en el Congreso, no tienen todas las garantías jurídicas. El cuerpo de letrados de las Cámaras y antes que ellos los asesores jurídicos de los ministerios y de los grupos parlamentarios aseguran también una calidad legislativa propia de un Estado de Derecho avanzado como es el nuestro.

¿Sería más eficiente que el Consejo de Estado asumiera todas las funciones consultivas o funciona bien el actual sistema en el que algunas comunidades autónomas disponen de sus propios órganos de consulta?

La descentralización del Estado a través de las comunidades autónomas se realiza bajo la premisa de que aproximar la Administración a la ciudadanía la hace más útil, porque es mejor conocedora de las necesidades y retos que aborda cada territorio. Y funciona. La misma idea se desprende de los consejos consultivos. Son ellos los que mejor pueden dictaminar sobre asuntos que se circunscriben al gobierno autonómico al que asesoran y a la ciudadanía que habita en el territorio donde actúan. Y debe tenerse en cuenta que desde el Consejo de Estado mantenemos una constante y fluida comunicación y colaboración con el resto de consejos consultivos, de manera que compartimos experiencias, doctrina, etcétera. Esta colaboración se intensificó durante el mandato de mi predecesora, María Teresa Fernández de la Vega, y es una de las líneas que pretendo mantener y poner en valor como una de las colaboraciones interinstitucionales tan necesarias que antes le comentaba.

Ha dedicado gran parte de su trayectoria política al Derecho del Trabajo y las relaciones laborales, hoy sacudidas por la realidad cambiante de la economía y la digitalización. ¿Cómo será el mundo del trabajo en los próximos años?

Hace tiempo que sabemos que el mundo laboral de aquí a diez o veinte años será probablemente bastante distinto del que conocemos hoy en día, por no hablar respecto del que teníamos hace solo dos o tres décadas. En todos los organismos internacionales, desde el G20 hasta la OIT pasando por la UE, cuando se han mantenido reuniones respecto al mundo laboral, el tema fundamental ha sido el futuro del trabajo. A mí me gusta decir que ese futuro es ya, de hecho, el presente. El mundo laboral está siendo impactado de una forma importantísima por tres fenómenos: la digitalización, la robótica y la IA; el cambio climático y la transición ecológica y energética; y los desequilibrios demográficos. Esto implica que haya puestos de trabajo que están desapareciendo, pero al mismo tiempo se abren muchísimas oportunidades laborales. Yo me adscribo a la tesis de que son más los tipos de trabajo que están apareciendo que los que están desapareciendo.

¿Están aseguradas las pensiones?

Las pensiones en España por supuesto que están aseguradas, porque el garante de las pensiones es el Estado. En primera instancia, la Seguridad Social, pero también el Estado. Tenemos un sistema básicamente contributivo en el que las prestaciones se mantienen con las cotizaciones. Pero las propias recomendaciones del Pacto de Toledo, concretamente la recomendación 20, que es nueva, habla del impacto de la digitalización, de la robótica y cómo puede llegar un momento en el que baje la masa salarial y, por tanto, las cotizaciones. Y se deja la puerta abierta para que esas cotizaciones se tengan que complementar con otras vías de financiación. Además, se han adoptado otras medidas. Siguiendo la recomendación número uno del Pacto de Toledo, y regulado ya en la Ley de 28 de diciembre de 2021 de Reforma del Sistema de Pensiones, los gastos impropios que durante muchas décadas ha estado pagando la Seguridad Social con cotizaciones, en el año 2023 se deben dejar de pagar totalmente.

Usted también se ha caracterizado por su constante y firme lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cuándo cree que llegará esa deseada real y efectiva igualdad?

Aquí la realidad y el deseo se confunden con mucha facilidad. El deseo es que esta igualdad real y efectiva, que jurídicamente hace tiempo existe, llegará pronto. Porque hemos avanzado mucho en los últimos años y porque no venimos de la nada: tenemos toda una genealogía de luchadoras por los derechos de la mujer que haríamos bien en reivindicar; si no, parece que cada generación empiece de cero, y no es cierto. Pero la realidad, ciertamente, es que a pesar de los avances extraordinarios todavía sigue habiendo desigualdades que no podemos seguir tolerando por más tiempo.

No hablo solo de esos ‘techos de cristal’, que más bien son de cemento armado, que impiden acceder a las mujeres a los máximos puestos de multitud de sectores, entre ellos el jurídico –un apunte: María Luisa Segoviano fue la primera mujer que presidió una Sala del Tribunal Supremo… ¡en 2020!-. Hablo también de situaciones totalmente inaceptables como que las mujeres cobren menos salario por el mismo trabajo que realiza un hombre. Desigualdad que luego incide directamente en que estas mujeres tengan una pensión más baja que la de sus compañeros. O la conciliación, que todavía parece que no sea algo que interpela a toda la sociedad sino solo a las mujeres. De hecho, yo prefiero hablar de corresponsabilidad. Será imposible conseguir un equilibrio entre hombres y mujeres hasta que no haya una corresponsabilidad entre ambos en todos los niveles, especialmente en lo que respecta a los cuidados.

La seguridad jurídica es sin duda la base de una democracia consolidada, una materia unida intrínsecamente a la función notarial. ¿Qué valor tiene, en su opinión, para el Estado y sus órganos?

Como le comentaba, la seguridad jurídica es vital para mantener y asegurar nuestro Estado de Derecho a través de los actos jurídicos que abordamos los ciudadanos, pero también, por supuesto, para los órganos que conformamos el entramado institucional del Estado. Sin seguridad jurídica en los ámbitos políticos, empresariales, también en el ámbito privado de los ciudadanos, tendríamos un Estado fallido. No es posible garantizar derechos sin seguridad jurídica.