Progresar o quedarse atrás. Las compañías familiares se enfrentan en España a una encrucijada que incluye desafíos como la presión derivada del aumento de los costes, la escasez de talento profesional y la transformación tecnológica. Sin embargo, este modelo empresarial cuenta con evidentes ventajas comparativas, como su demostrada capacidad para generar valor, el mimo a su personal y la cohesión territorial que genera en las comunidades donde operan, lo que las mantiene como un sólido activo de nuestro tejido productivo.

De hecho, constituye uno de los pilares menos visibles pero más determinantes de la economía española. Su peso es abrumador: más del 90% de las empresas del país responden a este modelo y concentran en torno al 70% del empleo privado, según datos del Instituto de la Empresa Familiar (IEF). Sin embargo, su relevancia económica no las protege de un entorno cada vez más exigente, dominado por la falta de certezas que genera un ambiente político percibido como poco favorable.

El futuro

Los retos que vislumbran en España en los próximos años no dejan de aumentar en un mundo en permanente evolución, como se constata en el análisis técnico realizado por McKinsey & Company bajo el título: El futuro de la empresa familiar: sus retos y contribución diferencial. Un trabajo que combina datos, entrevistas realizadas a más de cien directivos y comparativas internacionales para dibujar un escenario dual de contrastes con compañías resilientes y competitivas pero sometidas a tensiones estructurales que ponen en cuestión su viabilidad futura.

MÁS DEL 90% DEL TEJIDO EMPRESARIAL EN ESPAÑA ESTÁ COMPUESTO POR EMPRESAS FAMILIARES

Así lo vienen advirtiendo desde hace tiempo los grandes grupos integrados en el IEF. La organización independiente y sin ánimo de lucro, fundada en Barcelona en 1992, agrupa a más de un centenar de sociedades -entre ellas Acciona, Barceló, Gestamp, Inditex, Mercadona o Puig- y a 18 asociaciones territoriales. Empresas ya consolidadas, muchas con amplia presencia internacional, que coinciden en un mismo diagnóstico: sin tamaño será imposible competir en un entorno marcado por la fragmentación del comercio global y una creciente presión regulatoria.

Navegar la incertidumbre

Durante años, la empresa familiar ha construido su fortaleza sobre la prudencia financiera, la visión a largo plazo y el arraigo territorial. Atributos que siguen marcando la diferencia, pero que hoy resultan insuficientes. Sobre todo, ante cuestiones como la inflación, el encarecimiento de los costes, las disrupciones en las cadenas de suministro y la acelerada transformación tecnológica, que han elevado de forma sustancial el listón competitivo.

El mensaje que emerge es inequívoco: crecer ya no es una opción, sino una exigencia para sobrevivir. Así lo indican en el estudio los grandes grupos familiares, que asisten a una creciente concentración del mercado en torno a grandes actores globales. La deriva hacia estructuras cada vez más consolidadas -en sectores como la distribución, la industria o la energía, entre otros- estrecha el margen para la entrada de nuevos competidores y castiga sobremanera a las corporaciones de menor dimensión.

LA FACTURACIÓN CONJUNTA DE LOS CIEN GRUPOS FAMILIARES MÁS IMPORTANTES SUPONE EL 16% DEL PIB ESPAÑOL

La familia al poder

Los grandes grupos que integran el IEF conforman una auténtica élite empresarial con un peso económico decisivo. Su facturación conjunta equivale, según datos de la asociación, al 16% del PIB español. Una magnitud que refleja su capacidad para generar empleo, atraer inversión y sostener la actividad industrial del país.

Estas compañías han mostrado una resiliencia superior a la media. En los últimos años, muchas han intensificado su internacionalización, diversificado negocios y reforzado su apuesta por la innovación. Pero son también las primeras en señalar los factores internos que erosionan su competitividad. Entre ellos, el señalado informe de McKinsey destaca dos riesgos que se repiten con insistencia: el absentismo laboral y la parálisis legislativa.

Más caro e incierto

La presión sobre los costes y los márgenes se ha convertido en el principal desafío para la empresa familiar. Cerca del 69% de las compañías encuestadas para el citado estudio identificó este factor como su mayor preocupación estratégica. El encarecimiento de la energía, la subida de las materias primas y la volatilidad geopolítica han deteriorado igualmente la rentabilidad, con un impacto acusado en los sectores industrial y manufacturero.

El contexto internacional tampoco juega a favor. En España, el coste de la electricidad se ha incrementado alrededor de un 60%, frente al 14% en Estados Unidos y apenas un 10% en China, según señalan los autores de la publicación. Una brecha que lastra la competitividad de las empresas europeas y reduce su margen de maniobra para invertir en innovación, digitalización y atracción de talento, palancas clave del crecimiento.

A esta presión se añade una mayor exposición a los riesgos geopolíticos. La economía europea presenta un grado de apertura comercial un 30% superior al de Estados Unidos y un 70% mayor que el de China, lo que aumenta su vulnerabilidad ante disrupciones globales, tanto en las cadenas de suministro como en los mercados financieros.

Reformas bienvenidas

La parálisis legislativa es una de las principales preocupaciones de la empresa familiar en España. El prolongado bloqueo político ha retrasado reformas estructurales y generado una elevada incertidumbre regulatoria, dificultando la planificación empresarial, como indican los consultados en el análisis para el IEF.

La falta de consensos en ámbitos clave como la fiscalidad, el mercado laboral o la energía frenaría la inversión y debilitaría la competitividad, principalmente en las compañías familiares, cuya estrategia se basa en decisiones a largo plazo y en un marco normativo estable, señalan los encuestados.

ELEVADOS COSTES, ESCASO TAMAÑO Y ABSENTISMO LABORAL ENTRE LOS PRINCIPALES RETOS DEL SECTOR

Cambio de reglas

A los riesgos internos se suman las tensiones internacionales que están transformando el entorno económico global. La guerra en Ucrania ha disparado los precios de la energía y las materias primas, especialmente en Europa, presionando los costes empresariales mientras que el conflicto en Gaza incrementa la incertidumbre sobre mercados energéticos y rutas comerciales clave.

Paralelamente, el giro proteccionista impulsado por Estados Unidos ha acelerado la fragmentación del comercio internacional mediante aranceles, subsidios y la reubicación de parte de las cadenas de suministro. Ante este escenario, la Unión Europea busca reforzar su autonomía estratégica a través de nuevos acuerdos comerciales, como los impulsados con Mercosur y la India.

En busca del tiempo perdido

En la actual coyuntura global, Europa parte con desventaja. Según el análisis de McKinsey, sus empresas generan, de media, un 33% menos de ingresos que las estadounidenses, lo que limita su capacidad de inversión, innovación y crecimiento.

Los conglomerados familiares españoles, pese a su resiliencia, afrontan además mayores costes energéticos, una regulación más compleja y un mercado de capitales menos desarrollado. Esta realidad, como aseguran los autores del informe, refuerza la necesidad de ganar tamaño y aumentar ingresos para competir en igualdad de condiciones, invertir en tecnología, atraer talento y diversificar riesgos en un entorno cada vez más volátil.

Estamos contratando

A pesar de las recientes mejoras, la productividad sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes de la economía española. Durante décadas, el crecimiento productivo del país ha permanecido por debajo de la media europea. Ante esta tesitura, los consorcios familiares destacan, según recoge el estudio, por su estabilidad laboral y su mayor inversión en formación, aunque admiten que estas ventajas no son suficientes para cerrar la brecha.

La captación y retención del talento se ha convertido en una prioridad estratégica. Los grandes grupos familiares compiten a nivel global por perfiles tecnológicos y directivos, mientras enfrentan la escasez de profesionales en oficios y sectores clave como la industria o el turismo. A esto se suma el debate sobre las nuevas formas de trabajo, donde la anhelada flexibilidad choca con la necesidad de compromiso, complicando la gestión de las plantillas.

¿Qué funciones realiza el Consejo General que preside?

– Desde nuestro nacimiento, hace más de 75 años, la labor que hemos tenido es de interlocución con las Administraciones Públicas sobre temas relacionados con el sector inmobiliario, la vivienda y la regulación profesional. Nuestro objetivo es defender al colectivo de agentes de la propiedad inmobiliaria y al consumidor. Además, allí donde no hay consejos autonómicos prestamos ayuda para la interlocución con la Administración autonómica. La semana pasada, por ejemplo, asistimos al Parlamento cántabro para apoyar al Colegio de Cantabria en la tramitación de la Ley de Vivienda. En estos 75 años hemos atravesado muchos vaivenes políticos y siempre nos hemos ido adaptando.

-¿Qué labor realizan los agentes de la propiedad inmobiliaria y en qué son útiles para la sociedad?

– El agente de la propiedad inmobiliaria cumple una función en la intermediación y en las transacciones inmobiliarias que realizan los clientes: en las compraventas, en los arrendamientos, en las operaciones de tasación o en los informes a la Administración de Justicia, etc. Hasta el año 2000 la profesión tenía reserva de actividad, y en el año 2000 el sector se liberalizó, pero no se reguló. Ahora mismo la regulación española no exige formación para ser agente inmobiliario y eso deja desprotegido al consumidor. Comprar una vivienda es una de las inversiones más importantes y el usuario puede estar desprotegido. Nosotros queremos aportar valor desde la génesis del contrato y también protección jurídica en la fase previa, hasta que el consumidor llega al fedatario público, al notario.

-¿Ha habido algún avance?

– Vamos cumpliendo hitos e intentamos que las comunidades autónomas creen registros de agentes inmobiliarios obligatorios. El registro de profesionales garantiza que se cuenta con un seguro de responsabilidad civil, con una formación mínima acreditada y con un lugar físico al que poder acudir en caso de tener que localizarle por algún motivo. No buscamos privilegios, sino una garantía para los consumidores: que haya capacitación del profesional y solvencia.  Esto provocaría que si hubiera un menoscabo por mala praxis se puediera resarcir. Han pasado gobiernos de distintos colores políticos y seguimos igual desde el año 2000: con consumidores desprotegidos.

-¿Cree que la sociedad conoce su función en toda su amplitud?

– No la conoce realmente. Desde el Consejo General tratamos de trasladar a las Administraciones la desprotección del consumidor y el problema de la desprofesionalización. Muchas veces se asombran de que para intermediar en una operación inmobiliaria no haga falta formación. Por eso tenemos que trasladar la importancia de que se profesionalice nuestra función.

“QUEREMOS APORTAR VALOR DESDE LA GÉNESIS DEL CONTRATO Y PROTECCIÓN JURÍDICA EN EL PROCESO PREVIO A ACUDIR AL NOTARIO”

-Ha reclamado la importancia de mejorar el acceso al mercado, colaborar con la Administración e impulsar políticas de vivienda. ¿Han podido impulsar algún avance?

– Sí. En Cataluña existe el registro obligatorio. Actualmente también lo tiene la Comunidad Valenciana. En Andalucía se ha recogido el registro obligatorio en su nueva Ley de Vivienda. Y la semana pasada estuvimos en Cantabria y expuse la medida a los grupos políticos: dijeron que estaban a favor y que es una medida a tener en cuenta. Un registro voluntario, como en la Comunidad de Madrid, no evita el mercado oportunista. Lo que queremos es evitar que los agentes no estén formados o no aporten garantías frente a posibles errores.

-¿Cómo es la colaboración entre los agentes de la propiedad y los notarios?

– Nosotros somos la antesala del notario y preparamos contratos que después se reflejan en una escritura pública. A nivel institucional, el Consejo General de los Agentes de la Propiedad y el Consejo General del Notariado tuvimos una reunión y salimos muy satisfechos y vamos a estrechar la colaboración. No es lo mismo cuando a una notaría llega una operación gestionada por un profesional que cuando llega por alguien sin conocimientos suficientes.

-El Notariado ha abierto recientemente el Portal Estadístico de la vivienda. ¿Lo conoce? ¿Aporta valor?

– Aporta gran valor. Los datos son esenciales para conocer precios y tomar las decisiones adecuadas. Cuanta mayor sea la información menor será el riesgo a equivocarnos. Y cuanta más información tengan las Administraciones sobre las transacciones y los precios, mejor podrán tomar decisiones en beneficio del ciudadano.

“RECLAMAMOS EL REGISTRO OBLIGATORIO DE AGENTES INMOBILIARIOS PARA MAYOR PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES“

-El Notariado propone que los contratos de arrendamiento se formalicen en escritura pública para dar más seguridad. ¿Cómo valora esa propuesta?

– El arrendamiento es una de las transacciones de las que tenemos menor conocimiento. Si la Administración no tiene información de cuántos agentes inmobiliarios hay, de un censo de aquellas personas que nos estamos dedicando a la transacción inmobiliaria, menos aún del número de arrendamientos. Protocolizar y gestionar los contratos aportaría mayor seguridad jurídica; podría ayudar a esa transparencia y a un trabajo conjunto entre agentes de la propiedad y el Notariado. El arrendamiento necesita ser transparente como lo es la compraventa: con datos, precios, e información.

-El Gobierno ha impulsado la creación del Consejo Asesor de la Vivienda. ¿Qué puede aportar ante la tensión inmobiliaria?

– Estuvimos en la primera mesa, en la que también estaba la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y coincidimos en que tener datos del mercado de la vivienda es muy importante. Los agentes de la propiedad podemos aportar conocimiento del día a día. Nuestra percepción es que la mayoría de contratos de arrendamiento son de viviendas en manos de particulares. Nosotros consideramos que la Ley de vivienda se focaliza mucho en la parte social, que me parece muy importante, pero se olvida del derecho de propiedad, algo que es sagrado en un Estado de derecho. En su momento, dijimos que las medidas que se pretendían, que después se hicieron realidad, iban a distorsionar el mercado, iban a provocar un efecto contrario al deseado. Y el tiempo, que es un juez insobornable que quita y da razones, nos ha dado la razón. Así que la Ley de vivienda yo creo que se debe de retocar.

-¿Cómo se puede frenar la escalada de precios de la vivienda?

– Es un problema real y viene de mucho tiempo. Ha faltado políticas reales de vivienda y se ha pensado a corto plazo. Hace falta un pacto de Estado entre las grandes fuerzas políticas y una hoja de ruta a veinte o veinticinco años, gobierne quien gobierne. También debe estar representadas las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. El mercado es localista: hay que analizarlo y buscar equilibrio. Si polarizamos, estaremos más lejos.

-¿Qué opina de reducir los pisos turísticos como vía para mejorar el mercado?

– Los pisos turísticos están dando quebraderos de cabeza. Yo creo que se puede regular de otra manera, poniendo el foco en la habitabilidad de las ciudades, buscando un equilibrio. La vivienda tiene que ser un eje principal y un objetivo dentro de las políticas de Estado, comunidades autónomas y municipios. Debemos mejorar la sociedad para los que vienen detrás.

-Usted lleva más de veinte años en el sector. ¿Qué aconsejaría a una persona que busca vivienda en 2026?

– Que tenga claro qué busca y, si puede, ponerse en manos de un profesional serio, capacitado y solvente. Que no tenga prisa, una vivienda se compra de manera tranquila, sosegada y sin presiones. No se puede estar en una operación inmobiliaria con el corazón encogido. Y hay que regular para que no suceda que cualquiera pueda ser agente inmobiliario. Si los cimientos son débiles, el futuro de la casa traerá problemas.