La evolución de la Sede Electrónica Notarial: confianza en un clic, por Miguel López Cisneros

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LA @

MIGUEL LÓPEZ CISNEROS,

manager de Diseño de Nuevos Productos y Servicios del Centro Tecnológico del Notariado

La Sede Electrónica Notarial ofrece un ejemplo de cómo ambas cosas pueden convivir: agilidad sin renunciar a la seguridad, comodidad sin renunciar a las garantías"

La evolución de la Sede Electrónica Notarial: confianza en un clic

Hay una pregunta que cada vez más ciudadanos se hacen: ¿es posible relacionarse con un notario, o conseguir una copia de una escritura, sin necesidad de desplazarse? La respuesta es que sí, y cada vez con más facilidad. Y lo es gracias a una figura que muchos ciudadanos todavía no conocen por su nombre, aunque puede que ya hayan empezado a utilizarla: la Sede Electrónica Notarial.

No se trata simplemente de un lugar desde el que realizar trámites. Es la puerta de acceso al ecosistema digital del Notariado, construido durante años para facilitar la relación con ciudadanos, empresas, entidades financieras y Administraciones públicas. Lo verdaderamente interesante de la evolución que está experimentando no es solo que haga más sencillo acceder a esos servicios, sino que todos ellos se presentan bajo un mismo entorno y con un mismo denominador común: las garantías que definen la actuación notarial.

Seguridad y rigor

Y aquí conviene detenerse, porque es precisamente esa palabra, garantías, la que marca la diferencia entre la Sede Electrónica Notarial y buena parte de los trámites digitales a los que ya estamos acostumbrados. Cuando gestionamos algo por internet, damos por hecho —a veces con más fe que certeza— que nuestros datos estarán seguros, que la otra parte es quien dice ser y que lo que firmamos tiene el mismo valor que si lo hubiéramos hecho en persona. En el entorno notarial, esa confianza no es una promesa: es su razón de ser. La identificación mediante certificado digital o DNI electrónico, la firma electrónica avanzada y la supervisión de un notario aportan al servicio digital exactamente lo que hasta ahora ofrecía la actuación presencial. Es, si se quiere, la fe pública notarial adaptada al entorno digital, sin perder ni un ápice de rigor por el camino.

Para ciudadanos, empresas y entidades financieras, esa confianza tiene una traducción muy concreta: saber que pueden relacionarse con el Notariado con las mismas garantías de siempre, independientemente del canal que utilicen. Y para que esa experiencia resulte completa no basta con que los servicios existan. También es importante que sean fáciles de localizar, que el acceso resulte intuitivo y que el entorno digital sea reconocible desde el primer momento.

Precisamente ahí reside el verdadero alcance de esta nueva etapa que está experimentando la Sede Electrónica Notarial. No porque incorpore de repente servicios que antes no existían, sino porque pone el foco en algo menos visible, aunque probablemente más importante: la experiencia de acceso a esos servicios. La evolución actual supone un paso más para que todo ese conjunto resulte más claro, coherente y reconocible para quienes lo utilizan. Porque unas garantías tan sólidas como las que ofrece el Notariado también deben ir acompañadas de una experiencia de acceso sencilla, intuitiva y coherente.

Podría decirse que es una consecuencia natural de su propio crecimiento. Cuantos más servicios incorpora un ecosistema digital, mayor importancia adquiere la forma en que estos se presentan y se ponen a disposición de quienes los utilizan. No es tanto una cuestión de añadir nuevas funcionalidades como de ordenar lo construido para que el conjunto resulte coherente y sencillo de utilizar.

Acceso natural y sencillo

Ese trabajo ya está en marcha. La evolución de la Sede Electrónica Notarial responde precisamente a esa lógica: facilitar la relación entre las personas y los servicios notariales sin alterar aquello que nunca cambia, las garantías jurídicas que los sustentan. Porque una transformación digital madura no consiste únicamente en ofrecer más posibilidades, sino también en hacer que el acceso a ellas resulte natural, sencillo y reconocible.

En definitiva, la Sede Electrónica Notarial no simplifica solo un trámite: simplifica una relación. La relación entre los ciudadanos y una institución que ha sabido trasladar al entorno digital los principios que siempre han definido su actuación: seguridad jurídica, autenticidad y confianza.

Mirando algo más allá, cabe imaginar una Sede Electrónica Notarial que siga incorporando nuevos colectivos y nuevos servicios a medida que la sociedad lo demande, y que lo haga sin perder su principal activo: la sencillez de acceso y la confianza jurídica. Un entorno donde lo digital no sea una alternativa de segunda categoría frente a lo presencial, sino simplemente otra forma —igual de sólida— de ejercer un derecho tan cotidiano como el de acudir a un notario.

En un momento en el que la digitalización de servicios genera a partes iguales entusiasmo y recelo, la Sede Electrónica Notarial ofrece un ejemplo de cómo ambas cosas pueden convivir: agilidad sin renunciar a la seguridad, comodidad sin renunciar a las garantías. Y ese equilibrio, más que cualquier funcionalidad concreta, es quizá su mayor aportación a la sociedad.

Entrevista a Benigno Pendás, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

EN ESTE PAÍS

Sería un grave error abrir un proceso de reforma de una Constitución rígida, como es la nuestra. Hay que esperar al momento adecuado”

Benigno Pendás,

presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Carlos Capa

Benigno Pendás García es presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMYP) y una de las voces más reconocidas del constitucionalismo y la historia de las ideas políticas en España. Letrado de las Cortes Generales, fue jefe de la Asesoría Jurídica del Senado, consejero de Estado y director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Su trayectoria combina la alta función pública, la investigación académica y la reflexión sobre la democracia, el Estado de Derecho y la calidad institucional. Discípulo intelectual de la tradición liberal y constitucional española, ha defendido una visión institucionalista, moderada y dialogante de la vida pública.

-Su obra y su trayectoria han estado muy ligadas al constitucionalismo, la historia de las ideas y la vida institucional española. ¿Qué hilo conductor une esas tres dimensiones en su biografía intelectual?

– Formo parte de una generación que vivió con entusiasmo la transición democrática desde las aulas universitarias: no fuimos protagonistas, pero sí espectadores comprometidos con la nueva época. De ahí mi primera vocación profesional (letrado de las Cortes) y mi continua dedicación académica (Historia de las ideas políticas), concebidas una y otra como una aportación a la España constitucional. Todo ello visto con un sentido más institucional que partidista. El Estado de Derecho que aprendimos de los maestros (García de Enterria, García Pelayo) y la evolución histórica de la libertad (Díez del Corral) orientan desde aquella época ya lejana toda mi actividad intelectual.

 


“ES IMPRESCINDIBLE CUIDAR LAS INSTITUCIONES, RESPETAR SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y EVITAR QUE SE CONTAMINEN POR RAZONES IDEOLÓGICAS”


 

-Usted ha reflexionado con frecuencia sobre la calidad de la democracia y la necesidad de fortalecer las instituciones. ¿Cuál considera hoy el principal reto institucional de España en términos de confianza pública y estabilidad constitucional?

Decía Kant que, si existen buenas instituciones, incluso un “pueblo de demonios” actuaría con justicia. Es imprescindible cuidar las instituciones, respetar su ámbito de actuación y evitar que se contaminen por razones ideológicas. Este es el desafío principal que afronta la democracia española a día de hoy. Tenemos el mejor modelo posible: la Corona como referencia principal. Don Felipe cumple de forma ejemplar sus funciones constitucionales y no es lícito pedirle que haga lo que no debe, ni puede, ni quiere hacer. Del Rey abajo… todos debemos estar a la altura de la tarea que nos corresponde.

-Como presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ¿qué papel cree que deben desempeñar las academias en un tiempo de tanta aceleración- y crispación- política y mediática?

– Las Reales Academias tienen una importante función que cumplir en estos tiempos confusos y convulsos. Se trata de poner a disposición de los ciudadanos una reflexión rigurosa y sosegada sobre los temas realmente importantes, más allá de la coyuntura política. En la RACMYP hablamos, entre otros asuntos, de Geopolítica, Demografía, Democracia, Economía, Ética y valores y un largo etcétera. Tenemos el propósito de abrir cada vez más nuestras actividades a todas las personas interesadas y, en particular, a los jóvenes. Poco a poco, lo vamos consiguiendo, ya sea en forma presencial o telemática.

 


“LAS REALES ACADEMIAS TIENEN UNA IMPORTANTE FUNCIÓN QUE CUMPLIR EN ESTOS TIEMPOS CONFUSOS Y CONVULSOS”


 

-Ha sido letrado de las Cortes Generales, jefe de la Asesoría Jurídica del Senado, consejero de Estado y director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. ¿Cómo ha influido esa experiencia de alta administración consultiva en su manera de entender el servicio público?

– En efecto, he tenido y tengo la oportunidad de ejercer la función consultiva tanto en el ámbito del poder ejecutivo como del legislativo. Son perspectivas diferentes, pero tienen en común la necesidad de aportar razones y argumentos, evitando así las posiciones puramente voluntaristas o dogmáticas. En estos oficios se aprecia mucho el diálogo para la búsqueda de soluciones pragmáticas: en definitiva, se trata de solucionar problemas (por poner algún ejemplo, la tramitación correcta de una iniciativa en las Cámaras o el uso de un lenguaje adecuado y comprensible para las normas jurídicas). En este sentido, es lógica mi preocupación desde siempre por la calidad normativa. Como bien decía la Constitución de Cádiz, el objetivo es aprobar “leyes sabias y justas”, una excelente definición.

 


“EL NOTARIADO SEGUIRÁ SIENDO CLAVE PARA LA CONFIANZA CIUDADANA EN UNA SOCIEDAD TECNOLÓGICA”


 

– En su trabajo y en su pensamiento aparece de forma constante la defensa de la Constitución de 1978. ¿Qué valores constitucionales considera más importantes preservar y actualizar en la actualidad? ¿Qué cambiaría usted del texto constitucional?

– La Constitución de 1978 sitúa a España en el lugar que le corresponde en Europa y en el mundo, como es propio de una sociedad abierta y plural. Pronto cumplirá medio siglo. Hay, como es lógico, aspectos mejorables; por citar algunos: la preferencia del varón en la sucesión a la Corona, la distribución territorial de competencias, el papel del Senado o la inclusión de los derechos fundamentales de última generación. Pero el ADN sigue siendo perfectamente válido: Estado social y democrático de derecho; Monarquía parlamentaria; soberanía nacional perfectamente compatible con las autonomías; Europa e Iberoamericana como referencia internacional… Si se modifican estas señas de identidad se habrá producido no una mutación, sino un cambio hacia un nuevo régimen político. Lo principal: en el ambiente de polarización que nos agobia sería un grave error abrir un proceso de reforma de una Constitución rígida, como es la nuestra. Hay que esperar al momento adecuado. En política, como en la vida, el control de los tiempos determina el éxito o el fracaso.

-La seguridad jurídica preventiva, encarnada en el Notariado, es una de las grandes aportaciones del sistema español. ¿Qué papel cree que debe seguir desempeñando los notarios en la protección de ciudadanos y empresas ante la complejidad creciente de las relaciones jurídicas?

– Ahora más que nunca hace falta seguridad jurídica, principio muy relevante en nuestro marco constitucional. La función del Notariado es imprescindible al servicio del ordenamiento jurídico y como garante de los derechos del ciudadano. La figura del notario genera confianza en la gente de la calle. Se sienten bien asesorados y protegidos por un profesional de prestigio. También en esta sociedad tecnológica, donde la Inteligencia Artificial plantea retos hasta hoy desconocidos, siguen siendo válidos los principios que inspiran la fe pública al servicio de un ordenamiento cada vez más difícil de entender para el ciudadano común e incluso para los especialistas.

 


“EL ACUERDO POLÍTICO ES LA GRAN ASIGNATURA PENDIENTE EN ESTOS TIEMPOS DE POLARIZACIÓN. DEBEMOS TRABAJAR SIN DESCANSO EN ESTE SENTIDO”


 

-La justicia preventiva y la jurisdicción voluntaria, de la que los notarios participan activamente, han adquirido un peso creciente en la modernización del servicio público de justicia. ¿Qué oportunidades abre esta evolución para reforzar la eficacia, la agilidad y la confianza de los ciudadanos en el sistema?

– El Derecho está sujeto, por definición, al cambio social y cultural. Valga un ejemplo histórico. El Derecho romano pasa por tres grandes etapas: una quiritaria, donde predomina la costumbre; otra, pretoriana, donde la clave es la jurisprudencia; por último, la época imperial, cuando se aprueban los grandes textos normativos como el Código de Justiniano. Nuestro tiempo es también propicio al cambio. De hecho, los clásicos sistemas anglosajón y continental se están aproximando entre sí. Tenemos que estar abiertos a las novedades, no se pueden poner puertas al campo. La justicia preventiva y, en especial, la jurisdicción voluntaria, son fenómenos de gran interés y actualidad. Una vez más, el Notariado puede jugar un gran papel al servicio de la confianza de los ciudadanos, fuente principal de la legitimidad democrática.

– Usted ha combinado la reflexión teórica con la gestión institucional en ámbitos culturales y académicos. ¿Qué aprendizajes deja esa experiencia sobre la relación entre cultura jurídica, pedagogía cívica y calidad democrática?

– He tenido y tengo la fortuna de ejercer mi vocación intelectual en el doble plano de la teoría y la práctica. No debe haber contradicción entre ellas. Muy al contrario: son complementarias y enriquecen la perspectiva personal. He aprendido a compartir valores y a practicar el dialogo con todas las posiciones formuladas de buena fe y, por supuesto, de forma pacífica. No soy dogmático. Me defino como un moderado, entendiendo por ello una forma de ver la vida. Hay que defender con entusiasmo las propias convicciones, pero no imponerlas ni despreciar a quienes piensan de forma diferente. El acuerdo político es la gran asignatura pendiente en estos tiempos de polarización. Debemos trabajar sin descanso en este sentido.

Huella Digital

Benigno Pendás no mantiene perfiles personales activos en las principales redes sociales. Su biografía si esta accesible en Wikipedia.

La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas articula su presencia digital principalmente a través de su portal institucional y del Canal RACMyP, desde el que difunde conferencias, ingresos académicos, presentaciones y otros actos.

El alquiler de vivienda de corta duración

EN ESTE PAÍS

Concepción Pilar Barrio Del Olmo.

El alquiler de vivienda de corta duración

REDACCIÓN

El 21 de julio tuvo lugar la jornada Alquiler de vivienda de corta duración, organizada por la Fundación Notariado y el Consejo General del Notariado, en la Fundación Residencia de Estudiantes. 

El Tribunal Supremo declaró la nulidad de los preceptos del Real Decreto 1312/2024, relativos al denominado Registro Único de Arrendamientos y el procedimiento de inscripción. Dicho Real Decreto dispuso que el procedimiento de obtención del número de registro se tramitara a través de los Registros de la Propiedad y de Bienes Muebles. Ello pese a las advertencias de inconstitucionalidad del Consejo de Estado, el Consejo General del Notariado, Comunidades Autónomas y diversas organizaciones empresariales. Miles de propietarios se vieron sometidos a procedimientos y costes innecesarios, al verse obligados a solicitar el Número de Registro de Alquiler (NRA), a inscribir o inmatricular, según los casos, sus inmuebles, o, incluso, a hacer declaraciones de obra nueva. Las calificaciones registrales han dado lugar a miles de recursos gubernativos.

Hipertrofia

En la inauguración, la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, señaló que «la legislación en materia de alquileres turísticos es compleja y diseminada. Existe normativa, europea europea, autonómica y local. A esta hipertrofia administrativa se añadió el Real Decreto anulado, que se publicó con dudas sobre la legalidad y un informe negativo del Consejo de Estado. ¿Por qué no se le hizo caso? Se justificó con el argumento de aplicar el Reglamento UE 2024/1028, que no exigía un registro único. Un registro administrativo no puede ser un registro jurídico. El procedimiento para la concesión del NRA desnaturalizaba los principios hipotecarios. Además, se impusieron obligaciones a los arrendadores que eran un límite a la libertad de empresa. Esta regulación ha generado litigiosidad, con numerosas resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia contra registradores de la propiedad».

 


UNA FUTURA REGULACIÓN, QUE SUSTITUYA A LA ANULADA POR EL TRIBUNAL SUPREMO, DEBE EVITAR EL EXCESO DE TRÁMITES Y CARGAS


 

A continuación, Juan Ramón Fernández Torres -catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y abogado- pronunció la conferencia inaugural Del Reglamento (UE) 2024/1028, al RD. 1312/2024 y Orden VAU (Ministerio de Vivienda) 1560/2025. Para el administrativista, «el Estado parece querer adoptar otra norma en sustitución de la anulada, pero deben contemplarse argumentaciones como las contenidas en el dictamen del Consejo de Estado, base de la sentencia del Alto Tribunal, pero también, en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que establece el principio de simplificación de normas, y eliminación del exceso de regulación y cargas».

Anulación parcial

A continuación, tuvo lugar el primer panel de debate, Análisis de los motivos de anulación parcial del R.D. 1312/2024 por las sentencias de la Sala III del Tribunal Supremo, con las intervenciones de Diego Córdoba, magistrado del Tribunal Supremo (sala III); y Raquel Hurtado, Letrada del Consejo de Estado.

Córdoba, ponente de la citada sentencia, apuntó que el recurso de nulidad la sala III del Tribunal Supremo «vino por la ausencia del título competencial del Estado y la vulneración del Reglamento comunitario por la duplicidad de Registro. Nuestro fundamento jurídico expresa su preocupación para eludir la normativa autonómica existente, lo que está dando lugar a numerosos recursos de casación. Se intentaba eludir las garantías de lo que en el Derecho Civil se conocía como alquiler de temporada, con una regulación autonómica con competencias muy potentes en materia de vivienda y turismo. Aunque sea una materia como la de vivienda, que plantea problemas para la sociedad, el Real Decreto no era la vía adecuada al no respetar los títulos competenciales existentes».

 


EL REAL DECRETO, ANULADO POR EL ALTO TRIBUNAL, VULNERABA LA NORMATIVA COMUNITARIA AL IMPLANTAR UNA DUPLICIDAD DE REGISTROS DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS


 

Hurtado,  letrada del Consejo de Estado, señaló que: «Todo lo relativo al procedimiento único de registro planteaba varias cuestiones problemáticas: el reglamento comunitario prevé que se establezca un registro, pero que no impide que cada comunidad autónoma, en el ámbito de su competencia, pueda tener el suyo. Asimismo, el Real Decreto provocaba que una misma finca pudiera tener dos números de registro, según se arrendasen una o varias habitaciones de la misma vivienda. Por último, la inscripción en el Registro de la propiedad es voluntaria, sin embargo, en el Real Decreto derogado, para poder arrendar una vivienda, su inscripción en el registro era obligatoria, y, además, de la no inscripción podían derivarse sanciones para el propietario. Tras la anulación de la norma, existe una lógica preocupación en el sector, al surgir dudas sobre la forma de proceder. Se ha provocado, innecesariamente, inseguridad jurídica al aprobarse un RD, respecto del que el Consejo de Estado hizo serias advertencias sobre la falta de competencia del Estado».

Daños causados

En la segunda mesa redonda se abordó la Regulación del RD 1312/24 vigente tras su anulación parcial. Posición jurídica del arrendador. Los arrendamientos de corta duración con finalidad no turística, con Javier Valentín, abogado; Silvia Blasco, presidenta FEVITUR/APTURCV (lFederación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos y Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana) y Lorenzo Prats,  catedrático de Derecho Civil, CUNEF-Universidad y abogado.

Para Valentín, abogado de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (una de las asociaciones que demandaron el RD): «El Gobierno de España ‘se pasó de frenada’ aprobando esta norma; a pesar de contar con un dictamen tan contundente y unánime del Consejo de Estado, con muchísimas alegaciones y participación ciudadana. Además de la prisa en lograr su aprobación, año y medio antes de lo que demandaba Europa».

 


FEVITUR, PATRONAL DEL SECTOR, ESTIMA LAS PÉRDIDAS OCASIONADAS A LOS PROPIETARIOS EN QUINIENTOS MILLONES DE EUROS, SUMANDO, EL LUCRO CESANTE Y DEMÁS COSTES


 

Sobre el papel de los registradores de la propiedad manifestó que «tuvieron una participación muy activa en la tramitación de la norma. Desde 2018 vienen corriendo detrás del ‘Santo Grial’ de las viviendas turísticas, creando una plataforma como REGITURI, que consideraron como una oportunidad para entrar en el sector, aunque no obtuvo ninguna respuesta, en la que animaban a  solicitar una nota simple a la persona que quería alquilar un alojamiento turístico unos días. Los registradores se convirtieron en autoridad regulatoria. El Colegio de Registradores emitió 400.000 NRA durante el período de vigor del RD, cada uno a 27 euros más IVA, cada año, Casi veinte millones que nunca se tenían que haber pagado. ¿Quién va a reparar el daño causado? Los registradores han contestado a nuestra asociación diciendo que no van a devolver nada de lo percibido a los particulares, al haber aplicado una norma durante su vigencia. Asimismo, existe la pérdida por lucro cesante; es el caso de los excluidos, de los que no puedieron alquilar porque el registrador tardó semanas en calificar una solicitud de concesión del NRA».

Regulación histérica

Participantes en la jornada.

Prats señaló que «en los últimos años se ha producido una regulación histérica del Derecho a la Vivienda. Existen datos interesantes que deberían orientar al legislador. Según el informe anual de la economía catalana de la Generalitat de Cataluña (julio 2026) se está produciendo un desplazamiento parcial de la vivienda destinada a alquiler ordinario hacia otras modalidades, como el alquiler de habitaciones o el coliving; así como de la venta al alquiler. Así, del 2013 al 2025 se han pasado 250.000 viviendas de venta a alquiler, es mucho más rentable alquilar que vender. Los propietarios de vivienda ejercen su derecho de modo racional, no es algo que deba perseguirse. El Banco de España (abril 2026) ha indicado que hacen falta 750.000 viviendas más, y ha señalado cómo el esfuerzo de los particulares por pagar los alquileres supera con mucho el 40% de la renta neta disponible de una familia”. Y concluyó diciendo que “el problema de la vivienda es la falta de oferta».

Por último, Blasco señaló que «España era pionera en Europa con los registros autonómicos existentes. Desde las instituciones comunitarias están en shock al ver cómo España ha retorcido la legislación europea. Ahora existe un vacío grande sobre cómo se va a abordar, desconocemos si existirá una barrera de entrada similar. Los registradores se han convertido en un juez de su propio registro; y en muchas ocasiones, no sabíamos ante quién y cómo recurrir si nos denegaban el número». La presidenta de FEVITUR puso de manifiesto los problemas generados por el lucro cesante y tracto sucesivo, lo que (añadidos a las tasas ya aludidas), lo que asciende la estimación de las pérdidas a propietarios y gestores del sector a «496 millones de euros».

Validez del interés moratorio convencional más beneficioso para el consumidor, por Lorenzo Prats Albentosa

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN ESTE PAÍS

LORENZO PRATS ALBENTOSA,

catedrático de Derecho civil, CUNEF-Universidad. Vocal Permanente. Comisión General de Codificación

El Art. 25 (LCCI) no prohíbe un tipo de interés moratorio convencional inferior al legal"

Validez del interés moratorio convencional más beneficioso para el consumidor

Un consumidor adquirió una vivienda gracias a la concesión de un préstamo a interés variable garantizado con hipoteca, que gravaba el inmueble adquirido. Se pactó que el tipo de interés moratorio se determinaría tomando por base el interés remuneratorio, vigente en el momento del impago, al que se le sumarían dos puntos porcentuales. El registrador de la propiedad suspendió la calificación; entendió que este pacto contravenía los arts. 3 y 25 de la Ley de contratos de crédito inmobiliario (LCCI).

Interpretación formal y rigorista

El notario recurrió la calificación. Tanto en Primera Instancia, como por la Audiencia Provincial se desestimó el recurso. Para ambas resoluciones el carácter imperativo (art. 3 LCCI) de su art. 25 excluía la libertad de pactos, para impedir la inclusión en el contrato de cláusulas abusivas y robustecer el necesario equilibrio económico y financiero entre las partes.

El registrador y los tribunales de instancia realizaron una interpretación paradójica -por el resultado- de los referidos artículos: el tipo de interés moratorio pactado era más favorable para el prestatario que el legal. Sin embargo, debía aplicarse el legal. Dura Lex, sed Lex…

El artículo 3,1 LCCI -aparentemente- concedió al registrador y a los Tribunales de Instancia un argumento que abonaba una interpretación formal -y rigorista- de sus disposiciones. Atribuye -a todas ellas- carácter imperativo, y las hace “indisponibles para las partes”, determinando la nulidad de pleno derecho de todo pacto -formalmente, imposible- no conforme, literalmente, con la norma imperativa (art. 3, 2 LCCI, art. 6.3CC).

 


EL REGISTRADOR APLICÓ UNA INTERPRETACIÓN CONFORME CON LAS NORMAS DE DERECHO PÚBLICO, A LAS QUE PARECE QUE SU FUNCIÓN SE ENCUENTRA MÁS PRÓXIMA ACTUALMENTE


 

Los Tribunales de Instancia consideraron reforzado este argumento por el Art. 25.2: “[l]as reglas relativas al interés de demora contenidas en este artículo no admitirán pacto en contrario.”

Además, interpretaron la LCCI sin considerar la trascendencia que -en términos interpretativos- tiene que su origen mediato se encuentre en la Directiva UE 2104/17. Ni que tal Directiva responda al mandato del Art. 169 del Tratado de Funcionamiento UE (TFUE), que asegura a los consumidores un alto nivel de protección. Ni menos que, las anteriores disposiciones, sean concreción del Art. 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales UE (CDFUE): “En las políticas de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de los consumidores.”

Es llamativo que los Tribunales de Instancia olvidasen la jurisprudencia del TJUE, que han de aplicar cuando las normas que han de resolver un caso (LCCI) tengan su origen en el Derecho de la Unión.

La más alta protección al consumidor

La STJUE 11 de diciembre de 2025 (C-764/24) dijo que “ [E]l principio de interpretación conforme del Derecho nacional con el Derecho UE exige que los órganos jurisdiccionales nacionales, tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por este, hagan todo lo que sea de su competencia a fin de garantizar la plena efectividad de la Directiva de que se trate y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido por esta.”

El objetivo de la Directiva 2104/17 es “garantizar que todos los consumidores que concluyan los contratos de crédito para bienes inmuebles disfruten de un elevado grado de protección.” (Cdo. 15)

Proteger, según el DRALE, significa: “Resguardar a una persona, animal o cosa de un perjuicio o peligro, poniéndole algo encima, rodeándolo.”

Las normas UE y la LCCI persiguen preservar a los consumidores de un perjuicio, que el art. 25.1LCCI identifica, y, por ello, “pone algo encima”, un límite, para amparar al consumidor ante tal perjuicio: el cálculo del importe de la indemnización por mora se determinará sumando al interés remuneratorio “tres puntos porcentuales a lo largo del período en el que aquel resulte exigible”.

Protección que se refuerza privando de eficacia a cualquier pacto contrario a la norma (Art. 25, 2). Es decir, a un pacto que haga más gravoso el interés moratorio.

El Art. 25 no prohíbe un tipo de interés moratorio convencional inferior al legal más beneficioso para el consumidor. Sería un pacto que lo protegería mejor y que realizaría el propósito último de la norma.

 


PARA EL TS ES “LÍCITO UN PACTO QUE ESTABLEZCA UN TIPO DE INTERÉS MORATORIO POR DEBAJO DE ESE MÁXIMO”. LO CONTRARIO “SUPONDRÍA CONSAGRAR UN CRITERIO RÍGIDO DE SEGURIDAD JURÍDICA”


 

Protección judicial efectiva de los derechos de los consumidores

El registrador entendió que el Art. 3 obligaban a la reproducción literal del Art. 25.1 en el contrato de préstamo, al excluir la libertad de pactos. Interpretación conforme con la aplicación de normas de derecho público, a la que parece que su función se encuentra más próxima actualmente. Pero incompatible con disposiciones cuyo fin es asegurar a los consumidores el más alto grado de protección. El registrador no se sintió concernido por tal finalidad tuitiva, la consideró ajena a su función, por ello, no advirtió que la contravenía: el consumidor debería pagar un tipo de interés moratorio superior al que el propio prestamista estaba dispuesto a recibir.

Los Tribunales de Instancia, lamentablemente, manifestaron cómo aún no ha calado en ellos que han de interpretar las normas que protegen intereses superiores legalmente protegidos -el de los consumidores, p.e.- para que sea efectiva su tutela y asegurar el efecto útil del Derecho UE. Incluso cuando no se haya alegado por las partes en el proceso (STJUE 26/10/2006, “Mostaza Claro” C-168/05).

Y que tal interpretación debe partir de la CDFUE y del TFUE -que consagran, como principio de orden público, la protección de los consumidores-, pero, también de la Directiva 2104/17, que lo concreta, y, de acuerdo, con ellas – y la interpretación dada por el TJUE- de los preceptos de la LCCI, que no admiten una interpretación “aislada”, si no dirigida a materializar el Principio de efectividad del Derecho UE.

El Art. 25 no incorpora a nuestro Derecho una disposición de la Directiva 2104/17. Persigue proteger al consumidor mediante una disposición imperativa, que no impide que pueda ser mejorada convencionalmente, pues ello no sería contrario al Art. 25.1. El prestamista puede renunciar a exigir el tipo de interés moratorio legalmente previsto, y aceptar uno inferior. 

Los Tribunales de instancia no advirtieron que el Art 25 determina el importe máximo de la indemnización que el prestamista tiene derecho a percibir, sin prohibirle que pueda exigir una indemnización menor, pues puede renunciar a percibirlo.

El Tribunal Supremo (Sentencia de 23 de junio de 2026), estimó el recurso de casación interpuesto por el notario autorizante de la escritura, e interpretó que el Art. 25 LCCI establece un tope legal, y que la imperatividad que se le atribuye “se predica respecto del empresario, a efectos de que no imponga estipulaciones más gravosas al consumidor, pero no respecto de este si obtiene un trato más favorable.” Así es “lícito un pacto que establezca un tipo de interés moratorio por debajo de ese máximo”. Lo contrario “supondría consagrar un criterio rígido de seguridad jurídica que acabaría vaciando de contenido el sentido de la norma, que es la protección del consumidor.”

Escudo energético

EN ESTE PÁIS

La CEOE solicita convertir en estructurales los presentes alivios fiscales a la industria para afrontar futuras crisis energéticas internacionales.

Escudo energético

FERNANDO GEIJO NARES

Al mal tiempo, buena cara. La utilización del refranero popular, que preconiza la resiliencia ante la adversidad, no parece muy oportuna en momentos de inusitada incertidumbre geopolítica. Al menos así se percibe, sobre todo, entre las grandes compañías consumidoras de energía en España. A tenor de un panorama, cuando menos, imprevisible y complejo, la patronal española ha propuesto al Gobierno que consolide las vigentes rebajas impositivas sobre el gas y la electricidad aplicadas a las empresas.

Reaccionar o anticiparse. El debate continúa encima de la mesa. El Ejecutivo debe decidir si destina parte del margen fiscal, obtenido por la tributación récord, a blindar el tejido productivo frente a las crisis energéticas provocadas por conflictos bélicos como los de Ucrania o Irán. Para ello, se vislumbra la posibilidad de convertir en permanente una suerte de ‘escudo energético’ para tratar de proteger la competitividad de la industria electrointensiva en un contexto global de testaruda inestabilidad.

En marzo pasado, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 7/2026 por el que se desplegaba un amplio paraguas económico y social para hacer frente a las consecuencias de la crisis desatada por los bombardeos en Irán. Las 80 medidas derivadas del mismo habrían supuesto, según fuentes oficiales, una inversión de 5.000 millones de euros y beneficiado a alrededor de tres millones de empresas y unos 20 millones de hogares en España.

 


LAS BONIFICACIONES A LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES NO SERÁN ETERNAS Y SU FIN SE ATISBA PRÓXIMO


 

Posteriormente, el Ejecutivo dio luz verde a un nuevo Real Decreto-ley de medidas extraordinarias, en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. En este caso, contempla, entre otras, tanto ayudas coyunturales a la compra de carburantes como estructurales, al incluir la eliminación progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. Un gravamen que pasará del actual 7% a un 5% a finales de este año y al 3,5% en 2027, estando prevista su desaparición ya en 2028. Una medida que, según el Gobierno, contribuirá a abaratar la factura de hogares, sectores productivos e industria hasta en un 6%.

Cambios a la vista

Sin embargo, las bonificaciones a la adquisición de combustibles no serán eternas y su fin se atisba próximo. De hecho, la mayoría de los analistas consideran que amenaza con elevar hasta un punto la inflación en otoño. No en vano, el repunte del IPC en julio pasado, con una parte del decreto anticrisis aún en vigor, hace presagiar subidas muy superiores tras el verano si no se alcanza un acuerdo definitivo de paz con Irán y, por consiguiente, el barril de crudo mantiene un importe elevado en los mercados internacionales.

La convalidación del Real Decreto-ley 18/2026 ha mantenido este verano las rebajas fiscales sobre las gasolinas, pero también ha dejado al Gobierno pendiente de un factor que escapa, como es lógico, a su control: la evolución del conflicto en Oriente Próximo. La norma fue aprobada a finales de julio con la expectativa de una estabilización de los mercados energéticos a partir de septiembre. Un escenario que no está del todo claro.

Con el petróleo instalado en una montaña rusa y unas previsiones que sitúan el brent por encima de los 100 dólares por barril, el calendario previsto de retirada de las ayudas al combustible -15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto, cinco en septiembre y su eliminación en octubre- podría reabrir la discusión sobre su idoneidad.

 


LA CONVALIDACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 18/2026 HA MANTENIDO ESTE VERANO LAS REBAJAS FISCALES SOBRE LAS GASOLINAS.


 

Conflicto cronificado

Ante la persistente situación convulsa mundial, ahora también con el frente de los hutíes en Yemen, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha consensuado una propuesta, respaldada por todas sus organizaciones sectoriales, en la que solicita al Gobierno la rebaja indefinida de los gravámenes aplicados al consumo de energía para la industria. Asimismo, recomienda adoptar medidas legislativas que ayuden a hacer más competitiva la economía española y, por ende, más atractivo nuestro país a la inversión extranjera.

Este denominado ‘escudo energético’ iría, por tanto, mucho más allá de un mero alivio fiscal coyuntural. Entre sus principales demandas figura la supresión definitiva del impuesto del 7% sobre el valor de producción de la energía eléctrica. Un gravamen que, según la CEOE, acaba repercutiendo en la factura que pagan hogares y empresas. La patronal también propone consolidar la rebaja del ‘Impuesto Especial sobre la Electricidad’ hasta el mínimo permitido por la normativa europea y mantener las bonificaciones para los consumidores electro intensivos, incluida la exención del 80% de los peajes de acceso.

El paquete se completaría con otras iniciativas, como la reducción del ‘Impuesto Especial sobre el gas’, la revisión de determinados gastos regulados incorporados a la factura eléctrica y la creación de mecanismos públicos de apoyo -avales temporales- para amortiguar el impacto de futuros episodios de volatilidad.

La tesis que subyace bajo estas propuestas indica que, si la turbulencia energética ha pasado a formar parte del escenario económico, las herramientas para afrontarla también deben tener un carácter estable.

¿Nuclear? Sí, gracias

Otra de las recomendaciones solicitadas por la CEOE es la extensión de la vida útil de las centrales nucleares en España. La finalidad, en este caso, sería doble. Por un lado, contener el coste de la electricidad y, por otro, avanzar hacia un modelo energético basado en la ‘neutralidad tecnológica’, capaz de aprovechar las fortalezas de todas las fuentes de generación, incluida la energía atómica. El objetivo sería no excluir ninguna tecnología capaz de garantizar suministro, estabilidad y tarifas competitivas.

En esta línea, se propone un ‘cóctel’ energético que incluiría, además, el impulso a las energías renovables, la conservación del papel del gas como tecnología de respaldo, a la vez que se primaría el desarrollo del biometano y de otros gases renovables.

 


LOS CONSTANTES VAIVENES EN EL TABLERO GEOPOLÍTICO HAN HECHO SALTAR POR LOS AIRES ALGUNOS DE LOS TRADICIONALES RESORTES DEL ORDEN FINANCIERO IMPERANTE EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS.


 

Hasta ahora, la respuesta del Gobierno ante las sucesivas crisis energéticas provocadas por la guerra de Ucrania primero y, después, por el conflicto entre EE.UU./Israel e Irán se ha traducido en un amplio y necesario conjunto de medidas para amortiguar el impacto del encarecimiento de la energía sobre familias y empresas. Deducciones fiscales, bonificaciones y actuaciones extraordinarias de apoyo han movilizado miles de millones de euros para contener la escalada de costes.

Con el previsible ocaso de buena parte de estas oportunas decisiones, la CEOE considera que ha llegado el momento de dar un paso más. La confederación empresarial, al remitir al Ministerio de Economía su propuesta, pretende transformar parte de esas medidas excepcionales en una estrategia energética de carácter estructural orientada a reforzar la competitividad de la industria española.

Pertinaz incertidumbre

Los constantes vaivenes en el tablero geopolítico han hecho saltar por los aires algunos de los tradicionales resortes del orden financiero imperante en las últimas décadas.

Aunque los reiterados intentos por firmar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán están propiciando fuertes descensos ocasionales del precio del petróleo y del gas natural, el consenso de economistas y el propio Banco de España advierten de que las tensiones no han desaparecido, precisamente. Su impacto, sostienen, seguirá condicionando la evolución de la inflación y de las cargas empresariales, al menos, hasta el próximo ejercicio.

Los ejemplos de Ucrania e Irán dejan una lección difícil de ignorar. La próxima sacudida energética probablemente tendrá un origen distinto a las anteriores. Podrá desencadenarse por un conflicto armado, una contienda comercial, el control por las tierras raras, un ciberataque contra infraestructuras críticas o una interrupción en las cadenas de suministro de materias primas estratégicas, entre otros factores.

Lo que ya no se puede cuestionar es que la volatilidad se ha convertido en un rasgo más del actual paisaje económico internacional. Ante esta realidad, administraciones y empresas se enfrentan al dilema de seguir respondiendo con medidas de emergencia ad hoc cada vez que estalle una crisis o bien construir un marco estable capaz de amortiguar sus efectos antes de que se produzcan.

Esa parece ser la verdadera cuestión de fondo. Una que trasciende la fiscalidad o el precio de la energía y sitúa la política energética en el centro de la competitividad, la autonomía estratégica y la resiliencia de la economía española durante los próximos años.

Bruselas al rescate

La Comisión Europea aprobó a comienzos de agosto ampliar el régimen español de subvenciones a las industrias electrointensivas, incrementando su presupuesto en 50 millones de euros, hasta alcanzar los 446 millones de euros. Esta modificación permitirá reducir parte de los costes asociados al Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, manteniendo el resto de las condiciones del programa. La pretensión es reforzar la competitividad de las empresas con mayor consumo eléctrico y evitar la deslocalización de la producción fuera de la Unión Europea.

Bruselas considera que la medida cumple la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado y contribuye a los objetivos del Pacto por una Industria Limpia, al apoyar a sectores especialmente expuestos a la competencia multilateral. La Comisión concluye que estas aportaciones son necesarias, proporcionadas y compatibles con el mercado interior, al tiempo que limitan el riesgo de fuga industrial hacia países con menores exigencias en materia climática.

El coste de la energía es clave para la competitividad, la autonomía estratégica y la seguridad económica de Europa.

La baza española

Los expertos consideran que nuestro país parte de una posición privilegiada para reforzar su liderazgo energético. El impulso de las energías renovables, el desarrollo del hidrógeno verde y la futura ampliación de las interconexiones con Francia nos situarían en condiciones de convertirnos en uno de los mercados energéticos más competitivos de Europa.

Para la CEOE aprovechar esta oportunidad exige consolidar un marco estable que combine una fiscalidad competitiva, mayores inversiones en redes eléctricas y un decidido impulso a los contratos de suministro a largo plazo, de cara a aportar certidumbre tanto a productores como a consumidores manufactureros.

La patronal propone también ampliar la vida de las nucleares, impulsar las renovables y el gas y primar el desarrollo del biometano.
Deducciones fiscales, bonificaciones y actuaciones extraordinarias de apoyo han movilizado miles de millones de euros para contener la escalada de costes.

Ojo al dato

Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, por el que se adoptan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.

Plan de Energía Eléctrica Asequible para la Industria Española. Alianza por la Competitividad de la Industria Española, elaborado por EY Consulting. Enero de 2026.

Informe Europa en transición energética: respuestas y desafíos tras dos crisis consecutivas. Banco de España. Documentos Ocasionales Nº 2608, 2026. Mónica Correa-López, Mar Delgado-Téllez y Marta Suárez-Valera.

CEOE. Precios competitivos de la energía como palanca de crecimiento y competitividad empresarial en España.

Plataforma para los Combustibles Renovables. Propuestas para integrar los combustibles renovables en la transición energética.

Del escudo energético a una política de estado para la competitividad, por Antonio Garamendi

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN ESTE PAÍS

ANTONIO GARAMENDI,

presidente de CEOE

Hemos trasladado al Gobierno un conjunto de propuestas que pretenden sentar las bases de un modelo energético más competitivo y resiliente"

Del escudo energético a una política de estado para la competitividad

La reciente escalada del conflicto entre Israel e Irán ha vuelto a poner de manifiesto una realidad que las empresas conocen bien desde hace años: la energía ha dejado de ser únicamente un coste de producción para convertirse en un elemento central de la seguridad económica y de la competitividad de los países.

En cuestión de días las tensiones geopolíticas volvieron a trasladarse a los mercados energéticos, alimentando la incertidumbre y recordándonos que vivimos en un escenario internacional donde la volatilidad ha dejado de ser una excepción para convertirse en un factor estructural.

No es la primera vez que ocurre. Antes fueron la invasión de Ucrania, las disrupciones en las cadenas de suministro o las pandemias. Todo indica que tampoco será la última.

Medidas temporales

Ante cada uno de estos episodios los gobiernos han reaccionado adoptando medidas temporales para amortiguar el impacto sobre hogares y empresas. Han sido decisiones necesarias y oportunas. Pero la experiencia acumulada nos lleva a una conclusión evidente: no podemos seguir respondiendo a problemas estructurales con soluciones exclusivamente coyunturales.

España necesita dar un paso más.

Necesita pasar de un escudo energético de emergencia a una auténtica política de Estado para la competitividad energética.

Porque el verdadero reto ya no consiste únicamente en proteger a las empresas cuando aparece una crisis, sino en construir un marco estable que reduzca su exposición a las turbulencias geopolíticas y permita competir en igualdad de condiciones con las principales economías del mundo.

Hoy la energía determina dónde se instala una fábrica, dónde se desarrolla una nueva tecnología, dónde se localizan las inversiones industriales y, en definitiva, dónde se crea empleo. En un contexto en el que Estados Unidos despliega una ambiciosa política industrial basada en incentivos, China continúa reforzando su liderazgo manufacturero y la propia Unión Europea busca recuperar competitividad, el coste y la estabilidad del suministro energético se han convertido en factores decisivos.

España reúne condiciones excepcionales para situarse entre los países europeos con una energía más competitiva. Disponemos de uno de los mayores recursos renovables del continente, de unas infraestructuras gasistas estratégicas, de una posición geográfica privilegiada y de un mix energético con capacidad para ofrecer seguridad de suministro y avanzar en la descarbonización. Sin embargo, estas ventajas naturales no siempre llegan al consumidor industrial debido a factores regulatorios, fiscales y de diseño del sistema que incrementan artificialmente el coste final de la energía.

Modelo energético

Precisamente por ello, desde CEOE hemos trasladado al Gobierno un conjunto de propuestas que no responden únicamente a la coyuntura actual, sino que pretenden sentar las bases de un modelo energético más competitivo y resiliente.

En primer lugar, es necesario reducir de forma estructural la fiscalidad energética. Desde CEOE hemos propuesto eliminar permanentemente el impuesto del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica, ya que se traslada al precio final y supone un sobrecoste que no existe en muchos de los mercados con los que compiten nuestras empresas. También planteamos mantener el impuesto especial sobre la electricidad en el mínimo permitido por la normativa europea y revisar el tratamiento fiscal del gas para aproximarlo al de otros países de nuestro entorno.

En segundo lugar, debemos revisar los costes incorporados a la factura eléctrica que no están directamente vinculados al suministro. No resulta coherente impulsar la electrificación de la industria y, al mismo tiempo, cargar sobre el consumo eléctrico conceptos derivados de antiguas decisiones de política pública.

La inversión en redes constituye otro elemento esencial. No podremos aprovechar plenamente nuestros recursos renovables si las empresas no pueden conectarse con rapidez o si la red no dispone de la capacidad y flexibilidad necesarias. La planificación debe maximizar el número de consumidores conectados, agilizar las autorizaciones y favorecer una utilización más eficiente de las infraestructuras.

También es imprescindible consolidar los mecanismos de apoyo a los consumidores electrointensivos, reforzar las compensaciones por los costes indirectos de CO₂ y ampliar el acceso a instrumentos de energía competitiva a los sectores con consumos intensivos y continuos. Estas medidas no deben entenderse como privilegios, sino como instrumentos destinados a igualar las condiciones de competencia con otros países que protegen activamente su base industrial.

La contratación a largo plazo puede aportar asimismo estabilidad y previsibilidad. Los contratos voluntarios de suministro permiten reducir la exposición a la volatilidad del mercado y, al mismo tiempo, facilitar la financiación de nueva capacidad renovable. Deben promoverse respetando la diversidad de perfiles y necesidades de las empresas.

En el ámbito del gas, resulta necesario optimizar, establecer instrumentos de apoyo ante incrementos excepcionales de precios e impulsar el biometano y otros gases renovables de forma progresiva, evitando que su desarrollo traslade nuevos sobrecostes obligatorios a la industria. Todas estas medidas responden a una misma visión.

Competitividad energética

La competitividad energética no es una reivindicación sectorial. Es una política de país. De ella dependen la inversión, la innovación, la reindustrialización, el empleo y la capacidad de España para avanzar en la descarbonización sin perder actividad productiva.

El mejor escudo energético no es el que se aprueba cuando comienza cada crisis. Es el que permite que las empresas sigan invirtiendo y compitiendo cuando la incertidumbre vuelve a aparecer.

Las crisis geopolíticas seguirán produciéndose. No podemos evitar que aparezcan nuevos conflictos ni controlar la evolución de los mercados internacionales. Lo que sí podemos hacer es construir un sistema energético capaz de absorber mejor esos impactos y de convertir una de las mayores fortalezas de España en una verdadera ventaja competitiva.

Ese es el sentido del escudo energético permanente que defendemos desde CEOE.

No un mecanismo excepcional para tiempos de crisis, sino una estrategia estable que permita a nuestras empresas invertir, innovar, descarbonizarse y competir con confianza.

Porque la mejor política energética no es la que responde con rapidez cuando llega una crisis, es la que consigue que esa crisis tenga cada vez menos capacidad para condicionar el futuro de nuestra economía.

Entrevista a Carmen Quintanilla, presidenta AFAMMER

EN ESTE PAÍS

Los notarios realizan una función pública esencial que aporta paz social y protección legal a los ciudadanos, de un valor incalculable en nuestros pueblos”

Carmen Quintanilla,

presidenta AFAMMER (Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural)

JOSÉ M. CARRASCOSA

El pasado febrero, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta de la Fundación Notariado (en nombre de su Comisión de Igualdad) suscribió un convenio de colaboración con la Asociación de Familias y Mujeres del Mundo Rural (AFAMMER), representada por su presidenta nacional Carmen Quintanilla. La fundadora de esta entidad pionera en nuestro país, con una dilatada trayectoria política, nos revela en Escritura Pública las principales líneas de actuación de su asociación.

-¿Cómo surgió la idea de esta colaboración con el Notariado?

– Esta colaboración nace de una necesidad urgente y de una profunda sintonía de valores entre ambas instituciones. En AFAMMER llevamos 44 años trabajando para que las mujeres del medio rural rompan barreras, alcancen la igualdad real y tengan las herramientas necesarias para ser dueñas de su propio destino. En ese camino, nos encontramos constantemente con situaciones de vulnerabilidad que requieren no solo apoyo social, sino una sólida seguridad jurídica.

La idea surge, por tanto, al constatar que la Comisión de Igualdad de la Fundación Notariado comparte nuestro compromiso inquebrantable con la protección de las personas más vulnerables. Los notarios y notarias realizan una función pública esencial que aporta paz social y protección legal a los ciudadanos, algo que cobra un valor incalculable en nuestros pueblos, donde el acceso a la información y el asesoramiento especializado a veces es más complejo.

 


“EN AFAMMER LLEVAMOS 44 AÑOS TRABAJANDO PARA QUE LAS MUJERES DEL MEDIO RURAL ROMPAN BARRERAS, ALCANCEN LA IGUALDAD REAL Y TENGAN LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS”


 

Tuvimos la inmensa suerte de conectar con Concepción Pilar Barrio Del Olmo, cuya sensibilidad hacia los problemas de desigualdad y el entorno rural fue inmediata. Ambas partes entendimos que, uniendo nuestra presencia en cada rincón del territorio y el profundo conocimiento del terreno que tiene AFAMMER con el rigor jurídico y el compromiso social de la Fundación Notariado, podíamos crear un escudo de protección real para las familias y mujeres rurales.

Este convenio no es solo una firma en un papel: es una alianza estratégica para llevar talleres, formación y asesoramiento directo a nuestros municipios, asegurando que ninguna mujer rural se quede atrás por falta de herramientas legales para defender sus derechos.

-El principal objetivo de este acuerdo es ofrecer asesoramiento jurídico a familias y mujeres del medio rural. ¿Cuáles son las principales demandas en materia de formación de sus asociadas?

– Las demandas de nuestras asociadas reflejan perfectamente las realidades y las incertidumbres a las que se enfrentan diariamente las mujeres y las familias en los pueblos. El medio rural tiene unas dinámicas propias, y la falta de información jurídica a veces genera una gran desprotección.

Entre las principales peticiones de formación y asesoramiento que nos transmiten, destacan tres grandes bloques:

Protección patrimonial y herencias: Hay un interés enorme por comprender los procesos de sucesión, testamentos y donaciones. En el entorno rural, la transmisión de tierras, viviendas y explotaciones familiares genera muchas dudas. Las mujeres quieren saber cómo proteger su patrimonio, asegurar el futuro de sus hijos y evitar conflictos familiares debido a la falta de previsión jurídica.

La Ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias: Aunque ha sido un gran avance histórico por el que tanto hemos luchado desde AFAMMER, todavía queda mucho camino por recorrer en su aplicación práctica. Muchas mujeres demandan formación específica para conocer sus derechos económicos y de cotización, y saber exactamente cómo dar el paso para coprotagonizar la gestión legal de las tierras que trabajan.

Vulnerabilidad, discapacidad y dependencia: El envejecimiento de la población rural es un hecho. A nuestras mujeres les preocupa enormemente el cuidado de sus mayores y de los hijos con discapacidad. Demandan muchísima información sobre figuras jurídicas de protección, voluntades anticipadas, poderes preventivos y cómo gestionar la dependencia desde el punto de vista legal para garantizar la dignidad y el bienestar de sus seres queridos.

 


“LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE LA FUNDACIÓN NOTARIADO COMPARTE CON AFAMMER UN COMPROMISO INQUEBRANTABLE CON LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES”


 

En definitiva, lo que nuestras asociadas nos piden es claridad y cercanía. No quieren tecnicismos jurídicos complejos; necesitan herramientas prácticas para tomar decisiones informadas y seguras que afecten a sus vidas y a sus familias.

-El notario es un profesional muy presente en la conocida como España vaciada, con más de 660 notarías prestando servicio en municipios de menos de 15.000 habitantes. ¿Cuál es la relación de los ciudadanos de ese tipo de poblaciones con estos profesionales?

– La relación del ciudadano del medio rural con el notario es de una confianza absoluta y de una enorme cercanía. En los municipios pequeños, el notario no es solo un funcionario que firma un documento público; es una figura de referencia, un asesor de cabecera y, en muchos casos, un pilar fundamental para la tranquilidad de las familias.

En la España rural, el acceso a los servicios no siempre es fácil, y el hecho de que existan más de 660 notarías en pueblos pequeños es un auténtico salvavidas contra la exclusión. Para una persona mayor o para una mujer que gestiona su explotación en un pueblo, tener la posibilidad de acudir a la notaría sin necesidad de realizar largos desplazamientos a las grandes ciudades marca una diferencia abismal.

Es una relación basada en la seguridad que da el saberse escuchado. El ciudadano rural valora enormemente que el notario le explique las cosas con un lenguaje sencillo, directo y humano, traduciendo la complejidad de las leyes a su realidad cotidiana. El notario en nuestros pueblos ejerce una labor social imprescindible: garantiza que, independientemente de los recursos o del nivel formativo de cada persona, todos los ciudadanos tengan las mismas garantías jurídicas y la misma protección ante la ley. Es un elemento de cohesión territorial y de igualdad en mayúsculas.

-¿Qué tipo de acciones conjuntas han puesto en marcha o están previstas ente ambas instituciones?

– Desde el momento en que formalizamos esta alianza tuvimos claro que este convenio debía traducirse en acciones útiles, palpables y con un impacto directo en el territorio. Por ello, la hoja de ruta que hemos diseñado se centra en la formación, la divulgación y el asesoramiento a pie de campo.

La acción principal en la que estamos volcando nuestros esfuerzos es la organización de un ciclo de jornadas y talleres informativos en diferentes municipios rurales de toda España. Estos encuentros están pensados para que notarios y notarias se desplacen directamente a nuestros pueblos y, en un formato muy cercano y participativo, resuelvan las dudas reales de las mujeres y las familias rurales.

 


“EL PROFUNDO CONOCIMIENTO DEL TERRENO QUE TIENE AFAMMER, UNIDO AL RIGOR JURÍDICO Y EL COMPROMISO SOCIAL DE LA FUNDACIÓN NOTARIADO, PERMITIRÁN CREAR UN ESCUDO DE PROTECCIÓN”


 

Las primeras pruebas piloto realizadas en varios municipios de Ciudad Real y Madrid han concluido con un rotundo éxito de asistencia. Las ponencias sobre herencias y testamentos organizadas por AFAMMER y la Fundación Notariado se convirtieron en el principal foco de interés, registrando una altísima participación de vecinos decididos a resolver sus dudas legales de forma sencilla y directa.

Durante estas sesiones se abordan de manera prioritaria aquellos temas que más preocupan a nuestras asociadas, como la planificación de las herencias y testamentos para evitar conflictos familiares; las ventajas de la titularidad compartida en el campo, y las herramientas jurídicas disponibles para proteger a las personas mayores, dependientes o con discapacidad.

-¿Cuál es el perfil de las cerca de 180.000 asociadas a AFAMMER?

– Hablar del perfil de nuestras cerca de 180.000 asociadas es hablar de la evolución, la diversidad y el corazón mismo de la España rural. Si algo define a las mujeres de AFAMMER es que formamos un colectivo intergeneracional, sumamente heterogéneo y con una fuerza transformadora inmensa.

Por un lado, contamos con un pilar fundamental de mujeres mayores y de mediana edad. Son la memoria viva de nuestros pueblos, mujeres que han trabajado incansablemente, muchas veces a la sombra, sacando adelante a sus familias y sus hogares sin ningún tipo de reconocimiento jurídico o económico. Hoy en día, son mujeres activas, con un enorme deseo de seguir formándose, de romper el aislamiento y de asegurar su bienestar y el de sus entornos.

A pesar de sus diferentes edades, profesiones o situaciones geográficas, todas ellas comparten un nexo común: el orgullo de pertenecer al medio rural, una resiliencia admirable y una firme determinación por defender la igualdad de oportunidades. Las mujeres de AFAMMER no son sujetos pasivos del cambio; son las auténticas protagonistas del desarrollo sostenible, la fijación de población y el futuro de nuestros pueblos.

-¿Cómo surgió la idea de poner en marcha esta asociación pionera en nuestro país?

– Para entender el nacimiento de AFAMMER tenemos que viajar en el tiempo a la España de 1982. En aquellos años las mujeres del medio rural eran las grandes invisibles de nuestra sociedad. Trabajaban de sol a sol en el campo, en las explotaciones familiares y en los hogares, pero legalmente no existían: no tenían derechos laborales, ni cotizaciones propias, ni voz en los espacios de toma de decisiones.

 


“EL HECHO DE QUE EXISTAN MÁS DE 660 NOTARÍAS EN PUEBLOS PEQUEÑOS ES UN AUTÉNTICO SALVAVIDAS CONTRA LA EXCLUSIÓN”


 

Ante esa injusticia, un grupo de mujeres valientes y decididas entendimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Sentíamos la necesidad urgente de romper ese silencio sepulcral, de agruparnos y de crear una plataforma que fuera la voz de todas aquellas que no la tenían. Queríamos demostrar que las mujeres rurales éramos el verdadero motor de los pueblos y que sin nosotras no habría futuro para el territorio.

La idea surgió, por tanto, como un acto de rebeldía pacífica, de justicia social y de pura necesidad democrática. Fuimos pioneras porque en ese momento nadie hablaba de las mujeres rurales en la agenda política ni mediática. Empezamos recorriendo los pueblos, hablando de mujer a mujer, explicando que juntas éramos más fuertes y que teníamos derecho a la formación, al empleo, a la corresponsabilidad y a la titularidad de nuestras tierras.

Nacimos con el firme propósito de alcanzar la igualdad real y de llevar la voz de la España rural a los parlamentos nacionales e internacionales. Lo que empezó como un pequeño grupo de ilusión hoy somos cerca de 180.000 asociadas que ha cambiado, para siempre, la historia del medio rural en nuestro país.

-Han conseguido promover iniciativas legislativas de calado, como una Carta de Igualdad, la modificación del sistema de becas, el acceso a la Seguridad Social o la Ley de Desarrollo Rural. ¿Están satisfechos con estas iniciativas legislativas o queda camino por recorrer?

– Estamos profundamente orgullosas de todo lo que hemos logrado conquistar a lo largo de estos 44 años. Cada uno de esos avances legislativos lleva el sello, el esfuerzo y la voz de las miles de mujeres que forman AFAMMER. Mirar atrás y ver que hoy las mujeres del campo tienen derecho a su propia cotización a la Seguridad Social, que logramos impulsar la Ley de Titularidad Compartida o que la perspectiva de género se introdujo en la Ley de Desarrollo Rural, nos produce una enorme satisfacción. Hemos demostrado que la sociedad civil organizada puede cambiar las leyes de un país.

Sin embargo, en el diccionario de AFAMMER no existe la palabra conformismo. ¿Estamos satisfechas? Sí, con el trabajo hecho, pero somos plenamente conscientes de que queda muchísimo camino por recorrer. Las leyes son un paso imprescindible, pero el verdadero reto es conseguir que se cumplan de manera efectiva y real en el día a día de cada pueblo.

Por ejemplo, la Ley de Titularidad Compartida supuso un hito histórico, pero su implantación sigue siendo lenta y minoritaria; necesitamos que las Administraciones agilicen los trámites y eliminen las trabas burocráticas que frenan a las mujeres. Además, la brecha salarial, la falta de corresponsabilidad en los cuidados y la escasa presencia de mujeres en los consejos rectores de las cooperativas agrarias siguen siendo asignaturas pendientes muy graves.

A esto se le suman los nuevos desafíos del siglo XXI: la necesidad de garantizar una conectividad digital plena para que nuestras emprendedoras no compitan en desventaja, el mantenimiento de servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación frente al reto demográfico, y la urgencia de erradicar la violencia de género, que en el medio rural es aún más invisible y silenciosa debido a la falta de recursos y al aislamiento.

Por lo tanto, la satisfacción por los logros conseguidos es el motor que nos impulsa a seguir reivindicando. Hemos avanzado mucho, pero la igualdad real no llegará hasta que una mujer que decida vivir y emprender en el medio rural tenga exactamente las mismas oportunidades, derechos y libertades que quien elige vivir en una gran ciudad. Y por eso vamos a seguir luchando.

Huella Digital

Quintanilla cuenta con una actividad incesante en sus perfiles de las diferentes redes sociales, donde expone sus opiniones y publica sus intervenciones en medios de comunicación: X (@QuintanillaCarm, con cerca de 5.000 seguidores); Instagram (@quintanillacarm, más de 2.000); Facebook (QuintanillaCarm, con 7.000) o Linkedin (Carmen Quintanilla Barba, más de 3.000).

Entrevista a Teresa López, presidenta de FADEMUR

EN ESTE PAÍS

Para una mujer rural, tener una notaría cerca puede ser la diferencia entre tomar una decisión bien informada o no tomarla”

Teresa López,

presidenta de FADEMUR (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales)

JOSÉ M. CARRASCOSA

Numerosas integrantes de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales padecieron en primera persona las consecuencias de los catastróficos incendios sufridos este verano en diferentes rincones de nuestro país. A pesar de tener que atender las acuciantes necesidades de una situación de emergencia nacional, Teresa López -presidenta de FADEMUR– encontró un hueco para contestar a esta entrevista y poner en común con los lectores de Escritura Pública las principales líneas de trabajo de su entidad.

-El mes pasado suscribió un convenio con la Comisión de Igualdad de la Fundación Notariado, representada por su presidenta Concepción Pilar Barrio Del Olmo. ¿Puede adelantarnos las principales líneas maestras de esta colaboración?

– Este convenio nace de la convicción compartida entre FADEMUR y la Comisión de Igualdad de la Fundación Notariado de que ninguna mujer rural debería tomar decisiones que afectan a su patrimonio, su negocio o su familia sin contar antes con información jurídica clara, gratuita y de confianza, aportada por una persona independiente.

Nuestra prioridad es que todas las mujeres rurales de todo el territorio lo conozcan y puedan beneficiase de este asesoramiento, por lo que ya estamos organizando jornadas informativas sobre los temas que despiertan más interés, agrupados en tres grandes bloques. Por un lado, con las emprendedoras, agricultoras y ganaderas, despejando dudas sobre la titularidad y la sucesión de explotaciones y negocios familiares. Por otro lado, abordando las herramientas de protección para los colectivos vulnerables (mujeres con discapacidad, mayores o víctimas de violencia machista). Y, finalmente, explicando figuras jurídicas que en muchos casos desconocemos o sobre las que tenemos dudas, como los pactos sucesorios o los testamentos.

 


“NINGUNA MUJER RURAL DEBERÍA TOMAR DECISIONES QUE AFECTAN A SU PATRIMONIO, SU NEGOCIO O SU FAMILIA SIN CONTAR ANTES CON INFORMACIÓN JURÍDICA CLARA, GRATUITA Y DE CONFIANZA”


 

En FADEMUR valoramos especialmente que este asesoramiento llega de la mano de una institución independiente e imparcial como el Notariado, que da fe pública y no tiene más interés que el de garantizar la seguridad jurídica de la persona que tiene delante, sea cual sea su patrimonio o el tamaño de su explotación.

– En poco más de veinte años de historia, FADEMUR cuenta con 56.000 asociadas, muchas de ellas dedicadas al emprendimiento en diferentes sectores (agricultura, ganadería, turismo, artesanía, alimentación…). ¿Es sencillo poner en marcha un negocio en el entorno rural?

– No es nada sencillo, pero cada vez son más las mujeres rurales que emprenden. Mujeres que se enfrentan a múltiples dificultades para poner su negocio en marcha. Porque emprender en un pueblo significa, muchas veces, hacerlo desde zonas aisladas y con iniciativas que se salen de lo ordinario. Eso significa afrontar dos problemas: la lejanía física de las entidades financieras, y la dificultad de superar la evaluación de los departamentos de riesgos que están muy encorsetados, por lo que el acceso a la financiación es más complicado (y con el añadido del sesgo de género, como bien explica el informe del Banco de España). Además, significa que cuentas con menos servicios públicos, y nos preocupan especialmente los que tienen que ver con los cuidados de menores, mayores y personas dependientes, porque en esta sociedad patriarcal, siguen recayendo sobre las mujeres. El acceso a la financiación y el sobreesfuerzo que supone el ocuparse de los cuidados ante la escasez de servicios públicos son dos de los problemas que afrontan las emprendedoras rurales. A eso hay que añadir la dificultad para acceder al asesoramiento, y el sentimiento de soledad que sienten durante todo el proceso.

 

 


“TENEMOS UN PROBLEMA DE RELEVO GENERACIONAL EN EL MEDIO RURAL, ESPECIALMENTE EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS”


 

Por eso en FADEMUR acompañamos a nuestras asociadas desde el primer momento: formación, mentoría, redes de trabajo conjuntas, y ahora también, asesoramiento jurídico independiente a través de este convenio con Fundación Notariado. Muchas emprendedoras rurales toman decisiones importantes, como constituir una sociedad, comprar una nave, formalizar una herencia, sin haber podido consultar antes a un profesional del Derecho simplemente porque no tienen uno cerca o porque piensan que ese servicio es caro o no es para ellas. Acercar esa figura, de forma gratuita y cercana, es tan importante como la propia financiación del negocio.

-En la firma del convenio puso de manifiesto que muchas mujeres suelen encargarse de los negocios familiares cuando llega el momento. ¿Qué se precisa para asegurar la pervivencia de una empresa rural a lo largo de generaciones?

– Sobre todo, anticiparnos. Hoy, tenemos un problema de relevo generacional en el medio rural, especialmente en las explotaciones agrarias. Tenemos que hacer de ellas negocios atractivos y, en muchas ocasiones, la visión de las mujeres es determinante para hacerlos sostenibles. Y su papel tiene que estar reconocido.

Ahí es donde el notario o notaria resulta imprescindible: capitulaciones matrimoniales, pactos sucesorios, testamentos o la escritura de titularidad compartida de la explotación son herramientas que dan seguridad jurídica a toda la familia y, muy especialmente, a las mujeres que han trabajado codo con codo en el negocio y que, sin esos instrumentos, corren el riesgo de quedar invisibilizadas. Uno de los objetivos de este convenio es, precisamente, que estas figuras se conozcan antes de que llegue el momento del relevo, no después.

-En comparación con otros países, ¿cuál es el peso del sector rural en términos macroeconómicos en nuestro país?

– España es uno de los países europeos con mayor superficie rural y, a la vez, con mayores desequilibrios demográficos: buena parte de nuestro territorio está en riesgo de despoblación, aunque sigue concentrando un peso relevante en agroalimentación, uno de los sectores exportadores más sólidos de la economía española. Ese contraste —mucho territorio y mucha actividad económica, pero cada vez menos población y menos servicios— es precisamente lo que hace tan urgente invertir en oportunidades para quienes deciden quedarse o volver, y muy especialmente para las mujeres, que son las que sostienen la vida en los pueblos. Proteger a la agricultura familiar, en la que estamos las mujeres, debe ser un objetivo de país.

 


“LA DIGITALIZACIÓN ES IMPRESCINDIBLE, PERO NO SUSTITUYE A LA INFORMACIÓN JURÍDICA PRESENCIAL. AMBAS COSAS, COMPETENCIA DIGITAL Y ASESORAMIENTO JURÍDICO, TIENEN QUE IR DE LA MANO”


 

Hoy, la tendencia nos permite albergar esperanzas sobre el futuro: desde 2018, más de 140.000 mujeres han decidido irse a vivir a pueblos de menos de 5.000 habitantes, los que tienen mayor riesgo de despoblación. Además, se está revirtiendo el conocido como “éxodo ilustrado”, porque se están creando las condiciones para que las mujeres más formadas también puedan encontrar una oportunidad de futuro en sus pueblos.

-¿Cuáles son las principales fuentes de información jurídica y empresarial de agricultoras y ganaderas (por ejemplo) que viven lejos de una ciudad? ¿Qué papel juegan los notarios en poblaciones más pequeñas?

– Hoy por hoy, muchas agricultoras y ganaderas se informan a través de asociaciones como FADEMUR, de las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, las oficinas comarcales y, cada vez más, por internet. Es una información valiosa, pero en ocasiones fragmentada, muy enfocada en lo profesional, y no siempre resuelve la duda jurídica concreta que necesitan.

Ahí el Notariado cumple un papel todavía desconocido, pero sin duda importante, por su función de servicio público, imparcial y accesible. No depende de que la mujer compre o venda algo para asesorarla; su obligación es informar con independencia del tamaño de la operación, e incluso del tipo de duda, empresarial o de decisión personal. Para una mujer rural que en ocasiones tiene problemas de accesibilidad a los servicios jurídicos, tener una notaría cerca —y ahora también, gracias a este convenio, con jornadas específicas para ella— puede ser la diferencia entre tomar una decisión bien informada o no tomarla nunca.

-Las condiciones de las ciudades son cada vez más hostiles para los jóvenes a la hora de adquirir una vivienda o encontrar un empleo estable. ¿Qué consejo daría a los que deciden apostar por la migración interior e irse a un municipio más pequeño?

– Les diría que los pueblos son lugares con una calidad de vida distinta y, en muchos sectores, verdaderas oportunidades de negocio y trabajo que no encontrarán en la ciudad, pero a los que también ha llegado el problema de la vivienda. Nos estamos encontrando con una demanda creciente y poca oferta, sobre todo de alquiler, lo que dificulta la toma de decisiones de quienes no tienen un lugar al que volver y quieren instalarse sin vínculo previo.

 


“SE ESTÁN CREANDO LAS CONDICIONES PARA QUE LAS MUJERES MÁS FORMADAS TAMBIÉN PUEDAN ENCONTRAR UNA OPORTUNIDAD DE FUTURO EN SUS PUEBLOS”


 

Ese es otro de los mensajes de nuestro convenio con Fundación Notariado: acudir al notario no es solo el trámite final de una compraventa, es también el lugar donde te explican, sin coste añadido por la consulta y sin ningún interés comercial, qué opciones tienes y qué riesgos conviene evitar. Empezar un proyecto de vida en un pueblo con esa seguridad jurídica desde el principio ahorra muchos disgustos más adelante.

-Otro de los aspectos que contempla el convenio es aportar soluciones jurídicas a mujeres en situación de vulnerabilidad (personas con discapacidad, mayores o afectadas por violencia de género). ¿Cómo es el día a día de esos colectivos en el campo? ¿Cómo pueden mejorar su calidad de vida?

El día a día de las personas en situación de vulnerabilidad es difícil siempre, y sobre todo en zonas rurales en las que los servicios están más alejados o son más escasos: servicios sociales, especialistas médicos, puntos de atención a víctimas de violencia machista, a los recursos de dependencia… Esa distancia física se convierte muchas veces en distancia también respecto a sus derechos, porque no siempre saben a quién acudir o porque el trámite les parece inalcanzable.

En FADEMUR estamos especialmente preocupadas por llegar a todas las mujeres y a todos los lugares en los que se precisa ese asesoramiento específico para mujeres con discapacidad, mayores o afectadas por violencia machista: instrumentos como los poderes preventivos, la autotutela o las medidas de protección patrimonial pueden mejorar de forma muy concreta su calidad de vida y su autonomía. Acercarles esa información, a través de este convenio, de forma gratuita y en su propio territorio, es una manera muy directa de reducir la desigualdad que sufren por el simple hecho de vivir lejos de los grandes núcleos urbanos.

Uno de los objetivos de FADEMUR es la denuncia de situaciones de discriminación y dependencia. ¿Qué tipo de acciones llevan a cabo para luchar contra esa lacra?

Trabajamos en varios frentes a la vez. Hacemos incidencia política para que la legislación reconozca el trabajo de las mujeres en las explotaciones familiares —ahí la Ley de Titularidad Compartida sigue siendo, veinte años después, una asignatura pendiente en su aplicación real; elaboramos informes y estudios que visibilizan la brecha de género en el medio rural; y desarrollamos programas de acompañamiento y formación para mujeres en situación de dependencia o violencia machista.

Pero también creemos en las alianzas como esta con Fundación Notariado: la denuncia es necesaria, pero no basta si no va acompañada de herramientas concretas que las mujeres puedan usar ya, hoy mismo, para proteger su patrimonio, su negocio o su seguridad. Combinar incidencia política con el asesoramiento jurídico directo es, para nosotras, la fórmula más eficaz.

-Uno de sus principales proyectos es Pueblos en Clave Digital para reducir la brecha tecnológica en el entorno agrario. ¿Puede explicarnos en qué consiste y cómo es la situación actual de las comunicaciones en el sector?

Pueblos en Clave Digital nació para que la brecha digital no se sume a todas las demás brechas que ya sufre el medio rural. Formamos a mujeres en competencias digitales aplicadas a su actividad —comercio electrónico, redes sociales, gestión digital de la explotación, trámites telemáticos, inteligencia artificial— y llegamos a donde nadie lo hace, a los pueblos más pequeños, porque los derechos no pueden depender del tamaño de tu municipio.

La conectividad ha mejorado en los últimos años, especialmente con la gran inversión que se ha hecho con los Fondos de Recuperación. El reto es que la disminución en la brecha de acceso se acompañe de la erradicación de la brecha de género. Y aquí conecto con el convenio de Fundación Notariado: la digitalización es imprescindible, pero no sustituye a la información jurídica presencial. Ambas cosas, competencia digital y asesoramiento jurídico, tienen que ir de la mano.

-El 8M siempre aparecen las manifestaciones realizadas en las grandes ciudades. ¿Cómo vive la mujer del medio rural su empoderamiento y visibilización?

– Las mujeres rurales también salimos a la calle el 8M, aunque las cámaras rara vez lleguen hasta nuestros pueblos. El empoderamiento tiene caras cada vez más visibles, las mujeres que se ponen al frente de la explotación familiar; las que emprenden negocios de turismo rural o de agroalimentación; las que se forman en digitalización o como pilotas de drones; las que reclaman sus derechos como titulares y no solo como “ayuda familiar” …

Nuestro trabajo en FADEMUR se dirige a que las mujeres cuenten con todas las herramientas —jurídicas, digitales, formativas— para que su desarrollo personal y profesional pueda ser pleno, seguro y con las mismas oportunidades que cualquier otra mujer, independientemente de dónde viva. Mujeres con derechos que aprovechan sus oportunidades y que fortalecen una red cada vez más tupida, que mejora la vida de todas.

Huella Digital

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Entrevista a Joaquín Martínez Salmeron, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados

EN CURSO LEGAL

La Justicia no puede limitarse a resolver los conflictos: también debe prevenirlos”

Joaquín Martínez Salmeron,

presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados

CARLOS CAPA

Joaquín Martínez Salmerón es abogado y diputado socialista por Murcia en el Congreso, donde preside la Comisión de Justicia. Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, completó su formación con estudios de práctica jurídica y un máster en Economía Bancaria. Abogado en ejercicio desde 1994, ha desarrollado su carrera profesional en el asesoramiento jurídico y financiero. Su trayectoria pública incluye su etapa como concejal del Ayuntamiento de Cieza entre 1995 y 2003. En la Cámara Baja participa en la tramitación de reformas centrales para la modernización de la Justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

-¿Qué diagnóstico hace del momento actual que vive la Justicia en España?

– Vivimos un momento de transformación profunda de la Justicia. Contamos con magníficos profesionales —la judicatura, la fiscalía, el personal letrado de la Administración de Justicia, el funcionariado, la abogacía, la procura y el resto de los operadores jurídicos—, pero durante demasiado tiempo han tenido que trabajar sobre estructuras concebidas para una realidad muy distinta de la actual.

 


“LA SEGURIDAD JURÍDICA PREVENTIVA NO ES AJENA A LA JUSTICIA: ES TAMBIÉN UNA FORMA DE HACER JUSTICIA Y ELLO EL PAPEL DEL NOTARIADO ES ESENCIAL”


 

Yo diría que el diagnóstico tiene dos caras. Tenemos una Justicia de enorme calidad profesional, pero necesitamos una Administración más ágil, más eficiente, más accesible y mejor dotada.

Y eso nos obliga a avanzar en tres ámbitos a la vez: recursos, organización y tecnología.

En 2026 se han creado 500 nuevas plazas judiciales y 200 de fiscales, 700 en total, la mayor ampliación de la planta judicial y fiscal de nuestra historia, y se ha anunciado la voluntad de crear y convocar otras 500 plazas de jueces y 200 de fiscales en 2027.

Pero una política de Justicia no puede consistir únicamente en sumar efectivos. Necesitamos más profesionales, pero también necesitamos que la organización funcione mejor. Más personas haciendo exactamente lo mismo no bastan si la organización no cambia. Por eso la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introduce los Tribunales de Instancia y sustituye el modelo tradicional de juzgados unipersonales por una organización capaz de compartir recursos y responder mejor a las cargas de trabajo. En paralelo, los fondos europeos han permitido una inversión muy relevante en transformación digital.

Recursos humanos, organización y tecnología tienen que avanzar juntos. Ese es, a mi juicio, el gran desafío: construir una Justicia del siglo XXI que sea moderna y digital, pero también ágil, cercana, comprensible y plenamente garantista.

 


“MODERNIZAR LA JUSTICIA NO CONSISTE EN PONER MÁS ORDENADORES EN LOS JUZGADOS. CONSISTE EN CAMBIAR LA ORGANIZACIÓN, REFORZAR LAS PLANTILLAS, MEJORAR LOS PROCESOS Y UTILIZAR LA TECNOLOGÍA”


 

-¿Cuáles son las principales prioridades legislativas que trabaja la Comisión en materia de Justicia?

– La Comisión que presido es una de las que concentra una mayor carga legislativa del Congreso y, en materia de Justicia tenemos ante nosotros reformas de enorme transcendencia. Entre las prioridades destacaría, en primer lugar, el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que sustituiría a la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 (LECrim). No es razonable intentar responder a la criminalidad del siglo XXI con una arquitectura procesal nacida hace más de 144 años. Junto a ella estamos trabajando en iniciativas como el Proyecto de Ley Orgánica de ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, el Proyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación, el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Responsabilidad del Menor, la Proposición de Ley de modificación de la prescripción de los delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores de edad y el Proyecto de Ley de acciones colectivas, entre otras.

Además, están pendientes de tramitación otras proposiciones de ley, como la reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión, la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal y otras iniciativas planteadas por los diferentes grupos políticos, así como algunas procedentes del Senado.

En este periodo de sesiones hemos aprobado la Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, que ha dado lugar a la Ley Orgánica 1/2026, y recientemente el dictamen de la Proposición de Ley sobre la concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la administración española.

Quisiera detenerme especialmente en el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que también está tramitando la Comisión.

Creo que lo que no está permitido en la vida real tampoco puede estar permitido en los entornos digitales. Los derechos de un menor no disminuyen cuando atraviesan una pantalla. Internet no puede convertirse en una excepción territorial del Estado de Derecho.

Y proteger a los menores no significa alejarlos de la tecnología, sino conseguir que puedan utilizarla en condiciones de seguridad y con garantías.

Confío en que seamos capaces de alcanzar un acuerdo amplio para aprobar esta norma en esta legislatura, porque la protección de los menores en el entorno digital debe estar por encima de cualquier diferencia partidista.

-Usted es jurista y tiene una consolidada trayectoria en la abogacía. La Ley Orgánica 1/2025 ha generado un debate intenso entre los operadores jurídicos y la propia judicatura. ¿Cuál es su valoración general de esta norma?

– Tuve el privilegio de ser ponente de esta Ley y de defenderla, en nombre de mi grupo parlamentario, en el Pleno del Congreso, por lo que conozco también de primera mano el debate y las dificultades que acompañaron a su tramitación. Mi valoración es positiva. No estamos solo ante una reforma procesal, sino también ante una reforma estructural de la planta judicial de España.

Esta ley cambia la organización de la primera instancia, crea los Tribunales de Instancia, desarrolla las Oficinas de Justicia en los municipios e introduce un giro importante en nuestra cultura de resolución de conflictos a través de los medios adecuados de solución de controversias.

Y aquí conviene hacer una precisión: que un conflicto pueda resolverse mediante acuerdo no significa poner obstáculos al acceso a la Justicia; significa ofrecer a la ciudadanía más posibilidades. Los MASC no cierran la puerta de los tribunales; pretenden que no todas las controversias tengan que atravesarla.

La ley establece, con carácter general en el ámbito civil y con las excepciones previstas legalmente, el intento previo de un medio adecuado de solución de controversias como requisito de procedibilidad. Además, incorpora distintas fórmulas de negociación, mediación y conciliación, incluida expresamente la conciliación en la notaría.

Como profesional de la abogacía, me parece positivo que se abra un espacio mayor para que quienes ejercen el Derecho ayuden a las partes a encontrar soluciones antes de llegar a un procedimiento judicial. Una Justicia fuerte necesita buenos tribunales, pero también buenos instrumentos para evitar que determinados conflictos tengan que llegar a ellos.

 


“TENEMOS QUE LOGRAR QUE LA JUSTICIA SEA TAN ACCESIBLE DIGITALMENTE COMO LO PERMITAN LAS GARANTÍAS QUE EXIGE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL”


 

-¿Qué aspectos de la Ley Orgánica 1/2025 cree que pueden tener un mayor impacto práctico en la ciudadanía, las y los profesionales y el resto de los operadores jurídicos? ¿Es pronto para afrontar una revisión, como piden muchos operadores jurídicos, sobre algunos de sus aspectos?

– Probablemente, el impacto más profundo sea cultural: cambiar la manera en que entendemos el conflicto jurídico.

No todo tiene que acabar en una sentencia. Hay controversias que pueden resolverse mediante negociación, mediación o conciliación de forma más rápida y, muchas veces, más satisfactoria para las partes.

Un buen sistema de Justicia no debería medirse únicamente por cuántos litigios resuelve, sino también por cuántos conflictos consigue evitar. Tenemos una enorme facilidad para medir la actividad de la Justicia —procedimientos iniciados, asuntos resueltos, sentencias dictadas—, pero mucha menos capacidad para medir los conflictos que nunca llegaron a producirse porque una institución o un mecanismo funcionó correctamente. Y, sin embargo, el Derecho también demuestra su eficacia en aquello que consigue evitar: un conflicto, un litigio, una incertidumbre o una situación de inseguridad jurídica.

Ahí el papel de la abogacía es fundamental, y también el de otras figuras profesionales —entre ellas, quienes ejercen la notaría—, que cuentan con experiencia y autoridad jurídica y una posición especialmente adecuada para intervenir en determinados mecanismos de solución de controversias.

En el plano organizativo, la creación de los Tribunales de Instancia debe favorecer una gestión más flexible de los recursos y una mayor homogeneidad de criterios. A ello se suman el impulso de actuaciones telemáticas, el acceso digital a los expedientes o los pleitos testigo, entre otras medidas.

En cuanto a la revisión de la ley, hay que distinguir entre evaluar una reforma y cuestionar su existencia. Evaluar una ley no significa impugnarla; significa tomársela en serio. Una reforma de esta dimensión debe ser examinada a la luz de su aplicación y, si la práctica demuestra que hay aspectos que deben corregirse, se corrigen. Eso no es rectificar: es legislar con responsabilidad. Una ley empieza verdaderamente a ser examinada al día siguiente de entrar en vigor. Escuchar esa fricción entre la norma y su aplicación real forma parte del trabajo legislativo.

Ahora bien, tampoco tiene sentido plantear revisar una reforma que todavía está en pleno proceso de implantación. Primero hay que analizar resultados, escuchar a los operadores jurídicos y trabajar con datos. La buena legislación no es la que permanece inmutable, sino la que sabe responder a la realidad y mejorar cuando esta lo exige.

-¿Cómo valora el papel del Notariado en el servicio público de Justicia y como pilar de la seguridad jurídica preventiva?

– Esencial. La Justicia no empieza cuando surge un conflicto ante un juzgado. Existe también una dimensión preventiva del Derecho que evita que muchas controversias lleguen siquiera a producirse. La seguridad jurídica preventiva no es ajena a la Justicia: es también una forma de hacer Justicia.

Y ahí el Notariado cumple una función clave: quien ejerce la notaría aporta seguridad jurídica, controla la legalidad de los actos y negocios que autoriza, presta asesoramiento imparcial y dota a la ciudadanía de instrumentos públicos que genera certeza, confianza y seguridad en el tráfico jurídico. El documento público es una verdadera arquitectura de confianza que reduce incertidumbre y, con ella, litigiosidad.

Al final, la seguridad jurídica tiene mucho que ver con algo tan sencillo como poder confiar. Comprar una vivienda, constituir una sociedad u ordenar una sucesión serían operaciones mucho más costosas si cada ciudadano tuviera que comprobar por sí mismo todo aquello que hoy puede dar jurídicamente, por cierto. La seguridad jurídica es, entre otras cosas, una manera de ahorrar desconfianza.

De hecho, la Ley Orgánica 1/2025 reconoce expresamente la conciliación ante notaría como uno de los medios adecuados de solución de controversias. Me parece coherente con la dirección en la que debe avanzar la Justicia: no solo ser capaz de resolver mejor los conflictos cuando aparecen, sino también de prevenirlos antes de que se conviertan en litigios.

En definitiva, el Notariado demuestra que el Estado de Derecho no actúa únicamente cuando sanciona o resuelve; también actúa cuando da certeza.

 


“EL DOCUMENTO PÚBLICO ES UNA VERDADERA ARQUITECTURA DE CONFIANZA QUE REDUCE INCERTIDUMBRE Y, CON ELLA, LITIGIOSIDAD”


 

-¿Por qué cree que el servicio público de Justicia no ha logrado el nivel de digitalización y accesibilidad que sí tienen otros como la Agencia Tributaria o el servicio público de salud?

– La comparación es interesante, pero la Justicia tiene una complejidad propia.

La Agencia Tributaria o los servicios sanitarios gestionan sobre todo relaciones administrativas o asistenciales; en la Justicia hablamos, además, del ejercicio de la potestad jurisdiccional y de la protección de derechos fundamentales.

En un procedimiento judicial intervienen muchos actores y Administraciones distintas, y hay que garantizar a la vez interoperabilidad, protección de datos, confidencialidad, seguridad y todas las garantías procesales. Eso explica parte de la dificultad, pero no puede convertirse en excusa permanente para que la justicia avance más lentamente que otros servicios públicos.

Tenemos que lograr que la Justicia sea tan accesible digitalmente como lo permitan las garantías que exige un procedimiento judicial: que cualquier persona pueda consultar su expediente, hacer trámites y relacionarse con la Administración sin necesidad de conocer la complejidad interna del sistema.

En los últimos años se han movilizado más de 410 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la transformación digital de la Justicia, y ya se han desplegado herramientas como el expediente judicial electrónico, la interoperabilidad entre sistemas o Carpeta Justicia, que tienen que permitir una Administración mucho más sencilla y accesible para la ciudadanía.

La experiencia acumulada demuestra, además, que estas herramientas tienen un impacto práctico. Durante la pandemia y en los primeros años de transformación digital se realizaron más de 920.000 actuaciones procesales no presenciales, entre juicios telemáticos y otras actuaciones, con un ahorro estimado en desplazamientos superior a 19 millones de euros.

Y ahí hay una lección que podemos tomar precisamente del Notariado: digitalizar no es solo transmitir información electrónicamente; es garantizar que esa información sea fiable y jurídicamente segura.

-Desde su experiencia parlamentaria, ¿qué retos estructurales siguen pendientes para modernizar la Administración de Justicia?

– Hay varios retos. El primer, evidentemente, son los recursos humanos. Por eso es relevante la creación en 2026 de 500 plazas judiciales y 200 de fiscales, que debe de ir acompañado con el refuerzo del personal administrativo. El segundo reto es organizativo: conseguir que los recursos puedan responder con mayor flexibilidad a las cargas de trabajo, que es uno de los objetivos del modelo de Tribunales de Instancia.

El tercero es tecnológico: interoperabilidad, expediente judicial electrónico, una Administración orientada al dato y el uso responsable de la inteligencia artificial. El cuarto es mejorar los tiempos de respuesta. Y el quinto, probablemente el que sintetiza todos los anteriores, es la accesibilidad: conseguir que la Justicia sea más comprensible, cercana y sencilla para la ciudadanía sin rebajar ninguna garantía.

Y a todo ello se suman desafíos nuevos: la ciberdelincuencia, la delincuencia económica internacional, la protección de datos, las nuevas tecnologías probatorias y, por supuesto, la inteligencia artificial. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial va a entrar en la Justicia, sino para qué vamos a utilizarla, bajo qué controles y con qué responsabilidades. La tecnología puede asistir a quien juzga, pero no puede diluir la responsabilidad de juzgar. Podemos automatizar procesos, pero no automatizar las garantías.

Modernizar la Justicia, por tanto, no consiste en poner más ordenadores en los juzgados. Consiste en cambiar la organización, reforzar las plantillas, mejorar los procesos y utilizar la tecnología para que la ciudadanía reciba un mejor servicio público.

-La ciudadanía —así lo reflejan las encuestas— se siente desencantada por el nivel de polarización y crispación de la actual política parlamentaria. ¿No hay espacio ya para el consenso en las grandes cuestiones de Estado?

– Creo que sí, y creo que tenemos la obligación de reivindicarlo. La discrepancia es consustancial a la democracia; para confrontar proyectos y alternativas está precisamente el Parlamento. Pero una cosa es discrepar y otra muy distinta convertir al adversario político en un enemigo o cuestionar permanentemente su legitimidad. La discrepancia fortalece la democracia; la deslegitimación sistemática termina debilitando las instituciones que todos necesitamos.

Hay cuestiones en las que tenemos una obligación especial de buscar acuerdos, además de las que afectan directamente al bienestar social de nuestro país. Y entre ellas, la Justicia ocupa un lugar central, junto con la defensa de los derechos fundamentales, la lucha contra la delincuencia, la modernización de las instituciones y la transformación digital del Estado. Son cuestiones que afectan directamente a la seguridad, a la libertad, a la igualdad y a la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones.

Consenso no significa unanimidad ni que una parte tenga que renunciar a sus principios; significa ser capaces de encontrar espacios compartidos cuando el interés general lo exige.

En materia de Justicia, esa responsabilidad es aún mayor, porque hablamos de uno de los pilares del Estado de Derecho y de un servicio público que afecta directamente a los derechos y a la vida cotidiana de la ciudadanía.

Podemos discrepar sobre cómo organizarla, sobre qué reformas son mejores o sobre qué recursos necesita, pero deberíamos compartir algo básico: todas y todos queremos una Justicia independiente, eficaz, accesible y al servicio de la ciudadanía.

Y creo que conviene recuperar una idea sencilla: la política no puede convertirse en un fin en sí misma.

Cuando alguien acude a un juzgado porque necesita una respuesta, cuando una familia tiene que resolver una herencia, cuando una empresa necesita seguridad jurídica o una víctima necesita protección, no le importa quién ha ganado una discusión parlamentaria; le importa que las instituciones funcionen.

Ese es, en última instancia, el mejor antídoto contra la crispación: demostrar que la política sirve para resolver problemas, proteger derechos y mejorar la vida de las personas.

HUELLA DIGITAL

Joaquín Martínez Salmerón tiene un perfil de X (antes Twitter) @JomasaJoaquin

La página Web del Congreso de los Diputados tiene una ficha completa con sus datos profesionales y su actividad parlamentaria https://bit.ly/46cR9T0

La banca se prepara para un mundo imprevisible

ÁMBITO EUROPEO

Las mayores incertidumbres surgen de conflictos armados que alteran el comercio mundial o de sanciones que pueden bloquear operaciones de la noche a la mañana.

La banca se prepara para un mundo imprevisible

GORKA R. PÉREZ

Durante años, los supervisores europeos sometieron a los bancos a pruebas que reproducían algunas de las peores pesadillas económicas imaginables: profundas recesiones, desplomes del mercado inmobiliario, crisis de deuda soberana, aumentos bruscos del desempleo… El objetivo era comprobar si las entidades podrían seguir en pie cuando la economía se tambalease. Pero el mundo ha cambiado y con él también lo han hecho los riesgos que amenazan la estabilidad financiera.

Hoy, las mayores incertidumbres no nacen necesariamente de un ciclo económico adverso. Surgen de conflictos armados que alteran el comercio mundial, de sanciones que pueden bloquear operaciones de la noche a la mañana, de tensiones entre grandes potencias que reconfiguran cadenas de suministro construidas durante décadas, o de ataques informáticos capaces de paralizar infraestructuras críticas. La geopolítica, durante mucho tiempo considerada una preocupación periférica para las entidades financieras, se ha convertido en una variable central de su actividad.

 


BUENA PARTE DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DESCANSA SOBRE COMPLEJAS INFRAESTRUCTURAS DIGITALES


 

Vulnerabilidades

Basta con observar el panorama internacional para comprobarlo. La guerra de Ucrania ha transformado las relaciones económicas entre Europa y Rusia; la rivalidad entre Estados Unidos y China introduce incertidumbre en sectores estratégicos y los conflictos que afectan a rutas comerciales fundamentales están alterando el movimiento de mercancías y materias primas. En un contexto así, resulta cada vez más difícil separar los riesgos políticos de los económicos.

Con este telón de fondo, el Banco Central Europeo está sometiendo a 110 bancos de la eurozona a un ejercicio inédito para medir su capacidad de adaptación a un entorno cada vez más fragmentado e imprevisible. A diferencia de las pruebas de estrés tradicionales, las entidades deben identificar ahora sus propias vulnerabilidades, analizar cómo afectarían a su negocio y estimar qué impacto tendrían sobre sus resultados y su solvencia. Las conclusiones de sus estudios ofrecerán una fotografía reveladora sobre la preparación de la banca europea para afrontar una nueva generación de amenazas.

La singularidad de este ejercicio radica precisamente en su planteamiento. Tras la crisis financiera de 2008 y la posterior crisis de deuda europea, los supervisores se centraron en escenarios económicos muy concretos y relativamente fáciles de modelizar. Se analizaban variables como el crecimiento, el desempleo, los tipos de interés o la evolución del mercado inmobiliario para determinar la resistencia del sistema financiero ante una posible recesión.

La realidad actual es mucho más compleja. Las amenazas ya no proceden únicamente de factores económicos. Pueden originarse a miles de kilómetros de distancia, en una decisión política, en una escalada diplomática o incluso en un incidente tecnológico. Por eso el ejercicio abandona la lógica tradicional del escenario único y obliga a cada entidad a examinar sus puntos vulnerables.

 


UN INCIDENTE GRAVE PUEDE INTERRUMPIR PAGOS, BLOQUEAR SERVICIOS ESENCIALES O COMPROMETER INFORMACIÓN ESTRATÉGICA


 

Punto de inflexión

La invasión rusa de Ucrania en 2022 marcó un punto de inflexión. Numerosas entidades europeas se vieron obligadas a revisar de urgencia sus exposiciones en Rusia, asumir pérdidas y adaptarse a un complejo régimen de sanciones. Lo que durante años parecía un riesgo remoto se materializó en cuestión de semanas.

Desde entonces, la percepción ha cambiado. Los supervisores han comprobado que los conflictos internacionales no son acontecimientos ajenos al negocio bancario. Aunque las entidades no participan directamente en ellos, financian empresas, proyectos e inversiones repartidos por todo el mundo. Cualquier alteración significativa del entorno geopolítico termina encontrando un camino hacia sus balances.

La preocupación va más allá de los conflictos concretos. Lo que inquieta a las autoridades es la creciente fragmentación de la economía mundial. Restricciones comerciales, controles a la exportación de tecnologías sensibles, sanciones financieras y procesos de relocalización industrial están dibujando un escenario muy distinto al de las últimas décadas.

Para los bancos, esta transformación implica nuevos desafíos. Deben conocer mejor las exposiciones de sus clientes, identificar dependencias críticas y anticipar posibles interrupciones en mercados o sectores estratégicos. La capacidad de adaptación se convierte en una ventaja tan importante como la fortaleza financiera.

 


LA RESILIENCIA TECNOLÓGICA HA PASADO A OCUPAR UN LUGAR DESTACADO EN LAS PRIORIDADES DE LAS AUTORIDADES FINANCIERAS


 

El ciberespacio, una nueva frontera

La ampliación del concepto de riesgo no termina en la geopolítica. Otro de los grandes focos de preocupación es la creciente vulnerabilidad tecnológica del sistema financiero. La digitalización ha revolucionado la relación entre bancos y clientes. Las operaciones se realizan en segundos, la documentación circula de forma electrónica y buena parte de la actividad financiera descansa sobre complejas infraestructuras digitales. Esta evolución ha aportado enormes beneficios, pero también ha abierto nuevas puertas a amenazas que hace apenas dos décadas resultaban impensables.

Los ataques informáticos forman ya parte del paisaje habitual. Sin embargo, los expertos advierten de que el problema trasciende la delincuencia económica tradicional. En un contexto de creciente tensión internacional, las infraestructuras financieras se han convertido en objetivos especialmente sensibles. Un incidente grave puede interrumpir pagos, bloquear servicios esenciales o comprometer información estratégica.

La característica más inquietante de estos riesgos es su velocidad. Mientras que una crisis económica suele desarrollarse de forma gradual, un ataque informático puede provocar consecuencias inmediatas. Horas de interrupción pueden traducirse en pérdidas millonarias y generar problemas de confianza entre clientes y mercados.

Además, la dependencia de proveedores tecnológicos externos añade una nueva dimensión al problema. Servicios en la nube, plataformas de procesamiento de datos y herramientas de software avanzadas sustentan buena parte de la actividad financiera actual. Si uno de estos operadores sufriera una incidencia grave, el impacto podría extenderse simultáneamente a numerosas entidades.

Por esa razón, la resiliencia tecnológica ha pasado a ocupar un lugar destacado en las prioridades de las autoridades financieras. La seguridad ya no se mide únicamente en términos de liquidez o solvencia. También depende de la capacidad para mantener operativos sistemas esenciales en situaciones de estrés. A esta transformación se suma la irrupción de la inteligencia artificial, una tecnología que promete modificar profundamente el funcionamiento del sector financiero.

 


NADIE CONSIDERA QUE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL REPRESENTE UNA AMENAZA INMEDIATA PARA LA ESTABILIDAD FINANCIERA


 

Dependencia tecnológica

Existe además otra cuestión menos visible pero igualmente importante: la dependencia tecnológica. Gran parte de las infraestructuras necesarias para desarrollar inteligencia artificial se concentra en un número reducido de compañías globales. Eso introduce nuevos elementos de vulnerabilidad en un momento en el que la competencia tecnológica entre grandes potencias ocupa un lugar central en la agenda internacional.

Por ahora, nadie considera que la inteligencia artificial represente una amenaza inmediata para la estabilidad financiera. Sin embargo, sí constituye una muestra de cómo está cambiando la naturaleza de los riesgos que deben gestionar las entidades.

Y precisamente ahí reside la principal enseñanza de este ejercicio. Durante décadas, la fortaleza de un banco se medía fundamentalmente por la calidad de sus activos y el volumen de capital disponible para absorber pérdidas. Esos factores siguen siendo esenciales, pero ya no bastan para explicar la capacidad de resistencia de una entidad.

En un mundo donde una guerra puede alterar los mercados energéticos, una sanción puede bloquear operaciones internacionales, un ciberataque puede paralizar servicios esenciales y una innovación tecnológica puede transformar modelos de negocio enteros en pocos años, la estabilidad financiera depende de muchos más elementos que las cifras de un balance.

La gran cuestión que plantea el nuevo examen del BCE es, en realidad, mucho más amplia que la solvencia de los bancos europeos. Porque en la economía del siglo XXI el reto ya no consiste únicamente en resistir una crisis cuando llega, sino en ser capaz de reconocerla antes de que aparezca.

Certezas en cuestión

La pregunta de fondo ya no es solo cuánto capital tiene un banco para soportar una crisis, sino si dispone de los mecanismos necesarios para detectar riesgos emergentes y reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados. La gestión del riesgo deja de ser un ejercicio centrado exclusivamente en balances y ratios financieras para incorporar factores políticos, tecnológicos y estratégicos que hasta hace poco ocupaban un lugar secundario en las evaluaciones supervisoras.

Ese cambio refleja una transformación profunda de la economía global. Durante décadas, la integración comercial y financiera favoreció la expansión de empresas y bancos más allá de sus fronteras naturales. Sin embargo, el auge de las tensiones geopolíticas está obligando a revisar muchas de las certezas sobre las que se construyó la globalización. Las relaciones internacionales son hoy más inestables, las cadenas de suministro más vulnerables y las decisiones políticas tienen una capacidad creciente para alterar la actividad económica.

EL Banco Central Europeo está sometiendo a 110 bancos de la eurozona a un ejercicio inédito para medir su capacidad de adaptación.

Pros y contras de la Inteligencia Artificial

Los bancos utilizan desde hace años algoritmos para analizar riesgos, detectar fraudes o gestionar inversiones. Sin embargo, la aparición de herramientas de inteligencia artificial generativa está acelerando el proceso. La automatización de tareas, el análisis masivo de información y la mejora de la atención al cliente son algunas de las aplicaciones que ya comienzan a extenderse.

Las oportunidades son evidentes. Una mayor eficiencia puede reducir costes, agilizar procesos y mejorar la calidad de los servicios. Pero la tecnología también plantea interrogantes relevantes. Los especialistas alertan sobre posibles errores en los modelos, problemas de transparencia en determinadas decisiones automatizadas o sesgos derivados de los datos utilizados para entrenar los sistemas.

Lo que inquieta a las autoridades es la creciente fragmentación de la economía mundial.

EUROPA OPINA

Financial stability implications of geopolitical and geoeconomic risks

Geoeconomic Fragmentation and the Future of Multilateralism

Cyber resilience oversight expectations for financial market
Otro de los grandes focos de preocupación es la mayor vulnerabilidad tecnológica del sistema financiero.
The greatest uncertainties stem from armed conflicts that disrupt global trade or from sanctions that can bring operations to a halt overnight.

The banking sector is preparing for an unpredictable world

GORKA R. PÉREZ

For years, European regulators subjected banks to stress tests that simulated some of the worst economic nightmares imaginable: deep recessions, property market crashes, sovereign debt crises, and sharp rises in unemployment… The aim was to see whether the organisations would be able to stay afloat when the economy faltered. But the world has changed, and so too have the risks threatening financial stability.

Today, the greatest uncertainties do not necessarily stem from an adverse economic cycle. They arise from armed conflicts that disrupt global trade, from sanctions that can bring operations to a standstill overnight, to tensions between major powers that reshape supply chains built up over decades, or cyber-attacks capable of paralysing critical infrastructure. Geopolitics, long regarded as a peripheral concern for financial institutions, has become a key factor in their operations.

Vulnerabilities

You only have to look at the international scene to see that. The war in Ukraine has transformed economic relations between Europe and Russia; the rivalry between the United States and China is creating uncertainty in strategic sectors; and conflicts affecting key trade routes are disrupting the movement of goods and raw materials. In such a context, it is becoming increasingly difficult to distinguish between political and economic risks.

 


MUCH OF THE FINANCIAL SECTOR RELIES ON COMPLEX DIGITAL INFRASTRUCTURES


 

Against this backdrop, the European Central Bank is subjecting 110 eurozone banks to an unprecedented exercise to assess their ability to adapt to an increasingly fragmented and unpredictable environment. Unlike traditional stress tests, institutions must now identify their own vulnerabilities, analyse how these would affect their business, and estimate the impact they would have on their results and solvency. The findings of their studies will provide a revealing snapshot of the European banking sector’s preparedness to tackle a new generation of threats.

The uniqueness of this exercise lies precisely in its approach. In the wake of the 2008 financial crisis and the subsequent European debt crisis, supervisors focused on very specific economic scenarios that were relatively easy to model. Variables such as growth, unemployment, interest rates and trends in the property market were analysed in order to determine the financial system’s resilience in the event of a possible recession.

The reality today is far more complex. Threats no longer stem solely from economic factors. They can originate thousands of kilometres away, from a political decision, a diplomatic escalation or even a technological incident. That is why the exercise moves away from the traditional single-scenario approach and requires each organisation to examine its vulnerabilities.

 


A SERIOUS INCIDENT COULD DISRUPT PAYMENTS, BLOCK ESSENTIAL SERVICES OR COMPROMISE STRATEGIC INFORMATION


 

Turning point

The Russian invasion of Ukraine in 2022 marked a turning point. Numerous European institutions were forced to urgently review their exposures in Russia, take losses and adapt to a complex sanctions regime. What had seemed a remote risk for years came to pass in a matter of weeks.

Since then, the perception has changed. Regulators have found that international conflicts are not events unrelated to the banking sector. Although these organisations do not participate directly in them, they finance companies, projects and investments all over the world. Any significant alteration of the geopolitical environment eventually finds its way into their balance sheets.

The concern goes beyond specific conflicts. What is causing concern amongst the authorities is the increasing fragmentation of the global economy. Trade restrictions, controls on the export of sensitive technologies, financial sanctions and industrial relocation processes are shaping a very different landscape from that of recent decades.

For banks, this transformation presents new challenges. They need to gain a better understanding of their clients’ exposures, identify critical dependencies and anticipate potential disruptions in strategic markets or sectors. The ability to adapt is becoming just as important an advantage as financial strength.

 


TECHNOLOGICAL RESILIENCE HAS COME TO OCCUPY A PROMINENT PLACE AMONGST THE PRIORITIES OF THE FINANCIAL AUTHORITIES


 

Cyberspace, a new frontier

The broadening of the concept of risk does not stop at geopolitics. Another major cause for concern is the financial system’s growing technological vulnerability. Digitalisation has revolutionised the relationship between banks and their customers. Transactions are completed in seconds, documentation is exchanged electronically and much of financial activity relies on complex digital infrastructures. This development has brought enormous benefits, but it has also opened the door to new threats that were unthinkable just two decades ago.

Cyber-attacks are now a common occurrence. However, experts warn that the problem goes beyond traditional economic crime. Against a backdrop of growing international tension, financial infrastructure has become a particularly vulnerable target. A serious incident could disrupt payments, block essential services or compromise strategic information.

The most worrying aspect of these risks is their speed. Whilst an economic crisis tends to unfold gradually, a cyber-attack can have immediate consequences. Hours of downtime can result in losses running into millions and undermine confidence amongst customers and in the markets.

Furthermore, reliance on external technology providers adds a new dimension to the problem. Cloud services, data processing platforms and advanced software tools underpin much of today’s financial activity. If one of these operators were to experience a serious incident, the impact could spread simultaneously to numerous organisations.

For this reason, technological resilience has come to occupy a prominent place among the priorities of the financial authorities. Security is no longer measured solely in terms of liquidity or solvency. It also depends on the ability to keep essential systems operational in times of stress. Added to this transformation is the emergence of artificial intelligence, a technology that promises to profoundly change the way in which the financial sector operates.

 


NO ONE CONSIDERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO POSE AN IMMEDIATE THREAT TO FINANCIAL STABILITY


 

Technological dependence

There is also another, less obvious but equally important issue: technological dependence. Much of the infrastructure required to develop artificial intelligence is concentrated in a small number of global companies. This introduces new vulnerabilities at a time when technological competition between major powers is at the heart of the international agenda.

At present, no one considers artificial intelligence to pose an immediate threat to financial stability. However, it does illustrate how the nature of the risks that organisations must manage is changing.

And that is precisely where the main lesson of this exercise lies. For decades, a bank’s strength was measured primarily by the quality of its assets and the amount of capital available to absorb losses. These factors remain essential, but they are no longer sufficient to explain an organisation’s resilience.

In a world where a war can disrupt energy markets, a sanction can block international transactions, a cyberattack can paralyse essential services and a technological innovation can transform entire business models in just a few years, financial stability depends on far more than just the figures on a balance sheet.

The key issue raised by the ECB’s new assessment is, in fact, much broader than the solvency of European banks. Because in the 21st century economy, the challenge is no longer just to weather a crisis when it arrives, but to be able to recognize it before it appears.

Certainties called into question

The key question is no longer simply how much capital a bank has to withstand a crisis, but whether it has the necessary mechanisms in place to identify emerging risks and react swiftly to unexpected events. Risk management is no longer an exercise focused exclusively on balance sheets and financial ratios; it now incorporates political, technological and strategic factors which, until recently, played a secondary role in supervisory assessments.

This change reflects a profound transformation of the global economy. For decades, trade and financial integration has facilitated the expansion of companies and banks beyond their natural borders. However, the rise in geopolitical tensions is forcing us to re-examine many of the certainties upon which globalisation was built. International relations are now more unstable, supply chains are more vulnerable, and political decisions have an increasing capacity to disrupt economic activity.

The European Central Bank is subjecting 110 eurozone banks to an unprecedented exercise to assess their resilience.

The pros and cons of Artificial Intelligence

Banks have been using algorithms for years to analyse risks, detect fraud and manage investments. However, the emergence of generative artificial intelligence tools is speeding up the process. Task automation, big data analytics and improved customer service are just some of the applications that are already beginning to gain ground.

The opportunities are clear. Greater efficiency can reduce costs, streamline processes and improve the quality of services. But technology also raises important questions. Experts are warning of potential errors in the models, transparency issues in certain automated decisions, and biases arising from the data used to train the systems.

What is causing concern amongst the authorities is the growing fragmentation of the global economy.

EUROPE'S VIEW

Implications for financial stability of geopolitical and geo-economic risks

Geo-economic Fragmentation and the Future of Multilateralism

Cyber resilience oversight expectations for financial market infrastructures

Another major cause for concern is the financial system’s increased technological vulnerability.