El factor humano, insustituible

FUNDACIÓN NOTARIADO

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El factor humano: insustituible

El factor humano seguirá siendo insustituible en la Administración de justicia y en todo el ámbito jurídico a pesar de la revolución que está suponiendo la introducción de la Inteligencia Artificial (IA) en la agilización de los procesos. Esta fue una de las principales conclusiones extraídas en el congreso IA & Law, en el marco de la Cátedra ICADE-Fundación Notariado Seguridad Jurídica en la Sociedad Digital.

REDACCIÓN
De izda. a dcha.: María Jesús Ariza, Alejandro Huergo, Juli Ponce y Ricardo Pazos.

En este foro se dieron cita ingenieros, juristas, profesores, notarios y hasta filósofos del derecho procedentes de 14 universidades nacionales e internacionales, los días 13 y 14 de noviembre de 2023.

¿Es computable el Derecho?

Tras la inauguración, de la mano del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Comillas–ICADE, Abel Veiga Copo, y del notario y director de la Cátedra, Manuel González-Meneses, el encargado de abrir las conferencias fue Harry Surden, profesor de la Colorado Law School y director asociado del prestigioso Stanford Center for Legal Informatics, que se preguntó: ¿Es computable el Derecho? Y esta cuestión fue recurrente a lo largo de la gran mayoría de las ponencias, puesto que la posibilidad de que el sistema jurídico sea completamente entendible para las máquinas ha sido un asunto principal para la introducción de la IA en el mundo jurídico.

 


EN ESTE FORO SE DIERON CITA INGENIEROS, JURISTAS,PROFESORES, NOTARIOS Y HASTA FILÓSOFOS DEL DERECHO PROCEDENTES DE 14 UNIVERSIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES


 

El profesor Surden enfocó su conferencia inaugural en los avances conseguidos por el sistema Chat GPT y el salto cualitativo que se ha dado en la capacidad de recopilación, estructuración y elaboración de la información jurídica, aunque como el propio profesor admite: “Sigue siendo indispensable la participación del ser humano”.

Los desafíos a los que se enfrenta actualmente el mundo del derecho ante la irrupción de la IA centraron el debate de la mesa redonda del mismo nombre, IA y Derecho. Desafíos actuales, moderada por el notario Segismundo Álvarez, vicedirector de la Cátedra. En ella participaron Roger Brownsword, del King’s College of London, y Juan S. Mora-Sanguinetti, economista senior del Banco de Francia y Banco de España. Para el profesor Brownsword “existe una tensión delicada entre la coherencia doctrinal de un sistema jurídico y el instrumentalismo regulatorio que se introduce a raíz de la irrupción de las nuevas tecnologías”. Juan S. Mora-Sanguinetti destacó la importancia de las nuevas tecnologías a la hora de proporcionar y analizar datos que permitan evaluar el funcionamiento del Estado de Derecho de manera precisa. “Cuanta más información tengamos sobre el funcionamiento de las Administraciones, mejor podremos afrontar los mecanismos para conseguir un funcionamiento más eficiente”, destacó.

La IA no razona

Pedro Meseguer, investigador científico del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC, hizo un repaso de la historia de la digitalización y de los riesgos que ya se vislumbraban hace décadas, mucho antes del nacimiento de la IA generativa. Más categórico fue el profesor Eduardo C. Garrido Merchán, de la Comillas School of Engineering, que en su disertación IA simbólica y conexionismo, se mostró rotundo al afirmar que “la IA no razona, simplemente trabaja con probabilidades y con una ingente cantidad de datos”. “Puede servir para obtener evidencias previas -añadió Garrido-, para conocer las probabilidades de ganar un caso o para conocer las contraargumentaciones que puede utilizar la otra parte para deslegitimar una tesis, pero no es capaz de sustituir al factor humano”, mantuvo el profesor.

El ámbito de la filosofía jurídica estuvo representado por José Juan Moreso, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, que disertó sobre Lógica y razonamiento jurídico y las posibilidades de incorporar razonamientos lógicos a ese sistema ayudado por la IA. Por su parte, Manuel Jesús Rodríguez Puerto, profesor de la Universidad de Cádiz, recordó en su ponencia Formalización del razonamiento jurídico que la propia denominación como IA (Inteligencia Artificial) “fue una simple decisión de marketing, porque no se trata directamente de razonamiento, sino de un tratamiento de datos de forma computarizada”. Para el profesor Rodríguez Puerto, aunque la IA pretende sistematizar el ámbito jurídico, “los sistemas no son capaces de descifrar los contextos en los que se promulgan ciertas sentencias”. Considera que en aquellos casos en los que la respuesta pueda ser automatizada, la IA puede ser una herramienta útil para agilizar los procesos, “pero la máquina no razona, sólo busca comparables, por lo tanto, podría decirse que hay automatización, pero no un auténtico razonamiento jurídico en la IA”, sentenció.

Carlos Alarcón Cabrera, de la Universidad Pablo de Olavide, reflexionó sobre los Límites a la formalización del razonamiento jurídico, y destacó la necesidad de “auditar y poder mejorar la legislación y la posibilidad de encontrar las paradojas que muchas veces se dan en los textos normativos”. Mientras, José Cabrera Rodríguez, investigador de la Universidad Pontificia Comillas, recordó las aportaciones al desarrollo de las tecnologías digitales desde el ámbito soviético, y su empeño en la sistematización de procesos como forma de mejorar la eficiencia.

El ámbito de la empresa y las consecuencias jurídicas de la incorporación de la IA en la gestión corporativa fue la temática en la que se enfocó el profesor Niccollò Abriani, de la Universidad de Florencia, quien recordó la importancia que están adquiriendo las nuevas tecnologías en la gestión de las empresas y la necesidad de tener en cuenta las implicaciones que la gestión digital tiene sobre los responsables de las compañías a la hora de la toma de decisiones.

Separación de poderes

Ante la posibilidad de derivar a una máquina la toma de decisiones, el profesor de la Universidad de Alicante, Dyango Bonsignore Fouquet, se preguntó sobre el nivel de implicación que los ingenieros pueden llegar a tener en la administración de Justicia: “¿Tenemos que introducir a los ingenieros en la separación de poderes?”, se preguntó de forma irónica.

 


LA POSIBILIDAD DE QUE EL SISTEMA JURÍDICO SEA COMPLETAMENTE ENTENDIBLE PARA LAS MÁQUINAS HA SIDO UN ASUNTO PRINCIPAL PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA IA EN EL MUNDO JURÍDICO


 

La calidad en las herramientas digitales en el ámbito de la justicia fue el foco del profesor de la Universidad de Oviedo, Alejandro Huergo Lora, quien recordó que los datos con que se alimentan estas herramientas deben tener la calidad suficiente; que la documentación sea técnica; que haya un registro de todo lo que se hace para poder tener una trazabilidad de todo el proceso y, sobre todo, que haya además una vigilancia humana de toda la operativa. “La IA sirve para tener una aproximación, no para la toma de decisión”, recordó Huergo Lora.

En la importancia del factor humano insistió por su parte Juli Ponce Solé, profesor de la Universidad de Barcelona, quien habló de la ¿Reserva de humanidad? Para Ponce Solé, “hay buenos argumentos jurídicos para dudar de la posibilidad de que una máquina pueda tomar decisiones sobre una potestad discrecional, una potestad que debemos recordar que la sociedad ha encargado a un juez”.

Precisamente en esa necesidad del factor humano basó la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, María Jesús Ariza Colmenarejo, la importancia de establecer mecanismos que permitan a la sociedad conocer aquellos casos en los que haya participado una herramienta de IA y poder establecer los criterios para poder recurrir en estos casos.

Asistir, pero no sustituir

Una visión práctica sobre la utilización de la IA en el ámbito jurídico la aportó el profesor de la Universidad de Cantabria José Ignacio Solar. En primer lugar, se ocupó de recordar que la propuesta de reglamento europeo establece que las herramientas digitales “servirán simplemente para asistir y que nunca podrán sustituir al ser humano”. El profesor hizo un repaso por algunas de las herramientas concretas que ya se están utilizando en el ámbito de la justicia como el Sistema Pretoria IA, que ayuda a la Corte Constitucional Colombiana en el cribado de aquellas sentencias que cumplen los requisitos para ser admitidas; o el sistema Predictive Coding, que es capaz de analizar cualquier tipo de información digital y clasificarla como relevante o no para un determinado caso.

Además de sistemas de ayuda al juez, Solar se refirió también a herramientas que ofrecen directamente propuestas de sentencias judiciales como el Sistema Prometea que utiliza la Fiscalía de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Argentina, o el sistema Juez Sabio utilizado en China y que busca casos parecidos y propone una solución en base a sentencias previas.

Participantes y asistentes al foro.
De izda. a dcha.: Roger Brownsword, Juan S. Mora-Sanguinetti y Segismundo Álvarez.
Harry Surden.

Llamada a la responsabilidad

El congreso fue clausurado por el entonces secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público del Ministerio de Justicia, Manuel Olmedo, en la actualidad Secretario de Estado de Justicia, que volvía a las aulas de la Universidad de Comillas-ICADE, donde se licenció en Derecho. Manuel Olmedo valoró positivamente que durante dos días la Cátedra ICADE-Fundación Notariado haya abordado en profundidad uno de los fenómenos tecnológicos más trascendentes de nuestro tiempo que necesitan de la mayor responsabilidad en su aplicación en el ámbito jurídico.

Entrevista a Pedro Crespo, Fiscal jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional

EN CURSO LEGAL

Pedro Crespo,

fiscal jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional

«El modelo de sociedad compleja en el que estamos inmersos exige un estándar muy elevado de seguridad jurídica»

En mayo de 2021, Pedro Crespo fue nombrado Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional; organismo que se ocupa de procedimientos relacionados con cuestiones de constitucionalidad y con los recursos de amparo. Con muchos años de experiencia en diversos campos, el fiscal analiza para ‘En Curso Legal’ su trayectoria y objetivos profesionales.
JOSÉ M. CARRASCOSA,

¿Puede detallar cuáles han sido las principales líneas de actuación del órgano que preside hasta el momento?

Tengo claro que la prioridad es rentabilizar el trabajo que hace esta fiscalía, a mi juicio bastante desaprovechado. Por nuestras manos pasan cuestiones muy relevantes que se plantean en el devenir cotidiano de todos los poderes públicos de este país, especialmente en materia de derechos fundamentales. Por otra parte, la unidad de actuación que caracteriza constitucionalmente al Ministerio Fiscal español surge en esta fiscalía de un debate jurídico continuo, a veces apasionante y prolongado durante horas, entre fiscales con muchísima experiencia y un conocimiento muy profundo de la materia. Mucha gente se sorprende, incluso dentro de la carrera fiscal, cuando explico que todos y cada uno de los asuntos sobre los que informamos son sometidos, después de un estudio profundo y riguroso; a deliberación en la junta de fiscalía. Todos, sin excepción. No puede ser que el resultado de todo ese esfuerzo se agote en un dictamen escrito que una vez enviado al Tribunal Constitucional se guarda en un cajón. Es imprescindible que ese trabajo sea accesible y pueda ser utilizado y compartido, especialmente por las y los fiscales, pero en general por todo aquel a quien pueda resultar útil. Además, mostrar nuestro trabajo ayuda a que se entiendan mejor las razones estrictamente jurídicas en las que se apoyan nuestras decisiones. Aunque pueda discreparse de ellas. Estoy convencido de que si los ciudadanos conocieran bien cómo trabajamos, tendrían una imagen mucho mejor de la institución. Y de esta fiscalía en particular, sin la más mínima duda. Por eso estamos haciendo un esfuerzo importante en materia de transparencia, de comunicación, de explicación de lo que hacemos y por qué lo hacemos.

 


QUIENES TENEMOS ASIGNADAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES QUE SE SUSTENTAN SOBRE LOS VALORES DE LA INDEPENDENCIA Y LA IMPARCIALIDAD, DEBERÍAMOS PROCURAR SER MUY PRUDENTES


 

Desde el inicio de la democracia hasta ahora se han aprobado por parte de las Administraciones Públicas más de 400.000 leyes. ¿Cómo es la calidad, comprensión y grado de conocimiento de estos textos legislativos?

La motorización legislativa es en mi opinión un fenómeno en cierto modo inevitable, porque el modelo de sociedad compleja en el que estamos inmersos exige un estándar muy elevado de seguridad jurídica, y en nuestro sistema jurídico continental las ideas de previsibilidad y certeza van tradicionalmente ligadas al concepto de ley formal. El problema, a mi juicio, es la muy deficiente técnica de la que con frecuencia adolecen los textos legislativos, y también el error que desde mi punto de vista supone tratar de abarcarlo y acotarlo todo en el propio texto de la norma, lo que por una parte la hace más farragosa e incomprensible y por otra parte obliga a permanentes reformas para adaptarla a cada cambio puntual de la realidad, de modo que el resultado acaba siendo contraproducente: en lugar de mayor seguridad jurídica, se genera confusión e incertidumbre, hasta el punto de que hay ámbitos en los que es dificilísimo saber cuál es la norma aplicable a cada situación y en cada momento. Así que aquello de que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento parece hoy un sarcasmo. Y eso que la tecnología ayuda. Sin las bases de datos de legislación y jurisprudencia estaríamos absolutamente perdidos.

 


AQUELLO DE QUE LA IGNORANCIA DE LA LEY NO EXCUSA DE SU CUMPLIMIENTO PARECE HOY UN SARCASMO


 

Ahora bien, no es fácil saber cuál puede ser la solución para el problema de fondo. Desde luego un procedimiento legislativo con mejores controles técnicos y –puesto que la propia tecnología lo facilita- más atento a la coordinación normativa, podría ayudar bastante. Y un funcionamiento más eficiente de la Administración de Justicia, que a fin de cuentas resulta clave para la interpretación y la comprensión de las leyes, también. Pero no sé si me estoy metiendo en el terreno de la ciencia-ficción.

Existe cierta preocupación en la opinión pública por la posible quiebra del principio de separación de poderes. ¿Puede aportar su opinión sobre este particular?

La incorporación de conceptos constitucionales al debate –o al ruido- político me genera siempre cierta inquietud. Cuando desde posiciones antagónicas unos y otros se presentan como paladines de los valores y principios constitucionales, pero al mismo tiempo parecen tener serias dificultades para practicarlos, algo está fallando en algún sitio, y no es la Constitución, que precisamente fue concebida para acoger a todos. Es innegable que en la actualidad asistimos a determinadas anomalías que pueden generar cierta confusión sobre la aplicación de esos principios.

Mantener, por ejemplo, cinco años bloqueada la formación del Consejo General del Poder Judicial por razones de oportunidad política transmite, en mi opinión, un mensaje poco edificante acerca de la capacidad de incidencia de la política –de la política partidista, quiero decir- en el ámbito judicial. O el hecho mismo de que se trate reiteradamente de inmiscuir a jueces y fiscales, o sus decisiones, en la contienda ideológica, no facilita la visión sobre la imprescindible distancia que impone ese principio constitucional de separación de poderes. Aunque también creo que deberíamos tener más cuidado con el fenómeno simétrico, que se traduce en una creciente, y a mi juicio inconveniente, inclinación de personas e incluso órganos del mundo judicial a la exteriorización pública de mensajes de palpable contenido y sentido político, que, por cierto, no deja de percibirse por más que a veces se envuelva en un discurso de connotaciones corporativistas, lo que no sé si es todavía peor. Creo que quienes tenemos asignadas funciones constitucionales que se sustentan sobre los valores de la independencia y la imparcialidad, deberíamos procurar ser muy prudentes en ese terreno.

Ha pasado por distintas áreas, instancias y destinos de la Fiscalía desde su ingreso en la carrera hace más de treinta años. ¿Con qué se quedaría de cada una de esas etapas?

Pues, por orden cronológico, me quedaría –de hecho, me quedé- con el aprendizaje enormemente enriquecedor, en lo profesional y en lo personal, que me aportó mi primer destino, que fue la Fiscalía de Barcelona, una auténtica escuela de fiscales en una época en la que además aquella ciudad vivía su mayor esplendor, a comienzos de los noventa. Me quedé con la inmersión directa en los problemas reales de la gente que viví en Segovia, donde además inicié mi relación con algunas personas que luego han marcado de forma determinante mi vida personal y profesional; y con la fortaleza y la enorme experiencia que significa para cualquier fiscal la actividad frenética y desbordante de la Fiscalía de Madrid, donde además hice doblete –otra experiencia profesionalmente apasionante- como delegado de la Fiscalía Anticorrupción. Y después, me quedo con la visión institucional amplia y profunda que obtuve a lo largo de casi ocho años en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, que por una parte me llevó a conocer muy bien esta institución, y por otra me dio la enorme oportunidad de participar de forma directa en una de sus reformas más importantes, mediante la modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal que tuvo lugar en 2007, cuyo impulso, a mi juicio, podría haber sido mejor aprovechado en algunos aspectos. En la última etapa, antes de llegar a mi puesto actual, ocupé la jefatura de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, durante ocho años. Lo que hice ahí fue, sobre todo, estudiar y aprender mucho Derecho, y confirmar algo que ya venía intuyendo mucho tiempo atrás: lo importante que es para un jurista conocer bien la lógica de funcionamiento de la Administración.

 


A LAS NUEVAS PROMOCIONES DE FISCALES SUELO DECIRLES QUE SUS VERDADEROS JEFES SON LOS CIUDADANOS, SON LOS QUE PAGAN EL SUELDO Y TIENEN DERECHO A QUE HAGAN BIEN SU TRABAJO


 

Pero a ese largo recorrido por el Ministerio Fiscal no puedo dejar de añadir dos experiencias que han marcado absolutamente mi forma de ser y estar en el mundo jurídico, y quizá han incorporado algún rasgo no convencional a mi forma de ser fiscal. Me refiero al contacto con el mundo universitario y, sobre todo, a mi estancia –muy breve, entre 2003 y 2004- como letrado en el Tribunal Constitucional, que naturalmente me resulta muy útil en mi actual responsabilidad, pero que valoro sobre todo porque allí empecé a entender de verdad la trascendental importancia que tiene para la labor de cualquier jurista, y no digamos de un fiscal, el enfoque constitucional de los problemas.

Como abogado y profesor de la Universidad Carlos III, ¿qué consejo daría a los alumnos en Derecho que quieran presentarse a una oposición o ejercer profesionalmente?

¿Un consejo? Estudiar, estudiar, estudiar, y no perder jamás el contacto con la realidad y el sentido de su trabajo. Que no se dejen vencer nunca por la rutina, ni se rindan a la comodidad. Que, si quieren ser ricos y famosos, se dediquen a otra cosa. Solo puedes ser un buen jurista si estás dispuesto a pasarte toda tu vida estudiando y trabajando muchas horas y, además, estás dispuesto a aceptar que, después de todo ese esfuerzo, posiblemente no te den la razón. Y, desde luego, para quienes se planteen ser jueces o fiscales, que ni un solo minuto de su vida profesional olviden que su trabajo consiste en resolver los problemas de la gente, no en crearles más problemas, y, por tanto, que no están por encima de nada ni de nadie, sino al servicio de todos. Se lo digo cada año a los compañeros de las nuevas promociones de la carrera fiscal: tened siempre presente que el fiscal jefe será vuestro superior jerárquico, pero vuestros verdaderos jefes son los ciudadanos, que son los que os pagan el sueldo y tienen derecho a que hagáis bien vuestro trabajo; así que tenéis que tratarlos así: como se trata a un jefe.

«El campo de colaboración entre notarios y fiscales puede y debe abrirse muchísimo más»

El Consejo General del Notariado y la Fiscalía General del Estado suscribieron hace cinco años un convenio para incrementar la colaboración en la lucha contra los delitos económicos. ¿Cómo valora la aportación de los notarios en esta materia?

Diría que esta pregunta la podría haber contestado mejor hace veinticinco años, cuando era delegado de la Fiscalía Anticorrupción, que ahora. Creo que desde la perspectiva constitucional se entiende aún mejor el enorme peligro que supone la corrupción, y en general eso que llamamos delincuencia económica, para el Estado de Derecho. La función notarial, al menos tal y como está concebida en España, encierra un potencial enorme para la lucha contra esas formas complejas de delincuencia, y además opera en el frente más eficaz, que es el de la prevención, porque el Derecho Penal, por definición. siempre llega tarde, cuando el daño ya está hecho. El convenio al que se refiere tiene por objeto principalmente agilizar la transmisión de información en materia de prevención del blanqueo, sobre la base de experiencias previas con las fiscalías especiales que habían funcionado bien. No obstante, si me permite, diría que el campo de colaboración entre notarios y fiscales puede y debe abrirse muchísimo más, y de hecho me consta que hay otros terrenos en los que estamos trabajando con ese fin.

Igual que la Fiscalía, el Notariado ha experimentado en las últimas décadas una considerable ampliación y modernización de su ámbito de competencia y actividad, y al final coincidimos en la función de tutela del interés público en aspectos absolutamente relevantes para la seguridad jurídica y la protección de los derechos de las personas. Hay que seguir ampliando el marco de colaboración. Y, en este punto, déjeme destacar que la anterior directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, que ahora ha pasado a ser secretaria general del Ministerio de Justicia, y quien acaba de sustituirla en el cargo, Esther Pérez Jerez, son dos excelentes fiscales con una acreditada capacidad de gestión. Resultaría imperdonable no aprovechar esa circunstancia.

Marco fiscal para garantizar la reducción del déficit y la deuda

ÁMBITO EUROPEO

Marco fiscal para garantizar la reducción del déficit y la deuda

España ha finalizado la presidencia del Consejo de la Unión Europea sacando adelante in extremis uno de sus principales compromisos: alcanzar un acuerdo de los Veintisiete para reformar las reglas fiscales europeas. Su aplicación será efectiva en los presupuestos de 2025. Mientras, en 2024 los Estados miembros han vuelto a la senda del ajuste fiscal, tras más de tres años de suspensión por la pandemia y el inicio de la guerra en Ucrania.

La UE necesitaba poner al día su gobernanza económica para prevenir desequilibrios que pongan en riesgo su estabilidad.
ELVIRA ARROYO

En un contexto de altos niveles de endeudamiento y dificultades en materia de inversión, la UE necesitaba poner al día su gobernanza económica para prevenir desequilibrios que pongan en riesgo su estabilidad. Aunque no ha sido fácil, después de unas largas negociaciones, el Consejo Europeo, bajo la presidencia española, alcanzó en diciembre de 2023 un acuerdo para implantar unas reglas fiscales que garanticen la reducción gradual y sostenida del déficit y la deuda; una política económica contracíclica, y la protección de las inversiones.

El acuerdo será debatido antes de su entrada en vigor, prevista para 2024, y tendrá efectos en la planificación presupuestaria de 2025.

Claves

Los dirigentes europeos han definido un sistema más sencillo y transparente, con mejores normas de control para asegurar el crecimiento sostenible mediante reformas e inversiones sensatas.

Cada país presentará planes presupuestarios y estructurales a medio plazo, con una duración mínima de cuatro años (ampliables a siete), en los que detallarán cómo prevén hacer sus ajustes a partir de un único indicador operativo: el valor de referencia para el gasto. Su ejecución será objeto de un seguimiento más intenso para corregir cuanto antes los desequilibrios macroeconómicos.

 


SE MANTIENEN LOS VALORES DE REFERENCIA DEL 3 % DEL PIB PARA EL DÉFICIT Y DEL 60 % DEL PIB PARA LA DEUDA


 

Se mantienen los valores de referencia del 3 % del PIB para el déficit y del 60 % del PIB para la deuda. Si un país incumple el déficit del 3 %, se aplicará el procedimiento de déficit excesivo, que le obligará a hacer los ajustes necesarios hasta volver a estar dentro de los límites exigidos.

 


LAS NUEVAS NORMAS FISCALES MARCAN UNA VELOCIDAD DE AJUSTE DEL DÉFICIT DEL 0,4 % DEL PIB AL AÑO


 

Además, se han incorporado salvaguardas, con umbrales de referencia para todos los países, con el fin de conseguir una reducción media anual del 1 % de la deuda en los países con una deuda superior al 90 % del PIB, como España; y del 0,5 % en los países que estén entre 60 % y el 90 %. En cuanto al déficit, se marca una velocidad de ajuste del 0,4% del PIB al año, que podrá reducirse al 0,25 % en caso de extensión de los planes de 4 a 7 años.

Se contempla también un régimen transitorio hasta 2027, que suaviza el impacto de la subida de la carga de intereses, protegiendo la capacidad de inversión.

Políticas coordinadas

La reforma de las reglas fiscales adquiere especial importancia en un momento en el que las políticas monetaria y fiscal de la UE deben ir de la mano para que la economía funcione sin problemas. Esto a veces es complicado porque ambas son independientes.

El Banco Central Europeo (BCE) dirige la política monetaria única para los 19 países de la zona euro, mientras que la política fiscal está en manos de los gobiernos de cada país. Sin embargo, la estabilidad de los precios y el equilibrio económico son dos caras de la misma moneda.

Por ejemplo, en el actual contexto de inflación, las medidas fiscales de apoyo a la energía han ayudado a la contención de precios y a preservar el poder adquisitivo de la ciudadanía. Sin embargo, ahora, tanto la Comisión Europea como el BCE piden retirar dichas medidas para evitar un impulso de la demanda que agravaría las presiones inflacionarias.

Fin de la tregua

Aunque el nuevo marco fiscal tardará un año en aplicarse, la UE ya ha vuelto en enero de 2024 a la normalidad fiscal, tras desactivar la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se empezó a aplicar en marzo de 2020 por la pandemia y luego se mantuvo tras la invasión rusa de Ucrania, permitiendo a los Estados miembros desviarse temporalmente de los requisitos fiscales habituales.

España ya ha anunciado que en 2024 espera que su déficit público disminuya al 3% del PIB, con lo que volvería a estar dentro de los topes que exige Europa. Sin embargo, la ratio de deuda pública/PIB española seguirá muy por encima del límite del 60% del PIB que ponen las reglas europeas, a pesar de que se ha reducido en términos porcentuales. La previsión es que en 2024 siga bajando hasta el 106,3%, lo que supondría 14 puntos menos que en 2020.

 


ESPAÑA ESPERA QUE EN 2024 SU DÉFICIT PÚBLICO DISMINUYA AL 3 % DEL PIB, CON LO QUE VOLVERÍA A ESTAR DENTRO DE LOS TOPES QUE EXIGE EUROPA


 

Asimismo, el Ejecutivo español anticipa en 2024 un crecimiento del PIB del 2%, superior al de la media de la zona euro y espera que la tasa de paro se sitúe por debajo del 11%. En todo caso, recuerda que la evolución de la economía española en los próximos meses estará influida por dos factores internacionales relevantes: los conflictos geopolíticos y el impacto de la política monetaria contractiva del Banco Central Europeo. Los conflictos son en este momento el principal factor de riesgo por su potencial impacto sobre los mercados de energía y la actividad económica europea mundial.

Tras una rápida subida de los tipos de interés, la política monetaria está empezando a reducir la inflación, pero también ralentiza la demanda a nivel europeo.

Recomendaciones de la Comisión Europea a España para 2024

1. Retirar gradualmente las medidas de apoyo energético vigentes y destinar los recursos ahorrados a reducir el déficit público. En caso de que nuevos encarecimientos de la energía hicieran necesario aplicar medidas, estas deberían garantizar que se dirigen a los agentes más vulnerables con un coste fiscal contenido y que incentiven el ahorro energético.

2. Continuar con la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3. Reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Simplificar y digitalizar los procedimientos de autorización de energías renovables, aumentar la disponibilidad de vivienda social eficiente energéticamente, e incrementar las habilidades de la población activa para la transición verde.

Próximos pasos

Una vez alcanzado el acuerdo político para la reforma fiscal, empezarán los debates sobre el texto acordado en la fase de negociación interinstitucional.

Se completará el texto jurídico de conformidad con el acuerdo provisional. Una vez finalizado el texto, se presentará al Comité de Representantes Permanentes de los Estados miembros para su aprobación.

El acuerdo deberá ser adoptado formalmente por el Parlamento y el Consejo Europeo antes de publicarse en el Diario Oficial de la UE y entrar en vigor en 2024.

EUROPA OPINA

“Necesitamos normas fiscales adaptadas a los retos de esta década. Las nuevas normas contribuirán a reducir los elevados niveles de deuda pública de manera realista, gradual y sostenida. También mejorarán la responsabilización nacional sobre la base de normas comunes de la UE y reforzarán el control de su cumplimiento”. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

“El acuerdo sobre las reglas fiscales es una noticia importante y positiva; dará certidumbre a los mercados financieros y reforzará la confianza en las economías europeas”. Nadia Calviño, aún vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Empresa.

“La política fiscal debe ser realmente contracíclica, tanto para responder a shocks económicos adversos como para reconstruir las reservas una vez que la economía vuelva a la normalidad”. Fabio Panetta, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo.

«Justicia digital para la era digital», por Ana Gallego Torres

ÁMBITO EUROPEO

ANA GALLEGO TORRES,

directora general de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea.

“Es nuestro deber garantizar que la digitalización mejore nuestros sistemas judiciales de una manera que no socave la confianza pública en la tecnología"

Justicia digital para la era digital

Resulta ya un lugar común afirmar que vivimos en una era esencialmente digital. La pandemia puso aún más de relieve si cabe el papel crucial que desempeña la tecnología digital en nuestra vida diaria como consumidores o usuarios, como empresas o en las actividades comerciales, pero también de forma particular en el ámbito de la justicia. Como muestra el cuadro de indicadores de la justicia de la UE, los tribunales utilizan de forma abrumadora la tecnología digital para llevar a cabo su trabajo, aunque en distinto grado según los Estados miembros . Diversos factores pueden estar en el origen de estas diferencias, desde el grado de penetración de la tecnología, la formación de los operadores judiciales, hasta la existencia de un marco jurídico habilitante. En una Europa cada vez más transfronteriza, los ciudadanos y las empresas se desenvuelven con naturalidad en un entorno libre de fronteras, y se sirven de la tecnología digital para hacer realidad la ausencia de barreras entre los Estados miembros. Asimismo, las formas delictivas evolucionan y se adaptan rápidamente a estas nuevas circunstancias. Para poder responder a estos retos de manera eficaz, es esencial dotar a las autoridades judiciales de soluciones digitales modernas que les permitan operar en un entorno digital.

El papel de la digitalización va más allá de garantizar resiliencia institucional y gestión de crisis. La tecnología debe estar al servicio de la justicia y ayudar a mejorar los sistemas judiciales, de modo que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos. La digitalización aporta ante todo eficiencia a la hora de impartir justicia, ya que permite una comunicación más rápida y económica. A modo de ejemplo, una carta certificada puede tardar de 48 horas a 15 días en llegar de un Estado miembro a otro, con un coste de entre 3 y 5 € en franqueo, mientras que su envío por vía electrónica tarda segundos y el coste es prácticamente nulo, sin merma de las garantías en la seguridad de la transmisión. Las herramientas y tecnologías digitales también tienen el potencial de facilitar el acceso a la justicia, acelerar procedimientos judiciales, facilitar la cooperación, reforzar la asistencia mutua entre autoridades y aumentar la transparencia y eficiencia en la tramitación de casos. La digitalización también mejora la calidad de la justicia, ya que, acelerando tareas administrativas, los jueces pueden dedicarse plenamente a interpretar el Derecho y dictar sentencias, reduciendo la pendencia y propiciando un uso más eficiente de recursos valiosos y escasos.

No sorprende que la transformación digital del espacio de justicia sea una de las prioridades de la Comisión Europea y elemento clave en la agenda de la UE en los últimos años. La Comisión ya ha cumplido su objetivo principal de digitalizar todos los instrumentos de cooperación judicial transfronteriza, por ejemplo, adoptando normas sobre notificación y traslado de documentos y obtención de pruebas en asuntos civiles y mercantiles transfronterizos. La «norma de oro» de la UE para garantizarlo es una herramienta informática llamada e-CODEX, que permite a los sistemas nacionales de justicia informática comunicarse de forma segura. El comienzo de 2024 supone otro paso adelante en este ámbito, ya que las nuevas normas sobre digitalización de la justicia entran en vigor en enero. El Reglamento tiene por objeto mejorar la eficiencia y resiliencia de la comunicación transfronteriza entre autoridades que participan en la cooperación judicial mediante la introducción de un canal de comunicación digital seguro y fiable, obligatorio para todas las comunicaciones entre autoridades en procedimientos transfronterizos en materia civil y penal. Además, permitirá a particulares, empresas o sus representantes legales, presentar reclamaciones y comunicarse con las autoridades competentes por vía electrónica a través del denominado Punto de Acceso Electrónico Europeo, que se creará en el Portal Europeo de e-Justicia. También permitirá a las partes que se encuentren presentes en otro Estado miembro en el momento de una audiencia en asuntos transfronterizos civiles y penales, acceder a la audiencia por videoconferencia.

Esta panoplia de instrumentos sienta las bases para alcanzar nuestro objetivo de aquí a 2030 de modernizar la justicia transfronteriza e integrarla en la era digital, disponiendo de una comunicación «digital por defecto» entre las autoridades judiciales a finales de esta década.

Pero todavía queda mucho por hacer. Un ejemplo es la necesidad de modernizar los procesos judiciales mediante herramientas digitales para establecer normas comunes y plataformas fiables. Los órganos jurisdiccionales nacionales emplean programas para llevar a cabo videoconferencias que no están diseñados para las vistas judiciales, suscitando preocupación por la seguridad, privacidad e igualdad en su uso. Otro ejemplo es la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) y la capacitación de los jueces en el uso de herramientas digitales. Debe alentarse a los Estados miembros a poner a disposición de sus órganos jurisdiccionales las herramientas e instrumentos necesarios para la plena implantación de soluciones digitales en condiciones de seguridad jurídica y respeto de las garantías procesales. Para ello, la UE pone a disposición de los Estados miembros modos de financiación para herramientas de IA y otros proyectos de digitalización a través del programa Technical Support Instrument (TSI).

Otro reto a medio plazo será la necesidad de extender el principio de digital por defecto también a la cooperación judicial con terceros Estados, con el objeto de evitar la existencia de ángulos ciegos en la implantación de la tecnología al ámbito de la justicia. Para ello, seguimos con enorme interés iniciativas recientes de transmisión electrónica en áreas geográficas que resultan esenciales para la cooperación judicial, como es el caso del Tratado de Medellín adoptado en el contexto de IberRed.

Por otro lado, si bien la IA y otras tecnologías digitales pueden aportar beneficios significativos para una justicia eficaz, también entrañan una serie de riesgos que hemos de afrontar. La UE está firmemente a favor de la innovación, pero nunca en detrimento de la seguridad y los derechos fundamentales. Por consiguiente, la Comisión ha garantizado que todas las propuestas legislativas incluyan salvaguardias para proteger los derechos fundamentales. Si bien la IA puede ser una herramienta muy útil para liberar a los jueces y otros profesionales del Derecho de tareas repetitivas y que requieren mucho tiempo y, de este modo, aumentar la eficiencia de los sistemas judiciales, es igualmente importante garantizar que los ciudadanos no reciban un trato injusto como resultado de su uso o que los sesgos integrados en los sistemas de IA afecten a la calidad de nuestros sistemas judiciales. Por lo tanto, el enfoque europeo coordinado de la IA, junto con la futura Ley de IA, apoya la innovación a través de un marco jurídico claro que proporcione seguridad jurídica a las empresas emergentes, aproveche los beneficios de la IA y centre la regulación en los riesgos. El enfoque de la Ley de IA reforzará el potencial de Europa para competir a escala mundial.

Es nuestro deber garantizar que la digitalización mejore nuestros sistemas judiciales de una manera que no socave la confianza pública en la tecnología o incluso en nuestros propios sistemas judiciales. Para ello, la UE y los Estados miembros deben aunar esfuerzos en pro de este objetivo común, propiciando el uso eficiente de herramientas de financiación, instrumentos jurídicos y políticas activas de digitalización de la justicia, e involucrando a las autoridades judiciales en este cambio cultural. Sólo así se logrará que la transformación de la justicia en una justicia digital sea sistémica y duradera, capaz de acompañar los profundos cambios sociales asociados a la transición digital.

* EU Justice Scoreboard 2023, figure 42, page 34.

Certeza jurídica y tecnológica

ALDEA GLOBAL

Certeza jurídica y tecnológica

De izda. a dcha.: Rafael Hoyuela, María Luisa Pacheco, Enrique Gil Botero, María Paz Martínez García, Alberto Martínez Lacambra, José Luis Fernández, Carlos López Blanco, José Ángel Martínez Sanchiz, Adolfo Castilla, Alfonso Cavallé, Ramón Casilda y Andrés Pedreño.

La importancia de generar confianza y disminuir los riesgos, que ha de ir de la mano con el profundo proceso de transformación social que trae consigo la digitalización, así como la defensa de los valores y principios de la justicia y los derechos de las personas, fueron los temas clave en torno a los que se articuló la VI Jornada sobre la Seguridad Jurídica de las Inversiones en Latinoamérica, celebrada en la sede del Consejo General del Notariado, bajo el título Tecnología, Cooperación y Derechos Humanos.

ALEJANDRO MOYA BLAY

En la inauguración, el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, destacó la trascendencia de este foro para tratar la seguridad jurídica desde diferentes ángulos, puesto que “no es única y exclusivamente una exigencia de la economía; es también necesaria para el desarrollo de la libertad y la justicia». Desde la perspectiva notarial, añadió, “es un tema especialmente relevante, y que nos concierne, en la medida en que los notarios contribuimos a esa seguridad jurídica en muchos aspectos, como la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”. Le acompañaron en la apertura el director de la jornada, Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias y delegado del CGN para América; y el coordinador y moderador de las mesas de debate, Ramón Casilda, analista y consultor de economía y negocios iberoamericanos.

 


EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y DIGITAL ES NECESARIO TENER PRESENTES LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS Y LOS VALORES DE JUSTICIA, LIBERTAD, IGUALDAD Y SEGURIDAD


 

Economía y Derecho

El presidente de la Academia Notarial Americana, Carlos Enrique Becerra, participó por vía telemática en la inauguración y subrayó “la importancia de la seguridad jurídica preventiva, en la que tienen una gran participación los notarios”. Intervino también por videoconferencia el presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado (UINL), Homero López Obando, quien hizo alusión a la necesidad de “reflexionar sobre la estrecha relación de la economía y el derecho teniendo en cuenta la justicia y la ética, valores fundamentales del ser humano”.

El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, fue el encargado de realizar la conferencia de apertura, con una intervención en vídeo en la que valoró la relevancia de la jornada, puesto que “la certeza jurídica es trascendental para aumentar los flujos de inversión en Latinoamérica porque permite generar confianza, fomentar la innovación y disminuir los riesgos y los costes de transacción”.

La primera mesa redonda de la sesión profundizó en los retos que plantea la integración de la inteligencia artificial (IA) para la seguridad jurídica. El ex rector y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante, Andrés Pedreño, abordó la necesidad de encontrar soluciones jurídicas, computacionales y educacionales a los riesgos que plantea el uso de esta tecnología: “Debemos controlar estos sistemas; no podemos dejar en manos de la inteligencia artificial las decisiones que interfieren con los derechos humanos”.

Por su parte, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Cantabria y de la Autónoma de Madrid, Adolfo Castilla, se mostró optimista sobre el desarrollo económico a través de la aplicación de la IA y apuntó que “la digitalización pasa por transformar totalmente las empresas; no solo basta con la automatización, sino que procesos y sistemas tienen que estar interconectados”.

Economía del dato

En cuanto a la seguridad digital y la sociedad de la información, el abogado del Estado y presidente de la Fundación ESYS, Carlos López Blanco, manifestó que “los datos son la esencia de este proceso de profundo cambio social que afecta a la economía y -por supuesto- al derecho”. “El reto es construir un modelo de digitalización que respete los principios de la sociedad abierta y democrática, que legitime la función principal del derecho: proveer de confianza”, añadió.

 


LOS PARTICIPANTES EN ESTE FORO DESTACARON LA DIGITALIZACIÓN DEL NOTARIADO Y SU IMPORTANTE PAPEL EN LA SOCIEDAD CIVIL


 

Alberto Martínez Lacambra, director general del centro tecnológico del Notariado (Ancert), destacó la avanzada digitalización del Notariado español, “ejemplar en el uso de la tecnología, con un modelo que garantiza la seguridad jurídica y tecnológica”. Martínez Lacambra ofreció también algunos datos de actualidad sobre los protocolos electrónicos generados por los notarios españoles, tras la entrada en vigor de la Ley 11/2023: “del 9 al 23 de noviembre se han generado más de 150.000 protocolos notariales online y se han depositado 500.000 documentos en la Sede Electrónica Notarial”.

El catedrático de Ética de la Universidad Pontificia de Comillas, José Luis Fernández, aportó una visión más filosófica en el ámbito de la responsabilidad civil: “Tenemos la oportunidad de repensar nuestros valores para poner en el centro a la persona, su dignidad y sus derechos. La sociedad civil debe tener voz a través de sus cauces, entre los cuales el Notariado tiene gran importancia”.

Cooperación y digitalización

En el tercer coloquio de la jornada, el ejecutivo principal del CAF-Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, Rafael Hoyuela, avaló el “desarrollo de marcos regulatorios que permitan fomentar la inversión y la economía de los países de Iberoamérica” y señaló que nos encontramos ante “una gran oportunidad para reforzar nuestros lazos, cerrar las brechas digitales e impulsar los proyectos de colaboración público-privada”.

 


LA PRIMERA MESA REDONDA DE LA SESIÓN PROFUNDIZÓ EN LOS RETOS QUE PLANTEA LA INTEGRACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA SEGURIDAD JURÍDICA


 

En la misma línea, por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la jefa de la Unidad de Apoyo de la Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe, M.ª Paz Martínez García, habló sobre la cohesión social y la gobernanza como aspectos en los que “la utilización de la tecnología puede contribuir para mejorar los procesos y servicios, por ejemplo, en el ámbito de la justicia fiscal, la transparencia o la rendición de cuentas”.

Circulación segura de documentos

El director de la jornada, Alfonso Cavallé, intervino en la cuarta y última mesa para exponer el proyecto IberFides, “una iniciativa del Notariado español que va a facilitar el acceso a la justicia de ciudadanos y empresas, con garantía absoluta de seguridad jurídica y tecnológica en la circulación electrónica de documentos notariales entre países iberoamericanos”.

En defensa también de los valores, la ética y los principios de la justicia, el secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib), Enrique Gil Botero, abordó la importancia en los sistemas democráticos de las instituciones judiciales y la necesidad de garantizar la independencia y la imparcialidad del poder judicial: “Los problemas de nuestras democracias empiezan y terminan por un sistema judicial débil y poco independiente”.

Finalmente, el presidente del CGN, José Ángel Martínez Sanchiz, clausuró el acto expresando su agradecimiento a los participantes y a la comunidad iberoamericana, destacando que “compartimos valores comunes con los países latinoamericanos, que incluyen el diálogo para delimitar cómo debemos adaptarnos a un nuevo entorno digital”.

De izquierda a derecha: Alfonso Cavallé, José Ángel Martínez Sanchiz y Ramón Casilda durante la inauguración.

Para saber más

América Latina y la seguridad jurídica. Real Instituto Elcano

Economía y Finanzas. ECOFIN

SEJIB. Secretaria General Iberoamericana. Un organismo internacional al servicio de los 22 países de Iberoamérica

ESCRITURA PÚBLICA. Medidas para superar la crisis en Iberoamérica. 

La presión normativa y fiscal del empresario

ENTRE MAGNITUDES

La presión normativa y fiscal del empresario

Hiperregulación legislativa, maraña normativa o abundancia regulatoria. Esas son solo algunas de las expresiones utilizadas por los expertos para describir la pléyade de leyes vigentes en España. Un fenómeno que afecta, especialmente, al funcionamiento y la competitividad de pymes y autónomos.

Gestores administrativos y la CEOE demandan más seguridad jurídica y menos cotizaciones.

FERNANDO GEIJO,

En este marco de reflexión, el pasado 12 de diciembre se celebró la jornada ¿Cómo afecta la presión normativa, económica, fiscal y laboral a las empresas? Una visión sobre el futuro de nuestros negocios, impulsada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España (CGCGAE), con la colaboración de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en la que, además de los presidentes de ambas instituciones, intervinieron en la mesa de debate, moderada por la jefa de empresas del diario Cinco Días, Raquel Díaz Guijarro, varios expertos pertenecientes a la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y a la propia CEOE, entre otros.

 


FERNANDO SANTIAGO OLLERO (CGCGAE): «DESDE 1979 A 2022 SE HAN APROBADO EN NUESTRO PAÍS 414.272 LEYES DE TODO TIPO»


 

En la misma se analizó la situación normativa en España y su influencia en el desarrollo de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas y de los trabajadores por cuenta propia, así como la problemática en torno a la realidad fiscal y laboral en nuestro país. Asimismo, y para arrojar luz a la situación, se presentaron los datos del último barómetro de opinión elaborado por el CGCGAE, que indican que el 69% de los gestores administrativos piensan que los negocios están ahora peor que antes de la pandemia, mientras que el 23% indicó que igual y sólo el 8% eligió la opción: mejor en la actualidad.

Inseguridad vs. certeza

Entre los invitados al acto en el auditorio de la CEOE, Francisco Vidal, director de economía y política sectorial de CEPYME, consideró en el transcurso de su intervención que “la cantidad y calidad normativa está generando mucha inseguridad a las empresas en España”, puesto que “cuando la norma no te permite cuantificar tus retornos”, desde su punto de vista, “inviertes menos”. Asimismo, aseguró que “muchas veces se piden imposibles a las empresas” y, en esta misma línea argumental, afirmó que “la fragmentación del mercado, y la normativa en materia de gobernanza y medioambiente” deben ser abordadas en los próximos años de cara a eliminar obstáculos y aportar certeza a los empresarios. Finalizó su intervención solicitando a la Administración que “genere confianza con sus actos” posibilitando “un escenario de certidumbre sobre los retornos” empresariales.

Por su parte, el economista Javier Santacruz incidió en la necesidad de contar con “una regulación más estable y predecible”, sobre todo a tenor de la fotografía económica actual, calificada por este experto como de “estanflación”. Es decir, “de bajo crecimiento con inflación”, generada a su juicio “como consecuencia de demasiados años de acceso al dinero gratis”, lo que, a la larga, “perjudica el crecimiento económico”.

Gregorio Izquierdo, director de economía de CEOE, fue más explícito al asegurar que “la creación de un clima favorable para las compañías es un asunto clave en España”, máxime si tenemos en cuenta que “ni la inversión ni las ventas de las empresas han recuperado todavía niveles precovid”. Todo ello conduce a un ambiente negativo en el que la falta de inversión hace que “las empresas no puedan crecer” y, por tanto, “crear empleo”. Lo que, en última instancia explicaría, en su opinión, “el diferencial de nuestro país con el resto de la Unión Europea en términos de productividad”.

 


ANTONIO GARAMENDI (CEOE): «LA ECONOMÍA SUMERGIDA TODAVÍA SE ESTIMA EN ESPAÑA EN TORNO AL 24 % DEL PIB»


 

Líderes en regulación

Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), recalcó las “enormes diferencias” que se observan en materia de digitalización entre la propia Administración y los trabajadores por cuenta propia. Un colectivo que, en su opinión, se encuentra en una “situación de marginación y de quiebra continua”, tras enfrentar la crisis financiera, la pandemia sanitaria y el aumento de la inflación como consecuencia, entre otros motivos, de los actuales conflictos bélicos. En definitiva, inmerso en unas condiciones de trabajo en las que “se han disparado los costes como consecuencia del exceso de regulación, ya que cada vez que se aprueba una nueva norma es necesario contar con profesionales que ayuden al proceso de adaptación a la misma, lo que se conoce como coste de transición”.

 


FRANCISCO VIDAL (CEPYME): «LA CANTIDAD Y CALIDAD NORMATIVA ESTÁ GENERANDO MUCHA INSEGURIDAD A LAS EMPRESAS EN ESPAÑA»


 

Esta especie de círculo vicioso genera un panorama de negocios donde “sólo las empresas más grandes”, con músculo para afrontar con garantías estos procesos de adaptación a la nueva ordenación, “son capaces de sobrevivir” en una “Europa que es líder en regulación, frente al liderazgo en tecnología de China y EE.UU.”, concluyó Ferrero.

Javier Santacruz destacó también en su intervención el desfase que, en ocasiones, existe entre la situación de la Administración Pública y los autónomos, al demandar que la primera “tiene que cumplir con las normas que pymes y autónomos antes que ellos”, por ejemplo, en asuntos como la “eficiencia energética o la presencialidad”, al tiempo que consideró que la reducción de la brecha económica que nos separa de Europa no es debida tanto a “la mejora doméstica sino al empeoramiento de otras economías”, como la alemana.

 


CELIA FERRERO (ATA): «SE HAN DISPARADO LOS COSTES COMO CONSECUENCIA DEL EXCESO
DE REGULACIÓN»


 

Santacruz se preguntó también cuál es el coste del cumplimiento normativo para las empresas en un entorno con un “crecimiento estancado”, que “sólo sirve para sobrevivir” a muchos profesionales y pequeñas empresas, donde se están “perdiendo horas trabajadas”, lo que no implica “subidas de productividad”.

A lo anterior habría que añadir, en palabras de Francisco Vidal, el denominado “coste en horas de trabajo” que, sin embargo, en su opinión no se vería aliviado por la derogación de las normas anteriores a la entrada en vigor de la nueva, sino que conviven en una suerte de sumatorio de cargas administrativas.

 


JAVIER SANTACRUZ (ECONOMISTA): «NECESITAMOS UNA REGULACIÓN MÁS ESTABLE Y PREDECIBLE»


 

Cuando más puede ser menos

Celia Ferrero, de ATA, reflexionó sobre el inminente incremento del SMI al razonar que su aumento “puede ir en negativo”, al tener que pagar más impuestos derivados de lo anterior. En esta misma línea insistió en que “para subir los salarios, la empresa necesita obtener beneficios y crear así empleo de calidad. Mientras que, si la Administración se ‘come’ el margen de beneficio, tenemos un problema”.

Por otra parte, arguyó que “los regímenes sancionadores son cada vez más exigentes y caros”, además de señalar que “la Administración no se aplica la regulación que exige a las empresas privadas”, ya que, en su opinión, “no se puede inundar a las empresas de normativas y cargas que la propia Administración no cumple”.

La jornada fue clausurada por el presidente del CGCGAE y del Colegio de Madrid, Fernando Santiago Ollero, quien remarcó el exceso de burocracia a la que están sometidos las pymes y autónomos. Así, reveló que, desde el retorno de la democracia hasta los inicios de la presente década (1979-2022), “se han aprobado en nuestro país un total de 414.272 leyes de todo tipo por parte de todas las Administraciones Públicas”, según se recoge en el informe del Banco de España, Los efectos económicos sectoriales de la complejidad normativa: datos de España. Esa cantidad supone, a razón de aproximadamente 220 días hábiles, nada menos que “9.634 leyes al año”, o lo que según sus propios cálculos sería: “una ley cada diez minutos”. A esta cantidad habría que añadir las alrededor de 3.000, 12 de media por día laborable, que promulgan cada ejercicio las instituciones europeas.

 


GREGORIO IZQUIERDO (CEOE): «LA CREACIÓN DE UN CLIMA FAVORABLE PARA LAS COMPAÑÍAS ES UN ASUNTO CLAVE EN ESPAÑA»


 

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, defendió en su discurso final la importancia del diálogo social para resolver temas complejos y se refirió también, entre otros asuntos, a la necesidad de calcular la presión fiscal sobre los contribuyentes y no, como hasta ahora, sobre todos los ciudadanos, al hilo de lo cual recordó que la economía sumergida todavía se estima en España en torno al 24% del PIB, según los últimos datos publicados por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), el think tank de la CECA.

Un vistazo a los vecinos

  • La presión fiscal en España, tras aumentar 8 puntos porcentuales desde 2009, se sitúa en el 38% del PIB, frente al 41% de media ponderada de la Unión Europea (27) y al 42% de los países que integran la zona euro.
  • La presión fiscal máxima la ostenta Francia (48%) y la mínima Irlanda, por debajo del 22%.
  • Si tomamos la media aritmética, que diluye el efecto arrastre de Alemania, Francia e Italia, economías que aglutinan el 55% del PIB de la UE, la presión fiscal media en Europa estaría algo por encima del 37%, o sea, un punto por debajo de la española.

 

¿Mayor o menor presión fiscal?

  • Las diferencias fiscales entre España y la media ponderada europea se centran en la imposición recaudatoria sobre el trabajo, sobre todo, y el consumo, y no sobre los impuestos aplicados al capital.

  • El IRPF en España (8,8%) se sitúa un punto porcentual (p.p.) por debajo de la media registrada en el resto de Europa.
  • En relación con las cotizaciones a la Seguridad Social, el peso de las mismas en España está 0,4 p.p. por encima de la media de la UE (27), pero 0,5 p.p. por debajo en comparación con los países integrados en el euro.
  • La principal diferencia entre nuestro sistema fiscal y el del resto de Europa se encuentra en la distribución de la carga fiscal repartida entre empresarios y trabajadores que, en el primer caso, se sitúa entre 2 y 2,5 p.p. por encima de la media, mientras que en el segundo está entre 2,2 y 2,5 p.p. por debajo.
  • En conclusión, las cotizaciones sociales son uno de los principales costes de las empresas a la hora de contratar empleados.

Ojo al dato

Informe La regulación sectorial en España. Resultados cuantitativos, 2022, Documentos de Trabajo número 2202. Juan S. Mora-Sanguinetti e Isabel Soler. Banco de España.

Informe La presión fiscal en España y en la UE, Apuntes 2023/19, noviembre de 2023. Miguel Ángel García Díaz (URJC y Fedea).

Competitividad fiscal 2022. Colección Informes, enero de 2023. Instituto de Estudios Económicos (IEE).

«Imprescindible reducción del déficit público», por David Cano

ENTRE MAGNITUDES

DAVID CANO MARTÍNEZ,

socio de Analistas Financieros Internacionales

"Sería estupendo que aumentara la recaudación manteniendo las tasas impositivas vía mayor crecimiento del PIB. Pero esto es más bien un deseo o una ilusión"

Imprescindible reducción del déficit público

El balance del desempeño de las economías desarrolladas en las últimas dos décadas es decepcionante, al menos si lo medimos mediante el PIB. Esto segundo no es un debate baladí, ya que no está claro que este agregado macroeconómico recoja bien las mejoras en nuestro “día a día” (longevidad, salud, tecnología, …) y que incluya los logros que se deberían considerar a la hora de valorar el grado de avance de una economía (seguridad, igualdad de oportunidades, no discriminación, felicidad, …). Pero dejemos para otro momento ese planteamiento, que tiene claros tintes filosóficos y antropológicos (ver La crisis del capitalismo democrático, de Martin Wolf, Deusto, página 273), y aceptemos el PIB como indicador para medir el grado de desarrollo económico. Aun así, falta realizar una matización adicional: tener en cuenta el crecimiento de la población. Porque cuando medimos el PIB per cápita la decepción es aún mayor, al constatarse un avance muy pobre (prácticamente nulo). Las razones de este resultado las encontramos en las diversas crisis sufridas en los últimos años, con la financiera de 2008 y el Covid de 2020 como máximos exponentes.

El pobre desempeño económico ha tenido una clara implicación: un aumento del nivel de endeudamiento público. Porque los Estados han reaccionado durante estos años aumentado el gasto público. Ello, junto con la caída de la recaudación, ha implicado un fuerte aumento del déficit público y, lo que es más relevante, durante demasiados años seguidos. Tras dos décadas de aumento de la ratio de deuda pública sobre el PIB, muy lejos queda la cota del 60%, cuya superación, según el consenso, activaría una crisis (por más que Bélgica, Italia y Japón presentaran ratios de deuda pública de 2, 3 y 4 veces esa cifra ya a inicios del siglo XXI).

Y es posible que hubiera sido así si los bancos centrales no hubieran creado dinero (base monetaria) para adquirir los bonos emitidos por los Estados (la denominada “expansión cuantitativa”). Podemos citar el caso de las primas por riesgo de la periferia de la zona euro en verano de 2012 y el famoso whatever it takes de Mario Draghi como máximo exponente.

Acabamos de exponer alguno de los debates mantenidos por los economistas en los últimos años: ¿Ha sido acertada la acción de los Estados al aplicar “recetas keynesianas”? ¿Ha sido correcta la aparición en escena de los bancos centrales monetizando todo ese déficit público? Los monetaristas recuperan lo explicado por Milton Friedman en la década de los setenta y vinculan el estallido de la inflación entre finales de 2021 y finales de 2023 (un 15% acumulado) a esa expansión cuantitativa y advierten de que, en los próximos años, la inflación será más alta de lo normal. Tal vez por ello, o porque no se ha producido un escenario tan malo para el crecimiento económico en los últimos tres años (aunque hemos señalado al principio la decepción, conviene recordar los peores augurios que se manejaban en primavera de 2020), desde junio de 2022 los bancos centrales están reduciendo el tamaño de sus carteras de deuda pública. Y lo hacen mediante la no reinversión de los bonos que vencen. El proceso está en marcha y serán necesarios, a este ritmo, del orden de 10 años para compensar todo el aumento de la base monetaria. Parece tiempo suficiente, pero conviene advertir que, sin un “comprador de última instancia” de deuda pública como lo han sido los bancos centrales, los gobiernos tendrán más difícil emitir bonos (es decir, tendrán que pagar más tipo de interés). Ya solo por eso deberían plantearse una senda de reducción del déficit público mucho más agresiva que la que han presentado hasta ahora. Esto no es debatible. Con una deuda pública por encima del 100% y unos intereses de la deuda que pueden suponer entre el 3% y el 5% del PIB, parece imprescindible contar con un superávit primario (es decir, el que no tiene en cuenta el pago por intereses). Sé que es todo un reto desde el lado de los gastos si consideramos el proceso de longevidad y, sobre todo, envejecimiento que se va a intensificar en los próximos años. Pero es que, además, la descarbonización y la apuesta por la sostenibilidad que estamos implantando en la zona euro va a implicar un aumento del gasto público, por más que la iniciativa privada vaya a financiar parte en forma de préstamos y de inversión.

Y no olvidemos el necesario gasto en defensa que se tendrá que materializar ante la evidencia de que los riesgos militares persisten y que, también en esto, en la zona euro presentamos claras deficiencias en capacidad defensiva y de ataque. Es difícil compatibilizar el objetivo de reducción del déficit público con una mayor carga de intereses (tanto por superior nivel de deuda como por tipos de interés más elevados), con un mayor gasto militar, con partidas crecientes destinadas a las personas mayores y con “nuevos” recursos como los que va a demandar la transición hacia una economía sostenible. Parece más bien imposible si no se alteran las fuentes de ingresos. Sería estupendo que aumentara la recaudación manteniendo las tasas impositivas vía mayor crecimiento del PIB. Pero esto es más bien un deseo o una ilusión, a juzgar por lo observado con el PIB estos últimos años. Resulta imprescindible aumentar los impuestos, en especial los vinculados a los rendimientos del capital, a los beneficios empresariales, a las rentas del trabajo más altas y al patrimonio. Sé que no es nada agradable el diagnóstico, pero ante la elevada deuda pública es la única vía para poder financiar el aumento de gasto que viene por delante.

La moda de la segunda mano

CONSUMO

La moda de la segunda mano

Algunas estadísticas sostienen que suelen ser más mujeres que hombres las que venden y compran productos de segunda mano.

La campaña de esta Navidad ha confirmado que los consumidores apuestan por los artículos de segunda mano también para regalar. Diversos estudios recogen que hasta un 80 % de los compradores se plantearon optar por artículos usados y que muchos de ellos lo hicieron por razones medioambientales.
MARIÁN LEZAÚN

Ropa, accesorios, aparatos electrónicos, teléfonos y material deportivo son los productos más vendidos en el mercado de segunda mano. El comercio online y las plataformas digitales han disparado un negocio que crece de la mano de la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

De hecho, es ese mayor compromiso el que tira de un comercio que incluye también vehículos de todo tipo, libros, muebles, alimentos y cualquier producto que pueda tener una segunda vida. Más allá de buscar gangas o de ahorrar en la compra de determinados artículos como ocurría en sus inicios, el mercado de segunda mano impulsa ahora el consumo sostenible. Gracias a que se alarga la vida útil de esos productos y se evita la fabricación de otros nuevos, la segunda mano permite un consumo más responsable y en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsados por la Organización de las Naciones Unidas para el año 2030. Por eso, no es de extrañar que las previsiones de comercio contemplen que el comercio de ropa reutilizada se duplicará de aquí a 2027, pasando de los 30.000 millones de euros de facturación anual a los 70.000 millones, según datos de la consultora Global Data.

Miles de productos

Y aunque la moda tira del negocio, las posibilidades afectan a miles de productos. Aprovechando esa tendencia, el pasado mes de noviembre, la plataforma de intercambio Wallapop montaba un escaparate abarrotado de artículos de plástico en la madrileña plaza de Callao, con el objetivo de concienciar a los consumidores del impacto medioambiental de nuestras decisiones comerciales. De esa manera, los responsables de la empresa proponían a los viandantes unas compras navideñas basadas en la sostenibilidad, el reciclaje y la posibilidad de alargar la vida útil de los productos. Porque, según esta plataforma, las motivaciones que nos llevan a comprar productos usados son cada vez más respetuosas con el medio ambiente y debemos aprovechar esta oportunidad. Montañas de ropa que no utilizamos, electrodomésticos que ya no encajan en nuestras casas o miles de complementos que cumplieron su función no pueden desecharse sin más. Por eso, desde la empresa destacan que “entre las motivaciones que han influido en la compra de regalos navideños reutilizados, destaca la posibilidad de encontrar bienes únicos a los que dar una segunda vida (un 38 %), mientras que el ahorro de dinero ha perdido importancia. La sostenibilidad comienza así a perfilarse como una motivación decisiva si tenemos en cuenta que en el último año uno de cada tres españoles ha tenido en cuenta este factor. De entre ellos, las mujeres son las que más sensibilidad presentan hacia esta realidad.

 


ROPA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRÓNICOS,
TELÉFONOS Y MATERIAL DEPORTIVO SON LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS EN EL MERCADO DE SEGUNDA MANO


 

Los más reticentes a la compra de segunda mano señalan la falta de garantía, pero desde las organizaciones de consumidores reconocen que también en este mercado existen garantías comerciales que incluso se pueden pactar entre las partes. Así, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los productos comprados en tiendas de segunda mano tienen un año de garantía, salvo que se pacte un plazo inferior con los responsables. En el comercio online, el vendedor debe proporcionar un documento que la incluya, y en una compraventa entre particulares, se recomienda solicitar la factura de compra para contar con la garantía de origen.

Fiscalidad

Otro de los inconvenientes que apuntan los expertos podría ser la fiscalidad de estas operaciones cuando las ventas se realizan entre particulares. A partir del 1 de enero de 2024 la situación va a cambiar. La Directiva 2021/514, más conocida como la norma DAC7, obligará a las plataformas de compraventa de segunda mano como Wallapop, Vinted o E-bay a recopilar, verificar y comunicar a Hacienda los datos de los vendedores que superen determinados umbrales: más de 2.000 euros o treinta operaciones. Los vendedores tendrán que tributar por las ganancias obtenidas por la venta de esos artículos. Es decir, si la diferencia entre el precio original y el de venta es de 200 euros, será ese monto el que haya que declarar a Hacienda.

El perfil de los compradores de las tiendas de segunda mano no es exacto: el mercado cada vez es más amplio y su compra está casi completamente normalizada en toda la población. Sin embargo, algunas estadísticas sostienen que suelen ser más mujeres que hombres las que venden y compran productos de segunda mano. No obstante, entre la población más joven apenas existen diferencias. Los expertos señalan que, además de la sostenibilidad, la tendencia recoge también en este mercado valores como la nostalgia, la búsqueda de artículos de otra época (ropa, muebles, etc.), así como los principios de la economía colaborativa.

Menos contaminación

Según la Organización Mundial del Comercio, el 8 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y casi el 20 % de las aguas residuales del mundo provienen del sector de la moda. Con estos datos, la Comisión Europea ha desarrollado un Plan de Acción para la Economía Circular que afectaría a esta industria, tanto en el detrimento de prácticas como el fast fashion como en el apoyo de la segunda vida de la ropa. “Todas las marcas de moda deberían incorporar la circularidad e invertir más en innovación”, explica Nuria Neira, experta en consultoría de marketing y retail para marcas emergentes de moda y belleza. Esa innovación incluye los canales de venta, así como la recuperación de las prendas. En ese sentido, grandes operadores, como Inditex y H&M y también las plataformas de venta como Zalando, Asos, Amazon, etc., incluyen ya sus propias tiendas de segunda mano. Un negocio aún incipiente, pero que demuestra cuál es la tendencia.

El origen de las tiendas de moda reutilizable

Los negocios de venta de productos de segunda mano tienen su origen en Estados Unidos en la década de los años cincuenta. Según recoge la historiadora americana Jennifer Le Zotte, todo empezó con la famosa serie de televisión Davy Crockett: King of the Wild Frontier y el gorro de castor que llevaba el protagonista. Ese gorro se convirtió en objeto de deseo para miles de niños y la emprendedora Sue Salzman se dedicó a recuperar todas las prendas desechadas de décadas anteriores y que estaban elaboradas con la codiciada piel. Esos abrigos que Salzman compraba en tiendas para personas sin recursos o en el propio ejército se vendían después a los grandes almacenes que les daban una segunda vida, en forma del ansiado gorro. A partir de ahí, las tiendas de segunda mano cobraron un impulso enorme que nos llevan al desarrollo de las plataformas actuales. En el Reino Unido, tiene hasta sus rutas turísticas. Los mercadillos de Candem, Portobello, Whitechapel y otros son el exponente de una tendencia más que arraigada en la sociedad británica. En España, sin embargo, este tipo de comercios es mucho más reciente y hasta los años noventa era prácticamente una anécdota. Aquí, las tiendas de segunda mano empezaron con un trasfondo más social y estaban dirigidas a los compradores más humildes.

Para saber más

Amazon: La plataforma de comercio online ha realizado un estudio sobre la tendencia de los españoles respecto a las compras de segundo mano y qué tipo de productos son los más buscados.

Wallapop: La comunidad de intercambios comerciales ha desarrollado una campaña para concienciar del impacto que tiene consumir productos reutilizados.

Statista: La plataforma global de datos de inteligencia empresarial dispone de informes actualizados sobre cuáles son los artículos de segunda mano más vendidos, cuáles son las tendencias y cómo evolucionan los diferentes mercados en este sector.

«Segunda mano como herramienta de cambio en nuestro modelo de consumo», por Ana Etchenique

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ANA ETCHENIQUE CALVO,

Presidenta de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU

"Hay que fomentar los mercados de segunda mano y los espacios de trueque, eliminando por ejemplo el IVA en estos productos"

Segunda mano como herramienta de cambio en nuestro modelo de consumo

Hay un consenso generalizado sobre la necesidad de terminar con el actual modelo de economía lineal, basado en la lógica del comprar, usar y tirar. Nuestra sociedad, el medio ambiente y la economía se ven muy afectados por la forma en que diseñamos, fabricamos, consumimos y desechamos los productos. Si nos fijamos en los datos, cada año nuestro modelo de producción y consumo genera toneladas de residuos con fuertes impactos para el medio ambiente: 57,4 millones de toneladas de basura electrónica y 92 millones de toneladas de textiles.

Como marca la ONU a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la evolución hacia modelos de producción y consumo circulares que tengan como objetivo el respeto a los límites del planeta y los derechos fundamentales de las personas es una necesidad urgente. No debemos olvidar que en un sistema económico globalizado donde la producción está deslocalizada, la extracción de las materias primas y la manufactura de estos productos se concentran en países del llamado Sur Global. Estos proyectos implican la vulneración de los derechos humanos, laborales y ambientales de personas y comunidades. El modelo de sobreproducción y sobreconsumo implica unos ritmos de producción muy acelerados y un derrumbe de precios a lo largo de la cadena de valor, condiciones que los productores en estos países trasladan a los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente.

En respuesta a esos retos, la Unión Europea y los Estados miembros han incorporado en sus planes la transición hacía una economía circular en la que reorientar el diseño, la producción y el consumo de los productos hacia enfoques más sostenibles. Mejorando la circularidad de los productos desde su diseño hasta el fin de su vida útil, garantizando que puedan reusarse y no sean desechados, podremos contribuir a reforzar la sostenibilidad en su sentido más amplio.

Pero es además una demanda clara por parte de las personas consumidoras. Según una encuesta de 2021 (Global Sustainability Study), el 85 % de los consumidores a nivel global afirman haber cambiado su comportamiento de compra para ser más sostenible, siendo España el tercer país más concienciado. Resulta razonable que, cuando la crisis social y ambiental se muestra cada vez de manera más evidente, las personas consumidoras se planteen hacer cambios en sus modos de vida y hábitos de consumo para acompañar la transición ecológica.

¿Pero cómo reinventamos nuestra manera de producir y consumir? La clave sería apostar por empezar utilizando mejor los recursos y previniendo el desperdicio desde la fase de diseño y producción. Las personas consumidoras estamos dispuestas a tener un consumo más sostenible, pero desde la industria y la Administración tienen que trabajar para hacerlo lo más fácil posible. Necesitamos especialmente que los productos ecológicos estén al alcance de las más vulnerables y no se conviertan en un bien solo apto para las rentas más altas.

Tenemos que cerrar también los ciclos de flujos de recursos recuperando y reparando tanto como sea posible. Creando nuevos modelos de propiedad que prioricen los bienes comunales. Potenciando la economía social y solidaria para construir sistemas de reutilización y reparación de productos. Garantizando las condiciones dignas y el cumplimiento de los derechos humanos para todas las personas.

Y aquí entra en juego la compra de productos de segunda mano, como una oportunidad para reducir la demanda de recursos naturales, reducir la generación de residuos, apoyar la economía local y solidaria y, en la mayoría de las ocasiones, ahorrar dinero.

En nuestro país hay cada vez más interés por los productos de segunda mano. En una encuesta realizada por CECU y la Universidad de Salamanca en 2022 sobre sus actitudes ante la reparación y reutilización de productos, un 34,5 % de los encuestados afirmaban comprar objetos de segunda mano. A la vez, en una encuesta que hemos realizado en 2023 junto con Simple Lógica, cuatro de cada diez ciudadanos/as han comprado alguna vez ropa de segunda mano (41,1 %) y el 22,2 % no pero sí lo harían, porcentajes que agregados representan al 63,3 % de la población. Quienes realizan este tipo de compra lo hacen principalmente en tiendas de segunda mano (50,7 %), mercadillos (37,7 %) y aplicaciones, redes sociales o internet (25,4 %).

Sin embargo, en nuestro país no contamos con una tradición desde las instituciones de reforzar los circuitos de segunda mano. Por ello es necesario impulsar un cambio cultural en este sentido, a través de campañas de sensibilización y regulando la publicidad que incita al sobreconsumo incurriendo en afirmaciones dudosas sobre sus impactos ambientales y sociales, como es el caso del lavado verde. Garantizar el acceso a la información real y limitar la publicidad que genera necesidades ficticias, son pasos complementarios para que las personas consumidoras puedan poner en valor las auténticas necesidades y encuentren en la segunda mano la opción preferente para resolverlas.

Necesitamos apoyar el sector de recuperadores de la economía social y eliminar algunas de las barreras que las personas consumidoras tienen cuando se plantean dirigir su consumo hacia el mercado de segunda mano. La recuperación y reparación para el mercado de segunda mano podría beneficiarse de incentivos fiscales, de ayudas para la gestión administrativa de aquellas cooperativas que comienzan, del acceso a espacios públicos donde exponer sus prendas o realizar las labores de recuperación y reparación.

Desde CECU creemos que, si queremos cumplir el objetivo 12 de los ODS y promover un modelo de producción y consumo sostenible, hay que fomentar los mercados de segunda mano y los espacios de trueque, eliminando por ejemplo el IVA en estos productos, apoyando iniciativas sociales y cooperativas a través de incentivos fiscales, y poniendo a disposición espacios públicos para generar mercadillos y encuentros de trueque de forma gratuita.

Los derechos del consumidor ‘online’

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR ‘ONLINE’

Las compras online han dejado de ser un canal alternativo y son ya la primera opción de muchos consumidores. Una vez superado el temor a posibles problemas de seguridad en los pagos o en las condiciones de devolución, los compradores eligen el comercio online por la comodidad que representa y también porque permite comparar cientos de productos sin moverse de casa, favoreciendo el ahorro de dinero, de tiempo y también la toma de decisiones.

MARIÁN LEZAÚN
Los productos nuevos cuentan, con independencia del canal de compra utilizado, con un plazo de garantía de tres años.

Por eso, no es de extrañar que, solo en nuestro país, las ventas online hayan crecido un 22 % en 2023, según la consultora Salesforce, que sitúa a España a la cabeza de Europa, donde las ventas han aumentado un 9 % de media.

Canales preferidos

A pesar de las condiciones del mercado, de la inflación y del entorno internacional, los pronósticos indican que las ventas online seguirán creciendo a lo largo de este año. La firma Insider Intelligence estima un crecimiento del 10,4 % respecto al último ejercicio y que representen el 20,8 % del total de las ventas del comercio minorista. El buen funcionamiento de las plataformas de comercio electrónico y de las pasarelas de pago, la reducción en los tiempos de entrega y las garantías adicionales que se añaden al comercio online hacen que se haya perdido el reparo respecto a comprar por internet cualquier tipo de producto. Apenas el sector de la belleza, el bienestar y la salud se mantiene fiel a los establecimientos físicos. Además, los expertos señalan que ya es el móvil el canal preferido para realizar los pedidos, aunque también el soporte con la mayor tasa de abandono de “carritos”. Si en España la tasa de abandono de las compras es del 80 %, en las realizadas desde el móvil la cifra alcanza al 88 %. Por eso las compras se planifican desde el teléfono, pero se ejecutan desde el ordenador.

Respecto a dónde se realizan las compras, la situación ha cambiado y las aplicaciones ganan adeptos. Las ventas a través de aplicaciones representan un 16 % del total en España, mientras que las que se llevan a cabo en las redes sociales alcanzan el 12 %, unas cifras aún inferiores a las que se registran en las páginas web (32 %) o las que se realizan activamente en una tienda física (40 %), según un informe elaborado por Adyen, en el que se detalla el gran potencial de crecimiento de estos canales, según Portaltic.

 


EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS, LA REDUCCIÓN EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA Y LAS GARANTÍAS HACEN QUE SE HAYA PERDIDO EL REPARO A COMPRAR POR INTERNET


 

Devoluciones

¿Y qué pasa si me arrepiento después de comprar un producto? ¿Qué debo hacer si no tengo un establecimiento cerca al que pueda acudir? El procedimiento es el mismo que en el comercio tradicional. Según explican en la OCU, el cliente dispone de 14 días naturales para desistir de la compra sin motivo alguno, pero debe comunicarlo al vendedor de manera formal. De esta manera, el producto se debe devolver en los 14 días siguientes desde el momento en que se comunica esa decisión. Salvo que esté defectuoso o hayan cometido un error, es el consumidor final el que corre con el coste de devolución. El vendedor, por su parte, deberá reembolsar el importe de la compra y los gastos de envío originales. Hay excepciones en el caso de las mercancías que no se pueden devolver como también ocurre en el comercio tradicional. Es el caso, por ejemplo, de los productos que están personalizados, los perecederos, los bienes precintados y otros objetos de los que podrían derivarse problemas de higiene, como la ropa interior. Además, si el vendedor no informa de este derecho en su página web de manera clara y accesible, el plazo para ejercer este derecho se amplía de esos 14 días a 12 meses.

¿Y cómo se aplican las garantías en el comercio online? De la misma forma que ocurre con los artículos comprados en un establecimiento físico, los productos que se vendan por internet están sujetos al régimen legal. En este sentido, los productos nuevos cuentan, con independencia del canal de compra utilizado, con un plazo de garantía de tres años desde la entrega, que se reduce a dos años en el caso de contenidos o servicios digitales. En los productos de segunda mano, las partes pueden pactar un plazo menor, que no podrá ser inferior a un año desde su entrega.

Si el producto comprado por internet no responde a lo contratado, la persona consumidora puede optar entre exigir la reparación o la sustitución, que serán gratuitas y deberán ser llevadas a cabo en plazo razonable. Dicha gratuidad comprenderá los gastos necesarios para subsanar la falta de conformidad, especialmente los gastos de envío, así como los relacionados con la mano de obra y los materiales, según se recoge en la página web del Ministerio de Consumo. En este sentido, la legislación contempla también mejoras en la disponibilidad de piezas de recambio. Los cambios que introduce la Directiva Europea (UE) 2019/771 de 20 de mayo de 2019 sobre la disponibilidad de recambios es clara. Para todos los productos comprados a partir del 1 de enero de 2022, se exige la existencia de piezas de reparación y un servicio técnico adecuado que garantice hasta 10 años a partir de la fecha en la que el producto deje de fabricarse.

Los clientes no se la juegan

Los consumidores online son igual de exigentes o más que aquellos que compran en establecimientos comerciales tradicionales. Para ellos lo más importante es el servicio. Además, valoran otros aspectos que no se tienen tanto en cuenta en las tiendas físicas. Lo primero que buscan es una respuesta rápida de la página y encontrar los productos sin demasiados rodeos. Según diversos estudios, un tiempo de respuesta por encima de los tres segundos hace que el 80 % de los usuarios abandone la web antes de tiempo. Los consumidores online valoran también la seguridad y la usabilidad de las páginas. Es decir, que la navegación sea sencilla, intuitiva y que la información necesaria esté disponible.

El móvil es el canal preferido para realizar los pedidos, aunque también el soporte con la mayor tasa de abandono de «carritos».

La Inteligencia Artificial se cuela en el carro de la compra

El uso de la AI en el comercio electrónico ha sido una de las grandes bazas de 2023. Independientemente de los beneficios que la inteligencia artificial representa para las plataformas de comercio online y para las marcas, ya que les permite agilizar la atención al cliente, personalizar ofertas o incluso diseñar productos a medida, los consumidores también empiezan a sacarle partido. Aplicaciones como ChatGPT permiten comparar productos, buscar alternativas y sobre todo ahorrar tiempo. Según la consultora SalesForce, el número de pedidos motivados por una recomendación de un producto a través de IA aumentó un 6 % interanual. Por otro lado, los esfuerzos en fidelización que realizan las empresas también tienen su impacto. El porcentaje de pedidos que corresponde a compradores habituales fue el año pasado de un 43 %, según recoge la consultora.

Para saber más:

Ministerio de Consumo: Los derechos del consumidor online avanzan en todo el mundo. Por eso, desde la web del Ministerio se recopila toda la información que afecta a estas compras. Además, pone a disposición de los ciudadanos una guía para que las compras en internet sean seguras y sin sobresaltos.

OCU: En la web de la Organización de Consumidores y Usuarios disponen de una guía para saber cómo reclamar ante un posible fraude en una compra online y en la que se detallan los derechos a los que pueden acogerse los compradores.

Newtral: La publicación recoge en un reportaje qué debe saber cualquier consumidor antes de realizar una compra online.

Portaltic: La web de tecnología de Europa Press publica un informe en el que recoge las tendencias de las ventas online.