Avanzando en los derechos de las personas con discapacidad

Bajo el hashtag #sujetosyNOobjetos se emitía el primero de los dos webinars: Gran reforma del Derecho Civil desde la perspectiva de las personas mayores. Alberto Durán, vicepresidente de la Fundación ONCE y Ángel Rodríguez Castedo, presidente de la plataforma de mayores y pensionistas, inauguraban este foro. Federico Cabello de Alba, notario y director del área social de Aequitas, intervino en el panel de debate junto a otros especialistas en la protección jurídica de este colectivo, como María José Segarra, fiscal de Sala Coordinadora para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores del Tribunal Supremo.

Desjudicialización. Cabello de Alba expuso cómo la nueva normativa sobre discapacidad -que entró en vigor a primeros de septiembre- ha modificado las medidas legales de apoyo al colectivo de mayores: «Tradicionalmente, la regulación de la capacidad de las personas se hacía por vía de una resolución judicial, que privaba de derechos. Hoy la legislación asume el principio de asistir y apoyar. El punto de gravedad normativo deriva en una necesaria desjudicialización, lo que no significa indefensión».

«Ahora -proseguía el notario- se amplía el elenco de posibilidades de protección jurídica de las personas mayores, de una manera más ventajosa para su dignidad. Por vía notarial, cada individuo puede establecer su propio sistema de asistencia y apoyos para todos los actos de su devenir vital. Ya no cabe limitarse a los modelos establecidos en el Código Civil, sino que se puede definir un ‘traje a medida’, con arreglo a cada situación. La actuación del notario permite adecuar el contenido del negocio jurídico a la voluntad de las personas; siempre velando por su seguridad y dotando de una necesaria comprensión. Esta atención personalizada se extiende a cualquier negocio o acto de trascendencia jurídica -de una compraventa de un inmueble a un testamento- que se desarrolle en una notaría».

Por último, el representante de Aequitas puso de manifiesto la importancia de realizar documentos de voluntades anticipadas sin esperar a llegar a la vejez: «Hay patologías que tienen una mayor prevalencia en edad avanzada, por lo que interesa adoptar esas medidas preventivas para anticiparse a una situación en la que se va a necesitar apoyo».

Por su parte, el seminario Gran reforma del Derecho Civil desde la perspectiva de los operadores jurídicos, fue inaugurado por Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la ONCE y Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía. En la mesa redonda posterior -moderada por Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Alianzas de la Fundación ONCE- participó Almudena Castro-Girona, directora de Aequitas, junto a diversos juristas relacionados con el mundo de la discapacidad.

Para Castro-Girona, los operadores jurídicos deben afrontar la nueva normativa sobre discapacidad «con creatividad». Según la notaria, «no hay un elenco o lista de apoyos, sino que están en la realidad social. El notario y todos los operadores jurídicos debemos dar forma jurídica a cada situación; a veces el apoyo es un familiar, en otras ocasiones será un mecanismo. La alianza entre los operadores y la coordinación entre el mundo social y el jurídico será fundamental a la hora de implantar la reforma legislativa. Los operadores debemos tomarnos tiempo para dotar de seguridad jurídica a cada caso; el proceso de adaptación debe ser serio».

Desde Aequitas se está llevando a cabo una importante labor de información entre las personas con discapacidad y sus familiares para dar a conocer la Ley 8/2021 (por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica). «Hacemos hincapié en la importancia de conocer los derechos que afectan a las personas con discapacidad; hay que tener en cuenta que esta norma es desconocida, de momento. Hemos publicado recientemente una guía sobre el impacto de la reforma en el Derecho Civil -en colaboración con la Fundación ONCE y el CERMI- que puede resultar de enorme utilidad, no sólo para los implicados, sino también para jueces, notarios, fiscales o abogados», señaló.

Por último, la notaria resaltó la crucial importancia de dotar de medios a todos los operadores: “Existe una obligación de disponer de la necesaria accesibilidad para cualquier tipo de discapacidad; ello implica contar con medios, ya sean pictogramas, sistemas alternativos de comunicación o intérpretes de lenguas de señas. No debemos cuestionar ninguna herramienta de comunicación si permite la inmediación entre el notario o el operador jurídico y las personas con discapacidad».