CON SELLO PERSONAL

Pilar Llop,

ministra de Justicia y notaria mayor del reino

«El Ministerio de Justicia participa decididamente en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria"

María Pilar Llop Cuenca se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Es políglota, juez desde 1999 y magistrada desde 2004. La actual ministra ha sido titular del Juzgado de Violencia de Género número 5 de Madrid y letrada del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial, donde asumió la jefatura del Observatorio de violencia doméstica y de género. También ha trabajado en la Dirección General de Cooperación Internacional de la Comisión Europea y ha asesorado a diversas instituciones jurídicas latinoamericanas. Desde las filas del PSOE ha sido diputada en la Asamblea de Madrid, senadora por designación autonómica, delegada del Gobierno para la Violencia de Género y presidenta del Senado.

CARLOS CAPA

Estimada ministra: ¿Cómo están siendo estos primeros meses al frente del Ministerio de Justicia?

Estos primeros meses están siendo muy intensos. Las competencias que tiene atribuidas el Ministerio de Justicia son claves para que el Estado de Derecho pueda funcionar correctamente.

Al comienzo de la legislatura se puso en marcha en el Ministerio el Plan Justicia 2030. Se trata de un plan de trabajo ambicioso, cuyo objetivo es transformar el Servicio Público de Justicia para hacerlo más accesible, eficiente y contribuir al esfuerzo común de cohesión y sostenibilidad.

Justicia 2030 es un plan a diez años que estamos desarrollando en cogobernanza, que impulsa el Estado de Derecho y el acceso a la Justicia como palancas de la transformación del país.

Una transformación de este tipo requiere tiempo y una implantación programada que no afecte a su funcionamiento habitual, ya que incide en uno de los pilares del Estado de Derecho. Por la duración de este plan, que es necesaria, va a ser desarrollado por distintos equipos de gobierno, por lo que sus bases son el diálogo, la transparencia y la cogobernanza.

La meta es que en diciembre de 2030 se hayan ejecutado todos los proyectos, que los indicadores de ejecución estén en los parámetros esperados y las nuevas políticas públicas formen parte estructural del Servicio Público de Justicia.

Recientemente tuvo sus primeras comparecencias parlamentarias en las que desgranó su agenda para el ramo. ¿Cuáles son sus prioridades legislativas?

Las cuatro grandes prioridades que se ha marcado el conjunto del Gobierno y, por tanto, también mi Ministerio, son: la transformación digital, la transición ecológica, y la cohesión social y territorial.

Actualmente, desde el Ministerio de Justicia estamos impulsando normas que nos permitan avanzar en estos objetivos, como son las tres leyes de eficiencia (la Ley de Eficiencia Digital, la Ley de Eficiencia Organizativa y la Ley de Eficiencia Procesal) que estoy segura de que mejorarán sustancialmente el rendimiento de nuestro sistema de Justicia.

Con la Ley de Eficiencia Procesal se dotará de mayor agilidad, calidad y sostenibilidad a la prestación del servicio público de Justicia y situará a la ciudadanía como eje central del sistema.  Solo de este modo, el sector Justicia podrá cumplir el papel de motor de recuperación económica que está llamado a desempeñar.

Con la Ley de Eficiencia Organizativa se posibilitará la transformación organizativa del servicio público de Justicia, mediante la implantación de 431 Tribunales de Instancia, uno por partido judicial, y de las oficinas judiciales que les den soporte.

Y, por último, con la Ley de Eficiencia Digital, daremos lugar a un nuevo marco legal para la tramitación electrónica de procedimientos judiciales, abordando aspectos básicos como la firma digital, los juicios telemáticos, el expediente judicial electrónico o el intercambio de datos en la Administración de Justicia.

¿Cómo ha sido primera toma de contacto con los operadores jurídicos?

Horizontalidad significa solidaridad territorial y lealtad institucional, impulsando todos los mecanismos de diálogo territorial. Por eso, los encuentros con los operadores jurídicos ocupan un lugar destacado en mi agenda; son una parte fundamental del Plan, para el que contamos con la cooperación del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía.

Solo así podemos hacer frente a los retos más inaplazables, que como ha señalado el presidente del Gobierno son la transformación digital, la transición ecológica, la igualdad entre mujeres y hombres y la cohesión social y territorial.

Los contactos con los operadores jurídicos fueron muy interesantes y me agradó comprobar la sensibilidad de los operadores respecto a las personas para las que prestan sus servicios, especialmente los colectivos más vulnerables; así como la determinación por adaptarse a la transformación tecnológica que estamos viviendo. En todos los casos he percibido una determinación de avanzar para que el servicio público de Justicia sea verdaderamente ágil y efectivo.

De magistrada con una dilatada carrera profesional, a diputada de la Asamblea de Madrid, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, presidenta del Senado y titular de Justicia… ¿Cuál es su techo?

Desde que empecé a trabajar como jueza de instrucción en 2001, hasta hoy, he dado lo mejor de mí misma en todos los puestos y cargos que he desempeñado.

El tiempo dirá qué responsabilidades me corresponde asumir en el futuro. En cualquier caso, las ejerceré como siempre he hecho: con esfuerzo, dedicación y entrega. Allá donde esté lucharé por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y por conseguir una sociedad más cohesionada y justa.

La jurisdicción voluntaria y la resolución extrajudicial de conflictos se presentan como un importante remedio contra la saturación en juzgados y tribunales. ¿Piensa impulsarla desde su departamento? ¿Cree que el notariado puede contribuir aún más en esta dirección?

Estoy segura de ello. Con el desarrollo normativo de los Métodos Adecuados de Resolución de Controversias se dotará de mayor agilidad, calidad y sostenibilidad a la prestación del servicio público de Justicia y situará a la ciudadanía como eje central del sistema.

Solo de este modo, el sector Justicia podrá cumplir el papel de motor de recuperación económica que está llamado a desempeñar.

Se regulan específicamente determinados MASC (mediación, conciliación, oferta confidencial vinculante, dictamen de experto independiente) si bien se incluye una fórmula abierta que permite acudir a cualquier tipo de actividad negocial a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe. Es, por lo tanto, una regulación muy abierta donde los notarios, al igual que otros colectivos del sector jurídico, tienen cabida.

Hablando de los notarios… ¿Cómo valora su papel en funciones sociales como la protección jurídica de los menores, de las personas más vulnerables e incluso de la prevención de delitos como el blanqueo de capitales? En estos momentos también están ayudando a los afectados por el volcán de La Palma.

La función de las notarias y los notarios, en tanto que funcionarias y funcionarios públicos, debe estar al servicio de la sociedad. Su colaboración, dotando de seguridad jurídica a decisiones tan importantes en la vida de las personas como la protección de los menores y de las personas más vulnerables, adquiere gran relevancia social, ya que coadyuva a encontrar la solución jurídica más adecuada a determinadas necesidades que se plantean en el seno de las familias.

Es igualmente importantísima la colaboración del Notariado con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, la máxima autoridad española en la lucha contra el lavado de dinero, así como con las autoridades administrativas, policiales y judiciales. De esta manera, el Notariado ofrece una ayuda valiosísima al Estado para luchar contra el blanqueo de capitales y la lucha contra el terrorismo. Es un magnífico ejemplo de cooperación institucional.

Por otra parte, creo que la ayuda que está ofreciendo el Notariado español a las personas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma honra a esta institución y pone de relevancia su interés por prestar un servicio que redunde en beneficio de la ciudadanía.

El notariado está a la vanguardia de la digitalización. Recientemente han abierto el Portal Notarial del Ciudadano desde donde se prestan una serie de servicios online. ¿Cree que estos servicios podrán irse ampliando en el futuro?

Sin duda. Nos encontramos, como es notorio, en un momento de transformación digital no solo en nuestro país sino en el conjunto de la Unión Europea. Dicha transformación constituye un eje fundamental del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno y de los Fondos asociados al mismo.

De esta manera nos encontramos en una fase inicial que, como decía, debe desarrollarse en los próximos años. En ese sentido, y en referencia a las leyes de eficiencia, debo destacar en relación con la pregunta, el papel que para ello tendrá la futura Ley de Eficiencia Procesal, cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros y Ministras el pasado 19 de octubre.

Su trayectoria personal, profesional y política siempre ha estado ligada a la lucha por la igualdad. “El feminismo tiene que ser un valor transversal en la Administración de Justicia” dijo recientemente en la Comisión de Justicia del Congreso. ¿Cuánto queda por hacer para alcanzar la igualdad real?

La igualdad es un elemento básico e imprescindible en la configuración y desarrollo del servicio público de Justicia y en la acción del Ministerio de Justicia. Por eso, incorporamos la perspectiva de género en el trabajo que estamos desarrollando en el Ministerio en actuaciones como la formación en igualdad entre mujeres y hombres y en perspectiva de género; la sensibilización y concienciación del personal de la Administración de Justicia en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género; el desarrollo de planes de igualdad y la elaboración de protocolos de prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo.

De este modo, el Ministerio de Justicia participa decididamente en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria que debe combatir los estereotipos de género que están en la base de la desigualdad entre mujeres y hombres, con miras a reducir la brecha salarial y a promover un ejercicio corresponsable de los cuidados para avanzar en el empoderamiento de las mujeres y su plena participación en todos los puestos, incluidos los de mayor responsabilidad y, por tanto, mejor remuneración.

Es usted una conocedora de primera mano de la terrible lacra de la Violencia de Género. A pesar de todas las medidas adoptadas para combatirla es una realidad contumaz en su presencia en la sociedad. ¿Qué más se puede hacer?

La violencia de género constituye, sin lugar a dudas y pese a los intentos de algunas personas por negarla, la más clara manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres, que se sustenta en el sexismo. Por eso, todas las personas, mujeres y hombres, y todas las instituciones debemos combatirla para modificar los estereotipos y prejuicios de género que están en la base de comportamientos y acciones sexistas.

El feminismo es un eje transversal en la actuación del Ministerio de Justicia, firmemente comprometido con el cumplimiento y desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que representa el compromiso político para que todos los poderes públicos desarrollemos acciones para lograr la igualdad como base de la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Numerosas medidas del Pacto afectan a este Ministerio que trabaja en su desarrollo para que, mediante la sensibilización y formación en perspectiva de género de todos los operadores jurídicos, la mejora de la tutela penal de la violencia de género en todas sus manifestaciones y de la asistencia a sus víctimas y a sus hijos e hijas, construyamos una sociedad libre de violencia contra la mitad de la población.

“Justicia 2030 es un plan que impulsa el Estado de Derecho y el acceso a la Justicia como palancas de la transformación del país”

Huella digital

Pilar Llop cuenta con una detallada entrada biográfica, incluidos numerosos enlaces externos en Wikipedia.

El portal de transparencia del Gobierno también le dedica una entrada en la que se recoge su currículo y trayectoria profesional.

En la red social Twitter mantiene un perfil abierto @pilar_llop con cerca de 12.000 seguidores.

“Allá donde esté lucharé por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y por conseguir una sociedad más cohesionada y justa”