«La Ley 8/2021 es un estandarte a nivel mundial de la aplicación del artículo 12 de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad. Su aplicación puede generar problemas evidentes, dadas las dificultades que implica un cambio de paradigma tan grande como el que ha producido; por ello, es fundamental que los operadores jurídicos nos formemos y nos dediquemos, no sólo a fomentar su aplicación, sino, en lo posible, a tratar de mejorarla en su implantación práctica», explica José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de la Fundación Æquitas del Consejo General del Notariado y autor del libro La autonomía de las personas con discapacidad. Reflexiones en torno a la Ley 8/2021.

«Esta norma -prosigue Martínez Sanchiz- atribuye a los notarios una responsabilidad como apoyo institucional de las personas con discapacidad; en este sentido, tenemos que buscar fórmulas que se adecúen en cada caso, haciendo ‘trajes a medida’ de cada necesidad. Las familias han quedado muy concernidas con la Ley y vienen a las notarías con preocupación; podemos ayudarles mostrando cómo hay soluciones que pueden perfectamente disipar sus dudas y ayudar a que resulten eficaces los propósitos familiares adecuándolos a las soluciones legales».

“LA NORMA ATRIBUYE A LOS NOTARIOS UNA RESPONSABILIDAD COMO APOYO INSTITUCIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, EXPLICA MARTÍNEZ SANCHIZ

El papel de la Alianza. Para Gregorio Saravia, delegado de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU del CERMI Estatal, la norma ha supuesto «un cambio muy significativo y valioso en cuanto a la consideración de las personas con discapacidad como sujetos de derecho con reconocida capacidad jurídica para obrar de manera autónoma con los apoyos que precisen. La Alianza está llamada a jugar un papel de vigilancia y colaboración para que sea exigible la disposición de todos los medios técnicos y humanos que faciliten un correcto despliegue de la Ley 8/2021. En muchos más casos de los que nos gustaría, las propias personas con discapacidad, sus familias o, incluso, las entidades que las representan, no conocen aún con claridad los alcances de la ley y los efectos que la misma está llamada a producir».

Por su parte, Agustín Matía, director general de Down España destaca que «el balance de la Ley 8/2021 es positivo: muchas sentencias y resoluciones de incapacitación se han revisado y se han puesto en marcha grupos de trabajo y propuestas de modificación de leyes y reglamentos afectados. Destacamos tres avances: la incorporación de la explicación, diálogo y papel directo de la persona con discapacidad en los procedimientos para evitar así los automatismos que impedían protagonismo a las personas con síndrome de Down; el papel central del colectivo del notariado -como consejero y orientador a la familia y a la participación de la persona con discapacidad-; y el hecho de limitar la supervisión y tutela judicial a las situaciones más límite o de mayor dependencia».

Por los mismos derechos. Paloma Rodrigo Gutiérrez de la Cámara, responsable de defensa de derechos de Autismo España, manifiesta que «con la entrada en vigor de la reforma se ha dado un paso más en el reconocimiento pleno de los derechos para las personas con discapacidad en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, su ejercicio se está viendo limitado por otras normas o interpretaciones de la misma, que hacen que este reconocimiento no sea plenamente real y efectivo. “Desde la Alianza Apoyo y Autonomía debemos impulsar una implantación real de esta reforma, asegurando los apoyos que sean necesarios y para quienes sean necesarios, y una interpretación correcta de las diferentes normas que hoy día están limitando o restringiendo los derechos de las personas con discapacidad, como pueden ser las normativas de ámbito tributario o de la seguridad social”, concluye.

Por último, Gema González, coordinadora jurídica de la Fundación para el apoyo de las personas con daño cerebral sobrevenido de Castilla-La Mancha (FUNDACE CLM) y representante de la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE), indica que la Alianza «puede ser fundamental en cuanto a la consolidación del cambio para las personas con discapacidad, que supone un gran reto a nivel jurídico y social. Hay que hacer un esfuerzo importante en el ajuste y adaptaciones de los procedimientos, puesto que la persona con discapacidad ha de comprender el alcance de lo que se le propone. Nos parece importante que la Alianza pueda promover actuaciones encaminadas a la formación sobre este cambio de paradigma, para que realmente la Ley se aplique en toda su extensión y no suponga un mero cambio de terminología en las resoluciones».