Entrevista a Tontxu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia

EN ESTE PAÍS

Tontxu Rodríguez:

SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA

“La reforma de la legislación concursal va a resultar muy positiva para el tejido empresarial»

El pasado diciembre Antonio Julián (Tontxu) Rodríguez, abogado desde 1987, tomó posesión del cargo de secretario de Estado de Justicia.
Senador en las cuatro últimas legislaturas por designación del Parlamento Vasco, también fue alcalde del Ayuntamiento de Barakaldo (2003-2013).
Quien le ha acompañado en su vida pública le considera un hombre cercano y campechano, además de un especialista en la justicia volcado en mantener un estrecho contacto con los operadores jurídicos.

CARLOS CAPA,

En estos pocos meses a cargo de la Secretaría de Estado de Justicia, ¿ha podido ya fijar las prioridades de las responsabilidades puestas a su cargo?

Desde mi llegada nuestra misión es generar en la ciudadanía el sentimiento de que la Administración de Justicia es, ante todo, un servicio público, como lo son (y deben seguir siéndolo) la sanidad, la educación o la atención a la dependencia.

Todo con el máximo respeto al paradigma de la gobernanza multinivel, así como a que la justicia es una herramienta para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres; la justicia y sus políticas públicas deben estar informadas e inspiradas en el feminismo.
En este contexto, los tres objetivos fundamentales que pretende lograr esta Secretaría de Estado son:

  • Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y la configuración de la justicia como un servicio público orientado al bienestar en derechos.
    •Mejorar las condiciones profesionales y laborales de todas las personas que trabajan en el sector de la justicia.
  • Contribuir desde el ámbito de la justicia a la transformación del país, haciendo lo posible para lograr una sociedad más democrática, igualitaria y cohesionada a nivel social y territorial.

Accede al poder ejecutivo después de más de 30 años de responsabilidades en otros ámbitos, como la Administración municipal o el poder legislativo. ¿Cómo afronta este cambio?

Es muy diferente ser alcalde de una ciudad como Barakaldo (Vizcaya) con más de 100.000 habitantes, con los problemas más cercanos a los ciudadanos, a estar en la Cámara Alta donde estás “haciendo” leyes que mejoran la calidad de vida de todos los ciudadanos, y ahora me ha tocado estar en el Ejecutivo gestionando la justicia como servicio público. Un cambio radical, que ha sido una decisión personal y a propuesta de la Ministra de Justicia, Pilar Llop.

Un honor tener presentes asuntos que preocupan a todos los ciudadanos, porque sin justicia no hay estado social y democrático.

Desde su condición de abogado ejerciente en el sector privado durante años, es conocedor de primera línea del día a día de la justicia. ¿En qué estado cree que se encuentra? ¿Responde su funcionamiento a las necesidades de la sociedad?

Se está avanzando en la mejora de la justicia, entendida no como una mera respuesta que ofrece el ordenamiento jurídico, desde una actitud lateral, sino que debemos pasar a verla como un poder público empeñado en la igualdad y en la supresión de todas las trabas que la sociedad encuentre en ese camino, porque lamentablemente aún quedan.

Por ello, nos hallamos ante un cambio de cultura política donde estamos configurando, desde la política pública de justicia, una esfera legal de todas las personas, como un servicio público digno de la sociedad democrática avanzada.

 

El pasado 4 de marzo representó a España en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea donde se manifestó en la dirección de impulsar una iniciativa común que contribuya a combatir la incitación y los delitos de odio. ¿Podría hablarnos de esta propuesta?

Efectivamente, en la reunión del Consejo de Ministros de Justicia del pasado 4 de marzo debatimos la propuesta presentada por la Comisión Europea de incorporar al catálogo de los denominados “eurodelitos”- aquellos para los que podría adoptarse una regulación común a nivel UE- el de la incitación al odio y los delitos de odio. Como no podía ser de otra forma, España comparte la necesidad de esta iniciativa y creemos que su adopción queda plenamente justificada al objeto de permitir una respuesta penal más eficaz a estos delitos, así como una mejor y más completa protección de las víctimas de los mismos. No debemos olvidar que los delitos de odio y de incitación al odio tienen un marcado carácter transnacional y ha adquirido un extraordinario auge en todos los países de la UE. Es por ello que, para luchar de manera más eficaz contra este fenómeno, resulta necesario impulsar una acción común de la UE que, respetando el derecho a la libertad de expresión, contribuya a evitar la impunidad de la incitación al odio y los delitos de odio, tanto en su dimensión en línea como fuera de ella.

El proyecto de Ley Concursal, que debe transponer una directiva comunitaria, está generando un intenso debate entre los operadores jurídicos y los expertos fiscales, sobre todo en lo referente a las pymes y a la regulación de la segunda oportunidad. ¿Será una solución eficiente para la supervivencia del tejido empresarial en una situación tan extraordinaria como la que vivimos?

Sin duda, la reforma de la legislación concursal va a resultar muy positiva para el conjunto del tejido empresarial.

La reforma introducirá los planes de reestructuración, un instrumento preconcursal para evitar la insolvencia, o superarla, incentivando una reestructuración más temprana, y por tanto con mayores probabilidades de éxito, contribuyendo a la descongestión de los juzgados y, de este modo, a una mayor eficacia del concurso.

A su vez, la ley reformará el procedimiento concursal para incrementar su eficiencia, introduciendo múltiples modificaciones procedimentales dirigidas a agilizar el procedimiento, facilitar la aprobación de un convenio cuando la empresa sea viable y una liquidación rápida cuando no lo sea.

Por último, la ley configura un procedimiento de segunda oportunidad más eficaz, ampliando la relación de deudas exonerables e introduciendo la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un plan de pagos, permitiendo así que éste conserve su vivienda habitual y sus activos empresariales.

Su vida política ha estado siempre vinculada al País Vasco. A más de diez años de la disolución de ETA, ¿cree que la normalidad ha vuelto a la política vasca y por ende a la española?

Tras 10 años del cese definitivo de la lucha armada de ETA, en Euskadi se vive en una situación de paz extraordinaria, y yo creo que se mezcla la generosidad y el recuerdo. Es el momento de los consensos, de los acuerdos, pero desde la memoria. Vivimos una nueva etapa; un nuevo tiempo para Euskadi y también para España. Hay que compartir lo que supuso el terrorismo de ETA, pero celebrar la convivencia plena entre vascos y con el resto de España.

Las víctimas conformaron la infantería de la democracia a pie de calle. Hay que recordar a todas las víctimas, porque nunca ha habido una razón para aniquilar al diferente. Medio siglo de terror ha dejado mucha sangre y muchos recuerdos. En Euskadi vivimos un nuevo tiempo y ahora toca reconocer a las víctimas de ETA; es una obligación y un deber moral y cívico, para poder ser una sociedad digna. Democracia sin rencor sí, pero con sentido de historia; somos una sociedad sin terrorismo, pero con memoria.

La Violencia de Género está enquistada en la sociedad sin que parezca que las medidas tomadas sean todo lo eficaces que deseamos. ¿Es necesario replantearse algo?

Sin duda debemos seguir trabajando para erradicar o reducir la violencia que sufren las mujeres, pero no comparto la idea de que las medidas adoptadas a partir de 2004 con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, hayan sido ineficaces. Cada día hay muchos recursos puestos a disposición de las mujeres que sufren violencia para conseguir que salgan de ella y, de hecho, muchas lo hacen. Uno de los mayores logros, junto al de la protección de las mujeres, ha sido el de crear una conciencia social de rechazo hacia cualquier tipo de violencia que pueda sufrir una mujer a manos de su pareja, convirtiéndose esa violencia, que hasta entonces permanecía en la esfera de lo privado o de lo estrictamente familiar, en un problema de orden público, que nos concierne a todos como ciudadanos de un país que se dignifica rechazando que una mujer esté sometida al dominio de un hombre.

En un escenario tan complejo como el que vivimos marcado por elementos como la pandemia o la guerra de Ucrania, la seguridad jurídica, elemento consustancial a la función notarial, es más que nunca un valor fundamental para la recuperación. ¿Cómo valora el trabajo que realiza el notariado español?

El Notariado español es un colectivo pionero y muy activo en el proceso de implantación de la administración electrónica. En momentos como los que estamos viviendo esta capacidad de evolución resulta fundamental para seguir cumpliendo su función de garantes de la seguridad jurídica en el tráfico jurídico extrajudicial, adaptándose a las necesidades de la sociedad actual. En esta línea, la futura Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia profundizará en la digitalización del servicio prestado por los notarios con la regulación del protocolo electrónico, previéndose que los instrumentos incorporados al mismo se considerarán originales, dado que las matrices electrónicas serán un espejo de las matrices físicas. Del mismo modo, la Ley de Eficiencia Digital, sin desnaturalizar la función notarial, prevé también la posibilidad de realizar determinadas actuaciones notariales mediante videoconferencia.

Recientes estudios cifran que la lentitud de la Justicia bloquea más 11.000 millones de euros en los tribunales. ¿El impulso de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en la que los notarios juegan un relevante papel, debe contribuir a aliviar esta congestión?

El anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia, que en breve se remitirá nuevamente al Consejo de Ministros para iniciar su trámite parlamentario, pretende, efectivamente, impulsar los medios adecuados de solución de controversias, de forma alternativa a la jurisdicción, para ofrecer respuestas más ágiles a los conflictos de la ciudadanía y más ajustadas al caso concreto. Dotará, por tanto, de eficiencia operativa al sistema, a lo que también contribuirán enormemente los anteproyectos de ley de medidas de eficiencia organizativa y digital, igualmente en una fase muy avanzada de tramitación; pero además, la implicación de las partes en la solución de sus propias controversias, ayudadas, en su caso, por un tercero neutral, como son los y las profesionales del Notariado, redundará sin duda en un mayor grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados y, sobre todo, contribuirá a preservar las relaciones y al mantenimiento de la paz social.

“El Notariado español es un colectivo pionero y muy activo en el proceso de implantación de la administración electrónica”

Huella digital

Tontxu Rodríguez no tiene cuenta propia en Twitter pero de sus actividades oficiales informa el perfil que mantiene el Ministerio de Justicia en la red social @justiciagob

Wikipedia
Currículo

“La justicia y sus políticas públicas deben estar informadas e inspiradas en el feminismo”

“Estamos configurando la justicia como un servicio público digno de la sociedad democrática avanzada”

“En Euskadi se vive en una situación de paz extraordinaria en la que se mezcla la generosidad y el recuerdo”

Entrevista a Eva González Pérez, abogada de los Países Bajos

EN CURSO LEGAL

Eva González Pérez,

abogada de los Países Bajos

“Hago mi trabajo como todos los abogados: con la Ley en la mano y exigiendo que el Gobierno la cumpla»

Eva González Pérez salto a la fama a finales del año pasado cuando su perseverancia en investigar y defender a los perjudicados por las acciones discriminatorias en el reparto de ayudas del Gobierno holandés de Mark Rutte hizo dimitir a éste y adelantar las elecciones en los Países Bajos. En 2021 recibió el Premio “Puñetas de Plata” de la asociación española ACIJUR por su trabajo en este caso de discriminación, que afectó a 26.000 familias inmigrantes.

CARLOS CAPA,

Periodista.

Desde entonces viene recibiendo numerosos reconocimientos por su rigor y perseverancia en la defensa de la ley. Graduada en Derecho por la Universidad de Utrecht y ejerciendo la abogacía desde hace más de 20 años, hasta la plataforma Netflix estudia hacer una serie contando su caso.

 

Aunque española de nacimiento, su vida personal y profesional se ha desarrollado en los Países Bajos. ¿Cuál es su vínculo con España?

Mi conexión con España es, por supuesto, a través de mi pueblo San Martín de Trevejo. Allí nací y, después de venirnos a vivir a Holanda, era el sitio donde pasábamos todos los veranos las vacaciones. Ahora que soy mayor y estoy casada y con hijos, seguimos haciéndolo, preferiblemente dos veces al año. Es agradable estar en el pueblo, volver a ver a mi madre. Es volver a casa.

En los últimos meses se ha convertido en una personalidad de renombre tanto en su país de adopción como en el de origen, recibiendo varios reconocimientos y galardones. ¿Alguna vez pensó en que su actividad profesional podría llevarle a este reconocimiento público?

Es algo muy especial para mi e increíble que un caso te lleve a la «fama». Yo hago como todos los abogados: trabajar con la Ley en la mano y exigir que el Gobierno también la cumpla. Así es como he ejercido mi profesión durante 20 años. Asimismo, es un gran honor que haber recibido diversos premios y que se reconozca públicamente mi trabajo por hacer lo correcto. Me sirve de viento de cola para hacerlo aún mejor en los siguientes 20 años y mantenerme alerta.

¿Por qué quiso ser abogada?

Siempre fue mi sueño, desde niña, para poder enorgullecer a mis padres.

Y ¿Por qué dedicarse a un territorio jurídico menos rentable que otros, como la abogacía de los negocios, por ejemplo?

No sé cómo funciona exactamente en España el abogado pro-bono, pero en Holanda puedes llevar tu bufete de abogados de forma rentable como abogado pro-bono si también tienes una parte comercial.

Esta combinación hace que un bufete de abogados sea rentable. En los últimos años, el gobierno ha hecho nuevos recortes y está poniendo cada vez más difícil a los abogados lo que en España se denomina asistencia jurídica gratuita. Estoy en contra de esos recortes. Mi caso también ha puesto de manifiesto la importancia de la asistencia jurídica financiada por el Estado, ya que fueron especialmente los menos pudientes los que tuvieron que enfrentarse a los métodos ilegales del Gobierno. Los abogados comerciales no asisten a estas personas.

Yo no he elegido mi trabajo en función de lo que se puede ganar con él; el dinero no es mi motor. Creo que, si trabajas en un campo del derecho con pasión, te irá bien económicamente. Siempre facturo lo menos posible a mis clientes, y más a la otra parte. Por lo general, eso tiene éxito. Este es también mi método de trabajo en este caso en contra de la Hacienda holandesa.

Su constancia en la defensa de los derechos de los más desfavorecidos frente al innegable poder del Estado ha tenido que ser complicada en lo personal y lo profesional. ¿Se siente satisfecha?

No es satisfactorio ser un abogado que defiende los derechos de los ciudadanos contra un Gobierno mentiroso que a su vez viola la ley, discrimina a las personas, oculta documentos al tribunal, y pone a los ciudadanos en listas secretas de fraude sin darles un juicio justo (porque estas personas ni siquiera sabían que estaban siendo consideradas autoras de un fraude). Es más bien una decepción. Creo que, en los procedimientos hacia los ciudadanos, el gobierno debe ser íntegro, transparente en documentos y respetar sus derechos.

El hecho de que haya podido defender los derechos de estos ciudadanos se debe a que accidentalmente recibí un expediente de un funcionario en el que vi cosas que se nos ocultaron al juez y a mí. El encuentro con un denunciante, la política y los medios de comunicación después, llevaron el expediente a este nivel. Me siento honrada de trabajar con otros para hacer que el gobierno en los Países Bajos sea más justo.

Si no hubiera sido por la visibilidad de su defensa de colectivos desfavorecidos como los inmigrantes es probable que muchos ciudadanos europeos no hubieran descubierto que en países como Holanda también existe la discriminación. ¿Se ha sentido intimidada por alguien en algún momento por hacer este trabajo?

En mi estrategia mediática, al principio no ponía a mis clientes de origen extranjero en primer plano en la televisión, los periódicos y la radio. Al principio puse a sus parejas (si eran de origen holandés) en primer plano para que el caso no se limitara a los problemas con los extranjeros y todos los holandeses pudieran identificarse. Hasta julio de 2020 no tenía pruebas fácticas de la discriminación porque la investigación de la Autoridad de Datos Personales aún estaba en curso y no había concluido. No me pareció bien que sin un informe de esta autoridad, que confirmara que había habido discriminación, ya se dijera que la había habido, aunque lo supiera desde 2014. Creo que este método de trabajo ha creado un precedente y el clamor general de la población.

No me he sentido intimidada. Por supuesto, se lanzaron acusaciones y ha habido funcionarios que enfadados salieron gritando de las reuniones con una actitud agresiva. Se siente la presión del lado de Hacienda porque obviamente ve que está perdiendo. Pero esa presión era fácil de soportar quedándote tranquila, y como nunca fue física no me afectó.

 

El proyecto europeo, y en concreto la primacía del derecho comunitario, vive momentos difíciles ante el desafío de algunos países. ¿Qué papel considera que juega el derecho de la Unión en estos momentos?

Creo que el derecho europeo siempre desempeña un papel en todas las normativas de un país. También considero que hay que cumplirla porque esta legislación contiene derechos y obligaciones que se aplican a todos y protegen a todos. Estoy en contacto con personas del Parlamento Europeo en relación con este expediente.

¿En que ha afectado a su vida personal y profesional haber hecho – nada más y nada menos- caer a un Gobierno y provocar un adelanto electoral?

La caída del Gobierno en enero de 2021 fue, nada más y nada menos, que una caída inteligente. Al fin y al cabo, la semana siguiente debía celebrarse un debate y se daría un voto de censura. No me ha afectado personalmente ni en mi vida profesional. El nuevo Gobierno vuelve a tener la misma composición. Sigo teniendo que lidiar con los funcionarios del Departamento de Impuestos que ya estaban antes de la caída. Con o sin Gobierno esto continuará de la misma manera. Como decía Albert Einstein: “No podemos resolver los problemas utilizando el mismo tipo de pensamiento que utilizamos cuando los creamos”. En este momento estamos en esta fase.

Estas personas que ya trabajaban en esos puestos tienden a mantener las cosas como estaban en lugar de esforzarse por cambiarlas. Wanda de Kanter, una especialista en pulmones y activista antitabaco, siempre me dice que existen personas que son “frenos permanentes”. Personas que actúan como si quisieran el progreso (y en mi caso que quieren resolver los problemas que han causado a, por ejemplo, mis clientes), pero mientras tanto frenan las soluciones porque, de lo contrario, serán redundantes. Y no quieren perder sus puestos de trabajo. Por eso se está viendo que no avanzan en la resolución y en pagar los daños y perjuicios.

Los Países Bajos liberalizaron funciones notariales, estableciendo modelos de competencia de precios, hace casi 20 años. En España sigue siendo un cuerpo de naturaleza pública con aranceles establecidos, ¿Qué modelo le parece mejor?

Desconozco los métodos de trabajo del notariado en España o si los ciudadanos españoles consideran importante que el modelo siga siendo el actual. Creo que los ciudadanos de los Países Bajos en general dan cada vez más por sentada la «seguridad jurídica». En un mercado liberalizado, esto hace que la seguridad jurídica «secular» sea un producto difícil. Pero ofrecer seguridad jurídica sigue siendo la piedra angular de la práctica notarial. Creo que, en un modelo liberalizado, la práctica notarial debería desarrollarse y también debería aportar valor en otras áreas, como el asesoramiento, el control de los registros y la supervisión de los procesos.

“Mi caso ha puesto de manifiesto la importancia de la asistencia jurídica financiada por el Estado”

Huella digital

Eva González mantiene una cuenta de Twitter en la dirección @MEGonzalezPere2 y tiene una entrada en Wikipedia con un resumen de su biografía

Wikipedia
La BBC realizó un reportaje donde explica los detalles del caso destapado por Eva González que puede leerse aquí
Reportaje

“No es satisfactorio ser un abogado que defiende los derechos de los ciudadanos contra un Gobierno mentiroso que viola la ley”

“Me siento honrada de trabajar con otros para hacer que el gobierno en los Países Bajos sea más justo”

Entrevista a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior

CON SELLO PERSONAL

FERNANDO GRANDE-MARLASKA,

MINISTRO DEL INTERIOR

“España es uno de los países más seguros del mundo»

Fernando Grande-Marlaska Gómez (Bilbao, 1962), ministro del Interior desde 2018, magistrado en situación de servicios especiales en la Audiencia Nacional y exvocal del Consejo General del Poder Judicial, es alguien que nunca deja indiferente.

Claro y firme en sus convicciones, no ha dudado en abrirse en público en una autobiografía que ya tiene un lustro. Al frente de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y de los servicios de emergencia, aunque no lo explicita, es seguro que no tiene ni un día tranquilo para que lo tengamos los demás.

CARLOS CAPA

[email protected]

@capa_carlos

Permítame que, en vez de empezar por la actualidad, hacerlo desde más atrás. En 2016 se publica Ni pena, ni miedo, su autobiografía. ¿Puede resumir este lustro transcurrido desde que se descubre ante el gran público con esta obra y el Grande-Marlaska de hoy?

Responder sobre uno mismo, sobre cómo el paso del tiempo y las nuevas responsabilidades han podido influir más o menos en mi consideración personal, no es fácil. Es cierto que en Ni pena ni miedo hago una valoración de las vivencias que entiendo han forjado mi carácter, pero para contestar esta pregunta, que sin duda en algún momento tendré que hacerme, debe transcurrir algo de tiempo.

El cargo de Ministro del Interior, que ocupo hace casi cuatro años, es el mayor honor para un incondicional del servicio público, pero deja poco tiempo para pensar en uno mismo. Espero haber podido crecer un poco más como persona y como profesional y que los valores que me inculcaron, que se pueden resumir en empatía y responsabilidad, se hayan consolidado.

Cuando llegue el momento y la tenga, prometo una mejor respuesta, pero estoy convencido de que será positiva, que habré mejorado sobre todo como persona: trabajar con los hombres y mujeres que conforman el Ministerio del Interior y en un Gobierno como el del presidente Sánchez garantiza esa conclusión.

Casi cuatro años -crisis de Gobierno incluida- en uno de los llamados ‘ministerios de Estado’, esos que soportan la arquitectura institucional de una democracia. ¿Ha logrado alcanzar muchos de sus propósitos en la cartera?

Creo que el balance que podemos hacer es muy satisfactorio. Hemos invertido en seguridad: en la mejora de las condiciones laborales de los miembros de las Fuerzas de Seguridad (la equiparación salarial les ha supuesto un justo aumento salarial de más de un 20% en estos tres años); en la recuperación de las plantillas (con un incremento neto de 10.000 efectivos en este periodo); y en dotarles de mejores medios (600 millones de euros en el plan de infraestructuras policiales propio del ministerio, más otros 400 procedentes de los fondos europeos para la recuperación), y hoy las tasas de criminalidad nos dicen que España es uno de los países más seguros del mundo. Pero estamos a mitad de legislatura, y aún nos queda mucho trabajo por hacer.

Es inevitable hacer referencia al Covid-19 y al comportamiento ejemplar de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los servicios de emergencias y de rescate. ¿Se siente orgulloso de su actuación?

La palabra orgullo es insuficiente. La pandemia llegó sin que tuviésemos un solo instrumento para combatirla. Cuando el Gobierno decidió pararlo todo para preservar algo tan esencial como la salud, la vida, pedimos a ciudadanas y ciudadanos que permaneciesen en su casa para protegerse unos a otros, y su respuesta ejemplar estuvo facilitada porque sabían que sus Fuerzas de Seguridad seguían ahí, a su lado, trabajando sin descanso para darles protección.

Cuando aquel 14 de marzo de 2020 convocamos a los policías nacionales, a los guardias civiles, a los policías autonómicos y locales a asumir la más difícil misión nunca pensada, respondieron sin dudar y llevaron hasta las más altas cotas su compromiso con la ciudadanía cuando el país más lo necesitaba.

Nunca olvidaré que en los balcones y ventanas de toda España los aplausos que se dedicaban al personal sanitario que combatió y combate la epidemia en primera línea pronto se hicieron extensivos a las Fuerzas de Seguridad que, a su lado, se convirtieron en el instrumento con el que la sociedad articuló y articula su lucha contra la pandemia.

Hace diez años que la banda terrorista ETA, a la que tanto combatió como juez de la Audiencia Nacional, anunció su disolución. ¿Corremos el riesgo de que también se disuelvan en la memoria colectiva las víctimas y su sufrimiento?

Las víctimas del terrorismo son un referente ético y moral para la democracia española y estoy convencido de que la ciudadanía no va a permitir que caigan en el olvido. Desde luego, el Ministerio del Interior trabaja y trabajará siempre para recuperar y dignificar su memoria de la mano de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y con instrumentos tan significados como el Centro Memorial, que tiene su sede en Vitoria-Gasteiz y que pronto tendrá una subsede en Madrid.

Queremos para las víctimas del terrorismo un tributo permanente, imborrable, siempre presente; queremos construir la memoria colectiva de las víctimas del terrorismo para preservar los valores democráticos, éticos y de dignidad que encarnan y para concienciar a la población de la importancia de la defensa de la libertad y los derechos humanos. Para que nunca más esos valores de paz y convivencia pacífica nos sean arrebatados por el terrorismo.

La lacra de la Violencia Machista, que afortunadamente en 2021 ha dejado menos víctimas que el año anterior, sigue adherida en diferentes grados a la sociedad. ¿Se puede combatir solo con la actuación policial?

La lucha contra todas las violencias que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo es una responsabilidad colectiva que nos concierne a todas y todos como miembros de esta sociedad. Eso es lo que representa el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un acuerdo de país para erradicar de nuestro modelo de convivencia esa grave violación de los derechos humanos que es el terrorismo machista. Y no lo conseguiremos si cada uno de nosotros no aporta lo que le corresponde.

Por lo que se refiere a las Fuerzas de Seguridad del Estado, me enorgullece su altísimo compromiso con la lucha contra la violencia de género, el altísimo nivel de profesionalidad con el que cumplen esa misión. Es importante que todas las mujeres que residen en España sepan que, ante cualquier situación adversa o de riesgo, siempre podrán contar con los miembros de las Fuerzas de Seguridad.

Según las estadísticas de su ministerio, la criminalidad entre enero y septiembre de 2021 ha disminuido hasta mínimos históricos, con una tasa de infracción de 39,6 delitos por cada mil habitantes. Somos uno de los países más seguros del mundo. ¿Cree usted que este hecho está suficientemente interiorizado en la sociedad?

Sí, creo que la sociedad española es consciente de que disfruta de uno de los niveles de seguridad más elevados del planeta. Todas las encuestas nos demuestran que la inseguridad no está entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, y también que Policía Nacional y Guardia Civil son dos de las instituciones que mejor valoran y más respetan.

Acaba de hacer público el balance de accidentes de tráfico que indica, pendientes de su revisión definitiva y descontado el efecto pandemia, el mantenimiento de la tendencia a la disminución de la siniestralidad en las carreteras españolas. ¿Un balance satisfactorio?

Las estadísticas sobre siniestralidad vial nunca son satisfactorias, una sola vida perdida en la carretera es demasiada pérdida. Pero es cierto que recogen una tendencia descendente que nos ayuda a profundizar nuestras políticas que buscan una movilidad más segura y sostenible. En breve presentaremos la estrategia de Seguridad Vial 2021–2030, cuyo objetivo es reducir a la mitad los actuales registros de fallecidos y heridos graves en siniestros de tráfico.

Desde su condición de gran conocedor de la Justicia-dónde ha desarrollado su carrera desde los juzgados de Instrucción hasta el CGPJ- me gustaría preguntarle sobre su opinión acerca de los llamados ‘juicios mediáticos’. ¿Cómo proteger la constitucional presunción de inocencia cuando hay causas que se cierran lustros después de abrirse?

En un sistema democrático, la fricción entre el derecho a la información y el derecho a la presunción de inocencia es constante y no hay soluciones pacíficas y eficaces. Es necesario hacer una apelación a la responsabilidad social de los medios de comunicación, que también están obligados a comprometerse con los preceptos constitucionales, pero es asimismo imprescindible dotar a la administración de Justicia de los medios adecuados para que pueda ejercer su misión institucional en plazos razonables y adecuados a las características y circunstancias de cada proceso judicial.

Entre las actividades que presta a la sociedad el Notariado español, y en relación con la actividad de su ministerio, se encuentra la creación en 2005 del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales. ¿Cómo valora la intervención de los notarios en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo?

Los notarios desempeñan una labor muy relevante en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y se han convertido en aliados imprescindibles de las Fuerzas de Seguridad en la investigación y persecución de esos delitos. Gracias al Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales, son los propios notarios los que pueden identificar actos o negocios que pudieran presentar indicios delictivos, lo que ponen en conocimiento de las autoridades policiales y judiciales, y éstas también cuentan con su colaboración en sus propias investigaciones. Es una relación ya muy asentada que rinde importantes beneficios en la prevención y persecución de este tipo de delitos.

Desde su condición de jurista y ahora en la cartera de Interior, ¿cuál es su imagen del Notariado español y de su función al servicio de la seguridad jurídica preventiva?

Ningún Estado social democrático de derecho, y España lo es por mandato constitucional, puede prescindir de un sistema eficiente de seguridad jurídica preventiva, porque es ese sistema el que permite al ordenamiento jurídico promover valores vitales como la justicia o la igualdad en la libertad, valores que también deben regir en los procesos de crecimiento económico.

Desde ese punto de vista, el Notariado, en su condición de fedatario público, es uno de los ejes sobre los que pivota ese modelo público español de la seguridad jurídica preventiva, el que permite a ciudadanas y ciudadanos actuar en el tráfico jurídico y económico con libertad y seguridad.

“Ser Ministro del Interior es el mayor honor para un incondicional del servicio público, pero deja poco tiempo para pensar en uno mismo”

Huella digital
Fernando Grande-Marlaska no mantiene un perfil propio en Twitter pero si lo tiene el Ministerio del Interior @interiorgob , cuenta desde la que se da información regular de sus actividades públicas. Su currículum está disponible aquí.
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“Las víctimas del terrorismo son un referente ético y moral para la democracia española”

“La lucha contra todas las violencias que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo es una responsabilidad colectiva que nos concierne a todas y todos”

“Los notarios desempeñan una labor muy relevante en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”

Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

CON SELLO PERSONAL

Rodrigo Buenaventura,

presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

“Los mercados españoles responderán bien a las incertidumbres actuales”

Rodrigo Buenaventura (Madrid,1968) es desde hace un año presidente de la CNMV, institución a la que ha dedicado los últimos años de su vida profesional, tras ocupar anteriormente cargos en la ESMA (European Securities and Markets) y en el grupo AFI (Consultores de Administraciones Públicas). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, es reconocido entre los grandes expertos en el análisis y la dirección de los mercados de valores.

CARLOS CAPA

[email protected]

@capa_carlos

– ¿Qué destacaría de la actividad de la CNMV en su primer año como presidente de la institución?

Fui nombrado presidente de la CNMV meses después del inicio de la pandemia y a lo largo de este año hemos vivido una situación complicada como sociedad y como economía. Creo que, en este periodo, la Comisión ha respondido muy bien al momento que nos ha tocado vivir en lo que respecta a la protección del inversor minorista, pero también en lo que respecta al conjunto de los mercados financieros, facilitando que empresas cotizadas y resto de agentes del mercado pudieran operar con normalidad en un momento crítico. Hemos tenido récord de consultas, reclamaciones, salidas a bolsa y muchos otros procedimientos, así que ha sido un año muy activo, que hemos sorteado gracias al equipo humano que tenemos. Ahora, cuando la crisis parece que va poco a poco remitiendo, la CNMV debe seguir apoyando para contribuir a una recuperación económica efectiva y para que podamos afrontar los retos que, tenemos por delante.

-¿Qué objetivo le gustaría haber alcanzado cuando finalice su mandato?

La CNMV es una institución muy consolidada y efectiva y lo último que uno debe perseguir en estos casos es dejar improntas o revolucionar nada. Me conformaría con dejar la institución tan fuerte, profesionalizada e independiente como la encontré y, si acaso, mejorar un par de cosas. La digitalización de la supervisión, la incorporación de la dimensión de sostenibilidad y la presencia internacional de la CNMV son algunos de esos ejes de actuación.

-Algunos analistas advierten que puede avecinarse una “tormenta perfecta” en la economía de los países desarrollados por la combinación de elementos como la alta inflación, una recuperación más lenta, crisis energética, etc. ¿Son sólidos los mercados españoles para resistir una situación como esta?

Los mercados españoles han respondido bien a las diferentes crisis que a lo largo de los últimos decenios nos ha tocado vivir y pienso que responderán bien ante las incertidumbres actuales. Pero además de los riesgos macroeconómicos, los mercados de valores han de posicionarse como una de las herramientas clave en la recuperación económica y fundamentalmente, en la financiación de las inversiones necesarias derivadas de la sostenibilidad y de la digitalización que según estimaciones pueden llegar a suponer 30.000 millones de euros anuales adicionales en la actual década en nuestro país. Y la financiación de esas históricas inversiones no puede depender únicamente del esfuerzo público o de estructuras de financiación tradicionales que atienden al endeudamiento bancario, por lo que será necesaria la participación de los mercados bursátiles. Creo que los mercados españoles, como en el pasado, están en disposición de financiar y apoyar la recuperación y las necesidades de la economía española.

-¿Está el pequeño inversor o el accionista minoritario suficientemente protegido en el mercado español?

Tras la crisis financiera de 2008 se inició un importante proceso de fertilidad normativa cuyos objetivos fundamentales fueron aportar una mayor transparencia e información al mercado, pero fundamentalmente una mayor protección al inversor minorista. Y creo que esos objetivos se han conseguido. Es cierto que, con ello, puede haberse hecho muy compleja la cantidad de información que reciben los inversores o las vías de acceso a los mercados de valores. Hay que repensar cuáles de los mecanismos de información tienen sentido en una época en que los ciudadanos compran instrumentos financieros desde la pantalla de su móvil. Y hay que reforzar la educación financiera, en la que venimos insistiendo desde 2008. Por mucho que exijamos los supervisores, sólo un cliente informado es un cliente protegido.

-La representación femenina en las empresas del IBEX-35 ha logrado alcanzar la meta intermedia del 30%. Con todo, al horizonte de la paridad le queda recorrido. ¿Qué deben hacer las compañías para acelerar el camino de la igualdad en sus consejos?

Esta cuestión es tanto un tema de igualdad como de atraer el mejor talento disponible a las cotizadas. Y al menos el 50% del talento lo acumulan las mujeres, por lo que es absurdo no procurar incorporar a los mejores (en este caso, las mejores). A cierre de 2020 el porcentaje de presencia femenina en los consejos de administración de empresas cotizadas se situó en un 26,1%, mientras que en las sociedades del Ibex alcanza un 31,3%. El legislador español ha preferido no imponer un sistema de cuotas. Desde la CNMV decidimos apoyar este proceso marcando objetivos en forma de recomendaciones crecientes para las cotizadas. En 2012, había algo más de un 12% de mujeres en los consejos y el objetivo actual para 2022 es un 40%. Si se lograse, habríamos dado un paso de gigante en sólo una década. Pero la herramienta legal que tenemos en CNMV es sólo la recomendación: si se quiere ir más rápido o asegurarse de que todos cumplen (no sólo en promedio) sin excepciones, es sólo el legislador quien puede hacerlo.

Donde la fotografía de la igualdad de género se muestra muy distorsionada es en la presencia de mujeres en la alta dirección. El porcentaje actual es del 17%, tan solo un punto porcentual mayor al del año anterior y en este aspecto las empresas deben poner un mayor foco, porque los puestos de alta dirección se constituyen como un semillero natural de futuras consejeras.

-El Anteproyecto de Ley Concursal está generando un intenso debate. ¿Cómo valora usted este nuevo marco?

El Anteproyecto de Ley Concursal aborda una reforma estructural del sistema concursal, introduciendo los planes de reestructuración como instrumento pre-concursal dirigido a evitar las situaciones de insolvencia o a superarlas. Asimismo, destaca la inclusión de un mecanismo de alerta temprana con virtualidad para efectuar un diagnóstico precoz de posibles situaciones de dificultades financieras. De esta forma, las empresas que, de conformidad con determinados indicadores, se encuentren en una situación susceptible de desembocar en situación de insolvencia, podrán adoptar medidas dirigidas a preservar el valor de la empresa, incentivando la adopción de medidas de reorganización o reestructuración cuando todavía sea posible evitar la situación de insolvencia. Con ello se permitirá al deudor responsable detectar la necesidad de actuar para evitar o para encauzar la insolvencia. En todo caso, es una norma compleja y puede haber cuestiones que ajustar, por ejemplo, en relación a los administradores concursales o al papel de los auditores.

-La Ley de Sociedades de Capital ha otorgado un nuevo papel a la CNMV en la regulación de las operaciones vinculadas. ¿Qué cambios se producen en este nuevo escenario?

La regulación de las operaciones vinculadas es, sin lugar a duda, una de las cuestiones más importantes de la nueva regulación. Si bien es cierto que el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ya las regulaba, se ha considerado necesario introducir determinadas novedades derivadas de la Directiva, aplicables a las sociedades cotizadas y dotar a este régimen jurídico de mayor claridad y sistematicidad.

El nuevo régimen exige que las operaciones vinculadas se difundan al mercado mediante su comunicación a la CNMV y la inclusión de un anuncio en la página web de la sociedad, siempre que alcancen o superen determinados umbrales cuantitativos y se acompañen de un informe elaborado por la comisión de auditoría, a más tardar en el momento de su celebración.

Pero nuestras competencias se reducen al régimen de publicidad, no al de aprobación. Recientemente la CNMV ha publicado un documento con preguntas y respuestas sobre el régimen de comunicación de operaciones vinculadas que da respuesta a las cuestiones más relevantes y de mayor aplicación por las sociedades cotizadas, que habían planteado algunas sociedades emisoras, acerca de cómo interpretar determinados requisitos del régimen de publicidad de las operaciones con partes vinculadas.

-¿Cree usted que las operaciones en criptomonedas jugarán un papel relevante en los mercados en un futuro próximo?

En este punto, me gusta diferenciar entre las criptomonedas y los criptoactivos aunque ambos lleven en su seno la misma tecnología. Soy escéptico en cuanto al futuro de las criptomonedas, tal y como las vemos hoy, en términos de generación de valor a largo plazo, salvo que alguna se convierta en medio de pago aceptado. Hoy el mundo de las criptodivisas está caracterizado por la especulación y la volatilidad y son activos de los que se desconoce realmente las fuerzas que forman su precio. En alguna ocasión he manifestado que, si una criptomoneda es volátil y rentable, no durará mucho como moneda y si dura, dejará de ser rentable porque se habrá convertido en un medio de pago virtual. Es decir, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Hoy incorporan un elevado riesgo y mi cautela ante ellas como supervisor viene determinada fundamentalmente, por el mandato de protección al inversor y por el daño potencial que decisiones arriesgadas sobre activos no regulados pueden tener si las decisiones de inversión no ponderan adecuadamente los riesgos a soportar.

Una cuestión distinta, que me interesa mucho más, son los criptoactivos (distintos de las criptomonedas) y la tecnología de blockchain que incorporan. Creo que en poco tiempo veremos la tockenización de innumerables activos financieros, desde cripto-acciones, cripto-bonos, cripto-participaciones en fondos de inversión e incluso cripto-inmuebles u otro tipo de activos reales, lo que permitirá una mayor eficiencia de los mercados. A diferencia de las criptomonedas, esos criptoactivos tienen un valor intrínseco, alguien que los emite y una corriente de pagos futuros.

-Por último: ¿qué pueden aportar los notarios y sus entidades representativas a la CNMV?

Mucho, tenemos una relación magnífica y en reiteradas ocasiones intercambiamos puntos de vista en común que son muy útiles para nuestra labor supervisora. Por otra parte, el acceso telemático al Índice Único Informatizado de los notarios permite acceder a una valiosa fuente de información del contenido de las escrituras públicas y sus intervinientes que en el marco de investigaciones de abuso de mercado puede ser de gran utilidad. Adicionalmente, los notarios disponen de una base de datos de titularidades reales de personas jurídicas, a la que se espera acceder con ocasión de la firma de un nuevo convenio, que permitirá identificar a las personas físicas que controlan las sociedades de capital españolas.

“La CNMV debe seguir apoyando para contribuir a una recuperación económica efectiva y para que podamos afrontar los retos que tenemos por delante”

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El currículo profesional del Rodrigo Buenaventura está disponible en la web de la CNMV
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Aunque no dispone de un perfil propio en Twitter, la Comisión Nacional del Mercado de Valores mantiene @CNMV_MEDIOS en la que informa de su actividad y la de su presidente.

“Los mercados españoles están en disposición de financiar y apoyar la recuperación y las necesidades de la economía española”

“Por mucho que exijamos los supervisores, sólo un cliente informado es un cliente protegido”

“Los notarios disponen de una base de datos de titularidades reales que nos permitirá identificar a las personas que controlan las sociedades de capital”

Entrevista a Pilar Llop, ministra de Justicia y notaria mayor del reino

CON SELLO PERSONAL

Pilar Llop,

ministra de Justicia y notaria mayor del reino

«El Ministerio de Justicia participa decididamente en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria"

María Pilar Llop Cuenca se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Es políglota, juez desde 1999 y magistrada desde 2004. La actual ministra ha sido titular del Juzgado de Violencia de Género número 5 de Madrid y letrada del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial, donde asumió la jefatura del Observatorio de violencia doméstica y de género. También ha trabajado en la Dirección General de Cooperación Internacional de la Comisión Europea y ha asesorado a diversas instituciones jurídicas latinoamericanas. Desde las filas del PSOE ha sido diputada en la Asamblea de Madrid, senadora por designación autonómica, delegada del Gobierno para la Violencia de Género y presidenta del Senado.

CARLOS CAPA

[email protected]

@capa_carlos

Estimada ministra: ¿Cómo están siendo estos primeros meses al frente del Ministerio de Justicia?

Estos primeros meses están siendo muy intensos. Las competencias que tiene atribuidas el Ministerio de Justicia son claves para que el Estado de Derecho pueda funcionar correctamente.

Al comienzo de la legislatura se puso en marcha en el Ministerio el Plan Justicia 2030. Se trata de un plan de trabajo ambicioso, cuyo objetivo es transformar el Servicio Público de Justicia para hacerlo más accesible, eficiente y contribuir al esfuerzo común de cohesión y sostenibilidad.

Justicia 2030 es un plan a diez años que estamos desarrollando en cogobernanza, que impulsa el Estado de Derecho y el acceso a la Justicia como palancas de la transformación del país.

Una transformación de este tipo requiere tiempo y una implantación programada que no afecte a su funcionamiento habitual, ya que incide en uno de los pilares del Estado de Derecho. Por la duración de este plan, que es necesaria, va a ser desarrollado por distintos equipos de gobierno, por lo que sus bases son el diálogo, la transparencia y la cogobernanza.

La meta es que en diciembre de 2030 se hayan ejecutado todos los proyectos, que los indicadores de ejecución estén en los parámetros esperados y las nuevas políticas públicas formen parte estructural del Servicio Público de Justicia.

Recientemente tuvo sus primeras comparecencias parlamentarias en las que desgranó su agenda para el ramo. ¿Cuáles son sus prioridades legislativas?

Las cuatro grandes prioridades que se ha marcado el conjunto del Gobierno y, por tanto, también mi Ministerio, son: la transformación digital, la transición ecológica, y la cohesión social y territorial.

Actualmente, desde el Ministerio de Justicia estamos impulsando normas que nos permitan avanzar en estos objetivos, como son las tres leyes de eficiencia (la Ley de Eficiencia Digital, la Ley de Eficiencia Organizativa y la Ley de Eficiencia Procesal) que estoy segura de que mejorarán sustancialmente el rendimiento de nuestro sistema de Justicia.

Con la Ley de Eficiencia Procesal se dotará de mayor agilidad, calidad y sostenibilidad a la prestación del servicio público de Justicia y situará a la ciudadanía como eje central del sistema.  Solo de este modo, el sector Justicia podrá cumplir el papel de motor de recuperación económica que está llamado a desempeñar.

Con la Ley de Eficiencia Organizativa se posibilitará la transformación organizativa del servicio público de Justicia, mediante la implantación de 431 Tribunales de Instancia, uno por partido judicial, y de las oficinas judiciales que les den soporte.

Y, por último, con la Ley de Eficiencia Digital, daremos lugar a un nuevo marco legal para la tramitación electrónica de procedimientos judiciales, abordando aspectos básicos como la firma digital, los juicios telemáticos, el expediente judicial electrónico o el intercambio de datos en la Administración de Justicia.

¿Cómo ha sido primera toma de contacto con los operadores jurídicos?

Horizontalidad significa solidaridad territorial y lealtad institucional, impulsando todos los mecanismos de diálogo territorial. Por eso, los encuentros con los operadores jurídicos ocupan un lugar destacado en mi agenda; son una parte fundamental del Plan, para el que contamos con la cooperación del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía.

Solo así podemos hacer frente a los retos más inaplazables, que como ha señalado el presidente del Gobierno son la transformación digital, la transición ecológica, la igualdad entre mujeres y hombres y la cohesión social y territorial.

Los contactos con los operadores jurídicos fueron muy interesantes y me agradó comprobar la sensibilidad de los operadores respecto a las personas para las que prestan sus servicios, especialmente los colectivos más vulnerables; así como la determinación por adaptarse a la transformación tecnológica que estamos viviendo. En todos los casos he percibido una determinación de avanzar para que el servicio público de Justicia sea verdaderamente ágil y efectivo.

De magistrada con una dilatada carrera profesional, a diputada de la Asamblea de Madrid, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, presidenta del Senado y titular de Justicia… ¿Cuál es su techo?

Desde que empecé a trabajar como jueza de instrucción en 2001, hasta hoy, he dado lo mejor de mí misma en todos los puestos y cargos que he desempeñado.

El tiempo dirá qué responsabilidades me corresponde asumir en el futuro. En cualquier caso, las ejerceré como siempre he hecho: con esfuerzo, dedicación y entrega. Allá donde esté lucharé por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y por conseguir una sociedad más cohesionada y justa.

La jurisdicción voluntaria y la resolución extrajudicial de conflictos se presentan como un importante remedio contra la saturación en juzgados y tribunales. ¿Piensa impulsarla desde su departamento? ¿Cree que el notariado puede contribuir aún más en esta dirección?

Estoy segura de ello. Con el desarrollo normativo de los Métodos Adecuados de Resolución de Controversias se dotará de mayor agilidad, calidad y sostenibilidad a la prestación del servicio público de Justicia y situará a la ciudadanía como eje central del sistema.

Solo de este modo, el sector Justicia podrá cumplir el papel de motor de recuperación económica que está llamado a desempeñar.

Se regulan específicamente determinados MASC (mediación, conciliación, oferta confidencial vinculante, dictamen de experto independiente) si bien se incluye una fórmula abierta que permite acudir a cualquier tipo de actividad negocial a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe. Es, por lo tanto, una regulación muy abierta donde los notarios, al igual que otros colectivos del sector jurídico, tienen cabida.

Hablando de los notarios… ¿Cómo valora su papel en funciones sociales como la protección jurídica de los menores, de las personas más vulnerables e incluso de la prevención de delitos como el blanqueo de capitales? En estos momentos también están ayudando a los afectados por el volcán de La Palma.

La función de las notarias y los notarios, en tanto que funcionarias y funcionarios públicos, debe estar al servicio de la sociedad. Su colaboración, dotando de seguridad jurídica a decisiones tan importantes en la vida de las personas como la protección de los menores y de las personas más vulnerables, adquiere gran relevancia social, ya que coadyuva a encontrar la solución jurídica más adecuada a determinadas necesidades que se plantean en el seno de las familias.

Es igualmente importantísima la colaboración del Notariado con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, la máxima autoridad española en la lucha contra el lavado de dinero, así como con las autoridades administrativas, policiales y judiciales. De esta manera, el Notariado ofrece una ayuda valiosísima al Estado para luchar contra el blanqueo de capitales y la lucha contra el terrorismo. Es un magnífico ejemplo de cooperación institucional.

Por otra parte, creo que la ayuda que está ofreciendo el Notariado español a las personas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma honra a esta institución y pone de relevancia su interés por prestar un servicio que redunde en beneficio de la ciudadanía.

El notariado está a la vanguardia de la digitalización. Recientemente han abierto el Portal Notarial del Ciudadano desde donde se prestan una serie de servicios online. ¿Cree que estos servicios podrán irse ampliando en el futuro?

Sin duda. Nos encontramos, como es notorio, en un momento de transformación digital no solo en nuestro país sino en el conjunto de la Unión Europea. Dicha transformación constituye un eje fundamental del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno y de los Fondos asociados al mismo.

De esta manera nos encontramos en una fase inicial que, como decía, debe desarrollarse en los próximos años. En ese sentido, y en referencia a las leyes de eficiencia, debo destacar en relación con la pregunta, el papel que para ello tendrá la futura Ley de Eficiencia Procesal, cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros y Ministras el pasado 19 de octubre.

Su trayectoria personal, profesional y política siempre ha estado ligada a la lucha por la igualdad. “El feminismo tiene que ser un valor transversal en la Administración de Justicia” dijo recientemente en la Comisión de Justicia del Congreso. ¿Cuánto queda por hacer para alcanzar la igualdad real?

La igualdad es un elemento básico e imprescindible en la configuración y desarrollo del servicio público de Justicia y en la acción del Ministerio de Justicia. Por eso, incorporamos la perspectiva de género en el trabajo que estamos desarrollando en el Ministerio en actuaciones como la formación en igualdad entre mujeres y hombres y en perspectiva de género; la sensibilización y concienciación del personal de la Administración de Justicia en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género; el desarrollo de planes de igualdad y la elaboración de protocolos de prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo.

De este modo, el Ministerio de Justicia participa decididamente en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria que debe combatir los estereotipos de género que están en la base de la desigualdad entre mujeres y hombres, con miras a reducir la brecha salarial y a promover un ejercicio corresponsable de los cuidados para avanzar en el empoderamiento de las mujeres y su plena participación en todos los puestos, incluidos los de mayor responsabilidad y, por tanto, mejor remuneración.

Es usted una conocedora de primera mano de la terrible lacra de la Violencia de Género. A pesar de todas las medidas adoptadas para combatirla es una realidad contumaz en su presencia en la sociedad. ¿Qué más se puede hacer?

La violencia de género constituye, sin lugar a dudas y pese a los intentos de algunas personas por negarla, la más clara manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres, que se sustenta en el sexismo. Por eso, todas las personas, mujeres y hombres, y todas las instituciones debemos combatirla para modificar los estereotipos y prejuicios de género que están en la base de comportamientos y acciones sexistas.

El feminismo es un eje transversal en la actuación del Ministerio de Justicia, firmemente comprometido con el cumplimiento y desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que representa el compromiso político para que todos los poderes públicos desarrollemos acciones para lograr la igualdad como base de la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Numerosas medidas del Pacto afectan a este Ministerio que trabaja en su desarrollo para que, mediante la sensibilización y formación en perspectiva de género de todos los operadores jurídicos, la mejora de la tutela penal de la violencia de género en todas sus manifestaciones y de la asistencia a sus víctimas y a sus hijos e hijas, construyamos una sociedad libre de violencia contra la mitad de la población.

“Justicia 2030 es un plan que impulsa el Estado de Derecho y el acceso a la Justicia como palancas de la transformación del país”

Huella digital

Pilar Llop cuenta con una detallada entrada biográfica, incluidos numerosos enlaces externos en Wikipedia.

Ver en Wikipedia

El portal de transparencia del Gobierno también le dedica una entrada en la que se recoge su currículo y trayectoria profesional.

Más información

En la red social Twitter mantiene un perfil abierto @pilar_llop con cerca de 12.000 seguidores.

“Allá donde esté lucharé por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y por conseguir una sociedad más cohesionada y justa”