Entrevista a Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas

CON SELLO PERSONAL

Enriqueta Chicano,

presidenta del Tribunal de Cuentas

“Nos hemos marcado acercar y abrir la institución a los ciudadanos”

Enriqueta Chicano Jávega ha dedicado toda su vida profesional al servicio público. Especialista en Derecho del Trabajo, es un referente de la defensa de la igualdad y ha sido durante más de una década la presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Progresistas. Antes de ser nombrada presidenta del organismo fiscalizador de las cuentas públicas era ya consejera de este desde 2012. En esta entrevista nos acerca la institución y los retos que esta afronta en el año del 40 aniversario.
CARLOS CAPA

– Después de toda una vida dedicada al servicio público, ¿qué supone para usted presidir el Tribunal de Cuentas?

– Ser presidenta del Tribunal de Cuentas supone un enorme orgullo y una gran satisfacción. Ha sido toda una vida dedicada al servicio público. ¡Más de 50 años! De estos, la mitad los he prestado en diferentes puestos del Tribunal de Cuentas. Así que recibir el mandato de presidir esta institución de relevancia constitucional e imprescindible en democracia significa mucho para mí, especialmente en esta última etapa de mi vida profesional.

Y de repente, tras todos estos años de trabajo, me enfrento a aquello que todos hemos dicho alguna vez…si yo pudiera, haría, haría… bueno, pues ¡ahora no tengo disculpa!

Bien es cierto que el tribunal es un órgano colegiado, pero qué duda cabe que desde la presidencia hay más posibilidades de impulsar proyectos y dar cuerpo a retos imaginados. Entiendo que he asumido una gran responsabilidad, pero es verdad que también tengo algún paso dado. Conozco bien la casa y a sus trabajadores; sé que los cambios de mandato se afrontan con expectativas y esperanza y sé que cuento con unos equipos excelentes. Además, he podido comprobar que todos los miembros del Pleno han asumido estas nuevas responsabilidades con entusiasmo y entrega. Con este capital solo queda no desfallecer, y aplicarle a esta tarea todo mi sentido común, mi experiencia, mi conocimiento y por qué no, mi ilusión y entusiasmo.

– ¿Qué objetivos se ha fijado para su mandato?

– En una institución con 40 años de trayectoria democrática, que conmemoramos precisamente este año, hay una serie de objetivos que necesariamente siempre son coincidentes y que están relacionados con las funciones que el tribunal tiene encomendadas.

Nada es como hace unos años, ni los modos de expresarse, ni los sistemas de trabajo, ni las exigencias de la sociedad, ni siquiera los temas que venían siendo objeto de nuestro análisis. Tampoco la manera de comunicarnos con los ciudadanos. En definitiva, hay que adaptarse y no perder posibilidades de avance.

En este sentido constituye un objetivo primordial configurar un sistema estable y de futuro de organización y de funcionamiento de la institución.

No es un proceso rápido y, además, hay que asumir unos costes ineludibles. Ya hemos iniciado algunos trabajos en esta dirección y se están generando dinámicas de trabajo para construir estas nuevas metodologías que nos prepararán mejor ante los nuevos retos que se avecinan.

Retos, que, por cierto, ha incluido nuestra norma reguladora: igualdad, transparencia y sostenibilidad. Tenemos que fiscalizar a través de estas “lupas” y además debemos dar respuesta mediante el control externo al análisis de acontecimientos que preocupan a la sociedad, como pandemias, conflictos armados y su repercusión, y las diferentes respuestas por parte de los gobiernos.

Y para conseguir estos retos, otro objetivo primordial: un plan de formación continua para todos los trabajadores para alcanzar las mejores cotas de excelencia. Todo ello en contacto permanente con nuestros homólogos autonómicos e internacionales.

– ¿Es el Tribunal de Cuentas el gran desconocido de la arquitectura constitucional española?

– Creo que sí y así lo percibimos. Es verdad que “el objetivo” de nuestro trabajo es el control de los ingresos y gastos públicos una vez ejecutados, y que el destinatario de este trabajo son las Cortes Generales, a las que auxiliamos en este tema para favorecer su labor de control al ejecutivo.

Pero seguro que estamos fallando a la hora de hacer llegar todo lo que hacemos y la importancia de nuestro trabajo a la ciudadanía, a la sociedad en general. Y creo que esto no es positivo.

Todos los ciudadanos deben conocer sus instituciones, a qué se dedican, cuánto de efectivo es su trabajo, etc. Y las instituciones tenemos la obligación de procurarnos con nuestro trabajo su confianza.

Por este motivo, entre los objetivos que también nos hemos marcado está destacadamente acercar y “abrir” la institución a los ciudadanos, tratar de transmitir de la mejor forma posible, lo que hacemos y para qué servimos. Para conseguirlo estamos trabajando en una política de comunicación que responda a este objetivo.

Esta forma metafórica de abrir nuestras puertas, hacer que nuestras paredes se vuelvan más transparentes, pretende recuperar el crédito, quizás algo puesto en cuestión, y dar mayor fortaleza a la propia institución.

– Recientemente han emitido informes sobre la gestión de diferentes organismos y administraciones públicas en los contratos de emergencia realizados durante la pandemia. ¿Hay una conclusión general sobre su actuación?

– Así es. Hace meses que estamos trabajando en diferentes análisis que abarcan todo el sector público. Son bastantes los informes que se están elaborando. Pero estamos pendientes de un último informe global que recoja de forma conjunta la actuación de todas las administraciones públicas durante el período de aplicación de la legislación de emergencia.

Por lo fiscalizado hasta ahora, incluido lo fiscalizado por los órganos de control de las CC.AA., se ha podido constatar un general cumplimiento, teniendo en cuenta lo difícil de la situación.

Las administraciones públicas han tenido que solventar las situaciones de emergencia, subviniendo a las necesidades urgentes en cada momento y también han tenido que hacer uso de los recursos públicos conforme a las normas que garantizan la eficacia de su uso y el cumplimiento de unas exigencias imprescindibles.

Ha habido algunas vulneraciones, sin duda, son las excepciones de que se ha hecho eco la prensa, pero repito, en términos generales el cumplimiento de la normativa de emergencia ha sido la tónica general.

– ¿Colaboran con diligencia las Administraciones con ustedes cuando les recaban información para sus dictámenes?

– En términos generales, sí. No solemos encontrar ningún problema de colaboración durante el desarrollo de nuestra actividad fiscalizadora. No obstante, se da la circunstancia de que todavía tenemos un bajo nivel de rendición de cuentas en algunos ámbitos.

El Tribunal de Cuentas no ha sido objeto de la polémica que durante los últimos meses han atravesado otros órganos como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo. ¿Existe consenso en su interior para abordar los asuntos que deben resolver?

En el Tribunal de Cuentas hemos vivido un rápido proceso de renovación, lo que ha permitido continuar con nuestro trabajo. Por eso no ha sido objeto de polémica.

Hoy por hoy estamos trabajando bien, mantenemos un buen nivel de relación e intentamos reforzar las coincidencias y consensuar las diferencias. Hay un punto de partida básico que es el respeto por las posiciones diferentes.

El debate ordenado, respetuoso y riguroso es esencial para el enriquecimiento de la institución.

– Es usted una declarada defensora de la igualdad de género, con una nutrida obra sobre esta cuestión. ¿Cuánto queda para alcanzar esa aspirada igualdad, más allá de la formal, entre los hombres y mujeres?

– A pesar de los muchos avances, es obvio que la Ley, la igualdad formal, es imprescindible, pero es igualmente obvio que no es suficiente. No se trata ya tanto de empoderar a las mujeres. Las mujeres ya somos fuertes. Se trata de cambiar la forma con que el mundo percibe esa fuerza. Se siguen manteniendo formas de vida, formas de organización, formas de relación en lo privado y en lo público que nos siguen manteniendo en las “orillas” de muchos espacios, por mucho que algunas de nosotras hayamos saltado muros.

Es necesario el convencimiento general de que tenemos que construir un tipo de sociedad, de relaciones democráticas; en definitiva, un modelo democrático que no sólo incluya a las mujeres, sino que modifique estructuras que permitan que el ejercicio de la igualdad no sea un derecho a conseguir permanentemente. El feminismo es una visión del mundo entero, una visión global, no sólo una lista más o menos exhaustiva de los problemas de las mujeres.

Muchas veces y en muchos momentos parecen alejarse las expectativas. Vuelven a aparecer discursos que yo entendía superados. Lo que está claro es que no puede relajarse el control social ante las amenazas contra los avances conseguidos.

– ¿El esfuerzo de los notarios en la prevención del blanqueo de capitales resulta útil para el Tribunal de Cuentas?

– El blanqueo de capitales es una de las formas en las que se manifiesta la denominada criminalidad financiera, configurándose como el último hito para la consecución de la legalización de los fondos obtenidos de manera delictiva. Los notarios están desarrollando una encomiable labor para su prevención controlando, comunicando e informando de las transacciones civiles y mercantiles en las que intervienen. Su labor coordinada y el intercambio de este tipo de información con las autoridades es fundamental para poner freno a este tipo de prácticas que entorpecen nuestro desarrollo social.

“El cumplimiento de la normativa de emergencia ha sido la tónica general durante la pandemia”

Seguridad jurídica

¿Qué aporta el Notariado a una institución como el Tribunal de Cuentas, en la que la seguridad jurídica es clave de bóveda de sus funciones?

La existencia de cuerpos, como el Notariado, que velen por la seguridad jurídica en el tráfico mercantil y civil es vital para la fortaleza de nuestro estado de derecho.

En el caso del Tribunal de Cuentas esta aportación se hizo, si cabe, más intensa a partir de la firma del convenio de colaboración por el que se nos facilita el acceso al índice único informatizado notarial. Esta herramienta es de gran utilidad para el ejercicio de la función jurisdiccional del Tribunal, ya que permite localizar los bienes que integran el patrimonio de los investigados y responsables contables, lo que facilita la adopción de medidas cautelares que garanticen el reintegro de cantidades detraídas de los fondos públicos y la ejecución de sentencias.

“Constituye un objetivo primordial configurar un sistema estable y de futuro de organización y de funcionamiento de la institución”

“El feminismo es una visión del mundo entero, una visión global, no sólo una lista más o menos exhaustiva de los problemas de las mujeres”

“Los notarios están desarrollando una encomiable labor para la prevención del blanqueo de capitales”

Entrevista a Mª Ángeles Picado y Carlos Toledo, números uno de las últimas oposiciones a notarios

EN CURSO LEGAL

Mª Ángeles Picado y Carlos Toledo,

números uno de las últimas oposiciones a notarios

Camino hacia la excelencia

816 licenciados en Derecho se presentaron a las últimas oposiciones al título de notario. Sólo 90, 46 mujeres y 44 hombres, superaron los cuatro ejercicios. Entre ellos se encuentran María Ángeles Picado Moreno (30 años), de Madrid, y Carlos Toledo Muñoz-Cobo (26 años), de Punta Umbría (Huelva), que obtuvieron las notas más altas. Ambos nos cuentan, en esta entrevista, cómo ha sido su camino hasta conseguir el aprobado y cuáles son sus objetivos como nuevos notarios.

FÁTIMA PÉREZ DORCA
«MI OBJETIVO ES QUE TANTO MIS COMPAÑEROS COMO LOS CIUDADANOS QUE ACUDAN A MI NOTARÍA PUEDAN CONFIAR EN MÍ»
«ESPERO CONTRIBUIR, MEDIANTE UN EFICAZ ASESORAMIENTO, A QUE TODOS LOS USUARIOS QUE ACUDAN A LA NOTARÍA PUEDAN ALCANZAR SUS FINES LÍCITOS»

 

– ¿Qué le llevó a opositar a notarías?

– Mª Ángeles Picado. Desde pequeña me había llamado la atención la profesión, me parecía muy acorde a mi personalidad y me aportaba cosas que considero indispensables: autonomía, estabilidad laboral y económica y la posibilidad de hacer algo por otras personas. Ser notaria no sólo te permite vivir de tu trabajo sino también tenderle la mano a alguien que te necesita. Todo el mundo gana y eso es algo que me parece muy enriquecedor.

– Carlos Toledo. Mucho antes de empezar la carrera tenía en mente la idea de ser notario. Mi padre lo es y siempre nos ha transmitido su pasión por la profesión. Él ha sido siempre mi ejemplo y referente. Aun así, como no era una decisión firme, no quería cerrar puertas a otras opciones y estudié el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Y fue más tarde, durante la carrera, cuando me di cuenta de que el Derecho Privado era la rama que más me entusiasmaba y de que la profesión de notario me ayudaría a alcanzar la felicidad desde un punto de vista profesional.

– ¿Cómo es un día normal en la vida de un opositor?

– M. A. P. Cuando empecé a opositar estudiaba unas ocho horas diarias, pero con los años acabé incrementando el horario a doce horas al día. No sólo de estudio, también de dictámenes, actualización de temas… Los fines de semana se me hacían más duros porque era cuando mi familia estaba en casa y mis amigos tenían tiempo libre para salir y a mí se me complicaba más organizarme. Aun así, siempre descansaba como mínimo un día, normalmente los sábados, y trataba de sacar tiempo para mí.

– C. T. Un día normal durante la oposición gira en torno al estudio continuado para poder aprovechar el mayor número de horas. En mi caso, dedicaba algunos descansos a hablar con mis padres y con mi novia, y hacía las pausas necesarias para las comidas, que compartía con mi hermano Rafael, con quien he convivido durante la oposición y que también ha aprobado en esta promoción. Además, procuraba hacer algo de deporte al final del día. Los fines de semana solía reproducir el mismo esquema. Me presenté a la oposición con relativamente poco tiempo de preparación, por lo que intentaba exprimir al máximo cada semana y prácticamente no descansaba ningún día.

– ¿Qué ha sido lo mejor y lo más difícil durante este proceso?

– M. A. P. Lo mejor ha sido sin duda el crecimiento a nivel personal. Los momentos de soledad te hacen conocerte más a ti misma, aprender a poner límites, te dan una buena dosis de humildad y te hacen madurar. En cuanto a lo más difícil, ha sido sentir que no tenía tiempo para realizar otras actividades, así como lidiar con la incomprensión de algunas personas respecto a esto… Pero el esfuerzo ha merecido la pena.

– C. T. Lo más gratificante ha sido lograr un reto que parecía casi una quimera. Pero incluso antes de conseguirlo la oposición ha sido una etapa gratificante y puedo decir que plenamente feliz en mi vida, seguramente por ver cómo he ido profundizando en el Derecho y progresando gracias al esfuerzo y el trabajo. En el aspecto negativo resaltaría la incertidumbre consustancial a la propia oposición pero que, sin duda, se compensa con la esperanza de lograr el resultado.

– ¿Qué consejos daría a los que decidan realizar esta oposición?

– M. A. P. Les diría que el descanso, por mínimo que sea, es fundamental para aprobar, porque un opositor agotado sucumbe a la desesperación con mucha más facilidad y para soportar la tensión hay que mantener la cabeza muy fría. En relación con esto, también es muy importante aprender a afrontar el miedo. Todos experimentamos diversos grados de inseguridad antes de entrar en el examen, pero hay que pensar que es la única oportunidad de defender el trabajo que has hecho durante años y hay que hacerlo con la mayor dignidad posible, salgan los temas que salgan. También es importante seguir tu propio camino y no compararte con otros compañeros, ya que cada uno tiene una situación personal y unas circunstancias distintas.

– C. T. Me gustaría transmitirles que acometan la oposición con optimismo y aliento, con la ilusión de que el aprobado puede estar al alcance del que se emplee a fondo. Sobre los descansos y la rutina, cada opositor tiene sus propios hábitos, y prefiero no aconsejar en ese sentido. Sí diría que no hay fórmulas mágicas: el trabajo y la entrega son las herramientas para conseguirlo.

– Para todos aquellos que duden en opositar, les invito a que afronten el reto. A pesar del sacrificio y el esfuerzo que supone, si verdaderamente tienen la convicción y vocación de ser notarios, o cualquier otra profesión a la que se acceda por oposición, merece la pena intentarlo y luchar por ello, pues en cualquier caso nunca los conocimientos aprendidos caerán en “saco roto”.


“LO MEJOR DE ESTA ETAPA DE ESTUDIO HA SIDO EL CRECIMIENTO PERSONAL. LOS MOMENTOS DE SOLEDAD TE HACEN CONOCERTE MÁS”


– Si no hubiera sido notario, ¿qué otra profesión hubiese elegido?

– M. A. P. Seguramente habría intentado ser registradora u oficial de notaría, por ser lo más parecido a ser notario y permitirme aprovechar lo ya estudiado, que es apasionante. Pero si hablamos de otro camino distinto, la verdad es que me habría encantado ser gimnasta o dedicarme al baile, que curiosamente eran las únicas cosas que me suscitaban una vocación similar.

– C. T. Seguramente habría sido abogado. El ejercicio de la abogacía me parece apasionante, pues permite una aplicación práctica y creativa del Derecho.

– ¿Cómo fue el examen?

– M. A. P. En los exámenes de este año he pasado mucha tensión, ya que era mi última convocatoria y no tenía margen de error. Los orales me preocupaban algo menos al haberlos aprobado ya una vez. Aunque reconozco que el segundo ejercicio es muy difícil de preparar, al ser mucha materia en muy poco tiempo, para mí la peor parte siempre fue el tercero. No se me daba bien y tuve que trabajarlo mucho hasta hacerlo bien.

– C. T. El primer examen es el que más impresiona. En mi caso, era la primera vez que me presentaba y realizar el ejercicio oral ante el tribunal, teniendo en cuenta la autoridad y cualificación de sus miembros, no deja de ser una presión escénica y un desafío. Me parecía un verdadero reto que motivaba aún más el estudio diario y la dedicación absoluta.


“LA OPOSICIÓN HA SIDO UNA ETAPA GRATIFICANTE Y PLENAMENTE FELIZ EN MI VIDA”


Con el último ejercicio, el dictamen, fue con el que más disfruté durante la preparación: se trata de un caso práctico sobre varios problemas y situaciones jurídicas complejas y opinables, a resolver durante 6 horas. El dictamen te permite desarrollar los conocimientos adquiridos durante los dos ejercicios orales, aplicando el Derecho desde una óptica muy cercana a la realidad del despacho notarial.

– ¿Qué sintió al saber que estaba entre los dos primeros de la oposición?

– M. A. P. Cuando lo supe no me lo podía creer. Yo sólo quería aprobar, con la nota que fuera, y había varios compañeros muy competentes que supuse que quedarían mejor posicionados, así que me costó varios días asumir tanto el puesto como el propio aprobado. Me emocioné más adelante, tras la unificación de los tribunales. Es una alegría indescriptible. Me siento agradecida porque, al igual que he sido yo la que ha quedado en esta primera posición, podrían haber sido otros compañeros.

– C. T. Sentí una enorme satisfacción. Sin duda fue uno de los días más felices de mi vida. No solo por obtener el número uno de mi tribunal sino también porque supuso un gran orgullo ver cómo se materializaba el esfuerzo y el trabajo invertido durante toda la oposición en forma de aprobado. Además, nuestra felicidad se multiplicó porque mi hermano aprobó con la cuarta mejor calificación del tribunal.

– ¿Cuáles son sus objetivos como notario?

– M. A. P. Me gustaría demostrar, como hacen tantos compañeros, que el notario no es sólo la persona que viene a firmar, sino alguien accesible, que se comunica con sus clientes y se preocupa por sus asuntos. Quiero ser una buena compañera y desempeñar mi trabajo con la mayor diligencia posible. En definitiva, mi objetivo es ser alguien en quien mis compañeros puedan confiar y poner mi profesión al servicio de la ciudadanía.

– C. T. Quiero dedicarme al ejercicio de la profesión de notario en cuerpo y alma, con toda la intensidad y entrega que sea capaz. Intentaré con el día a día ser útil y ganarme la confianza de los usuarios en el servicio y en el ejercicio de la función pública que fundamenta nuestro oficio. Espero no perder nunca de vista la gran ayuda que los notarios podemos aportar a los ciudadanos e instituciones, contribuyendo, a través de un eficaz asesoramiento, a que todo el que acuda a la notaría pueda alcanzar sus fines lícitos.

Entrevista a Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno

CON SELLO PERSONAL

Isabel Rodríguez,

ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno

“Es necesario blindar la capilaridad territorial en la prestación de servicios”

Isabel Rodríguez García es ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno desde 2021. Abogada de profesión, fue diputada en el Congreso desde 2011 hasta 2019, donde presidió la Comisión de Justicia.
CARLOS CAPA,

Después de un año en el Gobierno al frente de una cartera siempre compleja como es la Política Territorial, ¿cuál es su valoración de esta primera etapa?

Hago una valoración muy positiva de este primer año al frente del Ministerio de Política Territorial. Desde que el presidente del Gobierno me hizo este encargo, he tenido presente algo que para mí es fundamental: no olvidarme para qué estoy aquí. Desde luego, para seguir trabajando para que España siga creciendo y para afrontar los retos que se presenten sin dejar a nadie atrás. España se dispone nada menos que a abordar una modernización de la economía comparable a la que supuso la entrada de nuestro país en la Unión Europea. No solo debemos hacer efectiva esa transformación, sino que ésta llegue hasta el último rincón de nuestro país, ya sea un entorno urbano o del medio rural. Es la mejor vía para preservar la cohesión social y la vertebración territorial, objetivos que van de la mano. En este contexto quiero situar las principales líneas de trabajo que estamos desarrollando desde el Ministerio de Política Territorial. Entre ellas, el refuerzo de la cooperación interterritorial y recuperación del diálogo, el municipalismo como eje fundamental, el fortalecimiento de las entidades locales y la desconcentración de la Administración General del Estado en el territorio para garantizar una presencia equilibrada del Estado en todo el país, acercar la Administración a la ciudadanía y mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.

Compagina su cartera ministerial con la función de portavoz del Gobierno. ¿Cree que las políticas gubernamentales son bien entendidas por la sociedad?

Creo que este Gobierno ha demostrado con creces su solvencia para gestionar situaciones de crisis. En este sentido, esperamos y deseamos que la ciudadanía entienda la envergadura de los retos que afrontamos, pero también el esfuerzo desplegado por el Ejecutivo para preservar el Estado de Bienestar y proteger a las clases medias y trabajadoras. A diferencia de lo que hizo el Gobierno anterior, a raíz de la crisis de hace una década, hemos decidido afrontar las consecuencias primero de la pandemia y ahora de la guerra sin dejar a nadie atrás. Hay cifras que hablan por sí solas. Hace diez años España registraba un récord histórico de desempleo, con una tasa del 26%, rozando los seis millones de parados. Sólo en un año se destruyeron 700.000 puestos de trabajo. Hoy en día hemos superado los 20 millones de personas ocupadas. El nivel de empleo supera en 539.226 trabajadores el que se registraba en febrero de 2020, antes de la pandemia. Este dinamismo del mercado laboral es compatible con una mejora de la calidad del empleo, apreciándose los efectos de la reforma laboral en el mercado de trabajo, con un fuerte incremento de la contratación indefinida.

¿Qué ha cambiado con la invasión de Ucrania?

Ahora estamos centrados en proteger a los más vulnerables de los efectos del conflicto bélico en Ucrania. Por eso, hemos decidido prorrogar el plan para amortiguar las consecuencias de la guerra hasta el 31 de diciembre articulando una respuesta de hasta 10.000 millones de euros. El presidente del Gobierno, durante el Debate del Estado de la Nación, anunció medidas adicionales como el impuesto a las entidades bancarias y a las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras, que ya está en trámite parlamentario, o la bonificación al 100% de los abonos de Renfe de Cercanías y el 50% en los Avant que ya se aplica hasta el 31 de diciembre de este año. Estas medidas ayudarán a paliar los efectos de la inflación. Es una respuesta a la altura del reto que tenemos por delante. Este Ejecutivo no hará como hicieron los gobiernos conservadores en anteriores crisis. Gobernaremos para sacar al país adelante siempre guiados por el interés general. Y cuando sea preciso elegir, estaremos del lado de quienes más precisan el auxilio de los poderes públicos. Este Gobierno, una vez más, se dejará la piel para proteger a la clase media y trabajadora de España.

Fue usted la senadora más joven de la VIII legislatura, además de directora general de Juventud en Castilla-La Mancha. ¿Qué fotografía hace de la juventud española hoy?

La juventud reclama oportunidades y estamos volcados en dárselas, asumiendo como prioritario el mandato de atajar la precariedad y el alto desempleo. Con este objetivo, cumplimos el compromiso de abordar la modernización del mercado de trabajo mediante una reforma laboral acordada con los agentes sociales y centrada en la dignificación del trabajo, lo que va a permitir a millones de jóvenes satisfacer sus expectativas vitales y profesionales. Como ha dicho el presidente del Gobierno, no vamos a consentir que nuestros jóvenes vuelvan a pagar la crisis. Este Gobierno, gracias a los Fondos de Recuperación, está apostando por la modernización y transformación económica de nuestro país con la puesta en marcha de PERTES como el del vehículo eléctrico, aeroespacial o el agroalimentario. PERTES que modernizan nuestro tejido productivo y que generaran oportunidades y empleo en todos los territorios. A su vez, cumplimos en materia de corresponsabilidad con la ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas, una conquista que ha situado a España a la cabeza de Europa en esta materia. Y, desde 2018, la brecha salarial entre mujeres y hombres se ha reducido en casi cinco puntos hasta situarla en el 16,2%, según la EPA.

En materia de educación, el Gobierno ha aprobado una nueva ley de Formación Profesional que ajusta los perfiles profesionales a las demandas de las empresas y una partida sin precedentes para becas de estudiantes, adelantando la convocatoria a marzo. Es la primera vez que nuestro país invierte más de 2.000 millones de euros en becas. Va a significar que, aproximadamente, un millón de jóvenes en este país puedan disfrutar de ese derecho y seguir formándose. El Gobierno de España apuesta por las becas como ascensor social y no para perpetuar desigualdades.

Volviendo a la política territorial y después de más de 40 años de sistema autonómico, ¿ha sido un modelo de éxito? ¿En qué debe mejorar?

El pasado 15 de junio se cumplieron 45 años de las primeras elecciones democráticas. La Cumbre en Madrid ha servido para celebrar el 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN. Y también este año se cumplen 30 desde la puesta en servicio de la alta velocidad. Son efemérides que muestran la extraordinaria transformación de nuestro país a lo largo de este tiempo. El modelo autonómico ha sido clave en este desarrollo. Sin duda, es una de las claves de bóveda de la arquitectura constitucional. Estar en contra de las autonomías es estar en contra del Estado de Bienestar. Porque son las comunidades autónomas las encargadas de gestionar los servicios públicos esenciales, como la sanidad o la educación. El sistema constitucional permitió diseñar un modelo de descentralización que ha procurado el mayor periodo de prosperidad y bienestar de la historia de España. Acercar la Administración a la ciudadanía constituye un eje imprescindible para mejorar la calidad de la gobernanza. Sin embargo, llevamos mucho tiempo discutiendo en exceso sobre el reparto de competencias entre administraciones. Es un debate estéril y paralizante que impide centrarse en lo mollar, que no es tanto cómo quedan distribuidas las competencias sino cómo podemos colaborar para prestar mejor los servicios públicos de una manera leal y constructiva.

¿Se ha superado la grave crisis institucional, social e incluso emocional que supuso el llamado “procés”?

Este Gobierno ha tenido muy claro desde el principio de la legislatura que el diálogo es el modo adecuado de superar la complejidad de las relaciones institucionales entre administraciones diferentes. Veníamos de una situación muy complicada en la que se habían roto muchos puentes. La vocación de este Gobierno es clara: prestar el mejor servicio público y contribuir con nuestra acción a la convivencia, el reencuentro y la recuperación de la normalidad, objetivos que se han logrado durante los últimos cuatro años. Entendemos la política al servicio de la resolución de los problemas, y al mismo tiempo con el optimismo de construir un proyecto colectivo mejor. Y con el contraste de posiciones como base para llegar a acuerdos, por supuesto. Pero siendo conscientes de que para ello debemos actuar desde la lealtad institucional, el reconocimiento mutuo y sabiendo que todos deberemos tener la disposición de acercar posiciones. Después de diez años sin avanzar en el Estatuto catalán, hemos llegado a acuerdos históricos en el marco de la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, como la apertura de ponencias técnicas para formalizar el traspaso de la gestión de becas a estudiantes, de seguros escolares y revisar las competencias de juzgados, y el traspaso de varias infraestructuras. Las encuestas, incluidas las del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, nos señalan cosas muy relevantes: entre ellas, que los catalanes priorizan la gestión de los servicios públicos, la sanidad pública, la educación. En eso está centrado el Gobierno de España.

Hablando de superar situaciones… ¿Ayudarán los fondos europeos a esa transformación de la estructura económica de España?

España sigue liderando en la Unión Europea el proceso de llegada de los fondos.
Después de un trabajo muy intenso para poner en marcha las inversiones y reformas del Plan de Recuperación, este año está siendo clave para alcanzar la velocidad de crucero y las comunidades autónomas tienen un papel protagonista en el despliegue de las inversiones en todo el territorio, para que lleguen a las empresas y los ciudadanos y poner en marcha los proyectos estratégicos. España fue el primer país en lograr la aprobación formal del programa de inversiones y en recibir un primer pago semestral por el cumplimiento de hitos y objetivos, en diciembre de 2021. Y hemos vuelto a ser el primer país que podrá recibir ya el segundo pago, de 12.000 M€, tras constatar la Comisión Europea la implementación de 40 hitos y reformas adicionales. Estamos ante una oportunidad histórica para España, como supuso en su día la llegada de fondos de cohesión tras el acceso de nuestro país a la Unión Europea. Nuestro país va a recibir 140.000 millones de euros que ya están llegando a todas las comunidades autónomas y a todos los territorios, como es el ejemplo del Kit-Digital, un proyecto para apoyar a las pymes y autónomos de nuestro país, y que está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros.

Proviene de una región que forma parte de eso que se viene llamando “España vaciada”. ¿Qué hace el Gobierno para combatir la despoblación? ¿Podría considerarse al notariado un ejemplo de cercanía en estas poblaciones?

Mi tierra, efectivamente, es Castilla-La Mancha. Además de una comunidad autónoma con un gran patrimonio monumental, natural y etnográfico, es también un territorio que sobresale por su apuesta por la creación de parques empresariales y por atraer inversiones en sectores innovadores como las energías renovables. Castilla-La Mancha, por tanto, es un magnífico ejemplo de que la España interior es un territorio con futuro, cargado de recursos y oportunidades. A menudo, la visión que ha primado sobre el medio rural ha basculado entre la parodia y el victimismo. Tenemos muchos diagnósticos y es hora de pasar a la acción. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno desde el principio de la legislatura. Este es el primer Gobierno que pasa de las palabras a los hechos para afrontar el reto demográfico, que atañe tanto al envejecimiento de la población como al desarrollo del medio rural. Lo hemos hecho mediante un Plan de Reto Demográfico que contempla 130 medidas y 10.000 millones de euros hasta 2023. El 82% de las iniciativas que contempla ya se han puesto en marcha. Hemos llegado ya a dos de cada tres municipios de menos de 5.000 habitantes. Por ejemplo, el despliegue de la banda ancha, a través del Plan Único, cuenta este año con una inversión de 250 millones de euros. Nuestro objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades. Que cada persona pueda vivir, trabajar y emprender donde lo desee. Para ello es necesario blindar la capilaridad territorial en la prestación de servicios y, sin duda, la presencia del Notariado en nuestro país constituye un ejemplo de cercanía a estas poblaciones. Cumplen una labor fundamental a la hora de proporcionar seguridad jurídica a la ciudadanía.

“España se dispone a abordar una modernización de la economía comparable a la que supuso la entrada en la Unión Europea”

Huella digital

Isabel Rodríguez mantienen un activo perfil en la red social Twitter @isabelrguez desde donde opina sobre cuestiones de actualidad.

El portal oficial del Gobierno. Desde la Moncloa tienen una entrada sobre su actividad institucional y biografía política

La web de transparencia Newtral también le dedica un acceso en el que pueden consultarse sus retribuciones públicas

“El sistema constitucional permitió diseñar un modelo de descentralización que ha procurado el mayor periodo de prosperidad de la historia de España”

“El Notariado cumple una labor fundamental a la hora de proporcionar seguridad jurídica a la ciudadanía”

“La juventud reclama oportunidades y estamos volcados en dárselas, asumiendo como prioritario el mandato de atajar la precariedad y el alto desempleo”

Entrevista a Manuel García-Castellón, magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional

EN CURSO LEGAL

Manuel García-Castellón,

magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional

“La independencia judicial no puede quedar en entredicho de una forma gratuita”

Manuel García-Castellón y García-Lomas es el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Autodenominado como “juez vocacional” estudió derecho en la Universidad de Salamanca e ingresó en la carrera judicial en 1977, iniciando su carrera como juez de instrucción en diversos juzgados, hasta llegar al decanato de los juzgados de Valladolid en 1.993 desde donde partió a la Audiencia Nacional. Juez de Enlace con Francia durante casi tres lustros, tuvo que bregar con años duros en el combate al terrorismo de ETA.

Hace unos días la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) le concedió el premio Puñetas de Plata por “por haber instruido juicios de enorme relevancia política y económica, con profesionalidad e imparcialidad” según reconoció el jurado de los galardones.

CARLOS CAPA,

Periodista.

«YO SIEMPRE HE SIDO JUEZ DE INSTRUCCIÓN, VOCACIÓN DE LA QUE NUNCA ME HE MOVIDO, Y QUE ME HA DADO LA GRAN SATISFACCIÓN DE AYUDAR A LOS DEMÁS»

Hace unas semanas recibió el premio Puñetas de Plata que concede la Asociación de Comunicadores e informadores Jurídicos (ACIJUR). ¿Qué supuso para usted?

Naturalmente una gran satisfacción; si dijera lo contrario en este caso mentiría. Y más en una época como esta, en la que los que tomamos decisiones somos objetos de ataques a fondo por poderes de todo tipo. Ya no es que te insulten, te injurien o te amenacen, es que se ataca a la independencia judicial, no ya solo la propia, sino la de todos los jueces que sufren el efecto de la piedrecita en el estanque, generando ondas concéntricas que acaban llegándoles y pudiendo perturbarles. La independencia judicial no puede quedar en entredicho de una forma gratuita.

Es usted uno de los llamados “jueces mediáticos”, aunque quizás los que son mediáticos son los casos que instruye. ¿Qué tal se lleva con la prensa? ¿Qué papel cree que deben jugar los periodistas en el ámbito de la justicia?

En la Audiencia Nacional se ve claramente esa relación. Aquí hay decenas de periodistas acreditados, que obtienen no solo información, sino también asesoramiento u orientación de carácter técnico que ayuda a que lo que trasladen a los ciudadanos sea lo suficientemente riguroso y comprensible. Lógicamente hay temas que por su propia naturaleza reservada no se pueden compartir.

En todo caso creo que no se puede perjudicar a nadie que esté en un procedimiento dando informaciones no contrastadas: la llamada pena de banquillo. Una situación que se ha agravado con el paso del tiempo. A veces prima la información inmediata, difundida por canales digitales, sobre la veracidad o la rigurosidad. Y eso no debería pasar.

¿Cómo valora el estado de la Justicia en España? ¿Cree justificado el debate público sobre su independencia y la de los jueces?

El que piense que tenemos la desgracia de que España sea un estado fallido, no sabe lo que dice. La profesión de juez es sumamente vocacional, quizás como puede ser la de médico o sacerdote, y en mis muchos años de carrera siempre he visto integridad. El 99,9% de los jueces son independientes, aunque como en todos los lugares puede surgir una oveja negra. Yo nunca he visto más que profesionalidad en la Carrera Judicial. Efectivamente la Justicia tiene defectos, como puede ser la lentitud, pero eso no afecta a la integridad de los jueces.

Ha pasado más de 16 años de su carrera ocupando puestos en el extranjero. ¿Qué le ha aportado esta experiencia?

Lo que nos transmiten todos los que recurren a la Audiencia Nacional para obtener colaboración internacional es su agradecimiento y el reconocimiento de la eficiencia y facilidades que damos en el marco de esta colaboración.

Mi experiencia como juez de enlace en Francia, durante años duros de terrorismo, es que no encontramos la misma colaboración que nosotros ofrecemos a otros países. Me hubiera gustado tener en aquel momento más ayuda de un país en el que cayeron todas las cúpulas de ETA; no lo hicieron en España o en Portugal, sino en Francia y a veces nos encontramos un muro en la colaboración.

Sin duda creo que muchas muertes o heridos podrían haberse evitado con una mayor cooperación. Afortunadamente esa época pasó y la actuación y compromiso de todos los poderes llevaron a acabar con una época de terror y limpieza étnica en el País Vasco en septiembre de 2011.

Pasó más de tres lustros fuera de la Audiencia Nacional. ¿Encontró muchos cambios a su regreso?

Encontré un cambio físico obviamente por las obras que habían remodelado el edificio. En otro sentido no tanto, ya que debido a mi función en el extranjero mis contactos y comunicaciones eran constantes con los compañeros que estaban en la Audiencia.

Indudablemente cuando regresé la situación no era la misma que cuando me fui: había desaparecido el terrorismo de ETA y del GRAPO y había aumentado el islamista y se habían incrementado exponencialmente los delitos económicos.

Solo cuando ejerces en un órgano como este con competencias centrales te das cuenta de los magníficos medios con los que actúan otros servicios centrales como la Policía y la Guardia Civil. Su actuación en materia de investigación y prevención es espectacular.

¿Echa de menos su etapa de juez de instrucción en lugares como Medina del Campo o Valladolid? ¿Cómo es el salto de impartir justicia en un pequeño juzgado a ser el centro de atención mediático a diario?

Como en cualquier profesión esto es un camino en el que se va forjando la vocación. Hay jueces que empiezan en una jurisdicción y en ese camino encuentran que su vocación los lleva a otra. Cuando estás en jurisdicciones más pequeñas las posibilidades de ayudar a los demás no tienen la identidad que se alcanza en un órgano con jurisdicción nacional como este.

Creo que aquí se ve de forma plástica cómo se puede ayudar a los demás de forma inmediata. Es cierto que a veces no se consigue, como fue en el caso de Miguel Ángel Blanco, en el que no pudimos llegar a tiempo.

Yo siempre he sido juez de instrucción, vocación de la que nunca me he movido, y que me ha dado la gran satisfacción de ayudar a los demás.

La Seguridad Jurídica es la base de una democracia sana y de una economía fuerte. Usted que ha conocido en diferentes escenarios el papel que juegan los notarios en este ámbito, ¿cómo valora su función en la sociedad?

El prestigio del Notariado español no tiene igual en el resto de Europa. Creo que en este campo somos la envidia de muchos países europeos y occidentales. Esa es mi experiencia constatada a lo largo de mi carrera.

“El prestigio del Notariado español no tiene igual en el resto de Europa. Creo que en este campo somos la envidia de muchos países europeos y occidentales”

Lucha contra los delitos financieros

¿Qué opina de la participación del Notariado español en el combate contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo a través de herramientas como el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) o la base de datos de titularidad real?

La aportación del Notariado es fundamental, como ha venido a reconocer la legislación que se ha ido desarrollando, en la prevención y combate contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Los avisos emitidos por los notarios en actividades sospechosas provocan que los jueces podamos analizar actuaciones que pueden llevar a la apertura de un procedimiento judicial.

Huella digital

Especialista en Derecho Administrativo ingresó en la carrera judicial en 1962, en la quEl juez García-Castellón no tiene presencia propia en las redes sociales, aunque lo mediático de los asuntos que instruye hace que proliferen las noticias sobre su actividad tanto en las redes como en la información digital de los medios.

Existe una reseña biográfica suya en Wikipedia (en catalán).

Recientemente el digital Crónica Vasca le entrevistó con motivo del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, caso del que fue instructor.

“No se puede perjudicar a nadie que esté en un procedimiento dando informaciones no contrastadas: la llamada pena de banquillo”

“La Justicia tiene defectos, como puede ser la lentitud, pero eso no afecta a la integridad de los jueces”

“Yo siempre he sido juez de instrucción, vocación de la que nunca me he movido, y que me ha dado la gran satisfacción de ayudar a los demás”

Entrevista a María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública

CON SELLO PERSONAL

María Jesús Montero,

ministra de Hacienda y Función Pública

“Hemos dado pasos para modernizar el sistema tributario y adaptarlo al siglo XXI”

María Jesús Montero Cuadrado es ministra de Hacienda desde 2018, sumando las competencias de Función Pública en 2021. Médico de profesión, su actividad en este campo se centró en la gestión sanitaria, llegando a ser consejera de Salud de la Junta de Andalucía. De muy temprana vocación asociativa y compromiso político ha sido diputada del Parlamento de Andalucía, diputada en el Congreso, consejera autonómica y portavoz del Gobierno antes de ocupar una cartera tan relevante en la gestión pública como la de Hacienda.
CARLOS CAPA,

Estimada ministra, lleva al frente de la cartera casi cuatro años… ¿Qué destacaría de esta etapa?

Estamos viviendo unos años muy duros con acontecimientos que quedarán registrados en los libros de Historia: hemos sufrido la peor pandemia mundial en un siglo y estamos viviendo una guerra en Europa. Pero desde el Gobierno y, por supuesto, desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública, siempre hemos trabajado con el único objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos haciendo una política útil que dé respuesta a los problemas urgentes que acabo de enumerar, pero abordando también déficits estructurales de nuestra sociedad como la desigualdad o la precariedad laboral.

Estoy orgullosa del escudo social que aprobamos para proteger a las familias, a los trabajadores y a los autónomos en los peores momentos de la emergencia sanitaria. Protegimos el empleo con los ERTE que recibieron más de 3,6 millones de trabajadores en el auge de la pandemia y también a los autónomos con la prestación por cese de actividad. Pusimos a disposición de las empresas 100.000 millones de euros en avales del ICO y otros 7.000 millones de ayudas directas, entre otras iniciativas.

¿Qué medidas adoptó su Ministerio?

Desde el Ministerio de Hacienda hemos adoptado medidas relevantes para mitigar el impacto de la pandemia, como la rebaja del IVA de las mascarillas quirúrgicas o poner a disposición de las comunidades autónomas los mayores recursos de su historia, lo que les ha permitido seguir prestando servicios públicos de calidad. Ahora, en el plan de respuesta a la guerra en Ucrania, hemos aprobado la mayor rebaja de impuestos de la historia de la electricidad que permitirá un ahorro para familias y empresas de más de 10.000 millones y también hemos aplicado la bonificación de 20 céntimos en los carburantes. La evolución de los acontecimientos y la convicción de que es necesario continuar protegiendo a los hogares y al conjunto de la economía nos han llevado a decidir la extensión de estas medidas. En los próximos meses continuaremos monitorizando la situación, para tomar las decisiones más adecuadas, como hicimos durante la pandemia.

También me gustaría destacar los pasos que hemos dado para modernizar nuestro sistema tributario y adaptarlo a las nuevas áreas de negocio del siglo XXI con la incorporación de nuevas figuras fiscales como el Impuesto a las Transacciones Financieras y el Impuesto a Determinados Servicios Digitales. También hemos avanzado en la progresividad del sistema fiscal bajo la premisa de que deben contribuir más quienes más tienen. En esta línea se enmarca, por ejemplo, la aplicación de un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades, convirtiendo a España en vanguardia respecto al acuerdo alcanzando en la OCDE por más de 130 países. Y también hemos reforzado la lucha contra el fraude fiscal con una nueva ley que, entre otras cuestiones, prohíbe las amnistías fiscales.

¿Qué objetivos contempla para el resto de su mandato?

En primer lugar, tenemos que seguir muy atentos a la evolución de la pandemia, que todavía no ha terminado, y de la guerra de Putin en Ucrania. Seguiremos acompañando a la ciudadanía y al tejido productivo para reducir el impacto económico que están teniendo las medidas que la comunidad internacional está adoptando para defender la democracia en Europa.

Pero en la segunda parte de la legislatura estamos centradas todas las administraciones en la implementación de los fondos europeos. Se trata de una oportunidad única para transformar nuestro tejido productivo y sentar las bases de un modelo más competitivo, sostenible y que genere empleo de más calidad.

No hablamos en abstracto, sino de cuestiones concretas. De hecho, ya hay más de 17.000 proyectos adjudicatarios de fondos europeos con más de 12.000 empresas beneficiadas. Hemos comprometido casi 30.000 millones de euros desde que aprobamos el Plan de Recuperación hace ahora un año. En este sentido, España es un ejemplo en la UE por el alto nivel de ejecución de esos fondos. Fuimos el primer país en presentar el Plan de Recuperación y también el primero en recibir el primer desembolso. Hace unas semanas fuimos también el primer país en solicitar el segundo pago y seguiremos trabajando para que cada euro de estas ayudas llegue a la economía real de empresas y ciudadanos.

En la última remodelación gubernamental sumó a su cartera las competencias de Función Pública. ¿Qué destacaría de esta función?

La gestión de las personas que forman la fuerza laboral de la Administración Pública. Esto es, nada más y nada menos, que el corazón del Estado del Bienestar del que tan orgullosos nos sentimos y que cada día buscamos reforzar. Por eso en el año 2021 aprobamos la mayor Oferta de Empleo Público de nuestra historia y en el año 2022 logramos batir las cifras del año anterior con 44.787 plazas, sumando la mayor oferta ordinaria y la también histórica oferta de estabilización. Si nos limitamos sólo a la oferta ordinaria, en los cuatro años que lleva Pedro Sánchez como presidente del Gobierno se han ofertado casi 144.000 plazas, más del doble que las 63.394 de los gobiernos de Rajoy entre 2012 y 2017. En estos datos tangibles se demuestra nuestro compromiso con lo público. Además, este Gobierno ha ido incrementado la tasa de reposición: si desde 2012 el PP la mantuvo en el 0% durante cuatro años, en el ejercicio 2021 ya alcanzó un nivel general del 100% y del 110% para los sectores prioritarios, mientras que en los PGE de 2022 recogen una tasa general del 110%, del 120% para sectores prioritarios como la sanidad, la educación o la ciencia y del 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales.

Cuatro décadas de democracia han demostrado que contar con un sistema público bien dotado de personal es fundamental para el funcionamiento de la sociedad en el día a día. Y se ha revelado vital cuando nos hemos enfrentado a una pandemia o a catástrofes naturales como las que desgraciadamente hemos tenido que gestionar en los últimos años.

*Las medidas adoptadas por la Unión Europea tras los duros momentos vividos, ¿permitirán no tener que incrementar la presión fiscal?

A nadie se le escapa que las instituciones europeas han mostrado en la crisis económica provocada por la pandemia y ahora con la invasión rusa de Ucrania una sensibilidad muy diferente a la de crisis anteriores, como la financiera de 2008, o como ante la crisis de la deuda. La experiencia acumulada hace una década nos dice que los recortes y la austeridad no sólo son injustos, nos empobrecen y hacen un flaco favor a la cohesión social, sino que además retrasan la recuperación económica.

Con medidas de respaldo a las rentas de los hogares y a las empresas que han permitido la suspensión de las reglas fiscales comunitarias no sólo hemos garantizado la cohesión social, sino que además la recuperación tras la pandemia ha sido mucho más rápida que tras crisis anteriores. Ahí están las cifras de empleo, que están marcando niveles récord, con puestos de trabajo de mayor calidad, gracias a la reforma laboral que impulsamos. Y ahí están también los datos de recaudación tributaria, síntoma inequívoco del recuperado dinamismo económico.

La nueva sensibilidad europea, de la que el Gobierno de España, junto a otros, es inspirador, nos ha permitido que nuestra política fiscal pueda ser más acorde con el ciclo, es decir, que nuestras medidas puedan acompañar a los hogares y al tejido productivo. Así, hemos podido realizar bajadas de impuestos quirúrgicas, pero de gran magnitud, como en lo que se refiere a la factura eléctrica, y hemos tomado medidas también por el lado del gasto, como durante la pandemia, para dar apoyo a las empresas y a los autónomos mientras duren las consecuencias de la guerra de Putin. Al mismo tiempo, nuestro compromiso de medio plazo con la construcción de un sistema fiscal más progresivo y justo se mantiene intacto.

¿Hasta cuándo podrá el Gobierno sostener reducciones del IVA a los combustibles o bonificaciones eléctricas?

El Gobierno está desarrollando una serie de medidas encaminadas a paliar los efectos de la guerra en Ucrania en las familias y las empresas. Ello supone un gran esfuerzo. Por ejemplo, las medidas sobre la fiscalidad de la electricidad y la bonificación de los carburantes estaban en un principio vigentes hasta el 30 de junio y hace solo unos días las hemos prorrogado.

Además, hemos aprobado algo fundamental para atacar la raíz del problema de la inflación, como es topar el precio del gas para evitar que contamine el precio de toda la factura de la luz, un mecanismo que durará 12 meses y cubrirá todo el invierno. Por tanto, hay que dar un margen para que sus efectos puedan notarse.

El Gobierno está centrado en mitigar en todo lo posible el impacto de la guerra en las familias españolas y en acabar con la alta inflación. Se ha puesto en marcha un plan e iremos monitorizando cómo evolucionan la guerra y la inflación en los próximos meses.

¿Es la presión fiscal española la adecuada a la realidad y las posibilidades de los españoles?

Está claro que España necesita perfeccionar su sistema fiscal para hacerlo más justo y redistributivo y que propicie la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos. De ahí el encargo que le hicimos al comité de expertos para elaborar un Libro Blanco de la fiscalidad. Ese libro lo iremos estudiando y analizando en los próximos meses, siempre teniendo en cuenta el contexto económico actual.

España sigue siendo un país que tiene altas tasas de desigualdad, hemos mejorado en los últimos años, pero una de las herramientas para combatirla es un sistema tributario justo que permita redistribuir la riqueza y financiar servicios públicos de calidad. Lo que no cabe ni en España ni en cualquier sociedad es la receta que ofrece el PP para atajar cualquier problema económico: bajar impuestos de forma generalizada.

Dice el economista Juan Mora-Sanguinetti que “la seguridad jurídica es sinónimo de desarrollo económico”. ¿Cómo valora el trabajo y actividad del notariado español en promover y reforzar esa seguridad jurídica?

Los notarios ejercen una labor esencial en esta sociedad como garantes de la seguridad jurídica de numerosos procedimientos administrativos y también privados. El Ministerio de Hacienda, en concreto, mantiene una estrecha relación con el colectivo de los notarios. Un ejemplo de ello es la excelente y constante colaboración entre la Dirección General del Catastro y el Consejo General del Notariado para facilitar la tramitación catastral, simplificar trámites administrativos y potenciar esa certidumbre jurídica en diversos trámites, todo ello en beneficio del ciudadano.

“ESTOY ORGULLOSA DEL ESCUDO SOCIAL QUE APROBAMOS PARA PROTEGER A LAS FAMILIAS, A LOS TRABAJADORES Y A LOS AUTÓNOMOS”

Huella digital
María Jesús Montero mantiene abierta una cuenta en la red social Twitter de notable actividad.

Wikipedia ofrece una extensa entrada acompañada de numerosos enlaces externos.

También la actual portavoz del Gobierno tiene una cuenta en Facebook con más de 10.000 seguidores.

“EL GOBIERNO ESTÁ CENTRADO EN MITIGAR EN TODO LO POSIBLE EL IMPACTO DE LA GUERRA EN LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS Y EN ACABAR CON LA ALTA INFLACIÓN”

“CUATRO DÉCADAS DE DEMOCRACIA HAN DEMOSTRADO QUE CONTAR CON UN SISTEMA PÚBLICO BIEN DOTADO DE PERSONAL ES FUNDAMENTAL”

Entrevista a Pascual Sala, premio Puñetas de Oro 2022

EN CURSO LEGAL

PASCUAL SALA,

PREMIO PUÑETAS DE ORO 2022

“La Justicia no es el primer recurso para solucionar un conflicto, sino el último al que acudir”

Pascual Sala Sánchez (Valencia, 1935) es una de las referencias jurídicas españolas imprescindibles: es la única persona que ha sido sucesivamente presidente del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
CARLOS CAPA,

Periodista.

En el pasado mes de junio recibió el Premio Puñetas de Oro, que otorga anualmente la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos de España (ACIJUR) en atención a sus méritos en el campo del Derecho y la Justicia.

Acaba de recibir el Premio Puñetas de Oro, que otorga la asociación que representa a los informadores jurídicos ACIJUR. ¿Qué ha supuesto para usted?

Una gran satisfacción. Los premios Puñetas son una referencia y gozan de un cierto sentido jocoso, pero están cargados de prestigio entre los juristas. La libertad de expresión y la libertad de información son esenciales en una democracia, y los informadores tienen la crucial tarea de resaltar ante una opinión democrática libre la actividad de la Justicia y del Derecho, que regula todos los aspectos esenciales de la vida humana.

Es necesario no solo actuar bien en el ejercicio del derecho por todos los operadores jurídicos, sino también comunicarlo bien a la opinión pública. La Justicia y el Derecho son fundamentales como declara la Constitución para la convivencia democrática.

En definitiva, después de toda una vida dedicada a la Justicia y el Derecho, una satisfacción muy grande y un honor que agradezco a ACIJUR.

¿Cómo ve la Justicia en España, después de su extenso y diverso conocimiento de esta?

La Justicia se ha convertido en un auténtico poder del Estado desde la llegada de la Constitución. En la época de la dictadura te jugabas la carrera cuando querías implementar los principios democráticos en el ejercicio de la judicatura.

Desde 1978 se asume plenamente el principio de división de poderes y esto otorga a nuestra Justicia una independencia comparable a la de cualquier Estado de nuestro entorno. Desde luego no todo es perfecto. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de Gobierno del Poder Judicial, tiene un mandato constitucional expresamente previsto de cinco años, que se cumplieron ya hace más de tres y medio sin que se haya procedido a su renovación por razones de conveniencia o de permisibilidad legal que no deberían admitirse.

A nadie se le ocurre que el mandato de las Cámaras pueda prorrogarse más allá del establecido. El Poder Judicial es también un poder del Estado.

¿Debería entonces buscarse un nuevo modelo para la elección de los miembros del CGPJ?

Con la actual Ley Orgánica del Poder Judicial son los propios jueces los que proponen a los doce jueces de procedencia judicial en una sala especial, al objeto de permitir un posible recurso. El sistema es bueno, son los que lo aplican con criterios de conveniencia política, los que introducen las distorsiones mediante una especie de sistema de “reparto de lotes”.

¿Hay una buena técnica legislativa en España?

La seguridad jurídica es esencial en un sistema democrático. Y aquí la claridad de las leyes es importante. La existencia de conceptos jurídicos indeterminados produce inseguridad. Actualmente existen enumeraciones exhaustivas en textos legales que finalizan dejando espacios abiertos.

Es necesaria la claridad en las leyes; es lo que genera seguridad jurídica. Y lo que permite el derecho a la tutela judicial efectiva. Debería el legislativo ser más específico. Por seguir el ejemplo del CGPJ, debería haber una norma que diera por extinguido el órgano si en un plazo razonable, tres meses, por ejemplo, no se ha procedido a la renovación. No critico al poder legislativo, pero es muy importante proteger la seguridad jurídica.

¿Es independiente la Justicia española?

La justicia española es independiente sin ninguna duda. Tenemos menos jueces que en Italia o Alemania y un nivel de resolución igual o mayor que el de estos países. El problema es la ejecución que se dilata más que el propio proceso, o a veces se convierte en imposible. Yo mismo he mediado en un caso que llevaba 18 años sentenciado sin tener una solución efectiva.

Muchos ciudadanos no entienden cómo es posible que normas recurridas ante el Tribunal Constitucional lleven años, si no lustros, sin que se haya tomado una decisión sobre su constitucionalidad. ¿Cuál es su opinión?

Creo que el Tribunal Constitucional (TC) debería tener mejores medios materiales y humanos. Aun así, creo que el TC no incurre en demoras importantes, sino que tiene sus criterios de modulación según las materias.

El recurso que más tiempo lleva es el de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Pues bien, esa ley ha podido ser modificada por el Parlamento que ha tenido mayorías suficientes de los mismos que la recurrieron, pretendiendo que sea el TC el que resuelva la cuestión y olvidando que el tribunal no es un órgano consultivo. Esa es la función principal del Consejo de Estado: el Tribunal Constitucional es un órgano decisorio. En definitiva, los problemas que pueden ser resueltos políticamente es mejor que lo sean en ese ámbito.

¿Cree que debería volver a establecerse el recurso previo de inconstitucionalidad?

Sí, debiera recuperarse. Eso evitaría muchos problemas como el que vivimos en Cataluña. Si antes de someter el Estatut al refrendo del pueblo catalán hubiera sido revisada su constitucionalidad en el Tribunal Constitucional nos hubiéramos ahorrado problemas. Por supuesto es una herramienta aplicable en determinados y significados casos de normas de relevancia constitucional, como pueden ser los estatutos de autonomía.

Tras más de 50 años como juez ahora trabaja en un despacho de abogados. ¿Cómo ha sido el cambio?

Después de jubilado -en los cargos, que no en la vida-, abrí una segunda etapa muy provechosa para mí porque me ha dado la oportunidad de trabajar en los medios alternativos de resolución de conflictos como la mediación y el arbitraje.

Las instituciones europeas impulsan la mediación como un instrumento para evitar el embolsamiento litigioso. Es muy importante impulsar la mediación intrajudicial donde intervienen las partes y el tribunal. En definitiva, un gran recurso para desatascar la justicia dando justa satisfacción a las partes.

Es una gran satisfacción poder desarrollar mi actividad actual como socio consultor en el despacho de uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca, un jurista completo y perspicaz.

¿Somos un país con tendencia al litigio?

No creo que los españoles seamos especialmente litigiosos, o no más que los países de nuestro entorno, pero no se debería presentar a la Justicia como el primer medio para la resolución de conflictos, sino como el último recurso que cierra el sistema. Sin duda necesitamos los medios alternativos dentro o fuera de la jurisdicción ordinaria. Muchos litigios pueden ser resueltos por acuerdo de las partes.

Recientemente el Tribunal Constitucional ha resuelto cuestiones relativas a la firmeza de las resoluciones arbitrales. ¿Se ha clarificado el uso de esta herramienta legal?

El arbitraje es un sistema alternativo al que se llega por voluntad de las partes: el arbitraje obligatorio es inconstitucional. Por lo tanto, no puede convertirse en una primera instancia recurrible, y el TC ha hecho bien en delimitar el alcance del concepto de Orden Público. El procedimiento arbitral y sus decisiones no son impugnables por razón de estar o no de acuerdo con su contenido.

En su larga carrera ha tenido un contacto intenso con la función notarial. ¿Qué impresión tiene de ella?

El Notariado español es tan perfecto como el de cualquier país de nuestro entorno. Es un ejemplo de servicio y profesionalidad. La seguridad jurídica no solamente se implementa con leyes claras y precisas sino también con su aplicación. Y ahí los notarios resuelven muchas situaciones en la práctica. Las instituciones como el Notariado nunca podrán ser sustituidas o deterioradas.

“A nadie se le ocurre que el mandato de las Cámaras pueda prorrogarse más allá del mandato establecido. El Poder Judicial es también un poder del Estado”

Huella digital

Especialista en Derecho Administrativo ingresó en la carrera judicial en 1962, en la que permaneció hasta su jubilación en 2013 y es doctor honoris causa por la Universidad de Valencia. Durante la dictadura, poniendo en riesgo su propia carrera, fue uno de los impulsores del movimiento Justicia Democrática, integrado por profesionales del ámbito judicial opuestos al régimen y partidarios de establecer la democracia en España.
Incansable y entregado al Derecho, en 2015 cambió la judicatura por el ejercicio de la abogacía ingresando en el despacho Roca Junyent como socio consultor en su área de mediación y arbitraje. Durante los últimos años ha dedicado sus esfuerzos a promover los medios alternativos de resolución de conflictos
Pascual Sala no es muy activo en las redes sociales, pero mantiene un perfil abierto en LinkedIn

También Wikipedia tiene una entrada con su biografía y otros datos de su actividad profesional
En la página web de La Casa del Libro puede consultarse la bibliografía de Pascual Sala, centrada en el Derecho Administrativo

“El problema es la ejecución que se dilata más que el propio proceso, o a veces se convierte en imposible”

“Sin duda necesitamos los medios alternativos dentro o fuera de la jurisdicción ordinaria”

“El Notariado español es tan perfecto como el de cualquier país de nuestro entorno. Es un ejemplo de servicio y profesionalidad”

Entrevista a Javier Gomá, filósofo y escritor. Director de la Fundación Juan March

CON SELLO PERSONAL

Javier Gomá,

filósofo, escritor y director de la Fundación Juan March

“La felicidad es el sentimiento de no tener deudas con la vida"

Filósofo, escritor y también ensayista. En 1993 aprobó las oposiciones al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado como número uno de su promoción. Es el actual director de la Fundación Juan March y la revista Foreign Policy lo incluyó, en dos ocasiones, en la lista de los cincuenta intelectuales iberoamericanos más influyentes. En 2021 publicó su libro más reciente: Un hombre de cincuenta años y la séptima edición de Filosofía Mundana. En marzo estrenó en el teatro su obra El peligro de las buenas compañías, que actualmente está de gira por toda España.

FÁTIMA PÉREZ DORCA,

¿Cómo le da tiempo a todo?

Me gusta recordar que las personas somos fundamentalmente tiempo: es la materia en la que flotamos los seres humanos. Cuando estamos muy ocupados y decimos a alguien que pide nuestra atención “lo siento, no tengo tiempo” cometemos una gran inexactitud porque en realidad lo único que tenemos es tiempo, un determinado crédito de tiempo. Otra cosa distinta es que no queramos o no podamos dárselo a quien nos lo solicita porque en ese momento tengamos otras prioridades. Si usted destaca de mi biografía algunos datos, está desvelando dónde han estado mis prioridades vitales en los últimos años, a las que hay que añadir las afectivas, familiares y amistosas.

Durante los días 19 y 20 de mayo se celebra el XII Congreso Notarial Español, El envejecimiento de la sociedad: principal desafío del siglo, en el que usted da la conferencia inaugural sobre la dignidad vs. la protección de la vulnerabilidad, ante un auditorio con representantes de todos los ámbitos de la sociedad civil y, en especial del jurídico. ¿Qué mensajes cree fundamentales hacer llegar, en este sentido, al público como filósofo?

El milagro de la dignidad moderna. En el pasado, la dignidad era una excelencia que adornaba al cosmos en general y al género humano en particular. No había conflicto entre la parte (lo humano) y el Todo social o cósmico. Era una dignidad armónica con su entorno. La dignidad moderna, en cambio, es conflictiva porque es atributo de la individualidad. Antes el presupuesto era que el interés particular cede ante el interés general en el que el primero se integra. La modernidad no contradice ese esquema, pero lo enriquece. Dice: el interés particular cede ante el interés general, pero el interés general cede ante la dignidad individual. Ahora la dignidad es lo que estorba y lo que resiste, no sólo, claro está, a las malas causas sociales (progreso, utilidad, bien común) sino también a las buenas si para realizarse sacrifica al individuo.

¿Y cómo jurista?

La dignidad como fundamento de la democracia liberal. Occidente ha conseguido un logro extraordinario, una tensión sutil y delicada entre dos principios: el colectivismo y el individualismo. Para el colectivismo ha inventado la democracia, el principio de la mayoría o el de la voluntad general, que ya en sí mismo hace justicia a la dignidad individual conforme al principio “un hombre, un voto”. Pero este colectivismo ha de conjugarse con el individualismo de los derechos humanos, basados en la dignidad. No todo lo que propicie la democracia es admisible si atropella los derechos humanos. Esta tensión creativa es la esencia del Estado de Derecho de la democracia liberal y lo que se echa en falta en otros sistemas alternativos, como el chino, el musulmán o el ruso.

 

La última fase de la vida está expuesta a amenazas propias derivadas de una mayor fragilidad física, psíquica y patrimonial. ¿Cómo hacer frente a esos riesgos preservando al mismo tiempo la dignidad y libertad inherente al ser humano?

Hay dos clases de dignidad. La primera, la que todos tenemos por el mero hecho de existir. Esta es ontológica, inexpropiable, inalienable por mucho que nosotros comentemos o suframos toda clase de indignidades. Por tanto, la decadencia de la ancianidad no afecta a la integridad de esta clase. Luego está la dignidad pragmática, que tiene que ver no con lo que somos sino con lo que hacemos, nuestro modo de comportamiento, si es o no acorde con la dignidad ontológica de la que somos portadores. Esta segunda clase sí está expuesta a variaciones, siendo una de ellas la circunstancia de la vejez.

¿Puede el Derecho ayudar a alcanzar ese difícil equilibrio?

La dignidad ontológica pone a su poseedor en una posición de acreedor universal. Todos los demás le son deudores porque le deben algo: un respeto. Pero, por otro lado, ese mismo poseedor debe obrar conforme a su propia dignidad y respetar la dignidad de los demás. El Derecho ni puede ni debe regular todos los espacios de la vida ni invadir el ámbito de la moral. Muchos comportamientos contrarios a la dignidad no son sancionables en Derecho, sino que sólo merecen reproche ante los demás o ante la propia conciencia. ¿Qué ocurre cuando un padre por sus palabras o por sus acciones hiere a sus hijos y deja en ellos heridas perdurables? ¿O cuando uno es desleal al amigo y traiciona su confianza? El Derecho calla, afortunadamente, aunque moralmente se produce una degradación. Con todo, el Derecho puede contribuir a proteger ese respeto debido y, en un plano asistencial, articula prestaciones que la dignidad persona tiene fundamento para esperar.

En su libro Un hombre de cincuenta años señala un testimonio antiguo, el de Platón, en el que el filósofo dice que “atribuye a los de esa edad una sabiduría exclusiva y por ese motivo están llamados a desempeñar una función suprema en la organización de su república ideal”. A partir del Renacimiento, dice usted, ser un hombre de cincuenta años “suele asociarse a una flaqueza”. Ante el envejecimiento de la sociedad, ¿volveremos a ser capaces de dar el valor que realmente tiene a la experiencia? ¿Qué es lo mejor que podemos esperar las personas de la etapa de la vejez?

Hasta no hace mucho, la esperanza de vida rondaba los sesenta años y la gente se jubilaba a los setenta y cinco, de manera que la muerte les sorprendía trabajando. Ahora nos jubilamos con algo más de sesenta mientras que de media vivimos más allá de los ochenta, y se calcula que, gracias a la medicina, la ausencia de guerras, la higiene y ciertos hábitos saludables, ganamos dos meses de esperanza de vida cada año, de modo que los nacidos en este siglo XXI tienen un cincuenta por ciento de posibilidades de alcanzar el siglo de vida. Conclusión: la vejez ya no es un estadio inseguro y breve reservado a unos pocos, sino, por primera vez, un largo y completo estadio en el camino de la vida. La ancianidad se ha convertido en un sólido cuarto de siglo.

¿Un estadio en el que podemos explorar nuevas facetas?

Hay un deber de plenitud en cada etapa (niño entre niños, hombre entre hombres, anciano entre ancianos) para hacerse acreedor en cada una de ellas al “momento oportuno”, esa hora buena que los griegos llamaron el kairós. La enhorabuena de la infancia es la ingenuidad; la de la madurez, la generación de los frutos de la casa y el oficio (hijos y mercancías); la vejez posee también su enhorabuena, que será el ensayo de una ciudadanía emancipada de la servidumbre de ser productiva. La vejez es un fastidio: decaen facultades, afloran achaques, se acumulan pérdidas, se acerca la propia. A cambio, concede una sabiduría exclusiva. El anciano es libre para practicar el puro arte de la vida sin servidumbres. Artista de la vida es quien cuida de sí propio y de los demás: amor, amistad. Y puede hacerlo con una benevolencia nueva que nace de la aceptación de las cosas y de uno mismo, roto ese espejo puesto por la sociedad que nos apremiaba a ser útiles.

Ha escrito sobre la felicidad y no me puedo ir sin preguntarle qué es para usted.

La felicidad es uno de esos conceptos heredados de una época que no es la nuestra. Durante la Antigüedad, ser feliz era cumplir la función que le había correspondido a uno en el cosmos y en la sociedad: los derechos y deberes inherentes a su posición en el mundo. Con el individualismo moderno todo esto cambia: el yo moderno siente que posee una dignidad infinita, como un ser privilegiado, pero, extraña, escandalosamente, está abocado a la indignidad de la muerte, como los mosquitos. Esta antítesis trágica le produce un malestar que le impide ser feliz. Nace por primera vez la búsqueda del “sentido de la vida”, una interrogación absolutamente inconcebible en la Antigüedad. La felicidad ya no es lo nuestro para nosotros, los modernos: lo importante para nosotros desde un punto de vista moral ya no es ser felices, como antes, sino ser dignos de ser felices, aunque no lo seamos. Y vitalmente, lo importante es cumplir, como se decía antes, las diferentes etapas de la vida, desde la infancia hasta la ancianidad y llegar al final del camino no “cansado de la vida” sino “colmado de años” como se decía de los patriarcas, porque siente que la vida no le ha pasado de largo incumpliendo sus promesas. Por eso propongo redefinir la felicidad contemporánea como el sentimiento de no tener deudas con la vida.

“La vejez ya no es un estadio inseguro y breve reservado a unos pocos, sino, por primera vez, un largo y completo estadio en el camino de la vida”

Huella digital
El director de la Fundación Juan March cuenta con una amplia huella en internet. Recientemente ha sido noticia, en los medios de comunicación, el lanzamiento de su comedia El Peligro de las buenas compañías, presentada en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Dispone de una cuenta en Twitter (@JavierGomaL) donde tiene más de 20.300 seguidores

“Occidente ha conseguido un logro extraordinario, una tensión sutil y delicada entre dos principios: el colectivismo y el individualismo”

“No todo lo que propicie la democracia es admisible si atropella los derechos humanos”

“El Derecho ni puede ni debe regular todos los espacios de la vida ni invadir el ámbito de la moral”

Entrevista a Tontxu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia

EN ESTE PAÍS

Tontxu Rodríguez:

SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA

“La reforma de la legislación concursal va a resultar muy positiva para el tejido empresarial»

El pasado diciembre Antonio Julián (Tontxu) Rodríguez, abogado desde 1987, tomó posesión del cargo de secretario de Estado de Justicia.
Senador en las cuatro últimas legislaturas por designación del Parlamento Vasco, también fue alcalde del Ayuntamiento de Barakaldo (2003-2013).
Quien le ha acompañado en su vida pública le considera un hombre cercano y campechano, además de un especialista en la justicia volcado en mantener un estrecho contacto con los operadores jurídicos.

CARLOS CAPA,

En estos pocos meses a cargo de la Secretaría de Estado de Justicia, ¿ha podido ya fijar las prioridades de las responsabilidades puestas a su cargo?

Desde mi llegada nuestra misión es generar en la ciudadanía el sentimiento de que la Administración de Justicia es, ante todo, un servicio público, como lo son (y deben seguir siéndolo) la sanidad, la educación o la atención a la dependencia.

Todo con el máximo respeto al paradigma de la gobernanza multinivel, así como a que la justicia es una herramienta para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres; la justicia y sus políticas públicas deben estar informadas e inspiradas en el feminismo.
En este contexto, los tres objetivos fundamentales que pretende lograr esta Secretaría de Estado son:

  • Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y la configuración de la justicia como un servicio público orientado al bienestar en derechos.
    •Mejorar las condiciones profesionales y laborales de todas las personas que trabajan en el sector de la justicia.
  • Contribuir desde el ámbito de la justicia a la transformación del país, haciendo lo posible para lograr una sociedad más democrática, igualitaria y cohesionada a nivel social y territorial.

Accede al poder ejecutivo después de más de 30 años de responsabilidades en otros ámbitos, como la Administración municipal o el poder legislativo. ¿Cómo afronta este cambio?

Es muy diferente ser alcalde de una ciudad como Barakaldo (Vizcaya) con más de 100.000 habitantes, con los problemas más cercanos a los ciudadanos, a estar en la Cámara Alta donde estás “haciendo” leyes que mejoran la calidad de vida de todos los ciudadanos, y ahora me ha tocado estar en el Ejecutivo gestionando la justicia como servicio público. Un cambio radical, que ha sido una decisión personal y a propuesta de la Ministra de Justicia, Pilar Llop.

Un honor tener presentes asuntos que preocupan a todos los ciudadanos, porque sin justicia no hay estado social y democrático.

Desde su condición de abogado ejerciente en el sector privado durante años, es conocedor de primera línea del día a día de la justicia. ¿En qué estado cree que se encuentra? ¿Responde su funcionamiento a las necesidades de la sociedad?

Se está avanzando en la mejora de la justicia, entendida no como una mera respuesta que ofrece el ordenamiento jurídico, desde una actitud lateral, sino que debemos pasar a verla como un poder público empeñado en la igualdad y en la supresión de todas las trabas que la sociedad encuentre en ese camino, porque lamentablemente aún quedan.

Por ello, nos hallamos ante un cambio de cultura política donde estamos configurando, desde la política pública de justicia, una esfera legal de todas las personas, como un servicio público digno de la sociedad democrática avanzada.

 

El pasado 4 de marzo representó a España en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea donde se manifestó en la dirección de impulsar una iniciativa común que contribuya a combatir la incitación y los delitos de odio. ¿Podría hablarnos de esta propuesta?

Efectivamente, en la reunión del Consejo de Ministros de Justicia del pasado 4 de marzo debatimos la propuesta presentada por la Comisión Europea de incorporar al catálogo de los denominados “eurodelitos”- aquellos para los que podría adoptarse una regulación común a nivel UE- el de la incitación al odio y los delitos de odio. Como no podía ser de otra forma, España comparte la necesidad de esta iniciativa y creemos que su adopción queda plenamente justificada al objeto de permitir una respuesta penal más eficaz a estos delitos, así como una mejor y más completa protección de las víctimas de los mismos. No debemos olvidar que los delitos de odio y de incitación al odio tienen un marcado carácter transnacional y ha adquirido un extraordinario auge en todos los países de la UE. Es por ello que, para luchar de manera más eficaz contra este fenómeno, resulta necesario impulsar una acción común de la UE que, respetando el derecho a la libertad de expresión, contribuya a evitar la impunidad de la incitación al odio y los delitos de odio, tanto en su dimensión en línea como fuera de ella.

El proyecto de Ley Concursal, que debe transponer una directiva comunitaria, está generando un intenso debate entre los operadores jurídicos y los expertos fiscales, sobre todo en lo referente a las pymes y a la regulación de la segunda oportunidad. ¿Será una solución eficiente para la supervivencia del tejido empresarial en una situación tan extraordinaria como la que vivimos?

Sin duda, la reforma de la legislación concursal va a resultar muy positiva para el conjunto del tejido empresarial.

La reforma introducirá los planes de reestructuración, un instrumento preconcursal para evitar la insolvencia, o superarla, incentivando una reestructuración más temprana, y por tanto con mayores probabilidades de éxito, contribuyendo a la descongestión de los juzgados y, de este modo, a una mayor eficacia del concurso.

A su vez, la ley reformará el procedimiento concursal para incrementar su eficiencia, introduciendo múltiples modificaciones procedimentales dirigidas a agilizar el procedimiento, facilitar la aprobación de un convenio cuando la empresa sea viable y una liquidación rápida cuando no lo sea.

Por último, la ley configura un procedimiento de segunda oportunidad más eficaz, ampliando la relación de deudas exonerables e introduciendo la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un plan de pagos, permitiendo así que éste conserve su vivienda habitual y sus activos empresariales.

Su vida política ha estado siempre vinculada al País Vasco. A más de diez años de la disolución de ETA, ¿cree que la normalidad ha vuelto a la política vasca y por ende a la española?

Tras 10 años del cese definitivo de la lucha armada de ETA, en Euskadi se vive en una situación de paz extraordinaria, y yo creo que se mezcla la generosidad y el recuerdo. Es el momento de los consensos, de los acuerdos, pero desde la memoria. Vivimos una nueva etapa; un nuevo tiempo para Euskadi y también para España. Hay que compartir lo que supuso el terrorismo de ETA, pero celebrar la convivencia plena entre vascos y con el resto de España.

Las víctimas conformaron la infantería de la democracia a pie de calle. Hay que recordar a todas las víctimas, porque nunca ha habido una razón para aniquilar al diferente. Medio siglo de terror ha dejado mucha sangre y muchos recuerdos. En Euskadi vivimos un nuevo tiempo y ahora toca reconocer a las víctimas de ETA; es una obligación y un deber moral y cívico, para poder ser una sociedad digna. Democracia sin rencor sí, pero con sentido de historia; somos una sociedad sin terrorismo, pero con memoria.

La Violencia de Género está enquistada en la sociedad sin que parezca que las medidas tomadas sean todo lo eficaces que deseamos. ¿Es necesario replantearse algo?

Sin duda debemos seguir trabajando para erradicar o reducir la violencia que sufren las mujeres, pero no comparto la idea de que las medidas adoptadas a partir de 2004 con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, hayan sido ineficaces. Cada día hay muchos recursos puestos a disposición de las mujeres que sufren violencia para conseguir que salgan de ella y, de hecho, muchas lo hacen. Uno de los mayores logros, junto al de la protección de las mujeres, ha sido el de crear una conciencia social de rechazo hacia cualquier tipo de violencia que pueda sufrir una mujer a manos de su pareja, convirtiéndose esa violencia, que hasta entonces permanecía en la esfera de lo privado o de lo estrictamente familiar, en un problema de orden público, que nos concierne a todos como ciudadanos de un país que se dignifica rechazando que una mujer esté sometida al dominio de un hombre.

En un escenario tan complejo como el que vivimos marcado por elementos como la pandemia o la guerra de Ucrania, la seguridad jurídica, elemento consustancial a la función notarial, es más que nunca un valor fundamental para la recuperación. ¿Cómo valora el trabajo que realiza el notariado español?

El Notariado español es un colectivo pionero y muy activo en el proceso de implantación de la administración electrónica. En momentos como los que estamos viviendo esta capacidad de evolución resulta fundamental para seguir cumpliendo su función de garantes de la seguridad jurídica en el tráfico jurídico extrajudicial, adaptándose a las necesidades de la sociedad actual. En esta línea, la futura Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia profundizará en la digitalización del servicio prestado por los notarios con la regulación del protocolo electrónico, previéndose que los instrumentos incorporados al mismo se considerarán originales, dado que las matrices electrónicas serán un espejo de las matrices físicas. Del mismo modo, la Ley de Eficiencia Digital, sin desnaturalizar la función notarial, prevé también la posibilidad de realizar determinadas actuaciones notariales mediante videoconferencia.

Recientes estudios cifran que la lentitud de la Justicia bloquea más 11.000 millones de euros en los tribunales. ¿El impulso de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en la que los notarios juegan un relevante papel, debe contribuir a aliviar esta congestión?

El anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia, que en breve se remitirá nuevamente al Consejo de Ministros para iniciar su trámite parlamentario, pretende, efectivamente, impulsar los medios adecuados de solución de controversias, de forma alternativa a la jurisdicción, para ofrecer respuestas más ágiles a los conflictos de la ciudadanía y más ajustadas al caso concreto. Dotará, por tanto, de eficiencia operativa al sistema, a lo que también contribuirán enormemente los anteproyectos de ley de medidas de eficiencia organizativa y digital, igualmente en una fase muy avanzada de tramitación; pero además, la implicación de las partes en la solución de sus propias controversias, ayudadas, en su caso, por un tercero neutral, como son los y las profesionales del Notariado, redundará sin duda en un mayor grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados y, sobre todo, contribuirá a preservar las relaciones y al mantenimiento de la paz social.

“El Notariado español es un colectivo pionero y muy activo en el proceso de implantación de la administración electrónica”

Huella digital

Tontxu Rodríguez no tiene cuenta propia en Twitter pero de sus actividades oficiales informa el perfil que mantiene el Ministerio de Justicia en la red social @justiciagob

“La justicia y sus políticas públicas deben estar informadas e inspiradas en el feminismo”

“Estamos configurando la justicia como un servicio público digno de la sociedad democrática avanzada”

“En Euskadi se vive en una situación de paz extraordinaria en la que se mezcla la generosidad y el recuerdo”

Entrevista a Eva González Pérez, abogada de los Países Bajos

EN CURSO LEGAL

Eva González Pérez,

abogada de los Países Bajos

“Hago mi trabajo como todos los abogados: con la Ley en la mano y exigiendo que el Gobierno la cumpla»

Eva González Pérez salto a la fama a finales del año pasado cuando su perseverancia en investigar y defender a los perjudicados por las acciones discriminatorias en el reparto de ayudas del Gobierno holandés de Mark Rutte hizo dimitir a éste y adelantar las elecciones en los Países Bajos. En 2021 recibió el Premio “Puñetas de Plata” de la asociación española ACIJUR por su trabajo en este caso de discriminación, que afectó a 26.000 familias inmigrantes.

CARLOS CAPA,

Periodista.

Desde entonces viene recibiendo numerosos reconocimientos por su rigor y perseverancia en la defensa de la ley. Graduada en Derecho por la Universidad de Utrecht y ejerciendo la abogacía desde hace más de 20 años, hasta la plataforma Netflix estudia hacer una serie contando su caso.

 

Aunque española de nacimiento, su vida personal y profesional se ha desarrollado en los Países Bajos. ¿Cuál es su vínculo con España?

Mi conexión con España es, por supuesto, a través de mi pueblo San Martín de Trevejo. Allí nací y, después de venirnos a vivir a Holanda, era el sitio donde pasábamos todos los veranos las vacaciones. Ahora que soy mayor y estoy casada y con hijos, seguimos haciéndolo, preferiblemente dos veces al año. Es agradable estar en el pueblo, volver a ver a mi madre. Es volver a casa.

En los últimos meses se ha convertido en una personalidad de renombre tanto en su país de adopción como en el de origen, recibiendo varios reconocimientos y galardones. ¿Alguna vez pensó en que su actividad profesional podría llevarle a este reconocimiento público?

Es algo muy especial para mi e increíble que un caso te lleve a la «fama». Yo hago como todos los abogados: trabajar con la Ley en la mano y exigir que el Gobierno también la cumpla. Así es como he ejercido mi profesión durante 20 años. Asimismo, es un gran honor que haber recibido diversos premios y que se reconozca públicamente mi trabajo por hacer lo correcto. Me sirve de viento de cola para hacerlo aún mejor en los siguientes 20 años y mantenerme alerta.

¿Por qué quiso ser abogada?

Siempre fue mi sueño, desde niña, para poder enorgullecer a mis padres.

Y ¿Por qué dedicarse a un territorio jurídico menos rentable que otros, como la abogacía de los negocios, por ejemplo?

No sé cómo funciona exactamente en España el abogado pro-bono, pero en Holanda puedes llevar tu bufete de abogados de forma rentable como abogado pro-bono si también tienes una parte comercial.

Esta combinación hace que un bufete de abogados sea rentable. En los últimos años, el gobierno ha hecho nuevos recortes y está poniendo cada vez más difícil a los abogados lo que en España se denomina asistencia jurídica gratuita. Estoy en contra de esos recortes. Mi caso también ha puesto de manifiesto la importancia de la asistencia jurídica financiada por el Estado, ya que fueron especialmente los menos pudientes los que tuvieron que enfrentarse a los métodos ilegales del Gobierno. Los abogados comerciales no asisten a estas personas.

Yo no he elegido mi trabajo en función de lo que se puede ganar con él; el dinero no es mi motor. Creo que, si trabajas en un campo del derecho con pasión, te irá bien económicamente. Siempre facturo lo menos posible a mis clientes, y más a la otra parte. Por lo general, eso tiene éxito. Este es también mi método de trabajo en este caso en contra de la Hacienda holandesa.

Su constancia en la defensa de los derechos de los más desfavorecidos frente al innegable poder del Estado ha tenido que ser complicada en lo personal y lo profesional. ¿Se siente satisfecha?

No es satisfactorio ser un abogado que defiende los derechos de los ciudadanos contra un Gobierno mentiroso que a su vez viola la ley, discrimina a las personas, oculta documentos al tribunal, y pone a los ciudadanos en listas secretas de fraude sin darles un juicio justo (porque estas personas ni siquiera sabían que estaban siendo consideradas autoras de un fraude). Es más bien una decepción. Creo que, en los procedimientos hacia los ciudadanos, el gobierno debe ser íntegro, transparente en documentos y respetar sus derechos.

El hecho de que haya podido defender los derechos de estos ciudadanos se debe a que accidentalmente recibí un expediente de un funcionario en el que vi cosas que se nos ocultaron al juez y a mí. El encuentro con un denunciante, la política y los medios de comunicación después, llevaron el expediente a este nivel. Me siento honrada de trabajar con otros para hacer que el gobierno en los Países Bajos sea más justo.

Si no hubiera sido por la visibilidad de su defensa de colectivos desfavorecidos como los inmigrantes es probable que muchos ciudadanos europeos no hubieran descubierto que en países como Holanda también existe la discriminación. ¿Se ha sentido intimidada por alguien en algún momento por hacer este trabajo?

En mi estrategia mediática, al principio no ponía a mis clientes de origen extranjero en primer plano en la televisión, los periódicos y la radio. Al principio puse a sus parejas (si eran de origen holandés) en primer plano para que el caso no se limitara a los problemas con los extranjeros y todos los holandeses pudieran identificarse. Hasta julio de 2020 no tenía pruebas fácticas de la discriminación porque la investigación de la Autoridad de Datos Personales aún estaba en curso y no había concluido. No me pareció bien que sin un informe de esta autoridad, que confirmara que había habido discriminación, ya se dijera que la había habido, aunque lo supiera desde 2014. Creo que este método de trabajo ha creado un precedente y el clamor general de la población.

No me he sentido intimidada. Por supuesto, se lanzaron acusaciones y ha habido funcionarios que enfadados salieron gritando de las reuniones con una actitud agresiva. Se siente la presión del lado de Hacienda porque obviamente ve que está perdiendo. Pero esa presión era fácil de soportar quedándote tranquila, y como nunca fue física no me afectó.

 

El proyecto europeo, y en concreto la primacía del derecho comunitario, vive momentos difíciles ante el desafío de algunos países. ¿Qué papel considera que juega el derecho de la Unión en estos momentos?

Creo que el derecho europeo siempre desempeña un papel en todas las normativas de un país. También considero que hay que cumplirla porque esta legislación contiene derechos y obligaciones que se aplican a todos y protegen a todos. Estoy en contacto con personas del Parlamento Europeo en relación con este expediente.

¿En que ha afectado a su vida personal y profesional haber hecho – nada más y nada menos- caer a un Gobierno y provocar un adelanto electoral?

La caída del Gobierno en enero de 2021 fue, nada más y nada menos, que una caída inteligente. Al fin y al cabo, la semana siguiente debía celebrarse un debate y se daría un voto de censura. No me ha afectado personalmente ni en mi vida profesional. El nuevo Gobierno vuelve a tener la misma composición. Sigo teniendo que lidiar con los funcionarios del Departamento de Impuestos que ya estaban antes de la caída. Con o sin Gobierno esto continuará de la misma manera. Como decía Albert Einstein: “No podemos resolver los problemas utilizando el mismo tipo de pensamiento que utilizamos cuando los creamos”. En este momento estamos en esta fase.

Estas personas que ya trabajaban en esos puestos tienden a mantener las cosas como estaban en lugar de esforzarse por cambiarlas. Wanda de Kanter, una especialista en pulmones y activista antitabaco, siempre me dice que existen personas que son “frenos permanentes”. Personas que actúan como si quisieran el progreso (y en mi caso que quieren resolver los problemas que han causado a, por ejemplo, mis clientes), pero mientras tanto frenan las soluciones porque, de lo contrario, serán redundantes. Y no quieren perder sus puestos de trabajo. Por eso se está viendo que no avanzan en la resolución y en pagar los daños y perjuicios.

Los Países Bajos liberalizaron funciones notariales, estableciendo modelos de competencia de precios, hace casi 20 años. En España sigue siendo un cuerpo de naturaleza pública con aranceles establecidos, ¿Qué modelo le parece mejor?

Desconozco los métodos de trabajo del notariado en España o si los ciudadanos españoles consideran importante que el modelo siga siendo el actual. Creo que los ciudadanos de los Países Bajos en general dan cada vez más por sentada la «seguridad jurídica». En un mercado liberalizado, esto hace que la seguridad jurídica «secular» sea un producto difícil. Pero ofrecer seguridad jurídica sigue siendo la piedra angular de la práctica notarial. Creo que, en un modelo liberalizado, la práctica notarial debería desarrollarse y también debería aportar valor en otras áreas, como el asesoramiento, el control de los registros y la supervisión de los procesos.

“Mi caso ha puesto de manifiesto la importancia de la asistencia jurídica financiada por el Estado”

Huella digital

Eva González mantiene una cuenta de Twitter en la dirección @MEGonzalezPere2 y tiene una entrada en Wikipedia con un resumen de su biografía

La BBC realizó un reportaje donde explica los detalles del caso destapado por Eva González que puede leerse aquí

“No es satisfactorio ser un abogado que defiende los derechos de los ciudadanos contra un Gobierno mentiroso que viola la ley”

“Me siento honrada de trabajar con otros para hacer que el gobierno en los Países Bajos sea más justo”

Entrevista a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior

CON SELLO PERSONAL

FERNANDO GRANDE-MARLASKA,

MINISTRO DEL INTERIOR

“España es uno de los países más seguros del mundo»

Fernando Grande-Marlaska Gómez (Bilbao, 1962), ministro del Interior desde 2018, magistrado en situación de servicios especiales en la Audiencia Nacional y exvocal del Consejo General del Poder Judicial, es alguien que nunca deja indiferente.

Claro y firme en sus convicciones, no ha dudado en abrirse en público en una autobiografía que ya tiene un lustro. Al frente de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y de los servicios de emergencia, aunque no lo explicita, es seguro que no tiene ni un día tranquilo para que lo tengamos los demás.

CARLOS CAPA

Permítame que, en vez de empezar por la actualidad, hacerlo desde más atrás. En 2016 se publica Ni pena, ni miedo, su autobiografía. ¿Puede resumir este lustro transcurrido desde que se descubre ante el gran público con esta obra y el Grande-Marlaska de hoy?

Responder sobre uno mismo, sobre cómo el paso del tiempo y las nuevas responsabilidades han podido influir más o menos en mi consideración personal, no es fácil. Es cierto que en Ni pena ni miedo hago una valoración de las vivencias que entiendo han forjado mi carácter, pero para contestar esta pregunta, que sin duda en algún momento tendré que hacerme, debe transcurrir algo de tiempo.

El cargo de Ministro del Interior, que ocupo hace casi cuatro años, es el mayor honor para un incondicional del servicio público, pero deja poco tiempo para pensar en uno mismo. Espero haber podido crecer un poco más como persona y como profesional y que los valores que me inculcaron, que se pueden resumir en empatía y responsabilidad, se hayan consolidado.

Cuando llegue el momento y la tenga, prometo una mejor respuesta, pero estoy convencido de que será positiva, que habré mejorado sobre todo como persona: trabajar con los hombres y mujeres que conforman el Ministerio del Interior y en un Gobierno como el del presidente Sánchez garantiza esa conclusión.

Casi cuatro años -crisis de Gobierno incluida- en uno de los llamados ‘ministerios de Estado’, esos que soportan la arquitectura institucional de una democracia. ¿Ha logrado alcanzar muchos de sus propósitos en la cartera?

Creo que el balance que podemos hacer es muy satisfactorio. Hemos invertido en seguridad: en la mejora de las condiciones laborales de los miembros de las Fuerzas de Seguridad (la equiparación salarial les ha supuesto un justo aumento salarial de más de un 20% en estos tres años); en la recuperación de las plantillas (con un incremento neto de 10.000 efectivos en este periodo); y en dotarles de mejores medios (600 millones de euros en el plan de infraestructuras policiales propio del ministerio, más otros 400 procedentes de los fondos europeos para la recuperación), y hoy las tasas de criminalidad nos dicen que España es uno de los países más seguros del mundo. Pero estamos a mitad de legislatura, y aún nos queda mucho trabajo por hacer.

Es inevitable hacer referencia al Covid-19 y al comportamiento ejemplar de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los servicios de emergencias y de rescate. ¿Se siente orgulloso de su actuación?

La palabra orgullo es insuficiente. La pandemia llegó sin que tuviésemos un solo instrumento para combatirla. Cuando el Gobierno decidió pararlo todo para preservar algo tan esencial como la salud, la vida, pedimos a ciudadanas y ciudadanos que permaneciesen en su casa para protegerse unos a otros, y su respuesta ejemplar estuvo facilitada porque sabían que sus Fuerzas de Seguridad seguían ahí, a su lado, trabajando sin descanso para darles protección.

Cuando aquel 14 de marzo de 2020 convocamos a los policías nacionales, a los guardias civiles, a los policías autonómicos y locales a asumir la más difícil misión nunca pensada, respondieron sin dudar y llevaron hasta las más altas cotas su compromiso con la ciudadanía cuando el país más lo necesitaba.

Nunca olvidaré que en los balcones y ventanas de toda España los aplausos que se dedicaban al personal sanitario que combatió y combate la epidemia en primera línea pronto se hicieron extensivos a las Fuerzas de Seguridad que, a su lado, se convirtieron en el instrumento con el que la sociedad articuló y articula su lucha contra la pandemia.

Hace diez años que la banda terrorista ETA, a la que tanto combatió como juez de la Audiencia Nacional, anunció su disolución. ¿Corremos el riesgo de que también se disuelvan en la memoria colectiva las víctimas y su sufrimiento?

Las víctimas del terrorismo son un referente ético y moral para la democracia española y estoy convencido de que la ciudadanía no va a permitir que caigan en el olvido. Desde luego, el Ministerio del Interior trabaja y trabajará siempre para recuperar y dignificar su memoria de la mano de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y con instrumentos tan significados como el Centro Memorial, que tiene su sede en Vitoria-Gasteiz y que pronto tendrá una subsede en Madrid.

Queremos para las víctimas del terrorismo un tributo permanente, imborrable, siempre presente; queremos construir la memoria colectiva de las víctimas del terrorismo para preservar los valores democráticos, éticos y de dignidad que encarnan y para concienciar a la población de la importancia de la defensa de la libertad y los derechos humanos. Para que nunca más esos valores de paz y convivencia pacífica nos sean arrebatados por el terrorismo.

La lacra de la Violencia Machista, que afortunadamente en 2021 ha dejado menos víctimas que el año anterior, sigue adherida en diferentes grados a la sociedad. ¿Se puede combatir solo con la actuación policial?

La lucha contra todas las violencias que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo es una responsabilidad colectiva que nos concierne a todas y todos como miembros de esta sociedad. Eso es lo que representa el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un acuerdo de país para erradicar de nuestro modelo de convivencia esa grave violación de los derechos humanos que es el terrorismo machista. Y no lo conseguiremos si cada uno de nosotros no aporta lo que le corresponde.

Por lo que se refiere a las Fuerzas de Seguridad del Estado, me enorgullece su altísimo compromiso con la lucha contra la violencia de género, el altísimo nivel de profesionalidad con el que cumplen esa misión. Es importante que todas las mujeres que residen en España sepan que, ante cualquier situación adversa o de riesgo, siempre podrán contar con los miembros de las Fuerzas de Seguridad.

Según las estadísticas de su ministerio, la criminalidad entre enero y septiembre de 2021 ha disminuido hasta mínimos históricos, con una tasa de infracción de 39,6 delitos por cada mil habitantes. Somos uno de los países más seguros del mundo. ¿Cree usted que este hecho está suficientemente interiorizado en la sociedad?

Sí, creo que la sociedad española es consciente de que disfruta de uno de los niveles de seguridad más elevados del planeta. Todas las encuestas nos demuestran que la inseguridad no está entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, y también que Policía Nacional y Guardia Civil son dos de las instituciones que mejor valoran y más respetan.

Acaba de hacer público el balance de accidentes de tráfico que indica, pendientes de su revisión definitiva y descontado el efecto pandemia, el mantenimiento de la tendencia a la disminución de la siniestralidad en las carreteras españolas. ¿Un balance satisfactorio?

Las estadísticas sobre siniestralidad vial nunca son satisfactorias, una sola vida perdida en la carretera es demasiada pérdida. Pero es cierto que recogen una tendencia descendente que nos ayuda a profundizar nuestras políticas que buscan una movilidad más segura y sostenible. En breve presentaremos la estrategia de Seguridad Vial 2021–2030, cuyo objetivo es reducir a la mitad los actuales registros de fallecidos y heridos graves en siniestros de tráfico.

Desde su condición de gran conocedor de la Justicia-dónde ha desarrollado su carrera desde los juzgados de Instrucción hasta el CGPJ- me gustaría preguntarle sobre su opinión acerca de los llamados ‘juicios mediáticos’. ¿Cómo proteger la constitucional presunción de inocencia cuando hay causas que se cierran lustros después de abrirse?

En un sistema democrático, la fricción entre el derecho a la información y el derecho a la presunción de inocencia es constante y no hay soluciones pacíficas y eficaces. Es necesario hacer una apelación a la responsabilidad social de los medios de comunicación, que también están obligados a comprometerse con los preceptos constitucionales, pero es asimismo imprescindible dotar a la administración de Justicia de los medios adecuados para que pueda ejercer su misión institucional en plazos razonables y adecuados a las características y circunstancias de cada proceso judicial.

Entre las actividades que presta a la sociedad el Notariado español, y en relación con la actividad de su ministerio, se encuentra la creación en 2005 del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales. ¿Cómo valora la intervención de los notarios en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo?

Los notarios desempeñan una labor muy relevante en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y se han convertido en aliados imprescindibles de las Fuerzas de Seguridad en la investigación y persecución de esos delitos. Gracias al Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales, son los propios notarios los que pueden identificar actos o negocios que pudieran presentar indicios delictivos, lo que ponen en conocimiento de las autoridades policiales y judiciales, y éstas también cuentan con su colaboración en sus propias investigaciones. Es una relación ya muy asentada que rinde importantes beneficios en la prevención y persecución de este tipo de delitos.

Desde su condición de jurista y ahora en la cartera de Interior, ¿cuál es su imagen del Notariado español y de su función al servicio de la seguridad jurídica preventiva?

Ningún Estado social democrático de derecho, y España lo es por mandato constitucional, puede prescindir de un sistema eficiente de seguridad jurídica preventiva, porque es ese sistema el que permite al ordenamiento jurídico promover valores vitales como la justicia o la igualdad en la libertad, valores que también deben regir en los procesos de crecimiento económico.

Desde ese punto de vista, el Notariado, en su condición de fedatario público, es uno de los ejes sobre los que pivota ese modelo público español de la seguridad jurídica preventiva, el que permite a ciudadanas y ciudadanos actuar en el tráfico jurídico y económico con libertad y seguridad.

“Ser Ministro del Interior es el mayor honor para un incondicional del servicio público, pero deja poco tiempo para pensar en uno mismo”

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Fernando Grande-Marlaska no mantiene un perfil propio en Twitter pero si lo tiene el Ministerio del Interior @interiorgob , cuenta desde la que se da información regular de sus actividades públicas. Su currículum está disponible aquí.

“Las víctimas del terrorismo son un referente ético y moral para la democracia española”

“La lucha contra todas las violencias que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo es una responsabilidad colectiva que nos concierne a todas y todos”

“Los notarios desempeñan una labor muy relevante en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”