Después de más de un año como Defensor del Pueblo, pero toda una vida dedicada al servicio público en diferentes ámbitos, ¿qué ha supuesto para usted desempeñar esta responsabilidad?

Ser Defensor del Pueblo no es tarea para una labor diletante de alguien aislado, encerrado en sus opiniones y preferencias. Se trata de atender, casi de conversar. Es una oportunidad única de trabajar por los derechos fundamentales, de ser la voz de los más vulnerables y de crear condiciones para que se les escuche. Como dije en el discurso de toma de posesión, uno de mis objetivos principales en el desempeño de esta labor es poner a la institución también al servicio de aquellos que no tienen ni siquiera voz, a los que no llegan ni a quejarse. No estamos aquí para describir lo que pasa sin más, ni somos cronistas de la actualidad. Estamos aquí para dirigirnos a quienes tienen la capacidad, el poder y la responsabilidad de implementar medidas que mejoren la situación los ciudadanos que nos trasladan sus problemas mediante sus quejas.

Mi compromiso es trabajar con ecuanimidad, con rigor, con eficacia y con independencia y, como la Ley señala, sin estar sujeto a mandato imperativo alguno, en defensa de los derechos reconocidos en el Título I de la Constitución.

«LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS HAN INSISTIDO CON SUS QUEJAS EN QUE LAS ADMINISTRACIONES DEBEN REFORZAR LA SANIDAD Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES»

En su toma de posesión se comprometió a continuar con “el fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho, la buena administración y la protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. ¿Puede hacer un balance de su actividad en estos campos durante lo que lleva de mandato?

Acabamos de presentar el Informe de la actividad de la institución en 2022 en el que damos cuenta de los 31.452 expedientes que hemos tramitado en este ejercicio que han dado lugar a más de 2.498 resoluciones dirigidas a las diferentes administraciones. En este informe se pueden encontrar múltiples ejemplos de nuestra labor en la defensa y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Los ciudadanos y ciudadanas han insistido con sus quejas, entre otras cosas, en que las administraciones deben reforzar la sanidad y los servicios públicos esenciales por ser éstos fundamentales en un estado de derecho robusto, justo y solidario. Supervisar es, por tanto, también impulsar y mostrar públicamente lo que cabe mejorar, así como hacer recomendaciones para lograrlo. Y en eso estamos.

Es un clamor la necesidad de reforzar la atención presencial en múltiples servicios públicos como la sanidad, la Seguridad Social o los registros civiles, entre otros, y ha de hacerse un enorme esfuerzo al respecto.

El pasado año la Institución cumplió 40 años. ¿Cuál ha sido en este periodo la contribución del Defensor del Pueblo a la democracia española?

En estas cuatro décadas de historia, la institución ha recibido casi un millón de quejas de los ciudadanos y ha iniciado 7.598 actuaciones de oficio. Además, se han dirigido a las diferentes administraciones 20.465 resoluciones (8.605 recomendaciones y 11.860 sugerencias). Los asuntos que más han preocupado a los ciudadanos en estas cuatro décadas han estado relacionados con la atención sanitaria, la seguridad social, el empleo, la educación, los servicios públicos esenciales, las dilaciones judiciales, la vivienda o los impuestos.

El Defensor del Pueblo ha sido pionero en abrir debates de especial interés ciudadano y muchas de sus recomendaciones han provocado cambios legislativos y mejoras en la aplicación de los derechos fundamentales.

Su nombramiento fue aprobado por las Cámaras con una mayoría superior a los 3/5 exigidos. Uno de los pocos consensos logrados en esta legislatura. ¿A qué atribuye haber podido conciliar tanto respaldo en un escenario político tan polarizado?

A lo largo de mi vida pública siempre he intentado huir de la crispación. Nunca he visto a mis oponentes como enemigos a batir, sino como contrincantes para convencer y compartir desafíos. Las pasiones aisladas se oponen a la razón y yo prefiero trabajar desde la razón, con pasión, desde la colaboración, y desde el servicio a los ciudadanos. Siempre he buscado el consenso y la integración. Y ser Defensor radica en lo que significa serlo del pueblo, sin exclusiones, en el sentido más pleno de esta palabra. Igual todo esto tuvo que ver con el respaldo obtenido.

¿Colaboran todas las administraciones con diligencia cuando se les requiere información? ¿Hay alguna más reacia a facilitar su función?

El artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, obliga a que las administraciones contesten a la institución sobre la información que precisa para sus actuaciones. Pero la contestación ofrecida no siempre es inmediata y en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse, tras haber sido reclamada en varias ocasiones.

En estos supuestos, la Ley faculta al Defensor del Pueblo para declarar al órgano o unidad administrativa concernida de «hostil o entorpecedora de sus funciones» y, además, ponerlo en conocimiento de las Cortes Generales. De hecho, todos los informes anuales del Defensor del Pueblo incluyen un apartado específico para señalar a estas administraciones que no colaboran. Además, también publicamos este listado en nuestra página web (www.defensordelpueblo.es).

«MUCHOS CIUDADANOS HAN INVERTIDO SUS AHORROS EN CRIPTOMONEDAS Y HAN ACABADO PERDIENDO TODO LO INVERTIDO»

Las administraciones que aparecen reflejadas suelen ser con frecuencia ayuntamientos e incluso entidades locales pequeñas. Somos conscientes de las carencias y la falta de medios materiales y humanos de algunos municipios y las dificultades que les puede plantear recopilar la información requerida. Pero ello no les exime de la obligación de contestar al Defensor del Pueblo, desde su posición y con sus razones. Si argumentan que carecen de medios para dar respuesta, nosotros lo haremos constar en nuestro Informe anual.

Hace unos meses denunció que “no hacemos lo suficiente por quienes están en situación de vulnerabilidad”. La subida de los tipos de interés, la elevada inflación la enrevesada burocracia en la concesión de ayudas están abocando a todavía más personas a esa vulnerabilidad. ¿Qué hacer?

Como se puede ver en Informe correspondiente a 2022, publicado recientemente, la institución Defensor del Pueblo permanece muy atenta a todas las ayudas y prestaciones que conforman el denominado “escudo social” y cuyo fin es proteger a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

En nuestra opinión, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es la herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y por ello, llevamos tiempo realizando recomendaciones para mejorar su aplicación. El objetivo tiene que ser consolidar un sistema estatal de garantía de ingresos, estable y mejorado progresivamente, que articule bien la acción de todas las Administraciones Públicas en su deber de asistencia dé una justa respuesta al derecho a la protección social de las personas en situación vulnerable.

Por otra parte, también hemos señalado la necesidad de implementar políticas públicas para incrementar la cobertura del sistema de becas y ayudas de comedor, ajustando la partida presupuestaria a las necesidades sociales y económicas existentes en cada momento, y tomando como referencia la tasa de riesgo de pobreza infantil.

Otros ejemplos de nuestras actuaciones en este campo es la recomendación para que el IRPF recoja la exención de las ayudas estatales de carácter social que perciben los colectivos en riesgo de exclusión, como el bono social térmico, y las acciones realizadas para evitar la exclusión financiera de colectivos especialmente vulnerables.

«A LO LARGO DE MI VIDA PÚBLICA SIEMPRE HE INTENTADO HUIR DE LA CRISPACIÓN. LAS PASIONES AISLADAS SE OPONEN A LA RAZÓN Y YO PREFIERO TRABAJAR DESDE LA RAZÓN»

El Defensor del Pueblo siempre ha tenido un especial interés por la situación de las prisiones y la política penitenciaria. ¿En qué situación estamos actualmente?

La institución Defensor del Pueblo ha de velar por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad, recordando que, si bien han perdido la libertad en razón del delito cometido, son poseedores de todos los derechos establecidos en la Ley Penitenciaria, su reglamento y otras normativas. Tramitamos sus quejas y visitamos los centros penitenciarios para conocer, de primera mano, la situación de la plantilla que trabaja en los mismos y de las personas privadas de libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El Defensor del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de España, lleva a cabo visitas periódicas a esos lugares. En 2022 el MNP realizó 62 actas de visitas, que dieron lugar a 795 resoluciones.

Las 795 resoluciones emitidas por el MNP abordan algunas carencias en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, y, entre otros asuntos, la necesidad de mejorar la asistencia sanitaria en dichos centros.

En los últimos años ha habido mejoras en los centros penitenciarios españoles tanto en lo referido a instalaciones como a las condiciones de vida de los internos. La Administración penitenciaria ha aceptado las recomendaciones de la institución relativas a videoconferencias, reconocimientos médicos o cumplimiento de sanciones. No obstante, siempre detectamos asuntos susceptibles de mejorar, por ejemplo, este año hemos insistido en la necesidad de reforzar la sanidad penitenciaria.

En su último informe a las Cortes Generales denunciaba la falta de regulación de los criptoactivos y el riesgo que ello conlleva. ¿Cree que hay interés en dar una salida a esta situación?

La institución comparte la preocupación por el fenómeno de los criptoactivos y su creciente tráfico. Muchos ciudadanos han invertido sus ahorros en criptomonedas y han acabado perdiendo todo lo invertido. Efectivamente, en el Informe de 2021 señalábamos nuestra preocupación por la falta de regulación específica y confiábamos en que, al ser este un fenómeno nuevo, se legislase con prontitud para proteger al consumidor. En estos momentos está pendiente de aprobación una propuesta del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Mercados de Criptoactivos, conocido como Reglamento MICA.

«LA LABOR DE LOS NOTARIOS ES FUNDAMENTAL YA QUE SU ACTUACIÓN ES GARANTÍA DE SEGURIDAD Y LEGALIDAD»

¿Cree que la seguridad jurídica, en la que los notarios cumplen un papel fundamental, goza de buena salud en España?

España es un Estado de Derecho y goza de seguridad jurídica y en este contexto la labor de los notarios es fundamental ya que su actuación es garantía de seguridad y legalidad.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo se ocupa de la Administración de Justicia desde el respeto a la independencia judicial: no puede intervenir en asuntos judicializados, si bien puede actuar en cuanto a los problemas generales de la Justicia y en todo lo que se refiere a la denominada Administración de la Administración de Justicia. En este sentido, formulamos resoluciones e incluso proponemos modificaciones normativas cuando consideramos que nos necesarias.

Lleva ya unos meses como Fiscal General del Estado, pero toda una vida en la fiscalía. ¿Qué ha supuesto para usted alcanzar la cúspide de la carrera?

Algo impensable para mí antes de que ocurriera. Yo nunca me planteé como objetivo de futuro hacer una carrera profesional dentro de la jerarquía de la institución.

En primer lugar, un honor inmenso que cualquier fiscal de este país podría reproducir. Porque para nosotros, para los fiscales, la figura del Fiscal General del Estado es algo más que el representante de la institución.

No se puede decir ni la culminación de una carrera, ni usar este tipo de expresiones, porque siendo un honor, significa una oportunidad de hacer muchas de aquellas cosas que a lo largo de la vida profesional se pueden plantear para mejorar la carrera o la institución.

Y luego, en tercer lugar, una responsabilidad muy grande hacia tu propia carrera, pero también hacia afuera, hacia el lugar que le corresponde en el esquema de la justicia o del equilibrio de poderes de este país.

¿Los fiscales son autónomos o independientes? ¿Es correcta la regulación actual de su función, o debería, dentro de lo permitido por la Ley, modificarse en algún punto?

La vocación es siempre ganar en autonomía. Lo que hemos hecho francamente mal durante los 40 años que lleva el Estatuto Orgánico en vigor es explicarle a la sociedad lo que somos. Quizá si nos conocieran mejor, la sociedad desconfiaría menos o tendría menos desconfianza hacia la figura del fiscal, sin ninguna duda. Pero si se proponen mecanismos para reforzar la autonomía, desde luego creo que hay que acogerse a ellos. Y el mecanismo que más autonomía da a cualquier institución es, sin duda, un margen presupuestario propio. Eso es lo que a los fiscales o a la Fiscalía española razonablemente le daría ese plus necesario, pero sin inventarnos nada. Es la línea que puede tener el Banco de España, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, es decir, otros órganos constitucionales, como somos nosotros, que tienen ese margen de autonomía presupuestaria, porque a partir de ahí, se pueden ejercer las potestades sin estar ligado a otros intereses o a otras necesidades.

“SER FISCAL GENERAL DEL ESTADO ES UN HONOR Y UNA ENORME RESPONSABILIDAD CON LA CARRERA Y CON EL PAÍS”

Durante veinte años ha sido Fiscal de Medio Ambiente. ¿Cree que los delitos medioambientales están bien regulados en él Código Penal? ¿Tienen los fiscales suficientes herramientas para combatir, por ejemplo, los incendios forestales provocados?

La especialidad de medio ambiente quizás sea la que requiere más conocimiento en relación con lo que es el derecho extra penal y nuestra labor como fiscales, ya que interviene en ámbitos tan diferentes como el urbanismo, la flora y fauna, las especies vegetales, los vertidos, los incendios forestales… todos ellos afectados por la legislación nacional y por la de las comunidades autónomas, incluso de las entidades locales. Eso hace que sea especialmente complejo. Necesitamos un apoyo pericial de expertos fuera de nuestro conocimiento del derecho penal y creo que el camino que nos queda por recorrer es largo para tener todas estas herramientas. El derecho penal ambiental, además, es cambiante. Estamos en un ámbito europeo en el que las directivas también nos dicen cómo tenemos que protegerlo, lo que provoca cambios en la legislación nacional.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que atribuiría a los fiscales nuevas competencias en la instrucción, sigue atascada en su tramitación. ¿Es necesario este cambio histórico en la regulación del proceso penal en España?

Creo que es imprescindible y es inevitable. La investigación es un modelo basado en los partidos judiciales del siglo XIX y en preceptos preconstitucionales. No se sostiene ahora mismo por eficacia.

El partido judicial ya no es el lugar donde se producen los hechos. La delincuencia es transnacional, se comete en la nube, en cualquier lugar del mundo y utiliza todos los espacios posibles.

El modelo constitucional otorga a los jueces la capacidad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y tutelar los derechos fundamentales. La Constitución no les otorga la investigación porque les convierte en juez y parte.

El modelo actual no se sostiene y no hay ningún país en nuestro entorno europeo judicial con uno similar.

El sistema español es realmente complicado y parece partir de la desconfianza hacia los fiscales. Quizás porque el Ministerio Fiscal franquista era el brazo del gobierno en la Justicia. Y aunque eso ha dejado de ser así aún nos cuenta mucho explicar la figura del fiscal.

“HAY UN LARGO CAMINO POR RECORRER EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”

¿Qué ha supuesto para la fiscalía española la reciente puesta en marcha de la Fiscalía Europea?

Es un ejemplo muy claro de que es inevitable la reforma. La estructura que nos impone Europa, y que Europa ya implanta en todos los países, es una estructura de investigación de la Fiscalía.

Hay que hacer un esfuerzo de adaptación de la Fiscalía Europea y sus estructuras al sistema procesal español. En ese camino hay dificultades porque son modelos diferentes. No voy a decir que no sean homologables, pero hay que hacer que encajen. Hay unas competencias compartidas que hay que delimitar entre la Fiscalía española y la Europea.

Naturalmente, como con cualquier reforma, hace falta un periodo de adaptación y que las instituciones se acoplen de una manera eficaz.

¿Es la Justicia la “cenicienta” de los servicios públicos? Los partidos políticos apenas le prestan atención en sus programas electorales.

Me gusta hablar en positivo y es que las Administraciones públicas o los poderes públicos que la gestionan, deben ser capaces de darse cuenta del valor que tiene la Justicia.

Hay que poner en valor que un servicio público de Justicia, ya sea en el ámbito civil o privado o en el ámbito penal, público o administrativo, es muy rentable para un país. La seguridad jurídica unida al Derecho Penal, o en las transacciones comerciales, o en el tráfico jurídico, son esenciales para el funcionamiento de un Estado.

“EL NOTARIADO HA CONSEGUIDO QUE TODO SEA MÁS DIFÍCIL PARA LOS DELINCUENTES; POR EJEMPLO, HACER TRANSACCIONES INMOBILIARIAS QUE PUEDAN OCULTAR DELITOS”

Las políticas contra la violencia de género, a la vista de las estadísticas, no han logrado reducir significativamente su presencia en la sociedad. ¿Qué podemos hacer?

Yo creo, en primer lugar, que el esfuerzo que ha hecho este país en materia de violencia de género es ejemplar comparado con cualquier otra nación del mundo.

De hecho, somos observados y una referencia para muchos países del entorno europeo, y hablo de países de primer nivel. Es muy difícil saber cuánto daño se ha evitado, pero estoy seguro de que el trabajo, el extraordinario trabajo que se ha hecho en estos años en muchos ámbitos como la fiscalía, la justicia, la policía, los servicios sociales…, han puesto en primera línea un problema enorme en las sociedades contemporáneas.

Se pueden hacer mejores cosas, pero también hemos avanzado mucho. Hay que detectar con mayor claridad la violencia; hay que aislar a los violentos; hay que detectar la peligrosidad del maltratador; hay que amparar a las mujeres objeto de esta violencia y a las niñas. También hay que utilizar recursos sociales antes y después de la denuncia y mejorar la distribución de los juzgados de violencia contra la mujer. Hay que concentrar los recursos. Y, sobre todo, hay que educar; hay que transformar la sociedad.

¿Cómo valora la función que realiza el Notariado, mediante instrumentos como el OCP y la Base de Datos de Titular Real en la prevención del blanqueo de capitales?

Cualquier persona que trabaje en una notaría ha visto el cambio extraordinario de las oficinas y de cómo los notarios y sus despachos se han convertido en un instrumento extraordinario para evitar comportamientos que escapaban del control de las Administraciones públicas o que directamente podían ser ilegales o ilícitos.

Las obligaciones o las capacidades de los notarios, y los instrumentos de control de actividades financieras en los que participa el Notariado como los registros de bienes, han hecho que ahora sea todo bastante más complicado para los delincuentes. Por ejemplo, hacer transacciones inmobiliarias o económicas que puedan ocultar o dificultar la investigación de los delitos.

¿Cree que la seguridad jurídica, en la que los notarios cumplen un papel fundamental, goza de buena salud en España?

España tiene una buena calidad en seguridad jurídica. Es un país fiable, y en esto el Notariado tiene mucho que ver.

Creo que hay que poner en valor la existencia de un cuerpo que no existe como tal o de manera idéntica en el resto de países del mundo. Debemos ser conscientes de sus capacidades. En mi opinión a la estructura notarial se le puede sacar, en el futuro, mucho más partido en un tráfico jurídico moderno. El Notariado es una estructura de país que ha de ser totalmente aprovechada como servicio público.

Tras más de un año al frente de un Ministerio de tanta importancia y complejidad, ¿cuál es su balance de esta etapa?

El balance del primer año ha venido marcado por el contexto internacional más complejo y convulso desde la caída del Muro de Berlín. Apenas había tomado posesión del cargo cuando estalló una profunda crisis en Afganistán que nos hizo dar lo mejor de nosotros mismos y de nuestra solidaridad para auxiliar a todos aquellos que perseguía el régimen talibán. Poco después Putin decidió iniciar su ataque ilegal, injusto e injustificado, a Ucrania abriendo una de las crisis más profundas a las que nos hemos enfrentado en los últimos años pero que también ha sido una extraordinaria oportunidad para reforzar la familia comunitaria que formamos los países de la UE. No sólo eso, la OTAN se ha revelado una vez más como un instrumento sólido y eficaz para trabajar hacia una paz que en la exitosa Cumbre de Madrid diseñó el concepto estratégico que nos guiará a los países que formamos parte de la Alianza durante los próximos años. Y, entretanto, seguimos trabajando en la nueva etapa de la relación con Marruecos; por una nueva Ley de Cooperación de la que se beneficien los cooperantes y a quienes va dirigida su acción, pero, sobre todo, para garantizar la paz y la estabilidad mundial.

Dedicamos el tema de nuestra portada a la presidencia española de la UE. ¿Cuáles serán las prioridades?

La agenda de contenidos es algo vivo, pero ya le puedo avanzar que España incidirá en varias líneas generales: recuperación económica, en un momento complicado para los ciudadanos y las familias en Europa; seguridad energética de la Unión, y el refuerzo del papel de Europa en el mundo. Trabajaremos por consolidar los principales ejes de actuación que España ha contribuido a conformar: transición ecológica, transformación digital, pilar social, asilo y migración. Y, en lo que se refiere a prioridades geográficas en las relaciones exteriores de la Unión, serán prioritarias regiones como América Latina y el Caribe y el Mediterráneo.

Ha señalado que España trabaja en una presidencia que refuerce la Unión Europea «para que sea capaz de seguir respondiendo a las crisis que se presenten y que continúe el desarrollo institucional y legislativo de forma que responda a las expectativas de los españoles y los europeos». Sin duda un gran reto… ¿Qué líneas de actuación seguirán?

La experiencia de presidencias recientes demuestra que las prioridades evolucionan en función del contexto en que se desarrolla el semestre, particularmente cuando se producen crisis de gran magnitud que modifican los objetivos inmediatos. No obstante, a unos pocos meses del comienzo de la presidencia española pueden identificarse áreas de trabajo que previsiblemente respondan a estas expectativas, como la consecución de una Europa más independiente y autónoma en todos los ámbitos, cuestiones medioambientales y energéticas, sin olvidar aspectos institucionales como un debate constructivo sobre la composición, funcionamiento y eficacia de la Unión Europea para las próximas décadas.

La invasión rusa de Ucrania y la guerra que la sigue han provocado una respuesta europea sólida. ¿Cómo está contribuyendo España?

España, el gobierno y también todo el pueblo español se han volcado con el apoyo a Ucrania desde el principio, posicionándonos de forma contundente en contra de esta guerra brutal e injusta. En el marco de la Unión Europea y de la OTAN, hemos contribuido con ayuda diplomática, política, humanitaria y militar. Yo mismo viajé a Ucrania este mes de noviembre para entregar 30 ambulancias medicalizadas para atención ginecológica ya que muchos hospitales han sido destruidos por los bombardeos rusos. Nuestra voluntad es la de seguir apoyando a Ucrania en la defensa de su integridad territorial y su soberanía, desde todos los ámbitos posibles hasta conseguir la paz.

¿Qué supone para nuestro país la implementación de las políticas europeas Next Generation?

El instrumento para la recuperación económica, Next Generation EU, constituye un ejemplo de respuesta común de la UE ante los desafíos globales. En el marco de este instrumento, España adoptó en mayo de 2021 su Plan de Recuperación, Transformación y en estos momentos lidera la implementación de los planes de recuperación en Europa, siendo el único país que ha solicitado el tercer pago en 2022. Con la ejecución de este Plan de Recuperación esperamos poder incrementar el nivel del PIB 2,6 puntos porcentuales de media cada año hasta 2031 y las expectativas están, además, orientadas a un cambio en la productividad total de los factores. Ya estamos viendo cómo con el conjunto de reformas e inversiones previsto, y ya en curso, está aumentando el crecimiento de la economía española, a la vez que se promueve un cambio estructural en sectores como el energético, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital.

«QUEREMOS PROPONER EL RELANZAMIENTO
COMPLETO DE LAS RELACIONES
ESTRATÉGICAS ENTRE EUROPA Y
AMÉRICA LATINA»

Si volvemos la vista a otras cuestiones: ¿En qué estado están las relaciones entre España y Marruecos?

Marruecos es un país muy importante para nosotros y por eso hemos puesto un gran empeño en reconducir unas relaciones que estaban muy deterioradas. Este ha sido desde el principio para mí, un tema capital. Ahora estamos en una nueva etapa de nuestras relaciones bilaterales en la que ambos países estamos muy satisfechos. En seis meses me he reunido ochos veces con mi homólogo marroquí, Nasser Bourita, y hemos hecho avances muy significativos. Hay datos que confirman esta buena sintonía, por ejemplo, la migración irregular que proviene de África, y que tiene como país de tránsito Marruecos, se ha reducido ya en un 23% mientras todas las rutas están subiendo; nuestros intercambios comerciales han crecido en un 30%, alcanzando las exportaciones españolas los 9.000 millones de euros en lo que llevamos de año y son cifras que esperamos que vayan a mejorar. Se ha retomado la conectividad marítima y aérea y se ha reabierto la frontera con Ceuta y Melilla.

«EL NOTARIADO ESPAÑOL ES CLAVE PARA PODER FACILITAR LAS RELACIONES COMERCIALES Y EMPRESARIALES CON TODAS LAS GARANTÍAS Y LA SEGURIDAD»

Latinoamérica ha dado un giro político en los últimos meses. ¿Qué peso tiene España hoy en la Región?

España concede un lugar prioritario a América Latina y el Caribe como región estratégica en su política exterior y cuando nos enfocamos en agendas de democracia, prosperidad, igualdad, es más fácil encontrarnos y caminar juntos. En ese sentido, estamos trabajando en un importante calendario iberoamericano con citas clave como la XXVIII Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en República Dominicana en marzo de 2023, o el lanzamiento de una Alianza Digital UE-América Latina en el primer semestre del año. Además, en la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en el segundo semestre del año, queremos proponer el relanzamiento completo de las relaciones estratégicas entre Europa y América Latina. El objetivo es que Europa y América Latina se vean como lo que son: aliados y amigos estrechos y naturales que compartimos valores y una visión común sobre los grandes desafíos globales.

¿Es la cooperación española uno de nuestros mejores embajadores?

Sin duda es uno de los pilares de nuestra acción exterior y desde el Ministerio hemos hecho una apuesta muy clara con la nueva ley de cooperación, para la que el Gobierno ha obtenido el respaldo de todos los grupos políticos salvo VOX. Se trata de la primera ley de cooperación que se aprueba en 25 años, y la primera que presenta un ministro de Exteriores desde 2014. Con esta norma, que es un verdadero hito de Estado, España se pone a la vanguardia reforzando todo el sistema de cooperación española para adaptarlo a los nuevos desafíos globales, con un modelo más eficiente e innovador, con mejores condiciones para las personas cooperantes y con una AECID reforzada como piedra angular.

El notariado español contribuye a la seguridad jurídica y está presente en 91 países del mundo. ¿Cómo valora su labor?

En un mundo globalizado como el que vivimos y con una economía altamente internacionalizada como es la española, con fuertes inversiones en el extranjero, la seguridad jurídica es una cuestión clave en la que el Notariado español juega un papel crucial. En América Latina, por ejemplo, donde España es el primer inversor europeo y el segundo mundial, sólo por detrás de Estados Unidos, la labor del Notariado español es fundamental para poder facilitar las relaciones comerciales y empresariales con todas las garantías y la seguridad necesaria para el éxito.

Después de un año en el Gobierno al frente de una cartera siempre compleja como es la Política Territorial, ¿cuál es su valoración de esta primera etapa?

Hago una valoración muy positiva de este primer año al frente del Ministerio de Política Territorial. Desde que el presidente del Gobierno me hizo este encargo, he tenido presente algo que para mí es fundamental: no olvidarme para qué estoy aquí. Desde luego, para seguir trabajando para que España siga creciendo y para afrontar los retos que se presenten sin dejar a nadie atrás. España se dispone nada menos que a abordar una modernización de la economía comparable a la que supuso la entrada de nuestro país en la Unión Europea. No solo debemos hacer efectiva esa transformación, sino que ésta llegue hasta el último rincón de nuestro país, ya sea un entorno urbano o del medio rural. Es la mejor vía para preservar la cohesión social y la vertebración territorial, objetivos que van de la mano. En este contexto quiero situar las principales líneas de trabajo que estamos desarrollando desde el Ministerio de Política Territorial. Entre ellas, el refuerzo de la cooperación interterritorial y recuperación del diálogo, el municipalismo como eje fundamental, el fortalecimiento de las entidades locales y la desconcentración de la Administración General del Estado en el territorio para garantizar una presencia equilibrada del Estado en todo el país, acercar la Administración a la ciudadanía y mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.

Compagina su cartera ministerial con la función de portavoz del Gobierno. ¿Cree que las políticas gubernamentales son bien entendidas por la sociedad?

Creo que este Gobierno ha demostrado con creces su solvencia para gestionar situaciones de crisis. En este sentido, esperamos y deseamos que la ciudadanía entienda la envergadura de los retos que afrontamos, pero también el esfuerzo desplegado por el Ejecutivo para preservar el Estado de Bienestar y proteger a las clases medias y trabajadoras. A diferencia de lo que hizo el Gobierno anterior, a raíz de la crisis de hace una década, hemos decidido afrontar las consecuencias primero de la pandemia y ahora de la guerra sin dejar a nadie atrás. Hay cifras que hablan por sí solas. Hace diez años España registraba un récord histórico de desempleo, con una tasa del 26%, rozando los seis millones de parados. Sólo en un año se destruyeron 700.000 puestos de trabajo. Hoy en día hemos superado los 20 millones de personas ocupadas. El nivel de empleo supera en 539.226 trabajadores el que se registraba en febrero de 2020, antes de la pandemia. Este dinamismo del mercado laboral es compatible con una mejora de la calidad del empleo, apreciándose los efectos de la reforma laboral en el mercado de trabajo, con un fuerte incremento de la contratación indefinida.

¿Qué ha cambiado con la invasión de Ucrania?

Ahora estamos centrados en proteger a los más vulnerables de los efectos del conflicto bélico en Ucrania. Por eso, hemos decidido prorrogar el plan para amortiguar las consecuencias de la guerra hasta el 31 de diciembre articulando una respuesta de hasta 10.000 millones de euros. El presidente del Gobierno, durante el Debate del Estado de la Nación, anunció medidas adicionales como el impuesto a las entidades bancarias y a las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras, que ya está en trámite parlamentario, o la bonificación al 100% de los abonos de Renfe de Cercanías y el 50% en los Avant que ya se aplica hasta el 31 de diciembre de este año. Estas medidas ayudarán a paliar los efectos de la inflación. Es una respuesta a la altura del reto que tenemos por delante. Este Ejecutivo no hará como hicieron los gobiernos conservadores en anteriores crisis. Gobernaremos para sacar al país adelante siempre guiados por el interés general. Y cuando sea preciso elegir, estaremos del lado de quienes más precisan el auxilio de los poderes públicos. Este Gobierno, una vez más, se dejará la piel para proteger a la clase media y trabajadora de España.

Fue usted la senadora más joven de la VIII legislatura, además de directora general de Juventud en Castilla-La Mancha. ¿Qué fotografía hace de la juventud española hoy?

La juventud reclama oportunidades y estamos volcados en dárselas, asumiendo como prioritario el mandato de atajar la precariedad y el alto desempleo. Con este objetivo, cumplimos el compromiso de abordar la modernización del mercado de trabajo mediante una reforma laboral acordada con los agentes sociales y centrada en la dignificación del trabajo, lo que va a permitir a millones de jóvenes satisfacer sus expectativas vitales y profesionales. Como ha dicho el presidente del Gobierno, no vamos a consentir que nuestros jóvenes vuelvan a pagar la crisis. Este Gobierno, gracias a los Fondos de Recuperación, está apostando por la modernización y transformación económica de nuestro país con la puesta en marcha de PERTES como el del vehículo eléctrico, aeroespacial o el agroalimentario. PERTES que modernizan nuestro tejido productivo y que generaran oportunidades y empleo en todos los territorios. A su vez, cumplimos en materia de corresponsabilidad con la ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas, una conquista que ha situado a España a la cabeza de Europa en esta materia. Y, desde 2018, la brecha salarial entre mujeres y hombres se ha reducido en casi cinco puntos hasta situarla en el 16,2%, según la EPA.

En materia de educación, el Gobierno ha aprobado una nueva ley de Formación Profesional que ajusta los perfiles profesionales a las demandas de las empresas y una partida sin precedentes para becas de estudiantes, adelantando la convocatoria a marzo. Es la primera vez que nuestro país invierte más de 2.000 millones de euros en becas. Va a significar que, aproximadamente, un millón de jóvenes en este país puedan disfrutar de ese derecho y seguir formándose. El Gobierno de España apuesta por las becas como ascensor social y no para perpetuar desigualdades.

Volviendo a la política territorial y después de más de 40 años de sistema autonómico, ¿ha sido un modelo de éxito? ¿En qué debe mejorar?

El pasado 15 de junio se cumplieron 45 años de las primeras elecciones democráticas. La Cumbre en Madrid ha servido para celebrar el 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN. Y también este año se cumplen 30 desde la puesta en servicio de la alta velocidad. Son efemérides que muestran la extraordinaria transformación de nuestro país a lo largo de este tiempo. El modelo autonómico ha sido clave en este desarrollo. Sin duda, es una de las claves de bóveda de la arquitectura constitucional. Estar en contra de las autonomías es estar en contra del Estado de Bienestar. Porque son las comunidades autónomas las encargadas de gestionar los servicios públicos esenciales, como la sanidad o la educación. El sistema constitucional permitió diseñar un modelo de descentralización que ha procurado el mayor periodo de prosperidad y bienestar de la historia de España. Acercar la Administración a la ciudadanía constituye un eje imprescindible para mejorar la calidad de la gobernanza. Sin embargo, llevamos mucho tiempo discutiendo en exceso sobre el reparto de competencias entre administraciones. Es un debate estéril y paralizante que impide centrarse en lo mollar, que no es tanto cómo quedan distribuidas las competencias sino cómo podemos colaborar para prestar mejor los servicios públicos de una manera leal y constructiva.

¿Se ha superado la grave crisis institucional, social e incluso emocional que supuso el llamado “procés”?

Este Gobierno ha tenido muy claro desde el principio de la legislatura que el diálogo es el modo adecuado de superar la complejidad de las relaciones institucionales entre administraciones diferentes. Veníamos de una situación muy complicada en la que se habían roto muchos puentes. La vocación de este Gobierno es clara: prestar el mejor servicio público y contribuir con nuestra acción a la convivencia, el reencuentro y la recuperación de la normalidad, objetivos que se han logrado durante los últimos cuatro años. Entendemos la política al servicio de la resolución de los problemas, y al mismo tiempo con el optimismo de construir un proyecto colectivo mejor. Y con el contraste de posiciones como base para llegar a acuerdos, por supuesto. Pero siendo conscientes de que para ello debemos actuar desde la lealtad institucional, el reconocimiento mutuo y sabiendo que todos deberemos tener la disposición de acercar posiciones. Después de diez años sin avanzar en el Estatuto catalán, hemos llegado a acuerdos históricos en el marco de la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, como la apertura de ponencias técnicas para formalizar el traspaso de la gestión de becas a estudiantes, de seguros escolares y revisar las competencias de juzgados, y el traspaso de varias infraestructuras. Las encuestas, incluidas las del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, nos señalan cosas muy relevantes: entre ellas, que los catalanes priorizan la gestión de los servicios públicos, la sanidad pública, la educación. En eso está centrado el Gobierno de España.

Hablando de superar situaciones… ¿Ayudarán los fondos europeos a esa transformación de la estructura económica de España?

España sigue liderando en la Unión Europea el proceso de llegada de los fondos.
Después de un trabajo muy intenso para poner en marcha las inversiones y reformas del Plan de Recuperación, este año está siendo clave para alcanzar la velocidad de crucero y las comunidades autónomas tienen un papel protagonista en el despliegue de las inversiones en todo el territorio, para que lleguen a las empresas y los ciudadanos y poner en marcha los proyectos estratégicos. España fue el primer país en lograr la aprobación formal del programa de inversiones y en recibir un primer pago semestral por el cumplimiento de hitos y objetivos, en diciembre de 2021. Y hemos vuelto a ser el primer país que podrá recibir ya el segundo pago, de 12.000 M€, tras constatar la Comisión Europea la implementación de 40 hitos y reformas adicionales. Estamos ante una oportunidad histórica para España, como supuso en su día la llegada de fondos de cohesión tras el acceso de nuestro país a la Unión Europea. Nuestro país va a recibir 140.000 millones de euros que ya están llegando a todas las comunidades autónomas y a todos los territorios, como es el ejemplo del Kit-Digital, un proyecto para apoyar a las pymes y autónomos de nuestro país, y que está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros.

Proviene de una región que forma parte de eso que se viene llamando “España vaciada”. ¿Qué hace el Gobierno para combatir la despoblación? ¿Podría considerarse al notariado un ejemplo de cercanía en estas poblaciones?

Mi tierra, efectivamente, es Castilla-La Mancha. Además de una comunidad autónoma con un gran patrimonio monumental, natural y etnográfico, es también un territorio que sobresale por su apuesta por la creación de parques empresariales y por atraer inversiones en sectores innovadores como las energías renovables. Castilla-La Mancha, por tanto, es un magnífico ejemplo de que la España interior es un territorio con futuro, cargado de recursos y oportunidades. A menudo, la visión que ha primado sobre el medio rural ha basculado entre la parodia y el victimismo. Tenemos muchos diagnósticos y es hora de pasar a la acción. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno desde el principio de la legislatura. Este es el primer Gobierno que pasa de las palabras a los hechos para afrontar el reto demográfico, que atañe tanto al envejecimiento de la población como al desarrollo del medio rural. Lo hemos hecho mediante un Plan de Reto Demográfico que contempla 130 medidas y 10.000 millones de euros hasta 2023. El 82% de las iniciativas que contempla ya se han puesto en marcha. Hemos llegado ya a dos de cada tres municipios de menos de 5.000 habitantes. Por ejemplo, el despliegue de la banda ancha, a través del Plan Único, cuenta este año con una inversión de 250 millones de euros. Nuestro objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades. Que cada persona pueda vivir, trabajar y emprender donde lo desee. Para ello es necesario blindar la capilaridad territorial en la prestación de servicios y, sin duda, la presencia del Notariado en nuestro país constituye un ejemplo de cercanía a estas poblaciones. Cumplen una labor fundamental a la hora de proporcionar seguridad jurídica a la ciudadanía.

Estimada ministra, lleva al frente de la cartera casi cuatro años… ¿Qué destacaría de esta etapa?

Estamos viviendo unos años muy duros con acontecimientos que quedarán registrados en los libros de Historia: hemos sufrido la peor pandemia mundial en un siglo y estamos viviendo una guerra en Europa. Pero desde el Gobierno y, por supuesto, desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública, siempre hemos trabajado con el único objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos haciendo una política útil que dé respuesta a los problemas urgentes que acabo de enumerar, pero abordando también déficits estructurales de nuestra sociedad como la desigualdad o la precariedad laboral.

Estoy orgullosa del escudo social que aprobamos para proteger a las familias, a los trabajadores y a los autónomos en los peores momentos de la emergencia sanitaria. Protegimos el empleo con los ERTE que recibieron más de 3,6 millones de trabajadores en el auge de la pandemia y también a los autónomos con la prestación por cese de actividad. Pusimos a disposición de las empresas 100.000 millones de euros en avales del ICO y otros 7.000 millones de ayudas directas, entre otras iniciativas.

¿Qué medidas adoptó su Ministerio?

Desde el Ministerio de Hacienda hemos adoptado medidas relevantes para mitigar el impacto de la pandemia, como la rebaja del IVA de las mascarillas quirúrgicas o poner a disposición de las comunidades autónomas los mayores recursos de su historia, lo que les ha permitido seguir prestando servicios públicos de calidad. Ahora, en el plan de respuesta a la guerra en Ucrania, hemos aprobado la mayor rebaja de impuestos de la historia de la electricidad que permitirá un ahorro para familias y empresas de más de 10.000 millones y también hemos aplicado la bonificación de 20 céntimos en los carburantes. La evolución de los acontecimientos y la convicción de que es necesario continuar protegiendo a los hogares y al conjunto de la economía nos han llevado a decidir la extensión de estas medidas. En los próximos meses continuaremos monitorizando la situación, para tomar las decisiones más adecuadas, como hicimos durante la pandemia.

También me gustaría destacar los pasos que hemos dado para modernizar nuestro sistema tributario y adaptarlo a las nuevas áreas de negocio del siglo XXI con la incorporación de nuevas figuras fiscales como el Impuesto a las Transacciones Financieras y el Impuesto a Determinados Servicios Digitales. También hemos avanzado en la progresividad del sistema fiscal bajo la premisa de que deben contribuir más quienes más tienen. En esta línea se enmarca, por ejemplo, la aplicación de un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades, convirtiendo a España en vanguardia respecto al acuerdo alcanzando en la OCDE por más de 130 países. Y también hemos reforzado la lucha contra el fraude fiscal con una nueva ley que, entre otras cuestiones, prohíbe las amnistías fiscales.

¿Qué objetivos contempla para el resto de su mandato?

En primer lugar, tenemos que seguir muy atentos a la evolución de la pandemia, que todavía no ha terminado, y de la guerra de Putin en Ucrania. Seguiremos acompañando a la ciudadanía y al tejido productivo para reducir el impacto económico que están teniendo las medidas que la comunidad internacional está adoptando para defender la democracia en Europa.

Pero en la segunda parte de la legislatura estamos centradas todas las administraciones en la implementación de los fondos europeos. Se trata de una oportunidad única para transformar nuestro tejido productivo y sentar las bases de un modelo más competitivo, sostenible y que genere empleo de más calidad.

No hablamos en abstracto, sino de cuestiones concretas. De hecho, ya hay más de 17.000 proyectos adjudicatarios de fondos europeos con más de 12.000 empresas beneficiadas. Hemos comprometido casi 30.000 millones de euros desde que aprobamos el Plan de Recuperación hace ahora un año. En este sentido, España es un ejemplo en la UE por el alto nivel de ejecución de esos fondos. Fuimos el primer país en presentar el Plan de Recuperación y también el primero en recibir el primer desembolso. Hace unas semanas fuimos también el primer país en solicitar el segundo pago y seguiremos trabajando para que cada euro de estas ayudas llegue a la economía real de empresas y ciudadanos.

En la última remodelación gubernamental sumó a su cartera las competencias de Función Pública. ¿Qué destacaría de esta función?

La gestión de las personas que forman la fuerza laboral de la Administración Pública. Esto es, nada más y nada menos, que el corazón del Estado del Bienestar del que tan orgullosos nos sentimos y que cada día buscamos reforzar. Por eso en el año 2021 aprobamos la mayor Oferta de Empleo Público de nuestra historia y en el año 2022 logramos batir las cifras del año anterior con 44.787 plazas, sumando la mayor oferta ordinaria y la también histórica oferta de estabilización. Si nos limitamos sólo a la oferta ordinaria, en los cuatro años que lleva Pedro Sánchez como presidente del Gobierno se han ofertado casi 144.000 plazas, más del doble que las 63.394 de los gobiernos de Rajoy entre 2012 y 2017. En estos datos tangibles se demuestra nuestro compromiso con lo público. Además, este Gobierno ha ido incrementado la tasa de reposición: si desde 2012 el PP la mantuvo en el 0% durante cuatro años, en el ejercicio 2021 ya alcanzó un nivel general del 100% y del 110% para los sectores prioritarios, mientras que en los PGE de 2022 recogen una tasa general del 110%, del 120% para sectores prioritarios como la sanidad, la educación o la ciencia y del 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales.

Cuatro décadas de democracia han demostrado que contar con un sistema público bien dotado de personal es fundamental para el funcionamiento de la sociedad en el día a día. Y se ha revelado vital cuando nos hemos enfrentado a una pandemia o a catástrofes naturales como las que desgraciadamente hemos tenido que gestionar en los últimos años.

*Las medidas adoptadas por la Unión Europea tras los duros momentos vividos, ¿permitirán no tener que incrementar la presión fiscal?

A nadie se le escapa que las instituciones europeas han mostrado en la crisis económica provocada por la pandemia y ahora con la invasión rusa de Ucrania una sensibilidad muy diferente a la de crisis anteriores, como la financiera de 2008, o como ante la crisis de la deuda. La experiencia acumulada hace una década nos dice que los recortes y la austeridad no sólo son injustos, nos empobrecen y hacen un flaco favor a la cohesión social, sino que además retrasan la recuperación económica.

Con medidas de respaldo a las rentas de los hogares y a las empresas que han permitido la suspensión de las reglas fiscales comunitarias no sólo hemos garantizado la cohesión social, sino que además la recuperación tras la pandemia ha sido mucho más rápida que tras crisis anteriores. Ahí están las cifras de empleo, que están marcando niveles récord, con puestos de trabajo de mayor calidad, gracias a la reforma laboral que impulsamos. Y ahí están también los datos de recaudación tributaria, síntoma inequívoco del recuperado dinamismo económico.

La nueva sensibilidad europea, de la que el Gobierno de España, junto a otros, es inspirador, nos ha permitido que nuestra política fiscal pueda ser más acorde con el ciclo, es decir, que nuestras medidas puedan acompañar a los hogares y al tejido productivo. Así, hemos podido realizar bajadas de impuestos quirúrgicas, pero de gran magnitud, como en lo que se refiere a la factura eléctrica, y hemos tomado medidas también por el lado del gasto, como durante la pandemia, para dar apoyo a las empresas y a los autónomos mientras duren las consecuencias de la guerra de Putin. Al mismo tiempo, nuestro compromiso de medio plazo con la construcción de un sistema fiscal más progresivo y justo se mantiene intacto.

¿Hasta cuándo podrá el Gobierno sostener reducciones del IVA a los combustibles o bonificaciones eléctricas?

El Gobierno está desarrollando una serie de medidas encaminadas a paliar los efectos de la guerra en Ucrania en las familias y las empresas. Ello supone un gran esfuerzo. Por ejemplo, las medidas sobre la fiscalidad de la electricidad y la bonificación de los carburantes estaban en un principio vigentes hasta el 30 de junio y hace solo unos días las hemos prorrogado.

Además, hemos aprobado algo fundamental para atacar la raíz del problema de la inflación, como es topar el precio del gas para evitar que contamine el precio de toda la factura de la luz, un mecanismo que durará 12 meses y cubrirá todo el invierno. Por tanto, hay que dar un margen para que sus efectos puedan notarse.

El Gobierno está centrado en mitigar en todo lo posible el impacto de la guerra en las familias españolas y en acabar con la alta inflación. Se ha puesto en marcha un plan e iremos monitorizando cómo evolucionan la guerra y la inflación en los próximos meses.

¿Es la presión fiscal española la adecuada a la realidad y las posibilidades de los españoles?

Está claro que España necesita perfeccionar su sistema fiscal para hacerlo más justo y redistributivo y que propicie la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos. De ahí el encargo que le hicimos al comité de expertos para elaborar un Libro Blanco de la fiscalidad. Ese libro lo iremos estudiando y analizando en los próximos meses, siempre teniendo en cuenta el contexto económico actual.

España sigue siendo un país que tiene altas tasas de desigualdad, hemos mejorado en los últimos años, pero una de las herramientas para combatirla es un sistema tributario justo que permita redistribuir la riqueza y financiar servicios públicos de calidad. Lo que no cabe ni en España ni en cualquier sociedad es la receta que ofrece el PP para atajar cualquier problema económico: bajar impuestos de forma generalizada.

Dice el economista Juan Mora-Sanguinetti que “la seguridad jurídica es sinónimo de desarrollo económico”. ¿Cómo valora el trabajo y actividad del notariado español en promover y reforzar esa seguridad jurídica?

Los notarios ejercen una labor esencial en esta sociedad como garantes de la seguridad jurídica de numerosos procedimientos administrativos y también privados. El Ministerio de Hacienda, en concreto, mantiene una estrecha relación con el colectivo de los notarios. Un ejemplo de ello es la excelente y constante colaboración entre la Dirección General del Catastro y el Consejo General del Notariado para facilitar la tramitación catastral, simplificar trámites administrativos y potenciar esa certidumbre jurídica en diversos trámites, todo ello en beneficio del ciudadano.

¿Cómo le da tiempo a todo?

Me gusta recordar que las personas somos fundamentalmente tiempo: es la materia en la que flotamos los seres humanos. Cuando estamos muy ocupados y decimos a alguien que pide nuestra atención “lo siento, no tengo tiempo” cometemos una gran inexactitud porque en realidad lo único que tenemos es tiempo, un determinado crédito de tiempo. Otra cosa distinta es que no queramos o no podamos dárselo a quien nos lo solicita porque en ese momento tengamos otras prioridades. Si usted destaca de mi biografía algunos datos, está desvelando dónde han estado mis prioridades vitales en los últimos años, a las que hay que añadir las afectivas, familiares y amistosas.

Durante los días 19 y 20 de mayo se celebra el XII Congreso Notarial Español, El envejecimiento de la sociedad: principal desafío del siglo, en el que usted da la conferencia inaugural sobre la dignidad vs. la protección de la vulnerabilidad, ante un auditorio con representantes de todos los ámbitos de la sociedad civil y, en especial del jurídico. ¿Qué mensajes cree fundamentales hacer llegar, en este sentido, al público como filósofo?

El milagro de la dignidad moderna. En el pasado, la dignidad era una excelencia que adornaba al cosmos en general y al género humano en particular. No había conflicto entre la parte (lo humano) y el Todo social o cósmico. Era una dignidad armónica con su entorno. La dignidad moderna, en cambio, es conflictiva porque es atributo de la individualidad. Antes el presupuesto era que el interés particular cede ante el interés general en el que el primero se integra. La modernidad no contradice ese esquema, pero lo enriquece. Dice: el interés particular cede ante el interés general, pero el interés general cede ante la dignidad individual. Ahora la dignidad es lo que estorba y lo que resiste, no sólo, claro está, a las malas causas sociales (progreso, utilidad, bien común) sino también a las buenas si para realizarse sacrifica al individuo.

¿Y cómo jurista?

La dignidad como fundamento de la democracia liberal. Occidente ha conseguido un logro extraordinario, una tensión sutil y delicada entre dos principios: el colectivismo y el individualismo. Para el colectivismo ha inventado la democracia, el principio de la mayoría o el de la voluntad general, que ya en sí mismo hace justicia a la dignidad individual conforme al principio “un hombre, un voto”. Pero este colectivismo ha de conjugarse con el individualismo de los derechos humanos, basados en la dignidad. No todo lo que propicie la democracia es admisible si atropella los derechos humanos. Esta tensión creativa es la esencia del Estado de Derecho de la democracia liberal y lo que se echa en falta en otros sistemas alternativos, como el chino, el musulmán o el ruso.

La última fase de la vida está expuesta a amenazas propias derivadas de una mayor fragilidad física, psíquica y patrimonial. ¿Cómo hacer frente a esos riesgos preservando al mismo tiempo la dignidad y libertad inherente al ser humano?

Hay dos clases de dignidad. La primera, la que todos tenemos por el mero hecho de existir. Esta es ontológica, inexpropiable, inalienable por mucho que nosotros comentemos o suframos toda clase de indignidades. Por tanto, la decadencia de la ancianidad no afecta a la integridad de esta clase. Luego está la dignidad pragmática, que tiene que ver no con lo que somos sino con lo que hacemos, nuestro modo de comportamiento, si es o no acorde con la dignidad ontológica de la que somos portadores. Esta segunda clase sí está expuesta a variaciones, siendo una de ellas la circunstancia de la vejez.

¿Puede el Derecho ayudar a alcanzar ese difícil equilibrio?

La dignidad ontológica pone a su poseedor en una posición de acreedor universal. Todos los demás le son deudores porque le deben algo: un respeto. Pero, por otro lado, ese mismo poseedor debe obrar conforme a su propia dignidad y respetar la dignidad de los demás. El Derecho ni puede ni debe regular todos los espacios de la vida ni invadir el ámbito de la moral. Muchos comportamientos contrarios a la dignidad no son sancionables en Derecho, sino que sólo merecen reproche ante los demás o ante la propia conciencia. ¿Qué ocurre cuando un padre por sus palabras o por sus acciones hiere a sus hijos y deja en ellos heridas perdurables? ¿O cuando uno es desleal al amigo y traiciona su confianza? El Derecho calla, afortunadamente, aunque moralmente se produce una degradación. Con todo, el Derecho puede contribuir a proteger ese respeto debido y, en un plano asistencial, articula prestaciones que la dignidad persona tiene fundamento para esperar.

En su libro Un hombre de cincuenta años señala un testimonio antiguo, el de Platón, en el que el filósofo dice que “atribuye a los de esa edad una sabiduría exclusiva y por ese motivo están llamados a desempeñar una función suprema en la organización de su república ideal”. A partir del Renacimiento, dice usted, ser un hombre de cincuenta años “suele asociarse a una flaqueza”. Ante el envejecimiento de la sociedad, ¿volveremos a ser capaces de dar el valor que realmente tiene a la experiencia? ¿Qué es lo mejor que podemos esperar las personas de la etapa de la vejez?

Hasta no hace mucho, la esperanza de vida rondaba los sesenta años y la gente se jubilaba a los setenta y cinco, de manera que la muerte les sorprendía trabajando. Ahora nos jubilamos con algo más de sesenta mientras que de media vivimos más allá de los ochenta, y se calcula que, gracias a la medicina, la ausencia de guerras, la higiene y ciertos hábitos saludables, ganamos dos meses de esperanza de vida cada año, de modo que los nacidos en este siglo XXI tienen un cincuenta por ciento de posibilidades de alcanzar el siglo de vida. Conclusión: la vejez ya no es un estadio inseguro y breve reservado a unos pocos, sino, por primera vez, un largo y completo estadio en el camino de la vida. La ancianidad se ha convertido en un sólido cuarto de siglo.

¿Un estadio en el que podemos explorar nuevas facetas?

Hay un deber de plenitud en cada etapa (niño entre niños, hombre entre hombres, anciano entre ancianos) para hacerse acreedor en cada una de ellas al “momento oportuno”, esa hora buena que los griegos llamaron el kairós. La enhorabuena de la infancia es la ingenuidad; la de la madurez, la generación de los frutos de la casa y el oficio (hijos y mercancías); la vejez posee también su enhorabuena, que será el ensayo de una ciudadanía emancipada de la servidumbre de ser productiva. La vejez es un fastidio: decaen facultades, afloran achaques, se acumulan pérdidas, se acerca la propia. A cambio, concede una sabiduría exclusiva. El anciano es libre para practicar el puro arte de la vida sin servidumbres. Artista de la vida es quien cuida de sí propio y de los demás: amor, amistad. Y puede hacerlo con una benevolencia nueva que nace de la aceptación de las cosas y de uno mismo, roto ese espejo puesto por la sociedad que nos apremiaba a ser útiles.

Ha escrito sobre la felicidad y no me puedo ir sin preguntarle qué es para usted.

La felicidad es uno de esos conceptos heredados de una época que no es la nuestra. Durante la Antigüedad, ser feliz era cumplir la función que le había correspondido a uno en el cosmos y en la sociedad: los derechos y deberes inherentes a su posición en el mundo. Con el individualismo moderno todo esto cambia: el yo moderno siente que posee una dignidad infinita, como un ser privilegiado, pero, extraña, escandalosamente, está abocado a la indignidad de la muerte, como los mosquitos. Esta antítesis trágica le produce un malestar que le impide ser feliz. Nace por primera vez la búsqueda del “sentido de la vida”, una interrogación absolutamente inconcebible en la Antigüedad. La felicidad ya no es lo nuestro para nosotros, los modernos: lo importante para nosotros desde un punto de vista moral ya no es ser felices, como antes, sino ser dignos de ser felices, aunque no lo seamos. Y vitalmente, lo importante es cumplir, como se decía antes, las diferentes etapas de la vida, desde la infancia hasta la ancianidad y llegar al final del camino no “cansado de la vida” sino “colmado de años” como se decía de los patriarcas, porque siente que la vida no le ha pasado de largo incumpliendo sus promesas. Por eso propongo redefinir la felicidad contemporánea como el sentimiento de no tener deudas con la vida.