EN ESPAÑA SE CONSTITUYERON 104.998 sociedades durante 2022 de acuerdo con los datos aún provisionales del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN).

Las sociedades de menor tamaño, constituidas con un capital fundacional de entre 3.006€ (hasta la Ley crea y crece) y 4.000€, alcanzaron las 78.524. La práctica totalidad de ellas adquirieron la forma jurídica de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). Este grupo conforma en términos generales el nicho de empresas de menor tamaño (microempresas y pymes) que concentra la inmensa mayoría del tejido empresarial español.

POR CADA 100 SOCIEDADES QUE SE CREARON EN EL PERÍODO 2007-2022 SE LIQUIDARON 27,5

Junto a este segmento se sitúa el resto de las nuevas sociedades, constituidas con un capital fundacional superior a los 4.000€, y que alcanzaron en 2022 las 26.464.

En términos comparativos con el año 2021, se registró una caída del 1,7% en el total de nuevas sociedades constituidas, similar entre las de menor capital inicial (-1,9%) y el resto (-1,3%).

Crece la economía, caen las sociedades. Aunque la economía española se expandió en 2022 a tasas dinámicas (el PIB real avanzó un 5,5%, la misma tasa que en 2021 según la estimación preliminar) el número de nuevas sociedades cayó. Ello pudo deberse a la dislocación provocada en 2020 por la crisis sanitaria y las extraordinarias medidas adoptadas para combatirla. Las medidas restrictivas conllevaron la reducción significativa de la actividad de las notarías, que se concentraron en gran medida en actos notariales inaplazables durante la primavera de 2020. La gradual normalización de la actividad durante el segundo semestre de 2020 permitió que el número de sociedades constituidas recuperara volúmenes previos a la crisis sanitaria. Muchas de las operaciones aplazadas se realizaron durante el año 2021, generando un incremento de las nuevas constituciones del 25,6% frente al año 2020. Así, resultaba esperable una normalización en 2022 tras dos años anómalos y erráticos, registrándose un retroceso del 1,7% en el total de nuevas sociedades creadas.

Con todo, es importante reseñar que el número de nuevas sociedades en 2022 volvió a superar levemente el umbral de las 100.000, situándose en el entorno de lo que ha venido ocurriendo desde 2014, ejercicio en el que comenzó el ciclo expansivo de la economía tras dos crisis consecutivas: primero la crisis financiera global en 2008-09 y después la crisis fiscal y de la deuda soberana en la eurozona en 2011-13.

LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE LOS EMPRESARIOS OPTARON POR LA FORMA JURÍDICA DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Ampliando el foco, sí se observa una tendencia que se ha ido consolidando: el mayor peso que han adquirido progresivamente las sociedades de menor capital en el total. En 2007, año de inicio de las series de CIEN, las sociedades con un capital inicial entre 3.000 y 4.000€ eran el 67% del total de nuevas sociedades constituidas. En cambio, en 2022 alcanzaron su máximo al superar el 75%. Por tanto, tres cuartas partes de las nuevas sociedades constituidas pertenecen a este segmento ya que han evolucionado relativamente mejor que las de mayor capital inicial.

Por autonomías, la creación de empresas se concentró en Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. En términos comparativos, el año 2022 trajo consigo una elevada disparidad. Sólo una autonomía, Baleares, registró un aumento en la creación de sociedades frente al año 2021, que además fue significativo (+13,0%). Las restantes autonomías cifraron caídas, que fueron relativamente más moderadas en Madrid (-0,7%), Cataluña (-1,6%), Andalucía (-1,8%) y Comunidad Valenciana (-2,0%). Los peores registros se consignaron en Navarra (-11,3%), Murcia (-8,5%), Castilla-La Mancha (-7,9%) y Cantabria (-7,5%).

Según las operaciones de 2022, algo más de siete de cada diez sociedades se crearon en Madrid (22,5% del total), Cataluña (19,6%), Andalucía (17,3%) y Comunidad Valenciana (12,0%). Ello supone un grado de concentración notable, ya que estas cuatro CC.AA. «solo» aportan el 60% del PIB nacional. Y al contrario de los suele presuponerse, en esas cuatro CC.AA. hay una mayor proporción de sociedades creadas de menor capital inicial (3.000€ a 4.000€) que de sociedades con un capital superior a los 4.000€. Así, los motores económicos de España concentran gran parte de las nuevas sociedades constituidas y en particular del tejido empresarial de menor tamaño (pymes y microempresas). En concreto, casi un 75% de las pymes se crean en Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana frente a cerca del 65% de mayor tamaño.

POR AUTONOMÍAS, LA CREACIÓN DE EMPRESAS SE CONCENTRÓ EN MADRID, CATALUÑA, ANDALUCÍA Y COMUNIDAD VALENCIANA

Por último, el capital inicial de las nuevas sociedades promedió en 2022 los 17.377€ lo que supone un aumento del 3,6% frente a 2021. El capital promedio entre las sociedades con menor capital fundacional volvió a situarse cerca de 3.023€, mientras que el de las sociedades con capital inicial superior a 4.000€ promedió los 62.050€, un 4,2% más que en el año previo.

Frente a 2007, el capital inicial medio del conjunto de sociedades ha disminuido cerca del 13%, debido al peso creciente que han adquirido en el total las de menor capital inicial.

Supervivencia de las sociedades. En el período 2007-2022 se ha contabilizado un total de 1.380.712 nuevas sociedades creadas, y la liquidación de 379.944 sociedades, de forma que la creación neta de empresas total que supera el millón de sociedades en todo el período.

Por cada 100 sociedades que se han creado en el período 2007-2022 se han liquidado 27,5%, porcentaje que alcanzó el 32,5% en 2022.

Por comunidades autónomas también se han observado diferencias en el número de sociedades que se liquidan en relación al total de constituidas. En 11 autonomías la ratio de sociedades liquidadas sobre creadas superó el promedio nacional, destacando País Vasco (39,9%) y La Rioja (38,9%). En cambio, en Murcia y Andalucía se liquidan menos del 20 de cada 100 sociedades.

¿Dónde poner los límites a la fiscalidad del patrimonio y su transmisión empresarial y personal? fue el título del panel de debate, presentado por José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de la Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado.

Fernando Fernández Méndez de Andés, exprofesor de economía de IE Business School; Carmen Jover, vicepresidenta del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF); Manuel Pardos, presidente de ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros); Luis Aribayos, secretario general de CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), y Javier Máximo Juárez, notario y moderador, participaron como ponentes.

En la presentación del foro, Martínez Sanchiz señaló la importancia del tema elegido que “abre un debate esencial para familias, consumidores y empresas”.

Anomalía

Fernando Fernández inició su exposición describiendo las razones que justifican la creación de un impuesto: “Financiar bienes y gastos públicos; estabilizar la macroeconomía y evitar crisis, y contribuir a la justicia social”. Sin embargo, según el ponente, en España algunos tributos no responden a esas necesidades: “El Impuesto sobre Patrimonio no tiene justificación teórica al ser una renta ya gravada. Es una anomalía, ya se tributa por ser propietario de una vivienda o con la contribución urbana y rústica del IBI. Y por lo que se refiere al futuro impuesto sobre grandes fortunas, considero que es un tributo justiciero para las comunidades no leales”.

“Asimismo, impuestos como Sucesiones, Donaciones o Patrimonio impiden el ahorro. Necesitamos un ahorro que permita la inversión y hacer frente a la cifra histórica de deuda actual. Desde un punto de vista dinámico no tiene sentido establecer impuestos sobre el ahorro”, resaltó el economista.

DEBEMOS ANALIZAR Y COMPARAR LA SITUACIÓN
ESPAÑOLA CON LA FISCALIDAD INTERNACIONAL

En nuestro país, la empresa familiar no puede ser competitiva debido a esa onerosa carga fiscal, señaló el profesor de IE: “La fiscalidad debe acabar con el raquitismo de nuestra empresa familiar, que no puede pasar del rango de micropyme. Sucesiones y Donaciones son un obstáculo para su desarrollo y, en ocasiones, la causa de la disolución de las empresas familiares”.

Entre las medidas concretas apuntadas por Fernández cabe destacar “la eliminación de diferencias formales entre sucesiones y donaciones entre vivos; asimismo, el sistema financiero debería asumir los costes bancarios asociados al abono de Sucesiones y Donaciones”.

Para concluir, señaló que “la legislación fiscal va muy por detrás de la realidad social. Hay un modelo de familia implícito que la legislación favorece y en el que se detectan irregularidades, como en el caso de las legítimas y la penalización de los herederos colaterales”.

“En la actualidad existen demagogia y un populismo fiscal en el mapa tributario -resaltó-, por no hablar del laberinto autonómico en materia de impuestos. Esta situación provoca que haya contribuyentes que se vayan a otros países de la UE. Debemos analizar y comparar la fiscalidad internacional. España tiene una oportunidad de oro en la actual economía deslocalizada para atraer inversión -por el clima, la cultura, nuestra red digital- pero falta una fiscalidad competitiva”.

Principales cifras

Carmen Jover expuso algunas cifras sobre los impuestos analizados en este foro: “Por lo que se refiere a Patrimonio, en 2019 se recaudaron 1.300 millones en toda España. Al aprobar su bonificación la Comunidad de Madrid, las regiones que más recaudan pasan a ser Cataluña y Valencia. En cuanto a Sucesiones, se recauda casi el doble: 2.500 millones. En este tributo, Madrid ha aprobado bonificaciones para parientes próximos y colaterales. Aun así, están muy lejos de Impuestos como el de la Renta o el IVA con unos ingresos de 80.000 y 70.000 millones, respectivamente”.

¿TRIBUTOS COMO SUCESIONES,
DONACIONES O PATRIMONIO CREAN RIQUEZA O
SUPONEN UN OBSTÁCULO?

“Estos impuestos precisan una regulación más clara, homogénea y estricta; unas reglas generales que eviten ir caso por caso. Además, son muy antiguos; incluso recogen términos como el del ajuar, y deben actualizarse. Las empresas familiares se encuentran ante serios conflictos, con exenciones y reducciones que necesitan aclarar. Es muy significativo que existan tantas renuncias a herencias; son tributos tan caros que no se pueden asumir si en tu patrimonio no tienes líquido”.

Uno de los aspectos que abordó la vicepresidenta de REAF es la futura aprobación del Impuesto de solidaridad en las grandes fortunas, “prevista para antes de final de año. Será un impuesto estatal y temporal para el próximo bienio que afectará a los contribuyentes con un patrimonio superior a los tres millones de euros”.

Fiscalidad insoportable

Javier Máximo Juárez planteó a los asistentes una cuestión: “¿Tributos como Sucesiones, Donaciones o Patrimonio crean riqueza o suponen un obstáculo?”. Juárez señaló que “la ley del impuesto de sucesiones para la empresa familiar es de 1987. Prácticamente no se ha modificado desde entonces. Por ello, los familiares colaterales -que ya empiezan a ser tenidos en cuenta en comunidades como Murcia y Madrid- enfrentan una fiscalidad insoportable. Si se renuncia a una herencia por sus impuestos es señal de que algo no funciona bien”.

Tras demandar una mejora en “la seguridad jurídica y la aplicación de los beneficios fiscales en la empresa familiar y la microempresa”, Juárez repasó ante el auditorio algunas de las principales preocupaciones que detecta en las personas y empresas que acuden a su notaría: “Les llama la atención tal disparidad tributaria. También se interesan, al ser una zona turística, por la tributación de los no residentes; algo, resuelto ya por la jurisprudencia de la UE, pero que siempre es fuente de problemas. ¿Por qué si el fallecido ha generado un patrimonio y satisfecho plusvalía, IVA, IRPF o ITP… tienen los parientes próximos que liquidar sucesiones?, me preguntan”.

La “muerte” de las empresas

Luis Aribayos realizó una foto fija del sector empresarial español antes de adentrarse en los aspectos fiscales: “Se debe conocer esta realidad antes de legislar. El 99,8% de las empresas son pymes; sólo hay 5.100 que no lo son. Y el 95% del total son microempresas; es decir, cuentan con menos de diez trabajadores. El 89% son empresas familiares y sólo el 18% tiene más de veinte años. La mitad de las empresas desaparecen en los tres primeros años de vida, por lo que ser emprendedor se puede calificar como una actividad de alto riesgo. No podemos perder tejido productivo por un impuesto; a medida que aumenta la vida de las empresas aumentan sus posibilidades de crecer”.

POR LO QUE SE REFIERE A PATRIMONIO, EN 2019 SE RECAUDARON 1.300 MILLONES EN TODA ESPAÑA

El representante de CEPYME hizo hincapié en una paradoja: “España es el país con mayor caída en su entorno del PIB y cuenta con una deuda récord, pero la recaudación tributaria es un 5% mayor. Ante este panorama, las pymes tienen un grave problema con una caída en la productividad de un 7% en los últimos cuatro años”.

Aribayos fue contundente en su diagnóstico sobre los impuestos analizados en el foro: “Patrimonio es un impuesto inexistente en la OCDE y la UE. Tiene que desaparecer, no deben gravarse los bienes sino la capacidad de renta; el futuro Impuesto a las grandes fortunas introducirá inseguridad jurídica en los inversores extranjeros. Y sobre Sucesiones y Donaciones, pedimos simplificarlos, no podemos tener dudas y limitaciones”.

Sobre la competitividad autonómica en materia tributaria, declaró que “es algo lícito. Cuando Madrid decide no recaudar en Sucesiones o Patrimonio es porque está convencida que va a recaudar más por el IVA y el IRPF”.

Laberinto autonómico

Por último, Manuel Pardos señaló que “los consumidores de a pie, trabajadores, agricultores o autónomos a los que defiende ADICAE no se ven afectados por impuestos como el de Patrimonio. En cambio, sí que preocupan aspectos como el del laberinto autonómico que supone una discriminación por imposiciones tan diferentes; o la falta de capacidad para manejar instrumentos de disminución de impuestos. Los consumidores están peor pertrechados en cuanto a información, por lo que solicitamos la colaboración del Notariado en esta labor -como hemos hecho en otras ocasiones- para que la crisis no afecte como ocurrió en momentos anteriores. Nos interesa esa protección preventiva de los usuarios de los servicios financieros, algo de lo que los notarios saben mucho”.

Para concluir, el representante de ADICAE aludió a la justicia social para “apoyar de manera temporal el impuesto a la Banca, las energéticas y las grandes fortunas”.

En esta ley se garantiza el derecho del consumidor a elegir notario y a reunirse con él en privado para poder consultarle sus dudas, sin ningún coste asociado a ello. El notario, por su parte, realiza una labor de asesoramiento y resuelve las dudas del consumidor con imparcialidad. Una vez que el consumidor ha elegido el notario, lo comunica a la entidad financiera con la que vaya a contratar el préstamo hipotecario, para que esta pueda remitirle la documentación.

Por otro lado, la ley establece que deben darse un plazo de 10 días naturales desde que la entidad financiera pone la documentación a disposición del notario elegido en la Sede Electrónica Notarial hasta que se autoriza y firma la escritura de préstamo hipotecario.

Tras estos tres años de aplicación de la ley se ha podido constatar que estos encuentros del prestatario a solas con el notario se producen de media entre 7 y 3 días antes de la autorización y la firma del préstamo.

De esta forma, el notario está presente en dos momentos clave del préstamo hipotecario:

EN ESTA LEY SE GARANTIZA EL DERECHO DEL CONSUMIDOR A ELEGIR NOTARIO Y A REUNIRSE CON ÉL EN PRIVADO PARA PODER CONSULTARLE SUS DUDAS

Fase precontractual de la hipoteca

En primer lugar, el notario interviene en la fase precontractual, previa a la autorización de la escritura pública del préstamo hipotecario. En esta fase, y de forma gratuita, el notario verifica que la entidad financiera ha entregado al prestatario toda la documentación del préstamo.

A continuación, el notario se reúne con el consumidor (prestatario, fiador e hipotecante no deudor) en solitario y repasa con él toda la documentación precontractual entregada por la entidad financiera a fin de que el consumidor le confirme que efectivamente la recibió. Tras esto, el notario le explica el contenido de la documentación precontractual, responde a las preguntas que le plantee, le aclara posibles dudas y, finalmente, el consumidor responde un test de comprensión. La explicación tiene que ser jurídica, no económica, y abarca todo el contenido del proyecto de contrato.

Concluido lo anterior, el notario redacta y autoriza el acta notarial de transparencia, que refleja las dudas planteadas por el deudor y el asesoramiento prestado por el notario. El acta puede ser positiva o negativa, lo que dependerá de que esté completa la documentación precontractual, de que ésta se corresponda con lo entregado al consumidor por la entidad financiera y con lo negociado entre ambas partes y de que el consumidor haya superado el test de comprensión.

El notario tiene que comunicar a la entidad prestamista, a través de medios telemáticos seguros, el resultado positivo o negativo del acta.

Fase contractual de la hipoteca

El segundo momento en el que interviene el notario elegido es el día de la autorización y firma de la escritura pública del préstamo hipotecario (y, en su caso, de la escritura previa de compraventa u otro negocio de transmisión de la propiedad de la finca hipotecada), ya con todas las partes presentes.

EL NOTARIO REDACTA Y AUTORIZA EL ACTA NOTARIAL DE TRANSPARENCIA, QUE REFLEJA LAS DUDAS PLANTEADAS POR EL DEUDOR Y EL ASESORAMIENTO QUE LE HA PRESTADO

Ese día el notario deberá comprobar la identidad, capacidad y legitimación tanto del comprador como del vendedor. También deberá informar al comprador si sobre el inmueble pesa alguna carga registral y si el vendedor acredita o no estar al corriente del pago de las cuotas de la comunidad de vecinos. Además, identificará los medios de pago que se van a utilizar y comprobará si el vendedor ha entregado el certificado de eficiencia energética. El notario también deberá informar a los contratantes de sus obligaciones legales y de sus deberes fiscales, incorporándose a la escritura la referencia catastral de la vivienda. Asimismo, informará del reparto de los gastos de la operación entre las partes. Es labor del notario también explicar el contenido de las escrituras de compraventa y préstamo, solventando todas las dudas que pudieran surgir en el momento del otorgamiento.

En el encuentro -moderado por Paz Val, directora de Asuntos Públicos de Kreab España- participaron Alberto Martínez Lacambra, director general de Red.es; Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme; y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado.

Martínez Lacambra expuso algunas de las líneas maestras puestas en marcha desde el Ejecutivo dirigidas a ayudar a las pymes para su digitalización. El máximo responsable de Red.es recordó que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, impulsado desde la Unión Europea, «destina 20.000 millones al capítulo de la digitalización de las pymes; el segmento empresarial que más necesita la tecnología. Cerca de 5.000 millones se destinarán a la capacitación de sus trabajadores».

Eficiencia digital

Sobre el anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital, Lacambra apuntó que «es una buena noticia. El sector jurídico no puede quedarse atrás en una reforma tan ambiciosa y debe basar su digitalización en dos pilares: la constitución de sociedades online y la digitalización de los órganos de la Administración de Justicia. El dato y el metadato sustituirán al papel. La seguridad jurídica es uno de los bienes más preciados del tráfico mercantil; si a este valor se le suma la agilidad, será la mejor de las noticias. Seguridad jurídica y rapidez unidas son un motor de generación de riqueza».

Gerardo Cuerva coincidió en señalar las bondades del texto legislativo: «Redundará en la eficiencia del funcionamiento de las empresas y también de la propia Administración. Según nuestros estudios, la duplicidad e ineficiencia de algunos trámites genera un sobrecoste de 60.000 millones de euros, que se podrían invertir en otras partidas como gasto social o innovación. La irrupción de la tecnología no cambiará de la noche a la mañana el modelo productivo, pero permitirá mejoras y disrupciones en el modelo de negocio».

El presidente de Cepyme hizo hincapié en que esta renovación digital debe hacerse extensiva a la Administración, en concreto a los operadores jurídicos: «La interrelación de la sociedad con la Justicia es cada vez mayor. La irrupción de la tecnología no sólo afecta a la empresa y al ciudadano; también al sector público. La Administración no se puede quedar al margen del cambio cultural que va a suponer la digitalización».

Jose Ángel Martínez Sanchiz hizo un balance positivo del anteproyecto «desde el punto de vista notarial y de mejora para la sociedad por sus relevantes innovaciones». Entre las aportaciones de la futura Ley de Eficiencia Digital señaló «la puesta en marcha del protocolo electrónico; una petición realizada por los notarios desde hacía tiempo que dotará de agilidad y eficiencia a la circulación de datos y documentos -como fichas parametrizadas- al Catastro, al Registro,… Asimismo, permitirá el otorgamiento electrónico a distancia de un 40% de los documentos notariales, circunscritos, sobre todo, al ámbito mercantil, aunque también procederán de otros campos, como el de los poderes. Las copias electrónicas emitidas en el ámbito cerrado de las Administraciones públicas se podrán transmitir a los particulares desde el teléfono móvil».

La Ley también contempla «la transposición de la Directiva comunitaria de herramientas digitales que exige que la constitución de sociedades -y la realización de actos societarios- se pueda realizar online. Los notarios españoles estábamos preparados desde hace dos años y podremos realizarlo desde el día siguiente a la entrada en vigor de la ley».

Por último, Martínez Sanchiz citó los beneficios de la videoconferencia, un servicio recogido en el texto del anteproyecto, que permitirá «el asesoramiento notarial a ciudadanos y empresas en la sede electrónica notarial. Es muy importante la interlocución con los usuarios por la vía de las nuevas tecnologías».

Sin embargo y especificidades aparte de nuestro modelo productivo, este hecho también convive con la existencia de decenas de miles de puestos de trabajo sin cubrir. Las 109.000 vacantes disponibles en diversos sectores económicos, según los últimos datos disponibles del INE, frente a los casi tres millones de desempleados registrados en mayo pasado, suponen una aparente incongruencia en un mercado marcado por la fuga de talento, la elevada tasa de desempleo juvenil y el paro endémico de larga duración. Administraciones, empresarios y sindicatos discrepan a la hora de explicar los motivos de esta distorsión, que no es exclusiva de España, y han acordado colaborar para buscar alternativas de cara a tratar de aprovechar este oasis de ocupación en medio de la pertinaz sequía laboral española.

TENEMOS UN MERCADO LABORAL MARCADO POR LA FUGA DE TALENTO, LA ELEVADA TASA DE DESEMPLEO JUVENIL Y UN PARO ENDÉMICO DE LARGA DURACIÓN

Un problema, múltiples causas

Esta anomalía laboral no es, al menos de momento, la versión patria del fenómeno conocido en EE.UU. como la ‘gran dimisión’. sino que más bien parece que el origen de que exista en nuestro país este desencaje entre la oferta de 109.000 puestos de trabajo que no son cubiertos por la demanda de empleo se deben a diversos factores. Entre ellos destacan las carencias formativas, el bajo nivel salarial ofrecido, las malas condiciones laborales, la falta de flexibilidad laboral e, incluso, con la renuncia a ocupar, en algunos casos, empleos especialmente arduos, peligrosos o que cuentan con escaso prestigio social.

Patronales, representantes sindicales y Gobierno discrepan en las causas de este granero de vacantes que, dicho sea de paso, tiende a aumentar cuando el desempleo disminuye, como ocurre en la actualidad. Asimismo, lo paradójico es que esta circunstancia se produce en un país que, a pesar de la mejoría de las cifras fruto de la última reforma laboral aprobada recientemente in extremis, aún acumula un 13,3% de desempleo, liderando el ranking de países de nuestro entorno y doblando la tasa registrada tanto en la Unión Europea (UE) como en la eurozona, 6,2% y 6,8% respectivamente, según datos de marzo-abril de 2022.

En cualquier caso, no hay que olvidar que el dato español de plazas vacantes es el más bajo en toda la UE, ya que representa el 1% del total de empleos disponibles en el país, comparado con una media del 2,5% de puestos huérfanos en la UE, con un pico del 3,8% en el caso de Alemania, y donde solamente se observan porcentajes similares al nuestro en el caso de países con reducidas economías como Grecia y Bulgaria.

No solo camareros

Por sectores y según los datos del INE, los puestos de trabajo vacantes en España se dividen entre alrededor de 31.500 plazas disponibles en la Administración Pública y defensa, mientras que la segunda actividad con mayor número de puestos desatendidos corresponde al rubro de actividades sanitarias y servicios sociales, (casi 13.000), y el ramo educativo concentra, además, otras 3.249 vacantes.

LAS 109.000 VACANTES DISPONIBLES FRENTE A LOS CASI TRES MILLONES DE DESEMPLEADOS REGISTRADOS EN MAYO SUPONEN UNA APARENTE INCONGRUENCIA

Por su parte, el sector privado suma miles de empleos sin cubrir, donde destacan las actividades técnicas y científicas, con 8.744 vacantes, servicios auxiliares (7.303), construcción (6.567) y hostelería (4.444), caso este último que aglutina gran parte de la atención mediática en época estival, sobre todo en zonas turísticas especialmente tensionadas.

Las causas apuntadas por los expertos para explicar esta falta de candidatos varían entre las carencias formativas, que se observan en el sector tecnológico IT relacionado con carreras STEM (acrónimo en inglés que agrupa los estudios relacionados con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), y la escasa retribución salarial, unido a las condiciones laborales, de la que adolece una parte de la oferta en los servicios de hostelería. Por su parte, la construcción, el otro motor económico tradicional junto con el turismo, ha pasado por un largo período de hibernación debido, primero, a las sucesivas crisis económicas, y después, a los efectos de la pandemia sanitaria para recuperar en estos momentos niveles de alto crecimiento y, por consiguiente, demanda de empleo.

Por lo que respecta a la ubicación geográfica de los empleos huérfanos, las comunidades autónomas que aglutinan un mayor número de ofertas sin cubrir serían, por este orden, Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía, que concentran cerca de un 60% de las vacantes laborales disponibles en toda España.

Esta concentración laboral responde también a la acumulación poblacional que registran estas tres regiones que, en total, suman unos 23 millones de habitantes, lo que supone un 48,37% del total de la población española.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública acaba de presentar una propuesta preliminar para realizar una Oferta de Empleo Público (OEP) de 20.000 plazas. La misma se ejecutará a lo largo de 2022 y prevé paliar las numerosas vacantes existentes en la Administración Central, de las que, al parecer, 12.000 serían puestos de nueva creación y los restantes 8.000 corresponderían a promoción interna.

EL SECTOR PRIVADO SUMA MILES DE EMPLEOS SIN CUBRIR, DONDE DESTACAN LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y CIENTÍFICA

Otro ingrediente para añadir a la receta para encontrar la explicación al divorcio puntual entre empleos y trabajadores sería el conocido como reto demográfico, dado que los expertos consideran que la baja natalidad agravará en el futuro la problemática para que las empresas encuentren los perfiles que demandan.

La despoblación en el ámbito rural, fruto del llamado ‘invierno demográfico’, genera además el cierre de multitud de empresas económicamente viables incapaces de encontrar el adecuado relevo generacional para continuar con su actividad, sobre todo en puestos clave de la organización y especialmente entre las pymes, que suponen el 70% de las vacantes en todos los segmentos de actividad del sector privado.

El estigma social que rodea la insolvencia financiera es una pesadilla recurrente que trufa los sueños de todo emprendedor que se precie. Y es que el recelo de los empresarios a la hora de adentrarse en desconocidos senderos del mercado está plenamente justificado, máxime en tiempos de creciente incertidumbre, como los actuales, en los que a las secuelas aún no extintas del Covid se unen las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania.

En este sentido, el Gobierno se ha puesto manos a la obra para poner al día el actual marco concursal que rige en España la reestructuración de las empresas con problemas de solvencia y pretende renovar así nuestro ordenamiento jurídico, alineándolo mediante la correspondiente transposición de la directiva europea vigente en la materia.

Con este objetivo, se encuentra en proceso de tramitación parlamentaria el proyecto de ley de reforma concursal, una esperada evolución que está conectada con el recientemente aprobado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que cuenta con una gran trascendencia para el futuro empresarial en nuestro país.

Tras un período de negociación no superior a tres meses, acreedores y deudores deben optar por alcanzar un acuerdo o proceder a la liquidación

Agilizar, facilitar y minimizar

Entre los retos fijados por las autoridades para acometer las mejoras propuestas en la próxima ley concursal se encuentran la aceleración de los correspondientes procedimientos de reestructuración, la apuesta por las soluciones consensuadas y negociadas de antemano entre acreedores y deudores para abordar situaciones de insolvencia y, por último, la meta de tratar de evitar la destrucción de valor en una economía ya castigada por las crisis anteriores.

Entre los avances recogidos en el proyecto de ley se hace hincapié en el impulso de los denominados planes de reestructuración, que tratan de paliar una hipotética situación de insolvencia en la fase preconcursal, anticipando para ello acuerdos entre deudores y acreedores con el objetivo de refinanciar la deuda y, a la postre, evitar liquidaciones.

Los nuevos planes de reestructuración incluidos en el proyecto están concebidos para ser mecanismos ágiles desde la perspectiva del procedimiento al que deben acogerse los afectados por situaciones de insolvencia.

La clave estaría en conseguir incorporar a los acreedores que no votan a favor del plan de salvamento inicial, aunque sin conculcar los derechos de los mismos. Con ello, las autoridades prevén conseguir que se corrija uno de los males endémicos en España en materia de concursos empresariales, la demora en acogerse a las medidas previstas en la ley. Esto se traduce en la desaparición prematura de muchas empresas, que a la postre podrían salvarse, dada la irreversibilidad del daño ya producido a esas alturas.

Y es que a las ventajas directas derivadas del auxilio anticipado a un mayor número de compañías ahogadas por las deudas se unen las que entrañan la descongestión de los juzgados de lo mercantil, con la consiguiente liberación de recursos y la maximización de la eficiencia del sistema de concurso, para lo que se requerirá, además, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Mutatis mutandis.

Las principales modificaciones que introduce el nuevo texto legal a debate parlamentario y, por tanto, aún en fase de enmiendas, es la introducción, en línea con los países de nuestro entorno, de una tramitación específica para abordar los problemas de solvencia de las microempresas.

De hecho, el proyecto incluye un nuevo procedimiento único para autónomos y microempresas, de menos de 10 empleados. Se trata de un modelo digital, con bajo coste, capaz de aumentar de forma exponencial las posibilidades de supervivencia de las empresas, siempre que cuenten con un adecuado grado de viabilidad a futuro.

Para ello, y tras un período de negociación con un plazo no superior a los tres meses, acreedores y deudores deben optar o bien por alcanzar un acuerdo para poner en marcha un plan para continuar con el negocio y establecer un calendario de pagos de la deuda o, en caso contrario, proceder a la liquidación ordenada de la empresa, antes de que se deteriore la situación financiera de la misma, mediante la utilización de una plataforma digital habilitada ad hoc.

El consenso es vital para lograr acuerdos de reestructuración antes de llegar al concurso

La reforma prevé incentivar también a los autónomos y personas físicas para que cuenten con una segunda oportunidad real y efectiva que posibilite que puedan continuar en el futuro con su actividad. Con lo que, bajo unas determinadas condiciones, puedan exonerar parte de la deuda, sin entrar para ello en la liquidación de su patrimonio, incluyendo la vivienda en el caso de los autónomos, mediante el establecimiento de un plan de pagos con una duración máxima de tres años, ampliable a cinco.

Asimismo, se incluye la posibilidad de poder proceder a la venta de unidades productivas, mediante la firma del correspondiente convenio entre las partes, siempre que, de nuevo, se cumplan unas mínimas condiciones de viabilidad del negocio.

No hay que olvidar tampoco que, en aras de la aceleración del proceso, la reforma contempla incentivos al administrador concursal para estimular la celeridad y premura del mismo y, en caso contrario, penalizaciones si se alarga más de un año y es imputable a su gestión.

Certidumbre y protección

‘El que no arriesga no gana’. Al menos esta máxima se suele aplicar al éxito empresarial. Un concepto asociado al hecho de atreverse a poner en marcha una determinada idea o iniciativa y que está imbricado con la mencionada Ley de Segunda Oportunidad. Un recurso legal para que particulares y autónomos tengan la posibilidad de renegociar sus deudas sin obviar los derechos de cobro de los acreedores en procesos extrajudiciales bajo tutela judicial.

En definitiva, la reforma concursal en tramitación pretende lograr una legislación competitiva que otorgue estabilidad y un marco predecible a los agentes económicos, al tiempo que se constituya en un vector de ayuda al relanzamiento de la economía de nuestro país.