«Imprescindible reducción del déficit público», por David Cano

ENTRE MAGNITUDES

DAVID CANO MARTÍNEZ,

socio de Analistas Financieros Internacionales

"Sería estupendo que aumentara la recaudación manteniendo las tasas impositivas vía mayor crecimiento del PIB. Pero esto es más bien un deseo o una ilusión"

Imprescindible reducción del déficit público

El balance del desempeño de las economías desarrolladas en las últimas dos décadas es decepcionante, al menos si lo medimos mediante el PIB. Esto segundo no es un debate baladí, ya que no está claro que este agregado macroeconómico recoja bien las mejoras en nuestro “día a día” (longevidad, salud, tecnología, …) y que incluya los logros que se deberían considerar a la hora de valorar el grado de avance de una economía (seguridad, igualdad de oportunidades, no discriminación, felicidad, …). Pero dejemos para otro momento ese planteamiento, que tiene claros tintes filosóficos y antropológicos (ver La crisis del capitalismo democrático, de Martin Wolf, Deusto, página 273), y aceptemos el PIB como indicador para medir el grado de desarrollo económico. Aun así, falta realizar una matización adicional: tener en cuenta el crecimiento de la población. Porque cuando medimos el PIB per cápita la decepción es aún mayor, al constatarse un avance muy pobre (prácticamente nulo). Las razones de este resultado las encontramos en las diversas crisis sufridas en los últimos años, con la financiera de 2008 y el Covid de 2020 como máximos exponentes.

El pobre desempeño económico ha tenido una clara implicación: un aumento del nivel de endeudamiento público. Porque los Estados han reaccionado durante estos años aumentado el gasto público. Ello, junto con la caída de la recaudación, ha implicado un fuerte aumento del déficit público y, lo que es más relevante, durante demasiados años seguidos. Tras dos décadas de aumento de la ratio de deuda pública sobre el PIB, muy lejos queda la cota del 60%, cuya superación, según el consenso, activaría una crisis (por más que Bélgica, Italia y Japón presentaran ratios de deuda pública de 2, 3 y 4 veces esa cifra ya a inicios del siglo XXI).

Y es posible que hubiera sido así si los bancos centrales no hubieran creado dinero (base monetaria) para adquirir los bonos emitidos por los Estados (la denominada “expansión cuantitativa”). Podemos citar el caso de las primas por riesgo de la periferia de la zona euro en verano de 2012 y el famoso whatever it takes de Mario Draghi como máximo exponente.

Acabamos de exponer alguno de los debates mantenidos por los economistas en los últimos años: ¿Ha sido acertada la acción de los Estados al aplicar “recetas keynesianas”? ¿Ha sido correcta la aparición en escena de los bancos centrales monetizando todo ese déficit público? Los monetaristas recuperan lo explicado por Milton Friedman en la década de los setenta y vinculan el estallido de la inflación entre finales de 2021 y finales de 2023 (un 15% acumulado) a esa expansión cuantitativa y advierten de que, en los próximos años, la inflación será más alta de lo normal. Tal vez por ello, o porque no se ha producido un escenario tan malo para el crecimiento económico en los últimos tres años (aunque hemos señalado al principio la decepción, conviene recordar los peores augurios que se manejaban en primavera de 2020), desde junio de 2022 los bancos centrales están reduciendo el tamaño de sus carteras de deuda pública. Y lo hacen mediante la no reinversión de los bonos que vencen. El proceso está en marcha y serán necesarios, a este ritmo, del orden de 10 años para compensar todo el aumento de la base monetaria. Parece tiempo suficiente, pero conviene advertir que, sin un “comprador de última instancia” de deuda pública como lo han sido los bancos centrales, los gobiernos tendrán más difícil emitir bonos (es decir, tendrán que pagar más tipo de interés). Ya solo por eso deberían plantearse una senda de reducción del déficit público mucho más agresiva que la que han presentado hasta ahora. Esto no es debatible. Con una deuda pública por encima del 100% y unos intereses de la deuda que pueden suponer entre el 3% y el 5% del PIB, parece imprescindible contar con un superávit primario (es decir, el que no tiene en cuenta el pago por intereses). Sé que es todo un reto desde el lado de los gastos si consideramos el proceso de longevidad y, sobre todo, envejecimiento que se va a intensificar en los próximos años. Pero es que, además, la descarbonización y la apuesta por la sostenibilidad que estamos implantando en la zona euro va a implicar un aumento del gasto público, por más que la iniciativa privada vaya a financiar parte en forma de préstamos y de inversión.

Y no olvidemos el necesario gasto en defensa que se tendrá que materializar ante la evidencia de que los riesgos militares persisten y que, también en esto, en la zona euro presentamos claras deficiencias en capacidad defensiva y de ataque. Es difícil compatibilizar el objetivo de reducción del déficit público con una mayor carga de intereses (tanto por superior nivel de deuda como por tipos de interés más elevados), con un mayor gasto militar, con partidas crecientes destinadas a las personas mayores y con “nuevos” recursos como los que va a demandar la transición hacia una economía sostenible. Parece más bien imposible si no se alteran las fuentes de ingresos. Sería estupendo que aumentara la recaudación manteniendo las tasas impositivas vía mayor crecimiento del PIB. Pero esto es más bien un deseo o una ilusión, a juzgar por lo observado con el PIB estos últimos años. Resulta imprescindible aumentar los impuestos, en especial los vinculados a los rendimientos del capital, a los beneficios empresariales, a las rentas del trabajo más altas y al patrimonio. Sé que no es nada agradable el diagnóstico, pero ante la elevada deuda pública es la única vía para poder financiar el aumento de gasto que viene por delante.

¿Autónomo por obligación?

ENTRE MAGNITUDES

¿AUTÓNOMO POR OBLIGACIÓN?

¿Por vocación o necesidad? Esa es la disyuntiva a la que en algún momento se ha enfrentado una gran parte de los casi 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia que existen en España. Un colectivo de emprendedores a veces poco reconocido, pero indispensable para el funcionamiento de la economía. De hecho, si lo considerásemos como un grupo empresarial unificado sería el segundo mayor contratador del país, sólo por detrás del Estado, y el primer proveedor de servicios.
FERNANDO GEIJO,
La mayoría de los autónomos tiene que dedicar muchas horas a sus proyectos si quieren obtener buenos resultados.

Ponerte por tu cuenta. Una expresión tradicional presente en el imaginario colectivo que ejemplifica a la perfección la decisión de muchas personas a la hora de emprender y poner en marcha su propio negocio. Una opción que en ocasiones responde a una clara vocación profesional pero que, en otras, es el resultado de la mera necesidad de trabajar.

La encuesta Oferta y demanda de empleo en España en 2022, elaborada por Infoempleo, perteneciente al Grupo Adecco, señala que más de un 65% de los entrevistados asegura que “llegaron al autoempleo empujados por la necesidad” y, por tanto, no se consideraban “motivados por un verdadero interés en trabajar de forma independiente”. No en vano, un 60% de los encuestados indicaron que antes desarrollaban su labor por cuenta ajena a tiempo completo y que preferirían esta opción por motivos de “tranquilidad”. Lo que cuadra con el dato del 45,3% que afirmó sentirse más infeliz desde que era autónomo.

Sin duda, un porcentaje considerable entre los 3.992 profesionales en activo, desempleados y autónomos encuestados, cuya opinión se une también en esta edición a la de un total de 152 empresas consultadas y al análisis de más de 355.000 ofertas de empleo, bien colgadas en el portal de Infoempleo o recibidas a través de Adecco.

 


EL 65% DE LOS ENTREVISTADOS POR INFOEMPLEO ASEGURAN SER AUTÓNOMOS POR NECESIDAD


 

Ventajas e inconvenientes

La plena autonomía en la toma de decisiones y de horarios, en un 50% y un 42,7%, respectivamente, junto a la libre elección de la actividad (33,8%), unido a la sensación de libertad (28,1%), y al incremento de la satisfacción personal (20,3%), son algunos de los aspectos citados de manera recurrente entre los principales atractivos a tener en cuenta a la hora de decidirse por el emprendimiento.

En la otra cara de la moneda se sitúan la burocracia (52%) y, en mayor medida si cabe, la elevada carga fiscal que deben soportar los autónomos en España, con un porcentaje de respuestas en este caso del 56,2%, como los principales obstáculos que desincentivan y sirven de barrera de entrada al denominado emprendimiento. Y todo ello sin olvidar tampoco otras problemáticas citadas en el estudio en torno a situaciones relacionadas con la competencia desleal, la economía sumergida, la morosidad, la actual incertidumbre económica o la dificultad para encontrar financiación y la ausencia de coberturas sociales. Esto último podría ser, además, la causa de que un 16,15% de los encuestados considere que: “no hay ninguna ventaja a la hora de trabajar por tu cuenta”.

 


PARA FINANCIAR SUS PROYECTOS LOS EMPRENDEDORES RECURREN FUNDAMENTALMENTE A LOS AHORROS, LOS CRÉDITOS BANCARIOS Y LA AYUDA DE AMIGOS Y FAMILIARES


 

Fórmulas financieras

A toda persona que decide iniciar un negocio se le recomienda tener algo de experiencia en el sector, una formación adecuada y, por supuesto, una buena idea de negocio.

Sin embargo, el capítulo económico se antoja clave en términos de supervivencia. Y es precisamente aquí donde la diversidad de vías de financiación se disgrega en diferentes alternativas, como la financiación colectiva o crowdfounding, apenas utilizada por un reducido 1,04% de los entrevistados, o los mentores, también conocidos en terminología anglosajona como business angels, con solo un 2,08%.

Por el contrario, las opciones más recurrentes para contar con un respaldo económico se centran en los préstamos bancarios (27,6%), mientras que la petición de apoyo a amigos y familiares, que aglutinó casi un tercio de las respuestas, en concreto el 22,4% de las mismas, y las ayudas y subvenciones supusieron la solución para el 10,9% de los encuestados en el estudio de Infoempleo. Por último, destacar las alternativas de inversión propia, bien debido a la inversión del ahorro acumulado a lo largo de la vida profesional, opción preferente con casi un 70% de los casos, o mediante la capitalización de la prestación por desempleo, con el 9,9%.

La motivación de los autónomos es una virtud que se les supone. Pero esta debe ir inexorablemente acompañada de una gran dedicación en términos de horas de trabajo. En este sentido, un 35,9% aseguró al ser preguntados que trabajaba seis días a la semana, frente al 32,8% que dedicaba cinco, mientras que más de un cuarto, el 26,5%, confesaban extender la jornada a los siete días de la semana.

Por su parte, tres cuartos de los autónomos españoles consultados admitieron trabajar en solitario, desde un local alquilado (21,8%) o en su propio domicilio (45,3%).

Ajuste a la realidad

El 1 de enero de 2023 entró en vigor la reforma del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) por el que se ha establecido un nuevo sistema de cotización, que pone fin a la libertad de elección del mismo, y mejora la protección ante el cese de actividad. En el primer caso, las cuotas han pasado desde los 230 (200 a partir de 2025) a los 500 euros al mes, en función de los rendimientos netos. Los autónomos con bajos ingresos, mujeres y jóvenes, sobre todo, con rendimientos del trabajo por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pagarán entre 200 y 260 euros al mes a partir de 2025.

Asimismo, existe la posibilidad de que, en caso necesario, puedan cambiar de tramo cada dos meses y con un máximo de seis cambios anuales, al objeto de ajustarse en cada momento a su realidad financiera.

 


LA REFORMA DEL RETA HA FLEXIBILIZADO LA CUOTA FISCAL Y AUMENTADO LA PROTECCIÓN DEL AUTOEMPLEADO


 

Estas medidas son necesarias para adaptarse a las transformaciones que se avecinan en el mercado laboral mundial, a tenor de las conclusiones del Informe sobre el futuro del empleo 2023, elaborado por el World Economic Forum, en el que se indica que el mismo camina hacia la revolución tecnológica y la transición ecológica con nuevas bolsas de empleo en sectores como la educación, la agricultura y el comercio digital, y donde el 23% de los empleos cambiarán de aquí a 2027, tras la creación de 69 millones de nuevos empleos y la destrucción de otros 83 millones.

Pros y contras del autoempleo

Ventajas:

  • Ser tu propio jefe 50%
  • Fijar tus horarios 42,7%
  • Trabajar en lo que te gusta 33,8%
  • Libertad 28,1%
  • Satisfacción personal 20,3%
  • Mayores ingresos 7,8%

Inconvenientes:

  • Fiscalidad 56,2%
  • Cargas administrativas 52%
  • Competencia desleal 24,4%
  • Contexto político-económico 21,8%
  • Financiación 20,8%
  • Conseguir clientes 20,3%
  • Cambios en el marco regulatorio 11,9%
  • Falta de coberturas sociales 11,9%
  • Morosidad 8,3%

Fuente: Oferta y demanda de empleo en España 2022, Infoempleo (Grupo Adecco).

Panorama europeo

Portugal

La Seguridad Social aplica una tasa fiscal del 21,4% sobre el 70% de media de ingresos, además de contar con una horquilla impositiva que va desde un mínimo de cotización mensual fijado en 20 euros hasta un máximo de 1.130 euros.

Reino Unido

La legislación divide a los autónomos en dos segmentos en función de sus ganancias: clase 2, que abonan 3,05 libras semanales-alrededor de 15 euros mensuales- y los de la denominada clase 4 que pagan el 9% si ganan entre 11.500 y 60.500 euros al año.

Alemania

Los trabajadores germanos por cuenta propia abonan sus impuestos en función de los beneficios obtenidos, pero de una forma progresiva, con tasas que oscilan desde el 45% al 14%.

Italia

Desde 2022 cuenta con un sistema por tramos similar al actualmente establecido en España, donde están excluidos los autónomos que ganan 4.800 euros anuales o menos.

Francia

El primer año está bonificado y después se paga el CFE, equivalente al IRPF español, con un montante variable según el volumen de negocio y la actividad económica, donde los profesionales dedicados al comercio abonan el 12% y los que se dedican a actividades liberales, colegiadas o no, y servicios pagan el 22%.

Ojo al dato

Informe Oferta y Demanda de Empleo en España 2022, elaborado por Infoempleo, Grupo Adecco.

Estudio sobre el futuro del empleo, mayo de 2023. Foro Económico Mundial.

Guía práctica de trabajo autónomo. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

«España necesita un marco normativo que piense en las pymes», por Gerardo Cuerva

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Gerardo Cuerva.
GERARDO CUERVA,

presidente de CEPYME

"Reclamamos de los legisladores que actúen en concordancia con las necesidades del tejido empresarial español"

España necesita un marco normativo que piense en las pymes

Es para mí un honor poder explicar desde esta publicación las inquietudes de las pymes españolas, a las que pertenezco y represento. Una publicación como Escritura Pública, que tanto predicamento tiene entre los juristas y que es un referente para cualquiera que se quiera aproximar al conocimiento del Derecho, supone para la organización que presido, CEPYME, un inigualable trampolín para poder exponer las vicisitudes de las pymes, así como sus demandas. Desde el más absoluto respeto, sin concitar conflictos, pero también desde la responsabilidad que supone dar voz al 99,8% del tejido productivo español.

Porque ese, el 99,8%, es el porcentaje del parque empresarial que representan las pymes. Por ello, son las pymes españolas el principal empleador del sector privado y por ello merecen una atención especial que CEPYME jamás cejará en reclamar.

El empleo de las familias españolas depende de nuestras empresas y las mayoritarias son las pequeñas. Sin embargo, la legislación que nos afecta está confeccionada, en general, para la gran empresa. Una sorprendente paradoja sobre la que desde CEPYME tratamos de llamar la atención para poder disolverla.

El hecho de que predomine una legislación desacorde con la empresa mayoritaria en el país y la circunstancia de que existan escalones regulatorios que impidan la ganancia de tamaño de las pymes limita las posibilidades de mejora de nuestra economía y el progreso de nuestra sociedad. No es un asunto baladí. Doce millones de empleos dependen del trabajo por cuenta propia y las pymes, elementos productivos que necesitan una legislación que tenga en cuenta su realidad y a sus necesidades.

Los empresarios estamos acostumbrados a sacar fuerzas de flaqueza. Lo hemos demostrado durante la pandemia, ante los vaivenes en las cadenas de suministro, frente al vendaval inflacionario, pese a la carestía del crédito. Muchos han sacrificado sus márgenes para mantener el empleo. Lo hemos hecho sin queja, orgullosos de sacar adelante nuestros negocios y poder cubrir la demanda de bienes y servicios en un entorno de modernización, digitalización, y de nuevas exigencias medioambientales. Siempre hemos dado la cara y se demuestra en los datos de empleo de estos adversos tiempos en materia económica.

Hay elementos que afectan a la actividad empresarial diaria que nadie puede predecir. Los empresarios lo asumimos: no se puede calcular la duración de un conflicto bélico o una sequía. Con ese azar se enfrenta a diario la pyme. Pero hay otros elementos sobre los que sí se puede actuar y en tal sentido reclamamos de los legisladores que actúen en concordancia con las necesidades del tejido empresarial español.

Según la última edición del informe Crecimiento Empresarial, elaborado por el servicio de Estudios de CEPYME, una normativa adaptada a la pyme, que permita a las empresas españolas crecer hasta asimilarse en tamaño con la empresa media europea reduciría la tasa de paro en cinco puntos porcentuales; elevaría un cinco por ciento el PIB, e incrementaría la recaudación en 21.000 millones de euros sin que hubieran de mediar subidas de impuestos y cotizaciones, algo esencial para que España minore su déficit y su deuda pública, que tantos intereses cuestan a los ciudadanos.

Y esa normativa que necesita la pyme, adaptada a sus circunstancias, precisa de una reflexión pausada de los legisladores, de una toma en cuenta del principio think small first, de pensar primero en pequeño para poder ser más grandes.

No pedimos que la legislación se amolde a la pyme por capricho, sino por carta de naturaleza. Somos el tejido productivo y quienes brindamos no sólo los bienes y servicios que demandan los consumidores, sino también el sostén de servicios públicos esenciales mediante nuestra aportación a las arcas públicas. Y, además, queremos atraer recursos del exterior: vender fuera, poner a España en cada rincón del mundo. Para todo ello necesitamos viento a favor en vez de palos en las ruedas. Necesitamos tanta certidumbre y seguridad jurídica como flexibilidad para poder adaptarnos a la coyuntura.

Las pymes españolas son más vulnerables que las grandes empresas. Y son también más vulnerables que sus homólogas europeas. Difícilmente, con normativas ajenas a esta realidad, podrán salvar escollos. Las pymes tienen menos recursos que las grandes empresas para, sin ir más lejos, asimilar las 5.300 páginas diarias de producción normativa; adolecen de una mayor dificultad para acceder al crédito; son las primeras que soportan las crisis y, sin embargo, son más rehenes de escalones regulatorios que las grandes compañías.

No expongo una lucha de David contra Goliat, no. Ni mucho menos una diatriba que dependa de colores políticos. Al contrario. Hablo de una unión de todos los estamentos en pro de la empresa y de nuestro consiguiente progreso como sociedad. Anhelo unos cauces normativos diseñados específicamente para la pyme, que permitan ensanchar el retorno que la empresa española brinda a la sociedad, esa mano invisible que retroalimenta la riqueza y el progreso. Si las pymes han llegado hasta aquí con éxito en sus negocios y brindando solidez laboral, ¿qué no harían con una legislación ahormada a su idiosincrasia? Demos respuesta a esta pregunta retórica con unas leyes de talla… de la talla que gasta la empresa española.

¿Es momento de ahorrar o de consumir?

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¿ES MOMENTO DE AHORRAR O DE CONSUMIR?

El ahorro acumulado por los españoles durante la pandemia se está moviendo. Según el último informe del Banco de España, esa masa monetaria dedicada en gran parte a invertir en activos financieros (depósitos y fondos, principalmente) estaría destinándose a saldar deudas, léase hipotecarias, lo que liberaría ingresos para que se produjera también la ansiada reactivación del consumo privado.

En el primer trimestre de 2023 el ahorro financiero de las familias españolas ascendió a 2,75 billones de euros, según datos del Banco de España.
FERNANDO GEIJO,

En el primer trimestre de 2023 el ahorro financiero de las familias españolas ascendía a un total de 2,75 billones de euros, según datos del Banco de España. La cifra supone un 1% más que la acumulada hasta finales de 2022 debido a la evolución positiva del mercado y a la consiguiente revalorización de las carteras.

La tendencia, sin embargo, fue de reducción del montante en depósitos y efectivo disponible en más de 22.000 millones de euros. El objetivo era desviarlo hacia productos con mayor rentabilidad y riesgo, como los fondos de inversión, con suscripciones netas positivas por encima de los 12.500 millones, la mayor cifra en un trimestre de la serie histórica registrada desde 2015, y a la renta fija a corto plazo, con 9.000 millones de euros destinados sobre todo a deuda pública.

La inesperada ‘fortaleza’ del PIB en los últimos trimestres ha sido en parte consecuencia de los recursos acumulados durante las restricciones al consumo provocadas por el rígido confinamiento derivado de la pandemia sanitaria. Así, al menos, lo consideran los expertos en la materia y lo refrenda el propio Banco de España, que estima que los españoles aún conservan 50.000 millones de euros en depósitos bancarios fruto de esta circunstancia excepcional.

 


EL ALZA DE TIPOS HA PROPICIADO EL PAGO DE LA DEUDA Y APLAZADO LA REACTIVACIÓN DEL CONSUMO PRIVADO


 

Sin embargo, este hecho no supondrá, a su entender, que ese remanente extra de recursos se vaya a dedicar al consumo en los próximos meses. En opinión del supervisor y ante el actual horizonte de aumento de tipos, esta bolsa de ahorro se destinará, principalmente, al pago de la deuda en sus diferentes variantes.

En concreto, calcula que un 80% del ahorro extra generado entre 2020 y 2022 se dirigió a la compra de fondos y depósitos, en el primer año de la serie, y a la adquisición de viviendas y al pago de hipotecas a partir de 2021, cifra que en junio se ha acelerado hasta alcanzar un ritmo de amortización de más de 1.100 millones de euros al mes por parte de las familias españolas, dejando el saldo de la deuda hipotecaria en algo más de 500.000 millones de euros, el más bajo en 18 años. Desde esa fecha, la incertidumbre y los todavía bajos tipos de interés hicieron que la atención virase hacia activos más conservadores, depósitos y ladrillo, cuya compraventa aumentó ya el año pasado hasta alcanzar alrededor de 650.000 operaciones de compraventa inmobiliaria, su mayor cifra en tres lustros.

 


TODO PARECE APUNTAR A QUE TRAS EL VERANO SE PODRÍA PRODUCIR EL ESTANCAMIENTO DEL CONSUMO


 

Reparto desigual. En cualquier caso, casi el 75% del ahorro extra generado entre 2020 y 2022 se encuentra en manos de las familias con rentas más elevadas. Mientras que las menos pudientes apenas pudieron beneficiarse de ese ahorro generado por el confinamiento, al estar inmersas en ERTEs, y debieron esperar hasta 2021 para recuperar sus ingresos.

Asimismo, en las fases más duras de la pandemia el consumo llegó a caer en más de un 12%, a pesar del paraguas desplegado por las ayudas públicas, en parte por la imposibilidad del gasto y también por la propia incertidumbre reinante. Además, a finales de 2022 el Banco de España estimaba que el ahorro se había reducido hasta el 14% de la renta bruta disponible, de unos 100.000 millones de euros, y que el IPC había ya erosionado el 10% del poder de compra de esos fondos adicionales.

En estos momentos, la anémica demanda interna está afectando ya a la recaudación de impuestos. De hecho, y tras los avances registrados en febrero y marzo pasados, la recaudación por IVA, el tributo que mejor refleja el comportamiento del consumo y la inversión, descendió un 3,8% en mayo, según el último informe al respecto de la Agencia Tributaria, en comparación con el mismo mes de 2022.

A pesar de que la bajada del IVA en algunos alimentos básicos podría estar detrás de esta disminución, lo cierto es que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) vienen a confirmar la creciente debilidad de la inversión y el consumo internos, frente a la fortaleza de las exportaciones españolas, que actúan junto a la reactivación del turismo como sostén del PIB.

Por su parte, otras figuras impositivas relevantes, como Sociedades, Impuestos Especiales e IRPF, también reflejan retrocesos en sus respectivas recaudaciones, aunque por diferentes motivos, como el adelanto de devoluciones pendientes de otros ejercicios, en el primer caso, o la afectación por las medidas de contención de la energía, en el segundo. Por su parte, el de la Renta de las Personas Físicas mantiene el tipo al acumular una cifra superior a los 46.000 millones de euros en los cinco primeros meses del año, un 12% más que en el mismo período de 2022.

 


CASI EL 75% DEL AHORRO EXTRA GENERADO ENTRE 2020 Y 2022 SE ENCUENTRA EN MANOS DE LAS FAMILIAS CON RENTAS MÁS ELEVADAS


 

Barbas y vecinos. El último boletín económico del Banco Central Europeo (BCE) también avanza unas previsiones económicas nada halagüeñas para la zona euro de cara al tercer trimestre de 2023. Tras esquivar la augurada caída en recesión técnica en el primer semestre del año, la autoridad monetaria advierte de un deterioro de la situación debido al enfriamiento derivado del alza de tipos de interés, actualmente en una inédita cota en los últimos veinte años del 4,25%, y, por ende, del endurecimiento de la financiación para empresas y particulares.

La consecuencia que extrae la institución presidida por Christine Lagarde es el frenazo de la demanda de las familias en la UE, derivada del efecto dominó que está provocando la presente escalada inflacionista.

En este sentido, los signos de debilidad ya son palpables tanto en la producción industrial de la eurozona como en la inversión residencial y la empresarial, sin olvidar la prestación de servicios. Un panorama ante el que el BCE reclama la retirada gradual y coordinada de los estímulos aprobados en su día para amortiguar los efectos de la guerra en Ucrania para tratar de domar una suerte de estanflación que, en su opinión, aún se espera demasiado alta durante bastante tiempo, con lo que se vislumbran nuevas subidas de tipos en el corto y medio plazo.

Tras la pandemia muchos ciudadanos cayeron en una especie de carpe diem colectivo, lo que provocó que el gasto de las familias se disparase en 2022 hasta duplicar la media del habitual en los cinco años previos al Covid-19. Ahora, todo parece apuntar a que tras el verano se podría producir el estancamiento del consumo privado, ante la imposibilidad de seguir tirando de ahorros para financiar un gasto cada vez mayor, cortesía de la inflación, que deriva en la pérdida de capacidad de compra de las familias. Por consiguiente, en el segundo semestre del año se abriría una etapa de zozobra financiera en la que el retorno a la acumulación, aunque sea en el humilde formato de la tradicional alcancía con forma de cerdito, parece el mejor de los consejos.

Seguimos ahorrando

En el primer trimestre del año la tasa de ahorro de las familias españolas volvió a situarse por encima de su media histórica, según datos del Banco de España. En aquel momento parecía que la inflación daba una tregua, aunque las últimas cifras de julio marcan un repunte.
Algunas claves son:

  • Las familias han trasvasado fondos desde efectivo y cuentas a la vista a instrumentos más rentables como Letras del Tesoro, fondos de inversión y depósitos a plazo.
  • Los hogares han reforzado su posición patrimonial a nivel agregado, lo que mejora su capacidad de devolución de deuda.
  • Reducción paulatina de la deuda hipotecaria debido a la amortización anticipada por las subidas del Euribor.

Huevos en distintas cestas

El peso de los activos financieros en la composición de la riqueza de las familias españolas se ha acrecentado desde el 10% al 25% en los últimos 14 años.
La riqueza financiera neta de los hogares, sus activos menos sus pasivos financieros, se situó en 2.000 millones de euros en marzo de 2023, lo que supone un aumento del 2,9% con respecto al año anterior.

Distribución de los activos financieros de las familias españolas. Primer trimestre de 2023:

  • Depósitos 36,4%
  • Inversión directa 31,4%
  • Fondos de inversión 14,8%
  • Seguros y entidades de previsión social 8,1%
  • Fondos de pensiones 4,4%
  • Efectivo 2,0%
  • Otros 2,9%

Fuente: Inverco.

Ojo al dato

La evolución y el destino del ahorro extraordinario acumulado por los hogares españoles desde el inicio de la pandemia, informe recogido en el Boletín Económico 2023/T2. Banco de España.

Informe de Previsiones económicas para España 2023-2024, Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

Contabilidad Nacional Trimestral de España: principales agregados. Segundo trimestre de 2023. Avance, 28 de julio. Instituto Nacional de Estadística (INE).

«Más ahorro (y mejor canalizado)», por David Cano Martínez

ENTRE MAGNITUDES

DAVID CANO MARTÍNEZ,
socio de Analistas Financieros Internacionales

"Necesitamos más ahorro para financiar un aumento de la capacidad productiva del país si queremos aprovechar la reindustrialización"

Más ahorro (y mejor canalizado)

El ahorro es una de las variables más relevantes en el análisis de una economía, tanto por su nivel en un determinado momento del tiempo como por su crecimiento. Solo si un país cuenta con ahorro puede financiar la inversión y el consumo. Y solo si es capaz de generar más ahorro puede financiar nuevos proyectos de inversión o incrementar su consumo. Si no hay o no se crea nuevo ahorro (o no lo suficiente), entonces una economía tiene que recurrir al exterior para captar financiación. Nos estamos refiriendo al conjunto de una economía, pero piense en uno de sus agentes, por ejemplo, una familia. Si no cuenta con ahorro o con capacidad de ahorrar, entonces no puede invertir, salvo que encuentre a alguien que le financie. De ahí que los economistas macro estudiemos el agregado del ahorro de una economía para analizar sus fortalezas y debilidades. Y lo hacemos distinguiendo entre la situación de las familias, del Estado y de las empresas. Pongamos el caso de EE.UU., una economía que invierte y gasta más de lo que genera internamente. Es un país que sufre el denominado déficit por cuenta corriente, pero no tiene dificultades para financiarlo porque su atractivo como prestatario sigue siendo elevado y, además, en su propia moneda, que persiste como la referencia global. La zona euro es una economía que “vive por debajo de sus posibilidades”, como demuestra que cuenta con superávit por cuenta corriente (es decir, cada año aumenta su nivel de ahorro acumulado). Y este también es el caso de España, que tras los excesos de 2000–2008 (cuando el déficit por cuenta corriente anual llegó a equivaler al 10% del PIB) durante la última década presenta un superávit anual del orden del 1% del PIB.

¿Por qué, entonces, un país debe ahorrar desde una perspectiva macroeconómica? Para financiar la inversión y el consumo sin depender del exterior. ¿Y qué agente es el que ahorra? Sin duda, las familias. Parece lógico que no lo hagan, en agregado, las empresas, mientras que existe más debate respecto a los gobiernos. Lo que está claro es que una familia no ahorra porque piense que es lo que debe hacer para contribuir a la financiación del tejido empresarial de su país. Ahorra, fundamentalmente, por precaución (por si lo necesita a futuro ante una caída de los ingresos o un gasto inesperado), por una preferencia intertemporal (prefiere gastarlo en el futuro) o previendo un gasto cierto que se producirá más adelante (ahorro para la universidad de mis hijos o para un viaje con los nietos).

Hecha esta introducción de los motivos del ahorro, quiero entrar en dos aspectos adicionales: el mecanismo de transmisión y la materialización. Por el primero nos referimos a las “cañerías” que permiten hacer llegar el dinero allá donde se necesita desde donde se acumula. Está claro que el principal agente de esta transmisión, al menos en la zona euro, es el canal bancario. Una familia materializa su ahorro en un depósito en un banco, que lo utiliza para conceder un crédito a una empresa. Pero existe un canal alternativo: los mercados de capitales. Una familia opta por comprar unas acciones o un bono que cotiza en un mercado financiero, al que ha acudido la empresa para emitir ese activo. Escapa del alcance de este artículo el interesante debate sobre cuál de los dos sistemas de intermediación es más recomendable para el crecimiento económico, así como los aspectos positivos y negativos de cada uno de ellos. En EE.UU. predominan los mercados de capitales como mecanismo de transmisión. En la zona euro, como ya hemos comentado, el bancario, si bien se están haciendo esfuerzos para reequilibrar las cuotas. El caso de España es bien representativo: excluyendo la vivienda, donde tenemos 3 billones de euros, el principal activo financiero de materialización del ahorro de las familias españolas es el depósito bancario. A marzo de 2023, su saldo se eleva a 1 billón de EUR, lo que representa del orden del 40% del total de los activos financieros. Es verdad que su cuota va goteando a la baja (hace una década era del 45% y, hace tres, del 60%), pero sigue siendo muy elevada, de ahí el protagonismo señalado de la intermediación bancaria.

Respecto a la importancia del mercado de capitales, tenemos que distinguir varias partidas. Las acciones de empresas cotizadas apenas suponen un 4% del total del ahorro (119.000 millones de EUR), lo que sin duda es una cifra modesta, acaso correlacionada con el menor desarrollo de nuestra Bolsa (su capitalización es del orden de 800.000 millones de EUR, es decir, el 60% del PIB, frente al 150% que supone en EE.UU.). Las familias españolas cuentan con más ahorro en acciones de empresas no listadas: 142.000 millones de EUR. Respecto a otras figuras, las instituciones de inversión colectiva suman 400.000 millones de EUR lo que, aquí sí, es una clara señal de crecimiento, pero todavía insuficiente. Su peso en el total del ahorro financiero (14%) es mayor que hace una década (cuando era el 6%), pero es muy reducido respecto a los niveles de otros países (25% – 35%). Similar comentario respecto a los fondos de pensiones que con apenas 122.000 millones de EUR representan solo un 4,4% del total del ahorro.

Recapitulando: el ahorro materializado en activos financieros de las familias españolas se situó, a finales de marzo, en 2,75 billones de EUR, es decir, 2 veces el PIB. Los depósitos, con 2 billones, siguen siendo los protagonistas, si bien su importancia relativa va decreciendo en favor de los fondos de inversión, que ya suponen medio millón de EUR. Necesitamos más ahorro para financiar un aumento de la capacidad productiva del país, sobre todo si queremos aprovechar la reindustrialización que traerá aparejada el proceso de desglobalización en el que estamos inmersos. Y este ahorro no solo debe canalizarse a través de las entidades crediticias, sino también a través de los mercados de capitales, para lo cual las instituciones de inversión colectiva son una de las mejores alternativas. Por último, los fondos de pensiones se revelan como una de las mejores opciones para materializar el ahorro a largo plazo. El desarrollo de estas partidas es una muestra del potencial económico de un país.

Préstamos hipotecarios seguros e informados

ENTRE MAGNITUDES

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS SEGUROS E INFORMADOS

El pasado 15 de junio se cumplió el 4º aniversario de la entrada en vigor de la Ley reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (LCCI). Uno de los objetivos fundamentales de esta ley era reforzar la protección del consumidor y la seguridad jurídica de la fase precontractual de los préstamos hipotecarios.

REDACCIÓN
Según la experiencia notarial en estos cuatro años, la nueva normativa ha facilitado la elección de notario.

En esta ley se garantiza el derecho del consumidor a elegir notario y a reunirse con él en privado para poder consultarle sus dudas, sin ningún coste asociado a ello. El notario, por su parte, realiza una labor de asesoramiento y resuelve las dudas del consumidor con imparcialidad. Una vez que el consumidor ha elegido el notario, lo comunica a la entidad financiera con la que vaya a contratar el préstamo hipotecario, para que esta pueda remitirle la documentación.

Según la experiencia notarial en estos cuatro años, la nueva normativa ha facilitado la elección de notario por los clientes de las entidades financieras que van a contratar un préstamo hipotecario: un derecho que corresponde al prestatario y que es irrenunciable.

La ley establece que debe darse un plazo de 10 días naturales desde que la entidad financiera pone la documentación a disposición del notario elegido en la Sede Electrónica Notarial hasta que se autoriza y firma la escritura de préstamo hipotecario.

De esta forma, el notario está presente en dos momentos clave del préstamo hipotecario.

Fase precontractual.

En primer lugar, el notario interviene en la fase precontractual, previa a la autorización de la escritura pública del préstamo hipotecario. En esta fase, y de forma gratuita, el notario verifica que la entidad financiera ha entregado al prestatario toda la documentación del préstamo con tiempo suficiente y que la información suministrada es la exigida en función del tipo de préstamo acordado por las partes.

La documentación entregada por la entidad financiera deberá ser:

  • La Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) u oferta vinculante.
  • La Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE). Documento que da información complementaria de las cláusulas del préstamo o crédito que sean relevantes.
  • La simulación de las cuotas periódicas que deberá satisfacer bajo diferentes escenarios de evolución de los tipos de interés, en el caso de que el préstamo sea a interés variable.
  • Un documento sobre los gastos asociados a la formalización del préstamo hipotecario (honorarios notariales, honorarios registrales, gastos de gestoría, tasación e impuestos). Tras la LCCI y la modificación de la normativa tributaria, son asumidos por la entidad financiera, a excepción de la tasación.
  • El proyecto de contrato del préstamo.
  • Un documento que contenga la advertencia de que la parte prestataria debe acudir al despacho del notario elegido para realizar el acta previa de transparencia.
  • Información sobre el contrato de seguro de daños, en el caso de que se establezca la obligación de contratar un seguro de dicha naturaleza sobre la finca hipotecada.
  • Un documento que contenga la manifestación de la parte prestataria de haber recibido todos los documentos de entrega obligatoria.

 


EN ESTA LEY SE GARANTIZA EL DERECHO DEL CONSUMIDOR A ELEGIR NOTARIO Y A REUNIRSE CON ÉL EN PRIVADO PARA PODER CONSULTARLE SUS DUDAS


A continuación, el notario se reúne con el consumidor (prestatario, fiador e hipotecante no deudor) en solitario y repasa con él toda la documentación precontractual entregada por la entidad. Tras esto, el notario le explica el contenido de la documentación precontractual, responde a las preguntas que le plantee, le aclara posibles dudas y, finalmente, el consumidor responde un test de comprensión. La explicación tiene que ser jurídica, no económica, y abarca todo el contenido del proyecto de contrato.

Concluido lo anterior, el notario redacta y autoriza el acta notarial de transparencia, que refleja las dudas planteadas por el deudor y el asesoramiento prestado por el notario. El acta puede ser positiva o negativa, lo que dependerá de que esté completa la documentación precontractual, de que ésta se corresponda con lo entregado al consumidor por la entidad financiera y con lo negociado entre ambas partes y de que el consumidor haya superado el test de comprensión.
El notario tiene que comunicar a la entidad prestamista, a través de medios telemáticos seguros, el resultado positivo o negativo del acta.

Fase contractual

El segundo momento en el que interviene el notario elegido es el día de la autorización y firma de la escritura pública del préstamo hipotecario (y, en su caso, de la escritura previa de compraventa u otro negocio de transmisión de la propiedad de la finca hipotecada), ya con todas las partes presentes.

Ese día el notario deberá comprobar la identidad, capacidad y legitimación tanto del comprador como del vendedor. También deberá informar al comprador si sobre el inmueble pesa alguna carga registral y si el vendedor acredita o no estar al corriente del pago de las cuotas de la comunidad de vecinos. Además, identificará los medios de pago que se van a utilizar y comprobará si el vendedor ha entregado el certificado de eficiencia energética. El notario también deberá informar a los contratantes de sus obligaciones legales y de sus deberes fiscales, incorporándose a la escritura la referencia catastral de la vivienda. Asimismo, informará del reparto de los gastos de la operación entre las partes. Es labor del notario también explicar el contenido de las escrituras de compraventa y préstamo, solventando todas las dudas que pudieran surgir en el momento del otorgamiento.

Actas de transparencia

Del 16 de junio de 2019, fecha de entrada en vigor de la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), al 30 de abril de 2023, los notarios han autorizado 1.635.918 actas de transparencia y 1.414.834 préstamos hipotecarios, según datos del Centro de Información Estadística del Notariado. Según la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea, “la diferencia entre el número de actas y el de préstamos hipotecarios puede deberse a varias razones, como que el notario autorizó un acta positiva, pero finalmente no llegó a formalizarse el préstamo hipotecario; que el notario autorizó un acta positiva, pero la oferta vinculante de la entidad bancaria (FEIN) caducó sin que la entidad hubiese remitido al notario un documento de prórroga de su vigencia; o que el notario autorizó un acta negativa, por ejemplo, porque el consumidor consideraba que la oferta no reflejaba exactamente lo negociado con la entidad”.

Tormenta perfecta en el consumo

ENTRE MAGNITUDES

TORMENTA PERFECTA EN EL CONSUMO

La inflación no da tregua en España. El alza generalizada del coste de bienes y servicios experimentada en los últimos meses se está cebando, fundamentalmente, con los alimentos. La subida de la cesta básica de la compra está tensionando los recursos de las familias, especialmente las más desfavorecidas, lo que ha supuesto un freno al consumo, a pesar de la bajada del IVA decretada por el Gobierno.

Las miradas de los expertos apuntan a la carestía de los alimentos como el principal culpable de esta situación.

FERNANDO GEIJO,

La inflación corroe el poder adquisitivo de salarios y ahorros. A pesar de que su espiral alcista se ha moderado con los datos de marzo adelantados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), al registrase una caída de 2,7 puntos hasta situarse en el 3,3%, la subyacente (que excluye productos energéticos y alimentos frescos) sólo cayo una décima, hasta el 7,5% en tasa interanual. Este giro, más allá de la intensidad de la bajada, no supone una sorpresa y tiene algo de espejismo, ya que el IPC subyacente continúa elevado, y no implica que los precios bajen, sino que suban menos, y, además, no alcanza para cumplir el objetivo del 2% de inflación ‘saludable’ fijado por el Banco Central Europeo.

Las miradas de los expertos apuntan a la carestía de los alimentos como la principal culpable de esta situación, que repuntó en febrero nada menos que un 16,7% en relación con el mismo mes de 2022, mientras que en enero el repunte ascendió al 15,5%. Sin embargo, los analistas también señalan que se ha producido una elevación de los márgenes de las empresas al aprovechar para subir precios y proteger así sus beneficios, lo que estaría espoleando esta crecida inflacionista en la eurozona.

 


EL COSTE DE LA ELECTRICIDAD FUE UN 33% MÁS BARATO GRACIAS, EN PARTE, AL TRASVASE DE CONSUMIDORES A LA TARIFA DEL MERCADO LIBRE


 

Subida sin control.

La comparativa de forma mensual, frente a la interanual, resulta ahora más pertinente que nunca, dado que el INE cambió en enero pasado su método de contabilización de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), al incluir desde ahora la evolución del coste de la electricidad en el mercado libre y, a su vez, proceder a variar la ponderación de bienes y servicios frente al total de gastos que realizamos.

Al hilo de lo anterior, se puede observar que la aceleración de precios en tasa mensual aumentó en un 0,9%, el mayor en un mes de febrero desde nada menos que 1978, siendo el sector turístico el líder en subidas (un 13% los paquetes turísticos nacionales y un 9,8% de hoteles y alojamientos), sin pasar por alto la electricidad (un 12,6%) los alimentos para bebés (11,4%) y las legumbres y hortalizas frescas (11,2%). Y todo ello, en el lapso de un solo mes.

De todas las partidas analizadas para calcular el IPC, que incluye la valoración del coste de la conocida como canasta básica de alimentos, gracias a la encuesta permanente realizada para conocer los gastos que realizan los hogares y comprobar así los que se adquieren de forma asidua y la variación en los mismos, los alimentos son los que centran la mayor atención.

Por consiguiente, la imparable evolución al alza del importe de los alimentos, que reflejan con terquedad las estadísticas, puede considerarse como alarmante, según los entendidos en la materia. Esto es debido, entre otros aspectos, a la rigidez de su demanda, constante y ajena a los vaivenes de las modas o tendencias, al ser considerados como bienes de primera necesidad cuyo precio no se corrige por las leyes de la oferta y la demanda. Asimismo, la bajada del IVA decretada por el Gobierno no ha tenido, al menos de momento, los efectos deseados en términos de ahorro para el bolsillo de las familias. Por último, cabe destacar que los efectos de la inflación en los alimentos afectan a todas las clases sociales, pero es indiscutible que son los hogares con rentas más bajas los que, ante esta situación, deben dedicar una mayor parte del su ya de por si exiguo presupuesto a esta partida.

Para elaborar sus análisis, el INE realiza un seguimiento de alrededor de dos centenares de los bienes y servicios que consumimos de manera recurrente, donde los alimentos son uno de los principales registros, por los motivos antes indicados.

A pesar de la mencionada rebaja del IVA aplicada en enero, el coste de la comida ha seguido subiendo con fuerza y de manera generalizada en el segundo mes de año en curso. De hecho, a algunos de ellos se les ha aplicado un IVA cero y, sin embargo, se han encarecido un 11,2%, en el caso de hortalizas y legumbres frescas; un 5,4% para las frutas frescas; un 2,7% los cereales; la leche entera subió un 1,8% y la desnatada una décima menos; el pan un 0,8%; los huevos un 0,7% y el queso un 0,5%. Por su parte, otros productos básicos como la pasta y el aceite de oliva, cuyo IVA bajó a la mitad, del 10% al 5%, aumentaron un 2,7% y un 0,5%, respectivamente.

Causas exógenas.

En su valoración de la situación, desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital argumentan que la subida del precio de los alimentos, similar a la producida en Francia e inferior a la contabilizada en Alemania, se circunscribe, sobre todo, a la partida de frescos, en concreto hortalizas, legumbres y frutas.

Asimismo, consideran que se trataría de un alza puntual derivada de las desfavorables condiciones meteorológicas registradas tanto en España como en otros países de nuestro entorno comunitario, lo que ha provocado escasez en las cosechas y el consiguiente aumento de precios debido a la mayor demanda internacional.

 


AZÚCAR, MANTEQUILLA, ACEITE, LECHE Y HUEVOS, SON LOS PRODUCTOS QUE MÁS SUBIERON


 

En el otro platillo de la balanza, el transporte combinado de pasajeros se convirtió en el bálsamo que alivió el tsunami alimentario. La rebaja, aprobada por el Gobierno, del precio del abono de transporte público supuso una caída del mismo de nada menos que el 48,1% con respecto a febrero de 2022, mientras que el coste de la electricidad fue un 33% más barato gracias, en parte, al trasvase de consumidores a la tarifa del mercado libre. Mientras, gasolina (-3%) y telefonía móvil (-4,8%) también pusieron su granito de arena y ayudaron a aliviar la situación.
Ante este panorama, los consumidores tratan de exprimir cada euro de gasto y sacarle el máximo rendimiento apostando por la marca blanca o del distribuidor, que en España ya suponen el 46% del peso en la cesta de la compra, siendo el segundo país de Europa en este aspecto tras Suiza (52%) y por delante de Países Bajos (45%), Reino Unido (43%) y Alemania (40%). Otra estrategia de ajuste del gasto sería el aumento de la frecuencia de compra, que ha subido un 6% en España, en línea con lo que sucede en el resto del continente: un 10,8% en Portugal, 6,5% en Reino Unido y un 4,7% en Francia, lo que evidencia la necesidad de comprar sólo lo necesario en cada momento y esperar a la llegada de nuevas ofertas y descuentos o, en el mejor de los casos, al ansiado alivio inflacionista.

El ejemplo francés

El Gobierno galo alcanzó recientemente un acuerdo con los principales grupos de distribución que operan en el país vecino, cuyas principales claves son:

  • La bajada de precios se realiza vía reducción de márgenes de las propias cadenas de distribución.
  • Existencia de un compromiso para no repercutir las rebajas en los márgenes de agricultores, transportistas o fabricantes.
  • Apuesta por la transparencia, mediante la publicación recurrente de los márgenes de agricultores, productores y empresarios.
  • Vigilancia de los puntos acordados por medio de los servicios antifraude franceses.
  • Libertad de elección por las cadenas de supermercados de los productos seleccionados para formar parte de esta iniciativa, que eligen en cada caso cuáles forman parte al no existir una lista común de productos ni un mínimo de ellos para ser elegibles.
  • Todos los productos seleccionados llevarán una etiqueta común con la bandera francesa y la denominación: ‘trimestre anti-inflación’.

El increíble producto menguante

Un informe publicado en febrero por Facua-Consumidores en Acción señala que de un total de 507 productos analizados en 12 de ellos se observó, entre enero de 2022 y 2023, la práctica conocida como ‘reduflación’. Esta consiste en que el fabricante reduce el peso o el tamaño del envase al tiempo que mantiene o, en algunos casos, incluso aumenta el precio del mismo, lo que conlleva, en ocasiones, aumentos por encima de los dos dígitos porcentuales.

Ojo al dato

«La inflación mata a la gente», por Casimiro García-Abadillo

ENTRE MAGNITUDES

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO,

director de «El Independiente»

"Los costes se han disparado en los últimos meses, de tal forma que es muy difícil que los precios puedan bajar sensiblemente en un futuro inmediato"

La inflación mata a la gente

Allá por el año 1990 el cantante dominicano Kaki Vargas lanzó una canción que se convirtió en un fulgurante éxito en el mercado latino: La inflación. Su estribillo era pegadizo: La inflación es general, la inflación mata a la gente… En ese año, el IPC en España estaba en el 6,8%. Treinta y tres años más tarde, en febrero de este año, la inflación ha sido del 6%, pero la que más sufre el ciudadano medio, la de los alimentos, se ha disparado hasta el 16,6%. Kaki Vargas alucinaría con este dato. Aunque no es necesario que vuelva a escribir otra canción.

Los datos macroeconómicos no le dicen nada a la mayoría de las personas. Pregunten ustedes en la calle a cualquiera con el que se crucen qué es eso del PIB y verán. Otra cosa es el IPC, el temido Índice de Precios al Consumo, la inflación. Eso lo sabe todo el mundo, porque casi todo el mundo va al mercado casi a diario y allí se puede comprobar fácilmente si la vida ha subido y cuánto.

El Gobierno ha rebajado el IVA de algunos productos (leche, aceite, etc., aunque no lo ha hecho con la carne y al pescado) y el resultado ha sido más bien escaso, por no decir nulo. Les pondré tres ejemplos: entre febrero de 2022 y febrero de 2023, los huevos han subido un 98,2%; las naranjas, un 204,7%, y las cebollas, un 368,1%. Sí, no es un error: ¡¡¡un 368,1%!!! Otro motivo por el que las cebollas nos hacen llorar.

Así que no es extraño que las ventas en los supermercados sigan cayendo sin solución de continuidad, aunque la facturación de los distribuidores crezca por efecto de la inflación. Se vende menos, pero a precios mucho más altos.

Los costes se han disparado en los últimos meses, de tal forma que es muy difícil que los precios puedan bajar sensiblemente en un futuro inmediato.

Pero como la inflación es algo tan sensible, la demagogia acude a ella recurrentemente cuando los argumentos políticos se agotan. Me refiero a la campaña de algunos líderes de Podemos (entre ellos, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra) atacando a cadenas como Mercadona con el argumento ramplón de que sus dueños (Juan Roig) se “están forrando” con la subida de los alimentos.

Bastaría con haberse fijado en los márgenes de esta cadena (como también en los de su competencia) para darse cuenta de que los distribuidores no han repercutido al público en su totalidad la subida de los precios en origen. Sí, los supermercados han facturado más, pero con menor margen.

Lo peor que tiene la inflación no es sólo que la sufren más quienes menos tienen, sino que actúa de forma contagiosa, casi como un virus. Lógicamente, para compensarla, los sindicatos demandan mayores subidas salariales; después esos mayores salarios se transmiten a los precios y así se entra en una espiral muy difícil de frenar, como en España sabemos muy bien. Las subidas de precios hacen, además, menos competitivos los productos y, consecuentemente, esa pérdida de competitividad termina por afectar al crecimiento (el dichoso PIB).

Por eso el Banco Central Europeo (BCE) está tan preocupado por volver a la senda del 2% como objetivo de la subida de precios. Si los países no hacen un esfuerzo por enfriar sus economías, a medio pazo se puede producir un descarrilamiento general: no olvidemos que la inflación produce los mismos efectos que una ilusión óptica. Una subida salarial del 5% puede parecer buena, pero si la inflación está por encima del 6% eso significa que se ha perdido más de un punto de poder adquisitivo.

Así que Cristine Lagarde (la elegante presidenta del BCE) seguirá echando jarros de agua fría a la economía en forma de subida de tipos de interés.

“O sea, que además de subirnos los precios, también nos subirán las hipotecas…” Podría quejarse usted con cierta razón. Pues me temo que sí.

Las guerras generan catástrofes (y no sólo humanitarias) y tenemos una guerra en Europa que dura ya más de un año. La invasión de Ucrania por Rusia disparó los precios de la energía, que influyen mucho en el coste de los alimentos. Mientras las tensiones en el sector energético continúen, la batalla contra la inflación sólo tendrá como herramienta fundamental la subida de tipos.

Nos esperan, por tanto, meses difíciles, no de apocalipsis (esperemos que el sector financiero no nos dé otro susto), pero sí de contracción del gasto.

El Gobierno se equivoca al dibujar un panorama un tanto idílico, en el que el papá Estado siempre viene en ayuda de los más necesitados. Incluso con el mayor gasto público de la historia y con la aportación extraordinaria de los fondos Next Generation, el crecimiento de la economía (en previsión del Banco de España) será este año del 1,6%. En 2022 la economía española creció un 5,5%, casi cinco puntos más que lo esperado para este año.

Pero, a diferencia de otras épocas, ese frenazo de la economía no va a ir acompañado de un desplome de los precios. La inflación media de este año será del 3,7% (según el Banco de España), pero con el precio de los alimentos muy por encima de esa cifra.

La inflación seguirá siendo un problema en 2023. Será también general, porque en la Zona Euro se situó en febrero en el 8,5%, y, por desgracia, seguirá, como decía Kaki Vargas matando a la gente… Aunque sea lentamente.

La creación de sociedades y su supervivencia

ENTRE MAGNITUDES

LA
CREACIÓN DE SOCIEDADES
Y SU SUPERVIVENCIA

Fuente: Centro de Información Estadística del Notariado. (*) Datos provisionales.

En el período 2007-2022 se ha contabilizado un total de 1.380.712 sociedades creadas y la liquidación de 379.944 sociedades, de forma que la creación neta de empresas supera el millón de sociedades en todo el período.
REDACCIÓN

EN ESPAÑA SE CONSTITUYERON 104.998 sociedades durante 2022 de acuerdo con los datos aún provisionales del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN).

Las sociedades de menor tamaño, constituidas con un capital fundacional de entre 3.006€ (hasta la Ley crea y crece) y 4.000€, alcanzaron las 78.524. La práctica totalidad de ellas adquirieron la forma jurídica de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). Este grupo conforma en términos generales el nicho de empresas de menor tamaño (microempresas y pymes) que concentra la inmensa mayoría del tejido empresarial español.

 


POR CADA 100 SOCIEDADES QUE SE CREARON EN EL PERÍODO 2007-2022 SE LIQUIDARON 27,5


 

Junto a este segmento se sitúa el resto de las nuevas sociedades, constituidas con un capital fundacional superior a los 4.000€, y que alcanzaron en 2022 las 26.464.

En términos comparativos con el año 2021, se registró una caída del 1,7% en el total de nuevas sociedades constituidas, similar entre las de menor capital inicial (-1,9%) y el resto (-1,3%).

Crece la economía, caen las sociedades. Aunque la economía española se expandió en 2022 a tasas dinámicas (el PIB real avanzó un 5,5%, la misma tasa que en 2021 según la estimación preliminar) el número de nuevas sociedades cayó. Ello pudo deberse a la dislocación provocada en 2020 por la crisis sanitaria y las extraordinarias medidas adoptadas para combatirla. Las medidas restrictivas conllevaron la reducción significativa de la actividad de las notarías, que se concentraron en gran medida en actos notariales inaplazables durante la primavera de 2020. La gradual normalización de la actividad durante el segundo semestre de 2020 permitió que el número de sociedades constituidas recuperara volúmenes previos a la crisis sanitaria. Muchas de las operaciones aplazadas se realizaron durante el año 2021, generando un incremento de las nuevas constituciones del 25,6% frente al año 2020. Así, resultaba esperable una normalización en 2022 tras dos años anómalos y erráticos, registrándose un retroceso del 1,7% en el total de nuevas sociedades creadas.

Con todo, es importante reseñar que el número de nuevas sociedades en 2022 volvió a superar levemente el umbral de las 100.000, situándose en el entorno de lo que ha venido ocurriendo desde 2014, ejercicio en el que comenzó el ciclo expansivo de la economía tras dos crisis consecutivas: primero la crisis financiera global en 2008-09 y después la crisis fiscal y de la deuda soberana en la eurozona en 2011-13.

 


LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE LOS EMPRESARIOS OPTARON POR LA FORMA JURÍDICA DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


 

Ampliando el foco, sí se observa una tendencia que se ha ido consolidando: el mayor peso que han adquirido progresivamente las sociedades de menor capital en el total. En 2007, año de inicio de las series de CIEN, las sociedades con un capital inicial entre 3.000 y 4.000€ eran el 67% del total de nuevas sociedades constituidas. En cambio, en 2022 alcanzaron su máximo al superar el 75%. Por tanto, tres cuartas partes de las nuevas sociedades constituidas pertenecen a este segmento ya que han evolucionado relativamente mejor que las de mayor capital inicial.

Por autonomías, la creación de empresas se concentró en Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. En términos comparativos, el año 2022 trajo consigo una elevada disparidad. Sólo una autonomía, Baleares, registró un aumento en la creación de sociedades frente al año 2021, que además fue significativo (+13,0%). Las restantes autonomías cifraron caídas, que fueron relativamente más moderadas en Madrid (-0,7%), Cataluña (-1,6%), Andalucía (-1,8%) y Comunidad Valenciana (-2,0%). Los peores registros se consignaron en Navarra (-11,3%), Murcia (-8,5%), Castilla-La Mancha (-7,9%) y Cantabria (-7,5%).

Según las operaciones de 2022, algo más de siete de cada diez sociedades se crearon en Madrid (22,5% del total), Cataluña (19,6%), Andalucía (17,3%) y Comunidad Valenciana (12,0%). Ello supone un grado de concentración notable, ya que estas cuatro CC.AA. «solo» aportan el 60% del PIB nacional. Y al contrario de los suele presuponerse, en esas cuatro CC.AA. hay una mayor proporción de sociedades creadas de menor capital inicial (3.000€ a 4.000€) que de sociedades con un capital superior a los 4.000€. Así, los motores económicos de España concentran gran parte de las nuevas sociedades constituidas y en particular del tejido empresarial de menor tamaño (pymes y microempresas). En concreto, casi un 75% de las pymes se crean en Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana frente a cerca del 65% de mayor tamaño.

 


POR AUTONOMÍAS, LA CREACIÓN DE EMPRESAS SE CONCENTRÓ EN MADRID, CATALUÑA, ANDALUCÍA Y COMUNIDAD VALENCIANA


 

Por último, el capital inicial de las nuevas sociedades promedió en 2022 los 17.377€ lo que supone un aumento del 3,6% frente a 2021. El capital promedio entre las sociedades con menor capital fundacional volvió a situarse cerca de 3.023€, mientras que el de las sociedades con capital inicial superior a 4.000€ promedió los 62.050€, un 4,2% más que en el año previo.

Frente a 2007, el capital inicial medio del conjunto de sociedades ha disminuido cerca del 13%, debido al peso creciente que han adquirido en el total las de menor capital inicial.

Supervivencia de las sociedades. En el período 2007-2022 se ha contabilizado un total de 1.380.712 nuevas sociedades creadas, y la liquidación de 379.944 sociedades, de forma que la creación neta de empresas total que supera el millón de sociedades en todo el período.

Por cada 100 sociedades que se han creado en el período 2007-2022 se han liquidado 27,5%, porcentaje que alcanzó el 32,5% en 2022.

Por comunidades autónomas también se han observado diferencias en el número de sociedades que se liquidan en relación al total de constituidas. En 11 autonomías la ratio de sociedades liquidadas sobre creadas superó el promedio nacional, destacando País Vasco (39,9%) y La Rioja (38,9%). En cambio, en Murcia y Andalucía se liquidan menos del 20 de cada 100 sociedades.

Capital social y número de socios

DOS aspectos interesantes de la idiosincrasia de las sociedades creadas durante el 2007-2022 y que se ya han liquidado son el capital social fundacional medio y el número de socios medio. A simple vista, y sin tener en cuenta otros factores, parece que la supervivencia de las sociedades es más probable cuando el capital inicial es mayor y el número de socios fundacionales es menor.

Años de supervivencia

EN cuanto a la supervivencia de las sociedades, los gráficos muestran tendencias relativamente estables de la supervivencia de las sociedades a uno, dos y tres años de la fecha de constitución. Cogiendo el año 2019, que sirve de comparación para las tres métricas, se observa que un 0,7% de las sociedades creadas en 2019 no sobrevivió los primeros 12 meses, un 1,3% no superó entre uno y dos años y un 1,6% se liquidó entre el segundo y el tercer año de vida.

Desagregando por autonomías se observa que Madrid y Cataluña presentan siempre tasas de supervivencia inferiores al total de la nación, quizá por su mayor “intensidad emprendedora” en la creación de sociedades de menor capital inicial.

En sentido contrario Murcia presenta la mayor tasa de supervivencia de las sociedades creadas entre uno y dos años de antigüedad y entre dos y tres años. En ambos tramos solo se liquida un 0,6% y un 0,8% de las sociedades constituidas, respectivamente.

«El entorno institucional ahoga a la empresa», por Gerardo Cuerva

ENTRE MAGNITUDES

Gerardo Cuerva.
GERARDO CUERVA,

presidente de Cepyme

"El problema de España no está en el emprendimiento empresarial, sino en un contexto institucional que ahoga el desarrollo y la consolidación de los proyectos en forma de pyme"

El entorno institucional ahoga a la empresa

En España no existe un problema de emprendimiento, así lo atestiguan los datos. Las propias estadísticas notariales arrojan que se constituyeron más de 100.000 sociedades en 2022, dando lugar a una ratio de una nueva sociedad por cada 450 ciudadanos. De forma que el problema no se encuentra en la creación de proyectos empresariales, sino en otros aspectos que tienen que ver con su crecimiento y supervivencia; dos cuestiones muy interrelacionadas como también ponen de relieve los datos del Consejo General del Notariado. Entre 2007 y 2022, el capital social de las empresas liquidadas se situó un 23% por debajo del promedio del capital fundacional de las empresas creadas en el mismo periodo.

La lógica dicta que resulta más fácil que una empresa sobreviva cuanto mayor sea su tamaño, pues es más probable que diversifique sus mercados y productos y, sobre todo, que genere economías de escala y, a su vez, un mayor excedente. Dicho excedente puede ser dedicado a invertir en ámbitos estratégicos como la eficiencia de procesos e I+D, pero también puede retenerse dentro de la empresa con el fin de lograr una sólida capitalización que marque la diferencia entre la supervivencia o el cierre cuando se dan escenarios de crisis.

La anterior situación no debe perderse de vista. La próxima crisis no será como la derivada del COVID en lo referente al acuerdo europeo para dar forma a una ayuda ambiciosa y a fondo perdido con el fin de que nadie se quedase atrás y, sobre todo, para salvaguardar el proyecto europeo. En la próxima crisis, volverán a estar muy presentes las diferencias entre países y las naciones ortodoxas de Europa demandarán importantes ajustes internos. Entonces, la diferencia entre la continuidad o el cierre de muchos proyectos empresariales vendrá marcada por su capacidad de crecimiento en el pasado y cómo ésta se ha traducido en una estructura de capital más saludable y en la consecución de una demanda más diversificada.

Por desgracia, las señales de alerta presiden los datos españoles. En 2007, las sociedades con un capital inicial de entre 3.000 y 4.000 euros sumaron el 67% del total de empresas constituidas y, en 2022, dicha cifra se situó en máximos históricos que superaron el 75%. Un dato que da lugar a una lectura positiva, en España existe un espíritu emprendedor mayor de lo percibido, y a otra negativa, derivada de la preponderancia de nuevos proyectos sin margen de error. El origen de esta situación se debe, en parte, a que un número importante de personas busca la generación de autoempleo como consecuencia de un contexto institucional que no sabe poner en valor a los 3 millones de personas paradas ni facilita el camino para que proyectos afianzados activen estos valiosos recursos laborales. La situación es tal que España cerró 2022 con una tasa de paro próxima al 13%, cuando el mapa de empleo de Fundación Telefónica sitúa las ofertas de empleos digitales en 94.378 y las relativas a ocupaciones no digitales en 315.016.

De vuelta a la realidad específica de la empresa, cabe reconocer que el problema no estriba tanto en que durante el pasado año casi el 75% de las empresas constituidas lo hicieran con un capital medio de 3.023 euros (al borde del mínimo legal), sino en que el contexto normativo español ahoga la capacidad de crecimiento de estas empresas. Las cargas que juegan en contra de los recursos productivos proliferan, al tiempo que perviven multitud de normas que desincentivan el crecimiento. El FMI identificó en su evaluación de la economía española en 2018 más de 100 regulaciones relacionadas con el tamaño que, potencialmente, desincentivan el crecimiento. Desafortunadamente, desde CEPYME podemos corroborar que a día de hoy no se han hecho los deberes a este respecto, a pesar del consenso que existe hacia la conveniencia de modificar las normativas que actúan como desincentivo al crecimiento.

Los obstáculos al crecimiento suelen traducirse en empresas menos sólidas y, en este sentido, son muy significativos los datos del Notariado acordes con que el porcentaje de sociedades liquidadas sobre el total de empresas se situó por debajo del 15% en 2015 frente al 32,5% de 2022, máximo de la serie. Los datos confirman que el problema de España no está en el emprendimiento empresarial, sino en un contexto institucional que ahoga el desarrollo y la consolidación de los proyectos en forma de pyme y al que, en 2022, se ha venido a sumar el choque inflacionista. Éste ha dado forma a unas alzas de costes del 20% para la pyme, mientras que sus ventas en volúmenes ya caían en la parte final del año pasado. Una combinación que ha dado lugar a márgenes más estrechos y, por tanto, al descenso de la liquidez, lo cual resulta una de las cuestiones más inquietantes para una empresa. En este contexto, la supervivencia a corto plazo se ha convertido en una preocupación creciente para muchas pymes españolas.

Frente a esta realidad, la mejor política radica en la generación de un entorno normativo racional y pensado desde la posibilidad de los recursos de la pyme, pero también caracterizado por la certidumbre y en el que la figura del empresario se perciba como un generador de riqueza y no como un adversario. Las instituciones no dejan de ser reglas de juego y cuando se introducen nuevas figuras impositivas a la carrera o múltiples normas complejas y presididas por una calidad técnica mejorable, no se ayuda a la actividad empresarial. Tampoco se hace cuando se demoniza al empresario, dado que se alimenta el desánimo en una pieza estratégica del engranaje económico, al tiempo que se limita la llegada de la inversión extranjera.