«Más ahorro (y mejor canalizado)», por David Cano Martínez

ENTRE MAGNITUDES

DAVID CANO MARTÍNEZ,
socio de Analistas Financieros Internacionales

"Necesitamos más ahorro para financiar un aumento de la capacidad productiva del país si queremos aprovechar la reindustrialización"

Más ahorro (y mejor canalizado)

El ahorro es una de las variables más relevantes en el análisis de una economía, tanto por su nivel en un determinado momento del tiempo como por su crecimiento. Solo si un país cuenta con ahorro puede financiar la inversión y el consumo. Y solo si es capaz de generar más ahorro puede financiar nuevos proyectos de inversión o incrementar su consumo. Si no hay o no se crea nuevo ahorro (o no lo suficiente), entonces una economía tiene que recurrir al exterior para captar financiación. Nos estamos refiriendo al conjunto de una economía, pero piense en uno de sus agentes, por ejemplo, una familia. Si no cuenta con ahorro o con capacidad de ahorrar, entonces no puede invertir, salvo que encuentre a alguien que le financie. De ahí que los economistas macro estudiemos el agregado del ahorro de una economía para analizar sus fortalezas y debilidades. Y lo hacemos distinguiendo entre la situación de las familias, del Estado y de las empresas. Pongamos el caso de EE.UU., una economía que invierte y gasta más de lo que genera internamente. Es un país que sufre el denominado déficit por cuenta corriente, pero no tiene dificultades para financiarlo porque su atractivo como prestatario sigue siendo elevado y, además, en su propia moneda, que persiste como la referencia global. La zona euro es una economía que “vive por debajo de sus posibilidades”, como demuestra que cuenta con superávit por cuenta corriente (es decir, cada año aumenta su nivel de ahorro acumulado). Y este también es el caso de España, que tras los excesos de 2000–2008 (cuando el déficit por cuenta corriente anual llegó a equivaler al 10% del PIB) durante la última década presenta un superávit anual del orden del 1% del PIB.

¿Por qué, entonces, un país debe ahorrar desde una perspectiva macroeconómica? Para financiar la inversión y el consumo sin depender del exterior. ¿Y qué agente es el que ahorra? Sin duda, las familias. Parece lógico que no lo hagan, en agregado, las empresas, mientras que existe más debate respecto a los gobiernos. Lo que está claro es que una familia no ahorra porque piense que es lo que debe hacer para contribuir a la financiación del tejido empresarial de su país. Ahorra, fundamentalmente, por precaución (por si lo necesita a futuro ante una caída de los ingresos o un gasto inesperado), por una preferencia intertemporal (prefiere gastarlo en el futuro) o previendo un gasto cierto que se producirá más adelante (ahorro para la universidad de mis hijos o para un viaje con los nietos).

Hecha esta introducción de los motivos del ahorro, quiero entrar en dos aspectos adicionales: el mecanismo de transmisión y la materialización. Por el primero nos referimos a las “cañerías” que permiten hacer llegar el dinero allá donde se necesita desde donde se acumula. Está claro que el principal agente de esta transmisión, al menos en la zona euro, es el canal bancario. Una familia materializa su ahorro en un depósito en un banco, que lo utiliza para conceder un crédito a una empresa. Pero existe un canal alternativo: los mercados de capitales. Una familia opta por comprar unas acciones o un bono que cotiza en un mercado financiero, al que ha acudido la empresa para emitir ese activo. Escapa del alcance de este artículo el interesante debate sobre cuál de los dos sistemas de intermediación es más recomendable para el crecimiento económico, así como los aspectos positivos y negativos de cada uno de ellos. En EE.UU. predominan los mercados de capitales como mecanismo de transmisión. En la zona euro, como ya hemos comentado, el bancario, si bien se están haciendo esfuerzos para reequilibrar las cuotas. El caso de España es bien representativo: excluyendo la vivienda, donde tenemos 3 billones de euros, el principal activo financiero de materialización del ahorro de las familias españolas es el depósito bancario. A marzo de 2023, su saldo se eleva a 1 billón de EUR, lo que representa del orden del 40% del total de los activos financieros. Es verdad que su cuota va goteando a la baja (hace una década era del 45% y, hace tres, del 60%), pero sigue siendo muy elevada, de ahí el protagonismo señalado de la intermediación bancaria.

Respecto a la importancia del mercado de capitales, tenemos que distinguir varias partidas. Las acciones de empresas cotizadas apenas suponen un 4% del total del ahorro (119.000 millones de EUR), lo que sin duda es una cifra modesta, acaso correlacionada con el menor desarrollo de nuestra Bolsa (su capitalización es del orden de 800.000 millones de EUR, es decir, el 60% del PIB, frente al 150% que supone en EE.UU.). Las familias españolas cuentan con más ahorro en acciones de empresas no listadas: 142.000 millones de EUR. Respecto a otras figuras, las instituciones de inversión colectiva suman 400.000 millones de EUR lo que, aquí sí, es una clara señal de crecimiento, pero todavía insuficiente. Su peso en el total del ahorro financiero (14%) es mayor que hace una década (cuando era el 6%), pero es muy reducido respecto a los niveles de otros países (25% – 35%). Similar comentario respecto a los fondos de pensiones que con apenas 122.000 millones de EUR representan solo un 4,4% del total del ahorro.

Recapitulando: el ahorro materializado en activos financieros de las familias españolas se situó, a finales de marzo, en 2,75 billones de EUR, es decir, 2 veces el PIB. Los depósitos, con 2 billones, siguen siendo los protagonistas, si bien su importancia relativa va decreciendo en favor de los fondos de inversión, que ya suponen medio millón de EUR. Necesitamos más ahorro para financiar un aumento de la capacidad productiva del país, sobre todo si queremos aprovechar la reindustrialización que traerá aparejada el proceso de desglobalización en el que estamos inmersos. Y este ahorro no solo debe canalizarse a través de las entidades crediticias, sino también a través de los mercados de capitales, para lo cual las instituciones de inversión colectiva son una de las mejores alternativas. Por último, los fondos de pensiones se revelan como una de las mejores opciones para materializar el ahorro a largo plazo. El desarrollo de estas partidas es una muestra del potencial económico de un país.

Préstamos hipotecarios seguros e informados

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PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS SEGUROS E INFORMADOS

El pasado 15 de junio se cumplió el 4º aniversario de la entrada en vigor de la Ley reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (LCCI). Uno de los objetivos fundamentales de esta ley era reforzar la protección del consumidor y la seguridad jurídica de la fase precontractual de los préstamos hipotecarios.

REDACCIÓN
Según la experiencia notarial en estos cuatro años, la nueva normativa ha facilitado la elección de notario.

En esta ley se garantiza el derecho del consumidor a elegir notario y a reunirse con él en privado para poder consultarle sus dudas, sin ningún coste asociado a ello. El notario, por su parte, realiza una labor de asesoramiento y resuelve las dudas del consumidor con imparcialidad. Una vez que el consumidor ha elegido el notario, lo comunica a la entidad financiera con la que vaya a contratar el préstamo hipotecario, para que esta pueda remitirle la documentación.

Según la experiencia notarial en estos cuatro años, la nueva normativa ha facilitado la elección de notario por los clientes de las entidades financieras que van a contratar un préstamo hipotecario: un derecho que corresponde al prestatario y que es irrenunciable.

La ley establece que debe darse un plazo de 10 días naturales desde que la entidad financiera pone la documentación a disposición del notario elegido en la Sede Electrónica Notarial hasta que se autoriza y firma la escritura de préstamo hipotecario.

De esta forma, el notario está presente en dos momentos clave del préstamo hipotecario.

Fase precontractual.

En primer lugar, el notario interviene en la fase precontractual, previa a la autorización de la escritura pública del préstamo hipotecario. En esta fase, y de forma gratuita, el notario verifica que la entidad financiera ha entregado al prestatario toda la documentación del préstamo con tiempo suficiente y que la información suministrada es la exigida en función del tipo de préstamo acordado por las partes.

La documentación entregada por la entidad financiera deberá ser:

  • La Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) u oferta vinculante.
  • La Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE). Documento que da información complementaria de las cláusulas del préstamo o crédito que sean relevantes.
  • La simulación de las cuotas periódicas que deberá satisfacer bajo diferentes escenarios de evolución de los tipos de interés, en el caso de que el préstamo sea a interés variable.
  • Un documento sobre los gastos asociados a la formalización del préstamo hipotecario (honorarios notariales, honorarios registrales, gastos de gestoría, tasación e impuestos). Tras la LCCI y la modificación de la normativa tributaria, son asumidos por la entidad financiera, a excepción de la tasación.
  • El proyecto de contrato del préstamo.
  • Un documento que contenga la advertencia de que la parte prestataria debe acudir al despacho del notario elegido para realizar el acta previa de transparencia.
  • Información sobre el contrato de seguro de daños, en el caso de que se establezca la obligación de contratar un seguro de dicha naturaleza sobre la finca hipotecada.
  • Un documento que contenga la manifestación de la parte prestataria de haber recibido todos los documentos de entrega obligatoria.

 


EN ESTA LEY SE GARANTIZA EL DERECHO DEL CONSUMIDOR A ELEGIR NOTARIO Y A REUNIRSE CON ÉL EN PRIVADO PARA PODER CONSULTARLE SUS DUDAS


A continuación, el notario se reúne con el consumidor (prestatario, fiador e hipotecante no deudor) en solitario y repasa con él toda la documentación precontractual entregada por la entidad. Tras esto, el notario le explica el contenido de la documentación precontractual, responde a las preguntas que le plantee, le aclara posibles dudas y, finalmente, el consumidor responde un test de comprensión. La explicación tiene que ser jurídica, no económica, y abarca todo el contenido del proyecto de contrato.

Concluido lo anterior, el notario redacta y autoriza el acta notarial de transparencia, que refleja las dudas planteadas por el deudor y el asesoramiento prestado por el notario. El acta puede ser positiva o negativa, lo que dependerá de que esté completa la documentación precontractual, de que ésta se corresponda con lo entregado al consumidor por la entidad financiera y con lo negociado entre ambas partes y de que el consumidor haya superado el test de comprensión.
El notario tiene que comunicar a la entidad prestamista, a través de medios telemáticos seguros, el resultado positivo o negativo del acta.

Fase contractual

El segundo momento en el que interviene el notario elegido es el día de la autorización y firma de la escritura pública del préstamo hipotecario (y, en su caso, de la escritura previa de compraventa u otro negocio de transmisión de la propiedad de la finca hipotecada), ya con todas las partes presentes.

Ese día el notario deberá comprobar la identidad, capacidad y legitimación tanto del comprador como del vendedor. También deberá informar al comprador si sobre el inmueble pesa alguna carga registral y si el vendedor acredita o no estar al corriente del pago de las cuotas de la comunidad de vecinos. Además, identificará los medios de pago que se van a utilizar y comprobará si el vendedor ha entregado el certificado de eficiencia energética. El notario también deberá informar a los contratantes de sus obligaciones legales y de sus deberes fiscales, incorporándose a la escritura la referencia catastral de la vivienda. Asimismo, informará del reparto de los gastos de la operación entre las partes. Es labor del notario también explicar el contenido de las escrituras de compraventa y préstamo, solventando todas las dudas que pudieran surgir en el momento del otorgamiento.

Actas de transparencia

Del 16 de junio de 2019, fecha de entrada en vigor de la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), al 30 de abril de 2023, los notarios han autorizado 1.635.918 actas de transparencia y 1.414.834 préstamos hipotecarios, según datos del Centro de Información Estadística del Notariado. Según la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea, “la diferencia entre el número de actas y el de préstamos hipotecarios puede deberse a varias razones, como que el notario autorizó un acta positiva, pero finalmente no llegó a formalizarse el préstamo hipotecario; que el notario autorizó un acta positiva, pero la oferta vinculante de la entidad bancaria (FEIN) caducó sin que la entidad hubiese remitido al notario un documento de prórroga de su vigencia; o que el notario autorizó un acta negativa, por ejemplo, porque el consumidor consideraba que la oferta no reflejaba exactamente lo negociado con la entidad”.

Tormenta perfecta en el consumo

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TORMENTA PERFECTA EN EL CONSUMO

La inflación no da tregua en España. El alza generalizada del coste de bienes y servicios experimentada en los últimos meses se está cebando, fundamentalmente, con los alimentos. La subida de la cesta básica de la compra está tensionando los recursos de las familias, especialmente las más desfavorecidas, lo que ha supuesto un freno al consumo, a pesar de la bajada del IVA decretada por el Gobierno.

Las miradas de los expertos apuntan a la carestía de los alimentos como el principal culpable de esta situación.

FERNANDO GEIJO,

La inflación corroe el poder adquisitivo de salarios y ahorros. A pesar de que su espiral alcista se ha moderado con los datos de marzo adelantados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), al registrase una caída de 2,7 puntos hasta situarse en el 3,3%, la subyacente (que excluye productos energéticos y alimentos frescos) sólo cayo una décima, hasta el 7,5% en tasa interanual. Este giro, más allá de la intensidad de la bajada, no supone una sorpresa y tiene algo de espejismo, ya que el IPC subyacente continúa elevado, y no implica que los precios bajen, sino que suban menos, y, además, no alcanza para cumplir el objetivo del 2% de inflación ‘saludable’ fijado por el Banco Central Europeo.

Las miradas de los expertos apuntan a la carestía de los alimentos como la principal culpable de esta situación, que repuntó en febrero nada menos que un 16,7% en relación con el mismo mes de 2022, mientras que en enero el repunte ascendió al 15,5%. Sin embargo, los analistas también señalan que se ha producido una elevación de los márgenes de las empresas al aprovechar para subir precios y proteger así sus beneficios, lo que estaría espoleando esta crecida inflacionista en la eurozona.

 


EL COSTE DE LA ELECTRICIDAD FUE UN 33% MÁS BARATO GRACIAS, EN PARTE, AL TRASVASE DE CONSUMIDORES A LA TARIFA DEL MERCADO LIBRE


 

Subida sin control.

La comparativa de forma mensual, frente a la interanual, resulta ahora más pertinente que nunca, dado que el INE cambió en enero pasado su método de contabilización de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), al incluir desde ahora la evolución del coste de la electricidad en el mercado libre y, a su vez, proceder a variar la ponderación de bienes y servicios frente al total de gastos que realizamos.

Al hilo de lo anterior, se puede observar que la aceleración de precios en tasa mensual aumentó en un 0,9%, el mayor en un mes de febrero desde nada menos que 1978, siendo el sector turístico el líder en subidas (un 13% los paquetes turísticos nacionales y un 9,8% de hoteles y alojamientos), sin pasar por alto la electricidad (un 12,6%) los alimentos para bebés (11,4%) y las legumbres y hortalizas frescas (11,2%). Y todo ello, en el lapso de un solo mes.

De todas las partidas analizadas para calcular el IPC, que incluye la valoración del coste de la conocida como canasta básica de alimentos, gracias a la encuesta permanente realizada para conocer los gastos que realizan los hogares y comprobar así los que se adquieren de forma asidua y la variación en los mismos, los alimentos son los que centran la mayor atención.

Por consiguiente, la imparable evolución al alza del importe de los alimentos, que reflejan con terquedad las estadísticas, puede considerarse como alarmante, según los entendidos en la materia. Esto es debido, entre otros aspectos, a la rigidez de su demanda, constante y ajena a los vaivenes de las modas o tendencias, al ser considerados como bienes de primera necesidad cuyo precio no se corrige por las leyes de la oferta y la demanda. Asimismo, la bajada del IVA decretada por el Gobierno no ha tenido, al menos de momento, los efectos deseados en términos de ahorro para el bolsillo de las familias. Por último, cabe destacar que los efectos de la inflación en los alimentos afectan a todas las clases sociales, pero es indiscutible que son los hogares con rentas más bajas los que, ante esta situación, deben dedicar una mayor parte del su ya de por si exiguo presupuesto a esta partida.

Para elaborar sus análisis, el INE realiza un seguimiento de alrededor de dos centenares de los bienes y servicios que consumimos de manera recurrente, donde los alimentos son uno de los principales registros, por los motivos antes indicados.

A pesar de la mencionada rebaja del IVA aplicada en enero, el coste de la comida ha seguido subiendo con fuerza y de manera generalizada en el segundo mes de año en curso. De hecho, a algunos de ellos se les ha aplicado un IVA cero y, sin embargo, se han encarecido un 11,2%, en el caso de hortalizas y legumbres frescas; un 5,4% para las frutas frescas; un 2,7% los cereales; la leche entera subió un 1,8% y la desnatada una décima menos; el pan un 0,8%; los huevos un 0,7% y el queso un 0,5%. Por su parte, otros productos básicos como la pasta y el aceite de oliva, cuyo IVA bajó a la mitad, del 10% al 5%, aumentaron un 2,7% y un 0,5%, respectivamente.

Causas exógenas.

En su valoración de la situación, desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital argumentan que la subida del precio de los alimentos, similar a la producida en Francia e inferior a la contabilizada en Alemania, se circunscribe, sobre todo, a la partida de frescos, en concreto hortalizas, legumbres y frutas.

Asimismo, consideran que se trataría de un alza puntual derivada de las desfavorables condiciones meteorológicas registradas tanto en España como en otros países de nuestro entorno comunitario, lo que ha provocado escasez en las cosechas y el consiguiente aumento de precios debido a la mayor demanda internacional.

 


AZÚCAR, MANTEQUILLA, ACEITE, LECHE Y HUEVOS, SON LOS PRODUCTOS QUE MÁS SUBIERON


 

En el otro platillo de la balanza, el transporte combinado de pasajeros se convirtió en el bálsamo que alivió el tsunami alimentario. La rebaja, aprobada por el Gobierno, del precio del abono de transporte público supuso una caída del mismo de nada menos que el 48,1% con respecto a febrero de 2022, mientras que el coste de la electricidad fue un 33% más barato gracias, en parte, al trasvase de consumidores a la tarifa del mercado libre. Mientras, gasolina (-3%) y telefonía móvil (-4,8%) también pusieron su granito de arena y ayudaron a aliviar la situación.
Ante este panorama, los consumidores tratan de exprimir cada euro de gasto y sacarle el máximo rendimiento apostando por la marca blanca o del distribuidor, que en España ya suponen el 46% del peso en la cesta de la compra, siendo el segundo país de Europa en este aspecto tras Suiza (52%) y por delante de Países Bajos (45%), Reino Unido (43%) y Alemania (40%). Otra estrategia de ajuste del gasto sería el aumento de la frecuencia de compra, que ha subido un 6% en España, en línea con lo que sucede en el resto del continente: un 10,8% en Portugal, 6,5% en Reino Unido y un 4,7% en Francia, lo que evidencia la necesidad de comprar sólo lo necesario en cada momento y esperar a la llegada de nuevas ofertas y descuentos o, en el mejor de los casos, al ansiado alivio inflacionista.

El ejemplo francés

El Gobierno galo alcanzó recientemente un acuerdo con los principales grupos de distribución que operan en el país vecino, cuyas principales claves son:

  • La bajada de precios se realiza vía reducción de márgenes de las propias cadenas de distribución.
  • Existencia de un compromiso para no repercutir las rebajas en los márgenes de agricultores, transportistas o fabricantes.
  • Apuesta por la transparencia, mediante la publicación recurrente de los márgenes de agricultores, productores y empresarios.
  • Vigilancia de los puntos acordados por medio de los servicios antifraude franceses.
  • Libertad de elección por las cadenas de supermercados de los productos seleccionados para formar parte de esta iniciativa, que eligen en cada caso cuáles forman parte al no existir una lista común de productos ni un mínimo de ellos para ser elegibles.
  • Todos los productos seleccionados llevarán una etiqueta común con la bandera francesa y la denominación: ‘trimestre anti-inflación’.

El increíble producto menguante

Un informe publicado en febrero por Facua-Consumidores en Acción señala que de un total de 507 productos analizados en 12 de ellos se observó, entre enero de 2022 y 2023, la práctica conocida como ‘reduflación’. Esta consiste en que el fabricante reduce el peso o el tamaño del envase al tiempo que mantiene o, en algunos casos, incluso aumenta el precio del mismo, lo que conlleva, en ocasiones, aumentos por encima de los dos dígitos porcentuales.

Ojo al dato

«La inflación mata a la gente», por Casimiro García-Abadillo

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CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO,

director de «El Independiente»

"Los costes se han disparado en los últimos meses, de tal forma que es muy difícil que los precios puedan bajar sensiblemente en un futuro inmediato"

La inflación mata a la gente

Allá por el año 1990 el cantante dominicano Kaki Vargas lanzó una canción que se convirtió en un fulgurante éxito en el mercado latino: La inflación. Su estribillo era pegadizo: La inflación es general, la inflación mata a la gente… En ese año, el IPC en España estaba en el 6,8%. Treinta y tres años más tarde, en febrero de este año, la inflación ha sido del 6%, pero la que más sufre el ciudadano medio, la de los alimentos, se ha disparado hasta el 16,6%. Kaki Vargas alucinaría con este dato. Aunque no es necesario que vuelva a escribir otra canción.

Los datos macroeconómicos no le dicen nada a la mayoría de las personas. Pregunten ustedes en la calle a cualquiera con el que se crucen qué es eso del PIB y verán. Otra cosa es el IPC, el temido Índice de Precios al Consumo, la inflación. Eso lo sabe todo el mundo, porque casi todo el mundo va al mercado casi a diario y allí se puede comprobar fácilmente si la vida ha subido y cuánto.

El Gobierno ha rebajado el IVA de algunos productos (leche, aceite, etc., aunque no lo ha hecho con la carne y al pescado) y el resultado ha sido más bien escaso, por no decir nulo. Les pondré tres ejemplos: entre febrero de 2022 y febrero de 2023, los huevos han subido un 98,2%; las naranjas, un 204,7%, y las cebollas, un 368,1%. Sí, no es un error: ¡¡¡un 368,1%!!! Otro motivo por el que las cebollas nos hacen llorar.

Así que no es extraño que las ventas en los supermercados sigan cayendo sin solución de continuidad, aunque la facturación de los distribuidores crezca por efecto de la inflación. Se vende menos, pero a precios mucho más altos.

Los costes se han disparado en los últimos meses, de tal forma que es muy difícil que los precios puedan bajar sensiblemente en un futuro inmediato.

Pero como la inflación es algo tan sensible, la demagogia acude a ella recurrentemente cuando los argumentos políticos se agotan. Me refiero a la campaña de algunos líderes de Podemos (entre ellos, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra) atacando a cadenas como Mercadona con el argumento ramplón de que sus dueños (Juan Roig) se “están forrando” con la subida de los alimentos.

Bastaría con haberse fijado en los márgenes de esta cadena (como también en los de su competencia) para darse cuenta de que los distribuidores no han repercutido al público en su totalidad la subida de los precios en origen. Sí, los supermercados han facturado más, pero con menor margen.

Lo peor que tiene la inflación no es sólo que la sufren más quienes menos tienen, sino que actúa de forma contagiosa, casi como un virus. Lógicamente, para compensarla, los sindicatos demandan mayores subidas salariales; después esos mayores salarios se transmiten a los precios y así se entra en una espiral muy difícil de frenar, como en España sabemos muy bien. Las subidas de precios hacen, además, menos competitivos los productos y, consecuentemente, esa pérdida de competitividad termina por afectar al crecimiento (el dichoso PIB).

Por eso el Banco Central Europeo (BCE) está tan preocupado por volver a la senda del 2% como objetivo de la subida de precios. Si los países no hacen un esfuerzo por enfriar sus economías, a medio pazo se puede producir un descarrilamiento general: no olvidemos que la inflación produce los mismos efectos que una ilusión óptica. Una subida salarial del 5% puede parecer buena, pero si la inflación está por encima del 6% eso significa que se ha perdido más de un punto de poder adquisitivo.

Así que Cristine Lagarde (la elegante presidenta del BCE) seguirá echando jarros de agua fría a la economía en forma de subida de tipos de interés.

“O sea, que además de subirnos los precios, también nos subirán las hipotecas…” Podría quejarse usted con cierta razón. Pues me temo que sí.

Las guerras generan catástrofes (y no sólo humanitarias) y tenemos una guerra en Europa que dura ya más de un año. La invasión de Ucrania por Rusia disparó los precios de la energía, que influyen mucho en el coste de los alimentos. Mientras las tensiones en el sector energético continúen, la batalla contra la inflación sólo tendrá como herramienta fundamental la subida de tipos.

Nos esperan, por tanto, meses difíciles, no de apocalipsis (esperemos que el sector financiero no nos dé otro susto), pero sí de contracción del gasto.

El Gobierno se equivoca al dibujar un panorama un tanto idílico, en el que el papá Estado siempre viene en ayuda de los más necesitados. Incluso con el mayor gasto público de la historia y con la aportación extraordinaria de los fondos Next Generation, el crecimiento de la economía (en previsión del Banco de España) será este año del 1,6%. En 2022 la economía española creció un 5,5%, casi cinco puntos más que lo esperado para este año.

Pero, a diferencia de otras épocas, ese frenazo de la economía no va a ir acompañado de un desplome de los precios. La inflación media de este año será del 3,7% (según el Banco de España), pero con el precio de los alimentos muy por encima de esa cifra.

La inflación seguirá siendo un problema en 2023. Será también general, porque en la Zona Euro se situó en febrero en el 8,5%, y, por desgracia, seguirá, como decía Kaki Vargas matando a la gente… Aunque sea lentamente.

La creación de sociedades y su supervivencia

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LA
CREACIÓN DE SOCIEDADES
Y SU SUPERVIVENCIA

Fuente: Centro de Información Estadística del Notariado. (*) Datos provisionales.

En el período 2007-2022 se ha contabilizado un total de 1.380.712 sociedades creadas y la liquidación de 379.944 sociedades, de forma que la creación neta de empresas supera el millón de sociedades en todo el período.
REDACCIÓN

EN ESPAÑA SE CONSTITUYERON 104.998 sociedades durante 2022 de acuerdo con los datos aún provisionales del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN).

Las sociedades de menor tamaño, constituidas con un capital fundacional de entre 3.006€ (hasta la Ley crea y crece) y 4.000€, alcanzaron las 78.524. La práctica totalidad de ellas adquirieron la forma jurídica de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). Este grupo conforma en términos generales el nicho de empresas de menor tamaño (microempresas y pymes) que concentra la inmensa mayoría del tejido empresarial español.

 


POR CADA 100 SOCIEDADES QUE SE CREARON EN EL PERÍODO 2007-2022 SE LIQUIDARON 27,5


 

Junto a este segmento se sitúa el resto de las nuevas sociedades, constituidas con un capital fundacional superior a los 4.000€, y que alcanzaron en 2022 las 26.464.

En términos comparativos con el año 2021, se registró una caída del 1,7% en el total de nuevas sociedades constituidas, similar entre las de menor capital inicial (-1,9%) y el resto (-1,3%).

Crece la economía, caen las sociedades. Aunque la economía española se expandió en 2022 a tasas dinámicas (el PIB real avanzó un 5,5%, la misma tasa que en 2021 según la estimación preliminar) el número de nuevas sociedades cayó. Ello pudo deberse a la dislocación provocada en 2020 por la crisis sanitaria y las extraordinarias medidas adoptadas para combatirla. Las medidas restrictivas conllevaron la reducción significativa de la actividad de las notarías, que se concentraron en gran medida en actos notariales inaplazables durante la primavera de 2020. La gradual normalización de la actividad durante el segundo semestre de 2020 permitió que el número de sociedades constituidas recuperara volúmenes previos a la crisis sanitaria. Muchas de las operaciones aplazadas se realizaron durante el año 2021, generando un incremento de las nuevas constituciones del 25,6% frente al año 2020. Así, resultaba esperable una normalización en 2022 tras dos años anómalos y erráticos, registrándose un retroceso del 1,7% en el total de nuevas sociedades creadas.

Con todo, es importante reseñar que el número de nuevas sociedades en 2022 volvió a superar levemente el umbral de las 100.000, situándose en el entorno de lo que ha venido ocurriendo desde 2014, ejercicio en el que comenzó el ciclo expansivo de la economía tras dos crisis consecutivas: primero la crisis financiera global en 2008-09 y después la crisis fiscal y de la deuda soberana en la eurozona en 2011-13.

 


LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE LOS EMPRESARIOS OPTARON POR LA FORMA JURÍDICA DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


 

Ampliando el foco, sí se observa una tendencia que se ha ido consolidando: el mayor peso que han adquirido progresivamente las sociedades de menor capital en el total. En 2007, año de inicio de las series de CIEN, las sociedades con un capital inicial entre 3.000 y 4.000€ eran el 67% del total de nuevas sociedades constituidas. En cambio, en 2022 alcanzaron su máximo al superar el 75%. Por tanto, tres cuartas partes de las nuevas sociedades constituidas pertenecen a este segmento ya que han evolucionado relativamente mejor que las de mayor capital inicial.

Por autonomías, la creación de empresas se concentró en Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. En términos comparativos, el año 2022 trajo consigo una elevada disparidad. Sólo una autonomía, Baleares, registró un aumento en la creación de sociedades frente al año 2021, que además fue significativo (+13,0%). Las restantes autonomías cifraron caídas, que fueron relativamente más moderadas en Madrid (-0,7%), Cataluña (-1,6%), Andalucía (-1,8%) y Comunidad Valenciana (-2,0%). Los peores registros se consignaron en Navarra (-11,3%), Murcia (-8,5%), Castilla-La Mancha (-7,9%) y Cantabria (-7,5%).

Según las operaciones de 2022, algo más de siete de cada diez sociedades se crearon en Madrid (22,5% del total), Cataluña (19,6%), Andalucía (17,3%) y Comunidad Valenciana (12,0%). Ello supone un grado de concentración notable, ya que estas cuatro CC.AA. «solo» aportan el 60% del PIB nacional. Y al contrario de los suele presuponerse, en esas cuatro CC.AA. hay una mayor proporción de sociedades creadas de menor capital inicial (3.000€ a 4.000€) que de sociedades con un capital superior a los 4.000€. Así, los motores económicos de España concentran gran parte de las nuevas sociedades constituidas y en particular del tejido empresarial de menor tamaño (pymes y microempresas). En concreto, casi un 75% de las pymes se crean en Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana frente a cerca del 65% de mayor tamaño.

 


POR AUTONOMÍAS, LA CREACIÓN DE EMPRESAS SE CONCENTRÓ EN MADRID, CATALUÑA, ANDALUCÍA Y COMUNIDAD VALENCIANA


 

Por último, el capital inicial de las nuevas sociedades promedió en 2022 los 17.377€ lo que supone un aumento del 3,6% frente a 2021. El capital promedio entre las sociedades con menor capital fundacional volvió a situarse cerca de 3.023€, mientras que el de las sociedades con capital inicial superior a 4.000€ promedió los 62.050€, un 4,2% más que en el año previo.

Frente a 2007, el capital inicial medio del conjunto de sociedades ha disminuido cerca del 13%, debido al peso creciente que han adquirido en el total las de menor capital inicial.

Supervivencia de las sociedades. En el período 2007-2022 se ha contabilizado un total de 1.380.712 nuevas sociedades creadas, y la liquidación de 379.944 sociedades, de forma que la creación neta de empresas total que supera el millón de sociedades en todo el período.

Por cada 100 sociedades que se han creado en el período 2007-2022 se han liquidado 27,5%, porcentaje que alcanzó el 32,5% en 2022.

Por comunidades autónomas también se han observado diferencias en el número de sociedades que se liquidan en relación al total de constituidas. En 11 autonomías la ratio de sociedades liquidadas sobre creadas superó el promedio nacional, destacando País Vasco (39,9%) y La Rioja (38,9%). En cambio, en Murcia y Andalucía se liquidan menos del 20 de cada 100 sociedades.

Capital social y número de socios

DOS aspectos interesantes de la idiosincrasia de las sociedades creadas durante el 2007-2022 y que se ya han liquidado son el capital social fundacional medio y el número de socios medio. A simple vista, y sin tener en cuenta otros factores, parece que la supervivencia de las sociedades es más probable cuando el capital inicial es mayor y el número de socios fundacionales es menor.

Años de supervivencia

EN cuanto a la supervivencia de las sociedades, los gráficos muestran tendencias relativamente estables de la supervivencia de las sociedades a uno, dos y tres años de la fecha de constitución. Cogiendo el año 2019, que sirve de comparación para las tres métricas, se observa que un 0,7% de las sociedades creadas en 2019 no sobrevivió los primeros 12 meses, un 1,3% no superó entre uno y dos años y un 1,6% se liquidó entre el segundo y el tercer año de vida.

Desagregando por autonomías se observa que Madrid y Cataluña presentan siempre tasas de supervivencia inferiores al total de la nación, quizá por su mayor “intensidad emprendedora” en la creación de sociedades de menor capital inicial.

En sentido contrario Murcia presenta la mayor tasa de supervivencia de las sociedades creadas entre uno y dos años de antigüedad y entre dos y tres años. En ambos tramos solo se liquida un 0,6% y un 0,8% de las sociedades constituidas, respectivamente.

«El entorno institucional ahoga a la empresa», por Gerardo Cuerva

ENTRE MAGNITUDES

Gerardo Cuerva.
GERARDO CUERVA,

presidente de Cepyme

"El problema de España no está en el emprendimiento empresarial, sino en un contexto institucional que ahoga el desarrollo y la consolidación de los proyectos en forma de pyme"

El entorno institucional ahoga a la empresa

En España no existe un problema de emprendimiento, así lo atestiguan los datos. Las propias estadísticas notariales arrojan que se constituyeron más de 100.000 sociedades en 2022, dando lugar a una ratio de una nueva sociedad por cada 450 ciudadanos. De forma que el problema no se encuentra en la creación de proyectos empresariales, sino en otros aspectos que tienen que ver con su crecimiento y supervivencia; dos cuestiones muy interrelacionadas como también ponen de relieve los datos del Consejo General del Notariado. Entre 2007 y 2022, el capital social de las empresas liquidadas se situó un 23% por debajo del promedio del capital fundacional de las empresas creadas en el mismo periodo.

La lógica dicta que resulta más fácil que una empresa sobreviva cuanto mayor sea su tamaño, pues es más probable que diversifique sus mercados y productos y, sobre todo, que genere economías de escala y, a su vez, un mayor excedente. Dicho excedente puede ser dedicado a invertir en ámbitos estratégicos como la eficiencia de procesos e I+D, pero también puede retenerse dentro de la empresa con el fin de lograr una sólida capitalización que marque la diferencia entre la supervivencia o el cierre cuando se dan escenarios de crisis.

La anterior situación no debe perderse de vista. La próxima crisis no será como la derivada del COVID en lo referente al acuerdo europeo para dar forma a una ayuda ambiciosa y a fondo perdido con el fin de que nadie se quedase atrás y, sobre todo, para salvaguardar el proyecto europeo. En la próxima crisis, volverán a estar muy presentes las diferencias entre países y las naciones ortodoxas de Europa demandarán importantes ajustes internos. Entonces, la diferencia entre la continuidad o el cierre de muchos proyectos empresariales vendrá marcada por su capacidad de crecimiento en el pasado y cómo ésta se ha traducido en una estructura de capital más saludable y en la consecución de una demanda más diversificada.

Por desgracia, las señales de alerta presiden los datos españoles. En 2007, las sociedades con un capital inicial de entre 3.000 y 4.000 euros sumaron el 67% del total de empresas constituidas y, en 2022, dicha cifra se situó en máximos históricos que superaron el 75%. Un dato que da lugar a una lectura positiva, en España existe un espíritu emprendedor mayor de lo percibido, y a otra negativa, derivada de la preponderancia de nuevos proyectos sin margen de error. El origen de esta situación se debe, en parte, a que un número importante de personas busca la generación de autoempleo como consecuencia de un contexto institucional que no sabe poner en valor a los 3 millones de personas paradas ni facilita el camino para que proyectos afianzados activen estos valiosos recursos laborales. La situación es tal que España cerró 2022 con una tasa de paro próxima al 13%, cuando el mapa de empleo de Fundación Telefónica sitúa las ofertas de empleos digitales en 94.378 y las relativas a ocupaciones no digitales en 315.016.

De vuelta a la realidad específica de la empresa, cabe reconocer que el problema no estriba tanto en que durante el pasado año casi el 75% de las empresas constituidas lo hicieran con un capital medio de 3.023 euros (al borde del mínimo legal), sino en que el contexto normativo español ahoga la capacidad de crecimiento de estas empresas. Las cargas que juegan en contra de los recursos productivos proliferan, al tiempo que perviven multitud de normas que desincentivan el crecimiento. El FMI identificó en su evaluación de la economía española en 2018 más de 100 regulaciones relacionadas con el tamaño que, potencialmente, desincentivan el crecimiento. Desafortunadamente, desde CEPYME podemos corroborar que a día de hoy no se han hecho los deberes a este respecto, a pesar del consenso que existe hacia la conveniencia de modificar las normativas que actúan como desincentivo al crecimiento.

Los obstáculos al crecimiento suelen traducirse en empresas menos sólidas y, en este sentido, son muy significativos los datos del Notariado acordes con que el porcentaje de sociedades liquidadas sobre el total de empresas se situó por debajo del 15% en 2015 frente al 32,5% de 2022, máximo de la serie. Los datos confirman que el problema de España no está en el emprendimiento empresarial, sino en un contexto institucional que ahoga el desarrollo y la consolidación de los proyectos en forma de pyme y al que, en 2022, se ha venido a sumar el choque inflacionista. Éste ha dado forma a unas alzas de costes del 20% para la pyme, mientras que sus ventas en volúmenes ya caían en la parte final del año pasado. Una combinación que ha dado lugar a márgenes más estrechos y, por tanto, al descenso de la liquidez, lo cual resulta una de las cuestiones más inquietantes para una empresa. En este contexto, la supervivencia a corto plazo se ha convertido en una preocupación creciente para muchas pymes españolas.

Frente a esta realidad, la mejor política radica en la generación de un entorno normativo racional y pensado desde la posibilidad de los recursos de la pyme, pero también caracterizado por la certidumbre y en el que la figura del empresario se perciba como un generador de riqueza y no como un adversario. Las instituciones no dejan de ser reglas de juego y cuando se introducen nuevas figuras impositivas a la carrera o múltiples normas complejas y presididas por una calidad técnica mejorable, no se ayuda a la actividad empresarial. Tampoco se hace cuando se demoniza al empresario, dado que se alimenta el desánimo en una pieza estratégica del engranaje económico, al tiempo que se limita la llegada de la inversión extranjera.

La fiscalidad del patrimonio y su transmisión

ENTRE MAGNITUDES

LA FISCALIDAD DEL PATRIMONIO Y SU TRANSMISIÓN

De izquierda a derecha: Luis Aribayos, Javier Máximo Juárez, Carmen Jover, José Ángel Martínez Sanchiz y Fernando Fernández Méndez de Andés.

¿Pagar por donar? ¿Pagar por heredar? ¿Renunciar a una herencia por los impuestos? ¿Dónde es más barato y más caro heredar? ¿Cómo planificar una sucesión patrimonial? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué piensan los consumidores? ¿A qué dudas se enfrentan los notarios? Todas estas cuestiones se abordaron en el foro de debate Temas que importan, de la Fundación Notariado.

JOSÉ M. CARRASCOSA

¿Dónde poner los límites a la fiscalidad del patrimonio y su transmisión empresarial y personal? fue el título del panel de debate, presentado por José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de la Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado.

Fernando Fernández Méndez de Andés, exprofesor de economía de IE Business School; Carmen Jover, vicepresidenta del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF); Manuel Pardos, presidente de ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros); Luis Aribayos, secretario general de CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), y Javier Máximo Juárez, notario y moderador, participaron como ponentes.

En la presentación del foro, Martínez Sanchiz señaló la importancia del tema elegido que “abre un debate esencial para familias, consumidores y empresas”.

Anomalía

Fernando Fernández inició su exposición describiendo las razones que justifican la creación de un impuesto: “Financiar bienes y gastos públicos; estabilizar la macroeconomía y evitar crisis, y contribuir a la justicia social”. Sin embargo, según el ponente, en España algunos tributos no responden a esas necesidades: “El Impuesto sobre Patrimonio no tiene justificación teórica al ser una renta ya gravada. Es una anomalía, ya se tributa por ser propietario de una vivienda o con la contribución urbana y rústica del IBI. Y por lo que se refiere al futuro impuesto sobre grandes fortunas, considero que es un tributo justiciero para las comunidades no leales”.

“Asimismo, impuestos como Sucesiones, Donaciones o Patrimonio impiden el ahorro. Necesitamos un ahorro que permita la inversión y hacer frente a la cifra histórica de deuda actual. Desde un punto de vista dinámico no tiene sentido establecer impuestos sobre el ahorro”, resaltó el economista.

 


DEBEMOS ANALIZAR Y COMPARAR LA SITUACIÓN
ESPAÑOLA CON LA FISCALIDAD INTERNACIONAL


 

En nuestro país, la empresa familiar no puede ser competitiva debido a esa onerosa carga fiscal, señaló el profesor de IE: “La fiscalidad debe acabar con el raquitismo de nuestra empresa familiar, que no puede pasar del rango de micropyme. Sucesiones y Donaciones son un obstáculo para su desarrollo y, en ocasiones, la causa de la disolución de las empresas familiares”.

Entre las medidas concretas apuntadas por Fernández cabe destacar “la eliminación de diferencias formales entre sucesiones y donaciones entre vivos; asimismo, el sistema financiero debería asumir los costes bancarios asociados al abono de Sucesiones y Donaciones”.

Para concluir, señaló que “la legislación fiscal va muy por detrás de la realidad social. Hay un modelo de familia implícito que la legislación favorece y en el que se detectan irregularidades, como en el caso de las legítimas y la penalización de los herederos colaterales”.

“En la actualidad existen demagogia y un populismo fiscal en el mapa tributario -resaltó-, por no hablar del laberinto autonómico en materia de impuestos. Esta situación provoca que haya contribuyentes que se vayan a otros países de la UE. Debemos analizar y comparar la fiscalidad internacional. España tiene una oportunidad de oro en la actual economía deslocalizada para atraer inversión -por el clima, la cultura, nuestra red digital- pero falta una fiscalidad competitiva”.

Principales cifras

Carmen Jover expuso algunas cifras sobre los impuestos analizados en este foro: “Por lo que se refiere a Patrimonio, en 2019 se recaudaron 1.300 millones en toda España. Al aprobar su bonificación la Comunidad de Madrid, las regiones que más recaudan pasan a ser Cataluña y Valencia. En cuanto a Sucesiones, se recauda casi el doble: 2.500 millones. En este tributo, Madrid ha aprobado bonificaciones para parientes próximos y colaterales. Aun así, están muy lejos de Impuestos como el de la Renta o el IVA con unos ingresos de 80.000 y 70.000 millones, respectivamente”.

 


¿TRIBUTOS COMO SUCESIONES,
DONACIONES O PATRIMONIO CREAN RIQUEZA O
SUPONEN UN OBSTÁCULO?


 

“Estos impuestos precisan una regulación más clara, homogénea y estricta; unas reglas generales que eviten ir caso por caso. Además, son muy antiguos; incluso recogen términos como el del ajuar, y deben actualizarse. Las empresas familiares se encuentran ante serios conflictos, con exenciones y reducciones que necesitan aclarar. Es muy significativo que existan tantas renuncias a herencias; son tributos tan caros que no se pueden asumir si en tu patrimonio no tienes líquido”.

Uno de los aspectos que abordó la vicepresidenta de REAF es la futura aprobación del Impuesto de solidaridad en las grandes fortunas, “prevista para antes de final de año. Será un impuesto estatal y temporal para el próximo bienio que afectará a los contribuyentes con un patrimonio superior a los tres millones de euros”.

Fiscalidad insoportable

Javier Máximo Juárez planteó a los asistentes una cuestión: “¿Tributos como Sucesiones, Donaciones o Patrimonio crean riqueza o suponen un obstáculo?”. Juárez señaló que “la ley del impuesto de sucesiones para la empresa familiar es de 1987. Prácticamente no se ha modificado desde entonces. Por ello, los familiares colaterales -que ya empiezan a ser tenidos en cuenta en comunidades como Murcia y Madrid- enfrentan una fiscalidad insoportable. Si se renuncia a una herencia por sus impuestos es señal de que algo no funciona bien”.

Tras demandar una mejora en “la seguridad jurídica y la aplicación de los beneficios fiscales en la empresa familiar y la microempresa”, Juárez repasó ante el auditorio algunas de las principales preocupaciones que detecta en las personas y empresas que acuden a su notaría: “Les llama la atención tal disparidad tributaria. También se interesan, al ser una zona turística, por la tributación de los no residentes; algo, resuelto ya por la jurisprudencia de la UE, pero que siempre es fuente de problemas. ¿Por qué si el fallecido ha generado un patrimonio y satisfecho plusvalía, IVA, IRPF o ITP… tienen los parientes próximos que liquidar sucesiones?, me preguntan”.

La “muerte” de las empresas

Luis Aribayos realizó una foto fija del sector empresarial español antes de adentrarse en los aspectos fiscales: “Se debe conocer esta realidad antes de legislar. El 99,8% de las empresas son pymes; sólo hay 5.100 que no lo son. Y el 95% del total son microempresas; es decir, cuentan con menos de diez trabajadores. El 89% son empresas familiares y sólo el 18% tiene más de veinte años. La mitad de las empresas desaparecen en los tres primeros años de vida, por lo que ser emprendedor se puede calificar como una actividad de alto riesgo. No podemos perder tejido productivo por un impuesto; a medida que aumenta la vida de las empresas aumentan sus posibilidades de crecer”.

 


POR LO QUE SE REFIERE A PATRIMONIO, EN 2019 SE RECAUDARON 1.300 MILLONES EN TODA ESPAÑA


 

El representante de CEPYME hizo hincapié en una paradoja: “España es el país con mayor caída en su entorno del PIB y cuenta con una deuda récord, pero la recaudación tributaria es un 5% mayor. Ante este panorama, las pymes tienen un grave problema con una caída en la productividad de un 7% en los últimos cuatro años”.

Aribayos fue contundente en su diagnóstico sobre los impuestos analizados en el foro: “Patrimonio es un impuesto inexistente en la OCDE y la UE. Tiene que desaparecer, no deben gravarse los bienes sino la capacidad de renta; el futuro Impuesto a las grandes fortunas introducirá inseguridad jurídica en los inversores extranjeros. Y sobre Sucesiones y Donaciones, pedimos simplificarlos, no podemos tener dudas y limitaciones”.

Sobre la competitividad autonómica en materia tributaria, declaró que “es algo lícito. Cuando Madrid decide no recaudar en Sucesiones o Patrimonio es porque está convencida que va a recaudar más por el IVA y el IRPF”.

Laberinto autonómico

Por último, Manuel Pardos señaló que “los consumidores de a pie, trabajadores, agricultores o autónomos a los que defiende ADICAE no se ven afectados por impuestos como el de Patrimonio. En cambio, sí que preocupan aspectos como el del laberinto autonómico que supone una discriminación por imposiciones tan diferentes; o la falta de capacidad para manejar instrumentos de disminución de impuestos. Los consumidores están peor pertrechados en cuanto a información, por lo que solicitamos la colaboración del Notariado en esta labor -como hemos hecho en otras ocasiones- para que la crisis no afecte como ocurrió en momentos anteriores. Nos interesa esa protección preventiva de los usuarios de los servicios financieros, algo de lo que los notarios saben mucho”.

Para concluir, el representante de ADICAE aludió a la justicia social para “apoyar de manera temporal el impuesto a la Banca, las energéticas y las grandes fortunas”.

Foro 'Temas que importan'

Con esta iniciativa, la Fundación Notariado desea abrir un espacio de conversación y diálogo con otras entidades y expertos para abordar temas de interés para la sociedad. La participación de representantes de la universidad, la economía, la empresa, la política… permitirá ofrecer una visión global e integral de los temas analizados.

J. Á. MARTÍNEZ SANCHIZ

“El tema elegido abre un debate esencial para familias, consumidores y empresas”

JAVIER JUÁREZ

«La ley del impuesto de sucesiones es de 1987. Prácticamente no se ha modificado desde entonces»

FERNANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ DE ANDÉS

«La legislación fiscal va muy por detrás de la realidad social»

CARMEN JOVER

«Sucesiones es un impuesto tan caro que no se puede asumir sin líquido en tu patrimonio”

LUIS ARIBAYOS

«Patrimonio es un impuesto inexistente en la OCDE y la UE; Sucesiones y Donaciones debe simplificarse»

MANUEL PARDOS

«Al consumidor le preocupan aspectos como el del laberinto autonómico que supone una discriminación por imposiciones tan diferentes”
De izda. a dcha.: Carmen Jover, Javier M. Juárez, Fernando Fernández Méndez de Andés, José Ángel Martínez Sanchiz y Luis Aribayos.

Menos ninis y más sisis

ENTRE MAGNITUDES

MENOS "NINIS" Y MÁS "SISIS"

Conseguir un empleo de calidad (bien remunerado y ‘de lo tuyo’) es un anhelo generalizado entre los jóvenes españoles. Sin embargo, la alta tasa de abandono escolar, la estrechez del mercado laboral, la elevada ratio de desempleo, la precariedad y falta de oportunidades y, por supuesto, los vaivenes de los diferentes ciclos económicos, pandemias aparte, conforman una desafiante carrera de obstáculos de difícil manejo para la mayoría de ellos.
FERNANDO GEIJO

En medio de este contexto, las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que desde el fin de la crisis sanitaria el número de personas que estudian y trabajan en España ha superado al de su contraparte, los denominados ninis. Sin embargo, las causas de este particular ‘sorpasso’ no evidencian una mejoría, al menos significativa, de las expectativas laborales de los jóvenes en el actual entorno de incertidumbre al que se enfrenta la economía mundial.

Un reciente informe extraído de los datos obtenidos de la Encuesta de Población Activa (EPA) indica que en España hay un 19% menos de ninis que hace un año.

Es decir, un total de 805.400 jóvenes de entre 16 y 29 años que ni estudian ni trabajan, frente a 959.200 ‘sisis’ que compaginan formación y empleo, según las últimas cifras aportadas por esta institución dependiente del INE relativas al segundo trimestre de 2022. Estas magnitudes suponen bajar, por segunda vez en diez años, del millón de ninis, al descender en 184.600 jóvenes con respecto al año anterior, tras alcanzar los 1,54 millones en 2010, escalar hasta 1,65 millones en 2012 y situarse en 982.900 personas antes de la llegada de la pandemia.

¿Espejismo o realidad?

Entre las causas de este desplome en el número de ninis, tras cuatro trimestres de descensos consecutivos, podrían encontrarse los balsámicos efectos de la reciente reforma laboral, al facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Sin embargo, algunos expertos consideran que no es oro todo lo que reluce y que, tras estas caídas en su número, encuadradas por cierto en una tendencia mundial generalizada, podría hallarse un indicador de precariedad al entender que muchos jóvenes acceden al mercado laboral más por necesidad que por su voluntad propia, dado que ante la imposibilidad de obtener el necesario apoyo familiar financiero deben costearse por sí mismos los estudios con empleos, en su mayoría, precarios y a tiempo parcial.

Y es que el retrato robot del nini español no solo se corresponde con el que habita en el imaginario colectivo de la sociedad (bajo nivel de instrucción y de ingreso familiar y/o de origen inmigrante) sino que, en muchos casos también, se trata de jóvenes pertenecientes al estamento social acomodado, cuyas familias pueden permitirse prolongar su mantenimiento, frente a los integrantes de las clases más populares que deben, sí o sí, ‘buscarse la vida’ desde temprana edad.


UN RECIENTE INFORME EXTRAÍDO DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA) INDICA QUE EN ESPAÑA HAY UN 19% MENOS DE NINIS QUE HACE UN AÑO


El término nini se corresponde en inglés con el acrónimo NEET, cuyo significado es not in education, employment or training, lo que nos aporta una nueva pieza al puzle de este fenómeno para permitirnos contemplar la fotografía de este heterogéneo grupo de personas que lo integran.

Por consiguiente, no debemos perder de vista el factor educativo en su ecuación puesto que este colectivo tampoco recibe formación, un aspecto fundamental para evitar su desconexión definitiva del mercado laboral.

No en vano, si los jóvenes permanecen económicamente inactivos durante un período de tiempo es precisamente porque están centrados en sus estudios y, por tanto, invirtiendo en su futuro mejorando su empleabilidad. Por el contrario, los ninis estarían ahondando en su exclusión profesional, con riesgo incluso en algunos casos de caer en la marginación social, al mantenerse alejados de las aulas.

Y llegó la pandemia

A lo largo de 2020 la evolución del mercado de trabajo se vio cercenada por el cese de actividad decretado como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. En 2021 el anhelado rebote resultó ser más débil de lo esperado y no tomó impulso hasta su relanzamiento definitivo a comienzos de 2022. A lo largo de este tiempo, los jóvenes fueron el colectivo más afectado desde el punto de vista laboral. A esto hay que añadir el agravante del fracaso escolar que, aunque con tendencia a la baja, en la actualidad aún afecta en España al 13,3% de los jóvenes de entre 18 y 24 años, tres puntos por encima de la media europea, según los datos de la EPA.


LA EDUCACIÓN SE ERIGE COMO UNO DE LOS ASPECTOS CLAVE PARA TRATAR DE ROMPER EL CÍRCULO VICIOSO QUE RODEA A LOS NINIS


Los jóvenes españoles siguen sufriendo una alta tasa de desempleo, con una media del 28,52% para los menores de 25 años, según los últimos datos del INE. Sin embargo, el acceso al mundo laboral es complicado, aun teniendo formación, ya que, además, deben contar en muchas ocasiones con experiencia previa para acceder a determinados puestos. Un cóctel de difícil combinación, al menos, en los inicios de la carrera laboral.
Ante este panorama, muchos jóvenes procrastinan muy a su pesar el inicio de la misma y, por ende, ponen en peligro no solo sus futuras pensiones sino el mantenimiento de las actuales. De hecho y a pesar de su descenso, los aún más de 800.000 ninis contabilizados en España ni se forman ni tampoco cotizan, utilizando una acepción más amplia de este término un tanto peyorativo.

A grandes males

La educación se erige como uno de los aspectos clave para tratar de romper el círculo vicioso que rodea a los ninis. En este sentido, los jóvenes de hasta 29 años con nivel educativo bajo ya incorporados al mercado de trabajo suponían dos de cada diez activos de esa franja de edad en el primer trimestre de 2022, mientras que los formados son más de la mitad de los ocupados.

En la actualidad, el descenso del abandono de las aulas se debe más a la necesidad de formación por exigencias del mercado laboral, puesto que ahora el listón mínimo para acceder a casi cualquier puesto de trabajo se sitúa en la educación secundaria obligatoria.

En este sentido, el reciente estudio publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Education at a Glance 2022, indica que el 28% de la población española de 25 a 34 años sólo había alcanzado la ESO como techo formativo, un porcentaje que dobla la media de los países que integran este organismo, pero cinco puntos inferior al obtenido una década atrás.

 


EL FRACASO ESCOLAR AÚN AFECTA EN ESPAÑA AL 13,3% DE LOS JÓVENES DE ENTRE 18 Y 24 AÑOS, TRES PUNTOS POR ENCIMA DE LA MEDIA EUROPEA


 

Parece indudable que para las personas sin trabajo ni formación el futuro es mucho más incierto. Al calor de esta reflexión han surgido en España iniciativas como las Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O). Fundadas en 1995 como una iniciativa de la Comisión Europea, su objetivo es dar una respuesta educativa a los jóvenes sin empleo de entre 15 y 29 años. En nuestro país existen ya 43 de estos centros repartidos entre nueve comunidades autónomas. Otra alternativa sería enfocar los estudios en cubrir las necesidades reales que demanda el mercado laboral, apostando, como en Suecia o Alemania, por la Formación Profesional Dual, sin olvidar alternativas como las bonificaciones salariales, que tan bien han funcionado en comunidades como el País Vasco.

Algunos economistas abogan por otorgar más facilidades o incentivos a las empresas para facilitar la contratación de personas sin experiencia, ya que las series estadísticas demuestran que en nuestro país cuanto mejor va la economía menos se estudia, por lo que entiende que habría que añadir al acrónimo nini una ‘n’ más, al objeto de indicar que muchos de ellos ni estudian, ni trabajan ni lo buscan.

Mujer, pobre y con escasa formación

Del informe presentado por la OIT se extraen varias conclusiones:

  • La tasa mundial de ninis creció un 1,5% en 2020 con respecto a 2019 debido a la pandemia sanitaria.
  • Los países desarrollados tienen un porcentaje de ninis más bajo y una brecha de género menor para este indicador.
  • Los varones de países de ingresos bajos y medios tienen 1,4 veces más probabilidades de pertenecer a este colectivo.
  • Las mujeres con renta media-alta tienen el doble de opciones de caer en esta situación que las de ingresos altos.
  • El norte, centro y sur de Europa registra la tasa de ninis más baja del mundo, 11,4%, frente al 51,4% de los países árabes, la más alta.
  • La diferencia de género entre los ninis apunta a un mayor hándicap para las mujeres, debido a barreras adicionales a las laborales relativas al entorno familiar y formativo.
  • En todas las subregiones en que se ha dividido el planeta, la tasa de mujeres nini siempre es superior a la de los varones, doblando y triplicando incluso esta ratio en algunas zonas como Asia meridional y los países árabes.
  • La pandemia ha provocado un importante deterioro de la calidad de la educación por el cierre de las escuelas que afectó a 1.600 millones de alumnos en todo el mundo.

El pertinaz desempleo

El paro entre menores de 25 años cayó en España en 2021 en 119.900 personas, aunque aún se sitúa en el 30,7%, tres puntos más que el año anterior, según datos de la EPA. Por segmentos de edad, se registraron 119.100 desempleados entre los de 16 y 19 años, 12.000 menos que en el ejercicio previo, mientras que el número de jóvenes inscritos en el paro de entre 20 y 24 años alcanzó los 333.400, 107.900 menos que en 2020.

Ojo al dato

Encuesta de Población Activa (EPA), segundo trimestre de 2022. Instituto Nacional de Estadística (INE).

Informe sobre las tendencias mundiales del empleo juvenil, 2022. Resumen ejecutivo. Organización Internacional del Trabajo (OIT). Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Estudio ‘Desmontando a ni-ni. Un estereotipo juvenil en tiempos de crisis’. Instituto de la Juventud (Injuve). Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Las Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) tienen como fin dar una respuesta educativa a los jóvenes sin empleo de entre 15 y 29 años.

“La prosperidad es un derecho; la miseria una condena”, por Antonio Magraner

ENTRE MAGNITUDES

ANTONIO MAGRANER,

vicepresidente de CJAE
(Confederación Española Jóvenes
Empresarios). Secretario general de
FIJE (Federación Iberoamericana de
Jóvenes Empresarios)

"No puede ser aceptable que un país con unos niveles de desempleo como los que padecemos se permita el lujo de no cubrir empleos vacantes "

La prosperidad es un derecho; la miseria una condena

La primera de las acepciones del adjetivo miserable refiere al estado de pobreza extrema, la segunda sin embargo supera la circunstancia material e infiere al leerla a un estado emocional o a una suerte de actitud vital; “Que es muy desgraciado e infeliz”.

En España, la cifra de empleos sin cubrir alcanzó niveles de record el pasado mes de septiembre donde se computaron ciento cuarenta y cinco mil vacantes en el segundo trimestre del año. En un país con una tasa de paro de un 12%, que roza la cifra de los tres millones de personas desempleadas, es sin duda una tragedia que exista un nivel tan alto de vacantes de empleo sin cubrir, teniendo además presente que se trata de la cifra más alta de toda la serie histórica que ha experimentado un crecimiento de un 35% a lo largo del pasado trimestre.

Contrasta respecto a lo expuesto en el párrafo anterior, el dato que recoge la última encuesta de población activa que refleja un descenso de los jóvenes –de los denominados “ninis”– que viven en los márgenes del mercado laboral, puesto que ni trabajan ni se forman para acceder al empleo. Una tendencia a la baja, que se refleja en un 19% menos de jóvenes en esa situación respecto al año anterior, pero que todavía resulta una cifra alarmante al comprobar que hay algo más de 800.000 jóvenes en España autoexcluidos del ciclo del empleo.

Más allá de los datos y las cifras, se perciben en el seno de la sociedad síntomas que algunos vinculan a un cambio cultural indexado en la idea de posmaterialismo formulada por Ronald Inglehart, tan arraigado en la era de la posmodernidad que venimos atravesando desde hace ya algunas décadas, y otros a la implantación en determinadas capas de la población de un hastío cercano al nihilismo, que conduce a una renuncia de origen a lograr la prosperidad –entendida esta como el logro de unas mejores condiciones vitales y sociales- a cambio de una vida en los márgenes del sistema, que no fuera de él en tanto que la subsistencia recae sobre él mismo.

Se trata en todo caso de una inversión de valores, respecto a los imperantes tradicionalmente, que sin duda genera una casación disruptiva que merece una reflexión profunda, de hasta qué punto hay jóvenes y algunos no tan jóvenes que no conciben la prosperidad como una meta y prefieren instalarse en la aparente satisfacción de una actitud miserable, en tanto que se plantea como la infelicidad deseable.

Dibujado este complejo escenario, cabe preguntarse: ¿qué factores pueden resultar determinantes para que exista un número tan amplio de personas que adopten esta conducta? Quizás no exista una respuesta única, pero sí dos grandes vertientes, que nos permitan sopesar el alcance del problema.

Se atisba una vertiente relativa a las disfunciones del mercado laboral y otra vertiente de carácter cultural, ambas relacionadas entre sí.

Las disfunciones del mercado a las que aludimos pueden radicar en la falta de incentivos económicos que se pueden obtener de los rendimientos del trabajo en contraposición con las que el catálogo de ayudas sociales puede proporcionar, más si cabe si se combinan con ingresos de la economía sumergida. Un salario deviene bajo si los precios suben, pero todavía lo es más si esos mismos rendimientos se pueden conseguir con un menor esfuerzo. La fiscalización de las ayudas orientadas a evitar el fraude; la implementación de políticas para el acceso al mercado de trabajo, también destinadas a la formación específica; y una mejora de la economía aparejada a la subida de los sueldos, podrían en cierta medida corregir.

En relación a las disfunciones culturales, exigen un análisis que parta de una profunda reflexión que precisa abordar el asunto partiendo del proceso de desvinculación y emancipación del individuo respecto de su medio social. Una cada vez menor identificación con las instituciones privadas tradicionales.

Ahondar en el derecho a la prosperidad en tanto que beneficio individual y aportación colectiva que contribuye al sostenimiento del Estado social enunciado en el artículo primero de la Constitución, traza un camino para hacer frente a la postura antitética, que postula lo miserable –en tanto que desgraciado e infeliz– como forma de ruptura social y de absentismo individual como forma de negación de la prosperidad como meta deseable y bien común.

En todo caso existe un ámbito cultural que trasciende al de las medidas que se pueden poner en marcha desde la Administración; pero no obstante no puede ser aceptable que un país con unos niveles de desempleo como los que padecemos se permita el lujo de no cubrir empleos vacantes o de tener una masa integrada por algo más de ochocientos mil jóvenes en esta situación. Un lujo que no nos podemos permitir en términos morales, sociales y económicos.

Se trata pues de activar un trabajo en paralelo, a corto y medio–largo plazo, con la puesta en marcha de una estrategia de incorporación en el mercado laboral y en los circuitos formativos, que aumentará sola con la mejora de la competitividad del mercado y el incremento de los salarios; el refuerzo de control del uso y el destino de las ayudas públicas; y, junto a esto, un trabajo de divulgación del anhelo de la prosperidad individual y colectiva como meta alcanzable, como una obligación y un derecho.

Hipotecas seguras

ENTRE MAGNITUDES

HIPOTECAS SEGURAS

El notario también debe informar a los contratantes de sus obligaciones legales y de sus deberes fiscales.
El 16 de junio de 2019 entró en vigor la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), con el objetivo, entre otros, de reforzar la protección del consumidor y la seguridad jurídica de la fase precontractual del préstamo hipotecario. Según la experiencia notarial en estos tres años, la nueva normativa ha facilitado la elección de notario por los clientes de las entidades financieras que van a contraer un préstamo hipotecario: un derecho que corresponde al prestatario y que es irrenunciable.

REDACCIÓN,

En esta ley se garantiza el derecho del consumidor a elegir notario y a reunirse con él en privado para poder consultarle sus dudas, sin ningún coste asociado a ello. El notario, por su parte, realiza una labor de asesoramiento y resuelve las dudas del consumidor con imparcialidad. Una vez que el consumidor ha elegido el notario, lo comunica a la entidad financiera con la que vaya a contratar el préstamo hipotecario, para que esta pueda remitirle la documentación.

Por otro lado, la ley establece que deben darse un plazo de 10 días naturales desde que la entidad financiera pone la documentación a disposición del notario elegido en la Sede Electrónica Notarial hasta que se autoriza y firma la escritura de préstamo hipotecario.

Tras estos tres años de aplicación de la ley se ha podido constatar que estos encuentros del prestatario a solas con el notario se producen de media entre 7 y 3 días antes de la autorización y la firma del préstamo.

De esta forma, el notario está presente en dos momentos clave del préstamo hipotecario:

 


EN ESTA LEY SE GARANTIZA EL DERECHO DEL CONSUMIDOR A ELEGIR NOTARIO Y A REUNIRSE CON ÉL EN PRIVADO PARA PODER CONSULTARLE SUS DUDAS


 

Fase precontractual de la hipoteca

En primer lugar, el notario interviene en la fase precontractual, previa a la autorización de la escritura pública del préstamo hipotecario. En esta fase, y de forma gratuita, el notario verifica que la entidad financiera ha entregado al prestatario toda la documentación del préstamo.

A continuación, el notario se reúne con el consumidor (prestatario, fiador e hipotecante no deudor) en solitario y repasa con él toda la documentación precontractual entregada por la entidad financiera a fin de que el consumidor le confirme que efectivamente la recibió. Tras esto, el notario le explica el contenido de la documentación precontractual, responde a las preguntas que le plantee, le aclara posibles dudas y, finalmente, el consumidor responde un test de comprensión. La explicación tiene que ser jurídica, no económica, y abarca todo el contenido del proyecto de contrato.

Concluido lo anterior, el notario redacta y autoriza el acta notarial de transparencia, que refleja las dudas planteadas por el deudor y el asesoramiento prestado por el notario. El acta puede ser positiva o negativa, lo que dependerá de que esté completa la documentación precontractual, de que ésta se corresponda con lo entregado al consumidor por la entidad financiera y con lo negociado entre ambas partes y de que el consumidor haya superado el test de comprensión.

El notario tiene que comunicar a la entidad prestamista, a través de medios telemáticos seguros, el resultado positivo o negativo del acta.

Fase contractual de la hipoteca

El segundo momento en el que interviene el notario elegido es el día de la autorización y firma de la escritura pública del préstamo hipotecario (y, en su caso, de la escritura previa de compraventa u otro negocio de transmisión de la propiedad de la finca hipotecada), ya con todas las partes presentes.

 


EL NOTARIO REDACTA Y AUTORIZA EL ACTA NOTARIAL DE TRANSPARENCIA, QUE REFLEJA LAS DUDAS PLANTEADAS POR EL DEUDOR Y EL ASESORAMIENTO QUE LE HA PRESTADO


 

Ese día el notario deberá comprobar la identidad, capacidad y legitimación tanto del comprador como del vendedor. También deberá informar al comprador si sobre el inmueble pesa alguna carga registral y si el vendedor acredita o no estar al corriente del pago de las cuotas de la comunidad de vecinos. Además, identificará los medios de pago que se van a utilizar y comprobará si el vendedor ha entregado el certificado de eficiencia energética. El notario también deberá informar a los contratantes de sus obligaciones legales y de sus deberes fiscales, incorporándose a la escritura la referencia catastral de la vivienda. Asimismo, informará del reparto de los gastos de la operación entre las partes. Es labor del notario también explicar el contenido de las escrituras de compraventa y préstamo, solventando todas las dudas que pudieran surgir en el momento del otorgamiento.

Ojo al dato

Informe sobre el tercer aniversario de la Ley del Crédito Inmobiliario con datos estadísticos nacionales y autonómicos
El notario informa al comprador si sobre el inmueble pesa alguna carga registral.

¿Qué documentación tiene que entregar la entidad financiera?

El notario elegido por el consumidor verifica que la entidad financiera le ha entregado toda la documentación del préstamo con tiempo suficiente y que la información suministrada es la exigida en función del tipo de préstamo acordado por las partes. Es decir:

  • La Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) u oferta vinculante.
  • La Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE). Documento que da información complementaria de las cláusulas del préstamo o crédito que sean relevantes.
  • La simulación de las cuotas periódicas que deberá satisfacer bajo diferentes escenarios de evolución de los tipos de interés, en el caso de que el préstamo sea a interés variable.
  • Un documento sobre los gastos asociados a la formalización del préstamo hipotecario (honorarios notariales, honorarios registrales, gastos de gestoría, tasación e impuestos). Tras la LCCI y la modificación de la normativa tributaria, son asumidos por la entidad financiera, a excepción de la tasación.
  • El proyecto de contrato del préstamo.
  • Un documento que contenga la advertencia de que la parte prestataria debe acudir al despacho del notario elegido para realizar el acta previa de transparencia.
  • Información sobre el contrato de seguro de daños, en el caso de que se establezca la obligación de contratar un seguro de dicha naturaleza sobre la finca hipotecada.
  • Un documento que contenga la manifestación de la parte prestataria de haber recibido todos los documentos de entrega obligatoria

Consultas a los notarios

En la reunión que mantiene a solas el consumidor (prestatario, fiador e hipotecante no deudor) con el notario, este le explica el contenido de la documentación precontractual y le aclara posibles dudas. En este contexto, algunas consultas comunes que los consumidores suelen hacer a los notarios son:

  • Si hay comisión en caso de realizar reembolsos anticipados.
  • Qué ocurre con los seguros contratados en caso de amortización anticipada total del préstamo.
  • Si es obligatorio contratar seguros u otros productos para obtener el préstamo.
  • Qué consecuencias se producen en caso de retraso o incumplimiento.
  • Qué significa el valor de subasta.

Datos del tercer aniversario

Desde el 16 de junio de 2019 al 30 de abril de 2022, los notarios han autorizado 1.162.332 actas de transparencia, frente a 1.023.456 préstamos hipotecarios, incluidas novaciones, subrogaciones y ampliaciones de hipotecas. Esto supone que se han formalizado 1,16 actas de transparencia por cada hipoteca en todos los meses de aplicación de la ley, exceptuando el de su entrada en vigor. El número de actas de transparencia y préstamos hipotecarios se ha estabilizado en los primeros meses del año tras el señalado incremento que experimentó entre marzo y julio de 2021, como resultado de la recuperación del mercado tras los meses más duros de la pandemia COVID-19. Mediante estas actas, gratuitas, los notarios verifican que las entidades financieras han entregado a los consumidores toda la documentación de los préstamos con suficiente antelación, así como que la información facilitada se corresponde con el tipo de préstamo acordado por las partes. Esto representa un destacado avance en seguridad jurídica y trasparencia, tal y como señala el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, quien afirma que “la puesta en marcha de esta ley supuso un importante refuerzo de los derechos y garantías del consumidor, ya que posibilitó la libre elección del notario y la opción de poder reunirse con él a solas, y sin ningún tipo de coste añadido, para consultar las posibles dudas que puedan surgir antes de la autorización y firma del préstamo hipotecario”.