Para analizar el impacto de la nueva normativa en el colectivo, la agencia de noticias Servimedia y la Fundación Aequitas organizaron el diálogo Tras las reformas legales, las personas con discapacidad podrán tomar sus propias decisiones, que congregó virtualmente a más de cien personas. Moderado por el director general de Servimedia José Manuel González Huesa, el foro contó con la participación de María José Segarra, fiscal para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores; Mª Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil; Rafael de Lorenzo, secretario general del Consejo General de la ONCE; y el notario Federico Cabello de Alba, director de Asuntos Sociales de la Fundación Aequitas.

Cabello de Alba hizo hincapié en que, una vez aprobada la ley «la dificultad más importante será el cambio de mentalidad. No ha sido casual que una reforma con cambios normativos de este alcance haya tardado tanto tiempo. Debemos hacer mucha pedagogía y trabajar por la aplicación correcta de la norma en el sistema: ahora, la persona con discapacidad es dueña de sus propias decisiones».

Preferencia a la vía notarial. La función notarial también se verá modificada en el día a día con la entrada en vigor de esta vasta reforma: «Nosotros asistimos a todas las personas que acuden a la notaría para ayudarles a comprender el alcance de formar un determinado negocio jurídico. Esta situación debemos extenderla a las personas con discapacidad, adecuando nuestra actuación a sus necesidades. Nos adaptaremos para que los miembros de este colectivo puedan ejercer sus derechos, y en ningún caso sustituyéndolos. Mediante la actuación notarial se hará efectiva su autonomía de la voluntad, como sucede con cualquier persona, aunque con diferentes apoyos».

«La principal novedad de la nueva legislación -prosiguió el representante de Aequitas- es que se da preferencia a la vía notarial gracias a nuestro contacto directo con las personas. El régimen de apoyos que puede ofrecer el notario es tan extenso que resiste cualquier sistematización; la persona acudirá a nosotros para establecer unos apoyos que delimitará con libertad. En escritura pública se determina el régimen de toma de decisiones, que podrá ser revocado y elevado a la autoridad judicial si es inadecuado». 

María José Segarra destacó que una reforma de este calado, que ha afectado a ocho normativas, precisa «difusión, docencia y empatía. Tanto el fiscal, como los operadores jurídicos y la Administración, deben realizar una labor de difusión y de apoyo a las familias, que viene reconocida en la ley. Esta docencia permitirá una mayor implicación en el crecimiento e igualdad de las personas con discapacidad, impidiendo figuras como la patria potestad prorrogada».

Rafael de Lorenzo expresó que la reforma «es un elemento de avance y de progreso del sector de la discapacidad. La ley es un éxito de la sociedad civil, estructurada en torno al CERMI, que ha trabajado en común buscando lo mejor para un colectivo de cuatro millones de personas y sus familias». El representante de la ONCE también quiso destacar «el esfuerzo de los diputados y senadores para enfrentarse a un proyecto de gran complejidad, que ha modificado 249 artículos de diferentes leyes como el Código Civil o la Ley de Jurisdicción Voluntaria, todo ello en apenas unos meses. Ahora lo que necesitamos es que se pase de los derechos a los hechos y que la ley se aplique correctamente por todos los operadores jurídicos». En este sentido, señaló el reciente acuerdo alcanzado entre el CERMI y el Consejo General del Notariado «que servirá de orientación a los notarios para que den respuesta a determinados asuntos prácticos”.

Mª Paz García Rubio, que desde la Comisión General de Codificación participó en el desarrollo del texto de la ley, demandó que algunas normas deben aún adaptarse, «como las relacionadas con el consentimiento informado en el ámbito de la salud o las de investigación médica. Asimismo, hay que tener en cuenta que vivimos en un estado plurilegislativo en materia civil, por lo que se precisa que algunas comunidades se adapten a la Convención de la ONU en la que se basa la nueva norma».

EL ESTUDIO, en el que han participado una veintena de expertos de los ámbitos económico y socio-sanitario junto a más de 1.300 ciudadanos de distintas edades, se titula La Planificación de la Última Etapa de la Vida: Claves para afrontar el envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida.

Entre sus principales conclusiones, cabe destacar que el 77% de los ciudadanos consideran bastante o muy importante ahorrar para la jubilación, pero que tan solo un 25% lo hace de forma sistemática para este fin y que el 59% confiesa no ahorrar nada. Asimismo, se indica que sólo el 33% de los ciudadanos cuida de su salud desde hace tiempo y que únicamente el 50% están mentalizados sobre el final de la vida.

Cabe destacar el alto desconocimiento de algunos de los instrumentos de protección legal de la persona y de su patrimonio (testamento, documento de voluntades anticipadas y poderes preventivos) entre los encuestados. Este desconocimiento se traduce en un bajo nivel de otorgamiento de dichos instrumentos, ya que, según la encuesta realizada a los ciudadanos, el 60% no ha otorgado ninguna de estas tres figuras jurídicas.

Existe un alto desconocimiento de los instrumentos de protección legal
de la persona como el documento de voluntades anticipadas
y los poderes preventivos

Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación Æquitas, participó como ponente en la mesa redonda posterior –moderada por el director general de Servimedia José Manuel González Huesa–. En este panel de debate también intervinieron el periodista Juan Cruz y Juan Díez Nicolás, catedrático de sociología.

Para la notaria: “Sorprende la falta de conocimiento de los instrumentos jurídicos de prevención. Los notarios estamos constantemente con personas y sabemos que tienen miedo a la muerte; pero también que tienen miedo a dejar problemas tras el fallecimiento. El testamento es conocido, pero se desconocen otras figuras que te ayudan a superar una situación en la que necesites apoyo, previa al fallecimiento, como los poderes preventivos o los documentos de voluntades anticipadas; o la maravilla de documentos que van a venir con la reforma del Código Civil en ciernes. Cabe señalar que, tras la pandemia muchas personas han acudido a hacer testamento a las notarías”.

“Las voluntades médicas anticipadas, testamentos o poderes preventivos no sólo protegen a la persona y al patrimonio; sino que protegen a la autonomía de la voluntad. Debemos respetar a la persona y su voluntad, fomentar su marco de libertad con independencia de sus circunstancias: ya tenga discapacidad o sea mayor. Debemos hacer una labor de difusión desde antes de llegar a ser mayores; hacer una labor de prevención previa, porque el envejecimiento nos atañe a todos, no sólo a los mayores. Eso es algo que llevamos haciendo desde nuestra Fundación Æquitas desde 1999: difundir esos instrumentos preventivos, aunque queda mucho por hacer”, prosiguió Castro-Girona.

“Nuestra sociedad –señaló la notaria– vive de espaldas a la muerte y no la afronta como un hecho. No hay que tener miedo a enfrentarse a la última etapa de la vida, hay que tener la entereza de afrontarla. Hay que involucrar a poderes públicos, sociedad y sectores jurídicos para, desde la educación, prepararnos para la llegada de la muerte. En muchas ocasiones la prevención llega tarde. El futuro se prepara en el presente.”

Segarra destacó que la discapacidad “debe abordarse desde una visión transversal. Sector público y sector privado deben estar plenamente implicados para tener mayor margen de mejora. Tenemos que superar la concepción paternalista y patrimonialista de la discapacidad, trabajando en materia de formación para conocer las preferencias de estas personas. Debe producirse un cambio de mentalidad en la protección jurídica de este colectivo, hacia una nueva concepción en lo que lo prioritario sea la guarda de hecho y la desjudicialización”.

Por último, Luciano Fernández explicaba el objetivo final de este foro: “creo que tenemos herramientas legales suficientes, pero debemos conocerlas. Por eso es importante compartir la información jurídica que ayude a las personas con Daño Cerebral y sus familias”.

El taller abordó desde una perspectiva multidisciplinar diferentes aspectos teóricos y prácticos relacionados con la protección jurídica de las personas con Daño Cerebral, como aspectos laborales y Seguridad Social; valoración sanitaria; familia y crisis convivenciales; tutela, curatela y guarda legal, o buenas prácticas desde el movimiento asociativo.

Visión notarial. José Ángel Martínez Sanchiz resaltó el valor de entidades como Fedace en la protección jurídica de los más vulnerables: “uno de los indicadores que mide el grado de evolución de un Estado de Derecho es la involucración de la sociedad con las personas en situación de discapacidad; una situación a la que todos caminamos a medida que vamos envejeciendo. El fenómeno asociativo es un aspecto fundamental para la defensa de las personas que se encuentran en esta situación y sus familiares; es un ejemplo vivo y representativo de la sociedad civil de un país que avanza, que genera esperanza y nos reconcilia con el género humano”.

El presidente de Æquitas destacó el convenio firmado recientemente entre Æquitas y Fedace, dirigido a implementar la colaboración entre ambas instituciones. También aludió a las figuras jurídicas que los notarios pueden poner a disposición de las personas con daño cerebral y sus familias para protección de su patrimonio: “desde nuestros despachos prestamos servicio a las personas que padecen esa dolencia y que cuentan con patologías muy diversas. Los notarios contribuimos a realizar un traje a la medida de las necesidades de cada persona, encontrando diversas soluciones: como testamentos, poderes preventivos, patrimonios protegidos, autotutelas… Los notarios tenemos la obligación de aportar nuestros conocimientos para construir esos apoyos voluntarios, que no tienen por qué ser estándar. Espero que iniciativas como la de este taller permitan construir un futuro mejor a las personas con daño cerebral”.

Capacidad jurídica. Los notarios Almudena Castro-Girona y Federico Cabello de Alba (directora de Æquitas y director de la sección social de esta fundación, respectivamente), intervinieron como ponentes en la mesa redonda sobre Capacidad jurídica: toma de posesiones y apoyos.

Castro-Girona señaló la importancia del asesoramiento notarial a la hora de proteger el patrimonio de las personas con daño cerebral cuando falten sus familiares: “cada familia y cada persona es diferente. La mejor manera de asegurar el futuro es acudir al notario y explicar las preocupaciones para que pueda confeccionar un testamento acorde a cada situación en el que siempre pueden establecerse mecanismos de apoyo. El notario es el asesor cercano que todos tenemos en el territorio nacional, hasta en los pueblos más pequeños”.

Cabello de Alba puso de manifiesto el cambio de paradigma en la consideración de la discapacidad, “una situación que no tenía tradicionalmente una sustantividad legal, ya que durante muchos años se ha hablado de incapacidad. En 2006, la Convención de la ONU supuso un vuelco en la consideración de la discapacidad, teniendo en cuenta los sistemas de apoyo y asistencia a las personas más vulnerables”.

EL NOTARIO MAYOR del Reino hacía hincapié en que el colectivo de las personas mayores necesita en estos momentos de una especial protección debido a la pandemia del COVID: “Ahora es preciso desarrollar políticas públicas para garantizar su calidad de vida. Urge que revisemos nuestros sistemas de dependencia para lograr alcanzar un envejecimiento activo. En la actualidad llegamos a la vejez con los relojes evolutivos intactos pero las desigualdades muchas veces se ensanchan tras la jubilación: soledad, dependencia, vulnerabilidad, pensiones reducidas…”.

El titular de Justicia reveló las importantes sinergias entre las competencias de su ministerio y el colectivo senior: “Hemos puesto en marcha un plan 20‐30 que adapte la justicia a la sociedad para hacerla más accesible, aprovechando las posibilidades de las nuevas tecnologías”. Campo puso como ejemplo un proyecto para hacer llegar la Justicia a la España rural, un lugar con un acusado índice de población de elevada edad: “Queremos convertir los 7.600 juzgados de paz en oficinas de Justicia municipales. Debidamente digitalizados se readaptarán para evitar a los ciudadanos tener que desplazarse para realizar gestiones procesales. Queremos hacer una justicia accesible para todos, sobre todo para las personas mayores, superando la brecha digital, ya que son culturalmente ‘analógicas’: más del 20% de la población tiene más de 65 años”.

Protección jurídica. La mesa redonda inaugural, moderada por el abogado Javier Laorden, contó con las intervenciones de Mª José Segarra, fiscal de sala del Tribunal Supremo para la protección y defensa de las personas mayores, y Almudena Castro‐Girona, notaria y directora de la Fundación Aequitas.

Segarra resaltó “la contribución del Notariado y de su Fundación Aequitas para hacer llegar la justicia a los colectivos en situación de vulnerabilidad”. La fiscal señaló que “existe una percepción estereotipada del ministerio fiscal; se sigue pensando en el fiscal ‘de las películas’ centrado en los procesos penales, pero realizamos numerosas funciones comprometidas con los más vulnerables y que salvaguardan el principio de igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos”.

Antes de dar paso a Castro‐Girona, el moderador Javier Laorden alabó el carácter práctico de las publicaciones de la Fundación Aequitas, como la recientemente editada 100 preguntas sobre derechos después de los cincuenta años (disponible en www.aequitas.org).

“Una de las principales preocupaciones de los notarios –resaltaba la directora de Aequitas– son las personas mayores. Somos como confesores en pueblos repartidos por toda la geografía española y tenemos una función niveladora con los más necesitados de protección jurídica. En la pandemia nos hemos dado cuenta que nuestra vida puede cambiar en poco tiempo; por eso muchas personas han acudido al notario para dotarse de mecanismos de protección –como la autocuratela o los poderes preventivos– donde les hemos hecho ‘trajes a medida’ para asegurar jurídicamente su futuro”.

La notaria respondió a cuestiones concretas planteadas por los asistentes al seminario sobre testamentos, donaciones o poderes preventivos: “Mi recomendación es que hay que acudir al notario para asesorarse, no puedo aconsejar un modelo sucesorio, existen desde usufructos a sustituciones fideicomisarias: hay tantos testamentos como personas. En cuanto a los poderes preventivos, es fundamental realizarlos cuando uno se encuentre bien y tenga plenas capacidades. Sobre las donaciones, depende de la situación económica de la familia; no hay que autoimponerse sacrificios innecesarios, no hay obligación de dejar nada, la legítima no existe hasta que uno se muere. Es necesaria una reforma del actual sistema de legítimas, es algo que venimos demandando desde hace años en el sector de la discapacidad”.