–¿En qué consiste el trabajo de las actuales fundaciones de apoyo (antes denominadas tutelares)?

–Fundamentalmente lo que ha cambiado es el apoyo a la toma de decisiones: antes era el tutor el que decidía en lugar de la persona; ahora las entidades tenemos que apoyar a las personas en su decisión. Es una reconversión del modelo, generada por la Ley 8/2021, pero que no ha sido traumática para Kyrios. Llevábamos años realizando un conocimiento profundo de las personas, amparados en la Convención de la ONU, por lo que el sistema de trabajo no ha variado. Otro aspecto que se ha transformado es que hoy las medidas voluntarias de apoyo, plasmadas en escritura pública, pasan a formar parte del tráfico jurídico, mientras que antes eran poco menos que papel mojado.

“LAS MEDIDAS VOLUNTARIAS DE APOYO QUE PREVÉ LA NUEVA LEY 8/2021 CUENTAN CON UN NIVEL DE PROTECCIÓN Y FLEXIBILIDAD MUY ALTO AL ESTABLECERSE EN ESCRITURAS NOTARIALES”

–La figura de la tutela fue revisada tras la aprobación de la citada Ley 8/2021. ¿Se ha visto afectada la actuación de Kyrios por esta nueva normativa?

En absoluto. La única modificación radica en que ahora dotamos de herramientas a las personas y familias para que no tengan que acudir al juez a solicitar la incapacitación. Me gustaría decir que, aunque el balance de la ley es positivo, queda mucho por hacer. Por ejemplo, debe hacerse llegar a las familias el mensaje de que es una norma que no desprotege, sino que ampara. El nivel de protección y de flexibilidad es muy alto al establecerse en escrituras notariales los sistemas de medidas voluntarias de apoyo que detecten las necesidades y prevean que los deseos pueden variar. Si el derecho regula la relación entre las personas, no tenía sentido que no estuvieran en igualdad de condiciones para ejercer sus derechos, como ocurría con la legislación antigua.

–En colaboración con la Fundación Æquitas, los profesionales de Kyrios impartieron el pasado julio unas jornadas formativas sobre dicha ley dirigidas a notarios y empleados de notaría. ¿Qué papel están jugando estos profesionales?

–Es esencial. Uno de los cambios más sustanciales de la Ley 8/2021 se centra en la responsabilidad y fuerza que otorga al Notariado. Ahora su formación e implicación gozan de mayor trascendencia. En nuestro trabajo diario con diversos notarios detectamos dedicación, actitud comprensiva, sensibilidad y voluntad de ayudar. Mucha gente desconoce esa faceta como servidor público que ofrece asesoría gratuita. En definitiva, son gente accesible que aporta todo tipo de facilidades con el rigor propio de su profesión.

La discapacidad es una gran desconocida, por lo que las sesiones de formación que ofrecimos el pasado verano contribuyeron hacer entender diferentes casos a los que se pueden enfrentar en el día a día de los despachos notariales.

–¿Cómo valora la cooperación entre instituciones del tercer sector?

–Los convenios acercan a agentes sociales y jurídicos, algo que exige la nueva ley. El agente jurídico tiene que orquestar el ajuste a derecho; da forma a una voluntad para que se transforme. El agente social es el que conoce a la persona y claramente diferencia necesidades de apoyo y voluntad real, deseos y preferencias.

Las entidades de apoyo vinculan a la persona con su entorno natural, conocemos a la familia y a la gente de su alrededor para buscar apoyos en la zona de confort; no vamos a extraerlo de ahí para ‘institucionalizarlo’.

–La actividad de Kyrios se centra mayoritariamente en las personas con inteligencia límite… ¿Cuáles son las principales necesidades de esa discapacidad ‘invisible’?

–En la mayoría de los casos son personas que no presentan visibilidad física de su situación; ‘la procesión va por dentro’. Es una discapacidad que tiene que ver más con lo social que con lo intelectual. En la etapa escolar se empieza a sentir un bajo rendimiento, que genera acoso y una posterior extracción de la socialización. Ese desplazamiento provoca desajustes al querer hacer lo que sea por integrarse, algo que acarrea situaciones complejas. La legislación anterior no ayudaba; existía la sensación de que con una sentencia de incapacitación estaba todo solucionado al meter a esas personas en una burbuja de cristal.

Hay informes que señalan que hasta el 1% de la población puede tener inteligencia límite. Mucha gente tiene este perfil, pero están sin detectar; pasan inadvertidos hasta que se meten en problemas. Lo ideal es realizar una detección temprana, en el paso de la educación primaria a la secundaria, aunque hay desarrollos madurativos más tardíos. Hemos realizado charlas en centros educativos para anticipar soluciones.

–¿Queda mucho camino por recorrer en el ámbito de la empleabilidad de las personas con discapacidad?

–La situación de desempleo global es grave, pero en el ámbito de la discapacidad se puede definir como terrible. No hay igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral. La dificultad no radica tanto en acceder, como en mantener el puesto de trabajo. La movilización del tercer sector para favorecer la normativa laboral ha sido muy importante; se han conseguido ayudas para contratar gente en el ámbito privado y público, pero falta recorrido en las adaptaciones; que los trabajos se adapten a los perfiles.

“LOS AGENTES JURÍDICOS TIENEN QUE HACER UN ESFUERZO POR ENTENDER QUE SU LENGUAJE ES DIFÍCILMENTE COMPRENSIBLE PARA TODOS”

–¿Son conocidas las discapacidades cognitivas, como la inteligencia límite, o siguen siendo necesarias acciones de difusión?

–La trascendencia de la discapacidad en la sociedad aún es mínima. La sensibilidad de los que trabajamos en esto -casi siempre por vocación- es diferente, pero la mayoría de la gente no es así. Socialmente hay muchas cosas que hacer, por ejemplo, en terminología y lenguaje inclusivo. El sector va evolucionando, cada vez está más profesionalizado. Debemos ir abriendo camino y pelear para conseguir que se visibilice la realidad de estas personas que necesitan ayuda y que cada vez son más.

¿Qué ha supuesto la llegada de esta norma para el sector?

Aun cuando la suscripción de la Convención de Derechos de las Personas con discapacidad por parte de España, en el lejano año 2007, vinculaba a todos los operadores jurídicos y obligaba a adaptar los instrumentos jurídicos y judiciales a las exigencias de la Convención, lo cierto es que era preciso un cambio absoluto de mentalidad, al que la normativa del año 2021 vino a dar el impulso definitivo instando la implicación de toda la sociedad. La nueva ley dispone los instrumentos y el impulso a ese cambio de paradigma: pasando del criterio de decisión en virtud del interés de la persona interpretado por su representante, al pleno respeto de las decisiones de la persona con discapacidad, dotada de todos los apoyos que precise. Cuando ello no sea posible, las decisiones deberán adoptarse buscando lo que pudiera haber sido su voluntad, deseos y preferencias atendiendo, para llegar a esa conclusión, a su trayectoria vital, sus creencias, valores y hechos que hubiera tenido en cuenta la persona. Ese cambio de mentalidad debe contribuir a romper inercias y sesgos y para ello los operadores jurídicos estamos plenamente implicados en la formación de nuestras plantillas, pero precisamos que se produzcan otros cambios para que la sociedad sea cada vez más inclusiva.

Uno de los puntos a los que tuvo que hacer frente en un primer momento fue la situación de desamparo de los ancianos durante el Covid. ¿Qué papel juega el Ministerio Fiscal en la protección de los mayores?

Disponemos de una amplia fórmula de intervención previa a cualquier procedimiento judicial, supervisando cualquier situación de vulnerabilidad e instando su resolución por las Administraciones con competencias en la materia, analizando situaciones de posible necesidad de adoptar medidas de apoyo a la capacidad jurídica de la persona o de índole asistencial a través de nuestras diligencias preprocesales. El año pasado se dictó por la Fiscalía General del Estado la instrucción 1/2022 sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en unidades psiquiátricas o de salud mental y centros residenciales y/o sociosanitarios de personas mayores y/o con discapacidad, con la clara pretensión de caminar hacia un sistema de cuidados respetuoso con la dignidad, encomendando a los fiscales intensificar la inspección de los centros con esta finalidad. También tenemos puesta la atención en desarrollar las actuaciones que prevengan situaciones de abuso económico o de cualquier índole sobre las personas mayores, vivan o no en contextos residenciales. Diversos convenios con instituciones públicas, privadas y ONG son herramientas de detección de estos casos.

Gonzalo López Ebri -teniente fiscal de Valencia y patrono de Aequitas, como usted- fue galardonado recientemente con el premio del Foro Justicia y Discapacidad por, entre otras actuaciones, su «desempeño en el control de residencias y pisos tutelados de mayores». Con una población cada vez más envejecida, ¿son adecuados los recursos para los cuidados en esa etapa de la vida?

Nos compete a todos abordar una reflexión sobre nuestro modelo residencial. Es evidente el envejecimiento demográfico de nuestro país, así como que se están produciendo cambios en el perfil de las personas que viven en entornos residenciales. Cualquier debate ha de partir de una mayor concienciación social sobre la importancia de ese colectivo, sus necesidades, derechos y preferencias, así como sobre el carácter heterogéneo de este grupo social, que incluye personas mayores autónomas, en situación de dependencia, y con discapacidad. Cada individuo tiene su particular contexto (social, económico, cultural) que lo hace único. Por ello, debe diseñarse una diversidad de recursos que pueda adaptarse a las distintas realidades y necesidades personales que, además, son dinámicas. Esto pasa, por supuesto, por potenciar, en los casos en que sea posible, la atención integrada sanitaria y social en el propio domicilio, pero también por multiplicar y diversificar los modelos residenciales. De esta forma, se podrán cubrir las distintas necesidades con que se van encontrando las personas en la fase final de su vida. Y desde luego se necesita avanzar decididamente hacia la atención sanitaria y social integradas. La atención prestada en las residencias debe incrementar su componente sanitaria, vinculándose mejor los recursos residenciales con la atención primaria y comunitaria de salud e invirtiendo en el soporte sanitario a las residencias, con personas formadas en geriatría en los puestos de decisión.

“LA LEY 8/2021 DISPONE UN CAMBIO DE PARADIGMA: PASANDO DEL CRITERIO INTERPRETADO POR EL REPRESENTANTE AL RESPETO DE LAS DECISIONES DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD”

Recientemente se ha puesto en marcha, desde el Foro Justicia y Discapacidad, un seminario conjunto dirigido a jueces, notarios y fiscales. ¿Cree que la colaboración entre operadores jurídicos es la adecuada?

Ese seminario se ha organizado y codirigido desde el convencimiento de las tres instituciones (Consejo General del Poder Judicial, Consejo General del Notariado y Fiscalía General del Estado) de la importancia de este trabajo conjunto, consecuencia del reto que suponen los cambios que nos exige el nuevo modelo diseñado por la Ley 8/21, que trasciende de los procesos civiles e implica a más operadores. También se corresponde esa iniciativa con la dinámica de trabajo colegiado que he podido comprobar a mi incorporación al Foro Justicia y Discapacidad, un foro plural institucional y civil-asociativo, rodeado de expertos en torno a la destrucción de las barreras que hacen difícil la igualdad e integración de las personas con discapacidad. No hay otro camino para la eficacia en las metas propuestas que la alianza de cuantos podemos aportar algo a su consecución.

Los notarios están contribuyendo a la configuración del sistema de apoyos para las que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. ¿En qué medida?

En la medida en que el sistema de apoyos a la capacidad jurídica de la persona pasa por la prioridad del diseño que realice la propia persona (artículos 249 o 255 Código Civil), hasta el punto de no perder vigencia las previsiones voluntarias por el hecho de haberse acordado medidas judiciales o voluntarias de apoyo (artículo 258 Código Civil). Parece evidente que el notario tiene un importante papel que jugar ofreciendo la información adecuada a cada situación personal y de manera adaptada a su comprensión, para que la persona pueda desplegar o prever el sistema de apoyos, garantías y salvaguardas que le parezca más oportuno. No puedo sino señalar lo adecuado que fue el dictado de las circulares informativas de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado, que interpretan esta trascedente función de garantía en el ámbito notarial, subrayando la responsabilidad del notario en hacer accesibles aquellos actos jurídicos que precisan su intervención. La garantía de la accesibilidad de todas las personas abre enormes posibilidades para organizar nuestra vida tanto en el presente como de cara al futuro, si queremos diseñar cómo deseamos ser atendidos y apoyados en nuestra capacidad jurídica para cuando no podamos realizar algunas cosas por nosotros mismos.

Durante el mandato de su predecesora, Consuelo Madrigal, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Notariado suscribieron un convenio de colaboración. ¿Puede comentarnos las próximas líneas de actuación al respecto?

El convenio del año 2016 estuvo orientado a facilitar el intercambio de información ágil entre ambos colectivos para facilitar la protección jurídica de colectivos vulnerables como los menores y personas con discapacidad. Los frutos de la colaboración entre fiscales y notarios han ido mucho más allá, generando un foro de debate continuo, dinámico y ágil en la solución de problemas, teniendo siempre por norte la Convención. La publicación de la Ley 8/21, en la que el impulso de ambos colectivos ha sido evidente, ha potenciado este panorama de colaboración. La potenciación de la autonomía de la persona con discapacidad o la desjudicialización efectiva, que lleva consigo la prioridad de las medidas de apoyo voluntarias, o la estabilidad otorgada a las guardas de hecho, nos debe llevar a incrementar nuestra eficacia en la detección de los casos de desprotección, abuso o influencia indebida, o cualquier circunstancia que pueda provocar situaciones de desigualdad de las personas por razón de su discapacidad. De ahí la necesidad de profundizar en la intercomunicación de ambas instituciones.

“A LA HORA DE PREVER EL SISTEMA DE APOYOS ANTE LA DISCAPACIDAD, EL NOTARIO TIENE UN IMPORTANTE PAPEL QUE JUGAR OFRECIENDO LA INFORMACIÓN ADECUADA A CADA SITUACIÓN PERSONAL”

La insuficiencia de las medidas de apoyo existentes debe llevar al notario a comunicar dicha situación al fiscal, conforme a la Ley de Jurisdicción Voluntaria en una dinámica que se ha incorporado a la Ley del Notariado y que debe naturalizarse como una salvaguarda social de ese reconocimiento de la autonomía de todas las personas. La cualidad del notario, prestando su apoyo a la toma de decisiones de la persona con discapacidad, puede solventar cualquier riesgo de desequilibrio en el acto jurídico concreto que autorice, pero simultáneamente esa intervención puede ser compatible con una comunicación al fiscal, por si fuera necesario estudiar una medida de apoyo o una salvaguarda judicial que proyecte hacia otros espacios esa cobertura de protección a la autonomía de la persona concernida. Se hace evidente una reelaboración del convenio que recoja las mejores prácticas y potencie un intercambio de información más seguro.

¿Qué supone este reconocimiento?

Me ha dejado sobrecogido. Ni conocía cómo se tramitaba la concesión, ni que yo estaba entre los propuestos. La satisfacción es evidente; tras más de 25 años dedicado al ámbito de la discapacidad, la concesión de este premio representa un grandísimo honor para mí. Lo recibo con la humildad de quien recibe un regalo.

La entrega de estos premios coincidirá con el segundo aniversario de la entrada en vigor de la Ley 8/2021. ¿Qué balance realiza de esta etapa?

Una reforma de gran calado e hito fundamental en la adaptación de nuestro ordenamiento a la Convención de Nueva York. Reconocer que todas las personas tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones exige un cambio del entorno y, especialmente, una transformación de la mentalidad social de aquellos profesionales del Derecho –jueces y magistrados, personal al servicio de la Administración de Justicia, notarios, registradores…– que han de prestar sus respectivas funciones a requerimiento de las personas con discapacidad, partiendo de los nuevos principios y no de visiones paternalistas que hoy resultan periclitadas. Como balance, por lo que a las profesiones jurídicas respecta, ese cambio se ha producido. Ya se puede decir, con carácter general, que el cambio de paradigma ha impregnado a los operadores. El esfuerzo por conseguir esa igualdad es una meta generalizada que exige convencimiento, implicación y dedicación. En todo caso, ya estamos en un camino sin retorno que no permite dar un paso atrás que cuestione la igualdad de las personas con discapacidad.

Los juzgados tienen que revisar las incapacitaciones adoptadas con anterioridad a esta ley. ¿Cuál es la situación actual?

En lo que concierne a la revisión de las medidas ya acordadas, deberá realizarse en un plazo máximo de tres años. No existen estadísticas fiables de cuántas han sido las revisiones realizadas en el ámbito nacional; ahora bien, a mi entender, estimo que ese plazo será de imposible cumplimiento, situación ésta que es preferible a que se actúe con celeridad y no con la rigurosa y detallada dedicación que exige la determinación de cuál sea el apoyo mejor para garantizar esa igualdad en el ámbito de la capacidad jurídica. Es decir, prefiero que la decisión judicial sea ponderada, reflexionada y con la asistencia de los informes y datos adecuados a que, producto de un plazo, la rapidez merme aquella manera correcta de tomar una decisión de enorme trascendencia para las personas con discapacidad como es la de determinar qué apoyos son los óptimos para el ejercicio de su capacidad jurídica en iguales condiciones que los demás.

EL NOTARIADO HA SIDO PIONERO EN EL ÁMBITO DE LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Covid nos mostró la situación precaria en algunas residencias. Usted puso en marcha hace años un plan de inspecciones en Valencia. ¿Cuál fue el resultado?

Aquella iniciativa de inspecciones comenzó en el año 2001, es decir hace 22 años. Habría que pensar en la España de aquella época y lo que significaron esas iniciativas. Se empezó a tener conciencia social del “cuidado”, de la dimensión social de todas aquellas situaciones de riesgo personal y patrimonial derivadas de la vulnerabilidad por razón de la enfermedad mental en el ámbito del internamiento psiquiátrico. Se desarrolló un programa de averiguación de quiénes eran los guardadores de hecho que estaban a cargo de la administración del patrimonio de cada una de las personas ingresadas en residencias con la finalidad de evitar y/o detectar posibles expolios, que en unos casos se detectaron y evitaron, y en otros, no obstante detectarse, no se evitaron gracias a la detestable excusa absolutoria de las apropiaciones patrimoniales no violentas entre parientes del antiguo Código Penal, hoy dichosamente desterrada. No obstante, la Fiscalía fue vanguardia tanto en la exigencia del control judicial del internamiento como en la exigencia de las periódicas visitas por los fiscales. En la actualidad, la creación de la fiscalía de sala coordinadora de los servicios especializados de atención a personas con discapacidad y mayores ha significado una apuesta decidida en favor del colectivo.

Otra de sus acciones fue una campaña dirigida a la banca para incrementar la protección del patrimonio de las personas con discapacidad. ¿Qué consejo práctico daría hoy a este colectivo?

Es evidente que la entrada en vigor de la Ley 8/2021 ha generado disfunciones importantes en cuanto a su aplicación en el ámbito bancario; especialmente en lo concerniente a la acreditación de la guarda de hecho, situación ésta que ha impedido que, en no pocos casos, las personas con discapacidad asistidas de sus guardadores de hecho pudieran extraer las cantidades que precisaban para cubrir sus necesidades. Es de justicia reconocer que las entidades financieras han reaccionado y mostrado su implicación en la aplicación de la ley para evitar disfunciones como la descrita. A la banca le agradezco su disposición con la esperanza de que ésta se plasme en una eficaz protección de las personas con discapacidad; y a los familiares, me gustaría indicarles que no duden en instar la intervención de la Fiscalía ante cualquier abuso, ilícito uso o indicio de que se produzca, sobre el patrimonio de una persona vulnerable.

Asimismo, contribuyó a eliminar en la reforma del Código Penal la conocida como «excusa absolutoria del parentesco» que exoneraba a familiares en los casos en que se aprovechaban de la discapacidad de la víctima para beneficiarse económicamente. ¿Cree que se ha superado la comisión de ese tipo de delito?

Superarse la comisión de los delitos contra el patrimonio sobre las personas con discapacidad sería lo deseable, pero no sería una perspectiva real. Actualmente, aquellos desaprensivos que con su vileza intenten aprovecharse del patrimonio de este colectivo lo tienen mucho más difícil, y si lo hacen ya no tienen excusa alguna que los salve.

Entre sus cargos figura el de vicepresidente del Indisva (Instituto Notarial para la Atención Jurídica a las Personas con Discapacidad de Valencia). Desde su cercanía con esta profesión, ¿cómo valora el papel que realizan los notarios?

Desde hace ya muchos años los notarios vienen mostrando una especial sensibilidad hacia las personas con discapacidad. El Consejo General del Notariado (CGN) adoptó en el año 1999 (24 años antes de la Ley 8/2021) el acuerdo de constituir la Fundación Aequitas, que canalizara las aportaciones que puede realizar el Notariado en su conjunto, y los notarios y otros profesionales individualmente, en relación con la discapacidad y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran numerosas personas. Indudablemente, no se puede negar que el Notariado ha sido pionero en el ámbito de inclusión de las personas con discapacidad.

LA DISCAPACIDAD ES UNA MATERIA QUE APENAS TIENE PRESENCIA EN LOS PLANES DE ESTUDIO, PARTICULARMENTE EN LA CARRERA DE DERECHO, LO CUAL ES ESPECIALMENTE PREOCUPANTE

Ahora con la reforma, no solo se les reconoce el trabajo que ya venían desempeñando, sino que cobran el máximo protagonismo al convertirse en un verdadero apoyo institucional para estas personas. Las medidas de apoyo voluntarias se priorizan por encima de todas las demás en el nuevo modelo y tales medidas deben quedar plasmadas en documento público; de ahí que los notarios jueguen ese papel estelar y decisivo en la vida de las personas con discapacidad, pues de su asesoramiento y asistencia en el otorgamiento del documento público que determine los apoyos dependerá la gestión de las vidas de muchas de ellas. Un buen documento de medidas voluntarias evitará la litigiosidad y la necesidad de recurrir a los juzgados para resolver cuestiones que pueden quedar perfectamente zanjadas en el documento notarial. La sensibilidad del notariado ante esta nueva realidad quedó igualmente plasmada en las circulares del CGN emitidas inmediatamente después de la entrada en vigor de la Ley 8/2021; la primera de ellas dando cuenta del nuevo paradigma; y la segunda, marcando una serie de directrices orientativas para facilitar la averiguación de la voluntad de las personas con discapacidad al otorgar las citadas medidas voluntarias. En el ámbito de formación y promoción de la nueva ley, el Notariado también en esto ha sido pionero; se ha adelantado a otros colectivos del ámbito jurídico, del tercer sector y a familiares de las personas con discapacidad, lo que de nuevo evidencia su compromiso.

Ha sido profesor de Derecho Civil y Penal en la Universidad de Valencia. ¿Considera que el ‘Derecho sobre la Discapacidad’ está suficientemente presente en nuestros planes de estudio universitarios?

En absoluto; actualmente es una materia que apenas tiene presencia en los planes de estudio, particularmente en la carrera de Derecho, lo cual es especialmente preocupante ahora que se van a cumplir dos años desde la publicación de la Ley 8/2021. Vista la exigencia de que, a la luz de la nueva normativa, las personas con discapacidad pueden intervenir en el tráfico jurídico en igualdad de condiciones con los demás, la consecuencia será que todo el ordenamiento jurídico debe estudiarse traspasado de ese nuevo paradigma, lo que comporta que el nuevo sistema de provisión de apoyos debe ser estudiado y conocido en profundidad. Ello exige que, efectivamente, se apueste por la implementación del Derecho sobre la discapacidad en los planes de estudios. Así lo demandan los propios representantes de las personas con discapacidad, entre ellos el CERMI.

¿Qué le diría a un recién licenciado que desea iniciarse en el campo jurídico de la defensa de los más vulnerables?

Durante 39 años he compaginado la labor de fiscal con la de profesor de Derecho Civil en la Universidad de Valencia, dedicándome a impartir las materias en las que intervenía el ministerio fiscal cuando estaba comprometido el interés social o cuando podían afectar a menores, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. A finales de los años 80 ver a un fiscal que se empeñara en estas labores no era lo más frecuente, se nos relacionaba más con el ámbito penal. Hoy, felizmente, nadie comprende las funciones del ministerio fiscal sin que entre ellas esté, como consustancial a la institución, la de proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, promoviendo el respeto de su dignidad inherente.

A un joven licenciado le diría que con su actitud puede hacer que este mundo sea más solidario; que con su atención puede evitar, cuanto menos, que no aumente la miseria, y que, con su dedicación, puede impedir que la desigualdad derivada de la vulnerabilidad tenga soporte alguno que la justifique. Que sea consciente de cuánta fortaleza se necesita para vivir en la fragilidad. Y terminaría contándole aquel relato africano que tan bien describe las consecuencias de la insolidaridad: ‘El último camello de la fila camina como todos los demás. Lo que nos pase a alguno de nosotros le pasará a los demás’.

En representación de los 45 autores intervinieron Rafael de Lorenzo, secretario general de la ONCE; Juan José González Rivas, presidente emérito del Tribunal Constitucional, y María Jesús Moro, diputada y profesora titular de Derecho Civil.

Para Martínez Sanchiz «en esta obra se recogen una serie de trabajos realizados por personas del máximo conocimiento de la materia; todos ellos juristas de gran nivel de ámbitos como el judicial, notarial, fiscal, la abogacía o las entidades sociales. Debemos felicitarnos por la obra y, sobre todo, por la existencia de esta Ley 8/2021 por la que tanto ha trabajado la Fundación Aequitas»

«Aequitas ha sabido defender -junto con CERMI, ONCE y otras entidades sociales- la aplicación del artículo 12 de la Convención de la ONU que afirma que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica. La ley es un éxito por la colaboración de todos los grupos parlamentarios y por ser un referente mundial, ya que es la transposición de la Convención con desarrollo legislativo más intenso», resaltó.

Para Martínez Sanchiz, la nueva Ley sobre discapacidad, «realza la importancia del Derecho Civil, que se caracteriza porque está vinculado ineludiblemente a la persona mediante la inserción de una serie de principios como la idea de libertad e igualdad. El Derecho Civil tiende siempre a proteger a los que necesitan mayor apoyo. Asimismo, tiene un valor ético impagable porque exige un compromiso en materia de Derechos Humanos».

También demandó un papel más activo en la aplicación de esta legislación. «Es comprensible que un cambio de paradigma como este provoque miedo a un mayor grado de libertad, incluso por parte de las personas con discapacidad y sus familias. Debemos incentivar ese enriquecimiento de la personalidad. La confianza en las familias es uno de los pilares en los que se sustenta la protección jurídica de la discapacidad. Se reconoce la autonomía personal, pero en compañía de los suyos».

El papel de los notarios

Sobre el papel que desempeñan los notarios a raíz de la nueva normativa, Martínez Sanchiz declaró que «nos obliga a abordar una nueva situación. Los notarios nos encontramos con una responsabilidad altísima ya que debemos ofrecer soluciones e introducir medidas de salvaguarda».

«Esta obra aporta a los juristas información y formación. Aunque no debemos reducirnos a estudiar, sino que también debemos escuchar para construir soluciones conjuntas que sirvan mejor a la sociedad. Los notarios tenemos la ventaja de poder dialogar con los ciudadanos, para -al igual que otros profesionales como jueces y fiscales- tratar de desarrollar un objetivo tan elevado como es el respeto de la dignidad humana», concluyó.

PARA JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO: «LA LEY 8/2021 ES UN REFERENTE MUNDIAL EN MATERIA DE DISCAPACIDAD»

Juan José González Rivas mostró su optimismo en la “superación del artículo 49 de la Constitución, en la que debería sustituirse el término ‘disminuido’ por ‘persona con discapacidad’. Supondría un aldabonazo en el ámbito legislativo y judicial haciendo efectivos los principios básicos de nuestro Estado de Derecho».

La diputada María Jesús Moro resaltó el consenso político en la puesta en marcha de una ley que se inició durante un gobierno y concluyó con otro de sesgo contrario. «Su tramitación fue ejemplar porque una serie de personas fueron conscientes de su importancia, y a pesar de la variedad del arco parlamentario se logró un máximo consenso. Entidades como CERMI, ONCE o Plena Inclusión fueron también un motor de impulso fundamental. Ha supuesto la primera gran transformación del Derecho Privado, aunque pueda tener algunas lagunas. Debemos proteger esta norma e irla adaptando a la realidad, defendiendo la autonomía privada con todas las garantías posibles y reduciendo el intervencionismo de los poderes públicos».

Por su parte, Rafael de Lorenzo abundó en la dificultad de aprobar «una reforma de tal extensión en el Código Civil y otras siete u ocho leyes. Es un fenómeno parlamentario inusual. En un período muy corto se modificaron más de 250 artículos de Derecho Privado. Supuso un ejemplo de voluntad política que hizo prevalecer el interés social para un colectivo de cuatro millones y medio de personas con discapacidad que, con sus familias, se convierten en la cuarta parte de la población española. Esta obra realiza aportaciones relevantes ante el reto que supone la aplicación práctica de una reforma de tan gran calado, que nos dota de herramientas para incrementar la dignidad humana del sector a través del desarrollo de una plena capacidad jurídica».

Por lo que se refiere a los coordinadores de la obra, Federico Cabello de Alba apuntó que «hay que avanzar más en la aplicación de la ley. Es un trabajo que aún no ha finalizado; hay legislaciones conexas que aún no se han abordado. Los operadores jurídicos, como la judicatura o el Notariado, debemos superar inercias para avanzar en el acceso a otras prácticas como es el caso del ámbito bancario». Castro-Girona coincidía en ese mensaje: «Tenemos mucho por hacer, pero ahí vamos a estar todos trabajando unidos. Desde Aequitas tenemos disposición para trabajar juntos, como demuestra este libro». Por su parte, Pérez Ramos, señaló que el objetivo planteado en la génesis de la obra, «realizar un libro de referencia sobre la discapacidad», se había cumplido.

¿Cómo surge la iniciativa de Rumbo?

El proyecto nace de la agrupación de cinco grandes asociaciones representativas de la discapacidad -Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), Confederación Autismo España, Fedace, Predif (Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física) y Aspace (Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral)- con el objetivo de plantear e implementar un nuevo modelo de apoyo a la autonomía personal y al cuidado de las personas con discapacidad, especialmente aquellas con mayores necesidades de apoyo, para impulsar la vida independiente y facilitar formas de vida inclusivas. Surge de la necesidad de apostar por la prevención de la institucionalización de las personas con discapacidad y fomentar la vida en comunidad, desde las distintas miradas de los colectivos.

Nace de una convocatoria que subvenciona el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, a través de los Fondos Next Generation de la UE. Una de las políticas de ese proyecto hace referencia al Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión que pretende reforzar las políticas de atención a la dependencia y apoyos a la autonomía personal impulsando un cambio en el modelo de apoyos y cuidados de larga duración hacia una atención centrada en la persona e impulsando el derecho a decidir cómo y con quién quieren vivir, y a acceder a los apoyos que les faciliten la igualdad de oportunidades y la inclusión en la comunidad.

¿Qué acogida han tenido las primeras sesiones?

Dentro del proyecto se contemplan diferentes actividades, realizadas desde las cinco confederaciones nacionales, y también desde diecisiete entidades ejecutantes en diferentes territorios de España. Desde Fedace hemos iniciado unos ciclos formativos que se llevarán a cabo hasta el año 2024, centrados en temas específicos que impactan en la autonomía y la vida independiente de las personas con DCA. El objetivo es generar conocimiento para profesionales, personas con DCA, familiares, cuidadores y la sociedad en general sobre las vías, mecanismos y servicios que apoyan la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad, en este caso de personas con DCA. Ya hemos realizado varias sesiones formativas en noviembre que han tenido una amplia acogida dentro y fuera de nuestro movimiento asociativo. Estamos muy satisfechos por la asistencia y por las valoraciones e interés percibido.

LAS SESIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS DESDE RUMBO SON ABIERTAS Y GRATUITAS Y SE DESARROLLARÁN EN SESIONES PERIÓDICAS A LO LARGO DE LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS

¿Cuáles son las principales dudas que plantean vuestros asociados y/o familiares?

Las personas con DCA y sus familias quieren tener certidumbre sobre cambios legislativos y recursos de atención al DCA que apoyen su autonomía y vida independiente y participativa en su entorno. Quieren tener una calidad de vida adecuada y poder elegir cómo llevar a cabo su proyecto de vida.

¿Qué pueden aportar los notarios y la Fundación Aequitas a Fedace y a proyectos como Rumbo?

La mayor aportación que precisan las personas con DCA de personas expertas en normativa y legalidad es la orientación jurídica sobre temas que tienen que ver con una discapacidad sobrevenida como la suya. Es muy necesaria y bien valorada la formación en la nueva Ley 8/2021. También se necesita en aspectos relativos a las diferentes leyes de dependencia y discapacidad existentes en nuestro país.