Almudena Castro-Girona y Federico Cabello de Alba (directora de la fundación y director del área social y económica, respetivamente) formaron parte del comité científico de este foro, nacido «para saber más sobre el derecho a decidir y las nuevas medidas de apoyo».

Castro-Girona participó como ponente en la mesa redonda La interpretación y efectos de la reforma; junto a la delegada autonómica del Colegio Notarial de Aragón, María del Carmen Gracia del Val (quien intervino en el panel Hablando claro: La aplicación del nuevo modelo de apoyos desde distintos puntos de vista).

En el acto de inauguración tomaron parte -junto a representantes autonómicos municipales y universitarios- diversos miembros del movimiento asociativo como Luis Gonzaga, presidente de LIBER, quien señaló que “el derecho a decidir de las personas con discapacidad se erige como un faro de esperanza y progreso que permite construir sociedades más inclusivas”. También tomó parte Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión, entidad que recibió un homenaje por su sesenta aniversario, para quien «todas las parte implicadas en la discapacidad tenemos que coincidir y aunar criterios».

MÁS DE 250 PERSONAS ASISTIERON A ESTE FORO, QUE CONTÓ CON UN MASIVO SEGUIMIENTO EN REDES SOCIALES

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, destacó “la labor de la recientemente creada Alianza Apoyo y Autonomía -integrada por las Fundaciones ONCE y Aequitas; y el CERMI- para dar soluciones operativas a la nueva situación planteada tras la Ley 8/2021″. Por su parte, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI aseguró que “la Alianza Apoyo y Autonomía estará vigilante en la aplicación de la Ley 8/2021, la gran reforma del Derecho Civil», mientras que Jesús Martín, director general de Derechos de Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, defendió que «no se podía mantener un estado civil restrictivo; cuando se negaba la participación de las personas con discapacidad en la Ley se negaba la participación humana».

Efectos de la reforma

«El Derecho sirve para solucionar nuestro día a día». De esta manera iniciaba Almudena Castro-Girona su intervención en el panel de debate La interpretación y efectos de la reforma, en la que profundizó en la renovación producida en la protección jurídica de la discapacidad, a tenor de la Ley 8/2021. «Antes se establecía un sistema garantista, que privaba de la posibilidad de ejercer derechos. Desde la Convención de la ONU se ha cambiado radicalmente y ya no se quita a nadie la posibilidad de actuar. La nueva regulación facilita los cauces necesarios para las personas que necesitan apoyos y salvaguardas en el ejercicio de sus derechos».

«Estos cauces -prosiguió la directora de Æquitas- son diversos y ya no se establecen únicamente en el ámbito judicial, también en el extrajudicial, ante notario. Estos sistemas de apoyo tienen trascendencia jurídica, económica y humana; no existían en el Derecho Civil anterior y requieren ser formalizados y regulados por la Ley, ya que configuran la dignidad de la que todos somos portadores». «La estrella de la Ley 8/2021 son los apoyos constituidos en escritura pública, que convierten a los notarios en ‘modistos’ de la autonomía de la voluntad”. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que «las personas con discapacidad configuren esos ´trajes a medida’ que les permitan recibir ayudas en distintos ámbitos (la administración, el sanitario…) y detectar las barreras».

Castro-Girona realizó un repaso exhaustivo de las diferentes figuras de apoyo: poderes y mandato preventivo de protección, guarda de hecho, curatela asistencial,.. y demandó al legislativo autonómico de Aragón «su inclusión en la futura normativa sobre discapacidad», actualmente en fase de desarrollo.

LA ALIANZA APOYO Y AUTONOMÍA –PUESTA EN MARCHA DESDE LAS FUNDACIONES ONCE Y AEQUITAS Y EL CERMI– FUE UNA DE LAS PROMOTORAS DEL ENCUENTRO

Para concluir, la ponente reclamó mayor implicación en algunas situaciones. «Una cosa es lo que dice el BOE y otra, muy distinta, es la problemática a la que se tienen que enfrentar las familias con la Administración y los distintos operadores, como las entidades bancarias. Hemos hecho mucho, pero queda mucho por hacer. Este tipo de congresos permite reducir las barreras para que la dignidad de todo ser humano sea una realidad, no sólo una norma jurídica».

Hablando claro

Hablando claro: la aplicación del nuevo modelo de apoyos desde distintos puntos de vista fue el título de la mesa redonda en la que participó María del Carmen Gracia del Val. «La función notarial -apuntó la delegada autonómica de la Fundación Aequitas- es un cauce privilegiado para que las personas con discapacidad puedan ejercer la autonomía de la voluntad configurando sus relaciones jurídicas en un instrumento público. La Ley 8/2021 ha convertido al Notariado en un puntal para que los miembros de ese colectivo puedan expresar sus decisiones en libertad; siendo un apoyo activo para ejercitar en condiciones de igualdad su capacidad jurídica y sus derechos fundamentales vinculados a la dignidad de la persona».

«La autonomía de la voluntad es el eje de la reforma de la Ley 8/2021 -sostuvo la notaria de Alcañiz-. La ley no recoge qué son las medidas de apoyos. Me gusta definirlas como ‘personas apoyando a otras personas’, representándolas y contribuyendo a que sus deseos se cumplan».

Sobre estas medidas, Gracia del Val indicó algunas de sus disposiciones generales: «Respeto a la dignidad de la persona, proporcionalidad, estatuto de la persona de apoyo, establecimiento de salvaguardias y obligación de comunicar al Ministerio Fiscal cualquier situación de abuso». Por último, destacó la ‘junta de parientes’ como «una gran figura del Derecho aragonés, que debería aplicarse en el futuro proyecto de ley».

El acto inaugural contó con las intervenciones de Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento Vasco; Diego Granados, decano del Colegio Notarial del País Vasco; Iñaki Subijana, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV); María del Carmen Adán, fiscal superior del País Vasco, y Aitor Bedialauneta, presidente de la Coordinadora vasca de representantes de personas con discapacidad, (EDEKA).

Granados agradeció, en nombre del Notariado, la participación en estas jornadas de la profesión a la que representa y aseguró que «el notario es receptor de la voluntad de los ciudadanos; recibe en primera persona sus angustias y anhelos. Está abierto e inmerso en la sociedad y en contacto directo con las personas con discapacidad y sus familias. Este principio de reconocimiento de la voluntad de una persona para autodeterminarse, que realiza el notario, es lo que busca la ley: la plena igualdad del colectivo». Para el decano vasco, «la Ley 8/2021 no se trata sólo de un texto legal; debe ser la voz de todos».

Guarda de hecho y medidas de apoyo

La primera mesa redonda titulada Experiencias personales: ¿qué supone la reforma para nosotras y nosotros, estuvo moderada por María José Cano, vicepresidenta de EDEKA. Y en ella contaron su experiencia Ernesto Rivera, Lorena García de Vicuña y Jesús Isaac Ruiz.

DIEGO GRANADOS: «LA LEY 8/2021 BUSCA LA PLENA IGUALDAD DEL COLECTIVO»

El ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad: medidas de apoyo voluntarias y judiciales fue el segundo panel de debate, moderado por Diego Granados y que contó con la participación de Iñaki Subijana, presidente del TSJPV; Rafael Armesto, abogado, red de juristas de Plena Inclusión; y Aida Lozano, fiscal delegada de protección de personas con discapacidad y mayores de Álava.

La última mesa de la primera jornada –La guarda de hecho: compatibilidad con las medidas voluntarias o judiciales– fue moderada por el patrono de Aequitas y exteniente fiscal de la Comunidad Valenciana Gonzalo A. López Ebri y la directora de la Fundación Aequitas Almudena Castro-Girona; Belén González, magistrada de la Sección Civil de la Audiencia Provincial de Álava y Torcuato Recover, abogado y coordinador de la Red de Juristas de Plena Inclusión, participaron como ponentes.

Para Ebri, la idea esencial de la nueva normativa sobre discapacidad es «el cuidado y las medidas de apoyo. En una sociedad como la actual deben darse todas las medidas para que no se excluya a nadie».

«La piedra angular de esta gran reforma consiste en que las personas con discapacidad puedan ejercer los derechos en condiciones de igualdad. Antes sólo existía el procedimiento de incapacitación, que atentaba a la dignidad del ser humano; hoy los mecanismos del ordenamiento jurídico son muy diferentes. Ahora existe una pluralidad de herramientas para afrontar la diversidad de la discapacidad; tenemos que trabajar mucho más para construir soluciones que no son iguales para todos y superar todas las barreras», manifestó Castro-Girona.

La ley en la práctica

La primera mesa redonda del segundo día tuvo como epígrafe Aspectos prácticos de la Ley 8/2021 desde la perspectiva de las entidades de apoyo. Este panel contó con José Ángel Gutiérrez, director de Fundación Ondoan; Izaskun Astegieta, directora de Usoa Fundazioa; Mikel Barrón, director de Fundación Futubide; Óscar Carcedo, director de Gertuan Fundazioa; Susana Montesino, directora de medidas de apoyo de Fundación Hurkoa; Elena Vélez de Mendizábal, responsable del Área Jurídica de la Fundación Beroa. Moderaron: Oier Zuberogoitia, director del Instituto Tutelar de Bizkaia y Álvaro Martín-Moreno, director de la Fundación Kyrios de Apoyo Personal.

El Derecho Civil Vasco: su implicación y respuesta a las situaciones de vulnerabilidad. El Plan de Acceso a la Justicia del Gobierno Vasco, fue el tema elegido para la última mesa. En ella participaron Andrés Urrutia, notario y presidente de la Academia Vasca de Derecho (AVD-ZEA); Eugenio Artetxe, director de Justicia del Gobierno Vasco; María Aragón, vicedecana del Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa; y Manuel Rueda, director del Área Jurídica de la Fundación Aequitas, que fue el moderador.

Urrutia realizó un repaso histórico por la legislación vasca sobre la materia «inspirada por el respeto y la consideración de la persona», resaltando que «los notarios en nuestros despachos nos encontramos con el desconocimiento de la Ley 8/2021 por parte de la sociedad; a muchas familias aún no les ha llegado su mensaje».

Clausura

En la clausura tomaron parte Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento Vasco, Nerea Melgosa, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco; y Emilio Olabarría, patrono de la Fundación Aequitas.

Como colofón, Olabarría señaló que la aplicación de «una ley revolucionaria como la Ley 8/2021 no iba a ser un camino fácil. En esta jornada hemos comprobado que son muchos los problemas que se plantean -como los retrasos producidos por las sentencias de incapacitación-, no en vano se trata de una renovación profunda».

¿Qué supone para un jurista con su experiencia recibir un galardón de este tipo?

Con toda sinceridad, recibir este premio ha sido para mí algo así como constatar que, aun cuando pienses que estás predicando en el desierto, puedes llevarte la sorpresa de que alguien te ha escuchado. Estoy muy agradecido; ya valoré en su día que una institución como la Cámara de Comercio de España decidiera crear un centro de mediación a disposición de las empresas de nuestro país. Estoy convencido de que en poco tiempo se convertirá en un faro imprescindible para la resolución de conflictos a nivel internacional. Hasta ahora siempre se centraba el interés en el arbitraje, pero la mediación ofrece un espacio para el diálogo mucho más dinámico, práctico, cercano y eficaz que el sometimiento a la decisión rígida de un tercero, bien sea un juez o un tribunal arbitral.

«EN EL GRADO DE DERECHO DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS NO SE ESTUDIAN TÉCNICAS DE MEDIACIÓN NI NEGOCIACIÓN. LA FORMACIÓN DEL JURISTA SE ORIENTA HACIA LA CONFRONTACIÓN»

En su discurso de agradecimiento se identificó como «miembro de una generación pionera en la práctica de la mediación». ¿Considera que este mecanismo legal está, a día de hoy, lo suficientemente extendido en nuestro país?

Es muy difícil introducir nuevos métodos de trabajo, como es la mediación y los otros medios adecuados de resolver conflictos que se pretenden con el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, en un entorno social que tiene muy asentada la cultura de la litigación. Por una inercia histórica y cultural se tiende a afrontar los problemas con la mentalidad de que los culpables son los otros, y a esos otros hay que doblegarlos con una sentencia solemne que reconozca a una de las partes como vencedor y a la otra como perdedor. En el grado de Derecho de las universidades españolas no se estudian técnicas de mediación ni negociación. La formación del jurista se orienta hacia la confrontación. El positivismo exacerbado es propio de sociedades que han crecido en sistemas autoritarios y se ha menospreciado el pacto como signo de debilidad. En todo el arco euro mediterráneo está siendo difícil introducir los métodos alternativos al de la administración de justicia burocrática, aun cuando en la tradición romanística el principio de autonomía de la voluntad de las partes siempre ha sido preferente en las relaciones jurídico privadas. El sentido práctico y utilitarista del área anglosajona ha sido mucho más permeable a la introducción de la mediación. En España está costando, pero soy optimista y creo que, si sale adelante el proyecto legal en ciernes, en pocos años veremos un cambio significativo.

Con la aprobación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria (LJV), operadores jurídicos -como los notarios- han asumido algunas competencias atribuidas hasta ese momento a los juzgados. ¿Ha aliviado esta medida la congestión de algunos tribunales?

El origen histórico del Notariado español hunde sus raíces en la sociedad española como elemento esencial del sistema de justicia. No únicamente por detentar el privilegio de la fe pública, sino porque los escribanos han sido siempre agentes activos y próximos a la ciudadanía en la realización del Derecho, fundamentalmente en todo lo que se refiere a las relaciones personales básicas de carácter familiar y económico. En el siglo XIX se escindió, en parte, este papel de los tradicionales escribanos para integrarlo en un modelo de justicia en el que ha predominado el principio de la escrituridad. El desarrollo de los procedimientos judiciales tenía que reflejarse en legajos por razones de seguridad jurídica. Recordemos el lema “lo que no está en los autos no está en el mundo”. De esta forma se garantizaba el derecho a los recursos y a la revisión del trabajo de los jueces del primer nivel por los tribunales superiores. Pero cuando se conformó el derecho procesal en la segunda mitad del siglo XIX se atribuyeron a los jueces funciones que eran y son más propias del Notariado. Con la LJV, así como con la que ha reformado la gestión de la discapacidad, o con materias tan importantes como la prevención del blanqueo de capitales, el urbanismo, la protección del derecho de propiedad, la ejecución de los derechos de garantía, y otras muchas más, la función notarial ha de absorber una gran parte de los temas que van a los tribunales. Los jueces deben intervenir únicamente cuando hay discrepancias en el relato de los hechos, o cuando existe controversia en la aplicación de la ley. De esta forma se podría descargar a los tribunales de un gran número de funciones que no les corresponden.

«LA MEDIACIÓN OFRECE UN ESPACIO PARA EL
DIÁLOGO MÁS DINÁMICO, PRÁCTICO, CERCANO Y
EFICAZ QUE EL SOMETIMIENTO A LA DECISIÓN RÍGIDA DE UN TERCERO, SEA UN JUEZ O UN TRIBUNAL ARBITRAL»

A raíz del Covid, desde diversos colegios notariales -que cuentan con centros propios especializados- se ha impulsado la mediación telemática. ¿Cree que las nuevas tecnologías pueden contribuir a generalizar el uso de este mecanismo?

Sin duda alguna las nuevas herramientas que aportan las nuevas tecnologías nos están haciendo cambiar los métodos de trabajo. Sin embargo, respecto a la mediación, siempre será necesario como método el diálogo presencial entre las partes. Determinadas reclamaciones de consumo, prestaciones de servicios, suministros o discrepancias puntuales pueden resolverse por aplicaciones telemáticas o por medios que empleen la inteligencia artificial, pero la mediación en conflictos de una cierta entidad se caracteriza porque un profesional, con amplia experiencia y preparación, ayuda a las partes a reflexionar y a racionalizar los conflictos, a superar los prejuicios y a propiciar que las partes visualicen el abanico de las alternativas que pueden ser de mayor utilidad a las dos para superar los problemas que se presentan en las relaciones personales y económicas.

La Fundación Aequitas ha jugado una importante labor en el desarrollo y difusión de la Ley 8/2021 sobre discapacidad. Usted, experto en Derecho de familia, ¿cómo valora la revisión que ha hecho esta norma de figuras como la patria potestad, la tutela o la incapacitación judicial?

Sin lugar a dudas, desde el patronato de la fundación se ha jugado un papel protagónico en una reforma legal que era necesaria y que no terminaba de ser tomada en cuenta por los legisladores. El Convenio de Nueva York en esta materia data de 2006. Desde que entró en vigor la nueva norma se ha propiciado una nueva mirada hacia estas instituciones jurídicas clásicas. Pese a la resistencia al cambio de los operadores jurídicos, que es normal en todo lo que significa un esfuerzo para adaptar el sistema de la discapacidad a los principios introducidos por la ley, y pese a las imprevisiones del legislador, fundamentalmente en lo que se refiere a la escasez de medios personales y materiales, el panorama está cambiando positivamente. En este punto se ha de reconocer que Aequitas ha realizado una gran aportación al integrar en este hermoso proyecto, junto al núcleo notarial, a profesionales de los diversos campos implicados: personas que proceden de la universidad, abogados, jueces, expertos en el tercer sector, etc., con una política ejemplar de convenios y acuerdos de colaboración.

«CUANDO SE CONFORMÓ EL DERECHO PROCESAL EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX SE ATRIBUYERON A LOS JUECES FUNCIONES QUE ERAN Y SON MÁS PROPIAS DEL NOTARIADO»

Otro de los puestos que ha ocupado en el ámbito jurídico fue el de director general de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat de Cataluña. ¿Qué recuerda de esa etapa más institucional y ‘política’?

Mi nombramiento fue un regalo que agradezco puesto que me permitió, en muy pocos meses, hacer un auténtico doctorado en administración pública. Además, la experiencia de trabajar en el ámbito de las instituciones de Cataluña me ha aportado comprender mejor la idiosincrasia del pueblo catalán, su seriedad, el rigor en el funcionamiento de una consejería como la de Justicia, el respeto a los procedimientos reglados para la toma de decisiones y el trabajo de un gran equipo de funcionarios (me gusta más llamarles servidores públicos) para sacar adelante las responsabilidades que había que atender. En esta etapa tuve la oportunidad de gestionar importantes iniciativas legislativas, como las del Código Civil de Cataluña y, en particular, los Libros de Derecho de Familia, el de Sucesiones y el de Asociaciones y Fundaciones. Tuve a mi cargo la coordinación de estos proyectos legales y la responsabilidad de seguir el día a día de su tramitación parlamentaria. Por eso me duele tanto ahora la negra sombra de los intereses políticos que está dando al traste con el prestigio que la administración pública catalana había conseguido.