Entrevista a Carlos Ganzenmüller, fiscal.

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EL FISCAL CARLOS GANZENMÜLLER,

‘AMIGO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD’

De izquierda a derecha: María José Segarra (fiscal de sala del TS para la protección de las personas con discapacidad y mayores); Carlos Ganzenmüller, Luis Cayo Pérez y Pilar Vilarino (presidente y directora ejecutiva del CERMI, respectivamente).

El pasado marzo, el fiscal de la Sala Primera del Tribunal Supremo -y colaborador de la Fundación Aequitas desde los inicios de la ‘ONG del Notariado’- fue galardonado como ‘Amigo de las Personas con Discapacidad-Ciudadano CERMI’. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad reconocía así la labor del jurista en el Alto Tribunal y el Consejo Fiscal en defensa de los derechos de los colectivos más vulnerables durante décadas.

JOSÉ M. CARRASCOSA

¿Qué supone para usted la concesión de este galardón?

Una gran satisfacción personal y colectiva, pues debe ser compartido con todos los profesionales jurídicos, que desde sus conocimientos y responsabilidades han promocionado y divulgado los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones. Gracias a ellas hemos percibido el estado de sus derechos, sus valores y su proyecto de vida.

A nueve meses vista de la aprobación de la Ley 8/2021 sobre discapacidad. ¿Puede realizar alguna valoración sobre el cambio que ha supuesto la normativa para el colectivo?

Se ha dado un paso necesario. Debemos pensar que desde 2008 el Estado español se había comprometido a aplicar la Convención de Nueva York, sin ninguna enmienda ni dilación, y a legislar y modificar el sistema tutelar anterior por uno de capacitación y de apoyo. Esto implicaba una modificación legislativa en todos los órdenes; indudablemente, el Código Civil era la pieza clave. Por otro lado, tendrán que ser revisadas muchas de las anteriores sentencias dictadas, unas trescientas mil. La aplicación de las leyes lleva su tiempo. El Tribunal Supremo, que ya efectuó una notabilísima labor de adaptación de la Convención a la anterior legislación, ha dictado varias sentencias aplicando los principios generales de la reforma. Y las necesidades prioritarias expuestas en los múltiples encuentros de expertos inciden en la gran reforma del Derecho Civil desde la perspectiva de las personas mayores, así como los problemas procesales que aparecen en supuestos concretos. Yo creo que el colectivo de personas con discapacidad tiene con esta reforma una gran proyección de futuro.

Desde el punto de vista del ministerio fiscal, ¿puede adelantarnos a grandes rasgos qué novedades implica dicha ley a la hora de proteger jurídicamente a una persona con discapacidad?

Un cambio organizativo importante, y que veníamos reclamando desde 2010, como era la creación de una Fiscalía de Sala Especializada en la protección de las personas con discapacidad y mayores, así como la dotación de medios materiales y personales adecuados al reto del acceso a las fiscalías.

Lleva muchos años vinculado a Aequitas como colaborador. ¿Qué papel ha jugado esta institución en la evolución del Derecho de la discapacidad en sus más de veinte años de existencia?

Los notarios y los fiscales vamos siempre de la mano en aquellos ámbitos en que la discapacidad tiene que ser evaluada y valorada jurídicamente para determinar la capacidad de decisión que se posee; dotando del apoyo necesario, en su intensidad y calidad para formar la capacidad de decidir ante una actividad jurídica.


La intervención y apoyo expreso del notariado en la ley de patrimonio protegido y en la reciente reforma legislativa han sido trascendentes


Son similares los problemas que se nos plantean, pero en distintos ámbitos: por un lado, el juicio de capacidad y legalidad en el notario; y la protección de los derechos humanos en un proceso accesible, en los fiscales. Nuestra colaboración, aunque predestinada, no había coincidido antes. Sobre 2001, oí por primera vez a Rafael Leña, hablarnos del hoy famoso “traje a medida” para la persona con discapacidad, especificando sus capacidades y habilidades para determinar las necesidades de apoyo que tuvieran. Y a Carlos Marín, explicando los principios de la convención recién nacida en Nueva York, desde su magisterio brillante y contundente. Y con Juan Bolas y Almudena Castro-Girona ‘cruzamos el charco’ y nos encontramos con nuevos compañeros, nuevas ideas y perspectivas. Como con quien resultaría presidenta del Comité de Naciones Unidas para las personas con discapacidad, la chilena María Soledad Cisternas, una mujer extraordinaria.

La intervención en la Ley de Patrimonio Protegido y en la reciente reforma legislativa, apoyadas expresamente por José Angel Martinez Sanchiz y el Notariado, ha sido trascendente; así como los estudios, cursos y jornadas de formación, difusión y actividades en todos los campos sociales, que se revelan fundamentales Aequitas constituye siempre un puntal necesario en materia de discapacidad.

En 1988 ya inició su labor en defensa de los colectivos más vulnerables al ser nombrado fiscal coordinador del servicio especial de discapacidades y tutelas del TSJ de Cataluña. ¿Cómo han evolucionado los mecanismos de protección de la discapacidad desde entonces?

Un cambio radical, sin duda. Pasamos del fiscal que sólo se ocupaba del Derecho Penal, al fiscal también defensor de los derechos humanos y las personas más vulnerables por su edad, sexo, discapacidad y situación de inferioridad social. Frecuentemente existen varios factores de vulnerabilidad y los riesgos son muy acusados. La actuación del fiscal en condiciones de especialidad otorga un mayor conocimiento y concienciación de la situación de la persona.

Ha sido ponente en el Foro Europeo de la Discapacidad y miembro de la delegación española ante el Comité de seguimiento de la Convención de la ONU. Desde esa experiencia internacional, ¿cómo valora la situación legal de la discapacidad en España?

Yo creo que es pareja a los países de nuestro entorno, pero han de delimitarse mejor las competencias estatales y territoriales en esta materia; y, al mismo tiempo, crear mecanismos de coordinación que se centren en prioridades concretas dentro de un marco de igualdad y solidaridad.

Cartel de la conferencia.

Almudena Castro-Girona, ponente en Euro Family

La directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Girona, acudió en marzo a Bruselas para participar en una conferencia internacional de Euro Family sobre El papel de los profesionales legales en la aplicación de la normativa comunitaria sobre sucesiones y parejas de hecho. Este programa está impulsado desde la Comisión de Justicia de la UE y cuenta con la colaboración de distintas instituciones educativas nacionales, como la Universidad de Almería. La notaria abordó en su intervención Los derechos de los ciudadanos europeos y Residentes: Seguridad Jurídica vs. Autonomía.

Autorregulación precautoria de la discapacidad

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Autorregulación precautoria de la discapacidad

El jurado del XIX Premio de Investigación Jurídica sobre personas con discapacidad, personas mayores, inmigrantes, infancia, refugiados u otros colectivos vulnerables que otorga la Fundación Æquitas del Consejo General del Notariado decidió por unanimidad conceder el galardón de su última edición al trabajo Autorregulación precautoria de la discapacidad: adopción de medidas voluntarias en previsión de una eventual discapacidad futura, obra del profesor de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza Javier Martínez Calvo.

José M. Carrascosa
[email protected]
@JMCarrascosa

Javier Martínez Calvo.
Perfil

Javier Martínez Calvo es licenciado en Derecho, magister en Especialización e Investigación en Derecho y en Profesorado y doctor en Derecho con mención internacional, con la calificación de sobresaliente cum laude, habiendo sido galardonada su tesis con el premio Extraordinario de la Universidad de Zaragoza y con el premio del Consejo Económico y Social de Aragón.

Oriundo de Soria, en la actualidad desarrolla su labor docente e investigadora en el área de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza y forma parte del grupo de investigación “Ius Familiae”, del proyecto de Investigación Vulnerabilidad patrimonial y personal: retos jurídicos y del Instituto Universitario de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad. También ha impartido docencia en la Universidad San Jorge de Zaragoza, en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad Niccolò Cusano de Roma; realizando estancias de investigación en Torino y en Bolonia.

El trabajo aborda el nuevo sistema de protección de las personas con discapacidad surgido tras la aprobación de la Ley 8/2021, una norma que reformaba la legislación Civil y Procesal para el apoyo de este colectivo en el ejercicio de su capacidad jurídica ampliando su autonomía de la voluntad. A lo largo de trescientas páginas, el autor abunda en los tres principales tipos de medidas preventivas de carácter voluntario para la autogestión de la discapacidad: autocuratela, poderes y mandatos preventivos y voluntades anticipadas.

Según el jurista, cada vez más personas «desean anticiparse a una situación de discapacidad y establecer previsiones para atender a su situación personal y patrimonial por si en el futuro no cuentan con la capacidad de discernimiento necesaria para adoptar sus propias decisiones. Sobre todo, cuando la discapacidad tiene su origen en enfermedades de tipo degenerativo, en estos casos la pérdida de la capacidad natural es progresiva».

Este creciente interés, ha generado una «flexibilización de los sistemas de protección de las personas con discapacidad. Buena prueba de ello es la reciente promulgación de la Ley 8/2021, que ha eliminado la incapacitación judicial de nuestro ordenamiento jurídico y ha diseñado un nuevo sistema de protección de las personas con discapacidad en el que el respeto a la autonomía de la voluntad ha adquirido una importancia capital, situándose en el centro del sistema. En este sentido ha incluido en nuestro Código Civil una regulación específica de la denominada autocuratela y de los poderes y mandatos preventivos, extendiendo su ámbito de aplicación y favoreciendo de este modo la autonomía de la voluntad de las personas en la gestión de la propia discapacidad. Y a ello hay que añadir la posibilidad de establecer voluntades anticipadas relativas a la salud para el supuesto de que la persona no esté en condiciones de poder manifestar su voluntad».

Sin embargo, el premiado resalta algunas mejoras que deberían haberse acometido en una reforma de este calado: «El Estado podría haber aprovechado su competencia exclusiva para establecer la legislación básica en materia sanitaria y fijar un procedimiento único y unos requisitos comunes de forma y capacidad para otorgar el documento de voluntades anticipadas, armonizando a nivel nacional cuestiones de gran transcendencia que actualmente son reguladas de forma diversa por las diferentes normas autonómicas, lo que provoca inseguridad jurídica tanto para los otorgantes como para el propio personal sanitario».

 


J. A. MARTÍNEZ SANCHIZ: «LA LEY 8/2021 CONSTITUYE UN HITO FUNDAMENTAL, RESULTADO DEL DIÁLOGO DE LA SOCIEDAD CIVIL CON LOS POLÍTICOS

 

Mejor en escritura pública

Respecto a los requisitos de forma, Martínez apunta que «sería deseable que se estableciera la obligatoriedad de que las voluntades anticipadas constaran en escritura pública, tal y como se prevé para la autocuratela y los poderes y mandatos preventivos. De este modo, se garantizaría el control público del cumplimiento de los requisitos de capacidad y que el otorgante disponga de información suficiente acerca de la trascendencia que tiene el hecho de otorgar voluntades anticipadas, así como la autenticidad de la declaración y que su contenido se corresponda con la voluntad manifestada, facilitando a su vez su conocimiento por parte del personal sanitario. Y es que podría establecerse la obligación del notario de comunicar de oficio su otorgamiento al correspondiente Registro de voluntades anticipadas, tal y como prevén ya algunas normas autonómicas».

De izquierda a derecha: José Ángel Martínez Sanchiz, Rosa Visiedo y Carmen Gª de Elías.
Máster en Derecho de Familia y Sucesiones

En febrero, Rosa Visiedo y Carmen García de Elías, rectora y gerente -respectivamente- de la Universidad CEU San Pablo- suscribieron un convenio de colaboración con José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de Aequitas. En virtud de este acuerdo ambas instituciones aprueban la creación e impulso de un máster en Derecho de Familia y Sucesiones, cuyo programa contemplará las novedades jurídicas de la Ley 8/2021 sobre discapacidad.

El claustro académico se compondrá de notarios, jueces, fiscales y abogados; mientras que el temario abarcará aspectos relacionados con el Derecho de Familia (régimen económico matrimonial, familia y violencia de género, menores y discapacidad, mediación, adopción internacional, sustracción de menores, maternidad subrogada, filiación, acogimiento, tutela, guarda de hecho, curatela, defensor judicial,…) y de Sucesiones (legados, usufructos, legítimas, aceptación y repudiación de la herencia, particiones, seguros de vida,…).
Pie: De izquierda a derecha: José Ángel Martínez Sanchiz, Rosa Visiedo y Carmen Gª de Elías.

La reforma sobre discapacidad, a debate en el Congreso de los Diputados

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LA REFORMA SOBRE DISCAPACIDAD, A DEBATE EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De izquierda a derecha: Meritxell Batet (de pie), Nel González Zapico, José Ángel Martínez Sanchiz, Alberto Durán y Almudena Castro-Girona.

Los días 13 y 14 de diciembre, la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados acogió unas jornadas sobre La nueva Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Este foro fue organizado por las fundaciones ONCE y Aequitas, el Consejo General del Notariado (CGN) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

 

JOSÉ M. CARRASCOSA

Durante dos días, políticos, notarios, fiscales, magistrados, juristas y representantes del tercer sector y del movimiento asociativo de las personas con discapacidad pusieron en común sus reflexiones sobre diferentes aspectos de esta normativa, que ha transformado la realidad de las personas con discapacidad y sus familias.

Ejemplo de consenso

 «El CERMI y las fundaciones ONCE y Aequitas han realizado un importante esfuerzo de concreción jurídica a la hora de estudiar y debatir la Ley 8/2021. Este trabajo previo por parte de los expertos ha permitido impulsar esta reforma normativa, que ha contado con el consenso de todos los grupos parlamentarios», manifestó Meritxell Batet, presidenta del Congreso, en la apertura de las jornadas.

El acto inaugural también contó con las intervenciones de Nel González Zapico, vicepresidente del CERMI y presidente de la Confederación Salud Mental España; Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE; Almudena Castro-Girona, directora de Aequitas; y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN y Aequitas.

González Zapico hizo hincapié en que «era fundamental cambiar el sistema de toma de decisiones vigente por el del respeto a la voluntad. Otro aspecto importante ha sido la revisión de las medidas de apoyo. Sin embargo -aseguró- debemos seguir trabajando intensamente para dotar a la norma de recursos, desarrollando mecanismos que la hagan efectiva, con una red de apoyos amplia y adecuada».

Para Alberto Durán, «la ley supone una reforma sin precedentes en nuestra legislación; un paso más en la capacidad de decidir del colectivo, que ahora puede asumir su derecho a acertar o a equivocarse. Los operadores jurídicos -como jueces, fiscales, abogados, notarios- han removido y revisado el derecho de las personas con discapacidad desde la mirada del siglo XXI».

 


MERITXELL BATET: «EL CERMI Y LAS FUNDACIONES ONCE Y AEQUITAS HAN REALIZADO UN IMPORTANTE ESFUERZO DE CONCRECIÓN JURÍDICA A LA HORA DE ESTUDIAR LA LEY 8/2021»

 

Almudena Castro-Girona resaltó el éxito de convocatoria de las jornadas, «con cerca de seiscientas personas conectadas online«, asegurando que «ahora toca a políticos, representantes sociales y operadores jurídicos -como los notarios- poner en marcha este nuevo sistema, que reforma la columna vertebral de nuestro ordenamiento y nos coloca como pioneros a nivel europeo y mundial.»

Por último, Martínez Sanchiz señaló que «la Ley 8/2021 constituye un hito fundamental, resultado del diálogo de la sociedad civil con los políticos, que llevan años trabajando conjuntamente con las organizaciones sociales. Entre todos, debemos aprender a llevar a efecto el postulado de esta ley. Los notarios nos esforzaremos por superar las barreras que encontremos en el camino”.

 


J. A. MARTÍNEZ SANCHIZ: «LA LEY 8/2021 CONSTITUYE UN HITO FUNDAMENTAL, RESULTADO DEL DIÁLOGO DE LA SOCIEDAD CIVIL CON LOS POLÍTICOS»

 

¿Qué implica la Ley para nosotros?

El primero de los paneles de debate tuvo como epígrafe ¿Que implica la ley para nosotros?  Con la moderación de Gregorio Saravia -delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad- tuvo como protagonistas a Cristina Paredero, miembro de la junta directiva de Plena Inclusión España; Cristina Rodríguez Porrero, de la Unión Democrática de Pensionistas; Jesús García Lorente, director general de la Confederación Autismo España, y Ángeles Blanco, delegada de Derechos Humanos y coordinadora de incidencia de la Confederación ASPACE (Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral).

Para Paredero «esta reforma permite, por primera vez, escuchar y poner el foco en las personas con discapacidad. Es un gran paso adelante, ahora somos iguales ante la Ley, algo que nunca debía haberse vulnerado». «Muchas personas con discapacidad se hacen mayores y viceversa»- señalaba Porrero- «La unión de discapacidad y edad nos hace ser más vulnerables. Estas discapacidades ‘sobrevenidas’ con los años se conocen menos y aparecen en momentos de vida complicados». Según Lorente, con la reforma se debe «conseguir que las personas con discapacidad sean dueños de su propia vida; algo que debiera parecer obvio». Por último, Blanco apuntó que «la nueva legislación supone el establecimiento de apoyos hechos a medida para las personas con discapacidad, incluidas aquellas que precisan de mayores necesidades, como el colectivo de afectados por la parálisis cerebral»

Entidades sociales

La primera sesión se clausuró con la voz de los representantes de las entidades sociales, como Mar Barbero, directora gerente de FEDACE (Federación Española de Daño Cerebral) y moderadora; Ignacio Recondo, presidente de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares; Oscar Moral, presidente del CERMI Madrid; Miguel Ángel Cabra de Luna, secretario general de la plataforma de Mayores y Pensionistas y Cristina Gómez Palomo, presidenta del CERMI Castilla-La Mancha.

 


NEL GONZÁLEZ ZAPICO: «ERA FUNDAMENTAL CAMBIAR EL SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES VIGENTE POR EL DEL RESPETO A LA VOLUNTAD»

 

Moral expresó su preocupación por «las resistencias a aplicar el nuevo ordenamiento por parte de algunas entidades o personas. Debemos apelar a la responsabilidad de todos para poner en marcha esta ley. Es una oportunidad para restaurar los derechos del colectivo, reconociendo su dignidad y su derecho a la igualdad». Recondo demandó «campañas de formación sobre la norma, que deben extenderse a todas las familias y a los diversos sectores implicados en la materia». Palomo aludió a la necesidad por parte de las familias de «respetar la voluntad y capacidad de decisión de nuestros hijos con discapacidad». Por último, Cabra de Luna manifestó que «con esta nueva ley, se acabó incapacitar a un mayor para quedarse con sus bienes en una herencia preventiva

Apoyos voluntarios

La segunda sesión se abrió con el análisis de los Apoyos Voluntarios: Ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones voluntarios. El presidente honorario de la Unión Internacional del Notariado (UINL), José Marqueño de Llano, dirigió este coloquio, en el que participaron las notarias Almudena Castro-Girona (directora de Aequitas y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la UINL) y Carmen Velasco (vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco); Torcuato Recover, asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y coordinador de la Red de Juristas Plena Inclusión; y Agustín Matía, director gerente de Down España.

Marqueño recordó que aunque la ley tiene aún un escaso recorrido, ya que su entrada en vigor tuvo lugar el pasado 3 de septiembre, ya está mostrando como se ha reforzado “la labor y el compromiso de los notarios con las personas con discapacidad». Para Velasco, la nueva normativa «concilia la seguridad jurídica con la autonomía de voluntad. Los notarios estamos en relación con las personas y en condición de apreciar lo que la persona necesita en su esfera personal y patrimonial. Tenemos la responsabilidad de indagar la voluntad de esas personas antes de plasmarla en una escritura pública». Por su parte, Recover sostuvo que «el Código Civil anterior estaba obsoleto y se dictaban sentencias contrarias a la Convención de la ONU». Matía cerró la mesa apuntando que «se ha generado cierto temor y dudas en las familias ante el reto transformador que supone la nueva norma, algo que debe superarse».

 


ALBERTO DURÁN: «LOS OPERADORES JURÍDICOS HAN REMOVIDO Y REVISADO EL DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE LA MIRADA DEL SIGLO XXI»

 

Apoyos judiciales

A continuación, se profundizó sobre los apoyos judiciales diseñados en la nueva normativa sobre discapacidad. Carlos Ganzenmüller, fiscal del Tribunal Supremo y moderador; María José Segarra, fiscal de Sala del Tribunal Supremo para la protección de las personas con discapacidad y mayores; José Luis Seoane, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo; Benigno Varela, magistrado emérito del Tribunal Supremo; y Albino Escribano, decano del Colegio de Abogados de Albacete, fueron los ponentes en este capítulo.

Segarra señaló que «debe fortalecerse la desjudicialización en el ámbito de la discapacidad, reforzándose la red de apoyos de esas personas». Por su parte, Seoane apuntó que «la legislación anterior a la nueva ley era paternalista, cuánto más protección para el discapacitado: mejor». Para Varela, la principal aportación de la reforma redunda en que «se reconocen los derechos inherentes e inalienables de las personas con discapacidad». Escribano se mostró cauto al señalar «problemas en la aplicación práctica del nuevo normativo, algo habitual en una transformación jurídica tan radical: se ha cambiado de la camisa de fuerza al ‘traje a medida'».

Mesa legislativa (de izquierda a derecha): Miguel Ángel Jerez, Miguel Ángel González Caballero, Rafael de Lorenzo y Genís Boadella.
Consenso político

Diputados y ponentes de la Ley 8/2021 integraron una de las mesas de debate del encuentro. En concreto Miguel Ángel González Caballero (G. P. Socialista), Genís Boadella (G. P. Plural) y Miguel Ángel Jerez (G. P. Popular). Este coloquio tuvo como moderador a Rafael de Lorenzo, secretario general del Consejo General de la ONCE y de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social.

Caballero (PP) destacó la ingente tarea legislativa llevada a cabo en el arco parlamentario desde 2017 para «acometer la reforma más ambiciosa de la democracia, que llegó a tener más de 500 enmiendas».

Jerez (PSOE) coincidió en que «difícilmente podemos ver una ley tan transversal como ésta, que haya afectado por su alta complejidad a tantas normas. En su momento, la aprobamos con ilusión y con un sentimiento de reparación y justicia».

Boadella (PDeCAT) concluyó apuntando «el buen entendimiento alcanzado por todos los grupos en esta materia. Este consenso es política con mayúsculas».

Discapacidad y Tercera Edad

Los ponentes señalaron el peso del colectivo de jubilados y pensionistas en el sector de la discapacidad. Miguel Ángel Cabra de Luna recordó que «dos terceras partes de las personas con discapacidad, más del 75%, son mayores de 65 años. Según nuestros datos, de los 400.000 miembros del colectivo de personas con discapacidad, 250.000 son mayores.». 

¿Qué implica la Ley para nosotros? De izquierda a derecha: Ángeles Blanco, Cristina Paredero, Gregorio Saravia, Cristina Rodríguez Porrero y Jesús García Lorente.
Apoyos judiciales (de izquierda a derecha): María José Segarra, José Luis Seoane, Carlos Ganzenmüller, Benigno Varela y Albino Escribano.
Entidades sociales (de izquierda a derecha): Cristina Gómez Palomo, Miguel Ángel Cabra de Luna, Mar Barbéro, Ignacio Recondo y Óscar Moral.
Apoyos voluntarios (de izquierda a derecha): Torcuato Recover, Almudena Castro-Girona, José Marqueño, Carmen Velasco y Agustín Matía.
El valor de los acuerdos sociales

La directora general de la Fundación Aquitas, Almudena Castro-Girona, clausuró las jornadas, poniendo en común las conclusiones alcanzadas por los participantes. En este acto intervinieron diversos diputados que han formado parte del patronato de esta fundación a lo largo de sus más de veinte años de existencia, como Álvaro Cuesta, Emilio Olabarría y Francisco Vañó.
Vañó puso en valor la Ley 8/2021 apuntando que pone fin «a la muerte civil de muchas personas con discapacidad, que por fin han dejado de ser objetos para convertirse en sujetos de Derecho». Olabarría demandó que, para la puesta en marcha de la normativa, se incremente «la especialización de los juzgados, superando la renuencia de algunos jueces». Asimismo, Olabarría propuso crear «una mesa de coordinación a nivel nacional similar a la que existe en materia de medio ambiente o salud. Al estar cedidas las competencias de justicia en las comunidades autónomas, este organismo permitiría involucrar así a todas las Administraciones».

Por último, Cuesta señaló que «el impulso del legislador vino del entusiasmo y esfuerzo de la Fundación Aequitas y otras entidades del tercer sector, que dieron ideas a los políticos. La clave para alcanzar buenos acuerdos parlamentarios pasa previamente por basarse en los acuerdos sociales».

De izquierda a derecha: Emilio Olabarría, Almudena Castro-Girona, Álvaro Cuesta y Francisco Vañó.

Avanzando en los derechos de las personas con discapacidad

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Avanzando en los derechos de las personas con discapacidad

En septiembre se celebraron dos nuevos webinars del ciclo Avanzando en los derechos de las personas con discapacidad. Este programa de seminarios virtuales -puesto en marcha desde el Consejo General del Notariado, las fundaciones ONCE y Aequitas, y CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)- viene a analizar el impacto de la reforma de la legislación sobre discapacidad en diferentes colectivos. Personas mayores y operadores jurídicos fueron los sectores protagonistas en las dos últimas citas.

JOSÉ M. CARRASCOSA

Bajo el hashtag #sujetosyNOobjetos se emitía el primero de los dos webinars: Gran reforma del Derecho Civil desde la perspectiva de las personas mayores. Alberto Durán, vicepresidente de la Fundación ONCE y Ángel Rodríguez Castedo, presidente de la plataforma de mayores y pensionistas, inauguraban este foro. Federico Cabello de Alba, notario y director del área social de Aequitas, intervino en el panel de debate junto a otros especialistas en la protección jurídica de este colectivo, como María José Segarra, fiscal de Sala Coordinadora para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores del Tribunal Supremo.

Desjudicialización. Cabello de Alba expuso cómo la nueva normativa sobre discapacidad -que entró en vigor a primeros de septiembre- ha modificado las medidas legales de apoyo al colectivo de mayores: «Tradicionalmente, la regulación de la capacidad de las personas se hacía por vía de una resolución judicial, que privaba de derechos. Hoy la legislación asume el principio de asistir y apoyar. El punto de gravedad normativo deriva en una necesaria desjudicialización, lo que no significa indefensión».

«Ahora -proseguía el notario- se amplía el elenco de posibilidades de protección jurídica de las personas mayores, de una manera más ventajosa para su dignidad. Por vía notarial, cada individuo puede establecer su propio sistema de asistencia y apoyos para todos los actos de su devenir vital. Ya no cabe limitarse a los modelos establecidos en el Código Civil, sino que se puede definir un ‘traje a medida’, con arreglo a cada situación. La actuación del notario permite adecuar el contenido del negocio jurídico a la voluntad de las personas; siempre velando por su seguridad y dotando de una necesaria comprensión. Esta atención personalizada se extiende a cualquier negocio o acto de trascendencia jurídica -de una compraventa de un inmueble a un testamento- que se desarrolle en una notaría».

Por último, el representante de Aequitas puso de manifiesto la importancia de realizar documentos de voluntades anticipadas sin esperar a llegar a la vejez: «Hay patologías que tienen una mayor prevalencia en edad avanzada, por lo que interesa adoptar esas medidas preventivas para anticiparse a una situación en la que se va a necesitar apoyo».

Por su parte, el seminario Gran reforma del Derecho Civil desde la perspectiva de los operadores jurídicos, fue inaugurado por Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la ONCE y Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía. En la mesa redonda posterior -moderada por Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Alianzas de la Fundación ONCE- participó Almudena Castro-Girona, directora de Aequitas, junto a diversos juristas relacionados con el mundo de la discapacidad.

Para Castro-Girona, los operadores jurídicos deben afrontar la nueva normativa sobre discapacidad «con creatividad». Según la notaria, «no hay un elenco o lista de apoyos, sino que están en la realidad social. El notario y todos los operadores jurídicos debemos dar forma jurídica a cada situación; a veces el apoyo es un familiar, en otras ocasiones será un mecanismo. La alianza entre los operadores y la coordinación entre el mundo social y el jurídico será fundamental a la hora de implantar la reforma legislativa. Los operadores debemos tomarnos tiempo para dotar de seguridad jurídica a cada caso; el proceso de adaptación debe ser serio».

Desde Aequitas se está llevando a cabo una importante labor de información entre las personas con discapacidad y sus familiares para dar a conocer la Ley 8/2021 (por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica). «Hacemos hincapié en la importancia de conocer los derechos que afectan a las personas con discapacidad; hay que tener en cuenta que esta norma es desconocida, de momento. Hemos publicado recientemente una guía sobre el impacto de la reforma en el Derecho Civil -en colaboración con la Fundación ONCE y el CERMI- que puede resultar de enorme utilidad, no sólo para los implicados, sino también para jueces, notarios, fiscales o abogados», señaló.

Por último, la notaria resaltó la crucial importancia de dotar de medios a todos los operadores: “Existe una obligación de disponer de la necesaria accesibilidad para cualquier tipo de discapacidad; ello implica contar con medios, ya sean pictogramas, sistemas alternativos de comunicación o intérpretes de lenguas de señas. No debemos cuestionar ninguna herramienta de comunicación si permite la inmediación entre el notario o el operador jurídico y las personas con discapacidad».

Otras actividades

Una vez establecida la normalidad pre-COVID, la Fundación Aequitas comienza a recuperar paulatinamente sus actividades presenciales. Así, a finales de septiembre el Colegio de Abogados de Sevilla acogió unas jornadas sobre la Ley 8/2021. Aequitas, el Colegio Notarial de Andalucía y Down Sevilla colaboraron en la organización de este foro, junto a la institución anfitriona. El notario y director del área social de la Fundación Aequitas, Federico Cabello de Alba, y Francisco González, abogado especialista en discapacidad y adjunto a la dirección de la ‘ONG del Notariado’, analizaron -respectivamente- la reforma civil y procesal de la nueva normativa.

La Universidad de la Rioja, el Colegio Notarial autonómico y Aequitas, organizaron en octubre el congreso La reforma de la legislación civil en materia de discapacidad. Federico Cabello de Alba y Susana Garzón -delegada autonómica de Aequitas- fueron directores-coordinadores de este foro. El decano del Colegio Notarial de La Rioja, Carmelo Prieto, inauguró el Congreso.

Desde Aequitas se está llevando a cabo una importante labor de información entre las personas con discapacidad y sus familiares para dar a conocer la Ley 8/2021

Ver webinar Gran reforma del Derecho Civil desde la perspectiva de las personas mayores
Ver webinar Gran reforma del Derecho Civil desde la perspectiva de los operadores jurídicos

Acceso a la Justicia de las personas con discapacidad

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Acceso a la Justicia de las personas con discapacidad

La Fundación Aequitas, del Consejo General del Notariado, la Fundación Tutelar Cantabria y el Colegio de Abogados de Cantabria, han suscrito un convenio de colaboración con el fin de garantizar el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad de la comunidad cántabra.

JOSÉ M. CARRASCOSA
Representantes de las tres instituciones, tras la firma del convenio

Entre las distintas acciones recogidas en el acuerdo se encuentra la puesta en marcha por parte del Colegio de Abogados de Cantabria de un turno especial de oficio para personas con discapacidad, actuación que mejorará de forma significativa el ejercicio de los derechos de este colectivo en el acceso a la justicia.

Con el fin de dotar de conocimiento experto a los abogados que se adhieran a ese turno -así como al resto de operadores jurídicos cántabros: magistrados, jueces, procuradores, fiscales, notarios, etc.- las entidades firmantes desarrollarán diversas acciones formativas y de sensibilización, como la puesta en marcha de un curso de especialización sobre la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

La citada ley elimina el modelo anterior de incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual para adoptar un modelo de apoyo en la toma de decisiones, basado en el respeto de la voluntad de cada persona. La norma supone un cambio de paradigma para el colectivo y sus familias, así como para los agentes jurídicos y sociales que intervienen en la prestación y garantía de los apoyos.

El convenio recoge la necesidad de implicar a otras instituciones -como las consejerías de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria; el Tribunal Superior de Justicia o la Audiencia Provincial- para diseñar estrategias conjuntas, desarrollando dicho modelo de apoyos e impulsando la plena capacidad jurídica.

Imagen de la guía

Los encargados de rubricar este convenio fueron el presidente de la Fundación Tutelar de Cantabria, Manuel García-Oliva; Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación Aequitas (representada en el acto por el delegado para Cantabria de la ONG del Notariado, Vicente Toledano), y el decano del Ilustre Colegio de Abogados, Andrés de Diego.

Lectura fácil. El primer proyecto puesto en marcha a raíz de este convenio fue la edición de cuatro guías en lectura fácil sobre los servicios notariales. Editadas por Aequitas y Plena Inclusión Cantabria, las publicaciones permiten la accesibilidad cognitiva en igualdad de condiciones: un derecho fundamental de las personas con discapacidad intelectual y/o de desarrollo.

El proceso para hacer documentos en lectura fácil empieza con la adaptación del original: un trabajo del equipo técnico que revisa el contenido y la estructura. En esta ocasión la labor fue exhaustiva debido al alto contenido jurídico y especializado, pero siempre acompañado por el asesoramiento de las personas de referencia de Aequitas. Una vez finalizada la adaptación se realizó el control de calidad, donde el equipo de validadores de Plena inclusión Cantabria, formado por cuatro personas con discapacidad intelectual expertas en lectura fácil, revisó las adaptaciones propuestas y trabajaron juntos para garantizar que la información es accesible, cumpliendo con la norma de AENOR de lectura fácil.

Seguridad jurídica versus autonomía

En julio tuvo lugar en Cuenca, concretamente en el edificio Gil de Albornoz de la Facultad de Ciencias Sociales, el Curso de Verano Seguridad jurídica versus autonomía: otorgamiento de negocios jurídicos por personas con discapacidad en la nueva Ley 8/2021. El seminario fue organizado por el Centro de Estudios de Consumo de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Colegio Notarial de dicha comunidad, fruto del convenio de colaboración institucional vigente entre ambas instituciones.

El decano notarial, Luis Fernández-Bravo, inauguró el seminario y participó en la mesa redonda Comparecen; intervienen: el guardador de hecho «prestando apoyos ante el notario en la celebración de negocios inter vivos. La directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Girona, abordó en su intervención un aspecto de carácter práctico como los Apoyos voluntarios en escritura pública, mientras que Federico Cabello de Alba, director del área social y económica de la ‘ONG del Notariado’, centró su ponencia en la Autonomía de la voluntad y seguridad jurídica: aspectos prácticos del ejercicio de las medidas de apoyo.

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Convenio con Down Galicia
Delmiro Prieto, Almudena Castro-Girona y José María Graíño (de izquierda a derecha).

La Federación Down Galicia suscribió en julio un convenio de colaboración con el Colegio Notarial de Galicia y la Fundación Aequitas, con el objetivo de realizar actividades de asesoramiento y divulgación sobre temas jurídicos de interés para el colectivo de personas con discapacidad intelectual. El convenio fue presentado en un acto en la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela.

Delmiro Prieto, presidente de Down Galicia, destacó “la necesidad de contar con el apoyo del Notariado gallego en estos momentos, pues es crucial para que la legislación que está a punto de entrar en vigor salga adelante”. Por parte del Colegio Notarial, José María Graíño, su decano, resaltó que “la nueva ley supone un cambio de paradigma y, como juristas prácticos, los notarios debemos ser proactivos para que se aplique en todo su contenido”. Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación Aequitas, indicó que la nueva legislación “consagra el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, sin añadir barreras a las personas con discapacidad”.

La discapacidad, tras las últimas reformas legales

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La discapacidad, tras las últimas reformas legales

Tras muchos años de anquilosamiento normativo, la discapacidad en nuestro país ha sido revisada jurídicamente en su práctica totalidad con la aprobación de la ley que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

JOSÉ M. CARRASCOSA
De izda. a dcha.: Rafael de Lorenzo, María José Segarra y José Manuel González Huesa. En pantalla, Mª Paz García Rubio y Federico Cabello de Alba.

Para analizar el impacto de la nueva normativa en el colectivo, la agencia de noticias Servimedia y la Fundación Aequitas organizaron el diálogo Tras las reformas legales, las personas con discapacidad podrán tomar sus propias decisiones, que congregó virtualmente a más de cien personas. Moderado por el director general de Servimedia José Manuel González Huesa, el foro contó con la participación de María José Segarra, fiscal para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores; Mª Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil; Rafael de Lorenzo, secretario general del Consejo General de la ONCE; y el notario Federico Cabello de Alba, director de Asuntos Sociales de la Fundación Aequitas.

Cabello de Alba hizo hincapié en que, una vez aprobada la ley «la dificultad más importante será el cambio de mentalidad. No ha sido casual que una reforma con cambios normativos de este alcance haya tardado tanto tiempo. Debemos hacer mucha pedagogía y trabajar por la aplicación correcta de la norma en el sistema: ahora, la persona con discapacidad es dueña de sus propias decisiones».

Preferencia a la vía notarial. La función notarial también se verá modificada en el día a día con la entrada en vigor de esta vasta reforma: «Nosotros asistimos a todas las personas que acuden a la notaría para ayudarles a comprender el alcance de formar un determinado negocio jurídico. Esta situación debemos extenderla a las personas con discapacidad, adecuando nuestra actuación a sus necesidades. Nos adaptaremos para que los miembros de este colectivo puedan ejercer sus derechos, y en ningún caso sustituyéndolos. Mediante la actuación notarial se hará efectiva su autonomía de la voluntad, como sucede con cualquier persona, aunque con diferentes apoyos».

«La principal novedad de la nueva legislación -prosiguió el representante de Aequitas- es que se da preferencia a la vía notarial gracias a nuestro contacto directo con las personas. El régimen de apoyos que puede ofrecer el notario es tan extenso que resiste cualquier sistematización; la persona acudirá a nosotros para establecer unos apoyos que delimitará con libertad. En escritura pública se determina el régimen de toma de decisiones, que podrá ser revocado y elevado a la autoridad judicial si es inadecuado». 

María José Segarra destacó que una reforma de este calado, que ha afectado a ocho normativas, precisa «difusión, docencia y empatía. Tanto el fiscal, como los operadores jurídicos y la Administración, deben realizar una labor de difusión y de apoyo a las familias, que viene reconocida en la ley. Esta docencia permitirá una mayor implicación en el crecimiento e igualdad de las personas con discapacidad, impidiendo figuras como la patria potestad prorrogada».

Rafael de Lorenzo expresó que la reforma «es un elemento de avance y de progreso del sector de la discapacidad. La ley es un éxito de la sociedad civil, estructurada en torno al CERMI, que ha trabajado en común buscando lo mejor para un colectivo de cuatro millones de personas y sus familias». El representante de la ONCE también quiso destacar «el esfuerzo de los diputados y senadores para enfrentarse a un proyecto de gran complejidad, que ha modificado 249 artículos de diferentes leyes como el Código Civil o la Ley de Jurisdicción Voluntaria, todo ello en apenas unos meses. Ahora lo que necesitamos es que se pase de los derechos a los hechos y que la ley se aplique correctamente por todos los operadores jurídicos». En este sentido, señaló el reciente acuerdo alcanzado entre el CERMI y el Consejo General del Notariado «que servirá de orientación a los notarios para que den respuesta a determinados asuntos prácticos”.

Mª Paz García Rubio, que desde la Comisión General de Codificación participó en el desarrollo del texto de la ley, demandó que algunas normas deben aún adaptarse, «como las relacionadas con el consentimiento informado en el ámbito de la salud o las de investigación médica. Asimismo, hay que tener en cuenta que vivimos en un estado plurilegislativo en materia civil, por lo que se precisa que algunas comunidades se adapten a la Convención de la ONU en la que se basa la nueva norma».

Ciclo de seminarios

En junio y julio se celebraron cuatro seminarios online organizados por el CERMI, el Consejo General del Notariado y las fundaciones ONCE y Aequitas. Estos cursos se enmarcan dentro del convenio de colaboración suscrito entre estas instituciones, y abordaron la reciente reforma de la legislación civil y procesal en materia de capacidad jurídica.

Almudena Castro-Girona y Federico Cabello de Alba, directora y director del área social y económica de la Fundación Aequitas, respectivamente, participaron en estos encuentros virtuales, que tuvieron una gran acogida de público. En el primero de ellos, Dejando atrás la incapacitación judicial en favor de un sistema de apoyos. Avanzando en los derechos de las personas con discapacidad, Castro-Girona indicaba que «la ley prevé un régimen de adaptación de la situación de las cerca de 250.000 personas incapacitadas judicialmente que existen en la actualidad; en este caso, los sometidos a tutelas quedarán automáticamente sujetos a curatela representativa. Habrá un período de revisión de tres años para dotar a estas personas de sistemas de apoyos».

Cada uno de los seminarios estuvo dirigido a un sector social o profesional (trabajadores sociales, personas mayores y organizaciones del sector o fundaciones) con el objetivo de analizar cómo incide la normativa en su quehacer diario en favor de la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Planificar la última etapa de la vida

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PLANIFICAR LA ÚLTIMA ETAPA DE LA VIDA

Sólo uno de cada cuatro españoles ahorra para su jubilación, pese a que hacerlo conlleva un mayor cuidado de la salud y una mejor aceptación del final de la vida. Así lo puso de manifiesto un estudio presentado en mayo y promovido por Ilunion Seguros, Laboral Kutxa y las fundaciones Æquitas, ONCE y Edad & Vida.

 

JOSÉ M. CARRASCOSA

EL ESTUDIO, en el que han participado una veintena de expertos de los ámbitos económico y socio-sanitario junto a más de 1.300 ciudadanos de distintas edades, se titula La Planificación de la Última Etapa de la Vida: Claves para afrontar el envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida.

Entre sus principales conclusiones, cabe destacar que el 77% de los ciudadanos consideran bastante o muy importante ahorrar para la jubilación, pero que tan solo un 25% lo hace de forma sistemática para este fin y que el 59% confiesa no ahorrar nada. Asimismo, se indica que sólo el 33% de los ciudadanos cuida de su salud desde hace tiempo y que únicamente el 50% están mentalizados sobre el final de la vida.

Cabe destacar el alto desconocimiento de algunos de los instrumentos de protección legal de la persona y de su patrimonio (testamento, documento de voluntades anticipadas y poderes preventivos) entre los encuestados. Este desconocimiento se traduce en un bajo nivel de otorgamiento de dichos instrumentos, ya que, según la encuesta realizada a los ciudadanos, el 60% no ha otorgado ninguna de estas tres figuras jurídicas.


Existe un alto desconocimiento de los instrumentos de protección legal
de la persona como el documento de voluntades anticipadas
y los poderes preventivos

Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación Æquitas, participó como ponente en la mesa redonda posterior –moderada por el director general de Servimedia José Manuel González Huesa–. En este panel de debate también intervinieron el periodista Juan Cruz y Juan Díez Nicolás, catedrático de sociología.

Para la notaria: “Sorprende la falta de conocimiento de los instrumentos jurídicos de prevención. Los notarios estamos constantemente con personas y sabemos que tienen miedo a la muerte; pero también que tienen miedo a dejar problemas tras el fallecimiento. El testamento es conocido, pero se desconocen otras figuras que te ayudan a superar una situación en la que necesites apoyo, previa al fallecimiento, como los poderes preventivos o los documentos de voluntades anticipadas; o la maravilla de documentos que van a venir con la reforma del Código Civil en ciernes. Cabe señalar que, tras la pandemia muchas personas han acudido a hacer testamento a las notarías”.

“Las voluntades médicas anticipadas, testamentos o poderes preventivos no sólo protegen a la persona y al patrimonio; sino que protegen a la autonomía de la voluntad. Debemos respetar a la persona y su voluntad, fomentar su marco de libertad con independencia de sus circunstancias: ya tenga discapacidad o sea mayor. Debemos hacer una labor de difusión desde antes de llegar a ser mayores; hacer una labor de prevención previa, porque el envejecimiento nos atañe a todos, no sólo a los mayores. Eso es algo que llevamos haciendo desde nuestra Fundación Æquitas desde 1999: difundir esos instrumentos preventivos, aunque queda mucho por hacer”, prosiguió Castro-Girona.

“Nuestra sociedad –señaló la notaria– vive de espaldas a la muerte y no la afronta como un hecho. No hay que tener miedo a enfrentarse a la última etapa de la vida, hay que tener la entereza de afrontarla. Hay que involucrar a poderes públicos, sociedad y sectores jurídicos para, desde la educación, prepararnos para la llegada de la muerte. En muchas ocasiones la prevención llega tarde. El futuro se prepara en el presente.”

 

«El respeto a la autonomía de la voluntad de las personas discapacitadas», por Rafael de Lorenzo

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RAFAEL DE LORENZO,

secretario general del Consejo General de la ONCE

El respeto a la autonomía de la voluntad de las personas discapacitadas


LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 supuso un cambio de paradigma en el derecho de la discapacidad, superando modelos tradicionales y obsoletos como el médico o representativo, poco respetuosos con la dignidad de la persona.

El propósito de la convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad.

El artículo 12 de la convención establece que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida, lo que obliga a España, como Estado Parte, a adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Para adaptar el ordenamiento jurídico español a las obligaciones que se derivan del referido artículo 12 de la convención, ha sido necesaria la tramitación de un proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

El texto culmina un largo proceso de trabajo jurídico y político, en el que ha primado el enfoque constructivo y de rigor jurídico, con la destacada participación de los representantes del Tercer Sector de Acción Social y la Sociedad Civil.

El proyecto de ley aborda una ambiciosa reforma que afecta a siete leyes: la de Notariado, Enjuiciamiento Civil, Jurisdicción Voluntaria, Registro Civil, Hipotecaria y la de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad.

No obstante, la reforma más extensa y de mayor calado es la relativa al Código Civil, puesto que modifica el sistema de “incapacitaciones” definiendo un nuevo modelo de apoyos al ejercicio, en plena igualdad, de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona, en la que nos centraremos, de manera resumida, a continuación.

El nuevo modelo parte de la premisa básica de superar el sistema de la “incapacitación” de quien no se considera suficientemente capaz, o la modificación de la capacidad que, al resultar inherente a la condición de persona humana, no puede ser objeto de modificación.

La modificación del Código Civil asume el cambio de paradigma de la convención, partiendo del respeto a la voluntad de la persona con discapacidad y regulando la aplicación de un sistema personalizado de apoyos a las necesidades particulares de la persona con discapacidad.

Estos apoyos deben ser entendidos en su sentido más amplio y pueden ir desde el acompañamiento, la asistencia técnica en las comunicaciones y expresión de declaraciones de voluntad, asistencia personal, o incluso la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad, así como los correspondientes ajustes de los procedimientos.

Solo en casos de carácter excepcional, se podrá adoptar la decisión de la representación de la persona con discapacidad.

El respeto a la autonomía de la voluntad, que hemos señalado, conlleva a que, en el nuevo sistema, se de preferencia a las medidas voluntarias, esto es, a las que puede tomar la propia persona con discapacidad, destacando los poderes y mandatos preventivos, así como la posibilidad de la autocuratela.

En coherencia con el nuevo modelo, instituciones como la tutela o la prórroga de la patria potestad, o la patria potestad rehabilitada en beneficio de las personas con discapacidad, desaparecen, puesto que pierden su razón de ser y no se adaptan al nuevo modelo que huye del sistema representativo.

También se suprime la prodigalidad como institución autónoma, dado que los supuestos contemplados por ella encuentran encaje en las normas sobre medidas de apoyo.

Sin embargo, la reforma el Código Civil regula y refuerza la figura de la guarda de hecho, que se transforma en una institución jurídica de apoyo propia, cuando se manifiesta como suficiente y adecuada para la salvaguarda de los derechos de la persona con discapacidad.

Para los casos en que se requiera que el guardador realice una actuación representativa, podrá obtenerse una autorización judicial específica, de modo que no será preciso que se abra un procedimiento general de provisión de apoyos, sino que será suficiente con la autorización para el caso, previo examen de las circunstancias.

La institución objeto de una regulación más profusa es la curatela, principal medida de apoyo de origen judicial para las personas con discapacidad. La finalidad de la curatela es la asistencia, el apoyo o la ayuda en el ejercicio de la capacidad jurídica. Por tanto, como principio de actuación y en la línea de excluir en lo posible las actuaciones de naturaleza representativa, la curatela será, primordialmente, de naturaleza asistencial.

No obstante, en los casos en los que sea preciso y, solo de manera excepcional, podrá atribuirse al curador funciones representativas.

Por último, se regula la figura del defensor judicial, prevista para cierto tipo de situaciones, como aquella en que exista conflicto de intereses entre la figura de apoyo y la persona con discapacidad, o aquella en que exista imposibilidad coyuntural de que la figura de apoyo habitual lo ejerza.

En conclusión, podemos afirmar que la reforma contenida en el proyecto de ley, con especial atención a la relativa al Código Civil, no se trata de una mera modificación de carácter terminológico, sino que establece un novedoso sistema respetuoso con las personas con discapacidad que garantiza la igualdad real y efectiva.

Los derechos de las personas con daño cerebral

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LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DAÑO CEREBRAL

En febrero y marzo tuvo lugar el taller Defensa de Derechos de las Personas con Daño Cerebral y sus Familias. Este foro virtual tenía como objetivo visibilizar los derechos de ese colectivo y plantear aspectos tan esenciales como el proceso de valoración de la capacidad laboral tras la lesión o enfermedad, la curatela o la protección jurídica y económica a favor de las personas con discapacidad como consecuencia de esas patologías.

 

REDACCIÓN

 

EL FORO, ORGANIZADO por Fedace (Federación Española de Daño Cerebral), fue inaugurado por María José Segarra, fiscal de Sala coordinadora de los servicios de protección de las personas con discapacidad y mayores; José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado y de la Fundación Æquitas; Luciano Fernández, presidente de Fedace; Óscar Moral, asesor jurídico del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), y Jesús Celada, director general de Políticas de Discapacidad, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Celada manifestó que “en España tenemos un marco normativo ejemplar sobre discapacidad. Pero en esta pandemia hemos visto que algunos derechos de las personas de ese colectivo se han visto vulnerados”. Por su parte, Óscar Moral afirmó que “el modelo de los Derechos Humanos y la convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es la cabecera que debe impulsar un cambio transformador para este sector”.

Segarra destacó que la discapacidad “debe abordarse desde una visión transversal. Sector público y sector privado deben estar plenamente implicados para tener mayor margen de mejora. Tenemos que superar la concepción paternalista y patrimonialista de la discapacidad, trabajando en materia de formación para conocer las preferencias de estas personas. Debe producirse un cambio de mentalidad en la protección jurídica de este colectivo, hacia una nueva concepción en lo que lo prioritario sea la guarda de hecho y la desjudicialización”.

Por último, Luciano Fernández explicaba el objetivo final de este foro: “creo que tenemos herramientas legales suficientes, pero debemos conocerlas. Por eso es importante compartir la información jurídica que ayude a las personas con Daño Cerebral y sus familias”.

El taller abordó desde una perspectiva multidisciplinar diferentes aspectos teóricos y prácticos relacionados con la protección jurídica de las personas con Daño Cerebral, como aspectos laborales y Seguridad Social; valoración sanitaria; familia y crisis convivenciales; tutela, curatela y guarda legal, o buenas prácticas desde el movimiento asociativo.

Visión notarial. José Ángel Martínez Sanchiz resaltó el valor de entidades como Fedace en la protección jurídica de los más vulnerables: “uno de los indicadores que mide el grado de evolución de un Estado de Derecho es la involucración de la sociedad con las personas en situación de discapacidad; una situación a la que todos caminamos a medida que vamos envejeciendo. El fenómeno asociativo es un aspecto fundamental para la defensa de las personas que se encuentran en esta situación y sus familiares; es un ejemplo vivo y representativo de la sociedad civil de un país que avanza, que genera esperanza y nos reconcilia con el género humano”.

El presidente de Æquitas destacó el convenio firmado recientemente entre Æquitas y Fedace, dirigido a implementar la colaboración entre ambas instituciones. También aludió a las figuras jurídicas que los notarios pueden poner a disposición de las personas con daño cerebral y sus familias para protección de su patrimonio: “desde nuestros despachos prestamos servicio a las personas que padecen esa dolencia y que cuentan con patologías muy diversas. Los notarios contribuimos a realizar un traje a la medida de las necesidades de cada persona, encontrando diversas soluciones: como testamentos, poderes preventivos, patrimonios protegidos, autotutelas… Los notarios tenemos la obligación de aportar nuestros conocimientos para construir esos apoyos voluntarios, que no tienen por qué ser estándar. Espero que iniciativas como la de este taller permitan construir un futuro mejor a las personas con daño cerebral”.

Capacidad jurídica. Los notarios Almudena Castro-Girona y Federico Cabello de Alba (directora de Æquitas y director de la sección social de esta fundación, respectivamente), intervinieron como ponentes en la mesa redonda sobre Capacidad jurídica: toma de posesiones y apoyos.

Castro-Girona señaló la importancia del asesoramiento notarial a la hora de proteger el patrimonio de las personas con daño cerebral cuando falten sus familiares: “cada familia y cada persona es diferente. La mejor manera de asegurar el futuro es acudir al notario y explicar las preocupaciones para que pueda confeccionar un testamento acorde a cada situación en el que siempre pueden establecerse mecanismos de apoyo. El notario es el asesor cercano que todos tenemos en el territorio nacional, hasta en los pueblos más pequeños”.

Cabello de Alba puso de manifiesto el cambio de paradigma en la consideración de la discapacidad, “una situación que no tenía tradicionalmente una sustantividad legal, ya que durante muchos años se ha hablado de incapacidad. En 2006, la Convención de la ONU supuso un vuelco en la consideración de la discapacidad, teniendo en cuenta los sistemas de apoyo y asistencia a las personas más vulnerables”.

Aequitas y Fedace han suscrito un convenio de colaboración para la difusión y estudio de la protección jurídica de las personas con daño cerebral

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Convenio entre Æquitas y Fedace

PARALELAMENTE a la celebración de las jornadas, Fedace y Æquitas suscribieron un convenio de colaboración para difundir los programas sociales que se llevan a cabo en el ámbito del Daño Cerebral y organizar jornadas conjuntas y publicaciones, como una guía práctica de orientación sobre aspectos jurídicos para profesionales sanitarios y familiares.

Construir futuro pensando en el senior

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Construir futuro pensando en el senior

La plataforma ’60 y mucho +’ organizó a finales de noviembre su primer Congreso Online, bajo el lema ‘Construir futuro pensando en el senior’. El foro –que contó con la colaboración del Consejo General del Notariado– fue inaugurado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien expuso las líneas maestras del Plan de Justicia 20‐30 en relación con el colectivo de mayores.

JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA

[email protected]

@JMCarrascosa

EL NOTARIO MAYOR del Reino hacía hincapié en que el colectivo de las personas mayores necesita en estos momentos de una especial protección debido a la pandemia del COVID: “Ahora es preciso desarrollar políticas públicas para garantizar su calidad de vida. Urge que revisemos nuestros sistemas de dependencia para lograr alcanzar un envejecimiento activo. En la actualidad llegamos a la vejez con los relojes evolutivos intactos pero las desigualdades muchas veces se ensanchan tras la jubilación: soledad, dependencia, vulnerabilidad, pensiones reducidas…”.

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia

El titular de Justicia reveló las importantes sinergias entre las competencias de su ministerio y el colectivo senior: “Hemos puesto en marcha un plan 20‐30 que adapte la justicia a la sociedad para hacerla más accesible, aprovechando las posibilidades de las nuevas tecnologías”. Campo puso como ejemplo un proyecto para hacer llegar la Justicia a la España rural, un lugar con un acusado índice de población de elevada edad: “Queremos convertir los 7.600 juzgados de paz en oficinas de Justicia municipales. Debidamente digitalizados se readaptarán para evitar a los ciudadanos tener que desplazarse para realizar gestiones procesales. Queremos hacer una justicia accesible para todos, sobre todo para las personas mayores, superando la brecha digital, ya que son culturalmente ‘analógicas’: más del 20% de la población tiene más de 65 años”.

Protección jurídica. La mesa redonda inaugural, moderada por el abogado Javier Laorden, contó con las intervenciones de Mª José Segarra, fiscal de sala del Tribunal Supremo para la protección y defensa de las personas mayores, y Almudena Castro‐Girona, notaria y directora de la Fundación Aequitas.

María José Segarra, fiscal de Sala del Tribunal Supremo

Segarra resaltó “la contribución del Notariado y de su Fundación Aequitas para hacer llegar la justicia a los colectivos en situación de vulnerabilidad”. La fiscal señaló que “existe una percepción estereotipada del ministerio fiscal; se sigue pensando en el fiscal ‘de las películas’ centrado en los procesos penales, pero realizamos numerosas funciones comprometidas con los más vulnerables y que salvaguardan el principio de igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos”.

Antes de dar paso a Castro‐Girona, el moderador Javier Laorden alabó el carácter práctico de las publicaciones de la Fundación Aequitas, como la recientemente editada 100 preguntas sobre derechos después de los cincuenta años (disponible en www.aequitas.org).

Almudena Castro-Girona, notaria y directora de la Fundación Aequitas

“Una de las principales preocupaciones de los notarios –resaltaba la directora de Aequitas– son las personas mayores. Somos como confesores en pueblos repartidos por toda la geografía española y tenemos una función niveladora con los más necesitados de protección jurídica. En la pandemia nos hemos dado cuenta que nuestra vida puede cambiar en poco tiempo; por eso muchas personas han acudido al notario para dotarse de mecanismos de protección –como la autocuratela o los poderes preventivos– donde les hemos hecho ‘trajes a medida’ para asegurar jurídicamente su futuro”.

La notaria respondió a cuestiones concretas planteadas por los asistentes al seminario sobre testamentos, donaciones o poderes preventivos: “Mi recomendación es que hay que acudir al notario para asesorarse, no puedo aconsejar un modelo sucesorio, existen desde usufructos a sustituciones fideicomisarias: hay tantos testamentos como personas. En cuanto a los poderes preventivos, es fundamental realizarlos cuando uno se encuentre bien y tenga plenas capacidades. Sobre las donaciones, depende de la situación económica de la familia; no hay que autoimponerse sacrificios innecesarios, no hay obligación de dejar nada, la legítima no existe hasta que uno se muere. Es necesaria una reforma del actual sistema de legítimas, es algo que venimos demandando desde hace años en el sector de la discapacidad”.

Juan Carlos Campo destacó la necesidad de hacer una justicia más accesible para todos, especialmente, las personas mayores

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Día mundial de la infancia

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Infancia el 20 de noviembre, la Fundación Aequitas –en colaboración con la Asociación Española de Fundaciones, la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española y la Fundación Montessori sin Fronteras– organizó un foro online para conmemorar el 31 aniversario de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Francisco Fonseca, director de la representación de la Comisión Europea en España, inauguraba el streaming de esta jornada que contó con las intervenciones de, entre otros, Juan Bolás (patrono y creador de Aequitas) quien expuso la labor de la ONG del Notariado en materia de infancia y discapacidad; o Antonio López-Istúriz (patrono de Aequitas y europarlamentario popular), que abundó en las políticas relacionadas con la infancia puestas en marcha desde las instituciones comunitarias.