Entrevista a Álvaro Martín-Moreno, director general de la Fundación Kyrios

ESPACIO AEQUITAS

Álvaro Martín-Moreno,

director general de la Fundación Kyrios

«La inteligencia límite es una discapacidad que tiene que ver más con lo social que con lo intelectual»

La inteligencia límite es una discapacidad que se define por una alteración del cociente intelectual (entre 70 y 85) y de algunas habilidades cotidianas. Desde 2009 la Fundación Kyrios de Apoyo Personal favorece la socialización de personas con este trastorno. Su director general, Álvaro Martín-Moreno, explica las principales líneas de trabajo de esta fundación.
JOSÉ M. CARRASCOSA

–¿En qué consiste el trabajo de las actuales fundaciones de apoyo (antes denominadas tutelares)?

–Fundamentalmente lo que ha cambiado es el apoyo a la toma de decisiones: antes era el tutor el que decidía en lugar de la persona; ahora las entidades tenemos que apoyar a las personas en su decisión. Es una reconversión del modelo, generada por la Ley 8/2021, pero que no ha sido traumática para Kyrios. Llevábamos años realizando un conocimiento profundo de las personas, amparados en la Convención de la ONU, por lo que el sistema de trabajo no ha variado. Otro aspecto que se ha transformado es que hoy las medidas voluntarias de apoyo, plasmadas en escritura pública, pasan a formar parte del tráfico jurídico, mientras que antes eran poco menos que papel mojado.

 


“LAS MEDIDAS VOLUNTARIAS DE APOYO QUE PREVÉ LA NUEVA LEY 8/2021 CUENTAN CON UN NIVEL DE PROTECCIÓN Y FLEXIBILIDAD MUY ALTO AL ESTABLECERSE EN ESCRITURAS NOTARIALES”


 

–La figura de la tutela fue revisada tras la aprobación de la citada Ley 8/2021. ¿Se ha visto afectada la actuación de Kyrios por esta nueva normativa?

En absoluto. La única modificación radica en que ahora dotamos de herramientas a las personas y familias para que no tengan que acudir al juez a solicitar la incapacitación. Me gustaría decir que, aunque el balance de la ley es positivo, queda mucho por hacer. Por ejemplo, debe hacerse llegar a las familias el mensaje de que es una norma que no desprotege, sino que ampara. El nivel de protección y de flexibilidad es muy alto al establecerse en escrituras notariales los sistemas de medidas voluntarias de apoyo que detecten las necesidades y prevean que los deseos pueden variar. Si el derecho regula la relación entre las personas, no tenía sentido que no estuvieran en igualdad de condiciones para ejercer sus derechos, como ocurría con la legislación antigua.

–En colaboración con la Fundación Æquitas, los profesionales de Kyrios impartieron el pasado julio unas jornadas formativas sobre dicha ley dirigidas a notarios y empleados de notaría. ¿Qué papel están jugando estos profesionales?

–Es esencial. Uno de los cambios más sustanciales de la Ley 8/2021 se centra en la responsabilidad y fuerza que otorga al Notariado. Ahora su formación e implicación gozan de mayor trascendencia. En nuestro trabajo diario con diversos notarios detectamos dedicación, actitud comprensiva, sensibilidad y voluntad de ayudar. Mucha gente desconoce esa faceta como servidor público que ofrece asesoría gratuita. En definitiva, son gente accesible que aporta todo tipo de facilidades con el rigor propio de su profesión.

La discapacidad es una gran desconocida, por lo que las sesiones de formación que ofrecimos el pasado verano contribuyeron hacer entender diferentes casos a los que se pueden enfrentar en el día a día de los despachos notariales.

–¿Cómo valora la cooperación entre instituciones del tercer sector?

–Los convenios acercan a agentes sociales y jurídicos, algo que exige la nueva ley. El agente jurídico tiene que orquestar el ajuste a derecho; da forma a una voluntad para que se transforme. El agente social es el que conoce a la persona y claramente diferencia necesidades de apoyo y voluntad real, deseos y preferencias.

Las entidades de apoyo vinculan a la persona con su entorno natural, conocemos a la familia y a la gente de su alrededor para buscar apoyos en la zona de confort; no vamos a extraerlo de ahí para ‘institucionalizarlo’.

–La actividad de Kyrios se centra mayoritariamente en las personas con inteligencia límite… ¿Cuáles son las principales necesidades de esa discapacidad ‘invisible’?

–En la mayoría de los casos son personas que no presentan visibilidad física de su situación; ‘la procesión va por dentro’. Es una discapacidad que tiene que ver más con lo social que con lo intelectual. En la etapa escolar se empieza a sentir un bajo rendimiento, que genera acoso y una posterior extracción de la socialización. Ese desplazamiento provoca desajustes al querer hacer lo que sea por integrarse, algo que acarrea situaciones complejas. La legislación anterior no ayudaba; existía la sensación de que con una sentencia de incapacitación estaba todo solucionado al meter a esas personas en una burbuja de cristal.

Hay informes que señalan que hasta el 1% de la población puede tener inteligencia límite. Mucha gente tiene este perfil, pero están sin detectar; pasan inadvertidos hasta que se meten en problemas. Lo ideal es realizar una detección temprana, en el paso de la educación primaria a la secundaria, aunque hay desarrollos madurativos más tardíos. Hemos realizado charlas en centros educativos para anticipar soluciones.

–¿Queda mucho camino por recorrer en el ámbito de la empleabilidad de las personas con discapacidad?

–La situación de desempleo global es grave, pero en el ámbito de la discapacidad se puede definir como terrible. No hay igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral. La dificultad no radica tanto en acceder, como en mantener el puesto de trabajo. La movilización del tercer sector para favorecer la normativa laboral ha sido muy importante; se han conseguido ayudas para contratar gente en el ámbito privado y público, pero falta recorrido en las adaptaciones; que los trabajos se adapten a los perfiles.

 


“LOS AGENTES JURÍDICOS TIENEN QUE HACER UN ESFUERZO POR ENTENDER QUE SU LENGUAJE ES DIFÍCILMENTE COMPRENSIBLE PARA TODOS”


 

–¿Son conocidas las discapacidades cognitivas, como la inteligencia límite, o siguen siendo necesarias acciones de difusión?

–La trascendencia de la discapacidad en la sociedad aún es mínima. La sensibilidad de los que trabajamos en esto -casi siempre por vocación- es diferente, pero la mayoría de la gente no es así. Socialmente hay muchas cosas que hacer, por ejemplo, en terminología y lenguaje inclusivo. El sector va evolucionando, cada vez está más profesionalizado. Debemos ir abriendo camino y pelear para conseguir que se visibilice la realidad de estas personas que necesitan ayuda y que cada vez son más.

Entrevista a María José Segarra,, fiscal coordinadora de discapacidad

ESPACIO AEQUITAS

Mª JOSÉ SEGARRA,

FISCAL COORDINADORA DE DISCAPACIDAD

«Precisamos cambios para que la sociedad sea cada vez más inclusiva»

Con más de tres décadas de carrera en el Ministerio Fiscal, Mª José Segarra ha desempeñado diversas funciones -desde Fiscal General del Estado a la protección de menores-. A finales de 2020 se incorporó como coordinadora de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores. Medio año después, se aprobó la esperada Ley 8/2021 que adecúa nuestro ordenamiento en materia de discapacidad a la Convención de la ONU.
JOSÉ M. CARRASCOSA

¿Qué ha supuesto la llegada de esta norma para el sector?

Aun cuando la suscripción de la Convención de Derechos de las Personas con discapacidad por parte de España, en el lejano año 2007, vinculaba a todos los operadores jurídicos y obligaba a adaptar los instrumentos jurídicos y judiciales a las exigencias de la Convención, lo cierto es que era preciso un cambio absoluto de mentalidad, al que la normativa del año 2021 vino a dar el impulso definitivo instando la implicación de toda la sociedad. La nueva ley dispone los instrumentos y el impulso a ese cambio de paradigma: pasando del criterio de decisión en virtud del interés de la persona interpretado por su representante, al pleno respeto de las decisiones de la persona con discapacidad, dotada de todos los apoyos que precise. Cuando ello no sea posible, las decisiones deberán adoptarse buscando lo que pudiera haber sido su voluntad, deseos y preferencias atendiendo, para llegar a esa conclusión, a su trayectoria vital, sus creencias, valores y hechos que hubiera tenido en cuenta la persona. Ese cambio de mentalidad debe contribuir a romper inercias y sesgos y para ello los operadores jurídicos estamos plenamente implicados en la formación de nuestras plantillas, pero precisamos que se produzcan otros cambios para que la sociedad sea cada vez más inclusiva.

Uno de los puntos a los que tuvo que hacer frente en un primer momento fue la situación de desamparo de los ancianos durante el Covid. ¿Qué papel juega el Ministerio Fiscal en la protección de los mayores?

Disponemos de una amplia fórmula de intervención previa a cualquier procedimiento judicial, supervisando cualquier situación de vulnerabilidad e instando su resolución por las Administraciones con competencias en la materia, analizando situaciones de posible necesidad de adoptar medidas de apoyo a la capacidad jurídica de la persona o de índole asistencial a través de nuestras diligencias preprocesales. El año pasado se dictó por la Fiscalía General del Estado la instrucción 1/2022 sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en unidades psiquiátricas o de salud mental y centros residenciales y/o sociosanitarios de personas mayores y/o con discapacidad, con la clara pretensión de caminar hacia un sistema de cuidados respetuoso con la dignidad, encomendando a los fiscales intensificar la inspección de los centros con esta finalidad. También tenemos puesta la atención en desarrollar las actuaciones que prevengan situaciones de abuso económico o de cualquier índole sobre las personas mayores, vivan o no en contextos residenciales. Diversos convenios con instituciones públicas, privadas y ONG son herramientas de detección de estos casos.

Gonzalo López Ebri -teniente fiscal de Valencia y patrono de Aequitas, como usted- fue galardonado recientemente con el premio del Foro Justicia y Discapacidad por, entre otras actuaciones, su «desempeño en el control de residencias y pisos tutelados de mayores». Con una población cada vez más envejecida, ¿son adecuados los recursos para los cuidados en esa etapa de la vida?

Nos compete a todos abordar una reflexión sobre nuestro modelo residencial. Es evidente el envejecimiento demográfico de nuestro país, así como que se están produciendo cambios en el perfil de las personas que viven en entornos residenciales. Cualquier debate ha de partir de una mayor concienciación social sobre la importancia de ese colectivo, sus necesidades, derechos y preferencias, así como sobre el carácter heterogéneo de este grupo social, que incluye personas mayores autónomas, en situación de dependencia, y con discapacidad. Cada individuo tiene su particular contexto (social, económico, cultural) que lo hace único. Por ello, debe diseñarse una diversidad de recursos que pueda adaptarse a las distintas realidades y necesidades personales que, además, son dinámicas. Esto pasa, por supuesto, por potenciar, en los casos en que sea posible, la atención integrada sanitaria y social en el propio domicilio, pero también por multiplicar y diversificar los modelos residenciales. De esta forma, se podrán cubrir las distintas necesidades con que se van encontrando las personas en la fase final de su vida. Y desde luego se necesita avanzar decididamente hacia la atención sanitaria y social integradas. La atención prestada en las residencias debe incrementar su componente sanitaria, vinculándose mejor los recursos residenciales con la atención primaria y comunitaria de salud e invirtiendo en el soporte sanitario a las residencias, con personas formadas en geriatría en los puestos de decisión.

 


“LA LEY 8/2021 DISPONE UN CAMBIO DE PARADIGMA: PASANDO DEL CRITERIO INTERPRETADO POR EL REPRESENTANTE AL RESPETO DE LAS DECISIONES DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD”


 

Recientemente se ha puesto en marcha, desde el Foro Justicia y Discapacidad, un seminario conjunto dirigido a jueces, notarios y fiscales. ¿Cree que la colaboración entre operadores jurídicos es la adecuada?

Ese seminario se ha organizado y codirigido desde el convencimiento de las tres instituciones (Consejo General del Poder Judicial, Consejo General del Notariado y Fiscalía General del Estado) de la importancia de este trabajo conjunto, consecuencia del reto que suponen los cambios que nos exige el nuevo modelo diseñado por la Ley 8/21, que trasciende de los procesos civiles e implica a más operadores. También se corresponde esa iniciativa con la dinámica de trabajo colegiado que he podido comprobar a mi incorporación al Foro Justicia y Discapacidad, un foro plural institucional y civil-asociativo, rodeado de expertos en torno a la destrucción de las barreras que hacen difícil la igualdad e integración de las personas con discapacidad. No hay otro camino para la eficacia en las metas propuestas que la alianza de cuantos podemos aportar algo a su consecución.

Los notarios están contribuyendo a la configuración del sistema de apoyos para las que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. ¿En qué medida?

En la medida en que el sistema de apoyos a la capacidad jurídica de la persona pasa por la prioridad del diseño que realice la propia persona (artículos 249 o 255 Código Civil), hasta el punto de no perder vigencia las previsiones voluntarias por el hecho de haberse acordado medidas judiciales o voluntarias de apoyo (artículo 258 Código Civil). Parece evidente que el notario tiene un importante papel que jugar ofreciendo la información adecuada a cada situación personal y de manera adaptada a su comprensión, para que la persona pueda desplegar o prever el sistema de apoyos, garantías y salvaguardas que le parezca más oportuno. No puedo sino señalar lo adecuado que fue el dictado de las circulares informativas de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado, que interpretan esta trascedente función de garantía en el ámbito notarial, subrayando la responsabilidad del notario en hacer accesibles aquellos actos jurídicos que precisan su intervención. La garantía de la accesibilidad de todas las personas abre enormes posibilidades para organizar nuestra vida tanto en el presente como de cara al futuro, si queremos diseñar cómo deseamos ser atendidos y apoyados en nuestra capacidad jurídica para cuando no podamos realizar algunas cosas por nosotros mismos.

Durante el mandato de su predecesora, Consuelo Madrigal, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Notariado suscribieron un convenio de colaboración. ¿Puede comentarnos las próximas líneas de actuación al respecto?

El convenio del año 2016 estuvo orientado a facilitar el intercambio de información ágil entre ambos colectivos para facilitar la protección jurídica de colectivos vulnerables como los menores y personas con discapacidad. Los frutos de la colaboración entre fiscales y notarios han ido mucho más allá, generando un foro de debate continuo, dinámico y ágil en la solución de problemas, teniendo siempre por norte la Convención. La publicación de la Ley 8/21, en la que el impulso de ambos colectivos ha sido evidente, ha potenciado este panorama de colaboración. La potenciación de la autonomía de la persona con discapacidad o la desjudicialización efectiva, que lleva consigo la prioridad de las medidas de apoyo voluntarias, o la estabilidad otorgada a las guardas de hecho, nos debe llevar a incrementar nuestra eficacia en la detección de los casos de desprotección, abuso o influencia indebida, o cualquier circunstancia que pueda provocar situaciones de desigualdad de las personas por razón de su discapacidad. De ahí la necesidad de profundizar en la intercomunicación de ambas instituciones.

 


“A LA HORA DE PREVER EL SISTEMA DE APOYOS ANTE LA DISCAPACIDAD, EL NOTARIO TIENE UN IMPORTANTE PAPEL QUE JUGAR OFRECIENDO LA INFORMACIÓN ADECUADA A CADA SITUACIÓN PERSONAL”


 

La insuficiencia de las medidas de apoyo existentes debe llevar al notario a comunicar dicha situación al fiscal, conforme a la Ley de Jurisdicción Voluntaria en una dinámica que se ha incorporado a la Ley del Notariado y que debe naturalizarse como una salvaguarda social de ese reconocimiento de la autonomía de todas las personas. La cualidad del notario, prestando su apoyo a la toma de decisiones de la persona con discapacidad, puede solventar cualquier riesgo de desequilibrio en el acto jurídico concreto que autorice, pero simultáneamente esa intervención puede ser compatible con una comunicación al fiscal, por si fuera necesario estudiar una medida de apoyo o una salvaguarda judicial que proyecte hacia otros espacios esa cobertura de protección a la autonomía de la persona concernida. Se hace evidente una reelaboración del convenio que recoja las mejores prácticas y potencie un intercambio de información más seguro.

«LA COLABORACIÓN ENTRE FISCALES Y NOTARIOS HA IDO MUCHO MÁS ALLÁ, GENERANDO UN FORO DE DEBATE CONTINUO, DINÁMICO Y ÁGIL»

Huella digital

Segarra no cuenta con perfiles propios en las redes sociales, aunque dispone de una cuidada biografía en wikipedia. La actualidad de la fiscalía se puede seguir en IG: @fge.fortuny4, Twitter: @fiscal_es, y Youtube 

Entrevista a Gonzalo A. López Ebri, premio Foro Justicia y Discapacidad

ESPACIO AEQUITAS

GONZALO A. LÓPEZ EBRI,

PREMIO FORO JUSTICIA Y DISCAPACIDAD

Gonzalo A. López Ebri acaba de ser premiado por el Foro Justicia y Discapacidad en la categoría A una trayectoria personal. El teniente fiscal de la Comunitat Valenciana y patrono de Aequitas repasa en esta entrevista sus cuatro décadas de carrera profesional.
JOSÉ M. CARRASCOSA

¿Qué supone este reconocimiento?

Me ha dejado sobrecogido. Ni conocía cómo se tramitaba la concesión, ni que yo estaba entre los propuestos. La satisfacción es evidente; tras más de 25 años dedicado al ámbito de la discapacidad, la concesión de este premio representa un grandísimo honor para mí. Lo recibo con la humildad de quien recibe un regalo.

La entrega de estos premios coincidirá con el segundo aniversario de la entrada en vigor de la Ley 8/2021. ¿Qué balance realiza de esta etapa?

Una reforma de gran calado e hito fundamental en la adaptación de nuestro ordenamiento a la Convención de Nueva York. Reconocer que todas las personas tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones exige un cambio del entorno y, especialmente, una transformación de la mentalidad social de aquellos profesionales del Derecho –jueces y magistrados, personal al servicio de la Administración de Justicia, notarios, registradores…– que han de prestar sus respectivas funciones a requerimiento de las personas con discapacidad, partiendo de los nuevos principios y no de visiones paternalistas que hoy resultan periclitadas. Como balance, por lo que a las profesiones jurídicas respecta, ese cambio se ha producido. Ya se puede decir, con carácter general, que el cambio de paradigma ha impregnado a los operadores. El esfuerzo por conseguir esa igualdad es una meta generalizada que exige convencimiento, implicación y dedicación. En todo caso, ya estamos en un camino sin retorno que no permite dar un paso atrás que cuestione la igualdad de las personas con discapacidad.

Los juzgados tienen que revisar las incapacitaciones adoptadas con anterioridad a esta ley. ¿Cuál es la situación actual?

En lo que concierne a la revisión de las medidas ya acordadas, deberá realizarse en un plazo máximo de tres años. No existen estadísticas fiables de cuántas han sido las revisiones realizadas en el ámbito nacional; ahora bien, a mi entender, estimo que ese plazo será de imposible cumplimiento, situación ésta que es preferible a que se actúe con celeridad y no con la rigurosa y detallada dedicación que exige la determinación de cuál sea el apoyo mejor para garantizar esa igualdad en el ámbito de la capacidad jurídica. Es decir, prefiero que la decisión judicial sea ponderada, reflexionada y con la asistencia de los informes y datos adecuados a que, producto de un plazo, la rapidez merme aquella manera correcta de tomar una decisión de enorme trascendencia para las personas con discapacidad como es la de determinar qué apoyos son los óptimos para el ejercicio de su capacidad jurídica en iguales condiciones que los demás.

 


EL NOTARIADO HA SIDO PIONERO EN EL ÁMBITO DE LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD


 

El Covid nos mostró la situación precaria en algunas residencias. Usted puso en marcha hace años un plan de inspecciones en Valencia. ¿Cuál fue el resultado?

Aquella iniciativa de inspecciones comenzó en el año 2001, es decir hace 22 años. Habría que pensar en la España de aquella época y lo que significaron esas iniciativas. Se empezó a tener conciencia social del “cuidado”, de la dimensión social de todas aquellas situaciones de riesgo personal y patrimonial derivadas de la vulnerabilidad por razón de la enfermedad mental en el ámbito del internamiento psiquiátrico. Se desarrolló un programa de averiguación de quiénes eran los guardadores de hecho que estaban a cargo de la administración del patrimonio de cada una de las personas ingresadas en residencias con la finalidad de evitar y/o detectar posibles expolios, que en unos casos se detectaron y evitaron, y en otros, no obstante detectarse, no se evitaron gracias a la detestable excusa absolutoria de las apropiaciones patrimoniales no violentas entre parientes del antiguo Código Penal, hoy dichosamente desterrada. No obstante, la Fiscalía fue vanguardia tanto en la exigencia del control judicial del internamiento como en la exigencia de las periódicas visitas por los fiscales. En la actualidad, la creación de la fiscalía de sala coordinadora de los servicios especializados de atención a personas con discapacidad y mayores ha significado una apuesta decidida en favor del colectivo.

Otra de sus acciones fue una campaña dirigida a la banca para incrementar la protección del patrimonio de las personas con discapacidad. ¿Qué consejo práctico daría hoy a este colectivo?

Es evidente que la entrada en vigor de la Ley 8/2021 ha generado disfunciones importantes en cuanto a su aplicación en el ámbito bancario; especialmente en lo concerniente a la acreditación de la guarda de hecho, situación ésta que ha impedido que, en no pocos casos, las personas con discapacidad asistidas de sus guardadores de hecho pudieran extraer las cantidades que precisaban para cubrir sus necesidades. Es de justicia reconocer que las entidades financieras han reaccionado y mostrado su implicación en la aplicación de la ley para evitar disfunciones como la descrita. A la banca le agradezco su disposición con la esperanza de que ésta se plasme en una eficaz protección de las personas con discapacidad; y a los familiares, me gustaría indicarles que no duden en instar la intervención de la Fiscalía ante cualquier abuso, ilícito uso o indicio de que se produzca, sobre el patrimonio de una persona vulnerable.

Asimismo, contribuyó a eliminar en la reforma del Código Penal la conocida como «excusa absolutoria del parentesco» que exoneraba a familiares en los casos en que se aprovechaban de la discapacidad de la víctima para beneficiarse económicamente. ¿Cree que se ha superado la comisión de ese tipo de delito?

Superarse la comisión de los delitos contra el patrimonio sobre las personas con discapacidad sería lo deseable, pero no sería una perspectiva real. Actualmente, aquellos desaprensivos que con su vileza intenten aprovecharse del patrimonio de este colectivo lo tienen mucho más difícil, y si lo hacen ya no tienen excusa alguna que los salve.

Entre sus cargos figura el de vicepresidente del Indisva (Instituto Notarial para la Atención Jurídica a las Personas con Discapacidad de Valencia). Desde su cercanía con esta profesión, ¿cómo valora el papel que realizan los notarios?

Desde hace ya muchos años los notarios vienen mostrando una especial sensibilidad hacia las personas con discapacidad. El Consejo General del Notariado (CGN) adoptó en el año 1999 (24 años antes de la Ley 8/2021) el acuerdo de constituir la Fundación Aequitas, que canalizara las aportaciones que puede realizar el Notariado en su conjunto, y los notarios y otros profesionales individualmente, en relación con la discapacidad y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran numerosas personas. Indudablemente, no se puede negar que el Notariado ha sido pionero en el ámbito de inclusión de las personas con discapacidad.

 


LA DISCAPACIDAD ES UNA MATERIA QUE APENAS TIENE PRESENCIA EN LOS PLANES DE ESTUDIO, PARTICULARMENTE EN LA CARRERA DE DERECHO, LO CUAL ES ESPECIALMENTE PREOCUPANTE


 

Ahora con la reforma, no solo se les reconoce el trabajo que ya venían desempeñando, sino que cobran el máximo protagonismo al convertirse en un verdadero apoyo institucional para estas personas. Las medidas de apoyo voluntarias se priorizan por encima de todas las demás en el nuevo modelo y tales medidas deben quedar plasmadas en documento público; de ahí que los notarios jueguen ese papel estelar y decisivo en la vida de las personas con discapacidad, pues de su asesoramiento y asistencia en el otorgamiento del documento público que determine los apoyos dependerá la gestión de las vidas de muchas de ellas. Un buen documento de medidas voluntarias evitará la litigiosidad y la necesidad de recurrir a los juzgados para resolver cuestiones que pueden quedar perfectamente zanjadas en el documento notarial. La sensibilidad del notariado ante esta nueva realidad quedó igualmente plasmada en las circulares del CGN emitidas inmediatamente después de la entrada en vigor de la Ley 8/2021; la primera de ellas dando cuenta del nuevo paradigma; y la segunda, marcando una serie de directrices orientativas para facilitar la averiguación de la voluntad de las personas con discapacidad al otorgar las citadas medidas voluntarias. En el ámbito de formación y promoción de la nueva ley, el Notariado también en esto ha sido pionero; se ha adelantado a otros colectivos del ámbito jurídico, del tercer sector y a familiares de las personas con discapacidad, lo que de nuevo evidencia su compromiso.

Ha sido profesor de Derecho Civil y Penal en la Universidad de Valencia. ¿Considera que el ‘Derecho sobre la Discapacidad’ está suficientemente presente en nuestros planes de estudio universitarios?

En absoluto; actualmente es una materia que apenas tiene presencia en los planes de estudio, particularmente en la carrera de Derecho, lo cual es especialmente preocupante ahora que se van a cumplir dos años desde la publicación de la Ley 8/2021. Vista la exigencia de que, a la luz de la nueva normativa, las personas con discapacidad pueden intervenir en el tráfico jurídico en igualdad de condiciones con los demás, la consecuencia será que todo el ordenamiento jurídico debe estudiarse traspasado de ese nuevo paradigma, lo que comporta que el nuevo sistema de provisión de apoyos debe ser estudiado y conocido en profundidad. Ello exige que, efectivamente, se apueste por la implementación del Derecho sobre la discapacidad en los planes de estudios. Así lo demandan los propios representantes de las personas con discapacidad, entre ellos el CERMI.

¿Qué le diría a un recién licenciado que desea iniciarse en el campo jurídico de la defensa de los más vulnerables?

Durante 39 años he compaginado la labor de fiscal con la de profesor de Derecho Civil en la Universidad de Valencia, dedicándome a impartir las materias en las que intervenía el ministerio fiscal cuando estaba comprometido el interés social o cuando podían afectar a menores, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. A finales de los años 80 ver a un fiscal que se empeñara en estas labores no era lo más frecuente, se nos relacionaba más con el ámbito penal. Hoy, felizmente, nadie comprende las funciones del ministerio fiscal sin que entre ellas esté, como consustancial a la institución, la de proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, promoviendo el respeto de su dignidad inherente.

A un joven licenciado le diría que con su actitud puede hacer que este mundo sea más solidario; que con su atención puede evitar, cuanto menos, que no aumente la miseria, y que, con su dedicación, puede impedir que la desigualdad derivada de la vulnerabilidad tenga soporte alguno que la justifique. Que sea consciente de cuánta fortaleza se necesita para vivir en la fragilidad. Y terminaría contándole aquel relato africano que tan bien describe las consecuencias de la insolidaridad: ‘El último camello de la fila camina como todos los demás. Lo que nos pase a alguno de nosotros le pasará a los demás’.

La reforma de la discapacidad

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LA REFORMA DE LA DISCAPACIDAD

De izda. a dcha.: Rafael de Lorenzo, Juan José González Rivas, José Ángel Martínez Sanchiz, María Jesús Moro y Federico Cabello de Alba.

A finales de enero, la sede del Consejo General del Notariado (CGN) acogió la presentación de la obra La reforma de la discapacidad, editada por Fundación Notariado. El acto estuvo encabezado por José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN y de las fundaciones Aequitas y Notariado, así como autor del prólogo. Le acompañaron los tres notarios coordinadores de la obra: Almudena Castro-Girona, (directora de la Fundación Aequitas y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado. UINL); Federico Cabello de Alba (director de la sección social y económica de la Fundación Aequitas), y Carlos Pérez Ramos (coordinador de la Revista Jurídica del Notariado).

JOSÉ M. CARRASCOSA,

En representación de los 45 autores intervinieron Rafael de Lorenzo, secretario general de la ONCE; Juan José González Rivas, presidente emérito del Tribunal Constitucional, y María Jesús Moro, diputada y profesora titular de Derecho Civil.

Para Martínez Sanchiz «en esta obra se recogen una serie de trabajos realizados por personas del máximo conocimiento de la materia; todos ellos juristas de gran nivel de ámbitos como el judicial, notarial, fiscal, la abogacía o las entidades sociales. Debemos felicitarnos por la obra y, sobre todo, por la existencia de esta Ley 8/2021 por la que tanto ha trabajado la Fundación Aequitas»

«Aequitas ha sabido defender -junto con CERMI, ONCE y otras entidades sociales- la aplicación del artículo 12 de la Convención de la ONU que afirma que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica. La ley es un éxito por la colaboración de todos los grupos parlamentarios y por ser un referente mundial, ya que es la transposición de la Convención con desarrollo legislativo más intenso», resaltó.

Para Martínez Sanchiz, la nueva Ley sobre discapacidad, «realza la importancia del Derecho Civil, que se caracteriza porque está vinculado ineludiblemente a la persona mediante la inserción de una serie de principios como la idea de libertad e igualdad. El Derecho Civil tiende siempre a proteger a los que necesitan mayor apoyo. Asimismo, tiene un valor ético impagable porque exige un compromiso en materia de Derechos Humanos».

También demandó un papel más activo en la aplicación de esta legislación. «Es comprensible que un cambio de paradigma como este provoque miedo a un mayor grado de libertad, incluso por parte de las personas con discapacidad y sus familias. Debemos incentivar ese enriquecimiento de la personalidad. La confianza en las familias es uno de los pilares en los que se sustenta la protección jurídica de la discapacidad. Se reconoce la autonomía personal, pero en compañía de los suyos».

El papel de los notarios

Sobre el papel que desempeñan los notarios a raíz de la nueva normativa, Martínez Sanchiz declaró que «nos obliga a abordar una nueva situación. Los notarios nos encontramos con una responsabilidad altísima ya que debemos ofrecer soluciones e introducir medidas de salvaguarda».

«Esta obra aporta a los juristas información y formación. Aunque no debemos reducirnos a estudiar, sino que también debemos escuchar para construir soluciones conjuntas que sirvan mejor a la sociedad. Los notarios tenemos la ventaja de poder dialogar con los ciudadanos, para -al igual que otros profesionales como jueces y fiscales- tratar de desarrollar un objetivo tan elevado como es el respeto de la dignidad humana», concluyó.

 


PARA JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO: «LA LEY 8/2021 ES UN REFERENTE MUNDIAL EN MATERIA DE DISCAPACIDAD»


 

Juan José González Rivas mostró su optimismo en la “superación del artículo 49 de la Constitución, en la que debería sustituirse el término ‘disminuido’ por ‘persona con discapacidad’. Supondría un aldabonazo en el ámbito legislativo y judicial haciendo efectivos los principios básicos de nuestro Estado de Derecho».

La diputada María Jesús Moro resaltó el consenso político en la puesta en marcha de una ley que se inició durante un gobierno y concluyó con otro de sesgo contrario. «Su tramitación fue ejemplar porque una serie de personas fueron conscientes de su importancia, y a pesar de la variedad del arco parlamentario se logró un máximo consenso. Entidades como CERMI, ONCE o Plena Inclusión fueron también un motor de impulso fundamental. Ha supuesto la primera gran transformación del Derecho Privado, aunque pueda tener algunas lagunas. Debemos proteger esta norma e irla adaptando a la realidad, defendiendo la autonomía privada con todas las garantías posibles y reduciendo el intervencionismo de los poderes públicos».

Por su parte, Rafael de Lorenzo abundó en la dificultad de aprobar «una reforma de tal extensión en el Código Civil y otras siete u ocho leyes. Es un fenómeno parlamentario inusual. En un período muy corto se modificaron más de 250 artículos de Derecho Privado. Supuso un ejemplo de voluntad política que hizo prevalecer el interés social para un colectivo de cuatro millones y medio de personas con discapacidad que, con sus familias, se convierten en la cuarta parte de la población española. Esta obra realiza aportaciones relevantes ante el reto que supone la aplicación práctica de una reforma de tan gran calado, que nos dota de herramientas para incrementar la dignidad humana del sector a través del desarrollo de una plena capacidad jurídica».

Por lo que se refiere a los coordinadores de la obra, Federico Cabello de Alba apuntó que «hay que avanzar más en la aplicación de la ley. Es un trabajo que aún no ha finalizado; hay legislaciones conexas que aún no se han abordado. Los operadores jurídicos, como la judicatura o el Notariado, debemos superar inercias para avanzar en el acceso a otras prácticas como es el caso del ámbito bancario». Castro-Girona coincidía en ese mensaje: «Tenemos mucho por hacer, pero ahí vamos a estar todos trabajando unidos. Desde Aequitas tenemos disposición para trabajar juntos, como demuestra este libro». Por su parte, Pérez Ramos, señaló que el objetivo planteado en la génesis de la obra, «realizar un libro de referencia sobre la discapacidad», se había cumplido.

La reforma de la discapacidad

En la obra, 45 expertos analizan la normativa española sobre discapacidad y especialmente su evolución hasta culminar en la aprobación de la Ley 8/2021. En sus páginas se analizan figuras jurídicas como los poderes preventivos, la curatela, la guarda de hecho, el patrimonio protegido, el consentimiento informado, y las medidas voluntarias y judiciales de apoyo, entre otras.

Æquitas y Fedace ponen en marcha el proyecto Rumbo

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Aequitas y FEDACE ponen en marcha el proyecto Rumbo

Mar Barbero.

La Fundación Aequitas y la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace) -junto a otras entidades- han puesto en marcha el proyecto Rumbo. Hacia un modelo de autonomía personal conectada e inclusiva. Esta iniciativa nace con el objetivo de ofrecer formación online sobre la autonomía personal y la vida independiente a las personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA), familiares y profesionales. Estos cursos son abiertos y gratuitos y se desarrollarán a lo largo de sesiones periódicas durante los dos próximos años. La directora de Fedace, Mar Barbero, explica para Escritura Pública la acogida y expectativas de Rumbo.

JOSÉ M. CARRASCOSA

¿Cómo surge la iniciativa de Rumbo?

El proyecto nace de la agrupación de cinco grandes asociaciones representativas de la discapacidad -Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), Confederación Autismo España, Fedace, Predif (Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física) y Aspace (Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral)- con el objetivo de plantear e implementar un nuevo modelo de apoyo a la autonomía personal y al cuidado de las personas con discapacidad, especialmente aquellas con mayores necesidades de apoyo, para impulsar la vida independiente y facilitar formas de vida inclusivas. Surge de la necesidad de apostar por la prevención de la institucionalización de las personas con discapacidad y fomentar la vida en comunidad, desde las distintas miradas de los colectivos.

Nace de una convocatoria que subvenciona el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, a través de los Fondos Next Generation de la UE. Una de las políticas de ese proyecto hace referencia al Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión que pretende reforzar las políticas de atención a la dependencia y apoyos a la autonomía personal impulsando un cambio en el modelo de apoyos y cuidados de larga duración hacia una atención centrada en la persona e impulsando el derecho a decidir cómo y con quién quieren vivir, y a acceder a los apoyos que les faciliten la igualdad de oportunidades y la inclusión en la comunidad.

¿Qué acogida han tenido las primeras sesiones?

Dentro del proyecto se contemplan diferentes actividades, realizadas desde las cinco confederaciones nacionales, y también desde diecisiete entidades ejecutantes en diferentes territorios de España. Desde Fedace hemos iniciado unos ciclos formativos que se llevarán a cabo hasta el año 2024, centrados en temas específicos que impactan en la autonomía y la vida independiente de las personas con DCA. El objetivo es generar conocimiento para profesionales, personas con DCA, familiares, cuidadores y la sociedad en general sobre las vías, mecanismos y servicios que apoyan la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad, en este caso de personas con DCA. Ya hemos realizado varias sesiones formativas en noviembre que han tenido una amplia acogida dentro y fuera de nuestro movimiento asociativo. Estamos muy satisfechos por la asistencia y por las valoraciones e interés percibido.


LAS SESIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS DESDE RUMBO SON ABIERTAS Y GRATUITAS Y SE DESARROLLARÁN EN SESIONES PERIÓDICAS A LO LARGO DE LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS


¿Cuáles son las principales dudas que plantean vuestros asociados y/o familiares?

Las personas con DCA y sus familias quieren tener certidumbre sobre cambios legislativos y recursos de atención al DCA que apoyen su autonomía y vida independiente y participativa en su entorno. Quieren tener una calidad de vida adecuada y poder elegir cómo llevar a cabo su proyecto de vida.

¿Qué pueden aportar los notarios y la Fundación Aequitas a Fedace y a proyectos como Rumbo?

La mayor aportación que precisan las personas con DCA de personas expertas en normativa y legalidad es la orientación jurídica sobre temas que tienen que ver con una discapacidad sobrevenida como la suya. Es muy necesaria y bien valorada la formación en la nueva Ley 8/2021. También se necesita en aspectos relativos a las diferentes leyes de dependencia y discapacidad existentes en nuestro país.

Primeras sesiones de Rumbo

En noviembre tuvieron lugar las primeras sesiones del ciclo formativo Tratamiento de la discapacidad en el Derecho Civil. El notario Manuel Rueda impartió las conferencias Sistema de ayudas a las personas con discapacidad en la vida en sociedad y Otras figuras de apoyo de las personas con discapacidad. El director del área jurídica de Aequitas dialogó con los asistentes virtuales, atendiendo sus consultas e informando de los beneficios de algunas figuras jurídicas: guarda de hecho, curatela, patrimonio protegido de las personas con discapacidad, etc.

La práctica jurídica de la discapacidad

El auditorio de la Universidad de Deusto acogía en noviembre la sesión inaugural del ciclo La práctica jurídica de la discapacidad. Estudiantes de primer curso del grado en Derecho (y otros dobles grados) asistieron a este primer panel de debate que versó sobre La práctica notarial y la actuación institucional en la discapacidad. El contenido de estas ponencias forma parte del plan de estudios de la asignatura Introducción al Derecho. Fundamentos de Derecho Privado de la citada institución académica. Las notarias Almudena Castro-Girona y Carmen Velasco -directora de la Fundación Aequitas y vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco, respectivamente- aportaron el punto de vista de su profesión, junto a Oier Zuberogoitia, director gerente del instituto Tutelar de Bizkaia.
De izquierda a derecha: Almudena Castro-Girona, Oier Zuberogoitia, Gema Tomás (decana de la facultad de Derecho), Carmen Velasco y Emilio Olabarría (patrono de Æquitas).

Página de Fedace, con información sobre los próximos cursos de Rumbo.

Imagen del cartel

Intervención de Manuel Rueda en el canal de Youtube de Fedace

Documentos notariales en lectura fácil

ESPACIO AEQUITAS

DOCUMENTOS NOTARIALES EN LECTURA FÁCIL

Las fundaciones ONCE y Æquitas junto al movimiento asociativo Plena Inclusión han suscrito un convenio para poner en marcha el proyecto piloto Documentos notariales en lectura fácil. El notario Manuel Rueda, director de la sección jurídica de la Fundación Æquitas, explica en detalle el estado de esta iniciativa, surgida para adaptar la legislación española a la Convención de la ONU sobre discapacidad.
JOSÉ M. CARRASCOSA
Manuel Rueda.

-¿Qué supondrá este proyecto para las personas con discapacidad intelectual o con dificultad de comprensión?

-El proyecto inicial consiste en que los usuarios con discapacidad del servicio notarial, junto con las copias ordinarias de un documento que hayan realizado, puedan disponer de una versión de ese documento escrito en lectura fácil para su conservación en un formato más accesible. Esta versión no tendrá la consideración de copia del documento con sus efectos jurídicos, sino que será meramente informativa. El cliente con discapacidad dispondrá de un documento explicativo, en lectura fácil, para su recuerdo y comprensión en el futuro.

A lo largo del desarrollo del proyecto hemos añadido otra posibilidad: que en las notarías estén disponibles modelos explicativos, en lectura fácil, de documentos notariales, a utilizar por personas con discapacidad antes de firmar una escritura. No sustituye a las explicaciones que se le puedan dar acerca del documento que tienen previsto realizar, sino como un apoyo para poder evaluarlo en casa y recordar las explicaciones que haya recibido. En realidad, es similar al borrador que se suministra a cualquier persona con carácter previo a la firma del documento, pero referido a un modelo tipo del mismo.
Estamos en una fase piloto para establecer los procesos en los que participarán las notarías, los traductores y las entidades del tercer sector puesto que todos son necesarios para alcanzar la finalidad prevista.

-¿Cómo se lleva a la práctica el desarrollo del convenio?

-Plena Inclusión se encarga de la traducción a lectura fácil de los documentos elaborados por los notarios. Posteriormente, esta traducción es revisada en la propia notaría o en la Fundación Aequitas. A continuación, se procede a una segunda validación por personas con discapacidad, para ver si alcanza el nivel de comprensión requerido. LIBER, antigua Federación de Entidades Tutelares, a través de las fundaciones asociadas en cada localidad, es la encargada de encontrar y relacionarse con las personas con las que se elaboran los documentos. La Fundación Aequitas se encarga de coordinar a las notarías que se han prestado a intervenir en el proyecto, coordinación que se extiende a las relaciones con las otras dos entidades. Asimismo, estamos interviniendo en la preparación de los modelos explicativos de documentos. Por su parte, la Fundación ONCE ha sido un apoyo económico imprescindible para el proyecto.


EN UNA PRIMERA FASE SE ADAPTARÁN UN NÚMERO LIMITADO DE DOCUMENTOS NOTARIALES. SI CONCLUYE CON ÉXITO, EL PROYECTO PODRÍA EXTENDERSE A CUALQUIER OTRO


-¿Qué tipo de documentos se adaptarán?

-Se han seleccionado algunos documentos que suelen realizar las personas con discapacidad, desde un testamento a aceptaciones de herencias. Si concluye con éxito, podría extenderse prácticamente a cualquier documento.

-Está previsto que el proyecto piloto se inicie en los colegios notariales de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias. ¿Cuándo se hará extensivo a toda España?

-Al ser un proyecto que implica reuniones frecuentes entre los tres agentes, se ha limitado el número de colegios notariales y notarios en cada uno. Hay que tener en cuenta que cada paso requiere cinco reuniones en las que intervenimos los representantes de Plena Inclusión y Aequitas, más las fundaciones locales de LIBER y los notarios de cada región que se han ofrecido voluntarios. Una vez terminado el proyecto, la idea es que su desarrollo se pueda extender a toda España.

-Este otoño se presentará un informe de conclusiones. ¿Podría adelantarnos algunos de los principales puntos de interés?

-La siguiente tanda de reuniones esperamos que permita presentar resultados ya concretos (modelos de documentos traducidos y documentos otorgados y ya disponibles por los usuarios), que nos permitan empezar a elaborar el informe de conclusiones. Será interesante contrastar la disposición de los traductores a través de Plena Inclusión para una actuación mucho más amplia que la actual. Igualmente, deberemos coordinar los plazos en que puede trabajar cada uno; conocemos los de las notarías a la hora de elaborar un documento, pero hay que encajarlos con los que manejan los traductores para su trabajo.

Nuevo patronato de la Fundación Aequitas

En septiembre, la Fundación Aequitas renovó su Patronato. Tras la salida del magistrado Benigno Varela y los notarios Adolfo Príes y Rafael Leña, a los que la Fundación Aequitas y el Consejo General del Notariado han agradecido su labor, se nombró nuevos patronos a los notarios Rosario Algora y José Marqueño de Llano.

Los patronos actuales son:

Rosario Algora, notaria; José Luis Blázquez, presidente de la Comisión Nacional de Finanzas de Cruz Roja Española; Juan Bolás, notario honorario; Miguel Ángel Cabra de Luna, director Relaciones Sociales e Internacionales de Fundación ONCE; Álvaro Cuesta, vocal del Consejo General del Poder Judicial; Blanca Entrena, notaria; Cristóbal Fábrega, fiscal; Juan Francisco Herrera, notario; Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, consejero permanente de Estado; Gonzalo López Ebri, teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia; Consuelo Madrigal, ex fiscal del Tribunal Supremo; Antonio López-Istúriz, diputado en el Parlamento Europeo; José Marqueño de Llano, notario honorario; Vicente Martínez-Pujalte, ex diputado; Ignacio Moreno, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; José Ignacio Navas, notario honorario; Emilio Olabarría, ex diputado; Ángeles Parra, magistrada de la Sala Primera del Tribunal Supremo; Pascual Ortuño, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona; Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; Miguel Rodríguez-Piñero, consejero permanente y presidente de la sección segunda del Consejo de Estado; Luis Sampietro, notario; Yolanda San Pastor, magistrada del Juzgado de Primera Instancia de Madrid; María José Segarra, fiscal de sala de Discapacidad; José Luis Seoane, magistrado del Tribunal Supremo; Fernando Santos Urbaneja, fiscal; Francisco Vañó, ex diputado; e Inmaculada Vivas, catedrática de Derecho Civil.

José Ángel Martínez Sanchiz, Raimundo Fortuñy y Manuel Tarrío -presidente, vicepresidente y secretario del Consejo General del Notariado, respectivamente- desempeñan el mismo cargo en el patronato de la Fundación Aequitas.

Patronato de Æquitas.

Más de 100 preguntas acerca de la discapacidad

ESPACIO AEQUITAS

'Más de 100 preguntas acerca de la discapacidad'

De izquierda a derecha: Marc Simón, Virginia Carcedo, Gregorio Saravia y José Ángel Martínez Sanchiz.

El lunes 20 de junio, la sede madrileña de CaixaForum acogía la presentación de Más de 100 preguntas acerca de la discapacidad, Guía jurídica básica actualizada a la reforma introducida por la Ley 8/2021, editado por Aequitas y la Fundación “la Caixa”. Esta publicación cuenta con una versión en ‘Lectura Fácil’. CERMI y la Fundación ONCE han colaborado en la edición de esta obra.

JOSÉ M. CARRASCOSA

El acto de presentación contó con la participación de José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de Aequitas; Marc Simón, subdirector general de la Fundación La Caixa; Gregorio Saravia, delegado de Derechos Humanos del CERMI y Virginia Carcedo, secretaria general de la Fundación ONCE.

Asesoramiento notarial

“Junto a esta guía, los notarios estamos dispuestos a ofrecer asesoramiento y consejo jurídico. Es una responsabilidad y un honor que nos otorga la Ley 8/2021. Podemos aportar nuestro apoyo y trabajo institucional en la toma de decisiones de las familias y hacer comprensible cómo prever los propios apoyos voluntarios, que son el instrumento estelar de la ley, y que las familias se incorporen en la elección de ayudas, como testamentos o patrimonios protegidos, para el día de mañana”, explicó el presidente de la Fundación Aequitas y del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz.

Marc Simón, subdirector general de la Fundación ”la Caixa”, señaló que “este documento será de gran utilidad para personas y entidades en caso de dudas sobre la discapacidad. En la fundación tenemos como objetivo apoyar iniciativas que ayuden a mejorar la vida de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y estas guías son un magnífico ejemplo de ello”.

Por su parte, la secretaria general de la Fundación ONCE, Virginia Carcedo, apuntó que «con esta publicación se pretende que se ejerzan los derechos de las personas con discapacidad con mayor seguridad. La nueva Ley 8/2021 tiene muchas consecuencias jurídicas; cambiar el paradigma es siempre un primer paso. Se abandona un sistema obsoleto por otro nuevo en el que la clave radica en el concepto de los apoyos. Las instituciones debemos aplicar la legislación, y para ello, lo primero que tenemos que hacer es conocerla. De ahí la utilidad de esta guía».

Para el delegado de Derechos Humanos del CERMI, Gregorio Saravia, «esta guía cumple un papel fundamental: acercar cuestiones jurídicas y volver accesible el conocimiento sobre esta reforma que revoluciona la normativa. Su publicación es importante para los profesionales del sector y clave para transmitir tranquilidad a las familias, ya que traduce el lenguaje jurídico a la accesibilidad cognitiva. Por último, quiero poner en valor la alianza entre CERMI, Fundación “la Caixa”, ONCE y Aequitas; es fundamental mantener alianzas y lazos de colaboración en el tercer sector y en el ámbito de la discapacidad».

José Manuel González Huesa, director general de Servimedia, dio paso a Irene Yepes, directora de Líber (Asociación de entidades de apoyo a la toma de decisiones) y Manuel Rueda, notario y coordinador de la obra, quien abundaron en sus contenidos.

A continuación tuvo lugar la mesa redonda Las medidas de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Este panel de debate -moderado por José Marqueño, presidente honorario de la Unión Internacional del Notariado- tuvo como participantes a Juan Manuel Fernández, vocal del CGPJ y presidente del Foro Justicia y Discapacidad; Gonzalo López Ebri, Teniente Fiscal del TSJ de la Comunidad Valenciana; Almudena Castro-Girona, notaria y directora de la Fundación Aequitas; y Santiago Izquierdo, portavoz de Líber.

Marqueño hizo hincapié en «la dificultad de hacer una guía de este tipo. No es fácil para las profesiones jurídicas hablar para que todos te entiendan. Hace más de un año que entró en vigor la Ley, pero sigue siendo necesaria su difusión con actos y publicaciones de este tipo».


CON ESTA GUÍA SE PRETENDE QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PUEDAN EJERCER SUS DERECHOS CON MAYOR SEGURIDAD


“La Fundación Aequitas es la respuesta del Notariado a la situación de indefensión en que se encuentran los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. En sus más de veinte años de trabajo ha demostrado el compromiso con hechos y consiguiendo asentar una enorme plataforma solidaria integrada no solo por los casi tres mil notarios de España, sino también por un gran número de profesionales de distintos ámbitos, tanto del Derecho como ajenos a él. Esta guía básica es fruto del trabajo de esta plataforma solidaria. Un instrumento que ponemos a disposición de la sociedad y que deseo sea útil», ha explicado Almudena Castro-Girona.

López Ebri destacó que «hay una realidad esperanzadora ante este cambio que ha traído la nueva ley. Hay una implicación absoluta de la fiscalía; tenemos el privilegio de contar con una fiscalía especializada en discapacidad, con unidades de apoyo y cursos de formación». El teniente fiscal resaltó que «la guarda de hecho es la institución más importante de la reforma».

Por su parte, Fernández destacó que la legislación sobre discapacidad actual «potencia la autonomía de la voluntad y coloca a la persona en el centro de la toma de decisiones. La piedra angular de la Ley 8/2021 es la guarda de hecho y la familia, que se ven potenciadas».

Izquierdo relató a los asistentes cómo en su experiencia es un piso tutelado por la Fundación Líber: «No me falta nada, tengo todas las cosas que puedo necesitar. Aunque para realizar gestiones importantes necesito alguien de confianza que me dé su apoyo».
Pies de foto: De izquierda a derecha: Marc Simón, Virginia Carcedo, Gregorio Saravia y José Ángel Martínez Sanchiz.

De izquierda a derecha: José Manuel González Huesa, Irene Yepes y Manuel Rueda.
De izquierda a derecha: Juan Manuel Fernández, Gonzalo López Ebri, José Marqueño, Santiago Izquierdo y Almudena Castro-Girona.

De izquierda a derecha:: José Manuel González Huesa, Irene Yepes y Manuel Rueda.
Equipo de colaboradores

La guía nace para apoyar a las personas con discapacidad y sus familias ante las dudas jurídicas con las que se encuentran en su día a día. Coordinada por el notario y director de la sección jurídica de la Fundación Aequitas, Manuel Rueda, ha contado con la colaboración para su redacción de: Fundación Kyrios; los abogados Francisco González, Torcuato Recover y David Mendoza; los fiscales Fernando Santos, Aida Lozano y Cristóbal Fábrega; las civilistas María José Cazorla e Inmaculada Vivas; la trabajadora social Irene Yepes; y los notarios Manuel Lora-Tamayo, Federico Cabello de Alba, Ramón Moscoso y María del Carmen Velasco.

Contenido

A lo largo de más de cien páginas figuran preguntas y respuestas planteadas de forma práctica y sencilla sobre distintos aspectos relacionados con la protección jurídica de la discapacidad, tales como apoyos voluntarios y judiciales, poderes preventivos, autocuratela, guarda de hecho, curatela, defensor judicial, patrimonio protegido, sucesiones, donaciones, internamiento involuntario, Ley de Dependencia…

De izquierda a derecha: Juan Manuel Fernández, Gonzalo López Ebri, José Marqueño, Santiago Izquierdo y Almudena Castro-Girona.
Pie de foto: De izquierda a derecha. Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE; José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado y de la Fundación Aequitas; y José Luis Borau, jefe del área de accesibilidad de la Fundación ONCE.
¿Cómo gestionar la accesibilidad? En julio, la Fundación ONCE presentó una guía para ayudar a los notarios a hacer más accesibles sus servicios y oficinas y lograr así que sus espacios sean más cercanos y amigables, tanto para el público con discapacidad como para las personas que trabajan en ellos y tienen también alguna discapacidad. Titulado ¿Cómo gestionar la accesibilidad? Despachos notariales, el documento cuenta con la colaboración de Fundación Aequitas y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que entienden que las notarías prestan servicios importantes y necesarios para la población y que, además, todos los ciudadanos son susceptibles de precisar, en un momento u otro de su vida, mejoras para acceder a ellos. La guía se presentó en un acto que contó con la participación de José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado, y Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE. Los dos coincidieron en señalar la importancia de que servicios tan necesarios para la ciudadanía como los prestados por los notarios sean lo más accesibles y cercanos posible.

Entrevista a Jesús García Lorente, director general de la Confederación Autismo España

ESPACIO AEQUITAS

Jesús García Lorente,

director general de la Confederación Autismo España

Almudena Castro-Girona y Jesús García Lorente, tras la firma del acuerdo entre ambas instituciones.
Recientemente, la Confederación Autismo España y la Fundación Aequitas suscribieron un convenio de colaboración entre ambas instituciones enfocado a difundir la aplicación práctica de la Ley 8/2021. El director general de la Confederación analiza para Escritura Pública la situación del Trastorno del Espectro Autista en España, una discapacidad ‘invisible’.

JOSÉ M. CARRASCOSA

"La formación e información sobre el autismo es bastante escasa entre los profesionales jurídicos"

¿Puede explicarnos las líneas maestras de este acuerdo?

Autismo España y Fundación Aequitas nos hemos unido para colaborar en las iniciativas y actividades relacionadas con la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista (TEA), así como de sus familias y de los profesionales que intervienen para la consecución de la misma. Además, Aequitas comparte también nuestro objetivo de sensibilizar, formar y concienciar a la sociedad sobre la realidad de las personas con TEA, así como de sus familias, de ahí que colaboren con nosotros en la consecución de este fin. Empezaremos con una formación práctica sobre el TEA para todos aquellos notarios que lo requieran y puedan adaptarse y aplicar la nueva ley de capacitación judicial de la forma más efectiva posible. Además, desde Aequitas se impartirá una formación para nuestras entidades sobre los puntos principales de esta ley y los cambios que conlleva para las personas con TEA y sus familias.


“EMPEZAREMOS CON UNA FORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE EL TEA PARA TODOS AQUELLOS NOTARIOS QUE LO REQUIERAN”


¿En qué medida afecta la nueva normativa sobre discapacidad –centrada en la Ley 8/2021- al autismo?

Supone un nuevo paradigma de la discapacidad, un cambio de mentalidad, un nuevo modelo social de discapacidad, en especial en la toma de decisiones de las personas con TEA, ya que cambia la sustitución de la persona en la adopción de decisiones por la propia voluntad, deseos y preferencias de esta; unido a la provisión de medidas de apoyo voluntarias, legales, fácticas y judiciales; y a la supresión de la modificación judicial de la capacidad de las personas con discapacidad.

El TEA es una discapacidad de las denominadas ‘invisibles’. ¿Cómo afecta esta situación a las personas que lo presentan y a sus familias?

El TEA es una condición de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Acompaña a la persona a lo largo de su vida y afecta, fundamentalmente, a dos áreas del funcionamiento personal: la comunicación e interacción social y la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento. Esto significa que las personas con TEA pueden tener dificultades para comprender a los demás, para expresarse, para relacionarse o para comprender el contexto y desenvolverse en determinadas situaciones sociales. Se denomina “discapacidad invisible” porque el TEA no lleva asociado ningún rasgo físico y diferenciador, sino que solo se manifiesta a nivel de las competencias cognitivas de la persona y del comportamiento.

¿Cree que la sociedad conoce suficientemente el TEA?

Lo conoce mejor que hace años, aunque queda aún mucho camino por recorrer en cuanto a concienciación y sensibilización sobre el TEA y las necesidades de las personas con autismo y sus familias. También ha mejorado la percepción que la sociedad tiene del TEA, si bien tenemos que seguir trabajando para trasladar una visión más objetiva y positiva del colectivo, porque aún perduran estereotipos o prejuicios que es preciso desterrar (como que las personas con autismo no se comunican, viven en su mundo, …). Necesitamos seguir avanzado hacia un cambio social que promueva la igualdad de oportunidades de las personas con autismo y que garantice el ejercicio efectivo de sus derechos. En definitiva, “conocer para comprender”, porque sólo desde el conocimiento de la singularidad y especificidad del TEA podremos empatizar con las personas que lo presentan, comprender sus necesidades y promover su participación social activa como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

¿Puede explicarnos cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta una persona con TEA en su día a día?

Las personas en el espectro del autismo afrontan a diario barreras que comprometen su calidad de vida. Tienen un mayor riesgo que el resto de la población de verse excluidas de ámbitos esenciales, como la educación, el empleo, la vida independiente o el ocio. También manifiestan condiciones asociadas de salud que afectan a su bienestar físico y emocional que, a menudo, los sistemas sanitarios no identifican ni abordan de manera adecuada. Por ello, es importante señalar que la calidad de vida dependerá, en gran medida, de los apoyos que la persona pueda tener.

Desde su creación en 1994, ¿qué tipo de acciones han llevado a cabo desde la confederación para mejorar la calidad de vida del colectivo?

Autismo España nació como Federación en 1994, por iniciativa de cuatro entidades de distintos lugares de España que colaboraban de manera informal. En sus orígenes, la finalidad principal de Autismo España fue canalizar las subvenciones para sus distintas entidades socias, pero sin perder de vista la reivindicación del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con TEA, con el objetivo de promover su calidad de vida y conseguir su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad en igualdad de oportunidades. Nos convertimos en Confederación en 1999 y, a día de hoy, agrupamos y representamos a 157 entidades que prestan apoyo y servicios especializados a las personas con TEA y sus familias.


“EL ALUMNADO CON TEA TIENE HASTA CUATRO VECES MÁS RIESGO DE SER VÍCTIMA DE ACOSO ESCOLAR”


Una de las iniciativas que llaman la atención en su página web es la destinada al acoso escolar. ¿Cómo se puede frenar el bullying hacia los niños y jóvenes con TEA

Es fundamental trabajar desde el contexto escolar, desde las aulas. En un contexto en el que el acoso escolar supera el 50% y que en el alumnado con TEA llega al 80%, que profesores y docentes promuevan ambientes de tolerancia y respeto por las diferencias, donde se vea la diversidad como una riqueza y no como un problema es esencial. Según señala el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) en un informe de 2019, el mayor factor de riesgo para sufrir acoso escolar es ser diferente o tener una discapacidad. En la misma línea se manifiesta la experta Juana Hernández en la Guía “Acoso escolar y TEA”, editada por Autismo España: el alumnado con TEA tiene hasta 4 veces más riesgo de ser víctima de acoso escolar.

En España hay cerca de medio millón de personas con autismo. ¿Cuál es su grado de inserción laboral?

Respecto a su situación laboral, es francamente mala. La organización Autismo Europa estima que entre el 76 y el 90% de las personas adultas con autismo está desempleada y no desarrolla ninguna actividad productiva o laboral, lo que les convierte en el colectivo de la discapacidad con la tasa más alta de desempleo. Pero las personas con TEA quieren y pueden trabajar. Además, el empleo es un derecho fundamental para cualquier persona, que contribuye a mejorar su calidad de vida y promueve su autonomía personal, su participación social y su acceso a una vida independiente. Las dificultades comienzan en la etapa escolar, porque el sistema educativo no se adapta a las necesidades específicas del alumnado con TEA ni incorpora sus fortalezas.


“AUTISMO EUROPA ESTIMA QUE ENTRE EL 76 Y EL 90% DE LOS ADULTOS CON AUTISMO NO TRABAJA”


Acabamos de salir del estado de emergencia. ¿Cómo vivieron esta situación sus asociados y familiares?

Ha sido una situación francamente difícil para muchas personas con TEA y sus familias. La pandemia ha aumentado la vulnerabilidad de un colectivo que ya tiene un riesgo superior de verse excluido en ámbitos como la educación y el empleo. Ha incidido en su salud mental, su bienestar emocional, sus oportunidades para acceder a una educación o para mantener sus puestos de trabajo. Además, las rutinas habituales de su vida se vieron modificadas drásticamente, cuando muchas personas con autismo tienen dificultades para adaptarse a situaciones nuevas y desconocidas. También muchos servicios de atención a personas con discapacidad tuvieron que cerrar y los equipos profesionales que habitualmente les prestaban apoyos especializados suspendieron su actividad. Desde Autismo España hemos trabajado intensamente para tratar de paliar esta situación tan complicada. Por ejemplo, conseguimos que el Ministerio de Sanidad dictase una instrucción que permitía a las personas con TEA salir a la calle acompañadas de otra persona durante el estado de alarma, así como la excepción en el uso obligatorio de las mascarillas.

Desde su Confederación, ¿qué demandan a operadores jurídicos como los notarios para que las personas con TEA puedan realizar un ejercicio efectivo de sus derechos?

Que conozcan el TEA. En general, la formación e información sobre el trastorno es bastante escasa entre los profesionales jurídicos. El TEA es muy amplio y homogéneo, por lo que no es lo mismo realizar un proceso de capacitación con una persona con TEA que con otra, y por eso es necesario poder conocer sus características y particularidades que aseguren un proceso de capacitación con todas las garantías. Desde Autismo España, nos ponemos en total disposición de los operadores jurídicos para facilitar su tarea, con un colectivo tan amplio y heterogéneo como es el de las personas con TEA.

Entrevista a Carlos Ganzenmüller, fiscal.

ESPACIO AEQUITAS

EL FISCAL CARLOS GANZENMÜLLER,

‘AMIGO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD’

De izquierda a derecha: María José Segarra (fiscal de sala del TS para la protección de las personas con discapacidad y mayores); Carlos Ganzenmüller, Luis Cayo Pérez y Pilar Vilarino (presidente y directora ejecutiva del CERMI, respectivamente).

El pasado marzo, el fiscal de la Sala Primera del Tribunal Supremo -y colaborador de la Fundación Aequitas desde los inicios de la ‘ONG del Notariado’- fue galardonado como ‘Amigo de las Personas con Discapacidad-Ciudadano CERMI’. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad reconocía así la labor del jurista en el Alto Tribunal y el Consejo Fiscal en defensa de los derechos de los colectivos más vulnerables durante décadas.

JOSÉ M. CARRASCOSA

¿Qué supone para usted la concesión de este galardón?

Una gran satisfacción personal y colectiva, pues debe ser compartido con todos los profesionales jurídicos, que desde sus conocimientos y responsabilidades han promocionado y divulgado los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones. Gracias a ellas hemos percibido el estado de sus derechos, sus valores y su proyecto de vida.

A nueve meses vista de la aprobación de la Ley 8/2021 sobre discapacidad. ¿Puede realizar alguna valoración sobre el cambio que ha supuesto la normativa para el colectivo?

Se ha dado un paso necesario. Debemos pensar que desde 2008 el Estado español se había comprometido a aplicar la Convención de Nueva York, sin ninguna enmienda ni dilación, y a legislar y modificar el sistema tutelar anterior por uno de capacitación y de apoyo. Esto implicaba una modificación legislativa en todos los órdenes; indudablemente, el Código Civil era la pieza clave. Por otro lado, tendrán que ser revisadas muchas de las anteriores sentencias dictadas, unas trescientas mil. La aplicación de las leyes lleva su tiempo. El Tribunal Supremo, que ya efectuó una notabilísima labor de adaptación de la Convención a la anterior legislación, ha dictado varias sentencias aplicando los principios generales de la reforma. Y las necesidades prioritarias expuestas en los múltiples encuentros de expertos inciden en la gran reforma del Derecho Civil desde la perspectiva de las personas mayores, así como los problemas procesales que aparecen en supuestos concretos. Yo creo que el colectivo de personas con discapacidad tiene con esta reforma una gran proyección de futuro.

Desde el punto de vista del ministerio fiscal, ¿puede adelantarnos a grandes rasgos qué novedades implica dicha ley a la hora de proteger jurídicamente a una persona con discapacidad?

Un cambio organizativo importante, y que veníamos reclamando desde 2010, como era la creación de una Fiscalía de Sala Especializada en la protección de las personas con discapacidad y mayores, así como la dotación de medios materiales y personales adecuados al reto del acceso a las fiscalías.

Lleva muchos años vinculado a Aequitas como colaborador. ¿Qué papel ha jugado esta institución en la evolución del Derecho de la discapacidad en sus más de veinte años de existencia?

Los notarios y los fiscales vamos siempre de la mano en aquellos ámbitos en que la discapacidad tiene que ser evaluada y valorada jurídicamente para determinar la capacidad de decisión que se posee; dotando del apoyo necesario, en su intensidad y calidad para formar la capacidad de decidir ante una actividad jurídica.


La intervención y apoyo expreso del notariado en la ley de patrimonio protegido y en la reciente reforma legislativa han sido trascendentes


Son similares los problemas que se nos plantean, pero en distintos ámbitos: por un lado, el juicio de capacidad y legalidad en el notario; y la protección de los derechos humanos en un proceso accesible, en los fiscales. Nuestra colaboración, aunque predestinada, no había coincidido antes. Sobre 2001, oí por primera vez a Rafael Leña, hablarnos del hoy famoso “traje a medida” para la persona con discapacidad, especificando sus capacidades y habilidades para determinar las necesidades de apoyo que tuvieran. Y a Carlos Marín, explicando los principios de la convención recién nacida en Nueva York, desde su magisterio brillante y contundente. Y con Juan Bolas y Almudena Castro-Girona ‘cruzamos el charco’ y nos encontramos con nuevos compañeros, nuevas ideas y perspectivas. Como con quien resultaría presidenta del Comité de Naciones Unidas para las personas con discapacidad, la chilena María Soledad Cisternas, una mujer extraordinaria.

La intervención en la Ley de Patrimonio Protegido y en la reciente reforma legislativa, apoyadas expresamente por José Angel Martinez Sanchiz y el Notariado, ha sido trascendente; así como los estudios, cursos y jornadas de formación, difusión y actividades en todos los campos sociales, que se revelan fundamentales Aequitas constituye siempre un puntal necesario en materia de discapacidad.

En 1988 ya inició su labor en defensa de los colectivos más vulnerables al ser nombrado fiscal coordinador del servicio especial de discapacidades y tutelas del TSJ de Cataluña. ¿Cómo han evolucionado los mecanismos de protección de la discapacidad desde entonces?

Un cambio radical, sin duda. Pasamos del fiscal que sólo se ocupaba del Derecho Penal, al fiscal también defensor de los derechos humanos y las personas más vulnerables por su edad, sexo, discapacidad y situación de inferioridad social. Frecuentemente existen varios factores de vulnerabilidad y los riesgos son muy acusados. La actuación del fiscal en condiciones de especialidad otorga un mayor conocimiento y concienciación de la situación de la persona.

Ha sido ponente en el Foro Europeo de la Discapacidad y miembro de la delegación española ante el Comité de seguimiento de la Convención de la ONU. Desde esa experiencia internacional, ¿cómo valora la situación legal de la discapacidad en España?

Yo creo que es pareja a los países de nuestro entorno, pero han de delimitarse mejor las competencias estatales y territoriales en esta materia; y, al mismo tiempo, crear mecanismos de coordinación que se centren en prioridades concretas dentro de un marco de igualdad y solidaridad.

Cartel de la conferencia.

Almudena Castro-Girona, ponente en Euro Family

La directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Girona, acudió en marzo a Bruselas para participar en una conferencia internacional de Euro Family sobre El papel de los profesionales legales en la aplicación de la normativa comunitaria sobre sucesiones y parejas de hecho. Este programa está impulsado desde la Comisión de Justicia de la UE y cuenta con la colaboración de distintas instituciones educativas nacionales, como la Universidad de Almería. La notaria abordó en su intervención Los derechos de los ciudadanos europeos y Residentes: Seguridad Jurídica vs. Autonomía.

Autorregulación precautoria de la discapacidad

ESPACIO ÆQUITAS

Autorregulación precautoria de la discapacidad

El jurado del XIX Premio de Investigación Jurídica sobre personas con discapacidad, personas mayores, inmigrantes, infancia, refugiados u otros colectivos vulnerables que otorga la Fundación Æquitas del Consejo General del Notariado decidió por unanimidad conceder el galardón de su última edición al trabajo Autorregulación precautoria de la discapacidad: adopción de medidas voluntarias en previsión de una eventual discapacidad futura, obra del profesor de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza Javier Martínez Calvo.

José M. Carrascosa
[email protected]
@JMCarrascosa

Javier Martínez Calvo.
Perfil

Javier Martínez Calvo es licenciado en Derecho, magister en Especialización e Investigación en Derecho y en Profesorado y doctor en Derecho con mención internacional, con la calificación de sobresaliente cum laude, habiendo sido galardonada su tesis con el premio Extraordinario de la Universidad de Zaragoza y con el premio del Consejo Económico y Social de Aragón.

Oriundo de Soria, en la actualidad desarrolla su labor docente e investigadora en el área de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza y forma parte del grupo de investigación “Ius Familiae”, del proyecto de Investigación Vulnerabilidad patrimonial y personal: retos jurídicos y del Instituto Universitario de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad. También ha impartido docencia en la Universidad San Jorge de Zaragoza, en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad Niccolò Cusano de Roma; realizando estancias de investigación en Torino y en Bolonia.

El trabajo aborda el nuevo sistema de protección de las personas con discapacidad surgido tras la aprobación de la Ley 8/2021, una norma que reformaba la legislación Civil y Procesal para el apoyo de este colectivo en el ejercicio de su capacidad jurídica ampliando su autonomía de la voluntad. A lo largo de trescientas páginas, el autor abunda en los tres principales tipos de medidas preventivas de carácter voluntario para la autogestión de la discapacidad: autocuratela, poderes y mandatos preventivos y voluntades anticipadas.

Según el jurista, cada vez más personas «desean anticiparse a una situación de discapacidad y establecer previsiones para atender a su situación personal y patrimonial por si en el futuro no cuentan con la capacidad de discernimiento necesaria para adoptar sus propias decisiones. Sobre todo, cuando la discapacidad tiene su origen en enfermedades de tipo degenerativo, en estos casos la pérdida de la capacidad natural es progresiva».

Este creciente interés, ha generado una «flexibilización de los sistemas de protección de las personas con discapacidad. Buena prueba de ello es la reciente promulgación de la Ley 8/2021, que ha eliminado la incapacitación judicial de nuestro ordenamiento jurídico y ha diseñado un nuevo sistema de protección de las personas con discapacidad en el que el respeto a la autonomía de la voluntad ha adquirido una importancia capital, situándose en el centro del sistema. En este sentido ha incluido en nuestro Código Civil una regulación específica de la denominada autocuratela y de los poderes y mandatos preventivos, extendiendo su ámbito de aplicación y favoreciendo de este modo la autonomía de la voluntad de las personas en la gestión de la propia discapacidad. Y a ello hay que añadir la posibilidad de establecer voluntades anticipadas relativas a la salud para el supuesto de que la persona no esté en condiciones de poder manifestar su voluntad».

Sin embargo, el premiado resalta algunas mejoras que deberían haberse acometido en una reforma de este calado: «El Estado podría haber aprovechado su competencia exclusiva para establecer la legislación básica en materia sanitaria y fijar un procedimiento único y unos requisitos comunes de forma y capacidad para otorgar el documento de voluntades anticipadas, armonizando a nivel nacional cuestiones de gran transcendencia que actualmente son reguladas de forma diversa por las diferentes normas autonómicas, lo que provoca inseguridad jurídica tanto para los otorgantes como para el propio personal sanitario».

 


J. A. MARTÍNEZ SANCHIZ: «LA LEY 8/2021 CONSTITUYE UN HITO FUNDAMENTAL, RESULTADO DEL DIÁLOGO DE LA SOCIEDAD CIVIL CON LOS POLÍTICOS

 

Mejor en escritura pública

Respecto a los requisitos de forma, Martínez apunta que «sería deseable que se estableciera la obligatoriedad de que las voluntades anticipadas constaran en escritura pública, tal y como se prevé para la autocuratela y los poderes y mandatos preventivos. De este modo, se garantizaría el control público del cumplimiento de los requisitos de capacidad y que el otorgante disponga de información suficiente acerca de la trascendencia que tiene el hecho de otorgar voluntades anticipadas, así como la autenticidad de la declaración y que su contenido se corresponda con la voluntad manifestada, facilitando a su vez su conocimiento por parte del personal sanitario. Y es que podría establecerse la obligación del notario de comunicar de oficio su otorgamiento al correspondiente Registro de voluntades anticipadas, tal y como prevén ya algunas normas autonómicas».

De izquierda a derecha: José Ángel Martínez Sanchiz, Rosa Visiedo y Carmen Gª de Elías.
Máster en Derecho de Familia y Sucesiones

En febrero, Rosa Visiedo y Carmen García de Elías, rectora y gerente -respectivamente- de la Universidad CEU San Pablo- suscribieron un convenio de colaboración con José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de Aequitas. En virtud de este acuerdo ambas instituciones aprueban la creación e impulso de un máster en Derecho de Familia y Sucesiones, cuyo programa contemplará las novedades jurídicas de la Ley 8/2021 sobre discapacidad.

El claustro académico se compondrá de notarios, jueces, fiscales y abogados; mientras que el temario abarcará aspectos relacionados con el Derecho de Familia (régimen económico matrimonial, familia y violencia de género, menores y discapacidad, mediación, adopción internacional, sustracción de menores, maternidad subrogada, filiación, acogimiento, tutela, guarda de hecho, curatela, defensor judicial,…) y de Sucesiones (legados, usufructos, legítimas, aceptación y repudiación de la herencia, particiones, seguros de vida,…).
Pie: De izquierda a derecha: José Ángel Martínez Sanchiz, Rosa Visiedo y Carmen Gª de Elías.