¿Está satisfecho con el trabajo de su equipo en este quinquenio?

Soy un convencido de la trascendencia del servicio público, porque es un instrumento que iguala a todas las personas sin que importe nuestra renta, origen o condición. En estos cinco años al frente de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad he constatado que los y las funcionarias garantizan que el país siga funcionando, gobierne quien gobierne, que se sigan pagando las pensiones y las prestaciones de dependencia o que podamos recibir un trasplante de riñón. Pero también me gustaría subrayar que, al contrario de lo que dictan los estereotipos, no son seres grises sino personas altamente comprometidas con la mejora de este país, cuya labor valiosa ha sido determinante para desplegar una agenda vigorosa y orientada para que las personas con discapacidad seamos, estemos y contemos en España. En este sentido, mi satisfacción es máxima, porque tengo la certeza de que los derechos de las personas con discapacidad también se construyen con el talento de las y los servidores públicos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

“EL VERDADERO RETO QUE TENEMOS COMO SOCIEDAD ES QUE LA CULTURA SEA UNA VALEDORA DE LA INCLUSIÓN”

¿Cuáles son sus principales objetivos en lo que queda de legislatura?

Sin duda, poder llevar al BOE la gran reforma de las leyes de discapacidad y dependencia. Para quienes no lo sepan, esto viene a desarrollar el renovado artículo 49 de la Constitución, para que sus mandatos de inclusión, de autonomía, de accesibilidad y de protección reforzada a las mujeres y a la infancia con discapacidad lleguen a donde tienen que llegar: a nuestro día a día y al de nuestras familias.

Sería difícil condensar el poder transformador de esta reforma. Por primera vez, la accesibilidad universal se reconoce como un derecho, reforzando así su protección y garantía de cumplimiento por parte de los poderes públicos.

Se crea también un programa público para financiar los costes de la eliminación de barreras en los espacios y servicios públicos. La materialización de este derecho tiene diversas expresiones en el proyecto de ley. En este punto, me gustaría destacar la modificación de la Ley sobre Propiedad Horizontal, para asegurar que las personas con discapacidad puedan residir en una vivienda accesible, eliminando barreras arquitectónicas que dificulten su autonomía personal y provoquen situaciones de aislamiento o institucionalización forzosa absolutamente evitables.

“LOS OPERADORES JURÍDICOS PERMITEN QUE LA DISCRIMINACIÓN NO QUEDE IMPUNE Y DEJE DE SER EL PAISAJE NATURAL POR EL QUE TRANSITAMOS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

El proyecto de ley incluye, además, un artículo para proteger y reconocer los apoyos a nuestras familias como nuestras cuidadoras principales. Y también reconoce, por primera vez, a las mujeres para que dispongan de un soporte legal que las libere de machismo y del capacitismo. Al mismo tiempo, el texto normativo velará por la infancia con discapacidad, reconociendo la atención temprana como un derecho subjetivo.

Si esta ley se aprueba contaremos, al fin, con una regulación legal del facilitador procesal para despejar cualquier duda jurídica sobre profesionales que se tienen que encargar de asegurar que podamos entender a los y las notarias, las abogadas, los jueces, etc.

Al mismo tiempo, desempeña la dirección del Real Patronato sobre Discapacidad, un organismo que -bajo otras denominaciones- se remonta a 1910. ¿Puede explicarnos la evolución de las instituciones públicas del sector en nuestro país?

Este organismo es una respuesta pública al desamparo social que vivíamos las personas con discapacidad en una España en blanco y negro, en la que estábamos pidiendo en las puertas de las iglesias. Este organismo nace para ofrecer aquella incipiente asistencia social a personas cuyo único refugio eran sus propias familias y sus asociaciones.

En una sociedad globalizada, digitalizada y donde empiezan a surgir términos como desregularización, la institucionalidad juega un papel fundamental en el cuidado de las democracias, porque son las que nos conectan con la soberanía de un país, que es la que decidimos con nuestro voto. En este contexto, las Administraciones deben ser más abiertas, cercanas, diversas e inclusivas. En conseguir este objetivo nos estamos empeñando mucho, para que nuestras instituciones y trámites administrativos sean fáciles de entender a toda la ciudadanía.

“NO TIENE SENTIDO QUE EN 2026 SIGA HABIENDO FOROS EN LOS QUE SE HABLA DE LA DISCAPACIDAD, PERO LOS PONENTES O LOS INTERLOCUTORES NO SON PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

Recientemente recogió en nombre de este Patronato un reconocimiento institucional por parte de la Fundación Aequitas del Notariado. ¿Qué aportan los operadores jurídicos en la defensa de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad?

Pues nada más y nada menos que nuestra integridad esté a salvo, que podamos participar del Estado de Derecho y que la discriminación no quede impune y deje de ser el paisaje natural por el que transitamos las personas con discapacidad. Como digo el rol de los notarios es nuclear, pero también el nuestro. Quiero decir, que en Real Patronato sobre Discapacidad estamos invirtiendo tiempo y recursos para que las personas con discapacidad aprendamos a identificar, por ejemplo, que si no podemos llamar al teléfono de emergencias 112 eso discriminación y que conozcamos también los canales para denunciarlo.

El Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (dependiente del Patronato) ha puesto en marcha la campaña Inclínate por lo fácil para impulsar la accesibilidad cognitiva entre los profesionales del Derecho. ¿Cuáles son los principales objetivos de esta iniciativa?

Queremos exponer a la opinión pública uno de los principales desafíos del sistema judicial: garantizar que todas las personas puedan entenderlo. Porque sin accesibilidad no hay satisfacción del derecho. Si consideramos los derechos humanos como instrumentos que protegen o facilitan bienes para el desarrollo de una vida humana digna, queda fuera de toda duda que un requisito para la satisfacción de ese derecho es que sea accesible.

El objetivo principal de esta iniciativa es promover la accesibilidad cognitiva en el ámbito de la justicia, para garantizar que todas las personas puedan ejercer en igualdad de condiciones su derecho a una tutela judicial efectiva y evitar situaciones de indefensión provocadas por la falta de comprensión de los documentos o de los procedimientos.

Inclínate por lo fácil interpela especialmente a los distintos operadores jurídicos -jueces y juezas, fiscales, abogados, procuradores/as, notariado, personal policial y administrativo- porque son quienes pueden adaptar el lenguaje y los entornos, revisar procedimientos y garantizar apoyos efectivos. La campaña hace una llamada a la acción: inclinar la balanza hacia la accesibilidad para que todas las personas puedan ejercer sus derechos de forma plena.

“RESULTA INCOMPRENSIBLE QUE ESTÉ AFLORANDO UNA AGENDA RACISTA QUE CRIMINALIZA A NIÑOS MIGRANTES O QUE CUESTIONA LA VIOLENCIA MACHISTA”

Como persona con displasia ósea conoce de primera mano la situación que vive el colectivo de la discapacidad (integrado por más de cuatro millones de miembros). ¿Influye, en alguna medida, su situación personal a la hora de poner en marcha sus tareas diarias?

Absolutamente, la discapacidad me ha acompañado durante toda mi vida y en la vida de mis hermanos. Me siento un privilegiado porque mis padres, siendo agricultores, apostaron por darnos una vida regular, con mucho amor. Me siento afortunado por nacer en un país con un sistema público de educación que me permitió estudiar lo que quise y una sanidad pública que en nuestro caso es vital porque nuestra salud es más frágil. Ser una persona con discapacidad me lleva a defender, si cabe, con más fuerza un empeño personal: que nuestros cuerpos y nuestras voces, aunque suene a través de un sintetizador, estén en los espacios de decisión. No tiene sentido que en 2026 siga habiendo foros en los que se habla de la discapacidad, pero las ponentes o las interlocutoras no son personas con discapacidad. Eso sería impensable en el feminismo, por ejemplo, pero en nuestro caso muchas veces seguimos como meros espectadores de nuestra existencia.

Durante un acto celebrado en el CERMI apuntó que “España es un país que respeta los cuerpos, las miradas y talentos no normativos; que celebra la diversidad y no castiga”. ¿Qué podemos hacer para que esta situación de integración se mantenga?

Pues respetar nuestro marco normativo y si se incumple, denunciarlo. España ha ratificado todos los tratados de derechos humanos y nuestra Constitución lo dice sin ambages en su artículo 10.2: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. Y en su artículo 96: “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno”. Por este motivo, resulta incomprensible que esté aflorando una agenda racista que criminaliza a niños migrantes o que cuestiona la violencia machista. Leamos la Carta Magna antes de invocarla con discursos llenos de intolerancia.

Este año celebramos dos aniversarios relevantes para la protección jurídica del sector: el de la Ley 8/2021 y el de la Convención de la ONU. ¿Está satisfecho con la implantación de estas dos normativas?

Yo soy un inconformista por naturaleza y esta virtud, o este defecto, me hace seguir llamando a puertas para continuar ensanchando los derechos humanos a un grupo humano al que pertenezco y que, por desgracia viene de muy atrás. Pero reconozco que España ha dado pasos decisivos, como la restauración del derecho al voto, acabar con la muerte civil de las personas con discapacidad que sustituía la voluntad en el trato jurídico para pasar a un sistema de apoyo y acompañamiento en la Ley. O también la abolición de las esterilizaciones forzosas, que intervenía los cuerpos de las mujeres y niñas con discapacidad al margen de su voluntad privándolas de sus derechos sexuales y reproductivos. O la movilización de más de 100 millones de euros para que España sea un país accesible.  Y, sobre todo, la primera reforma social de nuestra Constitución que adecúa el artículo dedicado a las personas con discapacidad a un abordaje exigente de derechos humanos.

La reforma del artículo 49 de la Constitución y la Ley de apoyo a pacientes de ELA y otras enfermedades severas contaron con un apoyo unánime en el hemiciclo. ¿A qué cree que se debe este consenso, inusual en otras materias?

Pues a contar con una sociedad civil muy articulada en torno a la discapacidad. El CERMI es marca social España y su activismo propositivo ha traído las grandes transformaciones en materia de inclusión y protección social para las personas con discapacidad.

En sus redes sociales pone de manifiesto sus intereses culturales, donde refleja su opinión sobre novedades literarias y cinematográficas. ¿Qué papel juega el arte en la visibilidad de la discapacidad? 

El arte es un elemento civilizatorio, pero teniendo presente que las personas con discapacidad hemos sufrido la cultura porque la historia o bien nos privó de este bien o lo puso en contra de nuestra plena ciudadanía, y todo ello ha tenido consecuencias irreparables en la conformación de nuestra identidad colectiva. La verdadera cultura de la cancelación es la ausencia de accesibilidad que nos impide disfrutar de Sirat o de Amarga Navidad.

Y es que. igual que existe una cultura patriarcal, también existe la cultura capacitista: responsable de oprimirnos. Pero también la cultura puede restaurar nuestra dignidad quebrada. Este es el verdadero reto que tenemos como sociedad: que la cultura sea una valedora de la inclusión y no un resorte para afianzar y propagar posturas estigmatizantes y discriminatorias que todos conocemos pero que sufrimos en carne propia las personas con discapacidad.

La esencia de los derechos humanos es democratizar el poder y llevar la igualdad y la libertad a la gente humilde, trabajadora, a las mujeres, a las migrantes y a la gente atravesada por vulnerabilidades. También los derechos humanos están para abolir las culturas del maltrato que permiten, por ejemplo, someter a personas con enanismo a la mofa pública en las plazas de toros

Películas como Sorda, libros como Lectura fácil o la Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación ONCE son una esperanza a nuevas expresiones culturales en la que estamos y se nos respeta. 

-¿Qué balance realiza de su labor al frente del Foro Justicia y Discapacidad desde su llegada a la presidencia hace poco más de un año?

– El balance que realizo es positivo. En primer lugar, ha sido un honor contar con la confianza de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, quien delegó en mí esta responsabilidad, que asumí con gran ilusión y un firme compromiso institucional, profesional y personal.

Durante este periodo se ha culminado la tramitación del nuevo convenio que ha de regir este foro, que fue formalmente suscrito el pasado 8 de enero. Este instrumento jurídico reviste una especial relevancia ya que refuerza el marco de cooperación institucional y consolida líneas de actuación orientadas a garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad para las personas con discapacidad, eje vertebrador del foro.

Con el esfuerzo compartido de miembros del foro y otros expertos se ha elaborado la Guía Práctica para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Proceso Penal que está llamada a ser un importante instrumento práctico para garantizar que el acceso al proceso judicial de las personas con discapacidad se verifique de forma real y efectiva en condiciones de igualdad.

El foro también ha reconocido y valorado públicamente la labor de instituciones y personas en pro de las personas con discapacidad, contribuyendo así a la creación de una cultura de respeto y conocimiento de la discapacidad, específicamente en el ámbito de la justicia.

“LA COOPERACIÓN DE NOTARIADO, FISCALÍA Y JUDICATURA CONSTITUYE UNA DE LAS PIEDRAS ANGULARES EN EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

-¿Cuáles son los principales proyectos de este organismo multidisciplinar en un corto plazo?

– Los principales proyectos a corto plazo se orientan a seguir ahondando en la cooperación con todas las instituciones implicadas, así como con los delegados y delegadas de discapacidad, una figura clave para detectar y coordinar la respuesta a los problemas que puedan surgir en esta materia en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Colaboramos con los miembros del Foro que nos lo han solicitado, en la implementación de la regulación en materia de patrimonios protegidos y también de la persona experta facilitadora, cuya intervención en los procesos judiciales resulta esencial para asegurar que las personas con discapacidad puedan participar y ejercer efectivamente sus derechos. La consolidación de esta figura supone un paso decisivo hacia un modelo de justicia más respetuoso con la autonomía y la voluntad de las personas con discapacidad.

Estamos constituyendo nuevos grupos de trabajo con miembros del Foro y expertos que van a estudiar la posición de la persona con discapacidad cuando comparece como víctima en el proceso penal, así como, por otra parte, la proyección de la perspectiva de discapacidad no solo en el orden jurisdiccional penal sino también en el civil, en el contencioso-administrativo y en el social, puesto que cada uno de ellos tiene sus peculiaridades.

-Numerosas iniciativas…

– Sí, también de formación judicial en relación con los aspectos forenses de la discapacidad, internamientos involuntarios, la discapacidad en el marco del proceso penal o el valor prescriptor y orientador de las decisiones judiciales del Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Quiero destacar especialmente la celebración del Encuentro Judicatura- Notariado- Fiscalía que gracias al apoyo de Almudena Castro-Girona y Federico Cabello de Alba se celebró la anterior ocasión en el marco incomparable del Colegio Notarial de Madrid, y que constituye, desde la promulgación de la Ley 8/2021, un espacio de encuentro fundamental en nuestro ámbito, del que surgen innumerables buenas prácticas. La cooperación de Notariado, Fiscalía y Judicatura constituye una de las piedras angulares para la efectividad de la igualdad en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

“AUNQUE EL MARCO NORMATIVO ESPAÑOL ESTÁ ALINEADO CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES, EL AMPARO EFECTIVO DESDE EL DERECHO AÚN PRESENTA RETOS IMPORTANTES”

-Este año se celebran dos hitos legislativos importantes: el vigésimo aniversario de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, y los cinco años desde la entrada en vigor de la Ley 8/2021. ¿Cree que desde el Derecho se ampara suficientemente al colectivo y sus familias?

– Se han producido avances muy relevantes en la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias, especialmente a partir de la entrada en vigor en España en 2008 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, en el ámbito interno, con la entrada en vigor de la Ley 8/2021. Ambas normas han supuesto, sin duda, un cambio de paradigma, pasando de un modelo asistencial y sustitutivo de la voluntad a otro centrado en la autonomía personal y el respeto a la voluntad y preferencias de la persona, proporcionándole los apoyos que precise para ello.

No obstante, aunque el marco normativo español está alineado con los estándares internacionales, el amparo efectivo desde el Derecho aún presenta retos importantes. La aplicación práctica de estas normas no siempre es homogénea, persisten dificultades de coordinación institucional, y es necesario seguir avanzando en la formación de los operadores jurídicos, así como en la dotación de recursos, de medios personales y materiales suficientes para que los derechos reconocidos sean reales y efectivos.

A mi juicio, el Derecho en España ofrece hoy una base sólida para la protección del colectivo y sus familias, pero es necesario continuar profundizando en su aplicación práctica para que la igualdad y la inclusión plena se materialicen de forma efectiva en todos los ámbitos.

-En ese acto tuvo lugar la presentación de la Guía Práctica para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Proceso Penal. ¿Cuál es el objetivo principal de esta publicación?

– Servir como herramienta de orientación para los actores jurídicos, facilitando la correcta aplicación de los derechos y garantías de las personas con discapacidad a lo largo del procedimiento penal. Aunque está centrada en el orden jurisdiccional penal por sus importantes especificidades, contiene criterios y recomendaciones de carácter transversal, aplicables al resto de órdenes jurisdiccionales, en la medida en que los derechos y garantías que aborda son comunes a todo el sistema de justicia.  La guía tiene como finalidad facilitar la detección de las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad en el procedimiento judicial, la comprensión del alcance de las indicadas necesidades y, la correcta adopción de las medidas y ajustes necesarios.

-Dicha guía contiene un apartado sobre accesibilidad donde se pone de manifiesto la necesidad de implantar textos en lectura fácil en determinados casos. ¿Cree que el lenguaje jurídico está lo suficientemente bien adaptado para su comprensión?

– El lenguaje jurídico sigue presentando importantes retos de comprensión para la ciudadanía, especialmente para las personas con discapacidad cognitiva o intelectual. Los textos legales buscan precisión y seguridad jurídica, pero esa rigurosidad técnica a menudo dificulta su comprensión.

La incorporación de textos en lectura fácil, resúmenes accesibles y formatos comprensibles constituye un avance significativo, aunque todavía queda camino por recorrer. Todos los actores del sistema, miembros de la carrera judicial, notarios, abogados, fiscales, procuradores, letrados de la Administración de Justicia, graduados sociales… tienen que seguir colaborando para garantizar que la información y los procedimientos sean claros y accesibles, promoviendo así una justicia inclusiva, cercana y comprensible para todos.

-Participó el pasado diciembre en un encuentro entre notarios, jueces y fiscales donde los miembros de los tres cuerpos compartieron experiencias en el día a día con las personas con discapacidad y sus familias. ¿Cómo valora este tipo de intercambios multidisciplinares?

– Estos encuentros anuales son de un valor incalculable. Como he adelantado, la implicación conjunta de jueces, fiscales y notarios propicia un intercambio de experiencias muy enriquecedor, favoreciendo una comprensión integral de las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias en el ámbito de la justicia.

Cada edición es una oportunidad muy valiosa para mejorar la coordinación y garantizar que las decisiones se ajusten a los principios de igualdad, autonomía y respeto a la voluntad. En definitiva: fortalecen la capacidad del sistema de justicia para ofrecer a las personas con discapacidad y a sus familias un acceso efectivo al mismo.

La Fundación Aequitas, a través del papel esencial que desarrolla Almudena Castro-Girona, se sitúa en el centro de gravedad de estos encuentros, a los que impulsa, sostiene y llena de contenido año tras año.

“LA LEY 8/2021 INTRODUJO UN CAMBIO EN LA MANERA EN QUE EL DERECHO ABORDA LA DISCAPACIDAD Y ESO HIZO NECESARIA LA REVISIÓN DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD PREVIAS”

-El cambio de paradigma de la Ley 8/2021 obligaba a la revisión de las situaciones de incapacidad previas, que condenaban a las personas con discapacidad a una práctica ‘muerte civil’. Sin embargo, aún no se ha concluido este proceso. ¿En qué estado se encuentra?

– La Ley 8/2021 introdujo un cambio en la manera en que el Derecho aborda la discapacidad y eso hizo necesaria la revisión de las situaciones de incapacidad previas, con el objetivo de erradicar la ´muerte civil´ de las personas con discapacidad y abordar sus necesidades desde un prisma nuevo. Debido al elevado volumen de expedientes y a la disparidad de situaciones previas, este proceso aún no se ha completado.

Inicialmente, la disposición transitoria quinta del referido texto legal fijó un plazo de cinco años hasta septiembre de 2024, que resultó insuficiente. La Comisión Permanente del CGPJ instó al Gobierno a una primera prórroga, finalmente fijada hasta el 3 de septiembre de 2027. A finales de 2024 quedaban pendientes 76.822 expedientes, un 30 % menos que el año inmediatamente anterior. Hacemos un seguimiento de la evolución a través de los informes del Servicio de Inspección del CGPJ.

-Desde julio de 2024 forma parte del renovado Consejo General del Poder Judicial, una institución que está permanentemente en el punto de mira de los medios de comunicación. ¿Considera que la sociedad conoce suficientemente la labor que realizan desde el órgano de gobierno de los jueces?

– El Poder Judicial en España es a la vez único y complejo. El Consejo General del Poder Judicial lo gobierna por ser la opción del constituyente para asegurar su independencia de los otros Poderes del Estado, pero no forma parte del mismo, ya que nuestra Constitución establece que el Poder Judicial lo integran los jueces y magistrados.

Nuestra labor se vertebra en torno a los nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de jueces y magistrados de carrera, que forman un cuerpo único, dotados del Estatuto Jurídico que determina la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el marco de la Constitución. Integramos el Consejo veinte vocales y la presidenta, que lo es también el Tribunal Supremo. Los vocales somos ocho abogados y juristas y doce jueces y magistrados. Actualmente los veinte somos elegidos por mayoría parlamentaria de 3/5, la mitad por el Congreso y la mitad por el Senado. Nuestra Constitución solo prevé la elección parlamentaria para los vocales juristas, y los estándares europeos establecen que en los Estados en los que el Poder Judicial sea gobernado por un Consejo como el nuestro, como es el caso de Francia o de Italia, sus vocales de origen judicial deberían ser elegidos por sus pares sin intervención alguna de las cámaras. Por ello es esperable que el legislador español se alinee con los estándares europeos también en esta materia y algún día los vocales jueces y magistrados sean elegidos por sus pares.