«El Notariado se pone al servicio de la sociedad», por José Alberto Marín

EN ESTE PAÍS

JOSÉ ALBERTO MARÍN,

decano del Colegio Notarial de Cataluña

 

El Notariado se pone al servicio de la sociedad

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@colnotaris

TRAS UNA SUCESIÓN de aplazamientos, por fin los notarios podemos tramitar los expedientes matrimoniales. Comprobar la aptitud de los futuros contrayentes para la celebración de su matrimonio y asegurarse de la inexistencia de intenciones fraudulentas va a ser la nueva función que vamos a desempeñar. Con esta competencia se puede considerar casi cerrado el que podríamos llamar círculo matrimonial notarial: tramitación de expediente previo, celebración de matrimonio y finalmente separación o disolución del vínculo por divorcio, si no existen hijos menores o con discapacidad. El legislador confía en el notario y le atribuye más funciones de carácter público. El notario tiene el carácter de autoridad administrativa cuando ejercita esta competencia, al igual que en otras que tiene conferidas, añadiéndolas a su carácter de fedatario público.

El notario está al lado del ciudadano en los momentos más importantes de su vida, asesorándole y protegiéndole jurídicamente. Pero no sólo lo hace con el que comparece ante él, sino que su protección se extiende a los ciudadanos que no están allí mediante la salvaguarda del orden público y la seguridad jurídica general.

Una de las facetas más importantes del notario es la de denegar su ministerio cuando los actos o negocios que se pretenden realizar no son legales. Con el control de legalidad el notario protege a los terceros ausentes en el momento de celebrar el negocio, y les protege en vivo y en directo pues está allí, en el momento de la verdad, cuando se va a consumar el acto patrimonial o personal.

«El legislador confía en el notario y
le atribuye más funciones de carácter público»

Esto se percibe aún con mayor intensidad en la tramitación del expediente matrimonial donde, en un procedimiento que va a finalizar con la modificación del estado civil de las personas comparecientes, puede llegar a denegar su pretensión de contraer matrimonio por razones de orden público. Este orden público está conformado por los valores esenciales que han de regir nuestra vida social y personal y en este caso, como en tantos otros, es al notario al que se confiere su defensa.

Con ello se logra seguridad jurídica, seguridad jurídica preventiva, no reparadora. Se evita el conflicto antes de que pueda surgir.

Y para incrementar aún más esta seguridad jurídica preventiva, el legislador prevé que en estos expedientes el notario determine dos elementos importantísimos en las relaciones jurídicas entre personas: la vecindad civil y el régimen económico matrimonial de los futuros contrayentes, elementos estos cuya indeterminación era fuente de numerosos litigios. Con la vecindad civil se concreta cuál de las legislaciones civiles existentes en las diferentes comunidades autónomas se aplica a cada persona, concreción que se realiza en función de diversas variantes. A su vez el régimen económico matrimonial depende de la vecindad civil de los futuros contrayentes y es vital para determinar a quién corresponden los bienes que adquieren éstos, afectando incluso en ocasiones a los que ya tenían antes de celebrar el matrimonio.

También determina el modo en que cada uno responde de las deudas que contraen durante el matrimonio. Su fijación en el expediente matrimonial va a ser un enorme avance en la seguridad jurídica preventiva.

En resumen, el Notariado, una vez más, se pone al servicio de la sociedad y, con toda seguridad, va a realizar esta nueva función como siempre lo hace con todas las que asume: abreviando plazos, incrementando la seguridad jurídica y ofreciendo un servicio lo más próximo y eficiente posible para el ciudadano concreto que requiere sus servicios y para la generalidad que, mediante sus representantes, deposita en él su confianza.

Los notarios, al lado de los ciudadanos durante la pandemia

EN ESTE PAÍS

LOS NOTARIOS, al lado de los ciudadanos durante la pandemia

Desde que se declaró el Estado de Alarma, en marzo de 2020, los notarios han estado al lado de los ciudadanos. Durante el confinamiento, la labor notarial fue declarada servicio esencial, por lo que todas las notarías permanecieron abiertas para atender casos de urgencia, con el objetivo de evitar la paralización de muchos asuntos de gran importancia económica y social para el país. Cerca de 3 millones de personas acudieron, durante estos primeros meses de confinamiento, a las notarías.

FÁTIMA PÉREZ DORCA

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fatimadorca

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ, presidente del Consejo General del Notariado

  “Fueron momentos muy duros y tengo que elogiar el esfuerzo y la entrega de los casi 3.000 notarios y los más de 17.000 profesionales que trabajan con nosotros”

MARÍA TERESA BAREA, portavoz del Consejo General del Notariado: 

“Los notarios estuvimos al lado de las personas más vulnerables durante la pandemia”

“Fueron momentos muy duros y tengo que elogiar el esfuerzo y la entrega de los casi 3.000 notarios y los más de 17.000 profesionales que trabajan con nosotros”, señala el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz. “En este sentido, el Gobierno actuó de forma rápida y segura para que pudiéramos atender las necesidades de urgencia, tanto personales como económicas, de ciudadanos y empresas. La relación con el Ministerio de Justicia fue muy buena, con una excelente coordinación con la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de la que dependemos los notarios”, explica el presidente.

Con la desescalada, la actuación notarial, progresivamente, ha ido y sigue expandiéndose a todos los ámbitos en los que habitualmente se produce. Desde junio hasta el mes de diciembre de 2020, fueron casi 14 millones de personas las que pasaron por las notarías españolas, algunas mayores y vulnerables. En consonancia con lo ocurrido en general, en 2020, el número total de instrumentos autorizados por los notarios sufrió una caída de un 6,1% frente a los datos de 2019.

“La pandemia que ha puesto nuestra vida del revés y, sin duda, ha tenido reflejo en el movimiento de los despachos notariales, ha afectado a nuestra forma de trabajar en el día a día, al tipo de asuntos y de operaciones que llegan a nuestras manos y a las inquietudes, a los miedos, a las incertidumbres que los ciudadanos al conversar con nosotros nos trasladan”, explica María Teresa Barea, notaria y portavoz del CGN.

Las estadísticas notariales muestran el gran cambio económico y social que ha provocado la pandemia del coronavirus. Según la portavoz del CGN: “Si analizamos las estadísticas de 2020, nos damos cuenta de que los datos confirman una situación de crisis económica que ha llevado, entre otros, a incrementar los actos notariales dirigidos a mejorar la solvencia de los ciudadanos y las empresas”.

Así, por primera vez desde el inicio de las series estadísticas del Notariado en 2007 se observan importantes incrementos en la novación de préstamos (298%), las subrogaciones hipotecarias (13%) y las ampliaciones de hipotecas (12%). Por otro lado, han descendido las compraventas de vivienda, en un 15,2%; los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda un 9,5%; y la constitución de nuevas sociedades un 15,4%.

Cabe señalar que durante el último año se han registrado subidas en actos vinculados con el impacto de la pandemia, como el nombramiento de albaceas (27,3%) y tutores (16,9%), y la extinción de usufructos por fallecimiento (3,7%), probablemente a causa del exceso de mortalidad, así como de las mediaciones (25,5%), como alternativa a la saturada vía judicial.

En este sentido, según la portavoz del CGN: “Han sido meses de mucha consulta telefónica; nos han llamado muchas personas mayores que no podían o no debían salir de casa y nos trasladaban sus medios, si tenían o no hecho testamento, si necesitaban dar un poder a un familiar para que les hiciera gestiones de la vida cotidiana, y ahí hemos estado los notarios, al lado de las personas más vulnerables acudiendo a sus domicilios si era necesario”. 

Más datos. El efecto de la primera ola en el mercado fue inédito ya que el número de compraventas efectuadas llegó a registrar desplomes que rozaron el 70% interanual en abril de 2020 (sin diferencias por tipo de vivienda entre pisos y viviendas unifamiliares). Las compraventas crecieron en el segundo semestre de 2020, aunque la diferencia entre pisos y viviendas unifamiliares fue visible y persistente: mientras los primeros cayeron un 3,5% interanual acumulado, las segundas subieron un 22,8%.

En los últimos años el 80% de las compraventas de viviendas eran de pisos y el restante 20% de viviendas unifamiliares. Este último porcentaje repuntó al 25% con la llegada de la crisis por el coronavirus. La normalización del teletrabajo y el cambio de preferencias hacia las ventajas de la vivienda unifamiliar podrían ser las principales causas de este repunte.

Por comunidades sólo creció la compraventa de vivienda en Asturias. Las caídas más suaves se registraron en las provincias de interior con menor concentración demográfica y en la cornisa cantábrica. Las mayores caídas se concentraron en las autonomías con mayores operaciones (Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana), y sobre todo en los archipiélagos, donde las compraventas de extranjeros se desplomaron. En concreto, las compraventas de no residentes descendieron un 30% en el segundo semestre de 2020, el doble que el total del mercado.

La caída de la compraventa de viviendas en 2020 fue acentuada, pero no inédita: el número de operaciones fue un 15,2% menos que en 2019, una contracción de menor intensidad a las de los ejercicios de 2008, 2009, 2011 y 2013.

2020 registra las mayores caídas anuales desde 2007: aceptaciones (-11,4%) y renuncias (-6,5%) a herencias. Dado que legalmente disponemos de 30 años para aceptar o renunciar a una herencia, todo parece indicar que estos actos se están posponiendo. También se redujo el número de testamentos, en concreto un 4%.

En 2020 se formalizaron ante notario más divorcios que matrimonios (algo que no ocurría desde 2016). El número de divorcios prácticamente se mantuvo, mientras que el de matrimonios se derrumbó. Así, los matrimonios ante notario descendieron un 42%, mientras que los divorcios notariales cayeron un 2%. También descendieron las capitulaciones matrimoniales un 32,4% con respecto a 2019, en consonancia con las caídas de los matrimonios.

Principales servicios prestados durante el confinamiento

Durante el confinamiento, se declaró la labor notarial como servicio esencial y los notarios tuvieron que ceñir su trabajo a una serie de actuaciones urgentes muy concretas que atañían, fundamentalmente, a la circulación del crédito, a la financiación y a necesidades de carácter personal, como los testamentos o las donaciones.

En primavera los documentos estrella fueron los préstamos ICO, préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial que numerosos empresarios y autónomos han necesitado. Al hilo de autorizar ese tipo de instrumentos, la realidad de la calle llegó de manera muy directa a las notarías. Fueron momentos en los que ciudadanos, empresarios y autónomos compartieron con los notarios su incertidumbre, porque no sabían cuándo iban a poder volver a abrir su negocio, porque tenían que seguir haciendo frente a muchos gastos fijos. Con la desescalada, la actuación notarial, progresivamente, se ha ido expandiendo a todos los ámbitos en los que habitualmente se produce.

Para saber más

Con motivo del cumplimiento de un año del primer confinamiento domiciliario en España, el Consejo General del Notariado ha realizado una rueda de prensa en la que ha ofrecido datos sobre los efectos de la pandemia desde la experiencia de lo que se vive y se percibe en la actividad de las notarías.

Más información

La notaria Itziar Ramos Medina explicaba en su post de Notariosenred.com, publicado en abril de 2020, cómo se ejercía la función notarial en su notaría en tiempos de pandemia.

Más información
El camino a la digitalización

El Notariado dispone desde hace 16 años de la sede electrónica notarial, lo que le permite prestar su función pública en un espacio privado y seguro. En primavera, a raíz del inicio de la pandemia, propuso al Gobierno que permitiría a los notarios la autorización electrónica de las pólizas para la financiación de empresas y particulares en dicha sede y a través de videoconferencia. Las medidas propuestas permitirían a empresas y ciudadanos relacionarse con los notarios sin que fuera necesario su desplazamiento físico. Además, sería posible la obtención de copias simples gratuitas de las escrituras públicas de las hipotecas y de las compraventas. Los notarios estarían también en disposición de autorizar por videoconferencia otros documentos, como testamentos en caso de epidemia, poderes especiales, revocaciones de poderes (lo que impediría su utilización fraudulenta), y actos societarios.

Protegerse y proteger: objetivo de notarios y empleados

Durante la pandemia los notarios han sido juristas al servicio de las personas, al lado de los ciudadanos. Las notarías de España se mantuvieron abiertas durante toda la pandemia y, para ello, se tuvieron que adoptar una serie de medidas de higiene y de seguridad, las que se tuvieron al alcance en cada momento, para protegerse y proteger a los ciudadanos. Además, durante los meses de confinamiento se instauró de manera obligatoria la cita previa para evitar aglomeraciones.

Volver al campo. Una opción en progreso

EN ESTE PAÍS

VOLVER AL CAMPO

Una opción en progreso

La España rural lleva transfiriendo población, de forma constante y progresiva, del campo a la ciudad desde la década de los 50 del siglo XX, en un proceso atenuado durante los últimos años. Como en casi todas las cosas que hoy estructuran nuestra vida, internet ha tenido algo que ver en contener la sangría poblacional de la que hoy en un término, si no preciso al menos exitoso, se denomina “la España vaciada”. En estos momentos el 84% de la población se concentra en el 16% del territorio.

CARLOS CAPA

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Parafraseando la descripción que hace Estrabón de la antigua Hispania y cambiando los árboles por los que las ardillas podrían atravesar, saltando sobre árboles, la península sin tocar el suelo, hoy podríamos cruzar de Aragón a Extremadura en coche sin ver un núcleo de población en centenares de kilómetros, o en el mejor de los casos con pueblos con una población testimonial. 

Las tasas demográficas de algunas zonas de España están a los niveles de regiones mucho más inhóspitas que la Laponia finlandesa. Hablamos de cifras de entre uno y dos habitantes por kilómetro cuadrado. Por representarlo gráficamente: si trasladamos la tasa de población de Soria al Estado más pequeño del mundo, la Ciudad del Vaticano, allí solo viviría el santo padre (ahora, al menos, le acompañan otros 875 censados). 

¿Cambio de paradigma? Aunque quizás, y puede que no sea espejismo sino tendencia, podemos estar asistiendo a un cambio de paradigma. Indudablemente uno de los efectos de la pandemia es habernos hecho más conscientes de las muchas veces insostenible e insalubre vida en las grandes urbes. Descubrimos que las horas empleadas en los desplazamientos laborales podían ser sustituidos por el teletrabajo; que los pájaros no solo trinaban los domingos al amanecer y que la contaminación desaparecía. Y que vivir en un piso de 70 metros cuadrados no era la mejor, o al menos, la única opción. Qué a unas decenas de kilómetros el mismo dinero alcanzaba más lejos.

Desde luego no son solo los efectos de la pandemia los que están detrás del resurgir de la vuelta al campo. Obviamente quienes salieron de un pueblo de Andalucía, Galicia o Extremadura buscando una vida mejor en la gran ciudad probablemente hicieron lo correcto en una España donde, no lo olvidemos, la luz eléctrica no llegó hasta el maravilloso pueblo de Sotres (Asturias) hasta 1981 y Polopos (Granada) fue la última localidad que abandonó la centralita de teléfonos en ¡1988!, amén de que el control social era, como poco, mucho más ligero y eludible en una ciudad que en una aldea. 

Hoy las cosas son distintas. Sin revindicar la poesía pastoril -salvo en su interés filológico- del insigne Garcilaso de la Vega, es cierto que casi todo lo que un urbanita puede necesitar lo tiene más cerca y seguramente más barato en un pueblo que en una gran ciudad. Y para el ruralita, salvo ocasionales apetencias probablemente vinculadas al ocio o el esparcimiento, poco le aporta de más la gran urbe.

El tiempo nos dirá si estamos ante la flor de un día o en el nacimiento de una frondosa realidad.

Trabajando por la repoblación. En los últimos años han surgido decenas de iniciativas para ofrecer ayuda, soporte o información a quienes quieren revertir la tendencia de décadas anteriores y volver al campo. 

Entre ellas destaca el ya popular colectivo autodenominado G100, un grupo con componentes de toda España que participa en Terris (Territorios e Innovación Social). Desarrollan lo que denominan un proceso de cocreación de una Nueva Ruralidad, basado en la gestión de la inteligencia colectiva, con el que pretenden alumbrar las líneas estratégicas de cómo ha de evolucionar la relación del ser humano con el medio rural y construir una nueva identidad rural para el siglo XXI.

El G100 lo conforma un grupo de 100 personas de toda España que busca mejorar la vida en el campo en el siglo XXI. Son ingenieros, historiadores, periodistas, farmacéuticos, economistas, profesores y un largo etcétera que no estudian cómo transformar el mundo rural desde sus despachos, sino sobre el terreno.

Están divididos en 12 grupos, enfocados en encontrar soluciones para ámbitos como educación y formación, vivienda, trabajo y emprendimiento o transporte.

A este colectivo se unen otras iniciativas como Yo Transformo, Galicia Country Homes, La Exclusiva, Volver al pueblo, Aldeas abandonadas, Pueblos Madrina, Fundación CEPAIM, Pueblos en Arte o Abraza la Tierra, que también buscan generar oportunidades o visibilizar lo que el mundo rural ofrece. 

A título de ejemplo se puede destacar el Proyecto Arraigo, una iniciativa que nace en Soria y se amplía a Burgos y Madrid. Los trabajadores del proyecto hacen de intermediarios buscando a interesados en vivir en pueblos rurales y los conectan con estos lugares. A través de la ayuda del pueblo también se buscan alojamientos para alquilarlos por un mínimo de un año. De esta forma han conseguido instalar a 52 familias. Por el momento operan en un total de 85 pueblos repartidos por Madrid, Burgos y Soria.

El notario: siempre cerca

Los notarios españoles, cerca de 3.000, están repartidos por todo el país, incluso en pueblos muy pequeños. La llamada demarcación territorial (los lugares donde tiene que haber notarios) la decide el Ministerio de Justicia en coordinación con el Notariado, por criterios tanto sociales como económicos. De esta forma, y desde siempre, los ciudadanos y las empresas saben que disponen de un notario cerca de su domicilio o de su sede. Si no hay uno en su pueblo lo encontrará en el pueblo de al lado. Como funcionarios públicos que son, aunque ejerzan en régimen profesional, todos los notarios tienen que ofrecer los mismos servicios con la misma calidad. Esto también es una gran ventaja para las personas que viven en pequeñas localidades, ya que vayan a la notaría que vayan comprobarán que está dotada de las más avanzadas tecnologías (algo que sufragan los propios notarios) y conectada, mediante una red informática propia y segura, con el resto de las notarías del país, las administraciones públicas y otros muchos organismos públicos y privados.

Por tanto: estén donde estén y acudan al notario que acudan, los ciudadanos y los empresarios `pueden estar seguros de que podrán acceder al servicio notarial que necesiten, de la misma calidad, y con las mismas garantías y rapidez que en una gran ciudad.

En los últimos años han surgido decenas de iniciativas para ofrecer ayuda, soporte o información a quienes quieren volver al campo

Para saber más

Elige tu notario: base de datos del Consejo General del Notariado que permite localizar a cualquier notario en España 

Más información

Página Web de Proyecto Arraigo: un puente entre el mundo rural y las personas que viven en entornos urbanos y quieren realizar un cambio de vida.

Más información

Lo rural ha muerto, viva lo rural: un libro de Víctor Manuel Guiu en el que, a través de imágenes cotidianas, se nos muestran puntos de vista donde la hibridación urbano-rural ha transformado lo que creíamos «rural”.

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Las nuevas ‘autopistas’

Uno de los principales obstáculos que en épocas pasadas impidieron una mayor relación entre el campo y la ciudad fueron las comunicaciones. Mal o inexistente transporte público y deficientes, siendo generosos, carreteras, no ayudaban mucho. Hoy, afortunadamente, en gran medida por el impulso de la Unión Europea, las redes de transporte han mejorado enormemente. Pero lo que verdaderamente cambia la realidad son las que hoy son las verdaderas autopistas: las que circulan por la red cibernética.

Ciertamente hay mucho por mejorar: un 13% de las zonas rurales aún no tiene acceso a internet por fibra o ADSL con un mínimo de 25MB. Ello pese a que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aseguró que para enero de 2020 el 90% de los municipios contaría con internet de banda ancha. Aun así, casi dos millones de residencias tienen una conexión de 2MB de velocidad. Para los no muy tecnológicos déjenme que les ponga un símil automovilista: no es coche, como mucho, un patinete.

Aun así, más del 80% de los núcleos de población tienen acceso a internet y un porcentaje aún mayor tienen cobertura telefónica móvil, al menos en 3G o 4G. El programa europeo Wifi4EU, da bonificaciones de 15.000 euros para cubrir los costos de instalación de equipos Wi-Fi de alta velocidad, en las zonas con peor conectividad, lo que impulsa a las áreas despobladas de España a apostar por la repoblación y a la reactivación de los núcleos rurales.

Por su parte, Telefónica ha informado que para 2025 tendrá el 100% del territorio español cubierto con fibra óptica.

«La irresistible llamada del pueblo», por Margarita Sáenz-Díez

EN ESTE PAÍS

 
MARGARITA SÁENZ-DÍEZ

periodista

 

La irresistible llamada del pueblo

msaenz‐[email protected]
@DiezSaenz
Margarita Sáenz-Díez Trias
Margarita Sáenz-Diez Trias
margaritasaenzdiez

EL TELE-TRABAJO ha llegado para quedarse. No tiene marcha atrás. Ha cambiado la dinámica laboral en las zonas urbanas y se perfila como un polo de atracción en el mundo rural. De eso se encargan muchas agrupaciones locales empeñadas en repoblar la España Vaciada, cuando residir próximo al lugar del trabajo ha dejado de ser un requisito imprescindible.

El éxodo rural dejó a la intemperie enormes extensiones y el abandono de los pueblos en busca de nuevas oportunidades fue una constante en la segunda mitad del siglo XX. Ahora es cuando el atractivo de los territorios abandonados llama a la puerta y el regreso al pueblo se convierte en una opción para un cambio de vida. Esa España callada ha levantado la voz para conquistar un protagonismo que nunca tuvo, que rechaza seguir siendo un campo en el que el AVE pasa a toda velocidad sin posibilidad de detenerse, y que reclama el acceso pleno a las nuevas tecnologías que faciliten el trabajo a distancia.

Los tiempos han cambiado tanto que el regreso al pueblo no se considera una excentricidad bucólica sino una oportunidad para cambiar de vida y acometer nuevos sistemas de trabajo. El hecho de que el movimiento Teruel Existe consiguiera en las últimas elecciones tener un diputado en el Congreso y dos representantes en el Senado, animados por el afán de evitar la muerte de las pequeñas localidades, visibilizó la realidad de millares de pequeños núcleos vacíos, diseminados por toda la geografía.

Curiosamente, la pandemia en este año de sufrimiento y muerte ha motivado que muchos hayan decidido regresar a las antiguas casas familiares con la determinación de rehabilitarlas. Algunos pocos, más atrevidos, han apostado por rescatar enclaves en medio de una naturaleza desbordante.

Si la posibilidad del tele-trabajo está siendo decisiva para intentar ese cambio de vida, queda pendiente la reorganización de los servicios básicos como atención primaria, escuelas, seguridad, para que todos tengan acceso a los mismos en no más de media hora de coche, según los expertos.

Resulta muy interesante la experiencia de José María Carrascosa, fundador en 1980 de una iniciativa pionera en Sarnago (Soria), que entonces tenía un futuro desolador. Él y otros ciudadanos montaron una asociación decididos a devolver al pueblo vacío la presencia humana. Al principio, obligados por las circunstancias laborales, eran visitantes intermitentes que acudían cuando podían. Poco a poco y con mucho trabajo, fueron arreglando las viviendas, las calles, el alumbrado, o peleando para que cada hogar tuviera agua y conexión wifi para acceder a internet. Todo con su esfuerzo personal.

Ahora los de Sarnago han conseguido, de momento, alternar el trabajo presencial en la ciudad y la oficina virtual en el pueblo, conciliando así la vida personal y el respeto a la naturaleza. Desde esas experiencias, el futuro de quienes se tracen ese camino podrían conseguir una vida más amable, menos estresante, en la que los adultos aprovechen las virtudes de la tecnología y los niños puedan estudiar en las escuelas de las localidades cercanas y educarse de la mano de la naturaleza

En Castilla-La Mancha se prepara una ley contra la despoblación porque estos pobladores requieren de ayuda oficial para iniciar su nueva etapa. Parece que se les eximirá del abono de impuestos autonómicos, tendrán ayudas fiscales para la rehabilitación o construcción de viviendas rurales, mientras las empresas que allí se instalen dispondrán de apoyos públicos. Iniciativas fundamentales todas ellas para hacer posible o al menos facilitar la tarea. La decisión de Telefónica de llevar internet a cualquier punto del país, es otro avance indispensable.

Y, ¿por qué no admitir un empadronamiento doble o intermitente? Para eso haría falta una revolución también en el sistema de subvenciones a los ayuntamientos en función del número de censados. Clichés que se quedarán antiguos para dar paso a otros sistemas más modernos que permitan una flexibilidad mayor.

En un futuro no lejano en el que podamos estar todos interconectados allí donde nos encontremos, la elección de nuestra forma de vida estará abierta a mundos que nunca imaginamos. Entonces, la llamada del pueblo podría ser irresistible.

Entrevista al presidente del Consejo General del Notariado

EN ESTE PAÍS

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ,
presidente del Consejo General del Notariado

“Durante el confinamiento fuimos declarados un servicio público esencial”

A finales de noviembre José Ángel Martínez Sanchiz fue reelegido presidente del Notariado para los próximos cuatro años. Se sitúa así, nuevamente, al frente de los casi 3.000 notarios que ejercen en pueblos y ciudades de toda España. Su objetivo es reforzar la fe pública notarial como espacio de libertad y justicia, con todo lo que ello implica de servicio público y atención personal, fundamentalmente de los más vulnerables. Un rasgo que se puso de manifiesto durante los meses del confinamiento, durante los cuales todas las notarías permanecieron abiertas.

ANA TOGORES

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@AnaTogores

anatogores

–Estar al frente del Notariado es un honor, pero también una gran responsabilidad. ¿Qué le ha llevado a volver a presentarse?
–Principalmente la situación que se ha creado como consecuencia de la pandemia, con toda una serie de proyectos, algunos que habíamos iniciado y otros que están pendientes de desarrollo. Parecía lo más conveniente acabar estas tareas. También el sentimiento de la responsabilidad tras los anteriores cuatro años.

–En esos años ha tenido a su lado, como tendrá ahora, a los decanos de los colegios notariales. ¿Qué le gustaría decirles a los salientes?
–Reconocerles que han desarrollado una gran labor y agradecerles su dedicación al Notariado. Estoy seguro de que contaremos con su experiencia y su apoyo en tiempos venideros.

–¿Y a los que se embarcan por primera vez en este reto?
–Sin duda hay que agradecerles que hayan decidido acometer esta empresa, representado a su Colegio Notarial y al Notariado y desearles mucha suerte. Entre todos tendremos que enfrentar los nuevos retos que se presenten.

–Es obligado preguntarle qué destacaría de lo conseguido en estos cuatro años.
–La realidad es que se han hecho cortos. Cuando iniciamos la singladura nos encontrábamos en plena crisis del crédito hipotecario. Estaba en riesgo la subsistencia misma de la hipoteca y tuvimos que reconsiderar cuál era nuestra posición y qué teníamos que hacer para dotar de mayor seguridad jurídica al mercado hipotecario. Propusimos al Gobierno intervenir en la fase precontractual del préstamo, comprobando el cumplimiento de los deberes de las entidades financieras, por un lado, y proporcionando al consumidor un asesoramiento imparcial y gratuito, por otro.

Creo que podemos estar razonablemente satisfechos. En la última encuesta de percepción social que hemos realizado, en mayo de 2020, ha aumentado la satisfacción de los consumidores por la asesoría recibida. Estoy orgulloso de este resultado.

–También se ha seguido avanzando mucho en la colaboración que prestan los notarios en la prevención de blanqueo de capitales y el fraude fiscal…
–Nuestro deber de colaborar en estos ámbitos es fundamental. Este tipo de delitos, y para qué decir de la financiación del terrorismo, se han presentado tradicionalmente como de cuello blanco, como si solo tuvieran consecuencias en el ámbito económico. Pero la realidad es que detrás se ocultan situaciones muy duras, desde la venta de drogas hasta la esclavitud y el tráfico de órganos. Los notarios tenemos la responsabilidad de luchar contra ellos: como personas y como funcionarios públicos, evitando que se utilice la garantía notarial para su salvaguarda. Desde la creación en 2005 de nuestro Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales hemos desarrollado una labor muy reconocida tanto nacional como internacionalmente, siendo ejemplo de los notariados de otros países. La actuación de este órgano ha dado lugar a una serie de denuncias que han traído como consecuencia que muchas de ellas, más del 80%, hayan acabado en los tribunales.

–¿En qué medida ha contribuido la Base de Datos de Titularidad Real?
–Esta base constituye, de momento, un ejemplo único en el mundo y su eficacia ha sido reconocida por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Es una aportación a la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Notariado gracias al esfuerzo ímprobo hecho por todos los compañeros y por nuestro Órgano de Prevención Centralizado. En gran medida se nutre de la información contenida en el Índice Único Notarial, que recoge de forma parametrizada los datos precisos contenidos en las escrituras públicas.

La Base de Datos de Titularidad Real ha prestado y presta unos servicios importantísimos en la lucha contra estas lacras sociales ya que permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad, incluso en el encadenamiento de estructuras societarias complejas.

–Otro estandarte de su mandato ha sido impulsar el desarrollo tecnológico de los notarios para prestar un servicio aún más ágil y efectivo…
–El desarrollo de los instrumentos tecnológicos que necesitan los notarios para prestar sus servicios tiene que constituir el objetivo de cualquier legislatura, tanto pasada como presente. En este punto hay que agradecer la actuación de mis predecesores que, con muy buen criterio y anticipados en cierto sentido a los tiempos, crearon un centro tecnológico propio del Notariado, que ahora cumple 20 años: Ancert, nuestra empresa de tecnologías.

Gracias a ella, y al esfuerzo de adaptación realizado por todos los notarios, estamos en disposición de poder prestar una serie de servicios íntegramente online. Con este objetivo hemos abierto la sede electrónica notarial a través del Portal Notarial del Ciudadano. En él particulares y empresas se beneficiarán de diversos servicios notariales telemáticos, con la misma seguridad y garantías que compareciendo físicamente en las notarías, pero con la agilidad y facilidades propias de las operaciones digitales.

–De hecho, en pocos meses es muy posible que podamos crear una sociedad limitada íntegramente por vía online a través de ese Portal. ¿No le da vértigo estar al frente de este proyecto?
–No, porque estamos preparados. La tramitación de la Directiva de herramientas digitales comenzó su andadura al poco de iniciarse la legislatura anterior y la verdad es que estuvimos muy pendientes de su evolución y transmitimos en todo momento a las instituciones europeas que los notarios no serían nunca un problema sino parte de la solución. Y así lo entendió la Comisión Europea. La directiva potencia la actuación notarial porque lo que quiere es garantizar la mayor seguridad jurídica del proceso, y eso precisamente es lo que brinda la intervención notarial. Por eso en países como Alemania, Italia o España se está impulsando la constitución en escritura pública de sociedades mercantiles mediante videoconferencia como canal seguro.

–¿Cómo vivió el Notariado los meses de confinamiento?
–Durante el confinamiento fuimos declarados un servicio público esencial y todas las notarías permanecieron abiertas para casos de urgencia.

Fueron momentos muy duros y tengo que elogiar el esfuerzo y la entrega de los casi 3.000 notarios y los más de 17.000 profesionales que trabajan con nosotros. En este sentido el Gobierno actuó de forma rápida y segura para que pudiéramos atender las necesidades de urgencia, tanto personales como económicas, de ciudadanos y empresas. La relación con el Ministerio de Justicia fue muy buena, con una excelente coordinación con la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de la que dependemos los notarios.

–La protección jurídica de las personas más vulnerables ha sido y es otro de los objetivos del Consejo. De hecho, la Fundación creada para tal fin, Aequitas, ha cumplido 20 años. ¿Qué retos enfrenta en este ámbito en 2021?
–Las personas con discapacidad y vulnerables constituyen un grupo de atención especial para los notarios. Nuestra Fundación ha desarrollado una labor intachable, que se ha apoyado en los últimos años en la aplicación de la Convención de Nueva York. El artículo 12 de esta convención supone una gran responsabilidad para los notarios porque quiere garantizar que estas personas ejerzan sus derechos y deberes jurídicos contando con los apoyos necesarios. Los notarios debemos propiciar la autonomía de estas personas y que la puedan desempeñar, en su caso, disponiendo de esos apoyos. Es una tarea que implica una gran responsabilidad, pero muy bonita y en consonancia con nuestra función.

–En su día a día el Notariado trabaja estrechamente con otros muchos profesionales: abogados, economistas, jueces, procuradores, registradores. ¿En qué se diferencia su labor con respecto a estos últimos?
–Aunque tenemos una formación muy similar, nos encontramos en distintos lados del proceso de la seguridad jurídica. Nosotros desarrollamos una seguridad jurídica genuinamente preventiva, porque la actuación notarial se produce simultáneamente con la prestación del consentimiento.

El notario atiende directamente a la persona y trata de resolver los problemas que pueda tener y a partir de ahí se realiza el documento notarial. Un préstamo ante notario, por ejemplo, no consiste solamente en la prestación del consentimiento, sino también en la materialización del negocio: se recibe el dinero con la asunción de una serie de obligaciones. En cambio, la inscripción, que cumple una función básica de publicidad, siempre se produce en un momento posterior, cuando el negocio ya se ha consumado.

–Ahora que se habla tanto de la España abandonada… ¿Están los notarios abandonando los pueblos o volviendo a ellos?
–Los notarios no estamos abandonando los pueblos. De hecho hemos estado siempre en ellos y estamos repartidos por toda la geografía nacional. No siempre el pueblo con notario tiene una gran actividad económica, pero estamos porque se necesita nuestro servicio. Nunca hemos pensado alejarnos de la España despoblada. Nos sentimos orgullosos de que el servicio notarial llegue a todos los españoles y de que lo encuentren cerca de donde ellos viven: en su pueblo o en su comarca.

–En octubre de 2017 se reunieron en Santiago de Compostela los notariados de 22 países de la UE… ¿Es nuestro modelo de sistema el más seguido en Europa?
–El más seguido y el más seguro. Es una institución originalmente europea con muchos puntos de similitud, que además se extendió a América, África y Asia. La mayor parte de la población mundial confía en los notarios.

Y dentro de ellos el Notariado español, tengo que decirlo, constituye un referente en el ámbito de los 90 países que integran la Unión Internacional, seguramente porque hemos sabido mantener nuestra esencia, pero ajustada a las nuevas necesidades y al desarrollo tecnológico. Durante mi anterior mandato, de hecho, dos notarios españoles presidieron nuestros organismos europeo y mundial.

“Nunca hemos pensado alejarnos de la España despoblada. Nos sentimos orgullosos de que el servicio notarial llegue a todos los españoles”

Huella digital

Licenciado en Derecho por la Universidad Central de Barcelona y notario desde 1979, José Ángel Martínez Sanchiz es, además de presidente del Consejo General del Notariado, decano del Colegio Notarial de Madrid y académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. A su reconocida trayectoria académica y erudita hay que sumar su dedicación al Notariado, lo que puede apreciarse con una visita a la página web https://www.notariado.org/portal/, la revista https://escriturapublica.es/ o a las redes sociales @Notarios_ES (en Twitter e Instagram).

“Los notarios tenemos la responsabilidad de luchar contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal: como personas y como funcionarios públicos”

Las familias necesitan más justicia

EN ESTE PAÍS

Las familias necesitan más justicia

Se atribuye al abogado y diplomático estadounidense Robert Anderson la aseveración de que “en todo matrimonio que ha durado más de una semana existen motivos para el divorcio. La clave consiste en encontrar siempre motivos para el matrimonio”. Lo cierto es que las cifras han de darle en España algo de razón ya que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2019 casi 6 de cada 10 matrimonios acabaron en divorcio. 

CARLOS CAPA

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@capa_carlos

LA PANDEMIA de Covid‐19 y las medidas adoptadas para combatirla no han venido a mejorar mucho las cosas y, según expertos en Derecho de Familia, 2020 puede ser el primer año, a falta del recuento final, en que en España se hayan producido más separaciones que matrimonios.

Además de las inevitables consecuencias en el plano emocional, existen situaciones de carácter legal que deben ser resueltas en una crisis familiar.

Derecho de Familia. Así, el Derecho de Familia regula las relaciones personales y patrimoniales tanto de los miembros de una familia entre sí, como con respecto a terceros en procesos de separación, divorcio y nulidades matrimoniales, custodias y régimen de visitas, capitulaciones y contratos prematrimoniales, incapacitaciones y tutelas o filiaciones.

Las demandas de disolución matrimonial experimentaron un incremento interanual generalizado en el tercer trimestre de 2020 y supusieron un 16,6% más respecto al tercer trimestre de 2019. Todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, especialmente las consensuadas, han mostrado importantes incrementos interanuales respecto al mismo trimestre del año 2019.

También otros asuntos relacionados, como son las demandas de modificación de medidas y las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, tanto consensuales como litigiosas, tuvieron un importante incremento según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De hecho, las demandas de modificación de medidas consensuadas se incrementaron un 28,3 por ciento y las demandas de modificación de medidas no consensuadas lo hicieron un 8,6 por ciento.

Por otro lado, las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas tuvieron un incremento interanual del 56,8 por ciento, mientras que las no consensuadas se incrementaron un 21,3 por ciento.

El Real Decreto‐ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID‐19 en la Administración de Justicia, introdujo una regulación ‘ex Novo’ para un procedimiento especial y sumario respecto a la resolución de cuestiones relativas al Derecho de Familia directamente derivadas de la crisis sanitaria, que estuvo operativo durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización.

Si bien no es posible determinar cuántos procesos de este tipo ingresaron en los órganos judiciales, al no tener reflejo individualizado, sí se observa un incremento de los juicios verbales relativos al Derecho de familia, tanto en el segundo trimestre como en el tercero de 2020. Asimismo, las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, especialmente las consensuadas, han mostrado importantes incrementos interanuales respecto al mismo trimestre del año 2019.

Para afrontar esta realidad, España solo dispone de 124 juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de Familia repartidos entre 56 partidos judiciales, lo que deja a más de la mitad de la población del país sin acceso a este tipo de un servicio público cualificado para resolver cuestiones tan delicadas como el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia o la tutela y protección de personas discapacitadas. Un reciente estudio de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) indica que el 53% de los ciudadanos no tiene acceso a juzgados especializados en crisis familiares. 

Más procesos, mismos medios. A pesar de esta carencia, durante 2019 solo se abrió un juzgado nuevo de Primera Instancia propio de Familia y tampoco se ha visto beneficiada esta especialidad por la creación extraordinaria de nuevos juzgados que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 1 de diciembre en previsión de la sobrecarga de actividad jurisdiccional como efecto de la pandemia de Covid‐19 y las medidas adoptadas para su contención. De los 30 nuevos juzgados creados ninguno es de Familia. Por lo tanto, en 32 provincias españolas los ciudadanos que residen en ellas no tienen acceso a un tribunal especializado.

Los residentes en poblaciones como Cádiz, Ibiza, Menorca, Ávila, Toledo, Manresa, Segovia, Cáceres o Lugo, entre otras miles, quedan fuera de la especialización y deben conformarse con que sus asuntos sean resueltos por los llamados “juzgados mixtos”, aquellos que comparten jurisdicción civil de primera instancia y jurisdicción penal en materia de instrucción, y con frecuencia otras tareas encomendadas como el Registro Civil o la Violencia sobre la Mujer.

La escasez de medios y de recursos humanos en este estrato jurisdiccional provoca que las vistas sobre asuntos de familia lleguen a demorarse muchos meses, en ocasiones más de un año, con el consiguiente trastorno y notable perjuicio, si cabe más lacerante cuando existen decisiones a tomar sobre menores como la custodia, la pensión alimenticia o el régimen de visitas de los menores.

La falta de especialización provoca, además de una menor velocidad de tramitación, gran disparidad de criterios entre los diferentes juzgados, lo que en la práctica supone tener una Justicia de dos velocidades.

Los divorcios sin acuerdo en la pareja tardan en resolverse en España más de tres años y medio cuando se tramitan a través de juzgados de Primera Instancia y las audiencias provinciales no especializadas en asuntos de Derecho de Familia. En cambio, cuando estos mismos procesos contenciosos se despachan en órganos especializados, –con jueces, magistrados, fiscales y equipos técnicos correctamente formados en la materia– el tiempo se reduce a dos años de media contando ambas instancias, según se desprende del informe de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). 

En definitiva, nos encontramos ante una Justicia desigual, entrando en contradicción con el mandato constitucional.

La presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano considera que “esta situación provoca un agravio territorial, respuestas jurisdiccionales dispares, inseguridad jurídica y demoras en la tramitación de los procesos, que en muchas ocasiones potencian las situaciones de violencia de género y filio parental”. Lozano ha pedido al Ministerio de Justicia para los asuntos de Familia el mismo tratamiento que reciben los de Mercantil o Violencia de Género, que son atendidos por jueces, fiscales y funcionarios especializados en la materia.

En esta dirección en septiembre de 2019 nacía la Plataforma Familia y Derecho, una asociación formada por jueces y magistrados, letrados de la Administración de Justicia, abogados, psicólogos, docentes y trabajadores sociales y cuya finalidad fundamental es conseguir la especialización en el orden jurisdiccional civil de las materias de infancia, familia y capacidad.

Alternativa notarial

EN JULIO de 2015 entró en vigor la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Una norma que amplió las competencias de los notarios para resolver determinados asuntos que hasta ese momento tenían que llevarse a los juzgados. Uno de los actos de jurisdicción voluntaria más demandados por los ciudadanos es la declaración de herederos abintestato (cuando no existe testamento) por parte de ascendientes, descendientes o cónyuges. Estos expedientes han superado los 500.000 en cinco años.

Esta ley también permite a las parejas separarse o divorciarse ante notario, siempre que estén de acuerdo y que no tengan hijos menores a su cargo o con la capacidad judicialmente modificada. También se puede, entre otras cosas, recurrir a la conciliación ante notario ante cualquier controversia mercantil, sucesoria o familiar.

Consultar la ley

La Asociación Española de Abogados de Familia indica que el 53% de los ciudadanos no tiene acceso a juzgados especializados en crisis familiares

Para saber más

Divorcio ante notario. “La pregunta de la semana”.

Más información

Informe del Observatorio de Derecho de Familia de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA).

Más información

Web de la Plataforma Derecho y Familia. Asociación multiprofesional que promueve una jurisdicción especializada en Familia.

Más información

Estadística de nulidades, separaciones y divorcios elaborada por el Consejo General del Poder Judicial. Se ofrecen resultados a nivel nacional, autonómico y provincial.

Más información

Solo disponemos de 124 juzgados de primera instancia especializados en asuntos de familia repartidos entre 56 partidos judiciales

«Divorcios de pandemia», por Pilar Cernuda

EN ESTE PAÍS

PILAR CERNUDA

periodista

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Divorcios de pandemia

TODOS CONOCEMOS parejas que han saltado por los aires tras los meses de confinamiento y las medidas que, posteriormente, han restringido la libertad de movimientos sin posibilidad de salir del barrio, la ciudad, la provincia o la región en la que residían. Y todos conocemos parejas que se han fortalecido tras los meses de confinamiento y las medidas que se pusieron en marcha para paliar los efectos de la pandemia.

Que se viviera una situación u otra ha dependido del carácter de los confinados y de la fortaleza de su relación; pero también, quizá sobre todo, del espacio en el que vivieron el encierro. No era igual para una familia de uno o dos hijos que disponían de amplio piso, incluso de chalet con jardín privado y ordenadores suficientes para no tener que compartirlos, que la situación de familias numerosas en apenas 80 metros cuadrados, uno o dos ordenadores, una persona enferma o discapacitada, un padre angustiado porque preveía la llegada del paro y además no cobraba el ERTE porque el gobierno se ha mostrado incapaz de atender cualquier tipo de solicitud o gestión de bajas, altas, ertes, subsidios y ayudas. Y encima los niños quejándose de aburrimiento, los mayores poniendo a prueba su paciencia y los adolescentes mascullando que estaban hartos de no poder encontrarse con amigos.

El covid 19 ha traído muertes, agonías inacabables, meses de lucha en una UCI, personal sanitario desbordado, soledades, incertidumbres y muchos problemas, infinitos problemas. Han sido muy afortunadas las familias que tras la pandemia se sienten más unidas que antes, con padres que han descubierto a sus hijos y viceversa, maridos que han comprendido, al fin, que una casa no funciona sola y han mirado a sus mujeres con admiración, y centenares de familias, por no decir millones, que también han hecho descubrimientos asombrosos, como que cocinar es muy entretenido y relajante, que tenían razón los que decían que la lectura es un placer, o que hay juegos de mesa apasionantes con los que las horas se pasan rápido.

El problema, serio problema, lo han vivido, y lo viven, aquellos a los que el confinamiento ha sacado a la luz sus diferencias irremediables. Que convivir tantos días sin posibilidad de salir de casa era un infierno, que se han dado cuenta de que ya no soportan los defectos del otro o de la otra y que incluso lo que les atraía se ha convertido en algo aborrecible. Muchas de esas parejas han tenido que aguantar la situación porque no disponían de los medios económicos necesarios para plantearse una separación; otras sin embargo, en cuanto han salido a la calle, han acudido a un abogado para poner en marcha la tramitación de un divorcio.

Algunos, ante las advertencias de los abogados respecto a la acumulación de casos que se amontonaban ante los juzgados de familia, que no daban abasto, han acudido a notarías para preguntar sobre la posibilidad de iniciar un paso intermedio, una separación notarial, e incluso, de divorciarse por esta vía.

Para muchos un divorcio es una liberación, pero generalmente es un drama incluso para quien lo haya solicitado por las razones que sean, desamor, nuevo amor, incompatibilidad de caracteres, violencia doméstica o pérdida de confianza. Si al drama se le añade que no hay manera de acelerar trámites, que no llega nunca la fecha de la vista, que los abogados se encuentran con un bloqueo de los juzgados, imposibilitados de ir más deprisa, ampliar personal y disponer de más medios, faltos de horas y con los nervios tan a flor de piel como los propios demandantes de que resuelvan sus problemas… esa espera, esa falta de avances, ese no saber cuándo resolverán los jueces, se convierte en una pesadilla.

Se comprende que en estos meses de desasosiego por tantas razones, que no se sabe además cuando se podrá superar, los juzgados de familia se hayan convertido en la diana de todos los venablos que lanzan las familias que no tienen más aspiración que solucionar de una vez por todas su situación familiar y que un juez intervenga con una decisión de obligado cumplimiento. Si hay hijos menores, que determine quién ejercerá la patria potestad o si será compartida, quién ocupará la vivienda familiar, régimen de visitas a los hijos, reparto de vacaciones, pensión alimenticia, qué gastos corresponde a cada cónyuge, quién se hace cargo de la hipoteca si la hubiera, e incluso tomar disposiciones sobre las visitas de los abuelos a los nietos; un asunto cada vez más habitual cuando se trata de los padres de un cónyuge fallecido.

La pandemia, además de una tragedia que parece no tener fin, es desesperante para quienes están pendientes de una resolución que lleve un poco de sosiego a la familia. No hay más que echar una mirada alrededor para darse cuenta de que para los ciudadanos que sufren la pandemia sin más cambio en su vida que un encierro, sufrir el toque de queda, no disfrutar de una reunión familiar o de amigos, y estar pegado durante horas a un ordenador, es un privilegio.

El derecho a decidir de las personas con discapacidad

EN ESTE PAÍS

El derecho a decidir de las personas con discapacidad

La agencia de noticias Servimedia organizó a finales de octubre un diálogo en el que se abordaba El Derecho de las personas con Discapacidad a tomar sus propias decisiones: reformas legales. El encuentro, que contó con numeroso público conectado a través de la plataforma Microsoft Teams, fue retransmitido en directo por el canal de televisión de esta agencia de noticias.

JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA

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@JMCarrascosa

José Manuel González Huesa, director general de Servimedia, moderó el debate, que contó con los siguientes ponentes: Maria Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil; Rosa Rubio, fiscal delegada de protección de personas con discapacidad en Canarias; Florentino González, miembro de la Junta Directiva de Down España; y Federico Cabello de Alba, notario y director de asuntos sociales de la Fundación Aequitas.

En el encuentro se abordaron las reformas legales más recientes relacionadas con la discapacidad, haciendo hincapié en el Proyecto de Ley que reforma la Legislación Civil y Procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Este texto pretende adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada en 2006); concretamente su artículo 12, que proclama que los miembros de este colectivo tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás e insta a los gobiernos a que adopten las medidas necesarias en este sentido.

Avance importantísimo. Para Federico Cabello de Alba, «el proyecto de ley supone un avance importantísimo frente a la situación anterior; han tenido que superarse muchas resistencias hasta que ha visto la luz. El cambio principal para el colectivo de personas con discapacidad radica en que pasan de ser objetos de derecho a sujetos de derecho. Asimismo, se reconoce la dignidad de estas personas; además de generar una enorme economía procesal. Lo prioritario de esta reforma es el respeto absoluto por la autonomía de la voluntad».

Sobre el papel de las instituciones tutelares en el nuevo proyecto, el director de asuntos sociales de la Fundación Aequitas apuntó que «seguirán acompañando en las decisiones, ya que asumen el desarrollo de los apoyos y la asistencia, aunque tendrán distinta intensidad». En cuando a la trascendencia práctica, el notario señaló que será «muy importante. Hasta ahora eran personas que querían, por ejemplo, constituir una sociedad y se les negaba la legitimación». Por último, señaló la necesidad de «hacer pedagogía y cambiar las actitudes de la sociedad, de los juristas y de las propias familias. Se deben evitar inercias jurídicas».

Maria Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil, aportó su experiencia como uno de los expertos que han trabajado en el desarrollo del proyecto de ley. «La Comisión General de Codificación inicia este trabajo en 2015. Se ha escuchado a la sociedad civil, a asociaciones y personas implicadas; se han realizado entrevistas a numerosos representantes de la discapacidad en trámite de audiencia pública. Tal y como ordenaba la Convención, esta ley será la primera en la que participen de manera directa sus protagonistas. Ahora le toca el turno a los parlamentarios que pueden perfeccionarla. Lo que hay que hacer con este proyecto cuando se convierta en Ley es mucha pedagogía: su letra, si se aplica con los parámetros de ahora, no cambia nada. Cuando los ‘aplicadores’ del Derecho comprendan las claves del nuevo sistema, se ‘convertirán’ sin lugar a dudas».

La jurista abundó en la importancia de esta nueva normativa. «Incorporará al Derecho español el desarrollo legislativo del artículo 12 de la Convención de la ONU, que es el corazón de este tratado internacional. España prontamente se apresuró en firmar y adherirse a la Convención, pero bastantes años después, ese artículo no se ha adaptado a nuestro ordenamiento. La importancia del proyecto es inmensa; las personas con discapacidad tendrán plena capacidad jurídica en cuanto a titularidad de derechos y de legitimación para ejercitarlos».

«Ahora mismo hay situaciones previas de incapacitación que llegan a prohibir casarse o incluso celebrar determinados contratos, -indicó la civilista-. Cuando entre en vigor la nueva ley se aplicarán medidas transitorias para eliminarlas. Ha habido quejas de asociaciones de jueces mostrándose contrarios a esta situación, afirmando que las sentencias de limitación de la capacidad de obrar eran imposibles de adaptar porque colapsarían los juzgados. Pero no pueden coexistir dos sistemas paralelos: los conformes y los contrarios a la Convención de la ONU. Las sentencias deberán adaptarse en un plazo breve y se deben reivindicar medios humanos para hacerlo».

Derecho a equivocarse. La fiscal Rosa Rubio coincidía en señalar la trascendencia del proyecto: «Va a suponer un antes y un después. Abandonaremos el concepto médico de discapacidad para entrar en el social. Cualquier persona, con independencia de su discapacidad, podrá y deberá ejercer sus derechos. Esta legislación elimina las barreras e impide -con apoyo del Estado- los obstáculos de la sociedad. No se hablará de incapacitación ni privación de derechos. No se necesita presupuesto económico para su aplicación, sino un cambio radical de pensar en los juristas, un cambio de mentalidad que va a llevar un tiempo».

Rubio reivindicó el «derecho de las personas con discapacidad a equivocarse. Debemos dejar que nuestro ser querido se equivoque con todas las consecuencias. El interés debe ser el respeto a su voluntad, no la protección».

Por último, Florentino González, de Down España, señaló que «el papel de las asociaciones va a seguir siendo fundamental en el nuevo Derecho de la Discapacidad». El representante de la ONG señaló que «pasamos ahora del modelo asistencial al de Derechos Humanos bajo la clave de bóveda del artículo 12. El proyecto de ley en general es un avance importantísimo, ya que España va con doce años de retraso. Estamos en condiciones de poder hacer una reforma que sea una referencia para muchos otros países; que cumpla plenamente las orientaciones y recomendaciones de la Convención y que marque un hito en defensa de los derechos y la protección jurídica de las personas con discapacidades».

Comparecencia en la Comisión de Justicia

La misma semana que tuvo lugar el foro de Servimedia TV; la directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Girona, comparecía en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados con el fin de informar sobre el proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Civil y Procesal para el Apoyo de las Personas con Discapacidad.

La notaria valoró muy positivamente el texto del proyecto «dado que asume con carácter general los principios de la Convención. Aunque hay determinadas disfunciones, aspectos perfectibles o mejoras técnicas que pudieran ser introducidas en el trámite parlamentario para conseguir la plena adaptación a los principios de la Convención”, defendió.

Ver comparecencia
Críticas al libro único del registro de la propiedad

Los participantes abundaron en un tema que ha generado controversia: la creación de un libro único informatizado en el Registro de la Propiedad que dará publicidad a las resoluciones judiciales que establezcan medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Para Florentino González, miembro de la junta directiva de Down España, la medida es “un auténtico despropósito. Ese libro podría provocar una estigmatización de las personas con una discapacidad. Desnaturaliza el papel del Registro Civil y privatiza el mismo, e incumple la Convención al publicar la discapacidad», aseguró.

Nueva fiscal especializada en Discapacidad

A finales de octubre, el pleno del Consejo Fiscal nombraba una nueva fiscal de Sala en el Tribunal Supremo, que ejercerá las labores de coordinación de los servicios especializados en la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores. María José Segarra, fiscal general del Estado, con más de treinta años de experiencia, desempeñará esta tarea.

Durante el encuentro en Servimedia TV, la fiscal Rosa Rubio -Fiscal delegada de la especialidad civil y de protección jurídica de las personas con discapacidad en Canarias- manifestó que «este nombramiento es una noticia extraordinaria que reforzará la labor de los fiscales dedicados a esta especialidad. El hecho de que esta plaza sea cubierta por quien fuera fiscal general del Estado le confiere fuerza suficiente. Segarra ha demostrado sensibilidad suficiente y desempeñará una labor excelente», aseguró.

Convocatoria al encuentro
Noticia en la web de Servimedia

Entrevista a Manuel Charlón, fotógrafo

EN ESTE PAÍS

Manuel Charlón

Manuel Charlón, fotógrafo. Coordinador del libro Soñar es viajar

«La lectura es nuestro primer viaje»

Nuestro entrevistado cuenta con una amplia trayectoria profesional conseguida tras más de treinta años detrás del objetivo. Sin embargo, una de sus principales virtudes no se encuentra en su currículo: contar con un gran círculo de amistades. Y esa virtud hizo que 88 periodistas le enviaran durante el reciente confinamiento –altruistamente- los textos que conforman el libro Soñar es viajar, 88 viajes en confinamiento (editado por la Fundación Notariado), cuya recaudación se destinará a la investigación contra el coronavirus realizada por el Instituto de Salud Carlos III.

JOSÉ M. CARRASCOSA

[email protected] @JMCarrascosa

¿Cuándo surge la idea del libro?

En marzo, cuando empieza la pandemia, las noticias que veíamos en televisión eran horrorosas. Pensé que tenía que transmitir algo positivo y optimista. Se me ocurrió llamar a la gente con la que había viajado y aprovechar las redes sociales -en ese momento en que todo el mundo estaba conectado- para mandar un mensaje de esperanza.

Hablé con José Gabriel Carreño, el primer periodista de viajes con el que trabajé, y le pedí que escribiese un texto sobre una foto que me recordaba a él. Lo publicamos en Facebook y tuvo muy buena acogida. Al llegar al cuarto texto, contacté con mi amiga Berna G. Harbour quien me dijo que parara el proyecto porque «esto es mejor sacarlo en un libro». Ella es autora y editora y me transmitió que la idea era muy buena para que muriese en las redes sociales. Entonces intenté llegar al mayor número posible de redactores con los que había viajado durante treinta años. Ninguno me dijo que no. Cuando llegué a 88 decidí parar, me parece un número simbólico: el ocho es el número de la suerte en China; en 1988 empecé a trabajar como fotoperiodista en Madrid… Quiero aprovechar para agradecer su esfuerzo a todos ellos, en activo o jubilados, dentro y fuera de España, que me contestaron y dedicaron su tiempo de manera solidaria a este proyecto.

¿Cuál fue el criterio de selección de las fotos?

Seleccionaba las fotos pensando en el redactor, en sus recuerdos, su manera de viajar y de vivir, su personalidad… Busqué en mi archivo de más de 600.000 imágenes (ya en formato digital) la que me recordara a cada uno. Todas las fotos eran en color, pero las he pasado a blanco y negro porque transmiten la sensibilidad de un libro como este. No es un libro de fotos, sino de historias y sentimientos; no quiero que los lectores se centren en la foto -que es un reflejo del redactor-, por eso ni les he puesto pie; quiero que la gente sueñe y vaya donde quiera contemplándolas.

¿Cómo vivió el proceso desde la génesis del proyecto hasta su edición?

Fue un capítulo con el que no contaba al desconocer el mundo editorial. Me dijeron que era el peor momento para un lanzamiento: no había ferias del libro, muchos títulos quedaban sin publicarse… Alguien me sugirió que era un proyecto ideal para ser financiado por una Fundación. La primera que me vino a la cabeza fue la del Notariado, con quienes colaboro. En un par de días me contestaron afirmativamente dando el visto bueno al proyecto. Tuve suerte porque fue la primera puerta a la que llamé. Luego contacté con el Instituto Carlos III para proponer donarles los ingresos del libro; les conocía porque en un viaje al Amazonas contraje una enfermedad infecciosa en la pierna por la picadura de un ácaro (que estuvo un año viviendo conmigo) y allí me curaron.

¿Cree que se viajará de otra forma después de la pandemia?

Hemos pasado página; creo que hemos cambiado incluso de libro. Va a haber reglas nuevas, y formas de viajar diferentes, que no tienen por qué ser malas; vamos a tener que adaptarnos. El viaje va a estar, es una esencia de nuestra personalidad, está en nuestras vidas, ya sea lejos o cerca.

¿Se ha adaptado bien la fotografía a los nuevos hábitos de las generaciones más jóvenes? 

Hoy en día ya no se consume fotografía: hay un empacho, casi una diarrea de imágenes. Antes tenías que gastar carrete, pero ahora se ‘tiran’ tantas que no se valora la imagen. Mis alumnos hacen 3.000 fotos de un destino en un fin de semana. Les digo que es una barbaridad. ¿Cómo las editas? ¿Dónde las guardas? ¿Cómo las identificas para encontrarlas luego? La reconversión de las cámaras digitales y el móvil han generado que las fotos valgan sólo para el día de hoy. Mañana ya son viejas.

El papel está: se puede poner amarillo o mojarse, pero permanece. Soy un defensor del papel en una sociedad que lo considera antiguo. Leyendo los textos de este libro me he dado cuenta que casi todos empezamos a viajar con la lectura, es nuestro primer viaje.

 

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El concurso frente a la pandemia económica

EN ESTE PAÍS

El concurso frente a la pandemia económica

La pandemia de coronavirus ha dejado, sin que hoy tengamos un horizonte de certidumbre en cuanto a su finalización, profundas cicatrices y no solo emocionales. El tejido empresarial y la economía han visto resquebrajarse sus cimientos por un acontecimiento tan brutal como inesperado. Los datos son tan rotundos como preocupantes: España se encuentra en recesión y ha sufrido la mayor caída de su Producto Interior Bruto en la historia reciente, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa en un 18,5% (un 22,1% en la tasa interanual del segundo trimestre).

CARLOS CAPA

[email protected]

@capa_carlos

Entre abril y junio el gasto en consumo de los hogares descendió un 18,1% respecto al mismo trimestre de 2019, un dato sin precedentes en el registro histórico del INE, y la inversión se desplomó el 25,8%.

A pesar de las inéditas y extensas medidas adoptadas por el Gobierno para taponar la herida económica en forma de ERTEs, masivas líneas de financiación y avales públicos, ayudas a los autónomos, inversión pública, etc., y de la histórica intervención de la Unión Europea habilitando fondos por un montante de 750.000 millones de euros, de los que se destinarán a España 140.000 millones, lo cierto es que muchas empresas, en particular las de menor solidez económica o vinculadas a actividades especialmente afectadas por la crisis como el transporte, el turismo o la hostelería, podrían verse abocadas al cierre o sufrirán serias dificultades para seguir adelante. 

Concursos exprés. El número de empresas con riesgo de disolución, con una evidente incidencia en las pymes, se dispara y cada vez parece más complicado ponerle freno. Una muestra de ello es que, según ha advertido la consultora Dipcom Corporate, los concursos exprés, la vía rápida para cerrar empresas, se han disparado y por primera vez superan los concursos de acreedores ordinarios.

Regulados en el artículo 470 del texto refundido de la Ley Concursal, los concursos de acreedores exprés son un trámite más rápido que la fórmula tradicional y, normalmente, se resuelve en el mismo auto, declarándose el concurso y simultáneamente su conclusión.

Las ventajas que ofrece este sistema a pymes o autónomos empleadores es su menor coste, al no ser necesaria la figura del administrador concursal y la ausencia de la fase de calificación, lo que evita la posible culpabilidad del procedimiento y permite una tramitación única por el juez de lo mercantil.

Un reciente estudio del Institute International Finance señala que la crisis está afectando especialmente a los servicios y al comercio minorista y estos sectores están entre los más intensivos en mano de obra y, por tanto, incluso pequeñas pérdidas de producción pueden tener una alta capacidad destructiva sobre el empleo.

Así, por cada 1% de la actividad en el sector minorista que se pierde, se traduce en un 2% de destrucción de los empleos de toda la economía previos al Covid-19.

El Banco de España estima en un informe hecho público en el mes de junio que una de cada cuatro empresas españolas está en riesgo grave de insolvencia. De acuerdo con los resultados del estudio las necesidades de liquidez podrían superar los 230.000 millones de euros entre abril y diciembre. Por otra parte, a pesar de la caída sin precedentes de la facturación empresarial, se estima que un porcentaje no desdeñable de empresas (por encima del 40%) podría hacer frente a esta. Advierte el supervisor monetario que “un elevado volumen de quiebras empresariales originaría un aumento de la morosidad crediticia, con implicaciones adversas para la capacidad de intermediación de las entidades financieras».

Los analistas de la entidad estiman que si la crisis de la COVID-19 empeora más de lo previsto el endeudamiento en el que muchas empresas han incurrido para paliar los efectos de la pandemia sobre sus negocios, podría derivar en un incremento de las insolvencias empresariales. El propio gobernador de la institución, Pablo Hernández de Cos, en una intervención ante la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) reclamó la adopción de medidas urgentes en la legislación concursal para abordar el más que probable crecimiento de las insolvencias empresariales en los próximos meses.

El sistema legal, basado en el principio de la seguridad jurídica, creó la figura del concurso en sus diferentes modalidades para poder gestionar las crisis empresariales, consustanciales a la propia economía de mercado, pero la gravedad de la situación hace imprescindible adaptar la legislación y los mecanismos de su aplicación de forma urgente. 

El 7 de mayo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal que entró en vigor el 1 de septiembre de 2020, queriendo poner fin al recurrente “parcheo” que el legislador ha venido practicando en una norma que ha sufrido una veintena de reformas desde su aprobación en 2003.

Saturación judicial. A pesar de esta necesaria consolidación legislativa, aún debe trasponerse a nuestro ordenamiento (antes del 17 de julio de 2021) la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, que debe armonizar a nivel comunitario los diferentes procedimientos y normativas.

A todo ello hay que sumar la preocupante situación de saturación que sufren los tribunales españoles, sin anotar la previsible “pandemia litigiosa” que se avecina, solo contenida por las medidas dilatorias introducidas por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, sucesora del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. Ante la gravedad de la situación esta norma establece un triple objetivo, a saber: mantener la continuidad económica de las empresas, profesionales y autónomos que venían cumpliendo regularmente las obligaciones derivadas de un convenio, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un acuerdo de refinanciación homologado; potenciar e incentivar la financiación de las empresas para atender sus necesidades transitorias de liquidez, calificando como créditos contra la masa, llegado el caso de liquidación, los créditos derivados de compromisos de financiación o de prestación de garantías a cargo de terceros, y evitar el previsible aumento de litigiosidad en relación con la tramitación de concursos de acreedores en los Juzgados de lo Mercantil y de Primera Instancia, estableciendo una serie de normas de agilización del proceso concursal que tratan de atenuar temporal y excepcionalmente las consecuencias que tendría la aplicación de las normas generales sobre disolución de sociedades de capital y sobre declaración de concurso, de modo tal que se permita a las empresas ganar tiempo para poder reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar pérdidas, ya sea por la recuperación de su actividad ordinaria o por el acceso al crédito o a las ayudas públicas.

De esta forma, se amplía la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores hasta el 31 de diciembre de 2020 y se prevé que a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas no se computen las del presente ejercicio.

Se trata, en definitiva, de evitar declaraciones de concurso o apertura de la fase de liquidación respecto de empresas que pueden ser viables en condiciones generales de mercado (valor en funcionamiento superior al valor de liquidación), con la consiguiente destrucción de tejido productivo y de puestos de trabajo.

El notariado al servicio de la sociedad

La Ley de Jurisdicción Voluntaria 15/2015 ya amplió notablemente la intervención de los notarios en la resolución extrajudicial de conflictos. Si este es un remedio del mayor interés y utilidad con carácter general, en el previsible desbordamiento que van a sufrir juzgados y tribunales ahora casi se convierte en una obligación para con la sociedad.

Los notarios son especialistas en Derecho Civil y Mercantil con una capacitación extraordinaria en estas materias, que pueden cumplir una función crucial en desaguar la jurisdicción y buscar soluciones a las crisis empresariales. Aprovechar las funciones que ya tienen encomendadas o dotarles de las que ahora se requieran sería un elemento de gran ayuda en un escenario económico tan complicado. Así lo ven entidades como la Asociación de Usuarios de Entidades Financieras (ASUFIN), que ha propuesto al Ministerio de Justicia dotar de mayores competencias y margen de maniobra al notariado en la trasposición de la Directiva 2019/1023.

Las medidas concursales y societarias pueden afectar a los concursos de acreedores y a la vida societaria, que pretenden facilitar la presentación y desarrollo de los concursos de acreedores, pero que no van a paliar el colapso que ya existe hoy en día.

La Segunda Oportunidad: una necesidad apremiante

España es dentro de nuestro entorno político y económico el país que probablemente más tarde y más tímidamente ha abordado la llamada “segunda oportunidad”, un mecanismo de largo recorrido en otras jurisdicciones.
En España la regulación normativa consolidada de la segunda oportunidad es reciente, producto de la crisis inmobiliaria de hace una década, en concreto a través de la Ley 25/2015. La entrada en vigor del texto consolidado de la Ley Concursal ha introducido algunas reformas, pero está muy extendida la opinión de que debe ser la trasposición de la Directiva europea de insolvencias la que de un marco útil, accesible y eficiente a una norma pensada para retornar al tráfico mercantil y a la normalidad a multitud de deudores de buena fe (particulares, autónomos, pequeños empresarios, etc.) atrapados en el huracán de la crisis y carentes de anclajes como los que las sociedades mercantiles o los grandes capitales disponen para sortear o atenuar los efectos de un descalabro, muchas veces ajeno a la voluntad del deudor.
En cualquier caso, la figura del notario como profesional cualificado para la gestión de estas situaciones, establecida ya tanto por la Ley de Segunda Oportunidad como por la Ley de Jurisdicción Voluntaria tiene, en el escenario de la trasposición de la Directiva, una oportunidad ineludible para verse reforzada y extendida, en beneficio de la seguridad jurídica y de la descongestión de los órganos jurisdiccionales.

Para saber más

Resultados de las empresas no financieras hasta el segundo semestre de 2020.

Informe de coyuntura del Banco de España en el que analiza el impacto de la pandemia sobre la solvencia y perspectivas de las empresas.

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Guía Práctica de la Segunda Oportunidad de personas físicas.

Un material actualizado, práctico y accesible de los pasos y requisitos para acceder a los mecanismos de exoneración de deudas en las personas físicas. Obra de José María Puelles y editado por SEPIN.

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Hacia una armonización del Derecho europeo de insolvencia.

Artículo doctrinal publicado por Legal Today acerca de la nueva regulación de la insolvencia a la luz de la Directiva Europea.

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