¿Cuál es su valoración de esta etapa?
Está siendo una etapa profesional intensa. De alguna manera, tras mi paso por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública supone volver a un ámbito de trabajo que me resulta más familiar, por la materia y por los colectivos. Me incorporo como titular de esta secretaría general en un momento en que algunos de los retos y desafíos que se fijaron en 2020 ya están cumplidos y quedan otros tantos a los que debo dar impulso.
¿Qué proyectos tiene en marcha el Ministerio en materia de innovación?
Nuestros proyectos se articulan en tres ejes que venían señalados en el Proyecto del Ministerio de Justicia 2030: reformas procesales, reformas organizativas y reformas tecnológicas.
Parte de las reformas procesales y las tecnológicas están en el RD 6/2023 de 19 de diciembre que contiene medidas de eficiencia digital del servicio público de justicia, crea derechos y obligaciones digitales, y entre otras, regula la inmediación digital en el ámbito judicial, el acceso digital a la administración de Justicia, o la tramitación electrónica de procedimientos judiciales.
En cuanto a las reformas organizativas, se encuentra ya en el Parlamento el Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia que incluye todos los aspectos organizativos; entre ellos, la implantación de los tribunales de instancia o las oficinas de justicia en el municipio. Además, incluye algunos aspectos procesales como la regulación de los Métodos Adecuados de Solución de Conflictos.
Finalmente, la Ley de Derecho de Defensa desarrolla el artículo 24 del texto constitucional (la tutela judicial efectiva), ampliando su contenido. Su objetivo es dar seguridad tanto a ciudadanos en el ejercicio de su derecho a la defensa, como a los profesionales de la abogacía en el ejercicio de su labor, estableciendo un régimen de garantías y deberes. El Proyecto de Ley Orgánica fue aprobado en el Consejo de ministros del pasado 23 de enero; ya ha pasado el trámite de enmiendas y dispone de informe de la ponencia, publicado en el Boletín de las Cortes el 14 de junio de 2024.
CON EL PROCESO DE ROBOTIZACIÓN DE CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES, EN UNA SEMANA SE PUEDEN LLEGAR A CANCELAR 142.000 CAUSAS
En su condición de fiscal conocerá que una de las quejas recurrentes de los ciudadanos es la lentitud de la Justicia. ¿En qué medida el uso de nuevas tecnologías en los juzgados y tribunales puede agilizarla?
La transformación de la justicia precisa reformas. Sin duda las tecnologías pueden ayudarnos a conseguir el objetivo de lograr mayor celeridad, sobre todo en aquellas tareas que son muy repetitivas y que no tienen valor añadido.
UNO DE LOS OBJETIVOS EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL ES CONSEGUIR LA INTEROPERABILIDAD COMPLETA CON TODO EL ECOSISTEMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
El proceso de digitalización que estamos llevando a cabo está arrojando excelentes resultados en cuanto a lo que a la agilización de la Administración se refiere, siendo uno de los grandes objetivos del Plan de Transformación Digital de Justicia la mejora de la eficiencia, que incluye tecnologías innovadoras como la automatización robótica de procesos o el uso de inteligencia artificial.
Por poner algunos ejemplos, con el proceso de robotización de cancelación de antecedentes penales, en una semana se pueden llegar a cancelar 142.000 causas, lo que equivale al trabajo de un funcionario a tiempo completo durante 5 años.
Otra de las quejas recurrentes es que existe una multiplicidad de sistemas informáticos dispares entre las distintas CC. AA. Si es así, ¿cómo se enfrenta por el Ministerio la resolución de este problema?
Uno de los objetivos en materia de transformación digital es conseguir la interoperabilidad completa con todo el ecosistema de la Administración de Justicia, con las Administraciones Públicas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o las Instituciones Penitenciarias. El proyecto de interoperabilidad, así como el resto de los proyectos país, se está desarrollando bajo el modelo de cogobernanza instaurado en el seno del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, contando con el consenso de todos los agentes implicados: fiscalía, CGPJ, comunidades autónomas, …
España es ya es un ejemplo de interoperabilidad entre los distintos entes que componen el ecosistema justicia. Esta realidad puede consultarse en el portal Datos Justicia: https://datos.justicia.es/ donde convergen todas las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y, por supuesto, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
NO SE PUEDE HABLAR DE AUTORIDADES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD EN ESPAÑA SIN QUE LA FUNDACIÓN ÆQUITAS SE PERCIBA COMO UN REFERENTE
En este sentido, ¿cómo valora el trabajo realizado por los notarios y sus órganos de representación para cumplir con el proceso de digitalización marcado por la Ley 11/2023?
La ley 11/2023 de 8 de mayo que regula el protocolo electrónico para los notarios y la posibilidad de realizar determinadas actuaciones notariales por videoconferencia con plena seguridad jurídica entró en vigor el 9 de noviembre.
Siempre he tenido una confianza absoluta en las posibilidades del Notariado español. Eso es algo que he aprendido e interiorizado a lo largo de los años que he sido directora general y en este caso, tenía la certeza de que se harían todos los esfuerzos para llegar al 9 de noviembre y así fue. Todo estaba listo para esa fecha. Sin duda, estos desarrollos tecnológicos en apenas seis meses han sido posibles por la existencia de una potente estructura tecnológica en el Notariado, pero también por una decidida apuesta y una firme convicción de que la ley 11/2023 tenía como finalidad el uso de las tecnologías como vía para prestar un mejor servicio al ciudadano.
Aprovecho estas líneas para expresar mi reconocimiento y gratitud a empleados y notarios que han tenido que gestionar en tiempo récord nuevas formas de hacer el mismo trabajo con el compromiso de siempre.
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública -que usted ostentaba antes de desempeñar su nuevo cargo- es el centro directivo del que depende el Notariado. ¿Cuáles son las principales líneas de actuación previstas desde el Ministerio en colaboración con estos operadores jurídicos?
Gracias a la regulación del protocolo electrónico notarial en la Ley del Notariado, ya en vigor desde el pasado 9 de noviembre de 2023, vamos a conseguir una circulación más ágil del documento notarial con las copias electrónicas autorizadas dotadas de código seguro de verificación. Asimismo, se incluye la consulta digital motivada de un índice único informatizado general por el Consejo General del Notariado y las Administraciones Públicas y la introducción de un nuevo artículo que permite el otorgamiento de ciertos instrumentos a través de videoconferencia y comparecencia electrónica, así como disposiciones en materia de seguridad y archivos.
Durante esta legislatura será necesario abordar la reforma del Reglamento hipotecario y el Reglamento de la organización y régimen del Notariado, para adaptar los mismos a la Ley 11/2023 y desarrollar reglamentariamente aquellos aspectos que sean necesarios.
Coincidiendo con el 25 Aniversario de su creación, ¿cuál cree que es la principal aportación de la Fundación Æquitas del Notariado?
Efectivamente, se cumplen 25 años desde que el Consejo General del Notariado adoptó el acuerdo de constituir una fundación que canalizara las aportaciones que puede realizar el Notariado en su conjunto, y los notarios y otros profesionales individualmente, en relación con la discapacidad y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran numerosas personas.
No se puede hablar de autoridades en materia de discapacidad en España sin que la fundación Æquitas se perciba como un referente. Las actividades que realiza, su implicación en la búsqueda de soluciones, sus propuestas de reforma, la manera en la que cuenta, no solo con las voces autorizadas de notarios sino de otros colectivos, me permiten afirmar que a lo largo de estos 25 años la fundación ha estado al servicio de la sociedad y en particular, al servicio de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad con el único objetivo de darles dignidad, mejorar sus vidas mediante el análisis de la realidad que perciben los notarios en su día a día y que les permite desde ese observatorio privilegiado, en unión de otros actores, analizar, reflexionar y proponer mejoras legislativas que redunden en beneficio de personas con discapacidad, en situación de vulnerabilidad o personas mayores.
Antes de incorporarse al Ministerio ejerció en las fiscalías de diferentes plazas y fue vocal del Consejo Fiscal. ¿Echa de menos esa vertiente profesional?
Mi etapa como Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha sido maravillosa. Me ha permitido aprender mucho, sobre todo, ramas del derecho que tenía olvidadas, conocer otras profesiones, como la vuestra, coincidir con personas que se han convertido en amigas. Esta etapa me ha permitido crecer profesional y personalmente. Ahora continuo en el ministerio en otra labor que es menos desconocida para mí pero en la que tengo mucho que aprender. De momento, no echo de menos ejercer como fiscal, profesión a la que volveré tarde o temprano porque en la vida, como dice Azorín, casi todo es ver pasar y ver volver
Aunque el contenido que publica sea, sobre todo, personal, es una usuaria habitual de las redes sociales. ¿Considera que estos canales pueden resultar útiles para la Administración de Justicia?
Cada vez soy menos activa en Twitter. En Twitter, si se sabe elegir y aislar el enorme ruido que hay, se encuentra información, opiniones y divertimiento. Las redes sociales se han revelado un instrumento muy útil de comunicación institucional debido a la gran implantación que tienen en la ciudadanía.
Por lo que se refiere a la Administración de Justicia, las redes sociales sirven para acercar la justicia a la ciudadanía. Por ejemplo, desde la cuenta en X del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (@justiciagob) informamos sobre los diferentes proyectos que estamos impulsando para lograr una justicia moderna, eficiente y orientada a los cuidados.
Hay una cuenta en X muy interesante para los operadores jurídicos que es la de Transformación Digital de la Justicia y LexNET (@lexnetjusticia) en la que se informa de los diferentes proyectos de transformación digital desarrollados por la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, muchos de ellos dirigidos a facilitar el acceso de la ciudadanía a la administración de justicia, en especial de los grupos más vulnerables, como las personas mayores o con discapacidad.
MI RECONOCIMIENTO Y GRATITUD A EMPLEADOS Y NOTARIOS QUE HAN TENIDO QUE GESTIONAR EN TIEMPO RÉCORD NUEVAS FORMAS DE HACER EL MISMO TRABAJO CON EL COMPROMISO DE SIEMPRE
También la cuenta de nuestro Centro de Estudios Jurídicos (@cejmjusticia), en la que además de informar de las actividades formativas que se realizan, recientemente han divulgado la convocatoria de las Becas Seré para preparar las oposiciones a la Carreras Judicial y Fiscal, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Abogados del Estado.
Luego hay cuentas en X de notarios, (no me gustaría citar ninguna para que no se ofendan los preteridos) interesantísimas o la cuenta de Notarios y registradores (@NNyRR) que hacen una verdadera labor de divulgación.
En definitiva, las redes sociales permiten a las instituciones dirigirse a la ciudadanía sin intermediarios para mostrar el trabajo que están haciendo al servicio de esta. Las redes sociales son como la vida real, hay que saber elegir a quien realmente merece la pena.