Entrevista a Carolina Roca, presidenta de Asprima

EN ESTE PAÍS

CAROLINA ROCA,

PRESIDENTA DE ASPRIMA

«El problema de la vivienda tiene solución con medidas valientes»

CARLOS CAPA

Carolina Roca es desde hace algo más de un año la presidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA). Con una amplia trayectoria profesional en el sector y perteneciente a la tercera generación de la familia que da nombre a su empresa, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Derecho por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y es también presidenta de la Comisión de Urbanismo de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

Después de un año al frente de ASPRIMA, aunque ya tenía una larga trayectoria en la institución, ¿qué balance hace de esta primera etapa?

Efectivamente ya llevaba ocho años en la vicepresidencia de la entidad, pero también es cierto que hasta que no coges los mandos no te das plena cuenta de lo que supone la responsabilidad. Soy muy consciente del compromiso que tienes que asumir en un sector como este. Si me permite el símil, hay que tener todos los platillos girando sin que se caiga ninguno. ASPRIMA tiene un papel muy importante en este sentido. Tiene que apostar por la transformación y la industrialización del sector, pero también tiene un papel fundamental en que se mantenga dentro de unos parámetros de rigurosidad alejado de la politización y centrado en la profesionalidad y la gestión. En este año hemos tenido que apagar muchos fuegos. Nuestro sector está muy atomizado y por lo tanto ASPRIMA juega un papel fundamental en que haya un marco jurídico de seguridad que ampare a todos los intervinientes en una actividad tan presente en la vida económica y personal de la sociedad.

La reciente aprobación de la Ley de Vivienda es sin duda un desafío de adaptación para los promotores inmobiliarios. Estamos sufriendo una paralización de proyectos que, desde luego, necesitan una solución para que no repercutan en los intereses de los ciudadanos. Creo que se ha gestionado muy mal en los últimos años y eso ha hecho que el sector se haya tenido que reinventar para hacer frente a los desafíos, apartando la competencia entre asociados para primar una respuesta común a los problemas.

“ES NECESARIO AUMENTAR LA OFERTA DE SUELO, REDUCIR LA FISCALIDAD Y AYUDAR AL COMPRADOR”

¿Qué soluciones proponen ustedes?

Los promotores inmobiliarios llevamos quince años diciendo que en España hay un problema de escasez de oferta, de infraproducción de vivienda que, en mi opinión, es realmente el cuarto pilar del Estado del Bienestar, con la diferencia de que es el único que se financia con inversión privada en su casi totalidad. En España el nivel de infraestructuras públicas es sobresaliente, pero en la generación de viviendas no hemos conseguido que cale el mensaje de que estamos en niveles de producción por debajo de la mitad de las necesidades. Y eso obviamente repercute en los precios. ASPRIMA ha elaborado un informe muy serio para poner blanco sobre negro el problema de la escasez de oferta de vivienda. Y no olvidemos que la vivienda es una necesidad y un derecho para todas las clases sociales. Tenemos un problema de país en esta materia con la clase media.

En términos de empleo, ¿en qué estado se encuentra el sector?

Tenemos plantillas envejecidas; no conseguimos atraer al sector a nuevos trabajadores. Además, el sector está en un proceso de transformación digital, de industrialización necesario e inevitable. Ahora en las obras se usan más tabletas que plomadas. Es necesario que el sistema educativo y sus planes de formación tengan en cuenta este problema en su oferta educativa, máxime cuando existe una oferta de empleo tan amplia como la actual y como la que vendrá, si queremos alcanzar el objetivo de duplicar la promoción de viviendas al menos hasta las 250.000 al año.

¿Es apropiada la fiscalidad existente para la vivienda, en todas sus fases de producción?

Es necesario revisar el sistema. Durante muchos años la construcción ha sido la principal fuente de financiación de muchos ayuntamientos. ASPRIMA ha realizado un estudio muy riguroso que concluye que en el precio final de una vivienda, hasta el 25% son impuestos. Gravar como un artículo de lujo un bien de primera necesidad y escaso no tiene sentido. Es cierto que el IVA es del 10%, pero existen otras muchas tasas y gravámenes que acaban elevando la factura fiscal muy por encima de lo razonable.

También es necesario actuar sobre la financiación. Hay que ayudar a quienes, aun teniendo solvencia y condiciones laborales estables, no pueden acceder a la compra de la vivienda por falta de avales o ahorros y que son los que tiran al alza del precio del alquiler.

“EL NOTARIADO HA SIDO Y ES UNA PIEZA FUNDAMENTAL EN LA FORTALEZA DEL SISTEMA HIPOTECARIO ESPAÑOL, MEDIANTE LA SEGURIDAD JURÍDICA QUE OFRECE SU ACTUACIÓN”

 

¿Cree posible un gran Pacto de Estado?

Es imprescindible un Pacto Nacional para la Vivienda en el que estén implicadas todas las administraciones, la sociedad civil y la iniciativa privada; que dé solución a los problemas estructurales en la construcción de viviendas.

No puede ser que el suelo – por su escasez en el mercado- acabe suponiendo hasta el 50% de los costes. En otros costes como los financieros, los de la energía, o las materias primas tenemos un menor margen de actuación. Pero el precio del suelo sólo depende de nosotros. Y si no se reduce será imposible bajar el precio de la vivienda. Hay que cambiar radicalmente las leyes del suelo.

Es necesario flexibilizar el cambio de uso del suelo para poder ampliar la promoción de viviendas. También es necesario profundizar en la seguridad jurídica del urbanismo. Otras medidas como la agilización administrativa de trámites, permisos y licencias son imprescindibles. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han adoptado una línea que creemos muy acertada en este sentido. La comprensión del Notariado en su aplicación está siendo de gran valor.

Los notarios siempre han sido una parte esencial para la seguridad jurídica en el sector inmobiliario. ¿Cómo valora su papel?

El Notariado ha sido y es una pieza fundamental en la fortaleza del sistema hipotecario español, mediante la seguridad jurídica que ofrece su actuación. Un sistema que es el que ha conseguido construir y consolidar la clase media española. En ASPRIMA tenemos muy claro su importancia y hemos firmado con el Consejo General del Notariado un acuerdo de colaboración. El Notariado es crucial para el sector inmobiliario y nuestra sintonía es absoluta.

Pensiones: una reforma a debate

EN ESTE PAÍS

PENSIONES: una reforma a debate

CARLOS CAPA

LAS ORGANIZACIONES PATRONALES (CEOE, CEPYME Y ATA) HAN MANIFESTADO SU «FRONTAL OPOSICIÓN» A LA REFORMA

La Unión Europea revisará la eficacia del nuevo sistema en los próximos cinco años.

El pasado 1 de abril entró en vigor el Real Decreto-ley 2/2023 de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, que sustituye el llamado factor de sostenibilidad por el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional, conocido como MEI.

El MEI es aplicable a las bases de cotización por contingencias comunes y afecta a los trabajadores en situaciones de alta o alta asimilada de todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social, pretendiendo reforzar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y aumentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como la hucha de las pensiones, en la próxima década.

Por lo que respecta a los trabajadores autónomos, estos empezarán a cotizar en relación con sus ingresos reales estableciéndose quince tramos de cotización.

Opiniones enfrentadas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha elaborado un informe sobre esta reforma en el que indica que su aplicación representa “la cuasi-congelación de la pensión máxima hasta 2050” y que “supondrá un aumento de los impuestos al trabajo en España”. En concreto, al final del periodo transitorio de cada medida, la reforma representará 0,9 puntos de PIB de impuestos adicionales, es decir, unos 12.000 millones (tomando la cifra del producto interior bruto de 2022). Así, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) supondrá un aumento de la recaudación de cuatro décimas del Producto Interior Bruto (PIB). El incremento de las bases máximas de cotización generará ingresos al sistema por otras cuatro décimas del PIB y la cuota de solidaridad (cotización de entre el 5,5% y el 7% a las rentas que excedan la base máxima de cotización) aumentará los impuestos al trabajo en una décima. Adicionalmente, la AIReF estima que el impacto de la reforma al sistema de cotizaciones del régimen de autónomos tendrá un impacto de cinco décimas del PIB una vez finalice el periodo transitorio.

Las organizaciones patronales (CEOE, CEPYME y ATA) han mostrado su “frontal oposición” a la reforma que consideran “regresiva” y “populista” y consideran que “mermará los salarios incrementando los costes laborales y poniendo en peligro la creación de empleo”.

En un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), titulado La subida de las cotizaciones sociales. Análisis y consecuencias en la economía española, se advierte que el aumento de los costes por la revalorización supondrá un desequilibrio económico del sistema en el largo plazo, con una caída del 0,6% del PIB y la pérdida de entre 100.000 y 190.000 puestos de trabajo. Cifras que, según el informe, podría duplicarse o triplicarse “si se producen nuevos aumentos de las cotizaciones sociales”.

 

LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL INDICA QUE SU APLICACIÓN SUPONDRÁ “LA CUASI-CONGELACIÓN DE LA PENSIÓN MÁXIMA HASTA 2050″

 

El Banco de España también ha analizado el impacto del nuevo sistema y en uno de sus Boletines Económicos señala que “el crecimiento de la base máxima de cotización tendrá un impacto desigual entre trabajadores y empresas ya que, entre otras características, los trabajadores en edades medianas y con mayor cualificación y las empresas grandes exhiben con más frecuencia bases de cotización topadas por el máximo legal y tendrá un efecto desigual a lo largo de la distribución de los salarios”. El estudio del Banco de España reconoce que la reforma podría incrementar los recursos de la Seguridad Social en un 0,9 % del PIB en 2050, pero advierte que este aumento podría ser menor si los mayores costes labores afectan negativamente a la competitividad, los salarios o el empleo.

Impacto en las empresas. Según el director del área fiscal de pensiones de la consultora KPMG, Álvaro Granado, estos cambios “no supondrían un ahorro en nuestro sistema de pensiones”. En su opinión, el impacto que estas medidas tendrían en la empresa sería el de un incremento en sus costes laborales por cotizaciones. Así, una empresa que hasta el año 2022 tenía un coste de Seguridad Social del 30,3%, en 2023 asumiría un 30,80%, porcentaje que iría incrementado progresivamente hasta el año 2045, con el consiguiente impacto en el coste empresarial.

Para Álvaro Granado, desde el punto de vista del trabajador la reforma “podría considerarse como una medida recaudatoria” fundamentada en la solidaridad del sistema, como ocurriría con cualquier impuesto o tasa, aunque en este caso sería la empresa o el propio trabajador autónomo quien la soportaría.

Habrá que ver cómo afrontan las empresas estas medidas y el posible impacto que las mismas puedan tener en el empleo y en el crecimiento empresarial para sacar conclusiones sobre si será conveniente o no la implementación de nuevas medidas.

 

EL BANCO DE ESPAÑA HA SEÑALADO QUE EL CRECIMIENTO DE LA BASE MÁXIMA DE COTIZACIÓN TENDRÁ UN IMPACTO DESIGUAL ENTRE TRABAJADORES Y EMPRESAS.

 

Por su parte los sindicatos CC.OO. y UGT se han mostrado favorables a esta reforma, respaldando con su firma el proyecto gubernamental ya que consideran que “garantiza la viabilidad, equidad y suficiencia de las pensiones”, y proporciona más protección y certezas para los próximos 25 años, subiendo ingresos sin recortar las pensiones.

También la Unión Europea (UE) ha dado por bueno el nuevo sistema de previsión social, lo que permitirá al Estado el acceso al siguiente tramo de los fondos Next Generation, vinculados al cumplimiento de determinadas normas fiscales y de déficit, y que tiene un monto de 10.000 millones de euros, aunque sotto voce los técnicos comunitarios advierten de que será necesario hacer una evaluación de la eficacia y sostenibilidad de los cambios en los próximos cinco años.

El nuevo modelo de pensiones

El nuevo modelo, aprobado en el Congreso de los Diputados por un estrecho margen, supone un incremento del 0,6 % de la cotización a la Seguridad Social por parte de las empresas y de los trabajadores. Concretamente, un 0,5 % a cargo de la empresa y un 0,1 % del trabajador.

Los trabajadores autónomos empezarán a cotizar en relación con sus ingresos reales estableciéndose quince tramos de cotización.

Debate dentro y fuera de nuestras fronteras

El debate sobre la reforma de las pensiones no es exclusivamente español, sino que afecta -al menos- a todo el espacio europeo, al ser comunes elementos como la prolongación de la esperanza de vida, el impacto de la transformación tecnológica, la baja natalidad, etc.

Así, en Francia la decisión del presidente Manuel Macrón de adoptar por Decreto medidas como el retraso de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y el incremento hasta los 43 años del periodo de cotización, requerido para cobrar el 100% de la pensión, han originado una importante contestación social. Otros países como Italia, Grecia o Alemania también están inmersos en reformas de mayor o menor calado, aunque todas tienen como denominador común el retraso de la edad de jubilación y el aumento de los años de cotización. Modelo diferente es el adoptado por Suecia hace ya varias décadas, optando por un sistema mixto de aportaciones públicas y fondos privados alimentados por empresas y trabajadores.

PARA SABER MÁS

Texto del Real Decreto-ley 2/2023 por el que se reforma el sistema de pensiones.

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Estudio del Banco de España “Un análisis de la incidencia del incremento de las cotizaciones sociales aprobado en 2023”.

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Informe del Instituto de Estudios Económicos sobre las consecuencias en la economía española de la subida de las cotizaciones sociales.

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«Pensiones, una reforma necesaria», por Antonio Garamendi

EN ESTE PAÍS

ANTONIO GARAMENDI,
presidente de CEOE

“El sistema necesita, también, medidas que impulsen la previsión social complementaria, como ya sucede en los países más avanzados de Europa”

Pensiones, una reforma necesaria

Las crisis provocadas por la irrupción del COVID-19 y por la invasión de Ucrania por parte de Rusia han configurado un nuevo escenario geopolítico y un nuevo marco económico y social complejos y marcados por la incertidumbre y la volatilidad. Pero, también, han puesto de manifiesto la urgencia de encontrar soluciones a desafíos que ya estaban ahí antes pero que ahora son aún más evidentes.

Entre estos retos están los relativos al envejecimiento de la población, la calidad de vida de las personas de más edad y la necesidad de adaptar el Estado de Bienestar y nuestro sistema de protección a una sociedad que, cada vez, va a ser más longeva.

Se trata de un asunto fundamental para el futuro de España y sobre el que estamos obligados a reflexionar para poder ofrecer soluciones realistas y viables.

España es uno de los países que está sufriendo un proceso de envejecimiento más intenso. Las proyecciones demográficas apuntan a que, en los próximos 30 años, la esperanza de vida de los españoles aumentará hasta en tres años y que, para 2050, uno de cada tres ciudadanos tendrá 65 años o más.

Esta tendencia impactará negativamente en la relación entre el número de pensiones y el número de personas en edad de trabajar, casi duplicándola. La previsión es que, para ese año, por cada mayor sólo haya 1,7 personas con edades entre 16 y 64 años, frente a las 3 personas que hay en la actualidad.

Una transformación de la pirámide demográfica que supone un reto por sus implicaciones en el crecimiento de la economía o en áreas como la sanidad, la educación, la dependencia y, por supuesto, el sistema de pensiones. Según las últimas estimaciones de organismos como la AIREF, el gasto público en pensiones puede alcanzar a mitad de siglo hasta el 16,3% del PIB, frente al 13,6% actual. A día de hoy, esto supondría unos 35.000 millones de euros más de gasto.

Con este escenario, y por responsabilidad, estamos obligados a afrontar el debate sobre el futuro de las pensiones en España con cierta urgencia y tomando decisiones de fondo. Con medidas que se alejen del cortoplacismo y garanticen, realmente, un sistema que sea sostenible y suficiente y en el que la equidad intergeneracional esté asegurada. Una reforma necesaria y de calado que debe adoptarse en diálogo con los agentes sociales y en el marco del Pacto de Toledo.

Sin embargo, lamentablemente, las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno no han ido en este sentido. Desde CEOE, así como también desde CEPYME y ATA, hemos expresado públicamente, ya el pasado mes de marzo, nuestro rechazo a la última reforma impulsada por el Ejecutivo.

Una reforma que ahonda en los desequilibrios que padece el sistema, que daña la competitividad de las empresas, reduce la renta disponible de las familias y, en definitiva, pone un freno a la actividad y a la creación de empleo.

Porque el sostenimiento del sistema se hace recaer en los trabajadores y las empresas optando por una subida generalizada de cotizaciones que va a suponer una merma de los salarios de todos los trabajadores y que incrementa los costes laborales para el tejido empresarial.

La reforma es, también, regresiva en toda su extensión porque implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión para quienes, en la actualidad, están en el mercado laboral.

Los cambios aprobados, además, van a incrementar el desequilibrio financiero del sistema, en una cifra que será equivalente al 1,1% del PIB en 2050. Y, en conjunto, pueden situar el déficit de las cuentas públicas en el entorno del 8% del PIB y elevar la deuda hasta el 150%.

En suma, se trata de una reforma que no afronta el verdadero problema de nuestro sistema: el desequilibrio entre crecimiento de población activa, crecimiento de pensionistas, esperanza de vida y tasa de reemplazo de las pensiones.

Es por ese camino por el que tendrán que ir las medidas que, necesariamente, habrá que adoptar para garantizar el futuro del sistema de pensiones. Un futuro que pasa por repartir la carga de las pensiones en los tres pilares de nuestro modelo: pensiones públicas, ahorro colectivo y ahorro individual. Porque el sistema necesita, también, medidas que impulsen la previsión social complementaria, como ya sucede en los países más avanzados de Europa.

Y esto tiene que incluir los planes de pensiones individuales, muy afectados por la reducción de desgravaciones acometida por el Gobierno en los últimos años. Es un error promover la previsión social colectiva a costa de los planes individuales porque ambas patas son fundamentales y necesitan incentivos suficientemente atractivos.

En lugar de una reforma que resta competitividad a nuestra economía, que aumenta las cotizaciones de quienes ya trabajan, perjudica el crecimiento y la creación de empleo y que dificulta la retención del talento, se debería impulsar un entorno propicio para el desarrollo de la actividad de las empresas.

Un entorno con capacidad para atraer inversiones, que favorezca la llegada y la creación de empresas y, de este modo, la creación de más empleo. Porque apostar por la creación de empleo, apostar por las empresas, es una vía que permite aumentar la recaudación por cotizaciones sin perjudicar ni el crecimiento ni la competitividad de nuestra economía y que contribuirá, sin duda, a impulsar la necesaria sostenibilidad de nuestro sistema.

Ser empresario: pasión, esfuerzo y adaptación

Envejecer en el mundo rural

EN ESTE PAÍS

Aunque las pensiones del mundo rural son bajas, también lo son los gastos corrientes de vivienda y suministros.

ENVEJECER EN EL MUNDO RURAL

CARLOS CAPA

«LA PRESENCIA CASI UNIVERSAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN TODO EL TERRITORIO, HAN LOGRADO CREAR UNA NUEVA REALIDAD EN EL MUNDO RURAL»

Al nacer el siglo XXI las cosas, sobre todo para las personas mayores que vivían en el campo o pequeñas localidades, eran bien distintas a como son en la actualidad. La vertiginosa velocidad en la que se producen los cambios sociales provoca que, lo que hace apenas treinta años eran a ojos vista realidades separadas por distancias casi insalvables, hoy prácticamente se den la mano en muchos aspectos, salvando sus propias singularidades.

LA MEJORA DE LAS VÍAS Y MEDIOS de transporte y los servicios públicos operada en las últimas décadas, y la presencia casi universal de las tecnologías de información y comunicación en todo el territorio, han logrado crear una nueva realidad en el mundo rural.

Quizá, en nuestro imaginario persiste la imagen de que el espacio rural es el entorno de los mayores, mientras que las ciudades son para los más jóvenes. La estadística lo desmiente: solo el 28% de la población rural son personas mayores. Sin embargo, nos sorprenderá saber que el mayor número de personas mayores se concentra en los municipios urbanos (6,3 millones) e intermedios (1,3 millones).

Oportunidades.

Envejecer en el mundo rural es una opción también cargada de oportunidades. Jubilarse en el campo poco tiene que ver con el medio urbano. Muchas de las personas mayores que residen hoy en municipios rurales han sido agricultores y/o ganaderos y no han dejado de serlo, aunque a otro ritmo, sin romper con el que había sido su medio de vida, ni con sus relaciones sociales, profesionales y familiares.

Aunque sus pensiones son bajas, también lo son sus gastos corrientes de vivienda y suministros. Muchos aprovechan para cultivar un pequeño huerto o mantener un corral lo que, además de aportarles alimentos frescos de calidad, les mantiene vivo el sentido de utilidad. Es evidente que para hacer ejercicio en el campo no hace falta ir a un gimnasio o correr por calles atoradas de vehículos.

 

EL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS MAYORES SE CONCENTRA EN LOS MUNICIPIOS URBANOS (6,3 MILLONES) E INTERMEDIOS (1,3 MILLONES)

 

También el campo ofrece la posibilidad de dedicarse a ocupaciones intelectualmente gratificantes como la lectura, la pintura, manualidades u otras similares, que en la ciudad se hacen más complicadas por las dimensiones de la vivienda o los desplazamientos a los que obligan.

El proyecto del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso) Hacia una concreción del envejecimiento con éxito: satisfacción personal y actividades cotidianas en la vejez, enfatiza el valor de la actividad cotidiana como aspecto clave en lo que se ha dado en llamar envejecimiento con éxito, un concepto que está despertando un creciente interés.

Cambio de tendencia.

Otro de los grandes cambios de los últimos tiempos es una, de momento tímida pero constante, tendencia de regreso de los «urbanitas» más jóvenes a los pueblos. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en 2021 el 62% de los núcleos rurales incrementaron su población y en 2020 (dato que hay que tomar con las cautelas del efecto Covid) fueron casi tres de cada cuatro los que atrajeron nuevos habitantes. Para calibrar lo radical del cambio hay que observar que entre 2011 y 2017 sólo el 30% de los casi 7.000 pequeños municipios ganaron población.

La importancia de este cambio de tendencia es notable en lo que hace convivir diferentes generaciones, experiencias y actitudes, enriqueciendo la vida social de los habitantes del mundo rural, intercambiando realidades que nutren a los más jóvenes y a los más mayores.

 

EN 2021 EL 62% DE LOS NÚCLEOS RURALES INCREMENTARON SU POBLACIÓN

 

Según un informe de la profesora de la Universidad Pública de Navarra –publicado por la Fundación La Caixa– Begoña Elizalde-San Miguel, «lo rural tiene ventajas sociales, económicas, culturales, relacionales y de calidad de vida, como parte de su propia identidad. El envejecimiento del mundo rural no es un problema, ya que las personas que envejecen son una de las fortalezas de los pueblos. La experiencia, sabiduría y el reconocimiento social no son imágenes de la decadencia, sino de la historia».

Señala Begoña Elizalde-San Miguel que entre las ventajas que ofrece hoy el mundo rural está la de ser una sociedad inclusiva, en la que conviven todas las generaciones sin necesidad de hacer guetos, clasificaciones o categorías.

Así, lo transversal es una seña de identidad propia de la sociedad y cultura rural, que también es sostenible desde el punto de vista medio ambiental y del ecosistema.

Para el profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Daniel Rueda Estrada, «desde el punto de vista de la salud, el mundo urbano cada vez acarrea más dificultades y problemas. El hacinamiento, la calidad del aire, el estrés de vida, y la gran velocidad con la que ocurren todos los acontecimientos, incrementan los riesgos de una vida equilibrada, armónica, gratificante, familiar y social. Por el contrario, la vida del mundo rural, con otro ritmo y con otros valores, se presenta como un entorno de mejor calidad de vida, donde valores como la relación, la convivencia, el conocimiento mutuo, la interacción o el apoyo son más visibles».

Las relaciones sociales en las poblaciones rurales son más frecuentes y gratificantes que en los municipios de gran tamaño, aportando esta circunstancia mayor sensación de seguridad y de solidaridad entre la población rural en momentos de dificultad, por ejemplo, de enfermedad, según señala un informe del CSIC.

 

OTRO DE LOS GRANDES CAMBIOS DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS ES UNA, DE MOMENTO TÍMIDA PERO CONSTANTE, TENDENCIA DE REGRESO DE LOS ‘URBANITAS’

 

La organización no gubernamental Acervo Intergeneracional propone crear un «contrato social intergeneracional» para promover una sociedad para todas las edades. Para esta entidad «cada generación es un eslabón de una misma cadena que viene de lejos y que se proyecta hacia el futuro» y apuestan por la «generatividad», un compromiso entre generaciones para vivir mejor y con mayor bienestar.

En todo caso, los beneficios del envejecimiento en un entorno rural no obvian determinadas carencias a las que es necesario atender. Para el profesor de Ciencias de la Salud de la UOC Salvador Macip, «las zonas rurales sufren una persistente infradotación de servicios públicos, que ejerce de factor expulsor de sus poblaciones. Garantizar el cuidado y la atención a las personas mayores requiere superar esta tradicional infradotación pública. El desarrollo de los servicios sociales y sanitarios de atención a domicilio constituye un mecanismo esencial para facilitar que las personas que así lo deseen puedan seguir viviendo en sus casas y puede constituirse en una herramienta fundamental para atender a las personas mayores en las zonas rurales».

En todo caso como decía el insigne escritor vallisoletano y premio Cervantes Miguel Delibes en su obra Los santos inocentes, en el campo, «cuando uno de aquellos hombres necesitaba ayuda, no tenía más que asomar la mano, porque siempre había una mano amiga dispuesta a estrecharla».

Una sociedad de mayores

Según la última edición del informe Envejecimiento en Red, que publica periódicamente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a 1 de enero de 2021 había en España 9.310.828 personas mayores, un 19,65% sobre el total de la población. Además, sigue creciendo la proporción de octogenarios, que ya representan el 6% de toda la población, que seguirán ganando peso en el anunciado proceso de sobreenvejecimiento de la población. Nunca en la historia de nuestro país habían estado empadronadas más de 18.000 personas con más de 100 años de vida.

Mejorar los servicios

Las conclusiones del III Congreso sobre Discapacidad, Dependencia y Medio Rural señalan que el medio rural precisa de servicios de proximidad que favorezcan la vida en ese entorno, tales como centros de día, transporte regular y transporte adaptado, comedores sociales, acceso a la sanidad de forma diaria, educación a lo largo de la vida, etc.

PARA SABER MÁS

Acervo Intergeneracional. ONG dedicada a promover las relaciones de convivencia y aprendizaje mutuo entre personas de diferentes generaciones.
Ir a la web

Envejecimiento en Red. Blog del CSIC dedicado a cuestiones relacionadas con el envejecimiento.

Ver blog

Envejecer con salud. Blog de la UOC sobre cuestiones relacionadas con el envejecimiento y la salud.

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«Bares, ¡qué lugares!», por Carmelo Encinas

EN ESTE PAÍS

CARMELO ENCINAS,

periodista. Asesor editorial de 20 minutos

“En el ámbito rural, los bares cumplen una función pública indispensable al actuar como centro social de encuentro y convivencia entre la gente del municipio”

Bares, ¡qué lugares!

Nadie beatificó tanto el papel de los bares en nuestras vidas como Gabinete Caligari. En uno de sus más exitosos temas, aquel grupo rockero de los 80 aseguraba que «no hay como el calor del amor en un bar». El amor, siempre motivo de inspiración para poetas y cancioneros, encontró en esta tonada que cantaba Jaime Urrutia guitarra en mano su mejor acomodo en la atmósfera de las tabernas de aquel Madrid de la movida que le puso música a la banda sonora de tres generaciones de españoles marchosos. Los bares en España no son un negocio más en la economía del país. El nuestro es el lugar con más tabernas por habitante de todo el planeta. Ningún lugar del mundo se acerca, ni de lejos, a la densidad tabernaria que aquí tenemos, hasta el extremo de que un solo distrito de la capital tiene más bares que toda Noruega y Finlandia juntos.

Cierto es que el concepto bar es demasiado genérico para hacer comparaciones porque los establecimientos que proliferan en España tienen características propias que les distinguen de los países de nuestro entorno. Aquí, los bares combinan con naturalidad la mesa y la barra, la tapa con vino o cerveza con el café con churros, el bollo o la tostada. Son locales de amplio espectro que se adaptan a cualquier tipo de consumo y clientela. En esa adaptabilidad y variedad de la oferta reside, en gran medida, el protagonismo que el bar tiene en la vida de los españoles, tanto como para ser usado como arma electoral como así aconteció durante la pandemia. Si eso ocurrió en una gran ciudad como Madrid, con miles de establecimientos para elegir, qué decir de aquellos pueblos en los que los bares son bastante más que un establecimiento donde tomarse una caña o un cortado.

En el ámbito rural, los bares cumplen una función pública indispensable al actuar como centro social de encuentro y convivencia entre la gente del municipio. Son espacios de relación entre generaciones que suplen de forma efectiva la carencia de otros servicios de ocio, cultura o restauración. Por las tabernas de pueblo pasan todos y pasa de todo. Allí se bebe, se come, se habla y se echa la partida. Es el lugar de reunión donde fluyen los problemas, las preocupaciones y las ilusiones de la gente; donde se comenta y se discute lo que allí pasa o deja de pasar. Se explica, en consecuencia, que de alguna forma la vitalidad de un municipio rural se mida por el número de bares que tiene abiertos y que el cierre de uno de estos locales sea percibido por los lugareños como una pésima noticia para el pueblo.

La importancia de los bares es aún mayor cuanto más pequeño es el municipio, hasta el punto de constituirse en pieza clave de su supervivencia. Pueblos donde hay un solo bar que, además de ser el único espacio público de relación social para sus vecinos, suele cumplir otras funciones como la venta de pan, de productos básicos o la recogida de paquetes. Esos locales se han convertido en el último bastión de resistencia de la España vaciada; un elemento clave en la desigual batalla contra lo despoblación. Así lo entendió con acierto la plataforma Teruel Existe que viene defendiendo los intereses de aquellos pueblos pequeños cuya viabilidad económica se tambalea. Esta formación sacó adelante en el Congreso esta primavera la tramitación de una proposición de ley que considera entidades de economía social a los bares, restaurantes y pequeños comercios que prestan sus servicios en municipios de menos de 200 habitantes. La idea es equiparar estos establecimientos con cooperativas, mutualidades, fundaciones, sociedades laborales, empresas de inserción, etcétera con el objeto de considerarles como entidades de economía social y que puedan así beneficiarse de los incentivos y ayudas que tienen reconocidos este tipo de organizaciones. La inclusión en ese grupo les proporcionaría facilidades como la simplificación en los trámites administrativos relacionados con su actividad y ventajas como bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social si contratan personas desempleadas. Incentivos en definitiva para mantenerse abiertos y no sucumbir a la tentación de echar el cierre al ver comprometida su rentabilidad.

En España hay casi 150.000 personas que viven en municipios sin un bar, lo que les convierte en pueblos fantasma. Suelen ser poblaciones de menos de cien habitantes y en algunas de ellas sus regidores ofrecen locales gratis o a un precio simbólico con tal de que alguien abra un establecimiento donde puedan juntarse los vecinos de todas las edades para socializar y sentirse miembros de una misma comunidad. El bar en estos pueblos es tan esencial para su viabilidad como el transporte, la proximidad a un centro médico, a la escuela o el acceso a internet. Los bancos ya recibieron en su día la consiguiente llamada de atención ante el abandono al que sometían a los pueblos menores cuyos vecinos no podían sacar dinero ni cobrar sus nóminas o pensiones. La solución más práctica fue el envío de oficinas móviles. Con esa misma idea de movilidad, la propuesta del Parlamento incluyó el apoyo a los puestos de venta ambulante que atiendan con regularidad las necesidades de estos municipios pequeños.

Pueblos inclusivos en lo social y sostenibles en lo ecológico que constituyen por ello un bien escaso a proteger. Y sus bares, esos «lugares tan gratos para conversar», que cantaba Urrutia, se sitúan ahora en la primera línea de defensa.

‘Epitafio lingüístico’

Sin seguridad no hay transformación digital

EN ESTE PAÍS

Sólo el 7% de las empresas españolas tienen un nivel de preparación «maduro» para enfrentarse a riesgos de ciberseguridad.

SIN SEGURIDAD
NO HAY TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En la sociedad actual, en la que la transformación digital se ha convertido en un objetivo prioritario de las políticas públicas (con especial relevancia en las de la Unión Europea) y de los planes de cumplimiento –el llamado compliance-, la información y la seguridad son los activos más importantes para las empresas.

CARLOS CAPA

«LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES ES FUNDAMENTAL PARA PODER OFRECER LA CALIDAD QUE NECESITAN LAS PERSONAS DEPENDIENTES»

La ciberseguridad comprende las acciones relativas a la protección de los sistemas y redes informáticas de las personas, instituciones o empresas para prevenir o combatir los ataques cibernéticos dirigidos a comprometer su seguridad digital.

Aunque la ciberseguridad ha sido correlativa a la propia era digital, la pandemia de Covid-19 y el confinamiento aceleraron de forma geométrica el uso de las tecnologías digitales y, en consecuencia, de los ciberdelitos, que aprovecharon las deficiencias o faltas de preparación de unas infraestructuras y sistemas que no estaban a la altura de esa inesperada situación.

Crecimiento vertiginoso.

Según el Informe Ciberamenazas y Tendencias elaborado por el Centro Nacional de Ciberseguridad (CCN-CERT), en el que se analiza la evolución de las ciberamenazas nacionales e internacionales, así como las tendencias futuras, los ciberatacantes en estos últimos dos años han puesto el foco en organismos públicos, ONGs y entidades de políticas sociales o asuntos internacionales. Sin embargo, “las pequeñas empresas y administraciones públicas locales tampoco han escapado de estas infecciones”.

Según el Informe Cyber Attack Trends: 2021 Mid-Year Report, los ciberataques aumentaron tras la pandemia un 93% en todo el mundo. En este punto es fundamental mencionar que, “además de robar datos confidenciales de las organizaciones y amenazar con divulgarlos públicamente […], los atacantes ahora se dirigen a los clientes y socios comerciales de las organizaciones y también les exigen rescates”. En España los ciberataques aumentaron un 77% hasta junio de 2022, según el Observatorio de Ciberseguridad de Exprivia.

 

LOS CIBERDELINCUENTES HAN PUESTO EL FOCO EN ORGANISMOS PÚBLICOS, ONGS Y ENTIDADES DE POLÍTICAS SOCIALES O ASUNTOS INTERNACIONALES

 

Entre estos ataques se pueden destacar los sufridos por Iberdrola en marzo de ese año, en el que los ciberdelincuentes robaron información personal de más de un millón de clientes, entre DNIs, domicilios, números de teléfono y direcciones de correo electrónico; el sufrido por la empresa de delivery Glovo en abril 2022, mediante el que se pusieron a la venta datos de repartidores y clientes de la compañía; o el ataque al servicio de correspondencia con sus clientes de la entidad bancaria Laboral Kutxa, de mayo del año pasado. La propia sede de la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados, sufrió un ciberataque que colapsó varios de los apartados de su portal web para impedir el acceso de los ciudadanos. La Administración también ha visto sus sistemas de información afectados por los ciberataques, como ocurrió recientemente con el hackeo al Ministerio de Economía y Transición Digital. El objetivo fue la red SARA, encargada de conectar las administraciones para facilitar el intercambio de datos. El Punto Neutro Judicial, un sistema de comunicación que permite centralizar y trasladar peticiones de información entre los órganos judiciales y organismos o instituciones, se vio neutralizado por un ciberataque a finales de 2022.

A pesar de lo real de la amenaza, el informe CISCO 2022 concluye que sólo el 7% de las empresas españolas tienen un nivel de preparación «maduro» para enfrentarse a riesgos de ciberseguridad, mientras que la mayoría de las compañías (el 59%) se encuentran en la fase «formativa» o «principiante», lo que significa que su nivel de preparación está por debajo de la media global. Solo el 33% de las empresas españolas alcanzan el nivel «progresivo».

La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) considera que los sectores más atacados entre junio de 2021 y junio de 2022 fueron la Administración del Estado, con el 24% de incidentes reportados; los servicios digitales, con el 13% de incidentes; el público general (12,4% de incidentes); los servicios (11,8 %); el sector financiero (8,6%), y el sanitario (7,2%).

 

LOS CIBERATAQUES AUMENTARON TRAS LA PANDEMIA UN 93% EN TODO EL MUNDO

 

Perder el control.

Según ENISA el ransomware, sistema por el que los ciberdelincuentes toman el control de los datos de alguien y exigen un rescate para restaurar el acceso, supone más de la mitad de los incidentes registrados.

Los mismos datos muestran que el ransomware creció de 13 millones de euros en 2019 a 62 millones de euros en 2021 y el rescate medio pagado se duplicó de 71.000 euros en 2019 a 150.000 euros en 2020. Se estima que en 2021 el ransomware mundial alcanzó los 18.000 millones de euros en daños, 57 veces más que en 2015.

En segundo lugar, se sitúa el malware, un software que daña el sistema informático y que incluye virus, gusanos, troyanos y programas espía. Tras descender en todo el mundo coincidiendo con la pandemia en 2020 y principios de 2021, su difusión aumentó en gran medida a finales de 2021, cuando los trabajadores comenzaron a volver a la oficina.

El aumento del malware también se atribuye al cryptojacking (el uso secreto del ordenador de una víctima para crear criptodivisas ilegalmente) y al malware del Internet de las Cosas, dirigido a dispositivos conectados a internet, como routers o cámaras.

A continuación, se encuentran los ataques para aprovechar el error humano y acceder a información o servicios, engañando a las víctimas para que abran documentos, archivos o correos electrónicos maliciosos, visiten sitios web y, de este modo, concedan acceso no autorizado a sistemas o servicios. El ataque más común de este tipo es el phishing que se efectúa a través del correo electrónico y el smishing, articulado mediante mensajes de texto.

 

LOS DELINCUENTES SE DIRIGEN CADA VEZ MÁS A LAS BOLSAS DE CRIPTOMONEDAS Y A SUS PROPIETARIOS

 

Las principales organizaciones suplantadas por phishers pertenecen a los sectores financiero y tecnológico. Los delincuentes también se dirigen cada vez más a las bolsas de criptomonedas y a sus propietarios.

Otras formas de ciberdelincuencia son las amenazas contra los datos, contra la disponibilidad, o la difusión de información engañosa (las famosas fake news).

El impacto de la guerra de Ucrania

La guerra de Rusia contra Ucrania ha influido en la ciberesfera de muchas maneras. Las operaciones cibernéticas van de la mano de la acción militar tradicional. Las organizaciones internacionales de vigilancia de la ciberseguridad consideran que el Estado ruso ha llevado a cabo operaciones cibernéticas contra entidades y organizaciones de Ucrania y de los países que la apoyan.

También se han difundido deepfakes con líderes rusos y ucranianos en los que expresaban sus opiniones de apoyo al otro bando del conflicto. Los ciberdelincuentes han intentado extorsionar a personas que querían apoyar a Ucrania a través de falsas organizaciones benéficas.

Medidas de protección

El Centro Nacional de Ciberseguridad ha realizado un decálogo de medidas para la protección frente a los ciberataques: aumentar la capacidad de vigilancia de las redes y los sistemas; monitorización y correlación de eventos; política de seguridad corporativa restrictiva; configuraciones de seguridad en todos los componentes; automatizar e incrementar el intercambio de información de la red corporativa; uso de productos, equipos y servicios confiables y certificados; automatizar e incrementar el intercambio de información; compromiso de la dirección con la ciberseguridad; formación y sensibilización de los usuarios; atenerse a la legislación y buenas prácticas y trabajar como si el sistema ya estuviese comprometido.

En definitiva, la ciberseguridad, individual y corporativa, es hoy un elemento imprescindible que debe estar incorporado a lo cotidiano si queremos que las innumerables ventajas de la transformación digital se incorporen de forma real y eficiente a la sociedad.

PARA SABER MÁS

El Informe Ciberamenazas y Tendencias del Centro Nacional de Ciberseguridad

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La Web de la Unión Europea ofrece información sobre medidas de ciberprotección

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El portal especializado Cibersecurity News informa de la actualidad de la ciberseguridad

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«Mercados de valores y criptoactivos europeos», por Carmen Pastor

EN ESTE PAÍS

CARMEN PASTOR SEMPERE,
Profesora Titular de Derecho Mercantil Universidad de Alicante Conferenciante en la Cátedra ICADE-Fundación Notariado

“La autonomía de la voluntad, su límite, reside, a grandes rasgos, en la fungibilidad. Es decir, en los que no se regulan por ser únicos”

Mercados de valores y criptoactivos europeos

En este primer semestre de 2023 el Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (conocido como MiCA por sus siglas en inglés) ha sido definitivamente publicado, al igual que el resto de disposiciones que integran el denominado Paquete de Finanzas Digitales con el objetivo de garantizar que la UE adopte la revolución digital y la impulse con empresas europeas innovadoras a la cabeza, poniendo los beneficios de las finanzas digitales a disposición de las personas y las empresas. De este modo, el reciente Itinerario hacia la Década Digital, -con metas y objetivos concretos para 2030- incluye la Identidad Digital Europea (en la propuesta de Reglamento eIDAS2, del que también se espera su aprobación a lo largo de 2023). La Identidad Digital Europea (IDe) permite el reconocimiento mutuo de los sistemas de identificación electrónica de los diferentes países de la UE y da la posibilidad a que los propios ciudadanos europeos se identifiquen y verifiquen su información personal en línea, sin tener que recurrir a proveedores comerciales, independientemente del lugar de la Unión Europea en el que se encuentren. Se asegura, de este modo, que todo ciudadano de la UE y residente en la Unión pueda utilizar un monedero digital personal (Wallet).

La creación de mercados de criptoactivos -sectoriales o no- en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales, deberá coordinarse con la IDe de ciudadanos y de empresas tal y como se propone en eIDAS2, así como los pagos (mayorista/minorista) y la contratación electrónica, -en su reciente regulación DMA y DSA (Digital Market Act y Digital Service Act)-. En otras palabras: deben encontrarse en un mismo sistema de identidad digital (Wallet), de lo contrario, el funcionamiento de los mercados (financieros o no) podría verse alterado y los servicios de pago tradicionales podrían verse desplazados, así como la coherencia y los mecanismos de control, supervisión y prevención del fraude y blanqueo (Reglamento de Transferencia de Fondos de la UE, que incorpora la travel rule criptográfica a Europa (TFR)). Por ello, además de MiCA y TFR, el paquete de Finanzas Digitales también incluye el Reglamento de régimen piloto sobre infraestructuras de mercado, un Reglamento de resiliencia operativa digital y una directiva para aclarar o modificar determinadas normas relacionadas con los servicios financieros de la UE. Como se comprueba, pocas dudas pueden quedar al lector sobre el alcance de la regulación, así como del impacto que puede tener la tecnología en diferentes facetas del mercado que emerge y el papel crucial que puede tener la tecnología de contabilidad distribuida (DLT) -o en términos generales blockchain– para el futuro desarrollo social y económico para Europa.

Los intercambios descentralizados regulados y el sistema IDe dan la estructura a nuevos mercados de criptoactivos, muy lejanos a la actual y confuso comercio de criptomonedas (Exchanges), de modo que puede hacer efectiva la portabilidad de datos y activos en el Mercado Único Digital (de criptoactivos), en el que “casi todas sus piezas (tokens)” están reguladas y tienen su ámbito, función y mercado. De este modo, el “criptoactivo” no solo es el objeto que se comercia, también es la forma en que se liquidan las operaciones. Y ello, debido a su intrínseca “plasticidad” que le permite ir desde los instrumentos financieros, hasta digitalizar (“tokenizar”) cualquier activo real único y utilizarlo como representación y/o respaldo de activos financieros, derechos de propiedad intelectual, y un largo sin fin de activos ilíquidos (sin mercado).

A grandes rasgos, dentro del paquete de finanzas digitales los tokens fungibles financieros siguen regulados por Mifid II y su sistema de registro DLT en el Reglamento Régimen Piloto. Por ello, la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión “modifica la definición de «instrumento financiero» de dicha directiva a fin de aclarar, sin que subsista ninguna duda jurídica, que tales instrumentos pueden emitirse mediante tecnología de registros distribuidos” (Preámbulo, II. P. 4º).

El espacio que cubre MiCA en este nuevo mercado es el de los medios de pago, en el que no se utilizan cuentas corrientes bancarias, en su lugar Wallets y criptoactivos fungibles de pago (dinero de emisión privada), de dos tipos: el “token referenciado a activos” (ART), que está destinado a mantener un valor estable al referirse al valor de varias monedas que son de curso legal (monedas fiduciarias), una o varias materias primas, o uno o varios criptoactivos, o una combinación de dichos activos; y los “token de dinero electrónico” (ficha de dinero electrónico, EMT) que son un tipo de criptoactivo que pretende ser un medio de intercambio y mantiene un valor estable al referirse al valor de una moneda fiduciaria que es de curso legal. Por último, se ocupa de los utility tokens, destinados a proporcionar acceso digital a un bien o servicio, disponible en DLT, y solo lo acepta el emisor de ese token. Asimismo, MiCA, establece los requisitos de emisión y la reserva de actividad, para los prestadores de servicios de criptografía. Quedaría por decidir si el siguiente paso es la adición de monedas digitales del banco central (euro digital, CBDC, dinero de emisión pública), y si la tecnología pudiera permitir la transferencia instantánea de “efectivo digital” sin necesidad de pasar por ningún mecanismo de compensación.

En definitiva, la autonomía de la voluntad, su límite, reside, a grandes rasgos, en la fungibilidad. Es decir, en los que no se regulan por ser únicos (No fungible Tokens -NFT-) que, a diferencia de las criptomonedas, no se comercializan ni intercambian en equivalencia, característica que, a priori, parecía excluirlos de cualquier operación financiera y destinarlos, funcionalmente al registro de la propiedad de activos únicos, idóneos, por ejemplo, para las obras de arte digitales a las que dan “una singularidad” y, por lo tanto, valor y oportunidad de automatizar completamente los mercados y las regalías de reventa para ventas secundarias. Ciertos mercados ya usan DLT para autenticar artículos de lujo. Ahora bien, la plasticidad de DLT a la que aludíamos, hace que un token emitido como NFT, pese a tener un único identificador, pueda ser fraccionado y dividido como partes alícuotas, lo cual plantea serias dudas sobre la imposibilidad de convertirse en un instrumento financiero, o un fungible con atribución de pago por las partes (dinero mercancía), inclusive, instrumento para el blanqueo y evasión de capitales, por lo que es probable que pronto se proporcionen directrices al respecto por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).

Entrevista a Fernando de Aragón, director general del Catastro

EN ESTE PAÍS

Fernando de Aragón,

director general del Catastro

Fernando de Aragón Amunarriz es el director general del Catastro desde 2016, aunque toda su carrera profesional está vinculada a esta institución. Arquitecto de formación, ingresó en su plantilla en 1985 y ha sido gerente de los catastros de Ávila, Madrid Capital y Madrid Regional, así como subdirector general de valoración e inspección antes de llegar a la cabeza de la dirección general.
CARLOS CAPA,

“Las nuevas herramientas entre los notarios y el Catastro van aumentar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario”

En 2016 tomó posesión como director general del Catastro, institución a la que lleva toda su vida vinculado. ¿Cuál ha sido su experiencia en estos seis años de mandato?

Como resumen de mi larga vinculación con el Catastro puedo indicar que he participado, con un gran equipo de profesionales y de colaboradores, en grandes retos que han mejorado y modernizado esta organización, que han conseguido grandes avances para la Hacienda Pública y para la sociedad en su conjunto.

Creo muy destacable la mejora de la información contenida en nuestras bases de datos y su puesta a disposición de la ciudadanía, de manera transparente y accesible, que ha conseguido elevar los niveles de seguridad jurídica. También, los avances en una valoración de inmuebles más justa, acorde a la realidad y más equitativa, estando presente no sólo ya en la financiación de las entidades locales y de la hacienda estatal, sino también en la autonómica. Por todo ello, podemos afirmar que somos un referente internacional en esta materia.

¿Y en relación con los procedimientos catastrales?

Las innovaciones han sido continuas, para adaptar nuestra forma de trabajo a las nuevas demandas y en busca de nuevos colaboradores. Hemos conseguido estar a la altura de una sociedad cada vez más exigente y digital, que nos demanda nuevos canales de comunicación con ella.

Estamos muy presentes en la actividad económica e inmobiliaria del país, pero también hay que resaltar la utilización de la información catastral en la mejora del medio rural y del medioambiente.

Finalmente destacar el reto que ha supuesto desarrollar éstas y otras muchas actuaciones gestionando un capital humano de grandes profesionales que, con pocos medios, han sido capaces de responder y superar las expectativas que en cada momento se les demandaban.

 

EL CATASTRO HA PASADO A CONVERTIRSE EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL OFICIAL, UNIVERSAL Y COMPLETO, AL SERVICIO DE TODOS

 

¿Cómo ha evolucionado una figura de tanto recorrido en nuestra arquitectura jurídica como el Catastro?

La evolución se ha producido en muchos frentes: digitalización, valoración, colaboración, seguridad jurídica y territorio rural, entre otros.

El Catastro ha pasado de ser una figura eminentemente fiscal vinculada a la tributación local, a convertirse en un sistema de información territorial oficial, universal y completo, al servicio de todos.

Esta evolución es consecuencia de la exigencia que se requiere a un catastro fiscal completo y actualizado que pueda determinar la capacidad económica de todos para un reparto justo y equitativo de los impuestos inmobiliarios como consagra nuestra constitución.

Ello ha permitido que la información contenida haya crecido en su aportación a la seguridad jurídica, en especial en la identificación, descripción y representación gráfica de los bienes inmuebles. Pero también se ha manifestado la importancia de los datos catastrales en otros muchos ámbitos. Basta citar, a modo de ejemplo, el papel que ha jugado la información catastral en catástrofes naturales, como la erupción de la Isla de la Palma, que ha permitido a las instituciones públicas, entre las que han tenido un papel destacado lo notarios, acreditar la realidad física de los inmuebles enterrada bajo la lava.

¿Es el Catastro un organismo plenamente digitalizado?

En el año 2014 se completó el proyecto de plena digitalización del Catastro. A partir de entonces el papel se queda en la ventanilla, en el sentido de que todo se digitaliza en la entrada y la tramitación de expedientes es íntegramente digital hasta la notificación al ciudadano, que actualmente se puede realizar por comparecencia electrónica o Dirección Electrónica Habilitada Única.

Esto sucede igualmente con la operativa interna y procedimientos de oficio, que también se llevan a cabo de manera íntegramente digital. Y también en las relaciones con nuestros colaboradores o suministradores de información. Muchos procedimientos se originan de manera automatizada, a partir de ficheros electrónicos, con una tramitación y notificación íntegramente electrónicas.

 

LA BASE DE DATOS CATASTRAL ES LA CARTOGRAFÍA CONTINUA, OFICIAL Y CON MAYOR GRADO DE PRECISIÓN

 

La apuesta por la sostenibilidad afecta a todos los ámbitos económicos, sociales y jurídicos. ¿Puede contribuir el Catastro a este objetivo con la clasificación energética de los inmuebles?

Aunque la clasificación energética de los inmuebles es una competencia de las comunidades autónomas, obteniendo estos datos a medida que se van realizando compraventas, o los usuarios obtienen el certificado de forma voluntaria, el Catastro también tiene mucho que aportar.

En la sociedad que vivimos actualmente el dato adquiere más valor cuando se encuentra georreferenciado, por lo tanto, la base de datos catastral, que es la cartografía continua, oficial y con mayor grado de precisión, es elemento esencial para georreferenciar cualquier característica que se encuentre asociada al territorio. En este sentido, las características constructivas de las construcciones, asociadas con su orientación, son una fuente de información muy valiosa que puede vincularse de manera masiva y automatizada a la toma de decisiones sobre eficiencia energética.

Conviene resaltar también el gran avance que se ha producido en nuestro visor de la sede electrónica con la visualización de inmuebles en 3D, que permite la localización exacta de cada inmueble en el espacio. En relación con la clasificación energética, va a permitir volcar esta información a nivel de inmueble, y facilitar a los técnicos competentes su labor de cálculo.

En España conviven grandes espacios rurales y casi deshabitados con grandes urbes de un urbanismo intenso. ¿Cómo afrontan esas realidades?

La realidad urbana y la rural presentan grandes diferencias y el catastro es sensible a ambas.

Desde un punto de vista rural, la importancia de la información catastral excede de su vertiente fiscal y se extiende a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. La información catastral es la base indiscutible para la toma de decisiones en el territorio, por ello para coordinar estas actuaciones estamos desarrollando la Unidad del Catastro en el Territorio Rural.

Desde el punto de vista urbano, la vertiente fiscal cobra mayor importancia. En este sentido el catastro colabora de manera especial con los ayuntamientos en su gestión tributaria, asegurando la suficiencia financiera de las entidades locales.

Estas especialidades se coordinan con los aspectos comunes como son el mantenimiento catastral, el parcelario catastral, la colaboración y la seguridad jurídica.

¿Y cómo se hace frente a situaciones en las que falta información urbanística completa?

El Catastro, para el cumplimiento de su misión, debe responder siempre a un reflejo fiel de la realidad física. Por ello los procedimientos para su actualización son múltiples, aunque siempre en colaboración con los respectivos ayuntamientos que son los beneficiarios últimos de la recaudación del impuesto de bienes inmuebles

Hemos desarrollado herramientas colaborativas para conocer y tener al día todo tipo de alteraciones. El Mapa de Gestión es una herramienta gráfica, y sencilla de manejar, que permite a los ayuntamientos incorporar información sobre las alteraciones producidas en su territorio.

Se ha desarrollado el visor cartográfico, que básicamente es un SIG online, que permite a todos los ciudadanos visualizar de manera sencilla todos los inmuebles.

Existen herramientas muy intuitivas para facilitar las obligaciones a los ciudadanos y diversos asistentes de ayuda que se encuentran disponibles en la Sede Electrónica del Catastro.

Por último, quiero mencionar los diferentes procedimientos establecidos en la normativa catastral, que permiten actualizar de manera masiva y de oficio la clasificación urbanística de un municipio, para adecuarla a lo establecido en los diferentes planes y normas municipales de ordenación. Me refiero a los procedimientos de valoración colectiva de carácter general, parcial y simplificados.

¿Qué ha supuesto para el Catastro Inmobiliario su reconocimiento como registro administrativo que reconoce no sólo la realidad física y jurídica, sino también la económica?

Es su misión original, como se refleja siempre en los Planes Estratégicos del Catastro y uno de los principales retos a los que hemos dado respuesta en estos últimos años con el Valor de Referencia, objetivo que en sí mismo resume el conocimiento completo y actualizado de la riqueza inmobiliaria.

El valor de referencia se determina a partir de los precios de compraventas comunicados por los fedatarios. Información completa y fehaciente, que es posible gestionar gracias al excelente grado de colaboración existente entre el Catastro y este colectivo. A partir del año 2022, este valor se ha convertido en la base imponible de los impuestos Patrimoniales, gestionados por las CC.AA.

 

LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL EXCEDE DE SU VERTIENTE FISCAL Y SE EXTIENDE A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

 

¿Cómo valora el papel de los notarios en su función de garantes de la seguridad jurídica preventiva?

El papel del notario es fundamental en el tráfico inmobiliario como catalizador de cualquier operación en este ámbito.

El notario se configura como un actor clave, ya que tiene que informar y preguntar si la realidad física se corresponde con la cartografía catastral, y ante una respuesta negativa, tiene la posibilidad de iniciar procedimientos para asegurar la coherencia entre la realidad física, la descripción de la misma en el título y la cartografía catastral. En este sentido, las nuevas herramientas y comunicaciones que se han establecido entre los notarios y el catastro van a permitir mejorar de forma significativa la cartografía catastral, van a facilitar al notario la transmisión de la información; van a permitir al Catastro unos tiempos de respuesta hasta ahora impensables y, en definitiva, van a permitir al ciudadano agilizar todos los trámites; le va liberar de cargas y como consecuencia, va a aumentar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario.

Por otra parte, los notarios garantizan que todas las partes actuantes en la operación entiendan y conozcan sus consecuencias y responsabilidades, en especial las tributarias. Esta cercanía del notario con los actuantes en la operación resulta fundamental y permite generar información inmobiliaria veraz y exacta desde el origen.

Así, para el Catastro la figura del notario, y la colaboración con el colectivo notarial resultan fundamentales.

Fruto de esta colaboración se producen anualmente más de millón y medio de comunicaciones de alteraciones de dominio de los bienes inmuebles, comunicaciones que suplen la obligación de declarar, por lo que se evitan cargas al ciudadano y se simplifican los trámites administrativos.

Huella Digital

 

  • Wikipedia dispone de una entrada sobre la historia y funciones del Catastro en esta dirección

Entrevista a María Isabel Valdés-Solís, decana del Colegio Notarial de Asturias

EN ESTE PAÍS

María Isabel Valdés-Solís,

decana del Colegio Notarial de Asturias

La decana del Colegio Notarial de Asturias, María Isabel Valdés-Solís, ha entrado a formar parte de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia como académica de número. Hablamos con ella sobre este reconocimiento, su discurso de ingreso sobre la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y, con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, le preguntamos por la presencia de las mujeres en el Notariado español.

FÁTIMA PÉREZ DORCA

«La Ley 8/2021 es una de las reformas más importantes de los últimos tiempos»

El 16 de enero entró a formar parte de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia como académica de número. ¿Qué supone en su carrera profesional?

Para mí es un honor y una gran satisfacción no solo como jurista, sino como notaria y como asturiana.

¿Qué puede aportar desde su profesión a la Academia?

Espero trabajar en las actividades que desarrolla y que mi contribución sea, además de jurídica y teórica, también practica y enfocada a las necesidades y realidades de los ciudadanos que día a día veo en la notaría.

«DESDE QUE COMENCÉ A EJERCER EL PORCENTAJE DE NOTARIAS HA IDO CRECIENDO SIGNIFICATIVAMENTE»

Para su ingreso eligió como tema la Ley 8/2021 desde la perspectiva notarial. ¿Por qué?

Porque esta ley es muy reciente. Entró en vigor en septiembre de 2021; y es una de las reformas más importantes de los últimos tiempos, especialmente porque afecta a la persona, a su propia esencia como sujeto de derechos y al ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con todos los demás. Es una ley para que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica con el apoyo o apoyos que sean necesarios y con respeto a su voluntad, a sus deseos y a sus preferencias.

Con la nueva regulación se elimina la incapacitación judicial y se regulariza un modelo que reconoce la capacidad de decidir de todos los ciudadanos. En su exposición explicó los retos de la profesión notarial en la aplicación de esta reforma. ¿Cuáles son?

El reto del Notariado es servir de medio de apoyo a las personas con discapacidad para ayudarlas en su comprensión y para que puedan tomar decisiones de una manera informada y conforme a su voluntad, deseos y preferencias. Ese es el eje de la reforma.

Mi exposición se centró en las medidas voluntarias de apoyo. Medidas en las que todos tenemos que ir pensando, que atañen a cómo queremos que sea nuestra vida, y a cómo queremos organizar los apoyos para cuando sean necesarios. Y para ello existen distintos medios.

«CON LA NUEVA LEY LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRÁN EJERCER SU CAPACIDAD JURÍDICA CON EL APOYO QUE SEA NECESARIO»

¿Cómo valora su aplicación tras un año y medio de su entrada en vigor?

Tratándose de una ley de esta envergadura un año y medio es poco tiempo para que se aprecien sus efectos. No obstante, ya antes de la ley se ha venido adaptando, especialmente la jurisprudencia, a la Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007, y publicada en el BOE el 21 de abril de 2008, Convención a la que se adapta la Ley 8/2021.

¿Qué lleva a una notaria a querer ser académica?

Mis inquietudes jurídicas y la apertura a otras facetas jurídicas más allá de las que ejerzo como notaria.

Y al revés: ¿por qué eligió ser notaria?

Decidí ser notaria porque es una profesión mediante la cual puedo facilitar a los ciudadanos el desarrollo satisfactorio de sus asuntos jurídicos. Además, esta profesión implica creatividad en la aplicación del derecho, que es abstracto, general y objetivo, y los notarios tenemos que adaptarlo a las necesidades de cada ciudadano concreto, en función de los fines lícitos que cada uno desee obtener.

Este número de Escritura Pública llegará a los lectores en fechas muy aproximadas al Día internacional de la Mujer, el 8 de marzo, por ello me gustaría preguntarle por la evolución que ha percibido usted en la profesión, en cuanto a la presencia de mujeres dentro del cuerpo en los últimos años.

Desde que comencé a ejercer, en el año 1983, el porcentaje de notarias ha ido creciendo significativamente hasta que en el año 2003 se logró la paridad por primera vez. La mayor diferencia a favor de la mujer se produjo en las oposiciones de 2019: con 55 mujeres frente a 36 hombres. Y desde entonces el número de mujeres y hombres que aprueban es muy similar. Por ejemplo, en la promoción del 2022 han sido 44 hombres y 46 mujeres los que han aprobado.

Atención profesional a la dependencia

EN ESTE PAÍS

La esperanza de vida en la UE en 2021 fue de 80 años, frente a los 83 de España.

Atención profesional a la dependencia

El sector de la asistencia a la dependencia es uno de los que muestran una mayor demanda de empleo, con la previsión de que se sostenga en los próximos años, cifrando en unos 300.000 los cuidadores necesarios a corto plazo.
CARLOS CAPA

«LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES ES FUNDAMENTAL PARA PODER OFRECER LA CALIDAD QUE NECESITAN LAS PERSONAS DEPENDIENTES»

La realidad es que cada vez vivimos más y tenemos menos hijos, y en estas dos variables España se encuentra en los primeros puestos mundiales.

Según las estadísticas europeas, en 2021 la esperanza de vida en la UE fue 80,1 años por los 83,3 años de España. En lo que se refiere a la natalidad la media de la Unión fue en 2020 de 9,1 mientras que en España apenas se llegó al 7,1.

Así, en 2020 los españoles mayores de 65 años eran 9,4 millones, cifra que las proyecciones estadísticas hacen llegar hasta los 16 millones cuando se alcance la mitad del siglo. La consecuencia inevitable es que un mayor número de ancianos hace crecer proporcionalmente el número de personas en situación de dependencia, y por lo tanto se requiere una mayor cantidad de cuidadores profesionales. En diciembre de 2021 había ya en España un total de 1.415.578 personas reconocidas oficialmente como dependientes.

Variedad de perfiles

Lamentablemente la inversión pública en esta materia deja mucho que desear, lo que obliga a un mayor esfuerzo familiar. Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el incremento del gasto de Comunidades Autónomas y Entidades Locales en servicios sociales en 2020 no ha repercutido en una mayor oferta de servicios y casi 2 de cada 3 personas (62,2% de la población) vive en comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes.

LA DEPENDENCIA TIENE MULTITUD DE FACETAS E INTENSIDADES, LO QUE SE REFLEJA EN UNA ENORME VARIEDAD DE PERFILES PROFESIONALES PARA SU ATENCIÓN

La dependencia tiene multitud de facetas e intensidades, lo que se refleja en una enorme variedad de perfiles profesionales para su atención. Hablar de dependencia es hablar de un abanico muy amplio de situaciones y necesidades que hacen necesarias intervenciones muy diferentes, desde la teleasistencia a la ayuda a domicilio, centros de día o atención residencial permanente. Desde médicos, enfermeras, gerocultores, psicólogos, trabajadores sociales o fisioterapeutas, hasta empleos menos cualificados- pero igualmente imprescindibles- abarcan el abanico de la demanda de empleo en el sector.

Para acceder a estos empleos es necesaria una cualificación profesional que va desde el Grado (antigua licenciatura) hasta las titulaciones técnicas impartidas en la Formación Profesional en sus diferentes niveles, como el de técnico en Atención Sociosanitaria, Auxiliar de Enfermería o Atención a Personas en Situación de Dependencia, así como los certificados de profesionalidad en atención sociosanitaria.

En cualquier caso, los especialistas demandados en el área de la dependencia son muy numerosos, y su función y remuneración dependen de cada caso. Para la asistencia domiciliaria es clave la figura del cuidador que se ocupa de atender a perfiles diversos que van desde las personas necesitadas de una asistencia esporádica o limitada a varias horas diarias para colaborar en tareas cotidianas relacionadas con elementos como la movilidad, el aseo personal o la medicación, a aquellos que han pasado por algún tipo de ingreso hospitalario y necesitan apoyo en su recuperación. Sin olvidar a quienes necesitan ayuda continuada del cuidador por padecer algún tipo de enfermedad crónica, degenerativa o incapacitante, -como puede ser el Alzheimer o la ELA- y que pueden conllevar la necesidad de que el cuidador conviva con la persona dependiente.

Salud mental

No olvidemos por otra parte, como nos recordaban las campañas de la semana de la salud mental, que ésta es una parte consustancial a una vida plena y feliz, y que bien la edad, bien la dependencia sobrevenida por otros factores, son un elemento que influye de forma determinante en ella.

EN DICIEMBRE DE 2021 HABÍA YA EN ESPAÑA UN TOTAL DE 1.415.578 PERSONAS RECONOCIDAS OFICIALMENTE COMO DEPENDIENTES

Por ello profesiones como la de psicólogo o terapeuta ocupacional tienen un perfil resaltado en la atención a la dependencia que demanda la sociedad y el mercado. La labor del psicólogo, centrada en elementos como la soledad, el sentimiento de utilidad personal o la falta de círculo social que alivie la presión emocional provocada por la vejez o por enfermedades inmovilizantes – todo ello agravado por la por la pandemia- deviene en imprescindible, como lo es también la figura del logopeda que ayude a tratar patologías como la disfagia (dificultades para la deglución que pueden afectar al habla).

El Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 publicó en septiembre de 2022 un informe ejecutivo de Evaluación del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (SAAD) que concluye que “la cartera de servicios actual no es suficiente para atender a la demanda y necesidades reales de las personas en situación de dependencia. Es necesario introducir nuevos servicios y prestaciones y fomentar fórmulas más flexibles para la provisión de apoyos diversos en la comunidad”.

PROFESIONES COMO LA DE PSICÓLOGO O TERAPEUTA OCUPACIONAL TIENEN UN PERFIL RESALTADO EN LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Según el Ministerio de Asuntos Sociales, el 80% de las personas con dependencia que residen en hogares particulares deben complementar los servicios y prestaciones del SAAD con cuidados informales o servicios contratados de forma particular.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en su estudio sobre Dependencia (2019) indica que “la formación de los profesionales para las nuevas necesidades y modelos de atención es fundamental para poder ofrecer la calidad que necesitan nuestros mayores. En este sentido se entiende necesario que las Administraciones adapten el pago de la prestación al servicio ofrecido, dado que en este momento quien sostiene el coste del servicio son los trabajadores, las empresas y los usuarios privados”.

Por su parte el Consejo Económico y Social (CES), organismo público que agrupa a organizaciones sindicales empresariales, de consumidores o gremiales, en su estudio sobre el empleo en el sector, indica que las actividades de atención a la dependencia habrían dado lugar a la creación neta de algo más de 80.000 empleos entre 2009 y 2018.

Se necesita formación

Qué España sea uno de los escasos países que ofrecen una sólida seguridad jurídica en el tratamiento de la dependencia, regulada por el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, también se traslada a la existencia de un sistema formativo que, cada vez más, ofrece la posibilidad de obtener titulaciones específicas, desde la universitaria a la profesional, para cubrir esta demanda actual y desde luego futura de puestos de trabajo, para cuyo desempeño los expertos relacionan estas aptitudes: interés en actividades del ámbito sociosanitario, capacidad comunicativa, concentración y observación, alto control emocional y sensibilidad para atender a personas con la salud delicada y comprensión, atención, amabilidad y empatía hacia los demás.

La importancia de la fisioterapia

Entre las necesidades del mercado de trabajo, la de los profesionales de la fisioterapia ocupa un lugar destacado. Las limitaciones organizativas y de personal de los servicios sanitarios públicos, o los propios impedimentos de movilidad de los dependientes hacen necesaria la existencia de fisioterapeutas que acudan a los domicilios de los dependientes para mejorar su calidad de vida mediante la práctica de ejercicios de movilidad, coordinación y equilibrio.

Muchos de nuestros mayores sufren dolencias crónicas como el reuma, la artritis, la osteoporosis o la incontinencia, que pueden ser aliviadas con la intervención de un especialista

PARA SABER MÁS

Estudio del Ministerio de Asuntos Sociales sobre la dependencia en España
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Web del Ministerio de Educación y Formación Profesional con el catálogo de formación para la asistencia a la dependencia
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Informe de la CEOE sobre la dependencia
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Apoyos para decidir libremente

Las personas con discapacidad también tienen derecho al ejercicio de su capacidad jurídica. La Ley 8/2021 eliminó la incapacitación judicial, regularizando un modelo que reconoce la capacidad de decidir de todos los ciudadanos contando con un sistema de apoyos.

“Esta ley es un hito histórico porque supone que las personas con discapacidad puedan actuar en el marco de su autonomía y auto realizarse, y este progreso lo que hace es reestablecer nuestra fe en la humanidad” afirmó el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz.

Con la ayuda y asesoramiento de los notarios, las personas con una discapacidad pueden designar quién o quiénes han de prestarles apoyo y con qué alcance. También se establecen las salvaguardas necesarias para garantizar que en cualquier momento y circunstancia se respete su libertad.

Junto a los notarios, otros muchos profesionales pueden ayudar a las personas con discapacidad en este camino.

AEQUITAS