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Sin seguridad no hay transformación digital

EN ESTE PAÍS

Sólo el 7% de las empresas españolas tienen un nivel de preparación «maduro» para enfrentarse a riesgos de ciberseguridad.

SIN SEGURIDAD
NO HAY TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En la sociedad actual, en la que la transformación digital se ha convertido en un objetivo prioritario de las políticas públicas (con especial relevancia en las de la Unión Europea) y de los planes de cumplimiento –el llamado compliance-, la información y la seguridad son los activos más importantes para las empresas.

CARLOS CAPA

Twitter: @capa_carlos
Mail: [email protected]

«LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES ES FUNDAMENTAL PARA PODER OFRECER LA CALIDAD QUE NECESITAN LAS PERSONAS DEPENDIENTES»

La ciberseguridad comprende las acciones relativas a la protección de los sistemas y redes informáticas de las personas, instituciones o empresas para prevenir o combatir los ataques cibernéticos dirigidos a comprometer su seguridad digital.

Aunque la ciberseguridad ha sido correlativa a la propia era digital, la pandemia de Covid-19 y el confinamiento aceleraron de forma geométrica el uso de las tecnologías digitales y, en consecuencia, de los ciberdelitos, que aprovecharon las deficiencias o faltas de preparación de unas infraestructuras y sistemas que no estaban a la altura de esa inesperada situación.

Crecimiento vertiginoso.

Según el Informe Ciberamenazas y Tendencias elaborado por el Centro Nacional de Ciberseguridad (CCN-CERT), en el que se analiza la evolución de las ciberamenazas nacionales e internacionales, así como las tendencias futuras, los ciberatacantes en estos últimos dos años han puesto el foco en organismos públicos, ONGs y entidades de políticas sociales o asuntos internacionales. Sin embargo, “las pequeñas empresas y administraciones públicas locales tampoco han escapado de estas infecciones”.

Según el Informe Cyber Attack Trends: 2021 Mid-Year Report, los ciberataques aumentaron tras la pandemia un 93% en todo el mundo. En este punto es fundamental mencionar que, “además de robar datos confidenciales de las organizaciones y amenazar con divulgarlos públicamente […], los atacantes ahora se dirigen a los clientes y socios comerciales de las organizaciones y también les exigen rescates”. En España los ciberataques aumentaron un 77% hasta junio de 2022, según el Observatorio de Ciberseguridad de Exprivia.

LOS CIBERDELINCUENTES HAN PUESTO EL FOCO EN ORGANISMOS PÚBLICOS, ONGS Y ENTIDADES DE POLÍTICAS SOCIALES O ASUNTOS INTERNACIONALES

Entre estos ataques se pueden destacar los sufridos por Iberdrola en marzo de ese año, en el que los ciberdelincuentes robaron información personal de más de un millón de clientes, entre DNIs, domicilios, números de teléfono y direcciones de correo electrónico; el sufrido por la empresa de delivery Glovo en abril 2022, mediante el que se pusieron a la venta datos de repartidores y clientes de la compañía; o el ataque al servicio de correspondencia con sus clientes de la entidad bancaria Laboral Kutxa, de mayo del año pasado. La propia sede de la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados, sufrió un ciberataque que colapsó varios de los apartados de su portal web para impedir el acceso de los ciudadanos. La Administración también ha visto sus sistemas de información afectados por los ciberataques, como ocurrió recientemente con el hackeo al Ministerio de Economía y Transición Digital. El objetivo fue la red SARA, encargada de conectar las administraciones para facilitar el intercambio de datos. El Punto Neutro Judicial, un sistema de comunicación que permite centralizar y trasladar peticiones de información entre los órganos judiciales y organismos o instituciones, se vio neutralizado por un ciberataque a finales de 2022.

A pesar de lo real de la amenaza, el informe CISCO 2022 concluye que sólo el 7% de las empresas españolas tienen un nivel de preparación «maduro» para enfrentarse a riesgos de ciberseguridad, mientras que la mayoría de las compañías (el 59%) se encuentran en la fase «formativa» o «principiante», lo que significa que su nivel de preparación está por debajo de la media global. Solo el 33% de las empresas españolas alcanzan el nivel «progresivo».

La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) considera que los sectores más atacados entre junio de 2021 y junio de 2022 fueron la Administración del Estado, con el 24% de incidentes reportados; los servicios digitales, con el 13% de incidentes; el público general (12,4% de incidentes); los servicios (11,8 %); el sector financiero (8,6%), y el sanitario (7,2%).

LOS CIBERATAQUES AUMENTARON TRAS LA PANDEMIA UN 93% EN TODO EL MUNDO

Perder el control.

Según ENISA el ransomware, sistema por el que los ciberdelincuentes toman el control de los datos de alguien y exigen un rescate para restaurar el acceso, supone más de la mitad de los incidentes registrados.

Los mismos datos muestran que el ransomware creció de 13 millones de euros en 2019 a 62 millones de euros en 2021 y el rescate medio pagado se duplicó de 71.000 euros en 2019 a 150.000 euros en 2020. Se estima que en 2021 el ransomware mundial alcanzó los 18.000 millones de euros en daños, 57 veces más que en 2015.

En segundo lugar, se sitúa el malware, un software que daña el sistema informático y que incluye virus, gusanos, troyanos y programas espía. Tras descender en todo el mundo coincidiendo con la pandemia en 2020 y principios de 2021, su difusión aumentó en gran medida a finales de 2021, cuando los trabajadores comenzaron a volver a la oficina.

El aumento del malware también se atribuye al cryptojacking (el uso secreto del ordenador de una víctima para crear criptodivisas ilegalmente) y al malware del Internet de las Cosas, dirigido a dispositivos conectados a internet, como routers o cámaras.

A continuación, se encuentran los ataques para aprovechar el error humano y acceder a información o servicios, engañando a las víctimas para que abran documentos, archivos o correos electrónicos maliciosos, visiten sitios web y, de este modo, concedan acceso no autorizado a sistemas o servicios. El ataque más común de este tipo es el phishing que se efectúa a través del correo electrónico y el smishing, articulado mediante mensajes de texto.

LOS DELINCUENTES SE DIRIGEN CADA VEZ MÁS A LAS BOLSAS DE CRIPTOMONEDAS Y A SUS PROPIETARIOS

Las principales organizaciones suplantadas por phishers pertenecen a los sectores financiero y tecnológico. Los delincuentes también se dirigen cada vez más a las bolsas de criptomonedas y a sus propietarios.

Otras formas de ciberdelincuencia son las amenazas contra los datos, contra la disponibilidad, o la difusión de información engañosa (las famosas fake news).

El impacto de la guerra de Ucrania

La guerra de Rusia contra Ucrania ha influido en la ciberesfera de muchas maneras. Las operaciones cibernéticas van de la mano de la acción militar tradicional. Las organizaciones internacionales de vigilancia de la ciberseguridad consideran que el Estado ruso ha llevado a cabo operaciones cibernéticas contra entidades y organizaciones de Ucrania y de los países que la apoyan.

También se han difundido deepfakes con líderes rusos y ucranianos en los que expresaban sus opiniones de apoyo al otro bando del conflicto. Los ciberdelincuentes han intentado extorsionar a personas que querían apoyar a Ucrania a través de falsas organizaciones benéficas.

Medidas de protección

El Centro Nacional de Ciberseguridad ha realizado un decálogo de medidas para la protección frente a los ciberataques: aumentar la capacidad de vigilancia de las redes y los sistemas; monitorización y correlación de eventos; política de seguridad corporativa restrictiva; configuraciones de seguridad en todos los componentes; automatizar e incrementar el intercambio de información de la red corporativa; uso de productos, equipos y servicios confiables y certificados; automatizar e incrementar el intercambio de información; compromiso de la dirección con la ciberseguridad; formación y sensibilización de los usuarios; atenerse a la legislación y buenas prácticas y trabajar como si el sistema ya estuviese comprometido.

En definitiva, la ciberseguridad, individual y corporativa, es hoy un elemento imprescindible que debe estar incorporado a lo cotidiano si queremos que las innumerables ventajas de la transformación digital se incorporen de forma real y eficiente a la sociedad.

PARA SABER MÁS

El Informe Ciberamenazas y Tendencias del Centro Nacional de Ciberseguridad

La Web de la Unión Europea ofrece información sobre medidas de ciberprotección

El portal especializado Cibersecurity News informa de la actualidad de la ciberseguridad

«Mercados de valores y criptoactivos europeos», por Carmen Pastor

EN ESTE PAÍS

CARMEN PASTOR SEMPERE,

Profesora Titular de Derecho Mercantil Universidad de Alicante Conferenciante en la Cátedra ICADE-Fundación Notariado

“La autonomía de la voluntad, su límite, reside, a grandes rasgos, en la fungibilidad. Es decir, en los que no se regulan por ser únicos”

Mercados de valores y criptoactivos europeos

En este primer semestre de 2023 el Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (conocido como MiCA por sus siglas en inglés) ha sido definitivamente publicado, al igual que el resto de disposiciones que integran el denominado Paquete de Finanzas Digitales con el objetivo de garantizar que la UE adopte la revolución digital y la impulse con empresas europeas innovadoras a la cabeza, poniendo los beneficios de las finanzas digitales a disposición de las personas y las empresas. De este modo, el reciente Itinerario hacia la Década Digital, -con metas y objetivos concretos para 2030- incluye la Identidad Digital Europea (en la propuesta de Reglamento eIDAS2, del que también se espera su aprobación a lo largo de 2023). La Identidad Digital Europea (IDe) permite el reconocimiento mutuo de los sistemas de identificación electrónica de los diferentes países de la UE y da la posibilidad a que los propios ciudadanos europeos se identifiquen y verifiquen su información personal en línea, sin tener que recurrir a proveedores comerciales, independientemente del lugar de la Unión Europea en el que se encuentren. Se asegura, de este modo, que todo ciudadano de la UE y residente en la Unión pueda utilizar un monedero digital personal (Wallet).

La creación de mercados de criptoactivos -sectoriales o no- en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales, deberá coordinarse con la IDe de ciudadanos y de empresas tal y como se propone en eIDAS2, así como los pagos (mayorista/minorista) y la contratación electrónica, -en su reciente regulación DMA y DSA (Digital Market Act y Digital Service Act)-. En otras palabras: deben encontrarse en un mismo sistema de identidad digital (Wallet), de lo contrario, el funcionamiento de los mercados (financieros o no) podría verse alterado y los servicios de pago tradicionales podrían verse desplazados, así como la coherencia y los mecanismos de control, supervisión y prevención del fraude y blanqueo (Reglamento de Transferencia de Fondos de la UE, que incorpora la travel rule criptográfica a Europa (TFR)). Por ello, además de MiCA y TFR, el paquete de Finanzas Digitales también incluye el Reglamento de régimen piloto sobre infraestructuras de mercado, un Reglamento de resiliencia operativa digital y una directiva para aclarar o modificar determinadas normas relacionadas con los servicios financieros de la UE. Como se comprueba, pocas dudas pueden quedar al lector sobre el alcance de la regulación, así como del impacto que puede tener la tecnología en diferentes facetas del mercado que emerge y el papel crucial que puede tener la tecnología de contabilidad distribuida (DLT) -o en términos generales blockchain– para el futuro desarrollo social y económico para Europa.

Los intercambios descentralizados regulados y el sistema IDe dan la estructura a nuevos mercados de criptoactivos, muy lejanos a la actual y confuso comercio de criptomonedas (Exchanges), de modo que puede hacer efectiva la portabilidad de datos y activos en el Mercado Único Digital (de criptoactivos), en el que “casi todas sus piezas (tokens)” están reguladas y tienen su ámbito, función y mercado. De este modo, el “criptoactivo” no solo es el objeto que se comercia, también es la forma en que se liquidan las operaciones. Y ello, debido a su intrínseca “plasticidad” que le permite ir desde los instrumentos financieros, hasta digitalizar (“tokenizar”) cualquier activo real único y utilizarlo como representación y/o respaldo de activos financieros, derechos de propiedad intelectual, y un largo sin fin de activos ilíquidos (sin mercado).

A grandes rasgos, dentro del paquete de finanzas digitales los tokens fungibles financieros siguen regulados por Mifid II y su sistema de registro DLT en el Reglamento Régimen Piloto. Por ello, la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión “modifica la definición de «instrumento financiero» de dicha directiva a fin de aclarar, sin que subsista ninguna duda jurídica, que tales instrumentos pueden emitirse mediante tecnología de registros distribuidos” (Preámbulo, II. P. 4º).

El espacio que cubre MiCA en este nuevo mercado es el de los medios de pago, en el que no se utilizan cuentas corrientes bancarias, en su lugar Wallets y criptoactivos fungibles de pago (dinero de emisión privada), de dos tipos: el “token referenciado a activos” (ART), que está destinado a mantener un valor estable al referirse al valor de varias monedas que son de curso legal (monedas fiduciarias), una o varias materias primas, o uno o varios criptoactivos, o una combinación de dichos activos; y los “token de dinero electrónico” (ficha de dinero electrónico, EMT) que son un tipo de criptoactivo que pretende ser un medio de intercambio y mantiene un valor estable al referirse al valor de una moneda fiduciaria que es de curso legal. Por último, se ocupa de los utility tokens, destinados a proporcionar acceso digital a un bien o servicio, disponible en DLT, y solo lo acepta el emisor de ese token. Asimismo, MiCA, establece los requisitos de emisión y la reserva de actividad, para los prestadores de servicios de criptografía. Quedaría por decidir si el siguiente paso es la adición de monedas digitales del banco central (euro digital, CBDC, dinero de emisión pública), y si la tecnología pudiera permitir la transferencia instantánea de “efectivo digital” sin necesidad de pasar por ningún mecanismo de compensación.

En definitiva, la autonomía de la voluntad, su límite, reside, a grandes rasgos, en la fungibilidad. Es decir, en los que no se regulan por ser únicos (No fungible Tokens -NFT-) que, a diferencia de las criptomonedas, no se comercializan ni intercambian en equivalencia, característica que, a priori, parecía excluirlos de cualquier operación financiera y destinarlos, funcionalmente al registro de la propiedad de activos únicos, idóneos, por ejemplo, para las obras de arte digitales a las que dan “una singularidad” y, por lo tanto, valor y oportunidad de automatizar completamente los mercados y las regalías de reventa para ventas secundarias. Ciertos mercados ya usan DLT para autenticar artículos de lujo. Ahora bien, la plasticidad de DLT a la que aludíamos, hace que un token emitido como NFT, pese a tener un único identificador, pueda ser fraccionado y dividido como partes alícuotas, lo cual plantea serias dudas sobre la imposibilidad de convertirse en un instrumento financiero, o un fungible con atribución de pago por las partes (dinero mercancía), inclusive, instrumento para el blanqueo y evasión de capitales, por lo que es probable que pronto se proporcionen directrices al respecto por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).

Entrevista a Fernando de Aragón, director general del Catastro

EN ESTE PAÍS

Fernando de Aragón,

director general del Catastro

Fernando de Aragón Amunarriz es el director general del Catastro desde 2016, aunque toda su carrera profesional está vinculada a esta institución. Arquitecto de formación, ingresó en su plantilla en 1985 y ha sido gerente de los catastros de Ávila, Madrid Capital y Madrid Regional, así como subdirector general de valoración e inspección antes de llegar a la cabeza de la dirección general.

CARLOS CAPA,

Twitter: @capa_carlos
Mail: [email protected]

“Las nuevas herramientas entre los notarios y el Catastro van aumentar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario”

En 2016 tomó posesión como director general del Catastro, institución a la que lleva toda su vida vinculado. ¿Cuál ha sido su experiencia en estos seis años de mandato?

Como resumen de mi larga vinculación con el Catastro puedo indicar que he participado, con un gran equipo de profesionales y de colaboradores, en grandes retos que han mejorado y modernizado esta organización, que han conseguido grandes avances para la Hacienda Pública y para la sociedad en su conjunto.

Creo muy destacable la mejora de la información contenida en nuestras bases de datos y su puesta a disposición de la ciudadanía, de manera transparente y accesible, que ha conseguido elevar los niveles de seguridad jurídica. También, los avances en una valoración de inmuebles más justa, acorde a la realidad y más equitativa, estando presente no sólo ya en la financiación de las entidades locales y de la hacienda estatal, sino también en la autonómica. Por todo ello, podemos afirmar que somos un referente internacional en esta materia.

¿Y en relación con los procedimientos catastrales?

Las innovaciones han sido continuas, para adaptar nuestra forma de trabajo a las nuevas demandas y en busca de nuevos colaboradores. Hemos conseguido estar a la altura de una sociedad cada vez más exigente y digital, que nos demanda nuevos canales de comunicación con ella.

Estamos muy presentes en la actividad económica e inmobiliaria del país, pero también hay que resaltar la utilización de la información catastral en la mejora del medio rural y del medioambiente.

Finalmente destacar el reto que ha supuesto desarrollar éstas y otras muchas actuaciones gestionando un capital humano de grandes profesionales que, con pocos medios, han sido capaces de responder y superar las expectativas que en cada momento se les demandaban.

EL CATASTRO HA PASADO A CONVERTIRSE EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL OFICIAL, UNIVERSAL Y COMPLETO, AL SERVICIO DE TODOS

¿Cómo ha evolucionado una figura de tanto recorrido en nuestra arquitectura jurídica como el Catastro?

La evolución se ha producido en muchos frentes: digitalización, valoración, colaboración, seguridad jurídica y territorio rural, entre otros.

El Catastro ha pasado de ser una figura eminentemente fiscal vinculada a la tributación local, a convertirse en un sistema de información territorial oficial, universal y completo, al servicio de todos.

Esta evolución es consecuencia de la exigencia que se requiere a un catastro fiscal completo y actualizado que pueda determinar la capacidad económica de todos para un reparto justo y equitativo de los impuestos inmobiliarios como consagra nuestra constitución.

Ello ha permitido que la información contenida haya crecido en su aportación a la seguridad jurídica, en especial en la identificación, descripción y representación gráfica de los bienes inmuebles. Pero también se ha manifestado la importancia de los datos catastrales en otros muchos ámbitos. Basta citar, a modo de ejemplo, el papel que ha jugado la información catastral en catástrofes naturales, como la erupción de la Isla de la Palma, que ha permitido a las instituciones públicas, entre las que han tenido un papel destacado lo notarios, acreditar la realidad física de los inmuebles enterrada bajo la lava.

¿Es el Catastro un organismo plenamente digitalizado?

En el año 2014 se completó el proyecto de plena digitalización del Catastro. A partir de entonces el papel se queda en la ventanilla, en el sentido de que todo se digitaliza en la entrada y la tramitación de expedientes es íntegramente digital hasta la notificación al ciudadano, que actualmente se puede realizar por comparecencia electrónica o Dirección Electrónica Habilitada Única.

Esto sucede igualmente con la operativa interna y procedimientos de oficio, que también se llevan a cabo de manera íntegramente digital. Y también en las relaciones con nuestros colaboradores o suministradores de información. Muchos procedimientos se originan de manera automatizada, a partir de ficheros electrónicos, con una tramitación y notificación íntegramente electrónicas.

LA BASE DE DATOS CATASTRAL ES LA CARTOGRAFÍA CONTINUA, OFICIAL Y CON MAYOR GRADO DE PRECISIÓN

La apuesta por la sostenibilidad afecta a todos los ámbitos económicos, sociales y jurídicos. ¿Puede contribuir el Catastro a este objetivo con la clasificación energética de los inmuebles?

Aunque la clasificación energética de los inmuebles es una competencia de las comunidades autónomas, obteniendo estos datos a medida que se van realizando compraventas, o los usuarios obtienen el certificado de forma voluntaria, el Catastro también tiene mucho que aportar.

En la sociedad que vivimos actualmente el dato adquiere más valor cuando se encuentra georreferenciado, por lo tanto, la base de datos catastral, que es la cartografía continua, oficial y con mayor grado de precisión, es elemento esencial para georreferenciar cualquier característica que se encuentre asociada al territorio. En este sentido, las características constructivas de las construcciones, asociadas con su orientación, son una fuente de información muy valiosa que puede vincularse de manera masiva y automatizada a la toma de decisiones sobre eficiencia energética.

Conviene resaltar también el gran avance que se ha producido en nuestro visor de la sede electrónica con la visualización de inmuebles en 3D, que permite la localización exacta de cada inmueble en el espacio. En relación con la clasificación energética, va a permitir volcar esta información a nivel de inmueble, y facilitar a los técnicos competentes su labor de cálculo.

En España conviven grandes espacios rurales y casi deshabitados con grandes urbes de un urbanismo intenso. ¿Cómo afrontan esas realidades?

La realidad urbana y la rural presentan grandes diferencias y el catastro es sensible a ambas.

Desde un punto de vista rural, la importancia de la información catastral excede de su vertiente fiscal y se extiende a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. La información catastral es la base indiscutible para la toma de decisiones en el territorio, por ello para coordinar estas actuaciones estamos desarrollando la Unidad del Catastro en el Territorio Rural.

Desde el punto de vista urbano, la vertiente fiscal cobra mayor importancia. En este sentido el catastro colabora de manera especial con los ayuntamientos en su gestión tributaria, asegurando la suficiencia financiera de las entidades locales.

Estas especialidades se coordinan con los aspectos comunes como son el mantenimiento catastral, el parcelario catastral, la colaboración y la seguridad jurídica.

¿Y cómo se hace frente a situaciones en las que falta información urbanística completa?

El Catastro, para el cumplimiento de su misión, debe responder siempre a un reflejo fiel de la realidad física. Por ello los procedimientos para su actualización son múltiples, aunque siempre en colaboración con los respectivos ayuntamientos que son los beneficiarios últimos de la recaudación del impuesto de bienes inmuebles

Hemos desarrollado herramientas colaborativas para conocer y tener al día todo tipo de alteraciones. El Mapa de Gestión es una herramienta gráfica, y sencilla de manejar, que permite a los ayuntamientos incorporar información sobre las alteraciones producidas en su territorio.

Se ha desarrollado el visor cartográfico, que básicamente es un SIG online, que permite a todos los ciudadanos visualizar de manera sencilla todos los inmuebles.

Existen herramientas muy intuitivas para facilitar las obligaciones a los ciudadanos y diversos asistentes de ayuda que se encuentran disponibles en la Sede Electrónica del Catastro.

Por último, quiero mencionar los diferentes procedimientos establecidos en la normativa catastral, que permiten actualizar de manera masiva y de oficio la clasificación urbanística de un municipio, para adecuarla a lo establecido en los diferentes planes y normas municipales de ordenación. Me refiero a los procedimientos de valoración colectiva de carácter general, parcial y simplificados.

¿Qué ha supuesto para el Catastro Inmobiliario su reconocimiento como registro administrativo que reconoce no sólo la realidad física y jurídica, sino también la económica?

Es su misión original, como se refleja siempre en los Planes Estratégicos del Catastro y uno de los principales retos a los que hemos dado respuesta en estos últimos años con el Valor de Referencia, objetivo que en sí mismo resume el conocimiento completo y actualizado de la riqueza inmobiliaria.

El valor de referencia se determina a partir de los precios de compraventas comunicados por los fedatarios. Información completa y fehaciente, que es posible gestionar gracias al excelente grado de colaboración existente entre el Catastro y este colectivo. A partir del año 2022, este valor se ha convertido en la base imponible de los impuestos Patrimoniales, gestionados por las CC.AA.

LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL EXCEDE DE SU VERTIENTE FISCAL Y SE EXTIENDE A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

¿Cómo valora el papel de los notarios en su función de garantes de la seguridad jurídica preventiva?

El papel del notario es fundamental en el tráfico inmobiliario como catalizador de cualquier operación en este ámbito.

El notario se configura como un actor clave, ya que tiene que informar y preguntar si la realidad física se corresponde con la cartografía catastral, y ante una respuesta negativa, tiene la posibilidad de iniciar procedimientos para asegurar la coherencia entre la realidad física, la descripción de la misma en el título y la cartografía catastral. En este sentido, las nuevas herramientas y comunicaciones que se han establecido entre los notarios y el catastro van a permitir mejorar de forma significativa la cartografía catastral, van a facilitar al notario la transmisión de la información; van a permitir al Catastro unos tiempos de respuesta hasta ahora impensables y, en definitiva, van a permitir al ciudadano agilizar todos los trámites; le va liberar de cargas y como consecuencia, va a aumentar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario.

Por otra parte, los notarios garantizan que todas las partes actuantes en la operación entiendan y conozcan sus consecuencias y responsabilidades, en especial las tributarias. Esta cercanía del notario con los actuantes en la operación resulta fundamental y permite generar información inmobiliaria veraz y exacta desde el origen.

Así, para el Catastro la figura del notario, y la colaboración con el colectivo notarial resultan fundamentales.

Fruto de esta colaboración se producen anualmente más de millón y medio de comunicaciones de alteraciones de dominio de los bienes inmuebles, comunicaciones que suplen la obligación de declarar, por lo que se evitan cargas al ciudadano y se simplifican los trámites administrativos.

Huella Digital

Fernando Aragón no tiene presencia directa en las redes sociales pero se puede consultar su currículo en el Portal de Transparencia del Gobierno

Wikipedia dispone de una entrada sobre la historia y funciones del Catastro en esta dirección

Entrevista a María Isabel Valdés-Solís, decana del Colegio Notarial de Asturias

EN ESTE PAÍS

María Isabel Valdés-Solís,

decana del Colegio Notarial de Asturias

La decana del Colegio Notarial de Asturias, María Isabel Valdés-Solís, ha entrado a formar parte de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia como académica de número. Hablamos con ella sobre este reconocimiento, su discurso de ingreso sobre la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y, con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, le preguntamos por la presencia de las mujeres en el Notariado español.

FÁTIMA PÉREZ DORCA

Twitter: @Fatimadorca

«La Ley 8/2021 es una de las reformas más importantes de los últimos tiempos»

El 16 de enero entró a formar parte de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia como académica de número. ¿Qué supone en su carrera profesional?

Para mí es un honor y una gran satisfacción no solo como jurista, sino como notaria y como asturiana.

¿Qué puede aportar desde su profesión a la Academia?

Espero trabajar en las actividades que desarrolla y que mi contribución sea, además de jurídica y teórica, también practica y enfocada a las necesidades y realidades de los ciudadanos que día a día veo en la notaría.

«DESDE QUE COMENCÉ A EJERCER EL PORCENTAJE DE NOTARIAS HA IDO CRECIENDO SIGNIFICATIVAMENTE»

Para su ingreso eligió como tema la Ley 8/2021 desde la perspectiva notarial. ¿Por qué?

Porque esta ley es muy reciente. Entró en vigor en septiembre de 2021; y es una de las reformas más importantes de los últimos tiempos, especialmente porque afecta a la persona, a su propia esencia como sujeto de derechos y al ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con todos los demás. Es una ley para que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica con el apoyo o apoyos que sean necesarios y con respeto a su voluntad, a sus deseos y a sus preferencias.

Con la nueva regulación se elimina la incapacitación judicial y se regulariza un modelo que reconoce la capacidad de decidir de todos los ciudadanos. En su exposición explicó los retos de la profesión notarial en la aplicación de esta reforma. ¿Cuáles son?

El reto del Notariado es servir de medio de apoyo a las personas con discapacidad para ayudarlas en su comprensión y para que puedan tomar decisiones de una manera informada y conforme a su voluntad, deseos y preferencias. Ese es el eje de la reforma.

Mi exposición se centró en las medidas voluntarias de apoyo. Medidas en las que todos tenemos que ir pensando, que atañen a cómo queremos que sea nuestra vida, y a cómo queremos organizar los apoyos para cuando sean necesarios. Y para ello existen distintos medios.

«CON LA NUEVA LEY LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRÁN EJERCER SU CAPACIDAD JURÍDICA CON EL APOYO QUE SEA NECESARIO»

¿Cómo valora su aplicación tras un año y medio de su entrada en vigor?

Tratándose de una ley de esta envergadura un año y medio es poco tiempo para que se aprecien sus efectos. No obstante, ya antes de la ley se ha venido adaptando, especialmente la jurisprudencia, a la Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007, y publicada en el BOE el 21 de abril de 2008, Convención a la que se adapta la Ley 8/2021.

¿Qué lleva a una notaria a querer ser académica?

Mis inquietudes jurídicas y la apertura a otras facetas jurídicas más allá de las que ejerzo como notaria.

Y al revés: ¿por qué eligió ser notaria?

Decidí ser notaria porque es una profesión mediante la cual puedo facilitar a los ciudadanos el desarrollo satisfactorio de sus asuntos jurídicos. Además, esta profesión implica creatividad en la aplicación del derecho, que es abstracto, general y objetivo, y los notarios tenemos que adaptarlo a las necesidades de cada ciudadano concreto, en función de los fines lícitos que cada uno desee obtener.

Este número de Escritura Pública llegará a los lectores en fechas muy aproximadas al Día internacional de la Mujer, el 8 de marzo, por ello me gustaría preguntarle por la evolución que ha percibido usted en la profesión, en cuanto a la presencia de mujeres dentro del cuerpo en los últimos años.

Desde que comencé a ejercer, en el año 1983, el porcentaje de notarias ha ido creciendo significativamente hasta que en el año 2003 se logró la paridad por primera vez. La mayor diferencia a favor de la mujer se produjo en las oposiciones de 2019: con 55 mujeres frente a 36 hombres. Y desde entonces el número de mujeres y hombres que aprueban es muy similar. Por ejemplo, en la promoción del 2022 han sido 44 hombres y 46 mujeres los que han aprobado.

Atención profesional a la dependencia

EN ESTE PAÍS

La esperanza de vida en la UE en 2021 fue de 80 años, frente a los 83 de España.

Atención profesional a la dependencia

El sector de la asistencia a la dependencia es uno de los que muestran una mayor demanda de empleo, con la previsión de que se sostenga en los próximos años, cifrando en unos 300.000 los cuidadores necesarios a corto plazo.

CARLOS CAPA

Twitter: @capa_carlos
Mail: [email protected]

«LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES ES FUNDAMENTAL PARA PODER OFRECER LA CALIDAD QUE NECESITAN LAS PERSONAS DEPENDIENTES»

La realidad es que cada vez vivimos más y tenemos menos hijos, y en estas dos variables España se encuentra en los primeros puestos mundiales.

Según las estadísticas europeas, en 2021 la esperanza de vida en la UE fue 80,1 años por los 83,3 años de España. En lo que se refiere a la natalidad la media de la Unión fue en 2020 de 9,1 mientras que en España apenas se llegó al 7,1.

Así, en 2020 los españoles mayores de 65 años eran 9,4 millones, cifra que las proyecciones estadísticas hacen llegar hasta los 16 millones cuando se alcance la mitad del siglo. La consecuencia inevitable es que un mayor número de ancianos hace crecer proporcionalmente el número de personas en situación de dependencia, y por lo tanto se requiere una mayor cantidad de cuidadores profesionales. En diciembre de 2021 había ya en España un total de 1.415.578 personas reconocidas oficialmente como dependientes.

Variedad de perfiles

Lamentablemente la inversión pública en esta materia deja mucho que desear, lo que obliga a un mayor esfuerzo familiar. Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el incremento del gasto de Comunidades Autónomas y Entidades Locales en servicios sociales en 2020 no ha repercutido en una mayor oferta de servicios y casi 2 de cada 3 personas (62,2% de la población) vive en comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes.

LA DEPENDENCIA TIENE MULTITUD DE FACETAS E INTENSIDADES, LO QUE SE REFLEJA EN UNA ENORME VARIEDAD DE PERFILES PROFESIONALES PARA SU ATENCIÓN

La dependencia tiene multitud de facetas e intensidades, lo que se refleja en una enorme variedad de perfiles profesionales para su atención. Hablar de dependencia es hablar de un abanico muy amplio de situaciones y necesidades que hacen necesarias intervenciones muy diferentes, desde la teleasistencia a la ayuda a domicilio, centros de día o atención residencial permanente. Desde médicos, enfermeras, gerocultores, psicólogos, trabajadores sociales o fisioterapeutas, hasta empleos menos cualificados- pero igualmente imprescindibles- abarcan el abanico de la demanda de empleo en el sector.

Para acceder a estos empleos es necesaria una cualificación profesional que va desde el Grado (antigua licenciatura) hasta las titulaciones técnicas impartidas en la Formación Profesional en sus diferentes niveles, como el de técnico en Atención Sociosanitaria, Auxiliar de Enfermería o Atención a Personas en Situación de Dependencia, así como los certificados de profesionalidad en atención sociosanitaria.

En cualquier caso, los especialistas demandados en el área de la dependencia son muy numerosos, y su función y remuneración dependen de cada caso. Para la asistencia domiciliaria es clave la figura del cuidador que se ocupa de atender a perfiles diversos que van desde las personas necesitadas de una asistencia esporádica o limitada a varias horas diarias para colaborar en tareas cotidianas relacionadas con elementos como la movilidad, el aseo personal o la medicación, a aquellos que han pasado por algún tipo de ingreso hospitalario y necesitan apoyo en su recuperación. Sin olvidar a quienes necesitan ayuda continuada del cuidador por padecer algún tipo de enfermedad crónica, degenerativa o incapacitante, -como puede ser el Alzheimer o la ELA- y que pueden conllevar la necesidad de que el cuidador conviva con la persona dependiente.

Salud mental

No olvidemos por otra parte, como nos recordaban las campañas de la semana de la salud mental, que ésta es una parte consustancial a una vida plena y feliz, y que bien la edad, bien la dependencia sobrevenida por otros factores, son un elemento que influye de forma determinante en ella.

EN DICIEMBRE DE 2021 HABÍA YA EN ESPAÑA UN TOTAL DE 1.415.578 PERSONAS RECONOCIDAS OFICIALMENTE COMO DEPENDIENTES

Por ello profesiones como la de psicólogo o terapeuta ocupacional tienen un perfil resaltado en la atención a la dependencia que demanda la sociedad y el mercado. La labor del psicólogo, centrada en elementos como la soledad, el sentimiento de utilidad personal o la falta de círculo social que alivie la presión emocional provocada por la vejez o por enfermedades inmovilizantes – todo ello agravado por la por la pandemia- deviene en imprescindible, como lo es también la figura del logopeda que ayude a tratar patologías como la disfagia (dificultades para la deglución que pueden afectar al habla).

El Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 publicó en septiembre de 2022 un informe ejecutivo de Evaluación del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (SAAD) que concluye que “la cartera de servicios actual no es suficiente para atender a la demanda y necesidades reales de las personas en situación de dependencia. Es necesario introducir nuevos servicios y prestaciones y fomentar fórmulas más flexibles para la provisión de apoyos diversos en la comunidad”.

PROFESIONES COMO LA DE PSICÓLOGO O TERAPEUTA OCUPACIONAL TIENEN UN PERFIL RESALTADO EN LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Según el Ministerio de Asuntos Sociales, el 80% de las personas con dependencia que residen en hogares particulares deben complementar los servicios y prestaciones del SAAD con cuidados informales o servicios contratados de forma particular.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en su estudio sobre Dependencia (2019) indica que “la formación de los profesionales para las nuevas necesidades y modelos de atención es fundamental para poder ofrecer la calidad que necesitan nuestros mayores. En este sentido se entiende necesario que las Administraciones adapten el pago de la prestación al servicio ofrecido, dado que en este momento quien sostiene el coste del servicio son los trabajadores, las empresas y los usuarios privados”.

Por su parte el Consejo Económico y Social (CES), organismo público que agrupa a organizaciones sindicales empresariales, de consumidores o gremiales, en su estudio sobre el empleo en el sector, indica que las actividades de atención a la dependencia habrían dado lugar a la creación neta de algo más de 80.000 empleos entre 2009 y 2018.

Se necesita formación

Qué España sea uno de los escasos países que ofrecen una sólida seguridad jurídica en el tratamiento de la dependencia, regulada por el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, también se traslada a la existencia de un sistema formativo que, cada vez más, ofrece la posibilidad de obtener titulaciones específicas, desde la universitaria a la profesional, para cubrir esta demanda actual y desde luego futura de puestos de trabajo, para cuyo desempeño los expertos relacionan estas aptitudes: interés en actividades del ámbito sociosanitario, capacidad comunicativa, concentración y observación, alto control emocional y sensibilidad para atender a personas con la salud delicada y comprensión, atención, amabilidad y empatía hacia los demás.

La importancia de la fisioterapia

Entre las necesidades del mercado de trabajo, la de los profesionales de la fisioterapia ocupa un lugar destacado. Las limitaciones organizativas y de personal de los servicios sanitarios públicos, o los propios impedimentos de movilidad de los dependientes hacen necesaria la existencia de fisioterapeutas que acudan a los domicilios de los dependientes para mejorar su calidad de vida mediante la práctica de ejercicios de movilidad, coordinación y equilibrio.

Muchos de nuestros mayores sufren dolencias crónicas como el reuma, la artritis, la osteoporosis o la incontinencia, que pueden ser aliviadas con la intervención de un especialista

PARA SABER MÁS

Estudio del Ministerio de Asuntos Sociales sobre la dependencia en España

Web del Ministerio de Educación y Formación Profesional con el catálogo de formación para la asistencia a la dependencia

Informe de la CEOE sobre la dependencia

Apoyos para decidir libremente

Las personas con discapacidad también tienen derecho al ejercicio de su capacidad jurídica. La Ley 8/2021 eliminó la incapacitación judicial, regularizando un modelo que reconoce la capacidad de decidir de todos los ciudadanos contando con un sistema de apoyos.

“Esta ley es un hito histórico porque supone que las personas con discapacidad puedan actuar en el marco de su autonomía y auto realizarse, y este progreso lo que hace es reestablecer nuestra fe en la humanidad” afirmó el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz.

Con la ayuda y asesoramiento de los notarios, las personas con una discapacidad pueden designar quién o quiénes han de prestarles apoyo y con qué alcance. También se establecen las salvaguardas necesarias para garantizar que en cualquier momento y circunstancia se respete su libertad.

Junto a los notarios, otros muchos profesionales pueden ayudar a las personas con discapacidad en este camino.

«El cuidado como factor de civilización», por Luis Cayo Pérez

EN ESTE PAÍS

LUIS CAYO PÉREZ BUENO,

presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi)

Twitter: @luiscayoperez
Web: www.cermi.es

“Lo primordial es la autonomía personal, la posibilidad de ser y hacer la mayor cantidad posible de cosas por uno mismo"

El cuidado como factor de civilización

Afirma la paleontología que el inicio de la civilización humana (si es que existe tal cosa) puede datarse en aquel momento preciso en que alguien lesionado fue atendido y curado por sus más cercanos, evitando así que la naturaleza inexorable, abandonado a su propia suerte, hubiera terminado con su vida. El socorro de alguna manera mutualizado, la asunción y puesta en práctica de la responsabilidad espontánea del grupo humano respecto de uno de sus individuos amenazado, parece estar en el origen de esa aspiración siempre procrastinada del logro efectivo de una civilización humana digna de tal nombre.

Los cuidados estaban al principio y están ahora, sea cual sea la fase en que el proyecto civilizatorio se halle. Y es deseable que así sea, en una época como la nuestra en que elementos como la prolongación generalizada de la esperanza de vida o el surgimiento sobrevenido de discapacidades en número no menor afloran fragilidades extendidas, ante las que la propia persona y su núcleo más próximo no se bastan, y que precisan pues de la atención y de la respuesta organizada de la comunidad.

La provisión de apoyos y cuidados a la población más frágil deviene así una de las cuestiones palpitantes de la vida actual, sobre la que los poderes públicos, la sociedad civil, el mercado y la propia ciudadanía, todos los operadores sociales y económicos, en fin, han de tomar conciencia, pensar, discernir, comprometer y materializar. Qué hagamos (o dejemos de hacer) en lo que atañe a los cuidados, es hoy el mejor indicio del estado (decente o calamitoso) de nuestra civilización.

Sentado lo anterior, a guisa siquiera de presupuesto de partida harto provisional, ¿cómo debería ser en nuestras sociedades contemporáneas un sistema de cuidados? Desde luego no está todo dicho y menos hecho, pero se pueden esbozar algunos rasgos de lo que sería tal entramado. Así lo hemos intentado desde la discapacidad organizada que encarna el CERMI, contribuyendo con nuestras propuestas y sugerencias (de parte sí, pero en extremo interesada) al diseño de un sistema de apoyos y cuidados a la altura de la demanda ahora tan palmariamente desatendida.

En primer término, la mutualización de los cuidados que necesitamos, valga la expresión, ha de concebirse y desplegarse como responsabilidad pública. El asunto es de tal relevancia, ha adquirido tal magnitud y alcance, que solo la comunidad política estructurada (el Estado) puede promoverla y sostenerla, mediante una (casi) nueva arquitectura robusta de protección social. El carácter incuestionablemente público -en cuanto a la regulación y la garantía, al menos- del sistema no obsta, empero, a que otras instancias, privadas, cívicas y económicas, puedan y deban ser cooperadores necesarios de su buen funcionamiento y resultados.

La protección social de los apoyos y los cuidados, además, ha de configurarse como derecho sí, como derecho subjetivo de lo más perfecto; un derecho de las personas y las familias que lleva consigo indefectiblemente el deber inexcusable de los poderes públicos de proveerlo y garantizarlo, en grado suficiente y en tiempo ágil. Son inaceptables las medias tintas, que todo lo emborronan, de que los derechos sociales, como ocurre en nuestra España actual, se ofrecen siempre capitidisminuidos, precarios, limitados y discontinuos, a tal punto que queda disuelto el pretendido derecho si es que alguna vez lo hubo.

Pero incluso lo mejor y más deseable no se puede imponer. Es habitual que, respecto de lo social, en cuanto generosamente se ayuda y asiste, la opinión de la persona en situación de necesidad apenas cuente. La bondad del propósito anula la voluntad de quien recolecta sus efectos. Esto ya no es de recibo. Los deseos, las preferencias, las opiniones de la persona, su autonomía intangible, pese a precisar apoyos externos, han de prevalecer en cualquier trance. El sistema de cuidados ha de obedecer a este designio, a saber, colaborar eficazmente con la persona a realizar su querido y deliberado plan de vida.

Del mismo modo, no todo cuidado sirve. Se debe y se puede hacer acepción de los mismos. Y las personas con discapacidad queremos y exigimos un determinado tipo de apoyos, aquellos que, respetando nuestras preferencias, a la par sean inclusivos, es decir, que nos mantengan en nuestro medio de pertenencia, insertados enteramente en la vida en comunidad, en la corriente general, sin forzarnos a soportar dispositivos separados y segregados, pensados en exclusiva para quienes necesitan cuidados, que consienten y hasta justifican tratos desiguales y mucho menos exigentes.

Siendo los apoyos y los cuidados una aspiración legítima de los individuos y de las familias, y hasta un derecho que la comunidad política ha de satisfacer, lo primordial es la autonomía personal, la posibilidad de ser y hacer la mayor cantidad posible de cosas por uno mismo, proveyendo a nuestro propio cuidado y bienestar y aportando leal y cooperativamente al de los demás. Hemos de autorresponsabilizarnos de nuestro mejor decurso existencial y corresponsabilizarnos del de quienes nos rodean. El autocuidado resulta crucial, tanto como la generación previa y preventiva de entornos vitales amistosos (al tiempo accesibles e inclusivos) que permitan maximizar y prolongar las mayores cotas de autonomía personal. Aquí las tecnologías también vienen en nuestro auxilio, siempre que sean asequibles, en la medida en que potencian las habilidades y minimizan las necesidades.

Si la civilización, al decir de algunos, comenzó por los cuidados, su resultado más feliz es que nos termine deparando en una civilización de los cuidados. Hagámoslo posible.

Entrevista a Magdalena Valerio, presidenta del Consejo de Estado

EN ESTE PAÍS

Magdalena Valerio,

presidenta del Consejo de Estado

CARLOS CAPA

Twitter: @capa_carlos
Mail: [email protected]

«El Consejo de Estado es para los juristas el templo del Derecho»

Magdalena Valerio Cordero (Torremocha, Cáceres, 1959) tomó posesión como presidenta del Consejo de Estado el pasado noviembre, cuestión que señala como “un gran privilegio”. Licenciada en Derecho y funcionaria de la Seguridad Social, siempre ha estado vinculada al mundo de las relaciones laborales. Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de 2018 a 2020, ha sido diputada por Guadalajara en dos ocasiones y presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo.

Acaba de llegar a la presidencia del principal órgano consultivo del Estado. ¿Se esperaba este giro en su carrera política? ¿Qué ha supuesto para usted?

No me había imaginado este cambio, esta nueva etapa. Yo estaba trabajando en el Congreso como diputada por Guadalajara y en concreto como presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, dónde conseguimos alcanzar un gran acuerdo sobre las pensiones. Desde luego mi perspectiva era acabar la legislatura en el Congreso. En todo caso para mí es un gran privilegio ser presidenta del Consejo de Estado: una institución con un tremendo prestigio; con esa “auctoritas” que define el Derecho Romano. Creo que el Consejo de Estado es para los juristas el templo del Derecho.

¿Ha cambiado la visión que tenía del Consejo de Estado al conocerlo desde dentro?

Siempre he apreciado mucho los dictámenes del Consejo de Estado, pero ciertamente no conocía el detalle del proceso mediante el que se elaboran. El tiempo que llevo al frente de la institución me ha hecho ver el formidable trabajo que se hace. Terminaremos 2022 con cerca de 2.000 consultas. Es un trabajo ingente de una altísima calidad. Por encima del 97% de las recomendaciones del Consejo de Estado son admitidas por el órgano consultante.

El Consejo de Estado ha realizado en los últimos años un impresionante esfuerzo de transparencia y cercanía, desconocido en sus 500 años de historia. ¿Continuará en esa dirección?

Desde luego vamos a continuar en la línea de acercarnos a la sociedad y a los medios de comunicación, sin perder de vista que esta es una institución para la reflexión, y esto requiere sosiego. No debemos sentirnos presionados, para trabajar desde la independencia. Entre la opacidad y estar todo el día en los medios hay un espacio para ser transparentes sin tener que estar más preocupados por el cómo se dice antes de por qué se dice.

Cada vez más voces y de más diversa procedencia reclaman que sea necesario el informe preceptivo del Consejo de Estado para todas las leyes, incluidas las que se tramiten como Proposición de Ley. ¿Cuál es su opinión?

Primero, querría recordar que a pesar de que, efectivamente, no todas las leyes y normas son preceptivas de ser consultadas al Consejo de Estado, la cantidad de textos legales que siendo solo potestativos llegan al Consejo es muy alta. Es decir, en numerosas ocasiones, incluso sin ser obligatorio consultarnos, el Gobierno y otras instituciones lo hacen.

¿Qué quiero decir con esto? Que, al hilo de su pregunta, si alguien piensa, o pretende crear la imagen, de que el Consejo de Estado no es suficientemente consultado por el Gobierno de turno y demás instituciones que permite nuestro reglamento, está muy equivocado.

Dicho esto, tampoco me parece justo inferir que las leyes, como las Proposiciones de Ley, que se tramitan directamente en el Congreso, no tienen todas las garantías jurídicas. El cuerpo de letrados de las Cámaras y antes que ellos los asesores jurídicos de los ministerios y de los grupos parlamentarios aseguran también una calidad legislativa propia de un Estado de Derecho avanzado como es el nuestro.

¿Sería más eficiente que el Consejo de Estado asumiera todas las funciones consultivas o funciona bien el actual sistema en el que algunas comunidades autónomas disponen de sus propios órganos de consulta?

La descentralización del Estado a través de las comunidades autónomas se realiza bajo la premisa de que aproximar la Administración a la ciudadanía la hace más útil, porque es mejor conocedora de las necesidades y retos que aborda cada territorio. Y funciona. La misma idea se desprende de los consejos consultivos. Son ellos los que mejor pueden dictaminar sobre asuntos que se circunscriben al gobierno autonómico al que asesoran y a la ciudadanía que habita en el territorio donde actúan. Y debe tenerse en cuenta que desde el Consejo de Estado mantenemos una constante y fluida comunicación y colaboración con el resto de consejos consultivos, de manera que compartimos experiencias, doctrina, etcétera. Esta colaboración se intensificó durante el mandato de mi predecesora, María Teresa Fernández de la Vega, y es una de las líneas que pretendo mantener y poner en valor como una de las colaboraciones interinstitucionales tan necesarias que antes le comentaba.

Ha dedicado gran parte de su trayectoria política al Derecho del Trabajo y las relaciones laborales, hoy sacudidas por la realidad cambiante de la economía y la digitalización. ¿Cómo será el mundo del trabajo en los próximos años?

Hace tiempo que sabemos que el mundo laboral de aquí a diez o veinte años será probablemente bastante distinto del que conocemos hoy en día, por no hablar respecto del que teníamos hace solo dos o tres décadas. En todos los organismos internacionales, desde el G20 hasta la OIT pasando por la UE, cuando se han mantenido reuniones respecto al mundo laboral, el tema fundamental ha sido el futuro del trabajo. A mí me gusta decir que ese futuro es ya, de hecho, el presente. El mundo laboral está siendo impactado de una forma importantísima por tres fenómenos: la digitalización, la robótica y la IA; el cambio climático y la transición ecológica y energética; y los desequilibrios demográficos. Esto implica que haya puestos de trabajo que están desapareciendo, pero al mismo tiempo se abren muchísimas oportunidades laborales. Yo me adscribo a la tesis de que son más los tipos de trabajo que están apareciendo que los que están desapareciendo.

¿Están aseguradas las pensiones?

Las pensiones en España por supuesto que están aseguradas, porque el garante de las pensiones es el Estado. En primera instancia, la Seguridad Social, pero también el Estado. Tenemos un sistema básicamente contributivo en el que las prestaciones se mantienen con las cotizaciones. Pero las propias recomendaciones del Pacto de Toledo, concretamente la recomendación 20, que es nueva, habla del impacto de la digitalización, de la robótica y cómo puede llegar un momento en el que baje la masa salarial y, por tanto, las cotizaciones. Y se deja la puerta abierta para que esas cotizaciones se tengan que complementar con otras vías de financiación. Además, se han adoptado otras medidas. Siguiendo la recomendación número uno del Pacto de Toledo, y regulado ya en la Ley de 28 de diciembre de 2021 de Reforma del Sistema de Pensiones, los gastos impropios que durante muchas décadas ha estado pagando la Seguridad Social con cotizaciones, en el año 2023 se deben dejar de pagar totalmente.

Usted también se ha caracterizado por su constante y firme lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cuándo cree que llegará esa deseada real y efectiva igualdad?

Aquí la realidad y el deseo se confunden con mucha facilidad. El deseo es que esta igualdad real y efectiva, que jurídicamente hace tiempo existe, llegará pronto. Porque hemos avanzado mucho en los últimos años y porque no venimos de la nada: tenemos toda una genealogía de luchadoras por los derechos de la mujer que haríamos bien en reivindicar; si no, parece que cada generación empiece de cero, y no es cierto. Pero la realidad, ciertamente, es que a pesar de los avances extraordinarios todavía sigue habiendo desigualdades que no podemos seguir tolerando por más tiempo.

No hablo solo de esos ‘techos de cristal’, que más bien son de cemento armado, que impiden acceder a las mujeres a los máximos puestos de multitud de sectores, entre ellos el jurídico –un apunte: María Luisa Segoviano fue la primera mujer que presidió una Sala del Tribunal Supremo… ¡en 2020!-. Hablo también de situaciones totalmente inaceptables como que las mujeres cobren menos salario por el mismo trabajo que realiza un hombre. Desigualdad que luego incide directamente en que estas mujeres tengan una pensión más baja que la de sus compañeros. O la conciliación, que todavía parece que no sea algo que interpela a toda la sociedad sino solo a las mujeres. De hecho, yo prefiero hablar de corresponsabilidad. Será imposible conseguir un equilibrio entre hombres y mujeres hasta que no haya una corresponsabilidad entre ambos en todos los niveles, especialmente en lo que respecta a los cuidados.

La seguridad jurídica es sin duda la base de una democracia consolidada, una materia unida intrínsecamente a la función notarial. ¿Qué valor tiene, en su opinión, para el Estado y sus órganos?

Como le comentaba, la seguridad jurídica es vital para mantener y asegurar nuestro Estado de Derecho a través de los actos jurídicos que abordamos los ciudadanos, pero también, por supuesto, para los órganos que conformamos el entramado institucional del Estado. Sin seguridad jurídica en los ámbitos políticos, empresariales, también en el ámbito privado de los ciudadanos, tendríamos un Estado fallido. No es posible garantizar derechos sin seguridad jurídica.

«Los notarios son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica»

El Notariado es un cuerpo que ha ejercido siempre una inalterable vocación de servicio de colaboración al Estado. ¿Cómo valora su trabajo?

El Notariado forma parte esencial en la vida de las personas desde que nacemos hasta que morimos, en multitud de actos jurídicos que tenemos que abordar a lo largo de nuestra existencia. En este sentido, los notarios son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica de todas estas situaciones por las que pasamos prácticamente todos.

Además, el Notariado ha demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, tanto desde el punto de vista de cambios jurídicos que han afectado a sus funciones como a las innovaciones tecnológicas que también han modificado su trabajo diario. Por ejemplo, a través de la Cátedra sobre seguridad jurídica en la Sociedad Digital que impulsa la Fundación Notariado junto con ICADE. Este estar constantemente adaptándose a las nuevas realidades por parte del Notariado es importantísimo para el resto de la sociedad, porque es la única manera de proporcionar seguridad jurídica en una sociedad cada vez más tecnológica, cada vez con más derechos digitales.

Huella digital

La presidenta del Consejo de Estado tiene un perfil público en Twitter con más de 21.000 seguidores @mvalerio_gu

La biografía de Magdalena Valerio puede consultarse en la Web del Consejo de Estado.
También Wikipedia tiene una completa entrada de Magdalena Valerio.

«Terminaremos 2022 con cerca de 2.000 consultas. Es un trabajo ingente de una altísima calidad»

«Las pensiones en España por supuesto que están aseguradas, porque el garante de las pensiones es el Estado»

«La seguridad jurídica es vital para mantener y asegurar nuestro Estado de Derecho»

«Yo me adscribo a la tesis de que son más los tipos de trabajo que están apareciendo que los que están desapareciendo»

92.000 oportunidades de empleo

EN ESTE PAÍS

92.000 OPORTUNIDADES DE EMPLEO

La falta de profesionales cualificados con titulación de FP que den respuesta a las demandas del mercado se vislumbra como un problema persistente. Esa es la principal conclusión del Informe sobre la Formación Profesional (FP) elaborado anualmente por CaixaBank Dualiza con la colaboración de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad.

Una de cada cuatro empleos que se generarán hasta 2030 serán para Formación Profesional

CARLOS CAPA

Twitter: @capa_carlos
Mail: [email protected]

«EL DÉFICIT DE PROFESIONALES CUALIFICADOS SE ATENUARÁ CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL»

El estudio, que este año lleva por título Una nueva Ley de FP para unos nuevos tiempos, cifra en 92.500 las oportunidades de empleo para FP que quedarán no cubiertas hasta el año 2030, teniendo en cuenta el empleo que se generará, así como las personas que se titulan.

Ese déficit viene atenuado por la entrada en vigor de la nueva Ley de FP, que tendrá un impacto directo en la generación de empleo, por dos motivos. El primero, el aumento de recursos en el sistema se traducirá en un incremento de plazas ofertadas, lo que, de modo directo, afectará a un mayor número de personas tituladas en FP incorporándose al mercado laboral. El segundo, que facilitará una mayor adecuación de esos titulados a las necesidades del tejido productivo, lo que aumentará la empleabilidad de los técnicos de FP, facilitando el cambio en la percepción social, así como de los propios empleadores.

Sin embargo, ese impacto provocado por la nueva normativa no comenzará a sentirse hasta el año 2026, cuando accederán al mercado los primeros titulados promovidos por el nuevo marco regulatorio.

LA FP HA RESPONDIDO SIEMPRE CON MAYOR VELOCIDAD QUE OTRAS OPCIONES FORMATIVAS A LOS CAMBIOS SOCIALES

Oportunidades

Por primera vez, el estudio ha cuantificado las oportunidades de empleo que se generarán en España hasta el año 2030 para titulados de Formación Profesional, y que se estima en más de dos millones (2.131.325).

En concreto, más de un millón (1.219.136) corresponden a quienes cursen una FP de Grado Superior y algo menos (912.189) a aquellos que estén cursando un Grado Medio.

Según esos cálculos, una de cada cuatro nuevas oportunidades del total de 8.654.362 que se generarán en toda la economía hasta 2030 sería para FP.

Los sectores donde más empleo se generará serán el comercio, la educación, la hostelería, la construcción y la industria, y ese desarrollo tendrá una traslación directa al empleo en Formación Profesional.

De ese modo, el comercio será el ámbito donde más profesionales de FP se requieran: 242.380 oportunidades en Grado Superior y 203.868 en Grado Medio; seguido de la industria manufacturera (153.332 para Grado Superior y 103.560 para Grado Medio), y de las actividades sanitarias (101.517 para Grado Superior y 112.805 para Grado Medio).

Según se recoge en el estudio, falta por ver si la Formación Profesional contará con las herramientas suficientes para poder dotar de profesionales a las demandas que se generarán en cada uno de esos sectores. Lo cierto es que, hasta ahora, la FP ha respondido siempre con mayor velocidad que otras opciones formativas a los cambios sociales.

De este modo, el informe de CaixaBank Dualiza refleja cómo los sectores donde más ha aumentado la presencia de personas ocupadas con estudios de FP durante los últimos cinco años, han sido energía eléctrica, gas y vapor (+4,6%), comercio (+3,4%), actividades recreativas (+3%), e industria manufacturera (+2,9%).

El estudio también ha analizado cuáles son las familias profesionales en las que un mayor porcentaje de alumnos se titulan, así como, una vez se han titulado, cuáles son los profesionales que más pueden desarrollarse en los campos donde se han formado.

Sectores prometedores

En el primer aspecto, aparecen Sanidad, Administración y Gestión, y Servicios Socioculturales a la comunidad, que alcanzan un 44% de titulados totales. En el segundo, Sanidad sería la que en mayor medida provee titulados a su propia actividad. Un 65% de quienes se titulan en esta familia pueden emplearse en la misma.

Otras actividades como la Fabricación Mecánica (58,5%) u Hostelería (46,6%) también presentan un alto grado de especialización mientras que otras familias profesionales, como Administración y Gestión, o Electrónica y Electricidad ofrecen un carácter más transversal.

EL 36,3% DE LAS PERSONAS CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OCUPARON PUESTOS DE TRABAJO QUE CORRESPONDERÍAN A TITULADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Según observa el estudio, en sectores como la hostelería, una amplia parte del personal del que se nutre proviene de familias profesionales que no tienen nada que ver con el desempeño real, como imagen y sonido, imagen personal, actividades deportivas o administración y gestión, señalando que parte de ese efecto proviene del desajuste vertical que se produce cuando algunas personas se ocupan en puestos de trabajo para los que están sobrecualificadas o infracualificadas.

La nueva ley: elemento clave

La observación del comportamiento de los indicadores de FP durante 2022 confirma las tendencias que afianzan el crecimiento y mayor protagonismo de esta formación dentro del sistema educativo español, en el que se ha superado el millón de alumnos matriculados.

En primer lugar, el sistema educativo debe afrontar desafíos específicos como la disminución de la tasa de abandono escolar (el doble que la del conjunto de países de la OCDE); el aumento del nivel educativo de la población menos cualificada; el ajuste entre la oferta de personas cualificadas y la demanda de los sectores productivos, y el impulso de la formación a lo largo de la vida de todas las personas activas en el mercado laboral.

Asimismo, debe dar respuesta a retos más globales como la revolución digital; la transición hacia una economía más sostenible, o el reto demográfico como consecuencia del envejecimiento de la población.

Los expertos consideran que la FP puede contribuir a todos estos desafíos de una manera decisiva, ayudando a adaptar los perfiles profesionales a las necesidades reales de las empresas en los próximos años.

En este contexto, la nueva Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, aprobada en marzo de este año, constituye un elemento clave para reforzar el papel de la FP en el sistema educativo y formativo español. Una ley que aspira a cambiar el modelo de desarrollo de nuestra Formación Profesional cumpliendo una de las grandes aspiraciones del sistema: aunar en un solo sistema la formación inicial y la formación para el empleo.

PARA SABER MÁS

Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

El Observatorio de la Formación Profesional ha publicado una extensa guía sobre la nueva Ley de Formación Profesional

Intrusismo laboral

En 2021, el 36,3% de las personas con estudios universitarios ocuparon puestos de trabajo que corresponderían a titulados de FP, principalmente de Grado Superior, mientras que el 67,4% de las personas con FP de Grado Superior se emplearon en puestos que podrían ser desempeñados por profesionales de Grado Medio.

Ese desajuste tiene un impacto negativo en el conjunto del sistema educativo, en términos de inversión en educación no rentabilizada. Pero a la vez esa sobrecualificación provoca costes personales, por un aumento de la frustración de quienes consideran que se han formado para posiciones superiores, y costes empresariales, por un mayor índice de rotación.

«Universidad, sociedad y progreso», por Eva Alcón

EN ESTE PAÍS

EVA ALCÓN,

rectora de la Universitat Jaume I de Castelló

Twitter:@EvaAlconUJI

“En CRUE Universidades Españolas nos preocupa la disminución del peso de la demanda de estudios de ingeniería y ciencias"

Universidad, sociedad y progreso

El objetivo primordial de las universidades es el de formar profesionales cualificados, con conciencia crítica, capaces de cuestionar las condiciones de la sociedad actual y de responsabilizarse respecto de las diversas problemáticas sociales, ambientales, económicas, políticas y culturales de la modernidad. En definitiva, formar ciudadanos y ciudadanas capaces de desarrollarse profesionalmente y de implicarse en la construcción de sociedades más justas e igualitarias.

Son numerosos los análisis e informes que confirman que las sociedades más avanzadas son aquellas que destinan más recursos a la educación superior y a la investigación. Tampoco cabe duda que los estudios universitarios son un claro vector de promoción social porque aumentan la probabilidad de acceder a empleos más estables, de mayor calidad y con mejores retribuciones.

Por ello, para la formación del estudiantado, la universidad asume de manera muy activa la actualización de los conocimientos y su adaptación a las necesidades sociales y de los sectores productivos. Una adaptación que no siempre tiene la flexibilidad que nos gustaría, pero más frecuente de lo que muchas veces se atribuye a la Universidad y que se traduce en aspectos como la actualización de la oferta académica, la renovación de planes de estudio, el impulso a la innovación educativa y el desarrollo de competencias transversales entre nuestro estudiantado que ofrecen, a su vez, un valor añadido a la formación reglada universitaria.

Pese a estos esfuerzos, somos conscientes de que todavía hay ámbitos de mejora. Por ejemplo, como así queda recogido en el informe La contribución socioeconómica del sistema universitario español, en CRUE Universidades Españolas nos preocupa la disminución del peso de la demanda de estudios de ingeniería y ciencias que representan en nuestro país tan solo el 18,4% y 5,9%, respectivamente, frente a la media del 21,2% y del 8,1% de la UE-28. Ante esta situación, insistimos en la necesidad de despertar vocaciones en estos ámbitos desde las primeras etapas de la escolarización, porque estas áreas serán, en un futuro inmediato, las de mayor crecimiento, calidad y estabilidad en el empleo.

En todo caso, nuestro compromiso con la excelencia del sistema universitario es global. En este sentido, a finales de 2020, CRUE Universidades Españolas presentó la estrategia Universidad 2030. Qué sociedad queremos dentro de una década, un documento consensuado que recoge una batería de propuestas –en materia de docencia, investigación, transferencia, sostenibilidad, transformación digital, internacionalización, igualdad, personas y financiación– para que el Sistema Universitario Español impulse el cambio de rumbo de España hacia la Economía del Conocimiento en 2030, con la Universidad como motor de ese cambio.

En este documento proponemos, entre otras cuestiones, que se pase de un sistema de verificación y acreditación de titulaciones a otro de acreditación de centros, basado en la autonomía y la confianza en las universidades, con la obligada rendición de cuentas, tan asumida ya en la cultura de gobernanza universitaria. Consideramos que es imprescindible flexibilizar las etapas iniciales de los títulos para que el estudiantado pueda seguir itinerarios académicos abiertos en dos o más titulaciones de grado de la misma rama o de diferentes ramas de conocimiento.

Necesitamos, además, impulsar la formación dual de grado y máster –combinando ejercicio profesional y formación académica–, la formación a lo largo de la vida y el desarrollo de titulaciones conjuntas de carácter internacional, tal y como demanda una economía globalizada. Con ello, desde las universidades mejoraremos la empleabilidad del estudiantado, formando profesionales más solventes y versátiles, dotados de los conocimientos propios de la profesión, las competencias digitales y transversales del actual entorno tecnológico, y las habilidades necesarias para la cooperación en un mundo sin fronteras.

La transferencia del conocimiento a la sociedad que se realiza desde la universidad tiene su pilar fundamental en la formación de nuevas promociones de ciudadanos y ciudadanas profesionales y genera un impacto en el progreso de nuestras sociedades cuyo beneficio es difícil de cuantificar. Por ello, la relación de las universidades con el tejido productivo tiene siempre como motivación fundamental, primero, el desarrollo personal y profesional de su estudiantado, después, el de sus titulados y tituladas, y, finalmente, el de la sociedad de su territorio de influencia en su conjunto.

La gran cantidad de empresas nacidas y ‘criadas’ en nuestros viveros empresariales, de iniciativas de colaboración en nuestros parques científicos y tecnológicos, de proyectos de cátedras y de aulas generados con el sector empresarial, son una muestra irrefutable del buen resultado que da este modelo de relación entre empresa y universidad, más aún con un tejido productivo como el español, con una capacidad limitada –por el tamaño de sus empresas- de inversión en I+D+i, aunque también en este ámbito se están produciendo avances.

Como pueden comprobar, lejos del inmovilismo que a veces se nos atribuye como institución, la Universidad es un espacio en constante cambio que contribuye a la trasformación de la sociedad para responder a los grandes retos del presente y del futuro. Somos plenamente conscientes de todo nuestro potencial como sistema universitario para responder a los desafíos de un contexto marcado por la globalización, el ‘big data’, la transición verde y las transformaciones rápidas y profundas en todos los ámbitos. Un escenario muy exigente al que las universidades debemos responder con responsabilidad institucional y desde un compromiso firme con la defensa de los valores de convivencia de los que nos hemos dotado como sociedad democrática.

El dato: un bien público

EN ESTE PAÍS

EL DATO: UN BIEN
PÚBLICO

El Ministerio de Justicia ha impulsado el Manifiesto del dato, un documento elaborado en cogobernanza con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, que recoge aspectos estratégicos, técnicos y éticos para el uso de los datos en el servicio público de Justicia.

CARLOS CAPA

Twitter: @capa_carlos
Mail: [email protected]

Implicaciones éticas

En cuanto a las implicaciones éticas de este proyecto, se contará con equipos o procesos que garanticen la protección de datos, la privacidad y la confidencialidad cuando estén afectados por algún derecho de terceros (anonimización, pseudonimización, privacidad diferencial, generalización, aleatorización). Los responsables públicos encargados de la gestión de este sistema se comprometen a proteger las condiciones de acceso; la existencia de derechos de terceros; y la protección del secreto comercial y estadístico.

Este documento fue ratificado unánimemente en la Conferencia Sectorial de Justicia que, celebrada el 23 de junio en Toledo, y que reúne a los consejeros de esta materia de las comunidades autónomas con la Administración del Estado.

El documento, que también ha recibido el aval del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), es un instrumento que busca mejorar la eficiencia de la Justicia mediante el tratamiento de datos y diseñar las políticas públicas en este ámbito.

La propia ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado la importancia de los datos en el nuevo modelo de transformación digital que aborda la Administración de Justicia y en la que es fundamental para dar el servicio que la ciudadanía se merece en el siglo XX.

La producción de datos y la gestión del servicio público de justicia basado en ellos no predetermina -según recoge el documento- un modelo de servicio, sino que incentiva la innovación y el intercambio de experiencias con el objetivo de mejorar el sistema y dar soluciones a problemas concretos. Los datos en el ámbito de justicia comprenden tanto los relativos al funcionamiento de los sistemas judiciales como al resto de elementos integrantes del estado de Derecho; en particular, la capacidad normativa en la resolución de controversias y la seguridad jurídica.

SE PRETENDE LA CREACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO DE DATOS SEGURO, INTEROPERABLE Y ORIENTADO A SU REUTILIZACIÓN

Objetivos

El primero de los objetivos de esta propuesta es el de la consideración del dato como un bien público, de manera que se garantice tanto su producción como su libre acceso. En este sentido, la producción y utilización de los datos, con fines estadísticos entre otros, contribuye a garantizar la separación de poderes, el imperio de la ley y la efectiva garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas de la ciudadanía, gracias a un mayor conocimiento del funcionamiento del sistema de justicia y la evaluación del impacto de los cambios en el marco normativo.

También se pretende la creación de un espacio público de datos seguro, interoperable y orientado a su reutilización, con la participación de las diferentes Administraciones, así como de otros actores de los sectores público y privado.

Con esto se busca la creación de espacios en los que compartir datos de calidad bajo los principios de confianza y seguridad.

La gestión pública orientada a datos supone la identificación y definición de indicadores e índices que reflejen las demandas, el funcionamiento y los resultados que produce el sistema de justicia.

Esa identificación de índices e indicadores sirven para mejorar los resultados; colaborar en la producción de datos; y compartir y comparar los resultados de las distintas iniciativas y reformas en este sector.

El manifiesto pretende también garantizar la innovación mediante el intercambio de experiencias y orientando el uso de los datos a proveer soluciones a problemas concretos. En este sentido, se apuesta por impulsar la extracción de datos que permita procesar cantidades ingentes no estructuradas y transformarlas en indicadores de alto valor en la toma de decisiones.

El cuarto objetivo es el de la gestión orientada a datos, con la identificación y definición de indicadores e índices que reflejen resultados que busquen la mejora continua. La calidad del sistema de datos depende de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno, así como de la participación de actores del sector público y actores privados. La consideración de los datos como bien público exige la implementación de un sistema de cogobernanza entre las diferentes Administraciones dirigido en última instancia a la creación de un espacio público de datos del sector de la justicia que garantice el acceso y la calidad de los datos compartidos y fomente la participación en el mismo del mayor número de actores públicos y privados.

Igualdad y cohesión

Por último, se recoge la igualdad y la cohesión como objetivos, para prevenir un aprovechamiento excluyente de los datos y lograr así la implementación de políticas públicas más eficaces y próximas a la ciudadanía, con las máximas garantías legales de protección de datos y los mayores estándares de ciberseguridad. La gestión del sistema basada en datos está orientada a generar herramientas para contribuir a la cohesión, garantizar la igualdad y respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas.

El compromiso alcanzado por el Gobierno y las comunidades autónomas pone especial énfasis en dos cuestiones que considera prioritarias: la transparencia y accesibilidad por una parte y el compromiso ético en el tratamiento de los datos, máxime cuando estos se refieren a un espacio tan sensible como el de la relación de los ciudadanos con la Justicia.

EL PRIMERO DE LOS OBJETIVOS DE ESTA PROPUESTA ES EL DE LA CONSIDERACIÓN DEL DATO COMO UN BIEN PÚBLICO

Así, todos los organismos implicados deben garantizar las condiciones de reutilización de los datos a partir del respeto a los derechos individuales; la existencia de una base jurídica suficiente y exigiendo la obtención del consentimiento cuando concurran datos sometidos a derechos de terceros como son el secreto comercial, la propiedad intelectual o la privacidad, para lo que se fomentará la eliminación de restricciones de acceso tanto de carácter técnico como jurídico y económico. La interconectividad entre los distintos organismos del sector público y entre los distintos niveles de gobierno en la elaboración y el intercambio de información supone una herramienta que lleva en último término a impulsar la cohesión territorial.

Este proyecto de ley es uno de los pilares legislativos del plan Justicia 2030, financiado gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

PARA SABER MÁS

El Manifiesto del dato. Aprobado por la Conferencia Sectorial de Justicia.

Texto del Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital

LA LEY DE MEDIDAS DE EFICIENCIA DIGITAL

El Manifiesto está en relación con uno de los más ambiciosos proyectos que se ha emprendido para modernizar la Justicia española: la futura Ley de Medidas de Eficiencia Digital, cuyo objetivo fundamental es dar cobertura jurídica y regular la transformación digital del servicio público de Justicia y está dirigida a la eliminación de cualquier brecha o desigualdad en el acceso a la misma, ya sea por razones de género, geográficas, culturales o de cualquier otro tipo, para construir una Administración de Justicia accesible e integradora, mejorando la cohesión social, territorial y digital.

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