La Policía Nacional y el Consejo General del Notariado celebraron en junio, en el Complejo Policial de Canillas (Madrid), la I Jornada Consejo General del Notariado-Policía Nacional: Interacción en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, un encuentro que ha servido para reforzar la cooperación entre ambas instituciones frente a la delincuencia económica y financiera.

La jornada reunió a responsables de ambas organizaciones para analizar los mecanismos de colaboración que permiten prevenir, detectar e investigar delitos como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la evasión fiscal, la corrupción y otras formas de criminalidad económica organizada.

En la inauguración participaron Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado (CGN) y decana del Colegio Notarial de Madrid, y Luis Fernando Pascual Grasa, comisario general de Policía Judicial. En su intervención, la presidenta del Notariado señaló que el Notariado y la Policía Nacional son “dos instituciones íntimamente unidas por un propósito común: el servicio a la sociedad y el fortalecimiento de nuestro Estado de derecho”.

Retos a futuro

Durante el encuentro se expusieron los principales desafíos a los que se enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la investigación y lucha contra estos delitos, el papel preventivo que desempeñan los notarios en este ámbito y las herramientas que ponen a disposición de las autoridades para facilitar sus investigaciones.

Raquel Iglesias Pajares, vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña y Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del CGN explicaron por qué uno de los principales instrumentos de esta colaboración es el OCP, creado en 2005 para canalizar y reforzar la cooperación de los notarios con las autoridades judiciales y policiales. Desde su constitución en 2005 y hasta finales de 2025, el OCP ha respondido a más de 415.000 requerimientos de información y ha atendido casi 200.000 solicitudes de documentación. 

Casos de éxito

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presentación de diversos casos de éxito fruto de la cooperación entre la Policía Nacional y el Consejo General del Notariado. Responsables de ambas instituciones expusieron actuaciones en las que la información notarial y el trabajo conjunto resultaron determinantes para la detección de operaciones sospechosas, la identificación de entramados societarios complejos, recuperación de activos y bienes y el avance de investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras formas de delincuencia económica.

Los participantes coincidieron en señalar que la colaboración constituye una herramienta estratégica para proteger la integridad del sistema económico y financiero, así como para reforzar la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos. En este sentido, destacaron la importancia de seguir fortaleciendo los canales de intercambio de información y de profundizar en la cooperación operativa ante fenómenos delictivos cada vez más sofisticados y transnacionales. La jornada concluyó con una mesa redonda dedicada a compartir experiencias y analizar los retos futuros de la colaboración frente a nuevas amenazas vinculadas a la criminalidad económica y financiera. 

En la clausura Manuel Seda, vicepresidente del CGN y decano del Colegio Notarial de Andalucía y Fernando Alonso, jefe de la UCDEF, destacaron el papel de ambas instituciones en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que ha sido reconocido por organismos nacionales e internacionales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el SEPBLAC y el Consejo de la Unión Europea. 

Seda aseveró que la colaboración entre notarios y Policía es una herramienta esencial para reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos: “Esa seguridad jurídica es un instrumento hacia la consecución de un derecho fundamental como es la libertad civil. A eso contribuye el Notariado y también, en una dimensión distinta, pero no lejana, la Policía Nacional”. “Tenemos que seguir en esta línea de colaboración: es fundamental que desarrollemos instrumentos y que profundicemos en estas relaciones, porque el crimen organizado avanza con una gran rapidez”, concluyó.

Los incendios forestales constituyen una de las mayores amenazas para nuestro patrimonio natural, la actividad económica del medio rural y la seguridad de las personas.

Su impacto trasciende el ámbito ambiental, afectando también a explotaciones agrarias, ganaderas y forestales, infraestructuras, viviendas y al conjunto de las comunidades que viven y trabajan en el territorio.

La prevención de los incendios forestales es una responsabilidad compartida que requiere la implicación activa de las administraciones públicas, los profesionales del sector agrario y forestal y de toda la ciudadanía.

En este contexto, el Consejo General del Notariado y la Fundación Foro Agrario, conscientes de la creciente incidencia y severidad de los incendios asociadas a las condiciones climáticas extremas, desean trasladar una serie de recomendaciones dirigidas a reforzar la prevención, reducir los riesgos y contribuir a la protección de nuestros montes y espacios rurales.

LOS INCENDIOS TRASCIENDEN EL ÁMBITO AMBIENTAL, AFECTANDO TAMBIÉN A EXPLOTACIONES AGRARIAS, GANADERAS Y FORESTALES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDAS

Porque la prevención es la herramienta más eficaz para proteger nuestros montes, nuestro medio rural y a las personas que viven y trabajan en él. Cada actuación responsable contribuye a reducir el riesgo de incendios forestales y a preservar un patrimonio natural y productivo que es de todos.

Con este propósito, el Consejo General del Notariado y la Fundación Foro Agrario hacen un llamamiento a la colaboración y al compromiso de toda la sociedad para reforzar la cultura de la prevención y avanzar hacia un territorio más seguro, sostenible y resiliente frente al fuego.

CADA ACTUACIÓN RESPONSABLE CONTRIBUYE A REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES Y A PRESERVAR UN PATRIMONIO NATURAL Y PRODUCTIVO QUE ES DE TODOS

Recomendaciones a la ciudadanía:

1. Evitar cualquier conducta que pueda provocar una ignición: No arrojar colillas, cerillas ni residuos en el medio natural o en sus proximidades. Un gesto aparentemente insignificante puede desencadenar un incendio de graves consecuencias en condiciones de altas temperaturas, sequedad y viento.

2. Respetar estrictamente las limitaciones relativas al uso del fuego: Durante los periodos de alto riesgo deben observarse rigurosamente las prohibiciones y restricciones establecidas por las autoridades competentes en relación con barbacoas, hogueras, quemas recreativas y cualquier actividad susceptible de originar fuego o chispas.

3. Atender los avisos y niveles de alerta: Consultar la información oficial sobre el riesgo de incendios y seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil y de los organismos responsables de la gestión forestal. Asimismo, se recomienda circular exclusivamente por las vías y caminos autorizados.

4. Comunicar de inmediato cualquier indicio de incendio: La detección temprana resulta determinante para evitar que un conato se convierta en un gran incendio forestal. Ante la presencia de humo, fuego o cualquier situación sospechosa, debe alertarse de forma inmediata a los servicios de emergencia.

5. Mantener limpias las parcelas, viviendas y entornos habitados: La eliminación de maleza seca, restos vegetales y otros materiales combustibles en las proximidades de edificaciones constituye una medida esencial de autoprotección. Del mismo modo, el abandono de residuos en el medio natural incrementa los riesgos y dificulta las labores preventivas.

Recomendaciones para el sector

6. Gestionar adecuadamente los restos de poda y de cosechas: Evitar la acumulación de material vegetal seco y priorizar, siempre que sea posible y conforme a la normativa vigente, el triturado e incorporación al suelo de los restos vegetales o su valorización como biomasa, reduciendo así el riesgo de propagación del fuego.

7. Extremar las precauciones en el uso de maquinaria agrícola y forestal: Realizar revisiones periódicas y un mantenimiento adecuado de cosechadoras, tractores, desbrozadoras y demás equipos susceptibles de generar chispas o sobrecalentamientos, especialmente durante los periodos de mayor riesgo.

8. Adaptar las labores agrícolas a las condiciones meteorológicas: Evitar la realización de trabajos que puedan provocar igniciones durante las horas de máximo calor y en situaciones de riesgo extremo. La planificación de las tareas más sensibles en las primeras horas del día contribuye significativamente a reducir incidentes.

9. Mantener franjas de seguridad y áreas de protección: Conservar libres de vegetación seca los perímetros de parcelas y explotaciones, especialmente en zonas colindantes con terrenos forestales, favoreciendo que los espacios agrícolas actúen como elementos de contención frente a la propagación de incendios.

10. Impulsar el pastoreo extensivo y controlado: El aprovechamiento ganadero constituye una herramienta eficaz de gestión del territorio, al contribuir a la reducción de la biomasa combustible y al mantenimiento de áreas estratégicas para la prevención de incendios.

-La Ley 1/2025 nace con la promesa de una Justicia más eficiente y ágil. Desde la perspectiva de la Procura: ¿Qué está funcionando y qué sigue generando incertidumbre?

– Todo el mundo pide más recursos, más funcionarios, más jueces, mejor tecnología… Nosotros decimos: “De acuerdo”. Pero eso no va a resolver el atasco judicial. Para una Justicia más ágil, y para reducir los tiempos de duración en los procedimientos, la mejor opción es atribuir a los procuradores competencias de ejecución; acceso a datos mediante el reivindicado Punto Neutro Judicial, embargos, como sucede en otros países de nuestro entorno. Nosotros estimamos que aprovechando mejor los 30.000 profesionales que trabajan en la procura española (procuradores, oficiales habilitados y empleados) en cinco años reduciríamos el atasco y los tiempos a la mitad.

“LA NUEVA ERA DE LA JUSTICIA, QUE PARTE DE LA LEY DE EFICIENCIA 1/2025, SÓLO FUNCIONARÁ SI LA PROCURA ASUME TODAS LAS COMPETENCIAS QUE LE CORRESPONDEN”

-Uno de los ejes de la reforma es la implantación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). ¿Cómo debería encajar la Procura en ese escenario para aportar valor real al proceso?

– Acabamos de poner en marcha un programa de mediación, pionero en España, que agilizará los procedimientos, tanto para el procurador como para demandantes y demandados. Está al servicio de cualquier ciudadano. Ahora bien, también vemos que hay casos muy claros, como los desahucios por impago de alquiler, en los que los MASC son más un obstáculo que una solución.

-¿Qué cambios prácticos está observando en el trabajo diario de los procuradores desde la entrada en vigor de la ley y qué ajustes siguen pendientes para que la reforma sea operativa de verdad?

– En los primeros meses estamos sufriendo los defectos de implantación. Tenga en cuenta que es nuestro colectivo el que tiene que gestionar todos los trámites entre el juzgado y el justiciable. No es en toda España igual, pero hay ciudades en las que estamos padeciendo retrasos, desaparición de expedientes…

-¿Cree que la reforma ha reconocido de forma suficiente el potencial de la Procura como colaboradora esencial de los tribunales, o todavía queda recorrido para ampliar competencias?

– No, ni de lejos. Ni se ha hecho mucho caso a nuestras propuestas legislativas ni el legislador ha entendido que con procuradores que sean verdaderos agentes de ejecución, que puedan acceder directamente al Punto Neutro Judicial o que puedan realizar averiguaciones de patrimonio, de domicilio, notificar o embargar directamente, se resolvería una gran parte de la lentitud y el colapso judicial español. Queda camino y ese camino lo va a recorrer el CGPE. Ha de entenderse que ahora mismo en los juzgados hay atascados miles de millones de euros que no están en el PIB y unos 20 millones de personas y empresas esperando por una solución judicial.

“ACABAMOS DE PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DE MEDIACIÓN, PIONERO EN ESPAÑA, QUE AGILIZARÁ LOS PROCEDIMIENTOS”

-Si tuviera que dejar una sola propuesta concreta para que la Ley 1/2025 mejore de verdad la respuesta de la justicia al ciudadano, ¿cuál sería?

– Más Procura. Es bueno para nosotros, pero sobre todo es bueno para los ciudadanos, para el Estado y para los juzgados. No tiene sentido tener infrautilizado a un colectivo como el nuestro, profesionalmente preparado, profundo conocedor del funcionamiento en detalle de los juzgados y con capacidad para resolver el problema más grave y estructural de la Justicia, que es que tiene 4,5 millones de casos sin resolver. Si logramos que la Ley 1/2025 otorgue a la Procura las atribuciones que reclamamos, habremos solucionado el problema y sin coste alguno para el Estado.

-¿Necesita más inversión la Justicia española?

– Claro que sí, sobre todo en más juezas y jueces, porque ahí estimamos un déficit de unos 800 magistrados. Y desde luego, el Estado ha de seguir invirtiendo para ir adaptando la estructura judicial al aumento de la población y la litigiosidad. Pero los últimos datos publicados por la Comisión para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa indican que España ya dedica más gasto público a la Justicia que la media, tanto en términos de PIB como por habitante. Y, aun así, tenemos el mayor atasco de nuestra historia, que se ha duplicado en una década. El problema es el modelo de Procura, que aquí no se le deja actuar, crecer y agilizar las demandas.

“CON PROCURADORES QUE SEAN VERDADEROS AGENTES SE RESOLVERÍA UNA GRAN PARTE DE LA LENTITUD Y EL COLAPSO JUDICIAL ESPAÑOL”

-La función notarial comparte con la Procura una fuerte vocación de servicio público y seguridad jurídica. ¿En qué aspectos cree que la experiencia notarial puede ser un referente útil para la procura?

– Para nosotros, para mí en particular también, el Consejo General del Notariado es una organización de la que tenemos mucho que aprender y de la que intentamos aplicarnos algunas de sus enseñanzas. Obviamente y como no puede ser de otro modo manifestar mi más alta gratitud, reconocimiento y admiración a la encomiable labor y savoir faire de su presidenta, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, que siempre nos ha prestado generosamente su apoyo y amistad.

-¿Cómo valora la relación institucional entre el Consejo General de Procuradores y el Consejo General del Notariado?

– Mantenemos una relación muy estrecha y espero que muy productiva también para el Notariado. Soy un firme creyente en las sinergias que aportan las relaciones institucionales y el aprendizaje entre organizaciones profesionales, en nuestro caso en el mundo del Derecho y la Justicia.

-Acaba de cerrar su etapa al frente del Consejo General de Procuradores de España (CGPE). ¿Con qué balance personal y profesional deja la presidencia?

– Intensidad es lo que mejor define este año y medio. Hemos preparado el CGPE para la nueva etapa que ha de afrontar tras las elecciones: reglamentaria, económica y estratégicamente. Es mi último y el más grande servicio a la Procura, con el equipo que, en poquísimo tiempo, hemos preparado el cambio de era con eficacia.

-¿Cambio de era para la Procura o para la Justicia?

– La nueva era de la Justicia, que parte de la nueva Ley de Eficiencia 1/2025, sólo funcionará si la Procura asume todas las competencias que le corresponden y que con cuya falta se retrasan y atascan los juzgados.

La Procura será la clave de esta nueva era de la Justicia en España. Ese es el trabajo que hemos dejado encaminado: trasladar a los poderes judicial y legislativo que a la Procura han de asignársele competencias homologables a las de los países de nuestro entorno. Sólo con más jueces, más recursos y más funcionarios no se resuelve el atasco judicial.

-¿Qué ha supuesto para usted, en términos de responsabilidad y aprendizaje, asumir la presidencia del Consejo General de Procuradores en un momento de tantos cambios para la Justicia?

– Bueno, después de hacer 76.000 kilómetros en año y medio y recorrer casi todos los colegios de España, claro que se aprende. Y, para mí, ha sido especialmente interesante asistir a los debates de todos los equipos de trabajo del Gabinete en el CGPE y con los Colegios, ricos en ideas y en confrontación de pareceres. La experiencia ha sido, como digo, dura, intensa, pero también un privilegio que no tiene precio y el más grande honor.

“La vida siempre se abre camino”. La cita de ‘Jurassic Park’ podría ilustrar, salvando las distancias, la explosión de actividad que el cóctel migración -interna y externa- y turismo desencadenan desde hace años en el centro de las grandes ciudades españolas. En este escenario global teñido de proclamas de turismofobia y, en ocasiones, rechazo xenófobo, Madrid; Barcelona o Valencia, por citar las de mayor densidad de habitantes, no son ninguna excepción.

EL 52,1% DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA SE CONCENTRA YA EN NUEVE PROVINCIAS, CON MADRID, BARCELONA Y VALENCIA A LA CABEZA

Muy al contrario, en el caso de la capital de España se trataría de una de las urbes llamadas a liderar esta tendencia internacional al cosmopolitismo exacerbado con una previsión de 10 millones de habitantes en 2025. Un fenómeno de densificación demográfica que entraña evidentes retos más allá del romanticismo que supone la pérdida de identidad de los barrios. Entre ellos: la desorbitada subida del precio de la vivienda (con la consiguiente gentrificación -léase desplazamiento del vecino tradicional-) y la saturación primero y desbordamiento posterior de los servicios sanitarios, centros educativos, sistemas de transporte y movilidad. En definitiva, un ensanchamiento de la demanda -con picos en períodos vacacionales- que amenaza con hacer saltar por los aires las costuras del statu quo de nuestro estilo de vida.

En casa y con gaseosa

El experimento comenzó hace unos años. En el centro de Madrid, el ayuntamiento tomó hace años una insólita y arriesgada decisión. Atípica por extraordinaria y comprometida por polémica. La controversia, como preveían los responsables de la misma, saltó de inmediato. El consistorio decidió reordenar el tránsito de los ciudadanos por determinadas calles peatonales en los aledaños de la Puerta del Sol. El hasta entonces desaforado trasiego de los transeúntes, locales y visitantes, en fines de semana y fechas señaladas fue embridado en una suerte de coreografía colectiva ejecutada al unísono con disciplina marcial.

La reordenación en sentido único de las saturadas vías comerciales de Preciados y El Carmen representó un ejemplo previo de las delimitaciones de movilidad impuestas tras la pandemia en el suburbano. No en vano, la instalación en el suelo de pasillos y andenes de baldosas de guías de alerta para invidentes, denominadas podotáctiles por su característica rugosidad al contacto con la pisada, sirvió también ordenar el ‘tráfico humano’ marcando carriles en los pasillos del suburbano madrileño en el sentido de la circulación automovilística.

EL DÉFICIT DE VIVIENDAS Y LA SATURACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EVIDENCIAN LA NECESIDAD DE UN DEBATE TERRITORIAL EN ESPAÑA

¿El último?, por favor

Esperar haciendo cola en múltiples situaciones es una incómoda y práctica rutina en las grandes ciudades. Para más inri, el 90% de la población española reside ya en tan sólo el 2,6 por ciento del territorio nacional. Una singular concentración de habitantes por kilómetro cuadrado sin igual en toda Europa. De hecho, en pequeños y poblados países como Bélgica, Irlanda o Estonia, ese mismo porcentaje de habitantes apenas alcanzaba en 2021 el 30%, 26,2% y 24,9%, respectivamente, según datos de Eurostat.

La ‘España a dos velocidades’, como algunos expertos denominan el desigual crecimiento económico, da idea de lo que se viene gestando paulatinamente en las últimas décadas. La evidente acumulación poblacional en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona (donde ya habita más de uno de cada cuatro residentes en España), además de los ejes: Valencia-Alicante-Murcia y Málaga-Costa del Sol, sin olvidar las islas de Mallorca y Gran Canaria, dibujan un escenario de futuro que demanda, más que eventuales parches, medidas a largo plazo.

Vida concentrada

En resumen, sólo un puñado de provincias aglutinan más de la mitad de la población española. En concreto el 52,1% de los casi 50 millones de almas que está previsto que habiten la piel de toro en 2026, con un reparto proporcional que deja pocas dudas de la dimensión del fenómeno: Madrid (14,5%), Barcelona (12,1%), Valencia (5,6%), Alicante (4,1%), Sevilla (4%) -un 40,3% solamente entre estas cinco primeras-, Málaga (3,6%), Murcia (3,2%), Cádiz (2,6%) y Vizcaya (2,4%).

Además, esta masificación se ve intensificada por la afluencia de turistas. Una avalancha que en 2025 casi alcanza la icónica cifra de 100 millones, nada menos que un 3,5% más que en el año anterior, confirmando la fuerte tendencia al alza registrada tras el COVID y consolidando el segundo puesto de España en el ránking mundial, pisándole los talones a Francia.

SANIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS SUFREN LA PRESIÓN DEL AUMENTO DE POBLACIÓN URBANA

Por tierra, mar y aire

Uno de los efectos más obvios derivados de la presión demográfica es el repunte del precio de la vivienda. Un impacto que se recrudece, sobre todo, en las zonas geográficas tensionadas. El déficit de vivienda en España oscila según la fuente, aunque varía en una horquilla de 500.000 a 750.000 casas, lo que supondría entre un 3% y un 4% del parque total. Una cifra que Caixabank eleva hasta las 765.000, al tiempo que considera que el 39% del actual encarecimiento es debido a ese déficit de oferta.

La capacidad de las infraestructuras también se resiente. El mayor uso derivado del aumento de clientes, unido a las carencias en su mantenimiento y a la necesidad de aumentar las inversiones para acometer ampliaciones, ha puesto al límite tanto la red de ferrocarriles de Adif como la aeroportuaria gestionada por Aena.

En el primer caso, la liberalización del sector, con la llegada junto a Renfe/AVE de compañías foráneas como Ouigo e Iryo, ha abaratado el coste de los billetes y aumentado un 10% el uso de trenes de alta velocidad. Mientras tanto, el número de pasajeros que utilizaron el avión en 2025 alcanzó el récord de los 321 millones. Todo un desafío en ambos casos con la renovación del material ferroviario y la ampliación de aeródromos en el horizonte de los próximos años.

A los retos del concentrado demográfico hay que sumarle otros cuellos de botella en infraestructuras críticas, como las de transmisión eléctrica que no sólo afectan a las empresas industriales sino también al desarrollo de nuevas viviendas, o los servicios de Cercanías para atender el aluvión de trabajadores que cada día se desplazan del extrarradio al centro de las grandes ciudades.

Sigue el dinero

En el caso de España, el habitual modelo geográfico de distribución territorial de la riqueza norte-sur varía en uno condensado entre las grandes capitales y las costas. La intensidad de la inmigración, con la llegada anual de alrededor de 500.000 personas y el mencionado turismo masivo tienen mucho que ver en su explicación.

Una de las derivadas de este proceso es que entre los 49,57 millones de habitantes que tenía España en enero de 2026, más de 10 millones habían nacido en el extranjero, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Una ayuda extra que evita la caída del país en una espiral de decrecimiento que derivase en el conocido como ‘invierno demográfico’. Sin dejar de lado su irreemplazable contribución económica, que explica casi la mitad de la expansión del PIB español desde 2022, según un informe de Funcas.

Crecer sin colapsar

El boom demográfico no es, en sí mismo, el problema. Incluso, como hemos visto, puede ser una oportunidad para dinamizar la economía y apuntalar el Estado del bienestar. Por tanto, la clave estaría en gestionar ese auge de forma sostenible. Sin planificación, la alta densidad de personas en torno a los grandes núcleos puede derivar en un deterioro de la calidad de vida y en un incremento de las desigualdades.

Esto implicaría actuar en varios frentes: ensanchar la oferta de vivienda, mejorar las infraestructuras, reforzar los servicios públicos y promover el desarrollo económico en zonas menos pobladas. Por su parte, la digitalización y el teletrabajo ofrecen oportunidades para tratar de redistribuir la población, aunque requieren importantes inversiones en conectividad y la apuesta por un cambio en los modelos productivos.

Como en la célebre ilustración de El Principito, la universal obra de Saint-Exupéry, donde una serpiente engulle un elefante a la vez que asemeja también la silueta de un sombrero, se antoja una alegoría propicia para recordarnos que el crecimiento descontrolado acarrea complicaciones para el sano sostenimiento de cualquier sistema o modelo.

España se enfrenta a la encrucijada de seguir prosperando ordenadamente. Encontrar la medida exacta entre dinamismo urbano y cohesión territorial será determinante para su futuro económico y social. La presión demográfica no es una situación coyuntural, sino una tendencia estructural que exige respuestas a largo plazo. Por consiguiente, se requiere de la puesta en marcha de una política de Estado capaz de reasignar recursos para conseguir un adecuado equilibrio entre los diferentes territorios que conforman España.

-Cómo entiende la función de la Abogacía General del Estado en la actualidad?

– Uno de los mayores atractivos a mi juicio de ser abogado del Estado es el hecho de que nuestra transversalidad nos permite prestar servicios en lugares y con funciones diferentes —así se lo recordaba a la nueva promoción hace unos días—. Eso hace posible, para el que así lo desee, construir carreras profesionales diversas y que se ajusten además a los planes personales de cada cual. Ello también permite vivir distintas culturas administrativas -en la Administración General del Estado, en la Agencia Tributaria, o en otras entidades, sean organismos públicos o parte del sector público empresarial—; trabajar en la periferia o en servicios centrales; incluso prestar servicio en España o en el extranjero. Cabe también terminar en el sector privado, y cada vez de modo más frecuente, volver de él.

En mi caso todo ello se ha combinado y esta variada experiencia me permite atender mi responsabilidad como Abogado General del Estado habiendo conocido de primera mano las necesidades y fortalezas de cada uno de esos destinos. A lo que se une disponer de cada vez más datos que permiten tomar decisiones —sobre cobertura de puestos, utilización de refuerzos, recompensa de esfuerzos— más cercanas cada vez a la realidad.

“GESTIONAR EL DESPACHO JURÍDICO CON MÁS ASUNTOS CONSULTIVOS Y CONTENCIOSOS Y HACERLO CON EL SELLO DE CALIDAD HISTÓRICO DE ESTA INSTITUCIÓN ES EL GRAN DESAFÍO”

-¿Como ve hoy el papel de la Abogacía del Estado en la arquitectura jurídica y administrativa de España?

– Todo gran país debe tener una gran Administración que desarrolle más eficientemente sus funciones. Eso supone, en consecuencia, más demanda de informe jurídico y más recursos contras sus resoluciones. En resumen, una asistencia jurídica más exigente tanto cuantitativamente como cualitativamente. El número de solicitudes de informes y pleitos de la Administración General del Estado tiende a crecer; se miden por decenas de miles anuales respectivamente, y se acumulan en el tiempo. Gestionar el despacho jurídico con más asuntos consultivos y contenciosos y hacerlo con el sello de calidad histórico de esta institución es el gran desafío.

-¿Y cómo lo enfrentan?

– Para enfrentarlo, en primer lugar, necesitamos cada vez de más recursos humanos. Ello nos ha llevado a cuidar especialmente nuestra política de atracción y retención de talento, lo que nos permite hoy día rozar máximos históricos en el número de abogadas y abogados del Estado en activo, y personal auxiliar jurídico y administrativo, sumando en total más de 800 personas; algo muy positivo y totalmente a contracorriente en la Administración. Pero todo ello respetando la dificultad de nuestras oposiciones, que son santo y seña de nuestro cuerpo desde su creación. Y contamos con más recursos materiales, destacando los vinculados a la digitalización, que permiten respuestas más rápidas y coordinadas: bases de datos, robotización, gestión del dato, gestión del conocimiento; todo ello mediante nuevas aplicaciones e inteligencia artificial, que son conceptos que vamos introduciendo en nuestra forma de trabajar. Un intangible añadido, del que carece cualquier otro despacho de abogados, es que la cooperación entre abogados en nuestro caso solo puede sumar, y de ahí que se deba fomentar.

Sentimos que la Abogacía General goza de buena salud y le hace ser optimista para emprender tales retos.

“NOSOTROS SOMOS ABOGADOS, Y NO SE EJERCE DE MANERA LEAL Y EFICAZ LA FUNCIÓN DE LA ABOGACÍA SINO DENTRO DE LA MÁS ESTRICTA DISCRECIÓN”

-Ha desempeñado un papel muy relevante en el ámbito del Derecho de la Unión Europea y la cooperación jurídica internacional, participando en la negociación de directivas y reglamentos en materias tan sensibles como la Fiscalía Europea, el terrorismo o la preinsolvencia.

– En efecto. Primero como consejero en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea -con funciones negociadoras de textos normativos como los citados y otros-, y después como director general de Cooperación Jurídica Internacional-concluyendo varias negociaciones de textos normativos en negociación directa con la Comisión y el Parlamento Europeo durante nuestra presidencia en el segundo semestre de 2023-. Desde luego todo ello me ha ayudado a conocer desde sus orígenes textos normativos que después aparecieron -o habrán de aparecer- asumidos por nuestra legislación.

Pero además de ello y completando las respuestas anteriores, esa experiencia fue especialmente enriquecedora. Cuando hay que escuchar otros 26 puntos de vista de los demás miembros del Consejo, en diferentes idiomas, y conciliarlos con los intereses de la Comisión y del Parlamento, se aprende a escuchar. Y a saber que por mucho que se alce la voz o que se repitan las mismas ideas, no se va a favorecer la posición nacional: para eso, mejor es razonar, centrarse en objetivos esenciales, prescindir de los no esenciales, negociar…Eso marcó mi forma de trabajar, llegando a consensos con quien piensa de modo diferente y tiene intereses contrapuestos.

 –¿Cómo influye el Derecho comunitario en el Derecho nacional?

– La influencia es mayor de lo que creemos. Solo en la presidencia española de 2023 se aprobaron más de 80 normas europeas —cinco en el ámbito de la Justicia—, lo que por otro lado constituyó un récord —cuya digestión a la hora de su transposición no resulta fácil—.

También la labor del Tribunal de Justicia en ocasiones fuerza cambios normativos, por vía de derogación o de exigencia de nueva regulación.

Es por ello que en muchas ocasiones nuestra subdirección de Asuntos de la Unión Europea coadyuva a los compañeros de consultivo o de contencioso para analizar pleitos o informes, y no limitan su actuación a la defensa del Reino de España en procedimientos de infracción o asuntos ante el Tribunal de Justicia.

“LA MEJOR MANERA DE EVITAR INCENDIAR LA CONVIVENCIA ES NO ECHAR “LEÑA AL FUEGO” Y LIMITARNOS A EXPONER NUESTRA POSICIÓN JURÍDICA EN LOS FOROS EN QUE TRABAJAMOS”

-En un tiempo de polarización, la ciudadanía mira con lupa las decisiones de los poderes públicos. ¿Qué puede hacer la AGE para reforzar la confianza de la sociedad?

– La polarización es un problema político y sociológico que se da en muchas partes del mundo. Es global. Tiene raíces propias de sociedades avanzadas. Y en efecto, con sus peculiaridades, también aparece en España.

La Abogacía General del Estado, conforme a la Ley 52/1997, asume el asesoramiento, la representación y la defensa jurídica del Estado, que incluye a toda la Administración General del Estado, sin perder de vista que el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado conforme al artículo 97 de la Constitución.

Dentro de ese marco, que no ha cambiado ni en su fundamento normativo ni en su aplicación práctica, como institución, se nos plantea una disyuntiva.

-¿Qué disyuntiva?

– En primer lugar, podemos continuar desempeñando nuestro trabajo, el ejercicio de nuestras funciones, del modo más fundado posible en derecho, como siempre hemos hecho. Y hacerlo sin dar respuesta a quienes en ocasiones lo cuestionan, a veces desde parámetros no jurídicos, que son los únicos que consideramos para su ejecución.

Cabría teóricamente otra opción: divulgar nuestra posición en cada asunto en que somos mencionados, ofreciendo datos que desmienten algunas de las manifestaciones erróneas que se han podido verter sobre la actuación de la Abogacía del Estado, lo cual a su vez desmontaría cualquier relato polarizador. Pero precisamente por su naturaleza, no es lo que se puede esperar de esta institución. No hemos de olvidar que, a diferencia de otras instituciones cuyas funciones se desempeñan directamente a favor de la ciudadanía, nosotros somos abogados y no se ejerce de manera leal y eficaz la función de la abogacía sino dentro de la más estricta discreción.

Además, la mejor manera de evitar incendiar la convivencia es no echar “leña al fuego” y limitarnos a exponer nuestra posición jurídica en los foros en que trabajamos. Generalmente con éxito y últimamente con tasas de éxito crecientes.

“LA DIGITALIZACIÓN -JUNTO A LA ESPECIALIZACIÓN Y LA FLEXIBILIZACIÓN DE NUESTRAS ESTRUCTURAS- DETERMINA LOS ÚLTIMOS CAMBIOS DE NUESTRA ORGANIZACIÓN”

-Seguridad jurídica, control de legalidad y confianza son pilares en los que se apoyan tanto el Notariado como la propia Abogacía del Estado. ¿Cree que la sociedad es plenamente consciente de ese “ecosistema” de garantías?

– Los grandes principios que fundan nuestras respectivas funciones y tanto el marco constitucional como la convivencia jurídica a nivel europeo son de enorme relevancia, y por un uso inveterado, los damos por descontados, sin estarlo.

Tanto el abogado del Estado informando en derecho las cuestiones que se le someten a su parecer, garantizando el mejor acierto en la decisión de la Administración consultante, como el notario que ofrece certeza y seguridad a los particulares que reclaman sus servicios, contribuyen día a día a reforzar el Estado de Derecho, algo esencial para la sociedad, sea ésta plenamente consciente de ello, como presuponíamos, o no, en cuyo caso habremos de perseverar en la conciencia pública de su relevancia.

-La transformación digital, la inteligencia artificial y el uso masivo de datos están cambiando la forma de trabajar de todos los operadores jurídicos. ¿Qué hoja de ruta se ha marcado para adaptar la Abogacía General del Estado a este nuevo entorno sin perder rigor técnico ni independencia de criterio?

– La digitalización -junto a la especialización y la flexibilización de nuestras estructuras- determina los últimos cambios de nuestra organización, en pos de una mayor e imprescindible eficiencia. La digitalización en nuestro caso supone la creación de una base de datos única para todos los expedientes contenciosos y consultivos, incorporando los últimos avances de las herramientas en web; la automatización de los procesos mediante bots; el uso de la inteligencia artificial mediante herramientas tanto del mercado como propias, y la mejora de la gestión del conocimiento para un acceso rápido a los documentos.

En el caso de la inteligencia artificial, usamos aplicaciones que no extraen los datos tratados fuera de la organización, beben de fuentes propias de la Abogacía, tan numerosas por el volumen de consultivos y contenciosos, y son diseñadas como herramienta de ayuda a la labor humana que dirige el proceso.

-La función notarial es una figura clave de la seguridad jurídica preventiva en el tráfico civil y mercantil. Desde su perspectiva, ¿qué papel asigna al Notariado en la prevención de conflictos y en la buena ejecución de las políticas públicas, especialmente en ámbitos como la contratación, la empresa o la vivienda?

– Es innegable que la función clásica notarial dando fe pública de la actividad civil y mercantil siempre ha sido clave para sociedades que disfrutan de seguridad jurídica, mediante la prevención o a priori. Solo por ello la importancia de la función es esencial.

Pero, por otro lado, una sociedad que se construye sobre la necesaria judicialización de los conflictos, donde la seguridad jurídica se construye a posteriori, termina siendo una sociedad donde la administración de la Justicia resulta onerosa y poco accesible para gran parte de la población, que no cuenta con los recursos necesarios. Todo ello justifica sobradamente la función notarial. Además, su cada vez mayor inmediatez y alcance, con la integración de la digitalización, hace todavía más útil a la misma.

Esta fue una de las principales conclusiones que alcanzaron los representantes del Notariado y la Guardia Civil en la primera jornada de cooperación entre ambos organismos, celebrada el 27 de febrero en la Comandancia de Barcelona.

Otro elemento fundamental de esta colaboración es el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Notariado, que desde 2005 cruza las operaciones sospechosas que le comunican los notarios con la información contenida en el Índice Único, identificando operaciones presuntamente delictivas que traslada a la Guardia Civil y otros organismos de lucha contra la delincuencia.

CONCEPCIÓN BARRIO: “HEMOS PODIDO COMPROBAR QUE CUANDO LAS INSTITUCIONES COLABORAN SE REFUERZA LA CADENA DE GARANTÍAS QUE SUSTENTA NUESTRA SOCIEDAD”

Seguridad jurídica y ciudadana

“En esta jornada hemos podido comprobar que cuando las instituciones colaboran se refuerza la cadena de garantías que sustenta nuestra sociedad, porque seguridad jurídica y seguridad ciudadana no son realidades separadas, sino que se necesitan y se complementan”, señaló la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo.

La presidenta hizo hincapié en el gran valor para la sociedad que tienen las herramientas de las que dispone el Notariado, como el OCP -que cumple su vigésimo aniversario- o la Base de Datos de Titularidad Real, que se nutren de los datos contenidos en el Índice Único Informatizado Notarial. “Estos datos son auténticos; provienen de documentos públicos como lo son las escrituras notariales, mientras que el documento privado se mueve en el ámbito de la opacidad y el fraude”, enfatizó.

De igual parecer fue Pedro Antonio Pizarro, general jefe de la 7ª zona de Cataluña de la Guardia Civil, quien señaló “la gran importancia de poner en común las buenas prácticas del Notariado con las herramientas de investigación de la Guardia Civil para fortalecer los sistemas de prevención del Estado en un escenario complejo de delincuencia organizada y ciberdelincuencia”. El general jefe destacó igualmente el desarrollo del Centro Tecnológico del Notariado y las posibilidades que ofrece a la Guardia Civil y las autoridades competentes, “con la centralización de toda la documentación y para la consulta de información. Una herramienta que permite garantizar la seguridad jurídica de todas las transacciones”.

PEDRO ANTONIO PIZARRO: “ES MUY IMPORTANTE PONER EN COMÚN LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL NOTARIADO CON LAS HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL”

Así lo señaló también el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto Gómez, quien elogió el trabajo de la Guardia Civil y la labor del Notariado, que tachó de “imprescindible”, a través de su Centro Tecnológico y del OCP, por “entender siempre que la prevención del delito se construye también, y de forma muy relevante, desde el ámbito jurídico y documental; desde la observación, el análisis y los protocolos de actuación, con una relación de confianza y constante trabajo entre cuerpos del Estado».

En la mesa inaugural tomó parte, asimismo, el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, que destacó las sinergias y similitudes existentes entre el Notariado y la Guardia Civil. “Somos los cuerpos del Estado con mayor capilaridad, llegamos a los pueblos más pequeños de nuestro país. Y compartimos una clara vocación de servicio público: nuestro objetivo siempre es el servicio al ciudadano”, remarcó.

La comunicación fluida entre ambos cuerpos resulta fundamental -subrayó el decano: “Por eso hemos reunido aquí a representantes de todas las provincias de España, con el fin de fomentar esa conexión con un enlace por provincia, para poder realizar consultas y compartir información. Juntos debemos buscar siempre la prevención: la actuación no será necesaria si logramos prevenir el delito”.

CARLOS PRIETO ELOGIÓ EL TRABAJO DE LA GUARDIA CIVIL Y DEL NOTARIADO, POR “ENTENDER QUE LA PREVENCIÓN DEL DELITO SE CONSTRUYE TAMBIÉN DESDE EL ÁMBITO JURÍDICO Y DOCUMENTAL”

Marco de cooperación

Las diferentes mesas redondas y ponencias pusieron el foco sobre el marco de cooperación y los canales de comunicación existentes, los mecanismos de prevención y detección de operaciones de riesgo, la organización y las capacidades de investigación de la Guardia Civil y el análisis de casos prácticos.

La vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña, Raquel Iglesias, compartió panel con un componente de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) que presentó la estructura de las unidades de la Guardia Civil y sus ámbitos de actuación, destacando el valor de las bases de datos notariales para investigaciones patrimoniales, embargos y recuperación de activos, y la utilidad de herramientas como el mapa accionarial para realizar un seguimiento de la titularidad real y las relaciones societarias.

Iglesias insistió en el carácter eminentemente preventivo de la función notarial, que “permite que muchos conflictos no lleguen a producirse”. Los notarios intervienen antes de que surja el conflicto, garantizando la identidad de los otorgantes, su capacidad jurídica y libertad para el otorgamiento, el consentimiento informado, la legalidad del acto y la posterior conservación segura del documento. “Tenemos un deber de información y asesoramiento a los ciudadanos”, reiteró.

JOSÉ ALBERTO MARÍN: “JUNTOS DEBEMOS BUSCAR SIEMPRE LA PREVENCIÓN: LA ACTUACIÓN NO SERÁ NECESARIA SI LOGRAMOS PREVENIR EL DELITO”

Tras ellos, Pedro Galindo, director del OCP, presentó el funcionamiento de este órgano, los sistemas de comunicación y alertas y la coordinación con instituciones y cuerpos policiales como el SEPBLAC, la unidad de inteligencia financiera de España: “Desde su creación en diciembre de 2005, OCP ha contestado más de 380.000 requerimientos de información de las autoridades. No hay una sola institución en España que haya contestado más requerimientos de información”.

Colaboración institucional e internacional

La decana del Colegio Notarial de Murcia, Carmen Rodríguez Pérez, moderó la mesa en la que intervino un responsable de la Unidad de Policía Judicial de Zona Cataluña (UPJZ Cataluña) y un representante de la Jefatura de Información. Ambos ahondaron en las diferencias entre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, delitos que «no son de cuello blanco», sino que implican grandes organizaciones criminales. Se abordaron los riesgos particulares de las criptomonedas y la inteligencia artificial y los flujos económicos transfronterizos, que necesitan de la coordinación con organismos internacionales como Europol e Interpol.

En el último panel participaron representantes de la Jefatura de Información y de la UCO, junto a Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del OCP, quienes comentaron experiencias reales de colaboración y casos prácticos. García Fresno desgranó cómo puede el Órgano del Notariado ayudar directamente a las investigaciones de la Guardia Civil: “Esta colaboración es siempre exitosa. Hemos construido un sistema mediante el cual la Guardia Civil -y otros organismos- pueden acceder a nuestra información casi en tiempo real y, en minutos, tener una fotografía de las operaciones que se realizan en todas las notarías de nuestro país”.

Moderaron las intervenciones un componente de UPJZ Cataluña y el decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Luis Mayorga, quien defendió -al cierre- la importancia de reflejar la transmisión de participaciones y las operaciones societarias en escritura pública.

En la última entrega de despachos de jueces en Barcelona todo el mundo quería conocer a Paulino Martín. Incluso el rey Felipe VI preguntó por él. Apareció el tal Paulino en medio de los ya 121 jueces de la 74 promoción de la Escuela Judicial, todos con una edad media de 29 años. El Rey le dijo: “Tiene un mérito enorme”  y es que Paulino tiene 65 años. Si bien no estaba en paro, era abogado, dio un acelerón con volantazo a su vida profesional que le llevó a sacar las oposiciones para ser juez.  No le importó que solo le resten cinco años de ejercicio en la judicatura, el máximo son 70, prorrogable a dos más.

EL DESEMPLEO ENTRE LOS MAYORES DE 50 AÑOS ES EL 30% DEL TOTAL EN ESPAÑA

En la calle

También está la cara b, la que no sale en los periódicos, como la de Armando Martínez Garrido. No es nombre ficticio, es real, dice que no tiene nada que esconder. Tiene 62 años y le acogen, porque lo perdió todo, en un centro de beneficencia de San Juan de Dios en Madrid. Soltero y sin hijos “afortunadamente, porque si no el drama sería terrible”, confiesa. Este economista tenía una gestoría en Huelva: “Era autónomo. Llega la crisis del 2007. Los clientes dejan de pagarme hasta que en el 2013 tengo que cerrar. A partir de ahí viví de mis ahorros. Con cincuenta y pocos busqué trabajo de lo que había. Hasta de mozo en unos grandes almacenes. Pero cuando me vio el responsable me dijo que yo no daba el perfil. Que le daba vergüenza, con mi currículum y mi edad, mandarme a por cajas”.

Después vino lo peor “en el 2019 se agotaron mis ahorros, no tengo familia de apoyo, y acabé en la calle. Afortunadamente, no caí en el alcohol. Ahora me acoge la beneficencia de San Juan de Dios. A mi edad (62) he tirado la toalla. Los seis años que pasé viviendo en la calle me provocaron problemas de salud en corazón y riñones que me han convertido en un incapaz laboral”.  Ahora cobra los 733,60 € del ingreso mínimo vital. Asegura que no puede irse a una habitación porque apenas le quedaría para comer y “además solo quieren estudiantes que estén hasta verano para luego alquilarla a turistas”.  Hacemos una consulta rápida a portales de anuncios y vemos que, efectivamente, las habitaciones rondan los 500 euros y mayoritariamente se solicitan estudiantes.

SE LES CONSIDERA QUE NO TIENEN CAPACIDAD DE AMOLDARSE A LOS ESCENARIOS QUE PLANTEAN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Generación bisagra

Armando no tenía familiares a su cargo. Pero lo habitual es que los mayores de 50 años sean una generación bisagra: están en medio. Pagan hipotecas o alquileres caros y a la vez ayudan a hijos que no logran emanciparse y además se ocupan de sus padres que, aunque tienen mayor esperanza de vida, no siempre es de calidad. Pese a que se han adaptado a una revolución digital partiendo de unas condiciones en la que lo más avanzado era un ordenador Spectrum de 128k que cargaba los programas en “cassettes”, ahora se les considera que no tienen capacidad de amoldarse a los escenarios que plantean las nuevas tecnologías.

Todos los datos coinciden en lo preocupante de la situación. Los cincuentones, séniores, fiftiers (denominación que ahora parece que está más de moda), generación bisagra…, distintos nombres para una misma situación: se han quedado con el paso cambiado.

MUCHOS CANDIDATOS SÉNIORES PERCIBEN QUE EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN SE LES DESCARTA POR MOTIVOS DE EDAD

Prejuicios y estereotipos

La realidad coincide con la estadística, un estudio de Randstad revela que muchos candidatos séniores perciben que en los procesos de selección se les descarta por motivos de edad. Creen que son percibidos injustamente como menos adaptables, menos actualizados tecnológicamente y más costosos, aunque no exista evidencia sólida que sostenga estos prejuicios.

Desireé García es directora del Proyecto SAVIA, que une a la Fundación Endesa y Fundación Máshumano para impulsar el talento sénior que se ha quedado desvinculado del mercado laboral. Desireé coincide en que “hay prejuicios y estereotipos asociados a la edad: como que les resulta más difícil adaptarse a los nuevos entornos laborales, tienen expectativas salariales más altas o que gozan de peor salud que los jóvenes”.

El caso es que un interesantísimo estudio empírico les da la razón.  Lo realizó la fundación Iseak en 2023.  Se enviaron alrededor de 1.600 currículos ficticios a más de 800 vacantes de empleo reales en País Vasco, Barcelona y Madrid. Era dos por cada una de las vacantes: uno de  una persona de 35 años y otro de 49 años. Eran el mismo perfil pero adecuado a la edad, así el de 49 años tenía más experiencia. ¿A quién creen que llamaron más para una entrevista? Efectivamente, a los de 35 años. Al grupo de jóvenes les contactaron casi el doble de veces para hacer una entrevista de trabajo (un 7,6%) que a los mayores (un 3,7%).

Los subsidios

Hay una franja entre los 50 a los 52 años en los que se ha fijado la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). A partir de los 52 años existe un subsidio, no es el IMV que cobra Armando, de 480 euros mensuales en 12 pagas que se puede cobrar hasta los 66 años. Para optar a esta ayuda sólo para mayores de 52 es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años, al menos 2 en los últimos 15 y no superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como ingreso personal. Además, el Servicio de Empleo cotiza, de cara a su jubilación, por mucho más de lo que sénior percibe.  Aporta el equivalente a un salario de 1.726 euros y no al de 480 euros de ayuda. Lo que la OCDE advierte en su informe es que el desempleo de larga duración aumenta bruscamente a los 52 años, justo la edad a la que se accede a ese subsidio especial. Así, mientras que a los 50 años solo menos del 5% lleva más de un año en desempleo, a los 52 esa cifra supera el 40%”.

Asi pues,  la OCDE no ve apropiado este subsidio: “Aunque este apoyo protege a quienes realmente lo necesitan, su diseño puede, de forma no intencionada, debilitar los incentivos a volver al trabajo, incluso para quienes desearían hacerlo. Para muchos beneficiarios mayores, aceptar un empleo a un salario bajo implica perder tanto el subsidio como las cotizaciones a la pensión que se acreditan durante el desempleo, de modo que la ganancia neta de trabajar puede ser muy reducida”.

Mirar hacia adelante

Tan cierto lo que dice la OCDE como el edadismo que comprobó la fundación Iseak. Además, hay otro factor fácil de entender: el nivel de compromiso con el empleador se presume mayor a un sénior que a un joven.  La experiencia de desempleo prolongado provoca estrés, y un fuerte impacto emocional. Perder un empleo a los 50 o 55 años no es lo mismo que a los 25 que se puede reconducir con más margen una carrera profesional que en el caso de los 50 está tocando a su fin. Por eso, como señalan multitud de consultoras de recursos humanos, los mayores de 50 son más leales a la empresa porque valoran mucho más su empleo.  

Por eso, como defiende Desireé García de SAVIA, “una sociedad como la nuestra no puede permitir que su talento más cualificado se desaproveche. Por eso, impulsamos un movimiento social a para valorar más a nuestros profesionales sénior”.

No solo lo dicen sino que también lo hacen. A través de su web los parados de más de 50 años se pueden asociar gratuitamente. “Aquí encuentran formación y acompañamiento laboral para los que quieren dar un cambio a su vida profesional, incluso creando su propio negocio. De hecho, tenemos los Premios +50 Emprende para los emprendedores sénior”, señala Desireé. “Algunos de ellos, tras pasar por nuestros programas han dado un giro radical a su vida”. Por ejemplo, nos cuenta como profesionales de las finanzas que se han reinventado poniendo una floristería y otros del ámbito multinacional que han creado una empresa sobre cómo, aprovechar mejor las azoteas como zonas verdes.  “También favorecemos, por ejemplo, el contacto entre los mayores de 50 años para poner en marcha proyectos juntos” concluye Desirée.