Entrevista a Tontxu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia

EN ESTE PAÍS

Tontxu Rodríguez:

SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA

“La reforma de la legislación concursal va a resultar muy positiva para el tejido empresarial»

El pasado diciembre Antonio Julián (Tontxu) Rodríguez, abogado desde 1987, tomó posesión del cargo de secretario de Estado de Justicia.
Senador en las cuatro últimas legislaturas por designación del Parlamento Vasco, también fue alcalde del Ayuntamiento de Barakaldo (2003-2013).
Quien le ha acompañado en su vida pública le considera un hombre cercano y campechano, además de un especialista en la justicia volcado en mantener un estrecho contacto con los operadores jurídicos.

CARLOS CAPA,

En estos pocos meses a cargo de la Secretaría de Estado de Justicia, ¿ha podido ya fijar las prioridades de las responsabilidades puestas a su cargo?

Desde mi llegada nuestra misión es generar en la ciudadanía el sentimiento de que la Administración de Justicia es, ante todo, un servicio público, como lo son (y deben seguir siéndolo) la sanidad, la educación o la atención a la dependencia.

Todo con el máximo respeto al paradigma de la gobernanza multinivel, así como a que la justicia es una herramienta para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres; la justicia y sus políticas públicas deben estar informadas e inspiradas en el feminismo.
En este contexto, los tres objetivos fundamentales que pretende lograr esta Secretaría de Estado son:

  • Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y la configuración de la justicia como un servicio público orientado al bienestar en derechos.
    •Mejorar las condiciones profesionales y laborales de todas las personas que trabajan en el sector de la justicia.
  • Contribuir desde el ámbito de la justicia a la transformación del país, haciendo lo posible para lograr una sociedad más democrática, igualitaria y cohesionada a nivel social y territorial.

Accede al poder ejecutivo después de más de 30 años de responsabilidades en otros ámbitos, como la Administración municipal o el poder legislativo. ¿Cómo afronta este cambio?

Es muy diferente ser alcalde de una ciudad como Barakaldo (Vizcaya) con más de 100.000 habitantes, con los problemas más cercanos a los ciudadanos, a estar en la Cámara Alta donde estás “haciendo” leyes que mejoran la calidad de vida de todos los ciudadanos, y ahora me ha tocado estar en el Ejecutivo gestionando la justicia como servicio público. Un cambio radical, que ha sido una decisión personal y a propuesta de la Ministra de Justicia, Pilar Llop.

Un honor tener presentes asuntos que preocupan a todos los ciudadanos, porque sin justicia no hay estado social y democrático.

Desde su condición de abogado ejerciente en el sector privado durante años, es conocedor de primera línea del día a día de la justicia. ¿En qué estado cree que se encuentra? ¿Responde su funcionamiento a las necesidades de la sociedad?

Se está avanzando en la mejora de la justicia, entendida no como una mera respuesta que ofrece el ordenamiento jurídico, desde una actitud lateral, sino que debemos pasar a verla como un poder público empeñado en la igualdad y en la supresión de todas las trabas que la sociedad encuentre en ese camino, porque lamentablemente aún quedan.

Por ello, nos hallamos ante un cambio de cultura política donde estamos configurando, desde la política pública de justicia, una esfera legal de todas las personas, como un servicio público digno de la sociedad democrática avanzada.

 

El pasado 4 de marzo representó a España en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea donde se manifestó en la dirección de impulsar una iniciativa común que contribuya a combatir la incitación y los delitos de odio. ¿Podría hablarnos de esta propuesta?

Efectivamente, en la reunión del Consejo de Ministros de Justicia del pasado 4 de marzo debatimos la propuesta presentada por la Comisión Europea de incorporar al catálogo de los denominados “eurodelitos”- aquellos para los que podría adoptarse una regulación común a nivel UE- el de la incitación al odio y los delitos de odio. Como no podía ser de otra forma, España comparte la necesidad de esta iniciativa y creemos que su adopción queda plenamente justificada al objeto de permitir una respuesta penal más eficaz a estos delitos, así como una mejor y más completa protección de las víctimas de los mismos. No debemos olvidar que los delitos de odio y de incitación al odio tienen un marcado carácter transnacional y ha adquirido un extraordinario auge en todos los países de la UE. Es por ello que, para luchar de manera más eficaz contra este fenómeno, resulta necesario impulsar una acción común de la UE que, respetando el derecho a la libertad de expresión, contribuya a evitar la impunidad de la incitación al odio y los delitos de odio, tanto en su dimensión en línea como fuera de ella.

El proyecto de Ley Concursal, que debe transponer una directiva comunitaria, está generando un intenso debate entre los operadores jurídicos y los expertos fiscales, sobre todo en lo referente a las pymes y a la regulación de la segunda oportunidad. ¿Será una solución eficiente para la supervivencia del tejido empresarial en una situación tan extraordinaria como la que vivimos?

Sin duda, la reforma de la legislación concursal va a resultar muy positiva para el conjunto del tejido empresarial.

La reforma introducirá los planes de reestructuración, un instrumento preconcursal para evitar la insolvencia, o superarla, incentivando una reestructuración más temprana, y por tanto con mayores probabilidades de éxito, contribuyendo a la descongestión de los juzgados y, de este modo, a una mayor eficacia del concurso.

A su vez, la ley reformará el procedimiento concursal para incrementar su eficiencia, introduciendo múltiples modificaciones procedimentales dirigidas a agilizar el procedimiento, facilitar la aprobación de un convenio cuando la empresa sea viable y una liquidación rápida cuando no lo sea.

Por último, la ley configura un procedimiento de segunda oportunidad más eficaz, ampliando la relación de deudas exonerables e introduciendo la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un plan de pagos, permitiendo así que éste conserve su vivienda habitual y sus activos empresariales.

Su vida política ha estado siempre vinculada al País Vasco. A más de diez años de la disolución de ETA, ¿cree que la normalidad ha vuelto a la política vasca y por ende a la española?

Tras 10 años del cese definitivo de la lucha armada de ETA, en Euskadi se vive en una situación de paz extraordinaria, y yo creo que se mezcla la generosidad y el recuerdo. Es el momento de los consensos, de los acuerdos, pero desde la memoria. Vivimos una nueva etapa; un nuevo tiempo para Euskadi y también para España. Hay que compartir lo que supuso el terrorismo de ETA, pero celebrar la convivencia plena entre vascos y con el resto de España.

Las víctimas conformaron la infantería de la democracia a pie de calle. Hay que recordar a todas las víctimas, porque nunca ha habido una razón para aniquilar al diferente. Medio siglo de terror ha dejado mucha sangre y muchos recuerdos. En Euskadi vivimos un nuevo tiempo y ahora toca reconocer a las víctimas de ETA; es una obligación y un deber moral y cívico, para poder ser una sociedad digna. Democracia sin rencor sí, pero con sentido de historia; somos una sociedad sin terrorismo, pero con memoria.

La Violencia de Género está enquistada en la sociedad sin que parezca que las medidas tomadas sean todo lo eficaces que deseamos. ¿Es necesario replantearse algo?

Sin duda debemos seguir trabajando para erradicar o reducir la violencia que sufren las mujeres, pero no comparto la idea de que las medidas adoptadas a partir de 2004 con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, hayan sido ineficaces. Cada día hay muchos recursos puestos a disposición de las mujeres que sufren violencia para conseguir que salgan de ella y, de hecho, muchas lo hacen. Uno de los mayores logros, junto al de la protección de las mujeres, ha sido el de crear una conciencia social de rechazo hacia cualquier tipo de violencia que pueda sufrir una mujer a manos de su pareja, convirtiéndose esa violencia, que hasta entonces permanecía en la esfera de lo privado o de lo estrictamente familiar, en un problema de orden público, que nos concierne a todos como ciudadanos de un país que se dignifica rechazando que una mujer esté sometida al dominio de un hombre.

En un escenario tan complejo como el que vivimos marcado por elementos como la pandemia o la guerra de Ucrania, la seguridad jurídica, elemento consustancial a la función notarial, es más que nunca un valor fundamental para la recuperación. ¿Cómo valora el trabajo que realiza el notariado español?

El Notariado español es un colectivo pionero y muy activo en el proceso de implantación de la administración electrónica. En momentos como los que estamos viviendo esta capacidad de evolución resulta fundamental para seguir cumpliendo su función de garantes de la seguridad jurídica en el tráfico jurídico extrajudicial, adaptándose a las necesidades de la sociedad actual. En esta línea, la futura Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia profundizará en la digitalización del servicio prestado por los notarios con la regulación del protocolo electrónico, previéndose que los instrumentos incorporados al mismo se considerarán originales, dado que las matrices electrónicas serán un espejo de las matrices físicas. Del mismo modo, la Ley de Eficiencia Digital, sin desnaturalizar la función notarial, prevé también la posibilidad de realizar determinadas actuaciones notariales mediante videoconferencia.

Recientes estudios cifran que la lentitud de la Justicia bloquea más 11.000 millones de euros en los tribunales. ¿El impulso de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en la que los notarios juegan un relevante papel, debe contribuir a aliviar esta congestión?

El anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia, que en breve se remitirá nuevamente al Consejo de Ministros para iniciar su trámite parlamentario, pretende, efectivamente, impulsar los medios adecuados de solución de controversias, de forma alternativa a la jurisdicción, para ofrecer respuestas más ágiles a los conflictos de la ciudadanía y más ajustadas al caso concreto. Dotará, por tanto, de eficiencia operativa al sistema, a lo que también contribuirán enormemente los anteproyectos de ley de medidas de eficiencia organizativa y digital, igualmente en una fase muy avanzada de tramitación; pero además, la implicación de las partes en la solución de sus propias controversias, ayudadas, en su caso, por un tercero neutral, como son los y las profesionales del Notariado, redundará sin duda en un mayor grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados y, sobre todo, contribuirá a preservar las relaciones y al mantenimiento de la paz social.

“El Notariado español es un colectivo pionero y muy activo en el proceso de implantación de la administración electrónica”

Huella digital

Tontxu Rodríguez no tiene cuenta propia en Twitter pero de sus actividades oficiales informa el perfil que mantiene el Ministerio de Justicia en la red social @justiciagob

“La justicia y sus políticas públicas deben estar informadas e inspiradas en el feminismo”

“Estamos configurando la justicia como un servicio público digno de la sociedad democrática avanzada”

“En Euskadi se vive en una situación de paz extraordinaria en la que se mezcla la generosidad y el recuerdo”

Seguridad jurídica y custodia del territorio

EN ESTE PAÍS

Ignacio Torres en la inauguración.
José Ángel Martínez Sanchiz, en el acto inaugural.

Redacción

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Seguridad jurídica y custodia del territorio

La custodia del territorio es un tema inagotable, de enorme trascendencia territorial, social y económica para España, en el que deben llegar a acuerdos múltiples sectores de la esfera pública y privada utilizando todo tipo de herramientas, pero todas guiadas por la seguridad jurídica, “sin ella cualquier medida adoptada se la llevará el viento.

Esta es una de las conclusiones generales de la I Jornada Seguridad Jurídica y Custodia del Territorio en la que participaron una treintena de expertos, entre conservacionistas, notarios, políticos, alcaldes y ONGs.

La jornada fue organizada por la Fundación Notariado, la Comisión de Custodia del Territorio del Consejo General del Notariado (CGN) y la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La inauguración corrió a cargo de José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN y de la Fundación Notariado e Ignacio Torres Ruiz-Huerta, subdirector de Biodiversidad y Cambio Climático de la Fundación Biodiversidad. El presidente del Notariado expresó el deseo de los notarios “de colaborar en distintos ámbitos como la custodia del territorio; la repoblación de los pueblos que necesitan recuperar el pulso de la vida ordinaria con más habitantes; y el aprovechamiento y configuración jurídica de los medios propios del campo, generando situaciones rentables para posesiones olvidadas como los montes de socios, que ocupan una parte significativa del territorio nacional».

Por su parte, Torres Ruiz-Huerta ratificó la importancia de las iniciativas de custodia del territorio en el marco de la recuperación económica y la transición ecológica, resaltando que “impulsar las oportunidades que nos ofrece el mundo rural debe ir asociado al fomento de la bioeconomía, a su vez asociado a la conservación de la biodiversidad y al cuidado de los servicios ecosistémicos. La custodia del territorio es una de las herramientas clave puesto que para poder abordar este gran reto son imprescindibles las alianzas estratégicas y trabajar coordinadamente con diferentes agentes, algo que nuestro acuerdo con el CGN y estas jornadas escenifican a la perfección”.

Estado actual

La primera mesa redonda se centró en el Estado actual de la Custodia del Territorio. De la conservación pública a la intervención ciudadana. Moderada por Ignacio Ferrer, decano del Colegio Notarial de Extremadura, miembro de la comisión permanente del CGN y patrono de la Fundación Notariado, contó como ponentes con Carlos Javier Durá, investigador del CIEDA; Antonio Ruiz Salgado, abogado y consultor jurídico ambiental, asesor jurídico del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio; y Federico Cabello de Alba, notario y miembro de la Comisión de Custodia del Territorio del CGN (quien participó de manera telemática).

 


LA COMUNIDAD INTERNACIONAL PREVÉ AMPLIAR PARA 2030 AL 30% LA CANTIDAD DE SUPERFICIE TERRESTRE O MARINA PROTEGIDA JURÍDICAMENTE


 

Ferrer indicó que se debe «profundizar en la seguridad jurídica que aportan los notarios en la custodia del territorio para asegurar la legalidad y adecuar la voluntad de las partes». El investigador del CIEDA-CIEMAT, subrayó que “podemos realizar adaptaciones imaginativas de fórmulas empleadas con éxito en otros países para su incorporación al ordenamiento jurídico español. Entre otras, la adecuación de la fiscalidad ambiental para fomentar y consolidar iniciativas de custodia.”

El asesor jurídico del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio, Antonio Ruiz, afirmó que “las líneas de trabajo para fortalecer la custodia del territorio están bien definidas en el Libro Blanco; entre otras, modificar la Ley 49/2002 de Mecenazgo e Incentivos a las Entidades no Lucrativas, mejorando el marco de desgravación actual e incorporando mejor el patrimonio natural y la biodiversidad”.

Federico Cabello de Alba, destacó que “hay necesidad de realizar acciones de formación combinada, tanto en el ámbito de las entidades de conservación como en el Notariado, en los montes de socios y en los comunales para asumir el reto de la demanda social representada por el movimiento de custodia del territorio y su trascendencia para la conservación de la biodiversidad y la despoblación del medio rural”. Cabello de Alba recordó que, en 2019, la Fundación Biodiversidad y el Consejo General del Notariado firmaron un acuerdo de formación y asesoramiento mutuo.

 

Montes de socios

El segundo panel de debate abordó los Montes de socios. Formalización y aportación al desarrollo rural. Con Miguel Latorre, subdelegado del Gobierno en Soria, como moderador, intervinieron Pedro Agustín Medrano, director de «Montes de socios» y «Asociación Forestal de Soria»; José Manuel Benéitez, notario de Soria; Beatriz Martín Larred, senadora de ‘Teruel Existe’ y Pedro Gracia, letrado de la Asociación Forestal de Soria.

Latorre aseguró que no existe un marco legal adecuado para los montes de socios, lo que favorece que terceros interesados puedan caer en el abuso de hacerse con propiedades que no son suyas, de explotar recursos naturales sin pagar a sus legítimos dueños y de evitar la función social de la propiedad, que es la de hacer que parte de los beneficios obtenidos reviertan en la conservación de los propios montes y revitalicen las comunidades en las que se ubican. Medrano aseguró que desde su asociación quieren «custodiar los montes de socios -que sólo en Castilla y León ocupan 180.000 hectáreas- para los que vengan; es nuestra cuota de responsabilidad generacional». La senadora Martín apuntó que «los montes de socios son un fenómeno vinculado al fenómeno del éxodo rural. Entre las personalidades jurídicas que ayudan a regularlo destacan los colegios notariales que hacen posible la reanudación del tracto, permitiendo a los dueños empoderarse y recuperar su raíz»

El notario soriano José Manuel Benéitez aclaró que un monte de socios no es público, sino un monte privado en comunidad romana o por cuotas y que no existe una legislación completa que los abarque. Por ello pidió una ley integral que responda jurídicamente a todas sus características, y subrayó su valor para la biodiversidad:

 

La biodiversidad

Conservación de la biodiversidad, ¿Qué esperamos del mundo jurídico? fue la mesa dirigida por Oscar Prada, de la Fundación Biodiversidad, que tuvo como participantes a Cristina Álvarez, asesora Legal de SEO/BirdLife; Eduardo de Miguel, director gerente de la Fundación Global Nature; Javier Manrique, secretario de la Fundación Amigos del Águila Imperial, Lince Ibérico y Espacios Naturales de Carácter Privado y notario de Jerez de la Frontera y Pedro García Moreno, presidente de ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste).

 


EL NOTARIO RURAL ES UNO DE LOS PRINCIPALES RECURSOS JURÍDICOS DE LAS ZONAS DESPOBLADAS


 

Álvarez-Vaquerizo señaló las que han tenido con administraciones municipales tras el cambio de secretario y su reinterpretación de los antiguos acuerdos de custodia en el marco de los contratos públicos, y por tanto sujetos a licitación, siendo algo muy diferente. Por su parte, Eduardo de Miguel reivindicó “un cambio jurídico para que puedan establecerse a perpetuidad los objetivos de conservación vinculados a un determinado terreno sujeto a un acuerdo de custodia o directamente propiedad de una entidad de conservación. Debido a esa carencia jurídica estamos dejando de recibir importantes donaciones de dinero privado que exige la garantía de perpetuidad.” Pedro García focalizó su intervención en las dificultades administrativas y la inseguridad jurídica de la custodia del territorio en entornos litorales.

Las tres entidades coincidieron en señalar las dificultades burocráticas encontradas con la administración en terrenos de dominio público, a pesar de que la custodia del territorio llega muchas veces donde no alcanza aquella, ahorrando a la sociedad costes para la conservación’.

Por su parte Manrique señaló que “el censo podría ser una fórmula jurídica a desarrollar para conseguir mayor duración, incluso perpetuidad de los objetivos de conservación vinculados a un terreno concreto”.

 

Despoblación en el mundo rural

La última mesa analizó las Soluciones jurídicas y experiencias prácticas al reto de la despoblación en el mundo rural. Carmen Rodríguez Pérez, decana del Colegio Notarial de Murcia, moderó el coloquio donde tomaron parte Luis Antonio Calderón, presidente de SIEMBRA y alcalde de Paredes de Nava; Judit Flórez, directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); Susana Gende, psicóloga del área de Estudios e Innovación Social de Cruz Roja; Conrado Giménez, presidente de Fundación Madrina y José María Graiño, decano del Colegio Notarial de Galicia.

Rodríguez centró el debate señalando que «el 53% del territorio español está ocupado por sólo el 5% de la población. Este dato pone de manifiesto la situación de despoblación en la que nos encontramos». Calderón puso en valor el papel activo de los alcaldes y la labor del notario rural: «su labor pública les convierte en referentes para los más vulnerables. Cuentan con un perfil universitario que les convierte en uno de los últimos recursos ante la despoblación». Flórez puntualizó que «nunca como hasta ahora ha habido una arquitectura institucional para abordar este reto desde todas las instituciones públicas». Por su parte, Gende señaló que “estamos a la cola de Europa en la inclusión del talento femenino en un entorno rural muy masculinizado. Las mujeres son las primeras que se van de los pueblos por la persistencia de los roles de género en el campo». Giménez explicó la creación de Abuelos Madrina en el entorno rural para proteger la maternidad vulnerable, así como el proyecto Pueblos Madrina “por el que buscamos alojamiento para familias cuya vida en la ciudad es extremadamente difícil».

Por último, Graíño puso de manifiesto la conexión de las notarías con la población de los pueblos, que «constituyen una estructura que garantiza la seguridad jurídica personal y patrimonial. El notario es una persona imparcial que sirve de guía en Derecho Privado; su intervención ex ante en la información precontractual permite conocer qué derechos se tienen o qué instrumentos jurídicos utilizar en materia de emprendimiento. El decano gallego recordó algunas iniciativas recientes puestas en marcha por el Notariado que pueden beneficiar a la población rural: «Se ha suscrito un convenio con empresas de microfinanzas para establecer créditos ventajosos con personas vulnerables facilitando la inclusión social. También cabe destacar la apuesta por la digitalización, con la creación del Portal Notarial del Ciudadano, donde podrán realizarse gestiones sin necesidad de desplazarse».

Custodia del territorio

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, la custodia del territorio es una figura que facilita «iniciativas voluntarias de conservación de la naturaleza en fincas privadas y públicas entre el propietario y una entidad de custodia que le asesora para gestionar su territorio orientándolo hacia la conservación».

Montes de socios
En algunas regiones de España existen montes y terrenos rústicos propiedad de un colectivo de vecinos. Es una situación de proindiviso de varias personas físicas o jurídicas que poseen un porcentaje del territorio.
Primera mesa redonda (de izquierda a derecha): Antonio Ruiz, Carlos Durá, Ignacio Ferrer. Federico Cabello de Alba en pantalla.
Segunda mesa redonda (de izquierda a derecha): Pedro Medrano, José Manuel Benéitez, Beatriz Martín, Pedro Gracia y Miguel Latorre.
Tercera mesa redonda (de izquierda a derecha): Javier Manrique, José Ángel Martínez Sanchiz, Cristina Álvarez, Eduardo de Miguel, Oscar Prada y Pedro García.
Cuarta mesa redonda (de izquierda a derecha): José María Graíño, Conrado Giménez, Susana Gende, Luis Calderón, Judit Flórez y Carmen Rodríguez.

«Un instrumento para el desarrollo rural», por Ignacio Ferrer

EN ESTE PAÍS

IGNACIO FERRER,

Decano del Colegio Notarial de Extremadura.

"En la medida en que fomenta la colaboración público-privada, la custodia del territorio refuerza esa vía de integración y compatibilidad"

Un instrumento para el desarrollo rural

El concepto de custodia del territorio está unido al objetivo de la conservación del patrimonio natural y cultural de nuestro medio rural. Implica, por decirlo de forma sencilla, un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden comprometer a los propietarios y usuarios del territorio en su conservación y buen uso, promoviendo para ello acuerdos y mecanismos de colaboración continua con entidades de custodia y otros agentes públicos/privados. Pero quizás por esa dimensión ambiental indudable que tiene la custodia del territorio existe la idea equivocada de una cierta incompatibilidad entre estos acuerdos con usos tradicionales como la agricultura, la caza, la pesca o la ganadería, cuando la realidad es justamente la contraria.

Estas actividades no sólo resultan complementarias, sino que frecuentemente facilitan y encajan como un guante en las estrategias de conservación del territorio. La lógica de un desarrollo sostenible enfocado simplemente al ecologismo, sin consideración de las dimensiones social, económica y cultural, hace años que abandonó la esfera y el discurso público, incluso el de las propias entidades conservacionistas. Hoy la sostenibilidad se entiende en un sentido integral e integrador, desde la asunción de que, del mismo modo que hay que poner límites y cauces a las actividades productivas para la protección del medio ambiente, también hay que proteger esas actividades, sin las cuales el medio ambiente sufriría una merma semejante o superior, asociada al abandono del medio rural y el preocupante fenómeno de la despoblación.

Muchos caminos rurales se perderían y se desaprovecharían para nuevos usos ligados al ocio o el disfrute de la naturaleza si no fueran explotados también para otros usos productivos, de nuevo cuño, como el turismo, o tradicionales, como la ganadería. En numerosos pueblos de la España rural la arboleda cubre la función de absorción de CO2 que cubren los bosques en países de Centroeuropa. La protección de esas actividades tradicionales no sólo tiene encaje dentro de las políticas públicas de sostenibilidad sino que son necesarias para ellas, y el reto no es otro que encontrar la mejor integración, desde el convencimiento de ser sostenible implica no solo armonía con el entorno sino también viabilidad, es decir, posibilidad de que esa actividad pueda ser mantenida en el tiempo sin perjuicio para el que la emprende.

En la medida en que fomenta la colaboración público-privada para ello, la custodia del territorio refuerza esa vía de integración y compatibilidad y por tanto supone o puede suponer un impulso a esas actividades tradicionales desarrolladas de una forma no antagonista sino complementaria con el entorno. Estas formas de colaboración han sido históricamente infrautilizadas en España, perjudicadas probablemente por un ambiente social que recela de la posibilidad de una colaboración real y leal entre actores privados, públicos y sociales orientada al interés general. Sin embargo, las propias políticas comunitarias están fomentando esta cooperación, ante la evidencia de que los grandes desafíos de la sociedad del bienestar no pueden afrontarse exclusivamente con financiación pública, sino que demandan la implicación (la inversión y también la inteligencia) de los actores privados.

Pues bien, si hay un ámbito en el que merezca explorar esa colaboración público-privada, sin duda, ese es el medio ambiente, no sólo por su relevancia intrínseca, sino porque todo lo que gira alrededor de la transición ecológica y el cambio climático se va a convertir, si no se ha convertido ya, en el gran motor de desarrollo de las próximas décadas, junto a las actividades productivas ligadas a la digitalización, el análisis y la inteligencia de datos y la ciberseguridad.

Además, en este caso, y hasta donde se le ha puesto a prueba, la custodia del territorio ya ha presentado sus credenciales favorables, mostrándose como un instrumento jurídico eficaz para la protección del entorno y la biodiversidad. Al sustituir una lógica de imposición/supervisión por otra de responsabilidad y colaboración, ha permitido un mejor cumplimiento de los objetivos ambientales. Y se ha revelado además como una fórmula menos costosa para el erario público y por tanto más eficiente para el ciudadano que una intervención de la Administración basada en figuras jurídicas de protección del paisaje y su avifauna y patrimonio cultural.

Teniendo en cuenta que más de la mitad del territorio en Red Natura 2000 es de propiedad privada, parece cuanto menos sensato y oportuno que se apueste por esta vía, implicando a propietarios y usuarios en la estrategia de conservación y fomentando su compromiso activo y colaboración con entidades conservacionistas de carácter público o privado. Para ello, sería conveniente desarrollar una regulación específica estructurada, al estilo de la que existe en otros países, sobre todo anglosajones, así como promover algunos estímulos (por ejemplo, fiscales) que sin duda saldrían a cuenta para el erario público.

Ni que decir tiene que los notarios, sobre todo en esas comunidades de la llamada España vaciada, podemos aportar -y estamos aportando ya-, mucho al desarrollo de esta institución, que, insisto, resulta totalmente compatible con los usos ganaderos, agrícolas, de caza, etc. que son tradicionales y casi consustanciales con nuestro campo. De ahí, también, que el Consejo General del Notariado venga trabajando desde hace dos años junto a la Fundación Biodiversidad en el análisis de la normativa y la presentación de propuestas legislativas para reforzar la seguridad jurídica de la custodia del territorio como herramienta de conservación.

La Seguridad Nacional no es ficción, por Noé de la Rubia

EN ESTE PAÍS

NOÉ DE LA RUBIA,

inspector de Policía Nacional, oficial de enlace en Interpol

 

 

Estoy convencido de que habría que aprovechar cualquier reforma legislativa para introducir un nuevo modelo de gestión de situaciones crisis

La Seguridad Nacional no es ficción

Casualidades de la vida, la amable dirección de la revista me propuso esta nueva singladura periodística, al tiempo que se popularizaba la película No mires arriba (Don´t look up) protagonizada por Leonardo di Caprio. Enésima entrega del género cinematográfico basado en el relato de inminentes catástrofes naturales que amenazan con asolar el Planeta Tierra y que acaban resolviéndose sobre la campana desde el otro lado del Atlántico, en un alarde de ingenio más que por sus “precarios” recursos.

Prometo que no la hubiera dando la menor tregua de no recibir tan generosa invitación, aunque también, por qué negarlo, en un intento por amenizar la lectura a aquellos que hubieran tenido oportunidad de verla, ya que básicamente, la película se construye sobre un supuesto de hecho perfectamente contemplado en la Ley.

Con este ardid literario, espero no dar la impresión de estar banalizando la cuestión de fondo, puesto que huelga decirlo, la Seguridad Nacional debe estar entre las prioridades de cualquier país y por ende, regir la actuación de sus gobernantes en todo momento, incluso diría yo, desde antes de llegar a serlo (en la oposición).

Como digo, el film resulta interesante tomarlo como telón de fondo, principalmente por el giro inesperado que da, tras la detección e inmediata comunicación de la amenaza a las autoridades, que mantienen la incertidumbre del espectador desde entonces hasta el mismo final. Ese punto de inflexión se propicia a partir de un truculento incidente en el que se ve envuelto un importante cargo político y que paradójicamente, no solo desvía la atención del Gobierno hacia ese asunto menor, sino que también, arrastra la de los medios de comunicación y de la propia ciudadanía, hasta el punto de convertir unos inicios ciertamente apocalípticos en una suerte de comedia.

No obstante, aunque director y guionistas se hayan afanado en querernos sorprender y en ocasiones llegar a entretener, también han podido alentarnos los temores a que la realidad pueda superar a la ficción al paso que vamos. De hecho, no creo que se exagere al equiparar, al menos en lo que al hecho desencadenante se refiere, la crisis epidemiológica que padecemos con cualquier guion cinematográfico de este género, aunque todavía estemos muy lejos en todo lo demás.

Por ese motivo, estoy convencido de que habría que aprovechar cualquier reforma legislativa para introducir un nuevo modelo de gestión de situaciones crisis, en el que se preponderara el conocimiento de los expertos en la toma de decisiones, por encima de los que no lo sean con independencia del puesto que ocupen y la legitimidad que las urnas les hayan otorgado.

Por suerte, al menos en nuestro país, gozamos de un contingente funcionarial extraordinariamente competente, perfectamente capaz de hacerlo con las debidas garantías de neutralidad y persecución del interés general, que deben presidir la actuación de la Administración en general, pero más aún en los momentos críticos.

De poco servirá, que en la nueva redacción se hayan incluido “las aportaciones de expertos independientes, personas de reconocido prestigio, con conocimientos y experiencia en el campo de la seguridad”; o que llegado el momento, gracias al Sistema de Seguridad Nacional que se pretende implantar, desde esos futuribles observatorios, centros y plataformas que lo integrarían, sobre la base de “la información proporcionada por unos datos objetivos de determinación de impactos y la evidencia
científica” se identifique un peligro para la seguridad nacional que active una alerta temprana y se comunique por los canales “especiales” que la Ley prevé hasta llegar al mismo Gobierno o en este caso, al Consejo de Seguridad Nacional como“ órgano responsable de la dirección y la coordinación de las actuaciones para la gestión de situaciones de crisis”, si entre medias, como ocurre en el celuloide, otros factores o incidentes (truculentos o no), la silencian o tergiversan, impidiendo la ejecución de medidas de respuesta y conducción en tiempo oportuno.

Por último, como epílogo a esta ingenua aspiración, me gustaría resaltar otra, en este caso no mía sino del Gobierno, en lo relativo a las implicaciones en el sector privado que se derivan del plan que se pretende implantar, como la de salvaguardar la base industrial que garantice el suministro de aquellos bienes y servicios que sean considerados como de primera necesidad y carácter estratégico, así como la mejora de las capacidades militares mediante “una política activa de colaboración público-privada que apoye firmemente al sector industrial y tecnológico de la seguridad y la defensa en España”, lo que nuevamente me recuerda la película y la entrada en escena de un gigante tecnológico que convence al Gobierno para seguir su plan de rescate (por intereses comerciales) desbaratando el propuesto por los expertos. En esta cuestión, difiero totalmente del curso cinematográfico de los hechos puesto que soy un firme defensor de la colaboración público-privada y no tanto de la tendencia legislativa actualmente imperante que la traba e impide el aprovechamiento óptimo de todas posibilidades que presenta.

Concretamente en lo que a mi área de trabajo se refiere, en la que confluyen en perfecta simbiosis, cibercrimen y blanqueo de capitales, se padece especialmente. De nada sirven los denodados esfuerzos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni la buena voluntad y disposición a colaborar de las entidades privadas (entre sí y con nosotros) cuando nos enfrentamos a este tipo de delincuencia en el marco legal actual. Ejemplos como la Ley USA Patriot deberían marcar el camino a futuras reformas legislativas que pretendan dar una respuesta eficaz con medidas concretas para luchar contra esta otra (si me lo permiten) pandemia silenciosa, pero de alcance igualmente planetario y crecimiento exponencial, que arruina impunemente la vida de miles de personas y empresas cada año.

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional

EN ESTE PAÍS

Una de los principales problemas del modelo energético de algunos países es su alta dependencia externa

LA NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL

El pasado 28 de diciembre el Gobierno aprobó la nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2021 (ESN21), que sustituye a la que estaba en vigor del año 2017 (ESN17). La irrupción de la pandemia de Covid-19 y el escenario internacional marcado por esta ha llevado al Ejecutivo a aprobar esta actualización con unos meses de adelanto, ya que habitualmente se realiza cada
cinco años.

La aprobación del Gobierno, de acuerdo con la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, estuvo precedida del informe favorable del Consejo de Seguridad Nacional reunido el 18 de noviembre de 2021.

Aunque expresa su continuidad con las tres Estrategias de Seguridad Nacional anteriores, una importante novedad respecto a la anterior ha sido la participación de la Comunidades y Ciudades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional.

El documento está estructurado en cinco capítulos, el primero de los cuales se refiere a las amenazas que suponen la tensión estratégica y regional y a su posible derivada en un conflicto bélico.

 

La desinformación

En líneas generales, el texto recoge los mismos peligros que se fijaban en el texto anterior, aunque se han introducido destacables novedades. Por ejemplo. se ha elevado a nivel de amenaza las «campañas de desinformación» o la posibilidad de otra pandemia. Además, esta nueva ley recoge la necesidad de crear un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, previsión en la que seguramente ha tenido que ver la crisis migratoria sufrida por las dos ciudades autónomas en la primavera de 2021 y que erosionó gravemente las relaciones diplomáticas con el Reino de Marruecos.

La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 recoge por primera vez «las campañas de desinformación» como uno de los dieciséis riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional. Además, plantea «iniciativas necesarias, como, por ejemplo, la creación de una reserva estratégica basada en capacidades nacionales de producción industrial.

Aunque ningún país en concreto está mencionado en el documento, si se intuye en el apartado referido a la «Tensión estratégica y regional» que la tensión militar Marruecos y Argelia, en la que siempre está presente el ‘statu quo’ del Sáhara Occidental, cuya potencia administradora sigue siendo España, y que después de casi 50 años de la salida de la antigua colonia no parece que su situación tenga fácil solución.

Como novedad de esta nueva Estrategia de Seguridad Nacional se agrupan riesgos y amenazas en el mismo apartado, estableciendo un nuevo modelo.

El documento constata los efectos que en el contexto internacional ha tenido la pandemia, señalando una «una etapa de transición», y considera que el Covid-19 entraña un factor de aceleración de las principales dinámicas globales que afectan a la seguridad.

También, por primera vez, una Estrategia de Seguridad Nacional no hace referencia a la banda terrorista ETA. Aunque la organización criminal anunció el cese definitivo de su actividad armada en 2011, el anterior documento de Seguridad Nacional de 2017 sí hacía mención a la banda considerando que, a pesar de no ser ya una amenaza relevante, era necesaria la defensa la memoria de las víctimas y las investigaciones hasta las últimas consecuencias de todos los actos criminales de ETA. Estas consideraciones no figuran en el documento de 2021.

 


LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL 2021 INCLUYE POR PRIMERA VEZ ‘LAS CAMPAÑAS DE DESINFORMACIÓN’ COMO UNO DE LOS DIECISÉIS RIESGOS Y AMENAZAS

 

Las referencias al terrorismo se centran ahora en el yihadismo y sus posibles amenazas a los intereses españoles, individuales o colectivos, que puedan provenir especialmente del Sahel o de individuos radicalizados nacidos o criados en España u otros países occidentales. En este sentido la Estrategia de Seguridad Nacional pone el foco en el riesgo de radicalización que puede producirse entre internos de las prisiones españolas.

 

Nuevas amenazas

Una, y en cierta medida polémica, inserción en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 son las llamadas “fake news” o bulos. Para el Gobierno son preocupantes las llamadas campañas de desinformación por su capacidad de “generar confusión y socavar la cohesión social” lo que puede suponer una grave amenaza para los procesos electorales o la posible influencia en ellos de otras naciones o agentes internacionales.

Las redes 5G también son para la ESN2021 un riesgo en cuanto a la vulnerabilidad y el peligro de ciberataques que afecten a las llamadas redes inteligentes.

Otra novedad es la alerta sobre la generalización del uso de drones que para los expertos pueden poner en riesgo la seguridad aérea e incluso provocar la inutilización de infraestructuras críticas como los aeropuertos o centrales energéticas.

La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 da un especial valor a la “alerta temprana” que permita a las autoridades tomar medidas eficientes y para ello también recomienda incluir un término al que nos hemos acostumbrado durante esta larga y cambiante pandemia: cogobernanza. En este sentido se da paso a la participación de las Comunidades Autónomas en asuntos que son de su competencia, como es la sanidad.

 


CONSIDERA QUE EL COVID-19 ENTRAÑA UN FACTOR DE ACELERACIÓN DE LAS PRINCIPALES DINÁMICAS GLOBALES QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD

 

La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 contiene como novedad una carta a modo de introducción del presidente del Gobierno. En esta Pedro Sánchez señala como ejes del documento continuidad y cambio.

Dice el presidente del Ejecutivo que es de continuidad, “por el compromiso que significa la cuarta estrategia de esta naturaleza en la historia democrática de España. La seguridad de España y su ciudadanía es una de las más altas responsabilidades del Gobierno. La presente Estrategia recoge la herencia de sus antecesoras y hace suya la visión integral de la Seguridad Nacional, entendida como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos”.

También se refiere al cambio, identificando la situación actual y el insoslayable golpe de la pandemia como” una ventana de oportunidad”, considerando que la transformación en un contexto de incertidumbre requiere de una visión estratégica, “donde la seguridad se concibe como una condición necesaria para la recuperación económica y la cohesión social”. Para el presidente del Gobierno la Estrategia de Seguridad Nacional tiene en cuenta el camino a “la innovación tecnológica y la transición ecológica; hacia una España moderna con visión de futuro, llena de oportunidades de progreso”.

Capacidad creíble y efectiva

El Departamento de Seguridad Nacional dirigido por el general Miguel Ángel Ballesteros ha sido el encargado de elaborar este documento de 75 páginas, que describe 16 riesgos y amenazas. En él se mantiene que España requiere de una capacidad de disuasión creíble y efectiva y una capacidad de defensa autónoma, frente a diferentes formas de agresión: desde las estrategias híbridas hasta el conflicto convencional.

Fragilidad en la cadena de suministros

La experiencia acumulada por la pandemia del Covid-19 ha tenido reflejo en el documento estratégico, que reconoce el riesgo de la fragilidad de la cadena de suministros, así como la falta de capacidad decisora de organismos y autoridades internacionales, que resultaron incapaces de organizar un sistema efectivo para la producción y distribución de material sanitario.

Para saber más

a Estrategia de Seguridad Nacional 2021 puede descargarse aquí
Se pueden encontrar todas las anteriores estrategias, así como referencias al Departamento de Seguridad Nacional aquí
El Departamento de Seguridad Nacional tiene un sitio web al que se puede acceder aquí

Los servicios electrónicos de confianza y la seguridad jurídica

EN ESTE PAÍS

De izquierda a derecha: acto inaugural a cargo del director de la Cátedra, el notario Manuel González-Meneses, y del vicedecano de Ia Facultad de Derecho ICADE, José Luis Rey.

SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CONFIANZA Y SEGURIDAD JURÍDICA

La sala de conferencias de ICADE-Comillas en Madrid acogió en febrero unas jornadas organizadas por la Cátedra ICADE-Fundación Notariado con el título Los servicios electrónicos de confianza y la seguridad jurídica. Del Reglamento eIDAS y la Ley 6/2020 a la propuesta de eIDAS2.

TRAS LA APERTURA por José Luis Rey, vicedecano de Investigación de Ia Facultad de Derecho ICADE, el director de la Cátedra, el notario Manuel González- Meneses, llamó la atención sobre la evolución que ha llevado desde la aparición de los prestadores de servicios de certificación en relación con firmas electrónicas basadas en criptografía de doble clave en el Real Decreto-ley y en la Directiva de firma electrónica del año 1999, a una paulatina ampliación del catálogo de servicios electrónicos de confianza objeto de reconocimiento y regulación, así como a un fortalecimiento de sus efectos jurídicos, en particular en su modalidad de servicios «cualificados», en especial con la última redacción que el artículo 326 de la LEC ha recibido por la Ley 6/2020.

A continuación, Ignacio Alamillo, director General de Astrea, habló del estatuto jurídico general de los prestadores de servicios de confianza, resaltando el esfuerzo de armonización de la regulación llevado a cabo por el legislador europeo con la pretensión de conseguir la unidad del mercado interior. También señalo cómo algunos de estos servicios de confianza dan lugar a productos de carácter específico, que no tienen equivalente jurídico en el mundo no electrónico; y advirtió de los límites de la seguridad aportada por sí sola por la tecnología.

Garantizar la seguridad jurídica. A continuación, se celebró una mesa redonda sobre el mercado de los servicios electrónicos de confianza, en la que participaron Diego Hernández, director de sistemas de información de FNM; Alfonso Carcasona, CEO de AC Camerfirma; María Dolores Pescador, presidenta ejecutiva de Logalty; Alfonso Fernández, director de identidad digital y firma de SIA (Indra); Santiago Casas, CEO de Validated ID, y Segismundo Álvarez, notario (moderador).

Una idea recurrente fue la pretensión de garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento normativo frente a los modelos más laxos propios del ámbito anglosajón, así como la evolución de un simple servicio de certificación a la oferta de soluciones integradas para la contratación electrónica.

En una segunda mesa redonda, sobre El significado y valor jurídico de los servicios electrónicos de confianza (en la que participaron Antonio Merchán, profesor de Derecho internacional privado; los abogados Alonso Hurtado y France Vidal, Manuel González-Meneses, y Miguel Martínez, profesor de Derecho Mercantil de ICADE, como moderador) se analizaron cuestiones relacionadas con el valor jurídico, en especial procesal y probatorio, de estos servicios.

Cuestiones como las dudas sobre la constitucionalidad de la norma de inversión de la carga de la prueba sobre la parte que impugna la autenticidad, integridad o fecha de un documento electrónico respecto del cual se ha prestado un servicios de confianza por un prestador incluido en la lista de prestadores cualificados (lo que fue calificado como la imposición de una probatio diabolica), en especial tratándose de consumidores (al respecto, Hurtado alertó sobre la posibilidad de reclamaciones masivas); así como el problema de las personas con capacidad disminuida por la edad o la enfermedad como posibles titulares de certificados y dispositivos de firma electrónica. Merchán habló de «capacidad digital» y González-Meneses de la carga de «autotutela criptográfica» que imponen sobre sus usuarios estos instrumentos de
firma basados en criptografía.

 


UNA IDEA RECURRENTE FUE GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO FRENTE A LOS MODELOS MÁS LAXOS PROPIOS DEL ÁMBITO ANGLOSAJÓN

 

En el bloque dedicado a los nuevos planteamientos en materia de firma, Antonio Merchán; Rubén Morales, director técnico de identidad digital y firma de SIA (Indra); Miguel Ángel Bernal, profesor de Derecho administrativo; Segismundo Álvarez, notario; Enric Hernández; responsable del área de certificación y seguridad de Ancert, y José Carmelo Llopis, notario (moderador) trataron sobre los problemas de usabilidad propios de los sistemas de firma por medio de tarjetas físicas y su superación mediante el modelo de firma centralizada o en la nube y con el teléfono móvil, así como de la nueva posibilidad de identificación en remoto de los solicitantes de certificados. También se aludió a los nuevos sellos electrónicos de personas jurídicas, susceptibles de aplicación no personal y automatizada; así como a las dificultades para compatibilizar el régimen de los poderes de representación jurídica con el instrumento de la firma electrónica. Al problema que suscita la parametrización de las facultades de representación se refirieron Carmelo Llopis y Segismundo Álvarez.

En la sesión dedicada a la identidad digital, Llaneza hizo alusión a las incertidumbres a las que se enfrentan los expertos que participan en la elaboración de las normas técnicas de desarrollo de eIDAS2 en cuanto a las posibles fuentes de acreditación de los atributos que podrán gestionarse mediante los futuros wallets de identidad digital.

A continuación, en una mesa sobre proyectos de identidad digital, María Parga, presidenta de honor de Alastria; Carlos Pastor, líder de identidad digital de Alastria; Iván Basart, CTO de Validated ID; Carmine Auletta, CIO de Inforcert SpA, y González-Meneses, como moderador, expusieron varios proyectos relacionados con el concepto de identidad digital autosoberana.

Tras las intervenciones de ingenieros y tecnólogos, el notario Javier González y el catedrático de filosofía del Derecho Rafael de Asís disertaron sobre el concepto de identidad y la problemática de su traslación al ámbito digital, a lo que siguió un coloquio en el que llegaron a suscitarse cuestiones relacionadas con el respeto de los derechos de la personalidad en el metaverso.

En el último bloque, el dedicado a otros servicios de confianza, participaron José María Anguiano; José Carmelo Llopis; Igor Marcolongo Chief business Compliance Officer de Inforcert SpA; Alfredo Muñoz, y Pedro Garrido, notario
(moderador).

Llopis se ocupó del archivo duradero de documentos electrónicos, con una referencia a los problemas que planteará la conservación del futuro protocolo electrónico; Marcolongo aludió a la necesidad de adaptación a las distintas culturas jurídicas locales; Anguiano criticó la pretensión de monopolio de la notificación certificada por parte de la Sociedad Estatal de Correos y aludió a la problemática suscitada por la dirección electrónica habilitada; y por último, Muñoz hizo referencia al nuevo servicio de ledgers electrónicos y a posibles aplicaciones de la tecnología blockchain en el ámbito del derecho societario.

En el cierre de las jornadas el director de la Cátedra recordó que los notarios nacieron de la sociedad, por las necesidades de seguridad del mercado y porque dominaban esa tecnología de la información disruptiva en su tiempo como era la escritura en tinta sobre papel. Hoy, en el medio digital, la seguridad jurídica debe apoyarse necesariamente en unos medios de seguridad electrónicos que aportan precisamente las empresas tecnológicas, y tiene sentido que estos medios, por razones de seguridad del tráfico, vean reconocidos unos específicos efectos jurídicos. No obstante,  concluyó– el reconocimiento de estos efectos jurídicos no debería chocar con valores y principios básicos de nuestro sistema jurídico –como la tutela judicial efectiva–, ni llevar a prescindir de esa seguridad más completa que para aquellos ámbitos más delicados del tráfico jurídico ha aportado y  debe seguir aportando el documento notarial. |EP|

¿Podemos alcanzar la independencia energética?

EN ESTE PAÍS

Una de los principales problemas del modelo energético de algunos países es su alta dependencia externa

¿Podemos alcanzar la independencia energética?

La energía ha sido un elemento esencial para el desarrollo de las sociedades en el siglo XXI. Sin embargo, la acelerada evolución económica, social y tecnológica ha situado al sistema de gobernanza global nacido después de la Segunda Guerra Mundial en tensiones difícilmente sostenibles.

El modelo energético actual mundial es muy difícilmente sostenible, principalmente debido a que se basa en el consumo de petróleo y carbón, recursos limitados. Otra de las principales problemáticas que presenta es la alta dependencia energética externa.

Una definición convencional del concepto de dependencia energética es la de la cantidad de energía primaria que un país necesita importar para poder abastecerse, ya sea en forma de calor, electricidad o transporte.

El carecer de suficientes fuentes propias de energía (como sucede en España actualmente) provoca una peligrosa dependencia exterior, que es fuente de incertidumbre y que afecta a la economía real y la vida cotidiana; una realidad que viven las economías dependientes con frecuencia.

Dependencia energética

Depender de otros países para la obtención de parte de la energía consumida por una nación puede generar alteraciones en el suministro energético, ya que este no está únicamente bajo el control del país importador.

Durante este año se ha popularizado en los medios de comunicación el concepto de “mix energético”, al que, por otra parte, se ha hecho el villano de una situación que ha provocado un incremento de cerca de un 200% del precio de la electricidad.


España, al contrario que en la de otros combustibles, dispone de unas reservas de 4.650 toneladas de Uranio 3O8

¿Pero qué es el “mix enérgético”? Ni más ni menos que la combinación de las diferentes fuentes de energía que cubren el suministro eléctrico de un país.

En España, las centrales generadoras de energía eléctrica son de propiedad o concesión de las grandes compañías eléctricas que producen la energía, para luego introducirla en la red de transporte, en nuestro caso la empresa pública Red Eléctrica Española (REE). Esta empresa lleva la energía producida a los centros de consumo donde de nuevo las compañías eléctricas se encargan de hacerla llegar a los consumidores finales.

¿Y de dónde procede la energía que se consumen España? La energía de origen nuclear y la de procedencia eólica se disputan desde hace meses el liderazgo del “mix”.  Según datos de REE en julio de 2021 la nuclear se mantiene en cabeza, aunque la eólica gana terreno mes a mes con un incremento sostenido, suponiendo en ese mes el 18,9% de la producción total.

En concreto, fue la segunda energía que más aportó al mix, solo superada por la nuclear (22,7%) y seguida por el ciclo combinado, que produjo el 16,7% y la hidráulica que supuso el 14.4%. La energía de producción fotovoltaica se acerca al 9% de la producida. Prácticamente el 50% de la energía producida hoy es de origen renovable.

 


El modelo energético mundial es muy difícilmente sostenible porque se basa en el consumo de petróleo y carbón, recursos limitados

 

El alza de los precios

¿Y porque los precios están en máximos históricos?  La respuesta es compleja: las energías llamadas “verdes”, a pesar su progreso en eficiencia, son por su propia naturaleza dependientes de un intangible. España tiene muy escasa capacidad (al margen de las obligaciones que imponen las medidas de transición ecológica) de producción y transformación de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón.

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) nuestra dependencia energética del exterior se sitúa en aproximadamente un 73%. Así, en España apenas se produce un tercio de la energía que se consume.

La dependencia del suministro de terceros de productos como el Gas Natural Licuado (GNL) y la geopolítica, amén del mercado y situaciones como la pandemia, son determinantes. El cierre del Gasoducto Magreb Europa (GME) o el estratosférico incremento de los fletes, en gran medida producto del geométrico incremento de la demanda de países en desarrollo industrial, han tenido un efecto muy pernicioso. Un ejemplo: en todo el mundo existen aproximadamente 645 buque capaces de transportar GNL y, por decirlo de forma simple vende su carga al mejor postor.

Uno de los grandes problemas de la energía eléctrica es que su consumo debe ser inmediato, ya que no se puede almacenar grandes cantidades de electricidad, por lo que debemos estimar casi a la perfección la energía que va a consumir nuestro país a cada instante en tiempo casi real.

La alternativa nuclear

Es este un debate complejo al que se debería descargar de prejuicios para abordarlo, siendo cual sea su conclusión, de manera neutral, bajo el análisis científico (con sus pros y sus contras) y sin olvidar que como señala el adagio británico TANSTAAFL “no hay almuerzo gratis”.

La Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE) ha publicado el informe Life Cycle Assessment of Electricity Generation Options, en el que concluye que la energía nuclear produce menos emisiones de CO2 en su ciclo completo de vida que cualquier otra fuente de producción de electricidad.

El informe de UNECE también indica que la energía nuclear es -entre las tecnologías limpias- la que en su ciclo de vida hace un menor uso de terreno y la que requiere una menor cantidad de minerales y materiales metálicos.

Por otra parte, la preocupación por los residuos y la seguridad no son en absoluto insoslayables. La “vida” de los residuos de alta actividad puede ser de decenas de miles de años.

Sucesos como los (con grandes diferencias en su origen y tratamiento entre ellos) de Three Mile Island (EE. UU. ,1978); Chernóbil (Ucrania, 1985); o Fukushima (Japón, 2011) no pueden ser olvidados, ni tampoco que de ellos la tecnología tristemente aprendió en la búsqueda de soluciones preventivas.

España, al contrario que en la de otros combustibles, dispone de unas reservas de uranio evaluadas en 4.650 toneladas de U3O8 a costes de explotación inferiores a 80 $/kg U y 12.160 toneladas a costes comprendidos entre 80 y 130 $/kg U. Lo que la sitúa en el segundo país europeo en importancia, detrás de Francia.

Por otra parte, la investigación en el desarrollo pacífico de la energía nuclear de fusión prácticamente limpia y sin residuos, sigue avanzando. Sobre ella el recientemente desaparecido físico Stephen Hawking dijo en 2016 que” la tecnología que permite generar fusión nuclear es la más prometedora para la humanidad”.

Referentes en energía fotovoltaica
España pretende convertirse en la referencia mundial de la energía fotovoltaica. Así, además de tener la macroplanta fotovoltaica más grande de Europa, cuenta con los tres parques en construcción con la mayor potencia de todos los que se están instalando en la UE: 500 MW, 300 MW y 300 MW respectivamente. Cuando estén conectados dispondremos de cuatro de los cinco parques más grandes de Europa. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ha establecido que para 2031 el 74% de la electricidad generada tendrá que provenir de fuentes renovables.
Francia la nuclear
Francia cuenta con 58 reactores repartidos en 19 emplazamientos nucleares. Gracias a ellos más de la mitad de la energía producida en este país proviene de reactores nucleares y es un 84 % baja en emisiones. Las renovables solo proporcionan un 17 % de la energía total, según los datos de ElectricityMap. Mucha de esa energía es consumida en España y varías de sus centrales productoras se encuentran a pocos centenares de Km de la frontera española.

Para saber más

La página de Red Eléctrica de España ofrece las estadísticas y datos de consumo en tiempo real de la energía eléctrica es España

La Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE) ha publicado el informe Life Cycle Assessment of Electricity Generation Options

La Fundación Canal mantiene el Blog Descubre la Energía en el que da amplia información sobre el mix energético

Si EE.UU. ataca a Irán, que Dios nos ayude, por Carlos Sánchez

EN ESTE PAÍS

CARLOS SÁNCHEZ,

director adjunto de «El Confidencial»

 

Occidente ha vuelto a comprobar que su dependencia del exterior es excesiva. Incluso, peligrosa. En particular, por su subordinación a Rusia

“Si EEUU ataca a Irán, que Dios nos ayude”.

Hace ahora quince años, el legendario jeque Yamani, el hombre que inspiró los dos choques petrolíferos de los años 70 que pusieron contra las cuerdas a Occidente, estuvo en Madrid invitado por el Real Instituto Elcano. EE.UU., por entonces, amenazaba a Irán con intervenir si proseguía con su carrera nuclear, y Yamani, ya defenestrado de su poder como ministro del Petróleo de Arabía Saudí, lanzó una advertencia que todavía se puede escuchar: “Si EE.UU. ataca a Irán, que Dios nos ayude”. Y resuena porque en plena transición ecológica hacia la descarbonización, el mundo sigue dependiendo de las energías fósiles. Es decir, de los productores de hidrocarburos. El petróleo y el gas, hijos de una misma tierra, corren por las venas del sistema productivo.

Es verdad que en las últimas décadas se ha avanzado en la producción de renovables y en la eficiencia energética, pero hoy, guste o no, los hidrocarburos -junto con las centrales nucleares- siguen moviendo el planeta. Evidentemente, porque las nuevas tecnologías de generación limpias no han sido todavía capaces de sustituir a los combustibles fósiles, pero también por ausencia de un viejo concepto que se estudiaba en las escuelas de diplomacia y que hoy se ha vuelto a poner de moda: la independencia energética. Pero que tras la superación de los dos choques petrolíferos desapareció durante años de la agenda política.

Tras la caída del muro de Berlín y la eclosión de la globalización, se entendió que el mundo se iba a regir sin fronteras. Paz celestial. Se olvidó, es más, que el aprovisionamiento energético forma parte de la geoestrategia de los países, como sucedió en los setenta cuando se nacionalizaron los pozos en Oriente Medio, y que, por lo tanto, podría haber problemas de suministro. La palabra independencia -energética o no-, de hecho, se retiró de la circulación, salvo en países como Francia, pero hoy se reivindica como un objetivo a conseguir. La propia UE ha lanzado un proyecto de autonomía estratégica que incluye, como no puede ser de otra manera, la energía.

Sin duda, porque Occidente ha visto las orejas al lobo y ha vuelto a comprobar que su dependencia del exterior es excesiva. Incluso, peligrosa. En particular, por su subordinación a Rusia, que tiene la llave del aprovisionamiento energético. EE.UU. ya lo consiguió hace unos años con el petróleo de esquisto (shale oil), aunque a un precio elevado porque el fracking es costoso, pero la UE aún está lejos de lograrlo.

Sólo hay que mirar algunas cifras para comprobarlo. El 40,4% del gas natural que consumen los hogares y las empresas europeas procede de Rusia. También, el 40% del carbón que llega a Europa viene de allí, mientras que el 29,3% del petróleo que recala en las refinerías continentales procede de la tierra de Putin. La rusa Gazprom, de hecho, tiene influencia sobre casi un tercio de todo el almacenamiento de gas en Alemania, Austria y Países Bajos. Rusia, por si esto no fuera suficiente, es el único proveedor de las importaciones de gas de seis países de la UE.

Rusia, sin embargo, no es la causa, es la consecuencia. El problema, a falta de hidrocarburos en el subsuelo, una mera casualidad geológica, es que el despegue de las energías limpias es lento, tiene limitaciones y es caro. En unos casos por razones tecnológicas, el almacenamiento a gran escala sigue siendo una quimera, pero en otros porque se ha arrastrado los pies subvencionando a los combustibles fósiles en lugar de haber hecho una apuesta más decidida por las energías limpias, como recuerdan una y otra vez los informes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Aunque no es fácil ponerse de acuerdo sobre la cuantía, la propia UE ha estimado que sólo en la región las subvenciones a los combustibles fósiles oscilan entre 39.000 millones y 200.000 millones de euros al año. Obviamente, porque se ha sido poco diligente en cambiar el statu quo, basado en importar hidrocarburos y así favorecer una industria intensiva en empleo y capital. Y España, hay que reconocerlo, está algo más que retrasada respecto del contexto europeo. El 70% de la demanda energética es importada, algo más de diez puntos por encima de la media europea.

El problema es todavía mayor si se tiene en cuenta que España, históricamente, siempre se ha considerado una isla energética. Pese a depender excesivamente del exterior, tampoco ha sabido -o podido- aprovechar las interconexiones con Europa, que son la clave de bóveda a la hora de diversificar las fuentes de suministro.

No es lo mismo depender de regiones convulsas como el norte de África o Rusia, con serias disputas con la UE, que de la Unión Europea, por donde transitan innumerables redes de aprovisionamiento, ya sean fósiles, renovables o de origen nuclear.

Es verdad que también la UE importa más de la mitad de la energía que consume, pero no es lo mismo lidiar con una crisis como la actual desde una posición común -ampliando las redes de interconexión- que desde el ámbito nacional. El corte de suministro de gas argelino a España a través de Marruecos es un buen ejemplo.

La solución, es evidente, está en las energías renovables. No sólo porque ayudan a luchar contra el cambio climático, sino porque por su propia naturaleza -las instalaciones físicas están en cada uno de los países- suponen un avance considerable hacia la independencia energética, aunque nunca del todo. La dependencia también es tecnológica, y esa es un arma demasiado poderosa para poder situarla fuera de la disputa geoestratégica. Como suele decirse, la energía, desde la primera revolución industrial, ha movido el mundo. Y en eso estamos.

Seguridad jurídica en la sociedad digital

EN ESTE PAÍS

Seguridad jurídica en
la sociedad digital

La Universidad Pontificia Comillas ICADE acogió la jornada La trasposición de la directiva de digitalización y el otorgamiento de documentos notariales a distancia. Esta sesión fue la primera organizada por la Cátedra sobre Seguridad Jurídica en la sociedad digital, puesta en marcha por la Fundación Notariado y la citada institución académica.

REDACCIÓN 

De izda. a dcha.: José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado; Abel Veiga, decano de la Facultad de Derecho de ICADE, y Manuel González-Meneses, notario y director de la Cátedra.

La Universidad Pontificia Comillas ICADE acogió la jornada La trasposición de la directiva de digitalización y el otorgamiento de documentos notariales a distancia. Esta sesión fue la primera organizada por la Cátedra sobre Seguridad Jurídica en la sociedad digital, puesta en marcha por la Fundación Notariado y la citada institución académica.

La jornada fue inaugurada por José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y de la Fundación Notariado; Abel Veiga, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas ICADE; y Manuel González-Meneses, notario y director de la Cátedra.

Otorgamiento online. La necesidad de transponer a nuestro derecho interno la Directiva 2019/1151 de digitalización de las sociedades es, en opinión de los participantes, la ocasión para iniciar el otorgamiento por los ciudadanos de documentos notariales sin desplazarse a la notaría.

En este sentido, también se reflexionó sobre otras derivadas como la existencia de una plataforma online centralizada que dote de seguridad bidireccional a todo el proceso; el acceso del usuario mediante instrumentos seguros de identificación electrónica; el empleo de la videoconferencia para permitir la inmediación notario-otorgante; y la verificación de la identidad, la capacidad y la realidad del consentimiento, así como la necesidad de firmar electrónicamente el documento en formato digital con el consiguiente paso a un protocolo electrónico.

Para el presidente de los notarios “es fundamental reflexionar sobre la digitalización, ya que no podemos adentrarnos en un mundo cada vez más tecnológico sin tener en cuenta las consecuencias que puede comportar para la vida humana, para la sociedad y para el derecho”.

El decano de la Facultad de Derecho, Abel Veiga, hizo hincapié en la transversalidad y dinamismo de esta Cátedra y en·“la necesidad de que los juristas demos respuesta a los retos que plantea una sociedad cada vez más digitalizada”.

Por su parte, González-Meneses hizo referencia a la concurrencia de varias circunstancias que justifican este proyecto académico: “La proyectada reforma del reglamento eIDAS; el impacto del fenómeno bitcoin y blockchain; la pandemia, que ha acelerado la tendencia a la digitalización e interacción telemática; y la necesidad de transposición de la directiva de digitalización de sociedades”.

El notario Segismundo Álvarez propuso el concepto de “inmediación notarial a distancia” como respuesta al reto que suscita la transposición de la directiva de digitalización. “Aunque tradicionalmente esa actividad se ha realizado mediante la presencia física y el documento se ha plasmado en papel, hoy contamos con medios técnicos que permiten el desarrollo de esa misma actividad a distancia con una seguridad equivalente y que también permiten que el documento y la firma de las partes sean electrónicos”, manifestó.

La identificación. La segunda mesa redonda, moderada por González-Meneses, tuvo por objeto profundizar en las cuestiones que plantea la identificación, el juicio de capacidad y el control del consentimiento real en un entorno no presencial. La profesora de Derecho mercantil Mónica Fuentes (UCM) advirtió sobre los problemas inherentes a una actuación representativa, así como a la participación como socios de personas jurídicas extranjeras no societarias (fundaciones, asociaciones), a la hora de acreditar online tanto su legal existencia como su representación. Javier Hernández, subdirector general de Desarrollo e Implantación de Servicios Digitales del Ministerio de Justicia, explicó cómo se proyecta aplicar el concepto de “inmediación digital” en el ámbito de las actuaciones procesales (cesiones de remate, ratificaciones de convenios reguladores), mediante videoconferencia, con acceso mediante identificación electrónica con el sistema Clave y manifestación de la conformidad mediante firma no criptográfica (introducción de código remitido al teléfono móvil registrado por el usuario). Por último, el delegado de nuevas tecnologías del CGN en CNUE, Carmelo Llopis, insistió en la necesidad de actuar a través de una plataforma propia del notariado (porque tan importante es la identificación del usuario por el notario como la certeza para aquél de estar interactuando con un notario), en la distinción entre la identificación técnica del usuario para su acceso a la plataforma mediante instrumentos de identificación electrónica previstos en el reglamento eIDAS y en nuestra normativa de procedimiento administrativo común, y la identificación real del sujeto por el notario en el momento de la videoconferencia.

La primera mesa redonda de la tarde se ocupó de las cuestiones documentales que plantea la actuación online. La catedrática de Derecho mercantil Ana Belén Campuzano (CEU) llamó la atención sobre los problemas inherentes a determinadas modalidades posibles de órgano de administración (nombramiento de un consejo, o de personas jurídicas que han de designar a su vez a su persona física representante), así como al control de las inhabilitaciones que pueden afectar a los administradores nombrados. La abogada Ana Belén Jurado (DWF-RCD) cuestionó la oportunidad de excluir del proceso online los supuestos de aportaciones no dinerarias, y el notario Luis Fernández-Bravo, delegado de nuevas tecnologías del Consejo General del Notariado, indicó que sobre el protocolo informático todavía no hay nada definido, y aludió a sus ventajas e inconvenientes (dependencia energética para la disponibilidad de la información, obsolescencia de la tecnología, pérdida de información en las migraciones).

La jornada se cerró con una mesa en la que Carmelo Llopis mostró de forma práctica la aplicación desarrollada por el centro tecnológico del notariado (Ancert) para la constitución online de sociedades. El notario Javier González Granado subrayó el creciente valor geoestratégico de los datos. El ingeniero y profesor de sistemas inteligentes en ICAI, Rafael Palacios, se ocupó de una variada tipología de fraudes: el phishing mediante email o SMS como forma de apoderarse de credenciales o de introducción de malware; o los deepfake vídeos como posible instrumento para una suplantación de identidad. Enric Hernández, responsable del área de certificación y seguridad del centro tecnológico del notariado (Ancert), se detuvo en aspectos técnicos y regulatorios que han afectado a los procesos de identificación remota como base para la emisión de certificados de firma electrónica (artículo 24.1.d) del ReIDAS). Por último, el abogado David Maeztu (451.Legal) alertó sobre el cibercrimen y puso como ejemplo el “fraude del CEO”, ataques específicamente dirigidos contra un concreto directivo con acceso a activos de importante valor económico.

Neutralidad jurídica

La primera mesa redonda estuvo moderada por Álvaro Lucini, delegado para Europa del Consejo General del Notariado español, quien llamó la atención sobre la “neutralidad jurídica” de la directiva, que combina su pretensión de agilización de trámites con el respeto de las tradiciones jurídicas de los Estados miembros, estando precisamente muy arraigado el modelo de notariado continental o latino-germánico en los países de la Unión de mayor peso tanto en población como en volumen económico. Esta mesa contó con la participación de tres notarios de Bélgica, Alemania e Italia -Christian van Belle, Peter Stelmaszczyk y Corrado Malberti, respectivamente-, que expusieron el estado de la transposición de la directiva en sus respectivos países. En todos ellos el legislador interno ha mantenido la intervención notarial en el ámbito societario, previendo la posibilidad del otorgamiento online mediante videoconferencia.

«Legislar mucho y tardar en fallar tiene costes», por Fernando Fernández Méndez de Andés

EN ESTE PAÍS

 
FERNANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ DE ANDÉS

profesor IE university

 

Legislar mucho y tardar en fallar tiene costes

Las relaciones entre economía y derecho siempre han sido complejas. Dos disciplinas que comparten objetivo: contribuir a una sociedad más libre, justa y próspera, pero que atienden a lógicas diferentes. “Pleitos tengas y los ganes” es mas que una vieja maldición, es la frase que resume la actitud de muchos economistas españoles frente a la situación de la justicia. Si al dicho anterior le añadimos la coletilla “que no vivirás para disfrutarlo”, ya tenemos un primer diagnóstico generalizado en la sociedad española. Para los economistas está fuera de duda que la lentitud e imprevisibilidad de la justicia española suponen un factor de pérdida de competitividad internacional, una de las causas estructurales de nuestra crónica incapacidad para crecer y crear empleo. Como han subrayado sistemáticamente todos los observadores internacionales, desde el Fondo Monetario Internacional a la OCDE o la Comisión Europea. Por no mencionar el hoy polémico Doing Business Report del Banco Mundial. Sí, ya sé que un millón de moscas pueden equivocarse, pero la complacencia y el corporatismo no suelen ser buenas guías de actuación.

La ciencia económica hace ya muchos años que subraya la importancia de una adecuada definición y protección de los derechos de propiedad y de un correcto diseño institucional en el desarrollo económico y social. Últimamente es habitual referirse al libro de Acemoglu y Robinson[1] como seminal. Pero lo cierto es que es solo la última manifestación de una larga escuela de pensamiento, la Escuela de Columbia-Chicago, que se remonta a los años 30 y que vivió su Premio Nobel de la mano de Douglass North[2] ya en 1993. Una escuela que en España cuenta afortunadamente con una larga lista de excelentes seguidores y que ha inspirado muchos trabajos de instituciones tan prestigiosas como Fedea o la Fundación Ramón Areces.

No es pues de extrañar que haya un elevado consenso en nuestro país sobre la necesidad de prestar atención a las consecuencias económicas de la organización judicial y de la producción legislativa. Un consenso que ha cobrado actualidad en el Plan de Recuperación y Resiliencia Europea. Cualquier análisis independiente de su contenido deseable, lista entre las prioridades necesarias la reforma de la administración judicial. Inseguridad jurídica, marasmo legislativo, lentitud e imprevisibilidad son expresiones habituales. Que reflejan tres problemas diferentes: se legisla mucho y mal, se tarda mucho en administrar justicia y existe una elevada incertidumbre sobre el resultado.

En España se legisla mucho y mal[3]. Se hacen demasiadas leyes que luego no se aplican o no se pueden aplicar y el desarrollo del Estado autonómico ha multiplicado el problema. Las administraciones se contradicen o anulan deliberadamente entre sí. Esta inseguridad convierte al ciudadano en súbdito, en sujeto sufriente de la discrecionalidad de la autoridad del momento y lugar. Se erosionan la unidad de mercado y la libertad de movimiento de bienes y servicios, se interfiere en la creación y crecimiento empresarial, se dificulta la creación de puestos de trabajo. Se ahuyenta al inversor.

Hemos conseguido poner cifras a estas afirmaciones. “La regulación se relacionaría negativamente con el volumen total de empresas en España (un incremento de un 1% en el volumen de regulación se relaciona con un 0,05% de menos empresas)”[4]. Pero lo que es peor, afecta también al tamaño de las empresas, pues “el aprovechamiento de las asimetrías normativas que otorgarían incentivos para la especialización” explicaría la proliferación de pequeñas empresas en nuestro país. Frente al renacer del movimiento romántico de que lo pequeño es hermoso, lo cierto es que el raquitismo empresarial español es una de las causas de la escasa productividad, de la vulnerabilidad financiera y del atraso en la incorporación de las nuevas tecnologías del tejido productivo español. La pequeña empresa paga peor, exporta menos, innova mal y se digitaliza mas tarde. La mejor política de pymes es ayudarles a dejar de ser pymes y para ello una regulación única y una justicia rápida son condición necesaria.

En la misma línea, otro estudio del mismo autor concluye que “la ineficacia del sistema judicial, aproximada por su tasa de congestión, tiene un impacto negativo y significativo sobre la inversión empresarial”[5]. La lentitud de la justicia española ahuyenta la inversión, y por lo tanto ralentiza el crecimiento. Sería deseable que en la medida en que esta lentitud responda a falta de medios materiales y humanos, pudiera ser corregida esta vez con fondos europeos. Por fin tenemos dinero para hacer lo que deberíamos haber hecho hace mucho. Pero si algo debiéramos haber aprendido de la escuela institucionalista del crecimiento, es que no es solo cuestión de dinero. Hace falta un adecuado marco institucional, una buena definición de derechos y obligaciones, un sistema de incentivos y obligaciones, que ponga el énfasis en la productividad, la simplificación de los procedimientos y la disminución de la aleatoriedad.

Permítanme un atrevimiento final, especialmente en esta Tribuna. Estamos todo el día hablando de la nueva normalidad, del cambio brutal que la sociedad va a experimentar de la mano de las nuevas tecnologías. La justicia no puede vivir al margen de la digitalización, de la inteligencia artificial o de los smart contracts. Ni los jueces ni los tribunales pueden ser sustituidos por robots o algoritmos matemáticos. Tampoco los abogados, los profesores o los banqueros centrales.

Pero la organización, responsabilidades y métodos de trabajo en todas estas profesiones ha cambiado profundamente estos últimos años. Aprovechemos la oportunidad para repensar nuestro sistema de administración de justicia, para hacerlo también mas eficiente en términos económicos, es decir mas rápido y más previsible.

[1] Daron Acemoglu and James Robinson, Why Nations Fail, Random House 2012.
[2] Autor de un libro fundamental, Structure and Change in Economic History, Norton, and Company,1982.
[3] Francisco Marcos, Calidad de las normas jurídicas y estudios de impacto normativo, Revista de administración pública, Nº 179, 2009.
[4]  Juan Mora-Sanguinetti & Ricardo Pérez-Valls, ¿Cómo afecta la complejidad de la regulación a la demografía empresarial? Evidencia para España, Documento de Trabajo Nº2002, Banco de España, 2020
[5] Juan Mora-Sanguinetti, El impacto de la eficacia de la justicia en la inversión empresarial en España, Boletín Económico del Banco de España, Nº 3, 2021.