El resurgir del turismo

EN ESTE PAÍS

EL RESURGIR DEL TURISMO

La prohibición del Tesoro de EE.UU. de vender y comprar activos ha afectado directamente a los inversores estadounidenses.

El turismo es uno de los pilares de la economía española. Tras una larga y dura pandemia sanitaria que dejó inmersos en ERTEs a cientos de miles de trabajadores, el retorno a una relativa normalidad, propiciado por la relajación de las medidas de restricción a la movilidad de los viajeros, ha supuesto un auténtico balón de oxígeno para miles de empresas a lo largo y ancho del país.

FERNANDO GEIJO,

 

LEJOS QUEDAN aún las cifras globales obtenidas en 2019, con un techo histórico de 83,7 millones de visitantes internacionales. Sin embargo, España ha sido este verano uno de los destinos favoritos, junto con Italia, México y Turquía.

En el otro lado de la balanza se sitúan países como Tailandia que, a duras penas, ha conseguido captar de nuevo una parte de lo obtenido en el período prepandémico.

Entre las claves de esta bonanza turística patria se encontrarían, según los expertos, la amplitud de la oferta de servicios, la calidad de las infraestructuras y la solidez de nuestra marca‐país.

La anhelada resurrección.

Tras dos largos años de travesía del desierto, las ganas de viajar se han impuesto en el imaginario colectivo de millones de ciudadanos en todo el mundo.

Así lo constatan las cifras y certifican los profesionales que repiten, al unísono, como un coro de voces bien afinado que este ha sido, por fin, el verano de la anhelada resurrección del turismo en España.

Lo que hasta hace apenas unos meses parecía aún una quimera, propia de los más diletantes al placer que supone visitar nuevos paisajes y entornos, se ha convertido ahora en una sólida realidad por mor de las recurrentes estadísticas al alza, que dejan obsoletas cada mes a sus predecesoras.

 


ESPAÑA HA SIDO ESTE VERANO UNO DE LOS DESTINOS FAVORITOS, JUNTO CON ITALIA, MÉXICO Y TURQUÍA


 

Para muchos, el turismo es sinónimo de empleo precario y estacional. Sin embargo, también es una fuente indispensable de riqueza que generaba en 2019 nada menos que el 12,4 del PIB español, con una ocupación vinculada de 2,72 millones de puestos de trabajo, el 12,9% de la fuerza laboral. No en vano, este sector es tradicionalmente, junto con el de la construcción, uno de los dos motores que impulsan, con sus luces y sombras, a la economía española.

En este sentido, a lo largo de los siete primeros meses del año los turistas internacionales llegados a España han alcanzado una cifra acumulada de 39,3 millones, lo que ha supuesto un alza del 299,9% con respecto a los 9,8 millones del mismo período de 2021; un gasto de 47.637 millones de euros y la recuperación del 92% del total de turistas que el país recibía antes de la pandemia sanitaria provocada por el coronavirus.

 


TRAS DOS LARGOS AÑOS DE TRAVESÍA DEL DESIERTO, LAS GANAS DE VIAJAR SE HAN IMPUESTO EN EL IMAGINARIO COLECTIVO DE MILLONES DE CIUDADANOS


 

Los principales países emisores de visitantes extranjeros hasta julio de 2022 han sido el Reino Unido, con un total de 8,4 millones de turistas (lo que ha supuesto un aumento del 908,5%); Alemania, con un incremento del 190,7% y una suma de 5,5 millones de visitantes; y Francia, con alrededor de 5,3 millones y un alza del 159,7%.

De esta manera, España ha recuperado hasta julio 9 de cada 10 turistas internacionales recibidos en 2019, que han gastado en sus desplazamientos solo en ese mes un total de 11.869 millones de euros, con un gasto medio de 1.309 euros por visitante, 100 más que en julio de 2019, y una estancia media de 7,7 días, frente a una pernoctación estándar de 7,5, según datos recogidos en las encuestas Frontur y Egatur, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

God save the British’.

La recuperación del turismo internacional tiene nombres y apellidos. A la espera de la llegada de chinos y japoneses, aún afectados por restricciones más severas, los turistas británicos encabezan el ranking de visitantes internacionales al contabilizar, solo en julio pasado, 1,9 millones de llegadas: un 20,9% del total de los 9,1 millones de turistas que llegaron a España ese mes, lo que supone un incremento de nada menos que del 241,6% con respecto al año anterior, de acuerdo con las cifras manejadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El resto de principales países emisores de turistas hacia nuestro país sitúa a Francia y Alemania como los seguidores de los ciudadanos del Reino Unido, con 1,4 millones, un 61% más en tasa anual, y 1,1 millones de visitantes, un 55% más, respectivamente. En 2021 la suma de ambas naciones ya superó a los británicos, y este año la situación se mantiene a pesar de la mejoría provocada en el Reino Unido gracias al levantamiento definitivo de las restricciones que afectaban a las Islas Británicas.

Entre el resto de los principales países emisores de turistas a España cabe destacar los crecimientos experimentados a lo largo del pasado mes de julio por Irlanda, con un alza exponencial nada menos que del 347,8%; y Estados Unidos (198,2%) e Italia, con un significativo aumento acumulado también del 113,4%.

Como un auténtico maná se ha recibido la llegada masiva de visitantes a las grandes zonas turísticas de nuestro país. De esta manera, comunidades autónomas como Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, entre otras, se han beneficiado de la firme reactivación del turismo internacional.

En los meses de verano, los considerados de temporada alta, se han batido los registros prepandemia, según los datos aportados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y todo ello, a pesar del alza de los precios derivada, entre otros aspectos, del aumento del coste de la energía y de los alimentos, ya que se trata de un fenómeno global que afecta a todos los mercados.

Reparto asimétrico.

Como es lógico, no todas las regiones recibieron la atención de los visitantes con la misma intensidad. En este sentido, Baleares se alzó como el claro vencedor entre los destinos preferidos por los extranjeros en julio pasado, con una cuota del 25,1% del total; con Cataluña (21,8%) y Comunidad Valenciana (12,4%) completando este particular tridente ganador.

En este sentido, a las Islas Baleares arribaron cerca de 2,3 millones de turistas, lo que ha supuesto un nada desdeñable aumento del 72,2%, con los ciudadanos británicos (27%) y germanos (25%) como claros protagonistas en este ranking de llegadas.

Cataluña es la segunda comunidad más visitada en julio, al registrar un aumento del 142,8% en el número de turistas computados, lo que totaliza dos millones de ciudadanos, procedentes en su mayoría de la vecina Francia (23,2%).

La Comunidad Valenciana sería la tercera región que completa este podio al sumar 1,1 millones de visitantes, un 85,4% más que en julio de 2021, donde Reino Unido vuelve a ser el principal país emisor, con un 22,4% del total, y Francia se sitúa en segunda posición, a muy escasa distancia, con un 22,1%.

 


ESTE SECTOR ES TRADICIONALMENTE, JUNTO CON EL DE LA CONSTRUCCIÓN, UNO DE LOS DOS MOTORES QUE IMPULSAN, CON SUS LUCES Y SOMBRAS, A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA


 

En el resto de comunidades la subida de turistas ha supuesto un aumento de visitantes que también ha sido significativo en el séptimo mes del año, destacando Madrid, con un alza del 185,6%, las Islas Canarias (148,4%) y Andalucía (101,7%).

En términos acumulados relativos a los siete primeros meses del año, Cataluña recibió 8 millones de turistas (un 346,8% más que en el mismo período de 2021); Baleares cerca de 7,5 millones (+190,1%); y Canarias casi 6,8 millones de visitantes, alcanzando un destacado 480,1% más.

OJO AL DATO

Movimientos Turísticos en Fronteras
(FRONTUR), mayo de 2022. Instituto Nacional de Estadística (INE). Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El mes de julio ya apuntaba la recuperación

Encuesta de gasto turístico (EGATUR), julio de 2022. Instituto Nacional de Estadística (INE). Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Gasto de los turistas internacionales. Julio 2022

EL CONFIDENCIAL: Daniel Iriarte se pregunta hasta qué punto las sanciones están afectando a Rusia y da respuesta a esta y otras preguntas relacionadas con las medidas restrictivas adoptadas por la comunidad internacional contra Rusia.

UNIVISIÓN NOTICIAS: El artículo incluye opiniones de expertos que apuntan a la necesidad de que Occidente intensifique las acciones contra Putin para asegurarse que las sanciones económicas surten efecto.

Nuevos hábitos de consumo

Tras la incertidumbre provocada por la pandemia sanitaria, los ciudadanos han cambiado algunas pautas a la hora de gestionar sus vacaciones, entre las que destacan:

  1. La utilización de las recomendaciones en internet como base en la toma de decisiones.
  2. La compra directa por vía digital de servicios turísticos para evitar intermediarios.
  3. La preferencia por la reserva en el último momento de cara a obtener gangas.
  4. La apuesta por las opciones de cancelación, sin o con bajo coste.
  5. La contratación generalizada de seguros de viaje.

“Turismo vintage”, por Carmelo Encinas

LA @

CARMELO ENCINAS,

periodista. Asesor editorial de 20 minutos

"Desde Madrid y echándole un montón de horas se podía llegar a Santander en un día; para ir a Galicia o al sur de Andalucía había que hacerlo en dos etapas"

TURISMO VINTAGE

Aquello era emocionante. Un mes antes ya andábamos nerviosos dándole vueltas al viaje del verano, una salida en coche de no más de diez días en que recorríamos alguna zona vistosa de la geografía ibérica. Era un turismo austero, tanto que no recuerdo haber dormido nunca en un hotel con estrellas. Íbamos de pensión en pensión o buscábamos habitaciones de alquiler en domicilios privados, una fórmula muy similar a los actuales apartamentos turísticos que, a falta de internet, se publicitaban entonces por el boca a boca. Lo de los restaurantes de mantel también nos estaba vetado, nuestras posibilidades económicas eran limitadas y bastante hacían mis padres con enseñarnos España cuando la inmensa mayoría de los chavales de entonces lo más que viajaban era al pueblo de sus progenitores. Es verdad que cómodo no era; las cuatro plazas de aquel cochecillo comprado a plazos apenas daban para encajar las piernas, pero aguantábamos estoicamente con la nariz pegada a la ventanilla fascinados por el paisaje intentando superar en cada curva nuestra capacidad de asombro. Aquel vehículo no disponía de maletero alguno, viajábamos como los caracoles, despacio y con la casa encima. Una sola maleta para los cuatro que mi madre lograba que pareciera el bolso de Mary Poppins; una mesa plegable, unas sillas de aluminio y un infiernillo de camping gas para cocinar sopas de sobre o calentar alguna cosa. Desde Madrid y echándole un montón de horas se podía llegar a Santander en un día; para ir a Galicia o al sur de Andalucía había que hacerlo en dos etapas. De esa guisa recorrimos, verano tras verano, la piel de toro de forma y manera que al cumplir los quince años era, con diferencia, el chico más viajado de mi clase. En esos años fuimos viendo cómo el turismo en España iba creciendo lenta pero inexorablemente allí donde la hostelería y la infraestructura viaria empezaban a ofertar algún confort al visitante extranjero. Eso ya ocurría en regiones como Cantabria o ciudades como San Sebastián, destinos vacacionales de la aristocracia y la alta burguesía desde finales del siglo XIX. A principios del siglo XX, la irrupción del automóvil y el asfaltado de carreteras contribuyeron a hacer algo más accesibles y, por tanto, atractivos nuevos lugares potencialmente visitables. En 1928 se creó el Patronato Nacional de Turismo, con la declarada intención de abrirnos al mundo y mostrar nuestro rico patrimonio-artístico y natural, pero la Guerra Civil no ayudó mucho a esa causa, y la España pobre y hambrienta de la postguerra, así como el bloqueo internacional redujeron casi a cero el gancho de nuestro país para los foráneos. Eso empezó a cambiar en los años 60 cuando Manuel Fraga Iribarne llegó al Ministerio de Información y Turismo con la decidida intención de fomentar la actividad turística en distintas zonas de España aprovechando la pujanza de una clase media que el desarrollismo había originado. Se apostó por el turismo exterior a pesar de los temores del franquismo a que costumbres europeas tan aberrantes como el bikini, que dejaba a la vista el excitante ombligo, o el amor libre, contaminaran de amoralidad la “reserva espiritual del continente”. Acuñaron aquel slogan del “Spain is different” para vender las playas del Mediterráneo, la piel morena, el folclore y la gastronomía de un país que, en efecto, era diferente, aunque no siempre para bien. El caso es que funcionó; en un tiempo récord pasamos de agasajar al turista un millón, que casualmente siempre era una señorita físicamente agraciada, a los 20 millones de los años 70. Desde aquel entonces el crecimiento fue exponencial al punto de que, en el 2019, año previo a la pandemia, España recibió casi 83 millones de visitantes convirtiéndose en la tercera potencia turística mundial después de los Estados Unidos y a punto de alcanzar a nuestra vecina Francia. Ningún sector productivo ha ponderado tanto en la economía nacional como este de la hostelería, que aporta al PIB español tres veces más que el de la automoción y superando incluso al de la construcción. El turismo es nuestro petróleo, la mayor fuente de divisas y el que más empleo absorbe; se calcula que por cada millón de euros la actividad hostelera genera casi una veintena de puestos de trabajo. El éxito es de tal naturaleza que en lugares tan emblemáticos como Barcelona o las Islas Baleares se han planteado el imponer limitaciones para impedir que la masificación dificulte la vida de los residentes o que la congestión les haga perder atractivo. La pandemia frenó en seco esta locomotora de nuestro sistema productivo poniendo blanco sobre negro sus debilidades y dependencias. No parece muy lógico que un país que consigue atraer a semejante volumen de visitantes no disponga de una estructura propia que garantice el movimiento de viajeros. Los grandes operadores turísticos son extranjeros y otro tanto ocurre con las compañías aéreas de bajo coste que trasladan más turistas a los aeropuertos españoles. El turismo de sol y playa está sobreexplotado; en cambio en el cultural, gastronómico o de naturaleza queda mucho por hacer y, además, de ser menos estacional, atrae a un tipo de visitante de calidad y en general con mayores recursos. Lo mejor de aquel turismo vintage de mi infancia fue que me inculcó una cultura viajera que alimenté con el paso del tiempo. He recorrido medio mundo y visitado los lugares más bellos y exóticos del planeta. Esa experiencia me permite asegurar que ningún país del mundo entiende mejor la forma de vivir ni reúne tantos y tan diversos atractivos como España. Ya solo nos falta quererla y cuidarla un poco más.

La vejez en el arte

EN ESTE PAÍS

Fortuny, Viejo desnudo al sol, h. 1871.
Murillo, Vieja hilando, siglo XVII.

La sede del Consejo General del Notariado acogió la presentación del catálogo y la exposición virtual La vejez como experiencia humana en las pinturas del Museo Nacional del Prado, ambos proyectos desarrollados por la Fundación Notariado.

JOSÉ M. CARRASCOSA

Twitter: @JMCarrascosa

Mail: [email protected]

LA VEJEZ EN EL ARTE

Mesa de presentación del acto.

El acto estuvo presidido por José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de la Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado (CGN), quien estuvo acompañado por María Rodríguez, doctora en Historia del Arte de la Universidad San Pablo-CEU y coautora del Catálogo junto con María Arriola Jiménez; Juan Manuel Martínez, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA); Inmaculada Ruiz, presidenta de Unión Democrática de Pensionistas (UDP); y Jorge Prades, vicesecretario del Consejo General del Notariado, coordinador del Catálogo y de la Exposición Virtual.

La exposición, organizada en el marco del XII Congreso Notarial Español que se celebró el 19 y 20 de mayo en Málaga, permite reflexionar sobre la vejez en el arte, y cómo trascienden a la pintura la vulnerabilidad y la dignidad de los mayores. Una muestra representativa de una veintena de pintores, desde Tiziano a Sorolla, pasando por Baldung Grien, Velázquez, Goya o Fortuny, entre otros.

Martínez Sanchiz señaló que «la exposición nace del convenio alcanzado entre la Fundación Notariado y el Museo del Prado, que nos ha permitido escoger estas obras maestras, cuya estructura se acopla a los temas que aborda el Congreso «.

 


LA EXPOSICIÓN VIRTUAL Y EL CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN CONTIENEN UNA SELECCIÓN DE OBRAS DEL MUSEO DEL PRADO


 

La dignidad

Para el presidente del Notariado «la vejez es una experiencia, no una enfermedad. La exposición recuerda la máxima de Unamuno sobre ‘pensar el sentimiento y sentir el pensamiento’; el sentimiento que habla a la razón y, a su vez, la razón que también siente. La emoción expresada en estas pinturas permite contemplar de manera paladina la expresión de esas personas mayores: de ese viejo tomando al sol del cuadro de Fortuny; o la anciana que está pidiendo a la puerta de una casa; o esos mendigos llenos de dignidad… La dignidad se mantiene también a pesar de las situaciones de discapacidad».

Hizo hincapié en cómo una de las obras reúne a «tres generaciones presentes, que expresan el cariño a los mayores y donde se supera la soledad que va unida en muchas ocasiones a la vejez. Todo esto nos habla de una vida y unos sentimientos. Los notarios no podemos dejar de aunar esos sentimientos recogiéndolos junto a cláusulas jurídicas; sentimientos de generosidad y ayuda que se expresan en cuadros como el del testamento de Isabel la Católica».

«Esta exposición es el pórtico del XII Congreso Notarial. Para los notarios la vejez requiere un reconocimiento; para nosotros tiene un valor ejemplar. Es necesario defender los derechos de las personas mayores, fomentar la autoestima, evitar el edadismo y que tengan el sentimiento de que han vivido una vida lo más plena posible, con el cariño de amigos y familiares. Todo esto se pone de manifiesto en este catálogo», resaltó.

 

Los derechos

Juan Manuel Martínez, de CEOMA, inició su intervención resaltando «la suerte que tenemos los mayores por la defensa que van a realizar los notarios de nuestros derechos y nuestra dignidad». Sobre la exposición, señaló que «las pinturas reflejan que el envejecimiento no es una enfermedad. Las obras recuerdan esa soledad que afecta al 26% de nuestros mayores, casi siempre no deseada. La muestra permite contemplar la imagen de los mayores a través de la mirada de grandes pintores, y cómo se refleja el paso del tiempo en las arrugas, las miradas, las sensaciones de dolor y las sombras que aparecen ante la cercana muerte. Esta selección de pinturas plasma el sentir de las personas mayores, cada vez más sabias y centenarias. Hoy en día, en España, hay 15.000 hombres y mujeres que ya superan esa edad».

Por su parte, Inmaculada Ruiz (UDP) destacó que «la selección está hecha con acierto y cariño; las pinturas impactan por su humanidad. Este recorrido por 19 maestros de la pintura nos anima a contemplar con mirada distinta el fenómeno de la vejez, que en ocasiones es invisible frente a la belleza y la juventud, que con los años se pierden en el interior. Las obras reflejan el carácter efímero de la vida y su vulnerabilidad; aunque también muestra la astucia acumulada a lo largo de los años. La vejez no es una renuncia de la vida: el amor maduro, por ejemplo, permite afrontar la soledad y dependencia a las que la suma de los años nos conduce. Los maestros de la exposición constatan, asimismo, el valor del afecto en todas las etapas de la vida. La exposición es una prueba de cómo las personas mayores somos valiosas para el mundo, por nuestra experiencia y nuestro saber».

María Rodríguez, coautora del catálogo, enumeró los pormenores de la selección de obras: «Las pinturas reflejan realidades de distintos siglos. Hemos podido contemplar con nuevos ojos pinturas que nos eran desconocidas desde la mirada de sus ancianos protagonistas. En el proceso de búsqueda hemos encontrado obras en los fondos del Museo del Prado o en otras instituciones. Recogemos óleos de distintas escuelas y de maestros tan significativos como Tiziano, Velázquez, Goya, Sorolla y Fortuny. Todos ellos nos hablan de vulnerabilidad, soledad, paso del tiempo; y, al mismo tiempo, de sabiduría, experiencia y madurez».

La historiadora se detuvo en algunas obras como Aun aprendo, de Goya («donde se ve las ganas de seguir aprendiendo hasta el final de los días de un anciano»); El testamento de Isabel la Católica de Rosales («una pintura histórica, que expone la vejez como experiencia universal») o el Autorretrato de Tiziano («transmite la fragilidad del autor y el orgullo de una vida ya vivida»).

 


LA MUESTRA SE ENMARCA DENTRO DEL XII CONGRESOINOTARIAL ESPAÑOL BAJO EL LEMA ‘EL ENVEJECIMIENTO DE LA SOCIEDAD: PRINCIPAL DESAFÍO DEL SIGLO’


 

Con esta muestra «esperamos haber contribuido al desarrollo del congreso notarial en sus tres grandes bloques. Les animo a recorrer la exposición virtual, acompañada de una preciosa selección de piezas musicales, y a una lectura reposada del catálogo, que hemos considerado como un homenaje a nuestros mayores».

Para Jorge Prades, «la belleza de las obras de arte seleccionadas nos ensancha el corazón y nos abre el intelecto. No queríamos un planteamiento didáctico en la muestra; buscamos que el recorrido por estos cuadros despertara el alma y aportara un punto de vista enriquecedor a la hora de hablar de cualquier cuestión que afecta a los mayores».

El notario concluyó con dos reflexiones: «Naciones Unidas nos recuerda que debemos construir una sociedad para todas las edades; y la vejez puede ser un reto o también un privilegio, como reza el lema del antiguo Hospital de Cáceres: ‘Languidecer te hará brillar’.

Tras el acto tuvo lugar el recital de piano Audición guiada: la vejez en el último Brahms, interpretado por Luis Prades, estudiante de piano, dirección y musicología.

Cecilio Pla, Dos generaciones, 1901.
El ejemplo de nuestros mayores
«En la sociedad moderna, a veces valoramos en exceso la juventud. En nuestro congreso queremos poner en valor el ejemplo de nuestros mayores y la dignidad que reflejan, a pesar de que puedan padecer incluso un deterioro cognitivo. Nuestra cita en Málaga, además de una interpelación para todos, quiere ser un diálogo con la juventud en la que nos tenemos que apoyar. Un diálogo como el que aparece en estos cuadros. Tenemos la obligación de dar a nuestros mayores ese cariño y respeto por toda su vida. Al final hay una comunidad y fraternidad que la vejez siempre nos hace recordar. Debemos seguir trabajando juntos en la defensa de esos derechos de la vejez», defendió el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz.

Visita a la exposición

Esta exposición virtual permite ver 19 obras del Museo del Prado relacionadas con la vejez y comentadas por sus comisarias, las profesoras de Historia del Arte de la Universidad San Pablo CEU, María Rodriguez Velasco y María Arriola Jiménez. Se ofrece también una selección de música clásica para acompañar la visualización de cada pintura.

El respeto a la dignidad versus la protección de la vulnerabilidad

  • Hans Baldung, Las edades y la muerte, 1541-1544
  • Tiziano, Dánae y la lluvia de oro, 1560-65
  • Velázquez, Esopo y Menipo, 1638
  • Fortuny, Viejo desnudo al sol, h. 1871
  • Rosales, Doña Isabel la Católica dictando su testamento, 1864
  • Pinazo, Últimos momentos del rey don Jaime el Conquistador en el acto de entregarle la espada a su hijo don Pedro, 1881
  • José Nogué, Interior, 1909, Depósito en Ministerio de Justicia (Madrid)
  • Sorolla, Aún dicen que el pescado es caro, 1894

La vida centenaria y su previsión individual

  • Tiziano, Autorretrato, h. 1562
  • Cecilio Pla, Dos generaciones, 1901
  • Vicente Carducho, La Sagrada Familia, 1631
  • Luis Graner, Noticias frescas, 1905-1910, Depósito en Museo Provincial de Lugo
  • Carreño de Miranda, La reina Mariana de Austria, h. 1670

La vida centenaria y su previsión social y política

  • Murillo, Vieja hilando, siglo XVII
  • José Alea, Sala de hospital, 1895, Real Academia de Farmacia
  • José Martí, La pobre de los sábados, 1881, Depósito en la Real Academia de Farmacia
  • Goya, Saturno, 1820-1823
  • Ribera, Bendición de Isaac, 1537
  • Bertodano, La nieta del marinero, 1895, Depósito en el Museo de la Rioja (Logroño)
  • Goya, Aun aprendo, 1826
  • Van Dyck, Cabeza de anciano, 1618-1620

JUAN MANUEL MARTÍNEZ,
presidente de CEOMA

«Las obras recuerdan esa soledad que afecta al 26% de nuestros mayores, casi siempre no deseada»

INMACULADA RUIZ,
presidenta de UDP

«Este recorrido por 19 maestros de la pintura nos anima a contemplar con mirada distinta el fenómeno de la vejez»

MARÍA RODRÍGUEZ,
doctora en Historia del Arte USP-CEU

«Hemos podido contemplar con nuevos ojos pinturas que nos eran desconocidas desde la mirada de sus ancianos protagonistas»

JORGE PRADES,
vicesecretario del CGN

«La belleza de las obras de arte seleccionadas nos ensancha el corazón y nos abre el intelecto»

Visita a Galicia en el Año Xacobeo

EN ESTE PAÍS

Con motivo del Año Santo Jubilar Compostelano (Año Xacobeo) cuya celebración se ha prolongado de 2021 a 2022 debido la pandemia del covid-19, el decano del Colegio Notarial de Galicia, José María Graiño, recibió a los representantes de los notarios de toda España para celebrar distintos actos institucionales y una sesión plenaria del Consejo General del Notariado (CGN).

Redacción

[email protected]

 

Estatuilla de Sargadelos del Colegio Notarial de Galicia en conmemoración del Xacobeo 2022.

VISITA A GALICIA EN EL AÑO XACOBEO

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ofreció una recepción en la sede de San Caetano, a la que asistieron el presidente del CGN, José Ángel Martínez Sanchiz; el decano del Colegio Notarial de Galicia, José María Graiño; y varios miembros de la Comisión Permanente del CGN: el vicepresidente Raimundo Fortuñy y los decanos José Alberto Marín, Ignacio Ferrer y Francisco Cantos. También estuvo presente durante el encuentro el vicesecretario del CGN, Jorge Prades.

El mismo día, y tras la finalización de esta reunión, el presidente y todos los decanos de los colegios notariales presentes se trasladaron a A Coruña para reunirse, en la sede del Colegio Notarial de Galicia, con la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Púbica del Ministerio de Justicia, Sofía Puente.

 

Presentes en la sociedad

Durante este encuentro, la directora general aplaudió la decisión del Consejo General del Notariado de trasladar los plenos otros comunidades autónomas como una forma de hacerse aún más presentes en la sociedad, y destacó hitos de los últimos años en los que el Notariado ha adquirido un papel protagonista, como la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, a favor de los derechos de los consumidores, o la ley 8/2021, que garantiza el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

También hizo mención a la labor que ha llevado a cabo el Notariado en momentos de crisis, como la sucedida durante la pandemia por covid-19, o en La Palma, tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja. En este sentido agradeció a los notarios su “respuesta excepcional y ejemplar” en ambos casos, y con respecto a La Palma, en la que los notarios “se acercaron para ayudar a acreditar la existencia de sus propiedades a personas que lo habían perdido todo”.

 


JOSÉ MARÍA GRAIÑO, DECANO DEL COLEGIO NOTARIAL DE GALICIA: “LOS PEREGRINOS RECIBEN ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO POR LOS NOTARIOS QUE VERTEBRAN LA SEGURIDAD JURÍDICA PREVENTIVA A LO LARGO DEL CAMINO”


 

Por su parte, el presidente el Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, destacó el impulso decisivo de la directora general a la futura Ley de eficiencia digital. Con respecto a la clave de la función notarial explicó que “es el encuentro con las personas para conocer de cerca sus necesidades y poder brindarles el adecuado asesoramiento”.

En estas jornadas, el decano del Colegio Notarial de Galicia y anfitrión del encuentro, aludió al Xacobeo para destacar que la presencia notarial en Santiago “tiene un especial significado, ya que el Camino fue y es objeto de análisis y estudio también desde el derecho privado y público”. Graiño subrayó que “los peregrinos reciben atención y asesoramiento por los notarios que vertebran la seguridad jurídica preventiva a lo largo de los pueblos y ciudades por los que discurre”.

Sesión plenaria y ofrenda.
El sábado por la mañana los decanos de los 17 colegios notariales celebraron en el Hostal de los Reyes Católicos su sesión plenaria y por la tarde visitaron la Catedral de Santiago de Compostela, sus cubiertas y el Pórtico de la Gloria. Después asistieron a un acto litúrgico oficiado por el arzobispo compostelano, Julián Barrio, que dedicó unas palabras a los notarios. Por su parte, José Ángel Martínez Sanchiz realizó la Ofrenda al Apóstol (Ver página 5 de este mismo número).
El presidente de la Xunta ofreció una recepción a la que asistieron los miembros de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado y el decano del Colegio Notarial de Galicia.
Varios integrantes del Consejo General del Notariado con la directora de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente y la vicedecana del Colegio Notarial Galicia, María José Gil.

Entrevista a Tontxu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia

EN ESTE PAÍS

Tontxu Rodríguez:

SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA

“La reforma de la legislación concursal va a resultar muy positiva para el tejido empresarial»

El pasado diciembre Antonio Julián (Tontxu) Rodríguez, abogado desde 1987, tomó posesión del cargo de secretario de Estado de Justicia.
Senador en las cuatro últimas legislaturas por designación del Parlamento Vasco, también fue alcalde del Ayuntamiento de Barakaldo (2003-2013).
Quien le ha acompañado en su vida pública le considera un hombre cercano y campechano, además de un especialista en la justicia volcado en mantener un estrecho contacto con los operadores jurídicos.

CARLOS CAPA,

En estos pocos meses a cargo de la Secretaría de Estado de Justicia, ¿ha podido ya fijar las prioridades de las responsabilidades puestas a su cargo?

Desde mi llegada nuestra misión es generar en la ciudadanía el sentimiento de que la Administración de Justicia es, ante todo, un servicio público, como lo son (y deben seguir siéndolo) la sanidad, la educación o la atención a la dependencia.

Todo con el máximo respeto al paradigma de la gobernanza multinivel, así como a que la justicia es una herramienta para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres; la justicia y sus políticas públicas deben estar informadas e inspiradas en el feminismo.
En este contexto, los tres objetivos fundamentales que pretende lograr esta Secretaría de Estado son:

  • Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y la configuración de la justicia como un servicio público orientado al bienestar en derechos.
    •Mejorar las condiciones profesionales y laborales de todas las personas que trabajan en el sector de la justicia.
  • Contribuir desde el ámbito de la justicia a la transformación del país, haciendo lo posible para lograr una sociedad más democrática, igualitaria y cohesionada a nivel social y territorial.

Accede al poder ejecutivo después de más de 30 años de responsabilidades en otros ámbitos, como la Administración municipal o el poder legislativo. ¿Cómo afronta este cambio?

Es muy diferente ser alcalde de una ciudad como Barakaldo (Vizcaya) con más de 100.000 habitantes, con los problemas más cercanos a los ciudadanos, a estar en la Cámara Alta donde estás “haciendo” leyes que mejoran la calidad de vida de todos los ciudadanos, y ahora me ha tocado estar en el Ejecutivo gestionando la justicia como servicio público. Un cambio radical, que ha sido una decisión personal y a propuesta de la Ministra de Justicia, Pilar Llop.

Un honor tener presentes asuntos que preocupan a todos los ciudadanos, porque sin justicia no hay estado social y democrático.

Desde su condición de abogado ejerciente en el sector privado durante años, es conocedor de primera línea del día a día de la justicia. ¿En qué estado cree que se encuentra? ¿Responde su funcionamiento a las necesidades de la sociedad?

Se está avanzando en la mejora de la justicia, entendida no como una mera respuesta que ofrece el ordenamiento jurídico, desde una actitud lateral, sino que debemos pasar a verla como un poder público empeñado en la igualdad y en la supresión de todas las trabas que la sociedad encuentre en ese camino, porque lamentablemente aún quedan.

Por ello, nos hallamos ante un cambio de cultura política donde estamos configurando, desde la política pública de justicia, una esfera legal de todas las personas, como un servicio público digno de la sociedad democrática avanzada.

 

El pasado 4 de marzo representó a España en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea donde se manifestó en la dirección de impulsar una iniciativa común que contribuya a combatir la incitación y los delitos de odio. ¿Podría hablarnos de esta propuesta?

Efectivamente, en la reunión del Consejo de Ministros de Justicia del pasado 4 de marzo debatimos la propuesta presentada por la Comisión Europea de incorporar al catálogo de los denominados “eurodelitos”- aquellos para los que podría adoptarse una regulación común a nivel UE- el de la incitación al odio y los delitos de odio. Como no podía ser de otra forma, España comparte la necesidad de esta iniciativa y creemos que su adopción queda plenamente justificada al objeto de permitir una respuesta penal más eficaz a estos delitos, así como una mejor y más completa protección de las víctimas de los mismos. No debemos olvidar que los delitos de odio y de incitación al odio tienen un marcado carácter transnacional y ha adquirido un extraordinario auge en todos los países de la UE. Es por ello que, para luchar de manera más eficaz contra este fenómeno, resulta necesario impulsar una acción común de la UE que, respetando el derecho a la libertad de expresión, contribuya a evitar la impunidad de la incitación al odio y los delitos de odio, tanto en su dimensión en línea como fuera de ella.

El proyecto de Ley Concursal, que debe transponer una directiva comunitaria, está generando un intenso debate entre los operadores jurídicos y los expertos fiscales, sobre todo en lo referente a las pymes y a la regulación de la segunda oportunidad. ¿Será una solución eficiente para la supervivencia del tejido empresarial en una situación tan extraordinaria como la que vivimos?

Sin duda, la reforma de la legislación concursal va a resultar muy positiva para el conjunto del tejido empresarial.

La reforma introducirá los planes de reestructuración, un instrumento preconcursal para evitar la insolvencia, o superarla, incentivando una reestructuración más temprana, y por tanto con mayores probabilidades de éxito, contribuyendo a la descongestión de los juzgados y, de este modo, a una mayor eficacia del concurso.

A su vez, la ley reformará el procedimiento concursal para incrementar su eficiencia, introduciendo múltiples modificaciones procedimentales dirigidas a agilizar el procedimiento, facilitar la aprobación de un convenio cuando la empresa sea viable y una liquidación rápida cuando no lo sea.

Por último, la ley configura un procedimiento de segunda oportunidad más eficaz, ampliando la relación de deudas exonerables e introduciendo la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un plan de pagos, permitiendo así que éste conserve su vivienda habitual y sus activos empresariales.

Su vida política ha estado siempre vinculada al País Vasco. A más de diez años de la disolución de ETA, ¿cree que la normalidad ha vuelto a la política vasca y por ende a la española?

Tras 10 años del cese definitivo de la lucha armada de ETA, en Euskadi se vive en una situación de paz extraordinaria, y yo creo que se mezcla la generosidad y el recuerdo. Es el momento de los consensos, de los acuerdos, pero desde la memoria. Vivimos una nueva etapa; un nuevo tiempo para Euskadi y también para España. Hay que compartir lo que supuso el terrorismo de ETA, pero celebrar la convivencia plena entre vascos y con el resto de España.

Las víctimas conformaron la infantería de la democracia a pie de calle. Hay que recordar a todas las víctimas, porque nunca ha habido una razón para aniquilar al diferente. Medio siglo de terror ha dejado mucha sangre y muchos recuerdos. En Euskadi vivimos un nuevo tiempo y ahora toca reconocer a las víctimas de ETA; es una obligación y un deber moral y cívico, para poder ser una sociedad digna. Democracia sin rencor sí, pero con sentido de historia; somos una sociedad sin terrorismo, pero con memoria.

La Violencia de Género está enquistada en la sociedad sin que parezca que las medidas tomadas sean todo lo eficaces que deseamos. ¿Es necesario replantearse algo?

Sin duda debemos seguir trabajando para erradicar o reducir la violencia que sufren las mujeres, pero no comparto la idea de que las medidas adoptadas a partir de 2004 con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, hayan sido ineficaces. Cada día hay muchos recursos puestos a disposición de las mujeres que sufren violencia para conseguir que salgan de ella y, de hecho, muchas lo hacen. Uno de los mayores logros, junto al de la protección de las mujeres, ha sido el de crear una conciencia social de rechazo hacia cualquier tipo de violencia que pueda sufrir una mujer a manos de su pareja, convirtiéndose esa violencia, que hasta entonces permanecía en la esfera de lo privado o de lo estrictamente familiar, en un problema de orden público, que nos concierne a todos como ciudadanos de un país que se dignifica rechazando que una mujer esté sometida al dominio de un hombre.

En un escenario tan complejo como el que vivimos marcado por elementos como la pandemia o la guerra de Ucrania, la seguridad jurídica, elemento consustancial a la función notarial, es más que nunca un valor fundamental para la recuperación. ¿Cómo valora el trabajo que realiza el notariado español?

El Notariado español es un colectivo pionero y muy activo en el proceso de implantación de la administración electrónica. En momentos como los que estamos viviendo esta capacidad de evolución resulta fundamental para seguir cumpliendo su función de garantes de la seguridad jurídica en el tráfico jurídico extrajudicial, adaptándose a las necesidades de la sociedad actual. En esta línea, la futura Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia profundizará en la digitalización del servicio prestado por los notarios con la regulación del protocolo electrónico, previéndose que los instrumentos incorporados al mismo se considerarán originales, dado que las matrices electrónicas serán un espejo de las matrices físicas. Del mismo modo, la Ley de Eficiencia Digital, sin desnaturalizar la función notarial, prevé también la posibilidad de realizar determinadas actuaciones notariales mediante videoconferencia.

Recientes estudios cifran que la lentitud de la Justicia bloquea más 11.000 millones de euros en los tribunales. ¿El impulso de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en la que los notarios juegan un relevante papel, debe contribuir a aliviar esta congestión?

El anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia, que en breve se remitirá nuevamente al Consejo de Ministros para iniciar su trámite parlamentario, pretende, efectivamente, impulsar los medios adecuados de solución de controversias, de forma alternativa a la jurisdicción, para ofrecer respuestas más ágiles a los conflictos de la ciudadanía y más ajustadas al caso concreto. Dotará, por tanto, de eficiencia operativa al sistema, a lo que también contribuirán enormemente los anteproyectos de ley de medidas de eficiencia organizativa y digital, igualmente en una fase muy avanzada de tramitación; pero además, la implicación de las partes en la solución de sus propias controversias, ayudadas, en su caso, por un tercero neutral, como son los y las profesionales del Notariado, redundará sin duda en un mayor grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados y, sobre todo, contribuirá a preservar las relaciones y al mantenimiento de la paz social.

“El Notariado español es un colectivo pionero y muy activo en el proceso de implantación de la administración electrónica”

Huella digital

Tontxu Rodríguez no tiene cuenta propia en Twitter pero de sus actividades oficiales informa el perfil que mantiene el Ministerio de Justicia en la red social @justiciagob

“La justicia y sus políticas públicas deben estar informadas e inspiradas en el feminismo”

“Estamos configurando la justicia como un servicio público digno de la sociedad democrática avanzada”

“En Euskadi se vive en una situación de paz extraordinaria en la que se mezcla la generosidad y el recuerdo”

Seguridad jurídica y custodia del territorio

EN ESTE PAÍS

Ignacio Torres en la inauguración.
José Ángel Martínez Sanchiz, en el acto inaugural.

Redacción

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Seguridad jurídica y custodia del territorio

La custodia del territorio es un tema inagotable, de enorme trascendencia territorial, social y económica para España, en el que deben llegar a acuerdos múltiples sectores de la esfera pública y privada utilizando todo tipo de herramientas, pero todas guiadas por la seguridad jurídica, “sin ella cualquier medida adoptada se la llevará el viento.

Esta es una de las conclusiones generales de la I Jornada Seguridad Jurídica y Custodia del Territorio en la que participaron una treintena de expertos, entre conservacionistas, notarios, políticos, alcaldes y ONGs.

La jornada fue organizada por la Fundación Notariado, la Comisión de Custodia del Territorio del Consejo General del Notariado (CGN) y la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La inauguración corrió a cargo de José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN y de la Fundación Notariado e Ignacio Torres Ruiz-Huerta, subdirector de Biodiversidad y Cambio Climático de la Fundación Biodiversidad. El presidente del Notariado expresó el deseo de los notarios “de colaborar en distintos ámbitos como la custodia del territorio; la repoblación de los pueblos que necesitan recuperar el pulso de la vida ordinaria con más habitantes; y el aprovechamiento y configuración jurídica de los medios propios del campo, generando situaciones rentables para posesiones olvidadas como los montes de socios, que ocupan una parte significativa del territorio nacional».

Por su parte, Torres Ruiz-Huerta ratificó la importancia de las iniciativas de custodia del territorio en el marco de la recuperación económica y la transición ecológica, resaltando que “impulsar las oportunidades que nos ofrece el mundo rural debe ir asociado al fomento de la bioeconomía, a su vez asociado a la conservación de la biodiversidad y al cuidado de los servicios ecosistémicos. La custodia del territorio es una de las herramientas clave puesto que para poder abordar este gran reto son imprescindibles las alianzas estratégicas y trabajar coordinadamente con diferentes agentes, algo que nuestro acuerdo con el CGN y estas jornadas escenifican a la perfección”.

Estado actual

La primera mesa redonda se centró en el Estado actual de la Custodia del Territorio. De la conservación pública a la intervención ciudadana. Moderada por Ignacio Ferrer, decano del Colegio Notarial de Extremadura, miembro de la comisión permanente del CGN y patrono de la Fundación Notariado, contó como ponentes con Carlos Javier Durá, investigador del CIEDA; Antonio Ruiz Salgado, abogado y consultor jurídico ambiental, asesor jurídico del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio; y Federico Cabello de Alba, notario y miembro de la Comisión de Custodia del Territorio del CGN (quien participó de manera telemática).

 


LA COMUNIDAD INTERNACIONAL PREVÉ AMPLIAR PARA 2030 AL 30% LA CANTIDAD DE SUPERFICIE TERRESTRE O MARINA PROTEGIDA JURÍDICAMENTE


 

Ferrer indicó que se debe «profundizar en la seguridad jurídica que aportan los notarios en la custodia del territorio para asegurar la legalidad y adecuar la voluntad de las partes». El investigador del CIEDA-CIEMAT, subrayó que “podemos realizar adaptaciones imaginativas de fórmulas empleadas con éxito en otros países para su incorporación al ordenamiento jurídico español. Entre otras, la adecuación de la fiscalidad ambiental para fomentar y consolidar iniciativas de custodia.”

El asesor jurídico del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio, Antonio Ruiz, afirmó que “las líneas de trabajo para fortalecer la custodia del territorio están bien definidas en el Libro Blanco; entre otras, modificar la Ley 49/2002 de Mecenazgo e Incentivos a las Entidades no Lucrativas, mejorando el marco de desgravación actual e incorporando mejor el patrimonio natural y la biodiversidad”.

Federico Cabello de Alba, destacó que “hay necesidad de realizar acciones de formación combinada, tanto en el ámbito de las entidades de conservación como en el Notariado, en los montes de socios y en los comunales para asumir el reto de la demanda social representada por el movimiento de custodia del territorio y su trascendencia para la conservación de la biodiversidad y la despoblación del medio rural”. Cabello de Alba recordó que, en 2019, la Fundación Biodiversidad y el Consejo General del Notariado firmaron un acuerdo de formación y asesoramiento mutuo.

 

Montes de socios

El segundo panel de debate abordó los Montes de socios. Formalización y aportación al desarrollo rural. Con Miguel Latorre, subdelegado del Gobierno en Soria, como moderador, intervinieron Pedro Agustín Medrano, director de «Montes de socios» y «Asociación Forestal de Soria»; José Manuel Benéitez, notario de Soria; Beatriz Martín Larred, senadora de ‘Teruel Existe’ y Pedro Gracia, letrado de la Asociación Forestal de Soria.

Latorre aseguró que no existe un marco legal adecuado para los montes de socios, lo que favorece que terceros interesados puedan caer en el abuso de hacerse con propiedades que no son suyas, de explotar recursos naturales sin pagar a sus legítimos dueños y de evitar la función social de la propiedad, que es la de hacer que parte de los beneficios obtenidos reviertan en la conservación de los propios montes y revitalicen las comunidades en las que se ubican. Medrano aseguró que desde su asociación quieren «custodiar los montes de socios -que sólo en Castilla y León ocupan 180.000 hectáreas- para los que vengan; es nuestra cuota de responsabilidad generacional». La senadora Martín apuntó que «los montes de socios son un fenómeno vinculado al fenómeno del éxodo rural. Entre las personalidades jurídicas que ayudan a regularlo destacan los colegios notariales que hacen posible la reanudación del tracto, permitiendo a los dueños empoderarse y recuperar su raíz»

El notario soriano José Manuel Benéitez aclaró que un monte de socios no es público, sino un monte privado en comunidad romana o por cuotas y que no existe una legislación completa que los abarque. Por ello pidió una ley integral que responda jurídicamente a todas sus características, y subrayó su valor para la biodiversidad:

 

La biodiversidad

Conservación de la biodiversidad, ¿Qué esperamos del mundo jurídico? fue la mesa dirigida por Oscar Prada, de la Fundación Biodiversidad, que tuvo como participantes a Cristina Álvarez, asesora Legal de SEO/BirdLife; Eduardo de Miguel, director gerente de la Fundación Global Nature; Javier Manrique, secretario de la Fundación Amigos del Águila Imperial, Lince Ibérico y Espacios Naturales de Carácter Privado y notario de Jerez de la Frontera y Pedro García Moreno, presidente de ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste).

 


EL NOTARIO RURAL ES UNO DE LOS PRINCIPALES RECURSOS JURÍDICOS DE LAS ZONAS DESPOBLADAS


 

Álvarez-Vaquerizo señaló las que han tenido con administraciones municipales tras el cambio de secretario y su reinterpretación de los antiguos acuerdos de custodia en el marco de los contratos públicos, y por tanto sujetos a licitación, siendo algo muy diferente. Por su parte, Eduardo de Miguel reivindicó “un cambio jurídico para que puedan establecerse a perpetuidad los objetivos de conservación vinculados a un determinado terreno sujeto a un acuerdo de custodia o directamente propiedad de una entidad de conservación. Debido a esa carencia jurídica estamos dejando de recibir importantes donaciones de dinero privado que exige la garantía de perpetuidad.” Pedro García focalizó su intervención en las dificultades administrativas y la inseguridad jurídica de la custodia del territorio en entornos litorales.

Las tres entidades coincidieron en señalar las dificultades burocráticas encontradas con la administración en terrenos de dominio público, a pesar de que la custodia del territorio llega muchas veces donde no alcanza aquella, ahorrando a la sociedad costes para la conservación’.

Por su parte Manrique señaló que “el censo podría ser una fórmula jurídica a desarrollar para conseguir mayor duración, incluso perpetuidad de los objetivos de conservación vinculados a un terreno concreto”.

 

Despoblación en el mundo rural

La última mesa analizó las Soluciones jurídicas y experiencias prácticas al reto de la despoblación en el mundo rural. Carmen Rodríguez Pérez, decana del Colegio Notarial de Murcia, moderó el coloquio donde tomaron parte Luis Antonio Calderón, presidente de SIEMBRA y alcalde de Paredes de Nava; Judit Flórez, directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); Susana Gende, psicóloga del área de Estudios e Innovación Social de Cruz Roja; Conrado Giménez, presidente de Fundación Madrina y José María Graiño, decano del Colegio Notarial de Galicia.

Rodríguez centró el debate señalando que «el 53% del territorio español está ocupado por sólo el 5% de la población. Este dato pone de manifiesto la situación de despoblación en la que nos encontramos». Calderón puso en valor el papel activo de los alcaldes y la labor del notario rural: «su labor pública les convierte en referentes para los más vulnerables. Cuentan con un perfil universitario que les convierte en uno de los últimos recursos ante la despoblación». Flórez puntualizó que «nunca como hasta ahora ha habido una arquitectura institucional para abordar este reto desde todas las instituciones públicas». Por su parte, Gende señaló que “estamos a la cola de Europa en la inclusión del talento femenino en un entorno rural muy masculinizado. Las mujeres son las primeras que se van de los pueblos por la persistencia de los roles de género en el campo». Giménez explicó la creación de Abuelos Madrina en el entorno rural para proteger la maternidad vulnerable, así como el proyecto Pueblos Madrina “por el que buscamos alojamiento para familias cuya vida en la ciudad es extremadamente difícil».

Por último, Graíño puso de manifiesto la conexión de las notarías con la población de los pueblos, que «constituyen una estructura que garantiza la seguridad jurídica personal y patrimonial. El notario es una persona imparcial que sirve de guía en Derecho Privado; su intervención ex ante en la información precontractual permite conocer qué derechos se tienen o qué instrumentos jurídicos utilizar en materia de emprendimiento. El decano gallego recordó algunas iniciativas recientes puestas en marcha por el Notariado que pueden beneficiar a la población rural: «Se ha suscrito un convenio con empresas de microfinanzas para establecer créditos ventajosos con personas vulnerables facilitando la inclusión social. También cabe destacar la apuesta por la digitalización, con la creación del Portal Notarial del Ciudadano, donde podrán realizarse gestiones sin necesidad de desplazarse».

Custodia del territorio

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, la custodia del territorio es una figura que facilita «iniciativas voluntarias de conservación de la naturaleza en fincas privadas y públicas entre el propietario y una entidad de custodia que le asesora para gestionar su territorio orientándolo hacia la conservación».

Montes de socios
En algunas regiones de España existen montes y terrenos rústicos propiedad de un colectivo de vecinos. Es una situación de proindiviso de varias personas físicas o jurídicas que poseen un porcentaje del territorio.
Primera mesa redonda (de izquierda a derecha): Antonio Ruiz, Carlos Durá, Ignacio Ferrer. Federico Cabello de Alba en pantalla.
Segunda mesa redonda (de izquierda a derecha): Pedro Medrano, José Manuel Benéitez, Beatriz Martín, Pedro Gracia y Miguel Latorre.
Tercera mesa redonda (de izquierda a derecha): Javier Manrique, José Ángel Martínez Sanchiz, Cristina Álvarez, Eduardo de Miguel, Oscar Prada y Pedro García.
Cuarta mesa redonda (de izquierda a derecha): José María Graíño, Conrado Giménez, Susana Gende, Luis Calderón, Judit Flórez y Carmen Rodríguez.

«Un instrumento para el desarrollo rural», por Ignacio Ferrer

EN ESTE PAÍS

IGNACIO FERRER,

Decano del Colegio Notarial de Extremadura.

"En la medida en que fomenta la colaboración público-privada, la custodia del territorio refuerza esa vía de integración y compatibilidad"

Un instrumento para el desarrollo rural

El concepto de custodia del territorio está unido al objetivo de la conservación del patrimonio natural y cultural de nuestro medio rural. Implica, por decirlo de forma sencilla, un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden comprometer a los propietarios y usuarios del territorio en su conservación y buen uso, promoviendo para ello acuerdos y mecanismos de colaboración continua con entidades de custodia y otros agentes públicos/privados. Pero quizás por esa dimensión ambiental indudable que tiene la custodia del territorio existe la idea equivocada de una cierta incompatibilidad entre estos acuerdos con usos tradicionales como la agricultura, la caza, la pesca o la ganadería, cuando la realidad es justamente la contraria.

Estas actividades no sólo resultan complementarias, sino que frecuentemente facilitan y encajan como un guante en las estrategias de conservación del territorio. La lógica de un desarrollo sostenible enfocado simplemente al ecologismo, sin consideración de las dimensiones social, económica y cultural, hace años que abandonó la esfera y el discurso público, incluso el de las propias entidades conservacionistas. Hoy la sostenibilidad se entiende en un sentido integral e integrador, desde la asunción de que, del mismo modo que hay que poner límites y cauces a las actividades productivas para la protección del medio ambiente, también hay que proteger esas actividades, sin las cuales el medio ambiente sufriría una merma semejante o superior, asociada al abandono del medio rural y el preocupante fenómeno de la despoblación.

Muchos caminos rurales se perderían y se desaprovecharían para nuevos usos ligados al ocio o el disfrute de la naturaleza si no fueran explotados también para otros usos productivos, de nuevo cuño, como el turismo, o tradicionales, como la ganadería. En numerosos pueblos de la España rural la arboleda cubre la función de absorción de CO2 que cubren los bosques en países de Centroeuropa. La protección de esas actividades tradicionales no sólo tiene encaje dentro de las políticas públicas de sostenibilidad sino que son necesarias para ellas, y el reto no es otro que encontrar la mejor integración, desde el convencimiento de ser sostenible implica no solo armonía con el entorno sino también viabilidad, es decir, posibilidad de que esa actividad pueda ser mantenida en el tiempo sin perjuicio para el que la emprende.

En la medida en que fomenta la colaboración público-privada para ello, la custodia del territorio refuerza esa vía de integración y compatibilidad y por tanto supone o puede suponer un impulso a esas actividades tradicionales desarrolladas de una forma no antagonista sino complementaria con el entorno. Estas formas de colaboración han sido históricamente infrautilizadas en España, perjudicadas probablemente por un ambiente social que recela de la posibilidad de una colaboración real y leal entre actores privados, públicos y sociales orientada al interés general. Sin embargo, las propias políticas comunitarias están fomentando esta cooperación, ante la evidencia de que los grandes desafíos de la sociedad del bienestar no pueden afrontarse exclusivamente con financiación pública, sino que demandan la implicación (la inversión y también la inteligencia) de los actores privados.

Pues bien, si hay un ámbito en el que merezca explorar esa colaboración público-privada, sin duda, ese es el medio ambiente, no sólo por su relevancia intrínseca, sino porque todo lo que gira alrededor de la transición ecológica y el cambio climático se va a convertir, si no se ha convertido ya, en el gran motor de desarrollo de las próximas décadas, junto a las actividades productivas ligadas a la digitalización, el análisis y la inteligencia de datos y la ciberseguridad.

Además, en este caso, y hasta donde se le ha puesto a prueba, la custodia del territorio ya ha presentado sus credenciales favorables, mostrándose como un instrumento jurídico eficaz para la protección del entorno y la biodiversidad. Al sustituir una lógica de imposición/supervisión por otra de responsabilidad y colaboración, ha permitido un mejor cumplimiento de los objetivos ambientales. Y se ha revelado además como una fórmula menos costosa para el erario público y por tanto más eficiente para el ciudadano que una intervención de la Administración basada en figuras jurídicas de protección del paisaje y su avifauna y patrimonio cultural.

Teniendo en cuenta que más de la mitad del territorio en Red Natura 2000 es de propiedad privada, parece cuanto menos sensato y oportuno que se apueste por esta vía, implicando a propietarios y usuarios en la estrategia de conservación y fomentando su compromiso activo y colaboración con entidades conservacionistas de carácter público o privado. Para ello, sería conveniente desarrollar una regulación específica estructurada, al estilo de la que existe en otros países, sobre todo anglosajones, así como promover algunos estímulos (por ejemplo, fiscales) que sin duda saldrían a cuenta para el erario público.

Ni que decir tiene que los notarios, sobre todo en esas comunidades de la llamada España vaciada, podemos aportar -y estamos aportando ya-, mucho al desarrollo de esta institución, que, insisto, resulta totalmente compatible con los usos ganaderos, agrícolas, de caza, etc. que son tradicionales y casi consustanciales con nuestro campo. De ahí, también, que el Consejo General del Notariado venga trabajando desde hace dos años junto a la Fundación Biodiversidad en el análisis de la normativa y la presentación de propuestas legislativas para reforzar la seguridad jurídica de la custodia del territorio como herramienta de conservación.

La Seguridad Nacional no es ficción, por Noé de la Rubia

EN ESTE PAÍS

NOÉ DE LA RUBIA,

inspector de Policía Nacional, oficial de enlace en Interpol

 

 

Estoy convencido de que habría que aprovechar cualquier reforma legislativa para introducir un nuevo modelo de gestión de situaciones crisis

La Seguridad Nacional no es ficción

Casualidades de la vida, la amable dirección de la revista me propuso esta nueva singladura periodística, al tiempo que se popularizaba la película No mires arriba (Don´t look up) protagonizada por Leonardo di Caprio. Enésima entrega del género cinematográfico basado en el relato de inminentes catástrofes naturales que amenazan con asolar el Planeta Tierra y que acaban resolviéndose sobre la campana desde el otro lado del Atlántico, en un alarde de ingenio más que por sus “precarios” recursos.

Prometo que no la hubiera dando la menor tregua de no recibir tan generosa invitación, aunque también, por qué negarlo, en un intento por amenizar la lectura a aquellos que hubieran tenido oportunidad de verla, ya que básicamente, la película se construye sobre un supuesto de hecho perfectamente contemplado en la Ley.

Con este ardid literario, espero no dar la impresión de estar banalizando la cuestión de fondo, puesto que huelga decirlo, la Seguridad Nacional debe estar entre las prioridades de cualquier país y por ende, regir la actuación de sus gobernantes en todo momento, incluso diría yo, desde antes de llegar a serlo (en la oposición).

Como digo, el film resulta interesante tomarlo como telón de fondo, principalmente por el giro inesperado que da, tras la detección e inmediata comunicación de la amenaza a las autoridades, que mantienen la incertidumbre del espectador desde entonces hasta el mismo final. Ese punto de inflexión se propicia a partir de un truculento incidente en el que se ve envuelto un importante cargo político y que paradójicamente, no solo desvía la atención del Gobierno hacia ese asunto menor, sino que también, arrastra la de los medios de comunicación y de la propia ciudadanía, hasta el punto de convertir unos inicios ciertamente apocalípticos en una suerte de comedia.

No obstante, aunque director y guionistas se hayan afanado en querernos sorprender y en ocasiones llegar a entretener, también han podido alentarnos los temores a que la realidad pueda superar a la ficción al paso que vamos. De hecho, no creo que se exagere al equiparar, al menos en lo que al hecho desencadenante se refiere, la crisis epidemiológica que padecemos con cualquier guion cinematográfico de este género, aunque todavía estemos muy lejos en todo lo demás.

Por ese motivo, estoy convencido de que habría que aprovechar cualquier reforma legislativa para introducir un nuevo modelo de gestión de situaciones crisis, en el que se preponderara el conocimiento de los expertos en la toma de decisiones, por encima de los que no lo sean con independencia del puesto que ocupen y la legitimidad que las urnas les hayan otorgado.

Por suerte, al menos en nuestro país, gozamos de un contingente funcionarial extraordinariamente competente, perfectamente capaz de hacerlo con las debidas garantías de neutralidad y persecución del interés general, que deben presidir la actuación de la Administración en general, pero más aún en los momentos críticos.

De poco servirá, que en la nueva redacción se hayan incluido “las aportaciones de expertos independientes, personas de reconocido prestigio, con conocimientos y experiencia en el campo de la seguridad”; o que llegado el momento, gracias al Sistema de Seguridad Nacional que se pretende implantar, desde esos futuribles observatorios, centros y plataformas que lo integrarían, sobre la base de “la información proporcionada por unos datos objetivos de determinación de impactos y la evidencia
científica” se identifique un peligro para la seguridad nacional que active una alerta temprana y se comunique por los canales “especiales” que la Ley prevé hasta llegar al mismo Gobierno o en este caso, al Consejo de Seguridad Nacional como“ órgano responsable de la dirección y la coordinación de las actuaciones para la gestión de situaciones de crisis”, si entre medias, como ocurre en el celuloide, otros factores o incidentes (truculentos o no), la silencian o tergiversan, impidiendo la ejecución de medidas de respuesta y conducción en tiempo oportuno.

Por último, como epílogo a esta ingenua aspiración, me gustaría resaltar otra, en este caso no mía sino del Gobierno, en lo relativo a las implicaciones en el sector privado que se derivan del plan que se pretende implantar, como la de salvaguardar la base industrial que garantice el suministro de aquellos bienes y servicios que sean considerados como de primera necesidad y carácter estratégico, así como la mejora de las capacidades militares mediante “una política activa de colaboración público-privada que apoye firmemente al sector industrial y tecnológico de la seguridad y la defensa en España”, lo que nuevamente me recuerda la película y la entrada en escena de un gigante tecnológico que convence al Gobierno para seguir su plan de rescate (por intereses comerciales) desbaratando el propuesto por los expertos. En esta cuestión, difiero totalmente del curso cinematográfico de los hechos puesto que soy un firme defensor de la colaboración público-privada y no tanto de la tendencia legislativa actualmente imperante que la traba e impide el aprovechamiento óptimo de todas posibilidades que presenta.

Concretamente en lo que a mi área de trabajo se refiere, en la que confluyen en perfecta simbiosis, cibercrimen y blanqueo de capitales, se padece especialmente. De nada sirven los denodados esfuerzos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni la buena voluntad y disposición a colaborar de las entidades privadas (entre sí y con nosotros) cuando nos enfrentamos a este tipo de delincuencia en el marco legal actual. Ejemplos como la Ley USA Patriot deberían marcar el camino a futuras reformas legislativas que pretendan dar una respuesta eficaz con medidas concretas para luchar contra esta otra (si me lo permiten) pandemia silenciosa, pero de alcance igualmente planetario y crecimiento exponencial, que arruina impunemente la vida de miles de personas y empresas cada año.

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional

EN ESTE PAÍS

Una de los principales problemas del modelo energético de algunos países es su alta dependencia externa

LA NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL

El pasado 28 de diciembre el Gobierno aprobó la nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2021 (ESN21), que sustituye a la que estaba en vigor del año 2017 (ESN17). La irrupción de la pandemia de Covid-19 y el escenario internacional marcado por esta ha llevado al Ejecutivo a aprobar esta actualización con unos meses de adelanto, ya que habitualmente se realiza cada
cinco años.

La aprobación del Gobierno, de acuerdo con la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, estuvo precedida del informe favorable del Consejo de Seguridad Nacional reunido el 18 de noviembre de 2021.

Aunque expresa su continuidad con las tres Estrategias de Seguridad Nacional anteriores, una importante novedad respecto a la anterior ha sido la participación de la Comunidades y Ciudades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional.

El documento está estructurado en cinco capítulos, el primero de los cuales se refiere a las amenazas que suponen la tensión estratégica y regional y a su posible derivada en un conflicto bélico.

 

La desinformación

En líneas generales, el texto recoge los mismos peligros que se fijaban en el texto anterior, aunque se han introducido destacables novedades. Por ejemplo. se ha elevado a nivel de amenaza las «campañas de desinformación» o la posibilidad de otra pandemia. Además, esta nueva ley recoge la necesidad de crear un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, previsión en la que seguramente ha tenido que ver la crisis migratoria sufrida por las dos ciudades autónomas en la primavera de 2021 y que erosionó gravemente las relaciones diplomáticas con el Reino de Marruecos.

La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 recoge por primera vez «las campañas de desinformación» como uno de los dieciséis riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional. Además, plantea «iniciativas necesarias, como, por ejemplo, la creación de una reserva estratégica basada en capacidades nacionales de producción industrial.

Aunque ningún país en concreto está mencionado en el documento, si se intuye en el apartado referido a la «Tensión estratégica y regional» que la tensión militar Marruecos y Argelia, en la que siempre está presente el ‘statu quo’ del Sáhara Occidental, cuya potencia administradora sigue siendo España, y que después de casi 50 años de la salida de la antigua colonia no parece que su situación tenga fácil solución.

Como novedad de esta nueva Estrategia de Seguridad Nacional se agrupan riesgos y amenazas en el mismo apartado, estableciendo un nuevo modelo.

El documento constata los efectos que en el contexto internacional ha tenido la pandemia, señalando una «una etapa de transición», y considera que el Covid-19 entraña un factor de aceleración de las principales dinámicas globales que afectan a la seguridad.

También, por primera vez, una Estrategia de Seguridad Nacional no hace referencia a la banda terrorista ETA. Aunque la organización criminal anunció el cese definitivo de su actividad armada en 2011, el anterior documento de Seguridad Nacional de 2017 sí hacía mención a la banda considerando que, a pesar de no ser ya una amenaza relevante, era necesaria la defensa la memoria de las víctimas y las investigaciones hasta las últimas consecuencias de todos los actos criminales de ETA. Estas consideraciones no figuran en el documento de 2021.

 


LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL 2021 INCLUYE POR PRIMERA VEZ ‘LAS CAMPAÑAS DE DESINFORMACIÓN’ COMO UNO DE LOS DIECISÉIS RIESGOS Y AMENAZAS

 

Las referencias al terrorismo se centran ahora en el yihadismo y sus posibles amenazas a los intereses españoles, individuales o colectivos, que puedan provenir especialmente del Sahel o de individuos radicalizados nacidos o criados en España u otros países occidentales. En este sentido la Estrategia de Seguridad Nacional pone el foco en el riesgo de radicalización que puede producirse entre internos de las prisiones españolas.

 

Nuevas amenazas

Una, y en cierta medida polémica, inserción en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 son las llamadas “fake news” o bulos. Para el Gobierno son preocupantes las llamadas campañas de desinformación por su capacidad de “generar confusión y socavar la cohesión social” lo que puede suponer una grave amenaza para los procesos electorales o la posible influencia en ellos de otras naciones o agentes internacionales.

Las redes 5G también son para la ESN2021 un riesgo en cuanto a la vulnerabilidad y el peligro de ciberataques que afecten a las llamadas redes inteligentes.

Otra novedad es la alerta sobre la generalización del uso de drones que para los expertos pueden poner en riesgo la seguridad aérea e incluso provocar la inutilización de infraestructuras críticas como los aeropuertos o centrales energéticas.

La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 da un especial valor a la “alerta temprana” que permita a las autoridades tomar medidas eficientes y para ello también recomienda incluir un término al que nos hemos acostumbrado durante esta larga y cambiante pandemia: cogobernanza. En este sentido se da paso a la participación de las Comunidades Autónomas en asuntos que son de su competencia, como es la sanidad.

 


CONSIDERA QUE EL COVID-19 ENTRAÑA UN FACTOR DE ACELERACIÓN DE LAS PRINCIPALES DINÁMICAS GLOBALES QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD

 

La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 contiene como novedad una carta a modo de introducción del presidente del Gobierno. En esta Pedro Sánchez señala como ejes del documento continuidad y cambio.

Dice el presidente del Ejecutivo que es de continuidad, “por el compromiso que significa la cuarta estrategia de esta naturaleza en la historia democrática de España. La seguridad de España y su ciudadanía es una de las más altas responsabilidades del Gobierno. La presente Estrategia recoge la herencia de sus antecesoras y hace suya la visión integral de la Seguridad Nacional, entendida como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos”.

También se refiere al cambio, identificando la situación actual y el insoslayable golpe de la pandemia como” una ventana de oportunidad”, considerando que la transformación en un contexto de incertidumbre requiere de una visión estratégica, “donde la seguridad se concibe como una condición necesaria para la recuperación económica y la cohesión social”. Para el presidente del Gobierno la Estrategia de Seguridad Nacional tiene en cuenta el camino a “la innovación tecnológica y la transición ecológica; hacia una España moderna con visión de futuro, llena de oportunidades de progreso”.

Capacidad creíble y efectiva

El Departamento de Seguridad Nacional dirigido por el general Miguel Ángel Ballesteros ha sido el encargado de elaborar este documento de 75 páginas, que describe 16 riesgos y amenazas. En él se mantiene que España requiere de una capacidad de disuasión creíble y efectiva y una capacidad de defensa autónoma, frente a diferentes formas de agresión: desde las estrategias híbridas hasta el conflicto convencional.

Fragilidad en la cadena de suministros

La experiencia acumulada por la pandemia del Covid-19 ha tenido reflejo en el documento estratégico, que reconoce el riesgo de la fragilidad de la cadena de suministros, así como la falta de capacidad decisora de organismos y autoridades internacionales, que resultaron incapaces de organizar un sistema efectivo para la producción y distribución de material sanitario.

Para saber más

a Estrategia de Seguridad Nacional 2021 puede descargarse aquí
Se pueden encontrar todas las anteriores estrategias, así como referencias al Departamento de Seguridad Nacional aquí
El Departamento de Seguridad Nacional tiene un sitio web al que se puede acceder aquí

Los servicios electrónicos de confianza y la seguridad jurídica

EN ESTE PAÍS

De izquierda a derecha: acto inaugural a cargo del director de la Cátedra, el notario Manuel González-Meneses, y del vicedecano de Ia Facultad de Derecho ICADE, José Luis Rey.

SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CONFIANZA Y SEGURIDAD JURÍDICA

La sala de conferencias de ICADE-Comillas en Madrid acogió en febrero unas jornadas organizadas por la Cátedra ICADE-Fundación Notariado con el título Los servicios electrónicos de confianza y la seguridad jurídica. Del Reglamento eIDAS y la Ley 6/2020 a la propuesta de eIDAS2.

TRAS LA APERTURA por José Luis Rey, vicedecano de Investigación de Ia Facultad de Derecho ICADE, el director de la Cátedra, el notario Manuel González- Meneses, llamó la atención sobre la evolución que ha llevado desde la aparición de los prestadores de servicios de certificación en relación con firmas electrónicas basadas en criptografía de doble clave en el Real Decreto-ley y en la Directiva de firma electrónica del año 1999, a una paulatina ampliación del catálogo de servicios electrónicos de confianza objeto de reconocimiento y regulación, así como a un fortalecimiento de sus efectos jurídicos, en particular en su modalidad de servicios «cualificados», en especial con la última redacción que el artículo 326 de la LEC ha recibido por la Ley 6/2020.

A continuación, Ignacio Alamillo, director General de Astrea, habló del estatuto jurídico general de los prestadores de servicios de confianza, resaltando el esfuerzo de armonización de la regulación llevado a cabo por el legislador europeo con la pretensión de conseguir la unidad del mercado interior. También señalo cómo algunos de estos servicios de confianza dan lugar a productos de carácter específico, que no tienen equivalente jurídico en el mundo no electrónico; y advirtió de los límites de la seguridad aportada por sí sola por la tecnología.

Garantizar la seguridad jurídica. A continuación, se celebró una mesa redonda sobre el mercado de los servicios electrónicos de confianza, en la que participaron Diego Hernández, director de sistemas de información de FNM; Alfonso Carcasona, CEO de AC Camerfirma; María Dolores Pescador, presidenta ejecutiva de Logalty; Alfonso Fernández, director de identidad digital y firma de SIA (Indra); Santiago Casas, CEO de Validated ID, y Segismundo Álvarez, notario (moderador).

Una idea recurrente fue la pretensión de garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento normativo frente a los modelos más laxos propios del ámbito anglosajón, así como la evolución de un simple servicio de certificación a la oferta de soluciones integradas para la contratación electrónica.

En una segunda mesa redonda, sobre El significado y valor jurídico de los servicios electrónicos de confianza (en la que participaron Antonio Merchán, profesor de Derecho internacional privado; los abogados Alonso Hurtado y France Vidal, Manuel González-Meneses, y Miguel Martínez, profesor de Derecho Mercantil de ICADE, como moderador) se analizaron cuestiones relacionadas con el valor jurídico, en especial procesal y probatorio, de estos servicios.

Cuestiones como las dudas sobre la constitucionalidad de la norma de inversión de la carga de la prueba sobre la parte que impugna la autenticidad, integridad o fecha de un documento electrónico respecto del cual se ha prestado un servicios de confianza por un prestador incluido en la lista de prestadores cualificados (lo que fue calificado como la imposición de una probatio diabolica), en especial tratándose de consumidores (al respecto, Hurtado alertó sobre la posibilidad de reclamaciones masivas); así como el problema de las personas con capacidad disminuida por la edad o la enfermedad como posibles titulares de certificados y dispositivos de firma electrónica. Merchán habló de «capacidad digital» y González-Meneses de la carga de «autotutela criptográfica» que imponen sobre sus usuarios estos instrumentos de
firma basados en criptografía.

 


UNA IDEA RECURRENTE FUE GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO FRENTE A LOS MODELOS MÁS LAXOS PROPIOS DEL ÁMBITO ANGLOSAJÓN

 

En el bloque dedicado a los nuevos planteamientos en materia de firma, Antonio Merchán; Rubén Morales, director técnico de identidad digital y firma de SIA (Indra); Miguel Ángel Bernal, profesor de Derecho administrativo; Segismundo Álvarez, notario; Enric Hernández; responsable del área de certificación y seguridad de Ancert, y José Carmelo Llopis, notario (moderador) trataron sobre los problemas de usabilidad propios de los sistemas de firma por medio de tarjetas físicas y su superación mediante el modelo de firma centralizada o en la nube y con el teléfono móvil, así como de la nueva posibilidad de identificación en remoto de los solicitantes de certificados. También se aludió a los nuevos sellos electrónicos de personas jurídicas, susceptibles de aplicación no personal y automatizada; así como a las dificultades para compatibilizar el régimen de los poderes de representación jurídica con el instrumento de la firma electrónica. Al problema que suscita la parametrización de las facultades de representación se refirieron Carmelo Llopis y Segismundo Álvarez.

En la sesión dedicada a la identidad digital, Llaneza hizo alusión a las incertidumbres a las que se enfrentan los expertos que participan en la elaboración de las normas técnicas de desarrollo de eIDAS2 en cuanto a las posibles fuentes de acreditación de los atributos que podrán gestionarse mediante los futuros wallets de identidad digital.

A continuación, en una mesa sobre proyectos de identidad digital, María Parga, presidenta de honor de Alastria; Carlos Pastor, líder de identidad digital de Alastria; Iván Basart, CTO de Validated ID; Carmine Auletta, CIO de Inforcert SpA, y González-Meneses, como moderador, expusieron varios proyectos relacionados con el concepto de identidad digital autosoberana.

Tras las intervenciones de ingenieros y tecnólogos, el notario Javier González y el catedrático de filosofía del Derecho Rafael de Asís disertaron sobre el concepto de identidad y la problemática de su traslación al ámbito digital, a lo que siguió un coloquio en el que llegaron a suscitarse cuestiones relacionadas con el respeto de los derechos de la personalidad en el metaverso.

En el último bloque, el dedicado a otros servicios de confianza, participaron José María Anguiano; José Carmelo Llopis; Igor Marcolongo Chief business Compliance Officer de Inforcert SpA; Alfredo Muñoz, y Pedro Garrido, notario
(moderador).

Llopis se ocupó del archivo duradero de documentos electrónicos, con una referencia a los problemas que planteará la conservación del futuro protocolo electrónico; Marcolongo aludió a la necesidad de adaptación a las distintas culturas jurídicas locales; Anguiano criticó la pretensión de monopolio de la notificación certificada por parte de la Sociedad Estatal de Correos y aludió a la problemática suscitada por la dirección electrónica habilitada; y por último, Muñoz hizo referencia al nuevo servicio de ledgers electrónicos y a posibles aplicaciones de la tecnología blockchain en el ámbito del derecho societario.

En el cierre de las jornadas el director de la Cátedra recordó que los notarios nacieron de la sociedad, por las necesidades de seguridad del mercado y porque dominaban esa tecnología de la información disruptiva en su tiempo como era la escritura en tinta sobre papel. Hoy, en el medio digital, la seguridad jurídica debe apoyarse necesariamente en unos medios de seguridad electrónicos que aportan precisamente las empresas tecnológicas, y tiene sentido que estos medios, por razones de seguridad del tráfico, vean reconocidos unos específicos efectos jurídicos. No obstante,  concluyó– el reconocimiento de estos efectos jurídicos no debería chocar con valores y principios básicos de nuestro sistema jurídico –como la tutela judicial efectiva–, ni llevar a prescindir de esa seguridad más completa que para aquellos ámbitos más delicados del tráfico jurídico ha aportado y  debe seguir aportando el documento notarial. |EP|