¿Podemos alcanzar la independencia energética?

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Una de los principales problemas del modelo energético de algunos países es su alta dependencia externa

¿Podemos alcanzar la independencia energética?

La energía ha sido un elemento esencial para el desarrollo de las sociedades en el siglo XXI. Sin embargo, la acelerada evolución económica, social y tecnológica ha situado al sistema de gobernanza global nacido después de la Segunda Guerra Mundial en tensiones difícilmente sostenibles.

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@capa_carlos

El modelo energético actual mundial es muy difícilmente sostenible, principalmente debido a que se basa en el consumo de petróleo y carbón, recursos limitados. Otra de las principales problemáticas que presenta es la alta dependencia energética externa.

Una definición convencional del concepto de dependencia energética es la de la cantidad de energía primaria que un país necesita importar para poder abastecerse, ya sea en forma de calor, electricidad o transporte.

El carecer de suficientes fuentes propias de energía (como sucede en España actualmente) provoca una peligrosa dependencia exterior, que es fuente de incertidumbre y que afecta a la economía real y la vida cotidiana; una realidad que viven las economías dependientes con frecuencia.

Dependencia energética

Depender de otros países para la obtención de parte de la energía consumida por una nación puede generar alteraciones en el suministro energético, ya que este no está únicamente bajo el control del país importador.

Durante este año se ha popularizado en los medios de comunicación el concepto de “mix energético”, al que, por otra parte, se ha hecho el villano de una situación que ha provocado un incremento de cerca de un 200% del precio de la electricidad.

España, al contrario que en la de otros combustibles, dispone de unas reservas de 4.650 toneladas de Uranio 3O8

¿Pero qué es el “mix enérgético”? Ni más ni menos que la combinación de las diferentes fuentes de energía que cubren el suministro eléctrico de un país.

En España, las centrales generadoras de energía eléctrica son de propiedad o concesión de las grandes compañías eléctricas que producen la energía, para luego introducirla en la red de transporte, en nuestro caso la empresa pública Red Eléctrica Española (REE). Esta empresa lleva la energía producida a los centros de consumo donde de nuevo las compañías eléctricas se encargan de hacerla llegar a los consumidores finales.

¿Y de dónde procede la energía que se consumen España? La energía de origen nuclear y la de procedencia eólica se disputan desde hace meses el liderazgo del “mix”.  Según datos de REE en julio de 2021 la nuclear se mantiene en cabeza, aunque la eólica gana terreno mes a mes con un incremento sostenido, suponiendo en ese mes el 18,9% de la producción total.

En concreto, fue la segunda energía que más aportó al mix, solo superada por la nuclear (22,7%) y seguida por el ciclo combinado, que produjo el 16,7% y la hidráulica que supuso el 14.4%. La energía de producción fotovoltaica se acerca al 9% de la producida. Prácticamente el 50% de la energía producida hoy es de origen renovable.

 

El modelo energético mundial es muy difícilmente sostenible porque se basa en el consumo de petróleo y carbón, recursos limitados

 

El alza de los precios

¿Y porque los precios están en máximos históricos?  La respuesta es compleja: las energías llamadas “verdes”, a pesar su progreso en eficiencia, son por su propia naturaleza dependientes de un intangible. España tiene muy escasa capacidad (al margen de las obligaciones que imponen las medidas de transición ecológica) de producción y transformación de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón.

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) nuestra dependencia energética del exterior se sitúa en aproximadamente un 73%. Así, en España apenas se produce un tercio de la energía que se consume.

La dependencia del suministro de terceros de productos como el Gas Natural Licuado (GNL) y la geopolítica, amén del mercado y situaciones como la pandemia, son determinantes. El cierre del Gasoducto Magreb Europa (GME) o el estratosférico incremento de los fletes, en gran medida producto del geométrico incremento de la demanda de países en desarrollo industrial, han tenido un efecto muy pernicioso. Un ejemplo: en todo el mundo existen aproximadamente 645 buque capaces de transportar GNL y, por decirlo de forma simple vende su carga al mejor postor.

Uno de los grandes problemas de la energía eléctrica es que su consumo debe ser inmediato, ya que no se puede almacenar grandes cantidades de electricidad, por lo que debemos estimar casi a la perfección la energía que va a consumir nuestro país a cada instante en tiempo casi real.

La alternativa nuclear

Es este un debate complejo al que se debería descargar de prejuicios para abordarlo, siendo cual sea su conclusión, de manera neutral, bajo el análisis científico (con sus pros y sus contras) y sin olvidar que como señala el adagio británico TANSTAAFL “no hay almuerzo gratis”.

La Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE) ha publicado el informe Life Cycle Assessment of Electricity Generation Options, en el que concluye que la energía nuclear produce menos emisiones de CO2 en su ciclo completo de vida que cualquier otra fuente de producción de electricidad.

El informe de UNECE también indica que la energía nuclear es -entre las tecnologías limpias- la que en su ciclo de vida hace un menor uso de terreno y la que requiere una menor cantidad de minerales y materiales metálicos.

Por otra parte, la preocupación por los residuos y la seguridad no son en absoluto insoslayables. La “vida” de los residuos de alta actividad puede ser de decenas de miles de años.

Sucesos como los (con grandes diferencias en su origen y tratamiento entre ellos) de Three Mile Island (EE. UU. ,1978); Chernóbil (Ucrania, 1985); o Fukushima (Japón, 2011) no pueden ser olvidados, ni tampoco que de ellos la tecnología tristemente aprendió en la búsqueda de soluciones preventivas.

España, al contrario que en la de otros combustibles, dispone de unas reservas de uranio evaluadas en 4.650 toneladas de U3O8 a costes de explotación inferiores a 80 $/kg U y 12.160 toneladas a costes comprendidos entre 80 y 130 $/kg U. Lo que la sitúa en el segundo país europeo en importancia, detrás de Francia.

Por otra parte, la investigación en el desarrollo pacífico de la energía nuclear de fusión prácticamente limpia y sin residuos, sigue avanzando. Sobre ella el recientemente desaparecido físico Stephen Hawking dijo en 2016 que” la tecnología que permite generar fusión nuclear es la más prometedora para la humanidad”.

Referentes en energía fotovoltaica
España pretende convertirse en la referencia mundial de la energía fotovoltaica. Así, además de tener la macroplanta fotovoltaica más grande de Europa, cuenta con los tres parques en construcción con la mayor potencia de todos los que se están instalando en la UE: 500 MW, 300 MW y 300 MW respectivamente. Cuando estén conectados dispondremos de cuatro de los cinco parques más grandes de Europa. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ha establecido que para 2031 el 74% de la electricidad generada tendrá que provenir de fuentes renovables.
Francia la nuclear
Francia cuenta con 58 reactores repartidos en 19 emplazamientos nucleares. Gracias a ellos más de la mitad de la energía producida en este país proviene de reactores nucleares y es un 84 % baja en emisiones. Las renovables solo proporcionan un 17 % de la energía total, según los datos de ElectricityMap. Mucha de esa energía es consumida en España y varías de sus centrales productoras se encuentran a pocos centenares de Km de la frontera española.

Para saber más

La página de Red Eléctrica de España ofrece las estadísticas y datos de consumo en tiempo real de la energía eléctrica es España

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La Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE) ha publicado el informe Life Cycle Assessment of Electricity Generation Options

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La Fundación Canal mantiene el Blog Descubre la Energía en el que da amplia información sobre el mix energético

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Si EE.UU. ataca a Irán, que Dios nos ayude, por Carlos Sánchez

EN ESTE PAÍS

CARLOS SÁNCHEZ,

director adjunto de «El Confidencial»

 

Occidente ha vuelto a comprobar que su dependencia del exterior es excesiva. Incluso, peligrosa. En particular, por su subordinación a Rusia

“Si EEUU ataca a Irán, que Dios nos ayude”.

Hace ahora quince años, el legendario jeque Yamani, el hombre que inspiró los dos choques petrolíferos de los años 70 que pusieron contra las cuerdas a Occidente, estuvo en Madrid invitado por el Real Instituto Elcano. EE.UU., por entonces, amenazaba a Irán con intervenir si proseguía con su carrera nuclear, y Yamani, ya defenestrado de su poder como ministro del Petróleo de Arabía Saudí, lanzó una advertencia que todavía se puede escuchar: “Si EE.UU. ataca a Irán, que Dios nos ayude”. Y resuena porque en plena transición ecológica hacia la descarbonización, el mundo sigue dependiendo de las energías fósiles. Es decir, de los productores de hidrocarburos. El petróleo y el gas, hijos de una misma tierra, corren por las venas del sistema productivo.

Es verdad que en las últimas décadas se ha avanzado en la producción de renovables y en la eficiencia energética, pero hoy, guste o no, los hidrocarburos -junto con las centrales nucleares- siguen moviendo el planeta. Evidentemente, porque las nuevas tecnologías de generación limpias no han sido todavía capaces de sustituir a los combustibles fósiles, pero también por ausencia de un viejo concepto que se estudiaba en las escuelas de diplomacia y que hoy se ha vuelto a poner de moda: la independencia energética. Pero que tras la superación de los dos choques petrolíferos desapareció durante años de la agenda política.

Tras la caída del muro de Berlín y la eclosión de la globalización, se entendió que el mundo se iba a regir sin fronteras. Paz celestial. Se olvidó, es más, que el aprovisionamiento energético forma parte de la geoestrategia de los países, como sucedió en los setenta cuando se nacionalizaron los pozos en Oriente Medio, y que, por lo tanto, podría haber problemas de suministro. La palabra independencia -energética o no-, de hecho, se retiró de la circulación, salvo en países como Francia, pero hoy se reivindica como un objetivo a conseguir. La propia UE ha lanzado un proyecto de autonomía estratégica que incluye, como no puede ser de otra manera, la energía.

Sin duda, porque Occidente ha visto las orejas al lobo y ha vuelto a comprobar que su dependencia del exterior es excesiva. Incluso, peligrosa. En particular, por su subordinación a Rusia, que tiene la llave del aprovisionamiento energético. EE.UU. ya lo consiguió hace unos años con el petróleo de esquisto (shale oil), aunque a un precio elevado porque el fracking es costoso, pero la UE aún está lejos de lograrlo.

Sólo hay que mirar algunas cifras para comprobarlo. El 40,4% del gas natural que consumen los hogares y las empresas europeas procede de Rusia. También, el 40% del carbón que llega a Europa viene de allí, mientras que el 29,3% del petróleo que recala en las refinerías continentales procede de la tierra de Putin. La rusa Gazprom, de hecho, tiene influencia sobre casi un tercio de todo el almacenamiento de gas en Alemania, Austria y Países Bajos. Rusia, por si esto no fuera suficiente, es el único proveedor de las importaciones de gas de seis países de la UE.

Rusia, sin embargo, no es la causa, es la consecuencia. El problema, a falta de hidrocarburos en el subsuelo, una mera casualidad geológica, es que el despegue de las energías limpias es lento, tiene limitaciones y es caro. En unos casos por razones tecnológicas, el almacenamiento a gran escala sigue siendo una quimera, pero en otros porque se ha arrastrado los pies subvencionando a los combustibles fósiles en lugar de haber hecho una apuesta más decidida por las energías limpias, como recuerdan una y otra vez los informes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Aunque no es fácil ponerse de acuerdo sobre la cuantía, la propia UE ha estimado que sólo en la región las subvenciones a los combustibles fósiles oscilan entre 39.000 millones y 200.000 millones de euros al año. Obviamente, porque se ha sido poco diligente en cambiar el statu quo, basado en importar hidrocarburos y así favorecer una industria intensiva en empleo y capital. Y España, hay que reconocerlo, está algo más que retrasada respecto del contexto europeo. El 70% de la demanda energética es importada, algo más de diez puntos por encima de la media europea.

El problema es todavía mayor si se tiene en cuenta que España, históricamente, siempre se ha considerado una isla energética. Pese a depender excesivamente del exterior, tampoco ha sabido -o podido- aprovechar las interconexiones con Europa, que son la clave de bóveda a la hora de diversificar las fuentes de suministro.

No es lo mismo depender de regiones convulsas como el norte de África o Rusia, con serias disputas con la UE, que de la Unión Europea, por donde transitan innumerables redes de aprovisionamiento, ya sean fósiles, renovables o de origen nuclear.

Es verdad que también la UE importa más de la mitad de la energía que consume, pero no es lo mismo lidiar con una crisis como la actual desde una posición común -ampliando las redes de interconexión- que desde el ámbito nacional. El corte de suministro de gas argelino a España a través de Marruecos es un buen ejemplo.

La solución, es evidente, está en las energías renovables. No sólo porque ayudan a luchar contra el cambio climático, sino porque por su propia naturaleza -las instalaciones físicas están en cada uno de los países- suponen un avance considerable hacia la independencia energética, aunque nunca del todo. La dependencia también es tecnológica, y esa es un arma demasiado poderosa para poder situarla fuera de la disputa geoestratégica. Como suele decirse, la energía, desde la primera revolución industrial, ha movido el mundo. Y en eso estamos.

Serrat, los chips y ‘esas pequeñas cosas…’

Seguridad jurídica en la sociedad digital

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Seguridad jurídica en
la sociedad digital

La Universidad Pontificia Comillas ICADE acogió la jornada La trasposición de la directiva de digitalización y el otorgamiento de documentos notariales a distancia. Esta sesión fue la primera organizada por la Cátedra sobre Seguridad Jurídica en la sociedad digital, puesta en marcha por la Fundación Notariado y la citada institución académica.

REDACCIÓN 

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De izda. a dcha.: José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado; Abel Veiga, decano de la Facultad de Derecho de ICADE, y Manuel González-Meneses, notario y director de la Cátedra.

La Universidad Pontificia Comillas ICADE acogió la jornada La trasposición de la directiva de digitalización y el otorgamiento de documentos notariales a distancia. Esta sesión fue la primera organizada por la Cátedra sobre Seguridad Jurídica en la sociedad digital, puesta en marcha por la Fundación Notariado y la citada institución académica.

La jornada fue inaugurada por José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y de la Fundación Notariado; Abel Veiga, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas ICADE; y Manuel González-Meneses, notario y director de la Cátedra.

Otorgamiento online. La necesidad de transponer a nuestro derecho interno la Directiva 2019/1151 de digitalización de las sociedades es, en opinión de los participantes, la ocasión para iniciar el otorgamiento por los ciudadanos de documentos notariales sin desplazarse a la notaría.

En este sentido, también se reflexionó sobre otras derivadas como la existencia de una plataforma online centralizada que dote de seguridad bidireccional a todo el proceso; el acceso del usuario mediante instrumentos seguros de identificación electrónica; el empleo de la videoconferencia para permitir la inmediación notario-otorgante; y la verificación de la identidad, la capacidad y la realidad del consentimiento, así como la necesidad de firmar electrónicamente el documento en formato digital con el consiguiente paso a un protocolo electrónico.

Para el presidente de los notarios “es fundamental reflexionar sobre la digitalización, ya que no podemos adentrarnos en un mundo cada vez más tecnológico sin tener en cuenta las consecuencias que puede comportar para la vida humana, para la sociedad y para el derecho”.

El decano de la Facultad de Derecho, Abel Veiga, hizo hincapié en la transversalidad y dinamismo de esta Cátedra y en·“la necesidad de que los juristas demos respuesta a los retos que plantea una sociedad cada vez más digitalizada”.

Por su parte, González-Meneses hizo referencia a la concurrencia de varias circunstancias que justifican este proyecto académico: “La proyectada reforma del reglamento eIDAS; el impacto del fenómeno bitcoin y blockchain; la pandemia, que ha acelerado la tendencia a la digitalización e interacción telemática; y la necesidad de transposición de la directiva de digitalización de sociedades”.

El notario Segismundo Álvarez propuso el concepto de “inmediación notarial a distancia” como respuesta al reto que suscita la transposición de la directiva de digitalización. “Aunque tradicionalmente esa actividad se ha realizado mediante la presencia física y el documento se ha plasmado en papel, hoy contamos con medios técnicos que permiten el desarrollo de esa misma actividad a distancia con una seguridad equivalente y que también permiten que el documento y la firma de las partes sean electrónicos”, manifestó.

La identificación. La segunda mesa redonda, moderada por González-Meneses, tuvo por objeto profundizar en las cuestiones que plantea la identificación, el juicio de capacidad y el control del consentimiento real en un entorno no presencial. La profesora de Derecho mercantil Mónica Fuentes (UCM) advirtió sobre los problemas inherentes a una actuación representativa, así como a la participación como socios de personas jurídicas extranjeras no societarias (fundaciones, asociaciones), a la hora de acreditar online tanto su legal existencia como su representación. Javier Hernández, subdirector general de Desarrollo e Implantación de Servicios Digitales del Ministerio de Justicia, explicó cómo se proyecta aplicar el concepto de “inmediación digital” en el ámbito de las actuaciones procesales (cesiones de remate, ratificaciones de convenios reguladores), mediante videoconferencia, con acceso mediante identificación electrónica con el sistema Clave y manifestación de la conformidad mediante firma no criptográfica (introducción de código remitido al teléfono móvil registrado por el usuario). Por último, el delegado de nuevas tecnologías del CGN en CNUE, Carmelo Llopis, insistió en la necesidad de actuar a través de una plataforma propia del notariado (porque tan importante es la identificación del usuario por el notario como la certeza para aquél de estar interactuando con un notario), en la distinción entre la identificación técnica del usuario para su acceso a la plataforma mediante instrumentos de identificación electrónica previstos en el reglamento eIDAS y en nuestra normativa de procedimiento administrativo común, y la identificación real del sujeto por el notario en el momento de la videoconferencia.

La primera mesa redonda de la tarde se ocupó de las cuestiones documentales que plantea la actuación online. La catedrática de Derecho mercantil Ana Belén Campuzano (CEU) llamó la atención sobre los problemas inherentes a determinadas modalidades posibles de órgano de administración (nombramiento de un consejo, o de personas jurídicas que han de designar a su vez a su persona física representante), así como al control de las inhabilitaciones que pueden afectar a los administradores nombrados. La abogada Ana Belén Jurado (DWF-RCD) cuestionó la oportunidad de excluir del proceso online los supuestos de aportaciones no dinerarias, y el notario Luis Fernández-Bravo, delegado de nuevas tecnologías del Consejo General del Notariado, indicó que sobre el protocolo informático todavía no hay nada definido, y aludió a sus ventajas e inconvenientes (dependencia energética para la disponibilidad de la información, obsolescencia de la tecnología, pérdida de información en las migraciones).

La jornada se cerró con una mesa en la que Carmelo Llopis mostró de forma práctica la aplicación desarrollada por el centro tecnológico del notariado (Ancert) para la constitución online de sociedades. El notario Javier González Granado subrayó el creciente valor geoestratégico de los datos. El ingeniero y profesor de sistemas inteligentes en ICAI, Rafael Palacios, se ocupó de una variada tipología de fraudes: el phishing mediante email o SMS como forma de apoderarse de credenciales o de introducción de malware; o los deepfake vídeos como posible instrumento para una suplantación de identidad. Enric Hernández, responsable del área de certificación y seguridad del centro tecnológico del notariado (Ancert), se detuvo en aspectos técnicos y regulatorios que han afectado a los procesos de identificación remota como base para la emisión de certificados de firma electrónica (artículo 24.1.d) del ReIDAS). Por último, el abogado David Maeztu (451.Legal) alertó sobre el cibercrimen y puso como ejemplo el “fraude del CEO”, ataques específicamente dirigidos contra un concreto directivo con acceso a activos de importante valor económico.

Neutralidad jurídica

La primera mesa redonda estuvo moderada por Álvaro Lucini, delegado para Europa del Consejo General del Notariado español, quien llamó la atención sobre la “neutralidad jurídica” de la directiva, que combina su pretensión de agilización de trámites con el respeto de las tradiciones jurídicas de los Estados miembros, estando precisamente muy arraigado el modelo de notariado continental o latino-germánico en los países de la Unión de mayor peso tanto en población como en volumen económico. Esta mesa contó con la participación de tres notarios de Bélgica, Alemania e Italia -Christian van Belle, Peter Stelmaszczyk y Corrado Malberti, respectivamente-, que expusieron el estado de la transposición de la directiva en sus respectivos países. En todos ellos el legislador interno ha mantenido la intervención notarial en el ámbito societario, previendo la posibilidad del otorgamiento online mediante videoconferencia.

«Legislar mucho y tardar en fallar tiene costes», por Fernando Fernández Méndez de Andés

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FERNANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ DE ANDÉS

profesor IE university

 

Legislar mucho y tardar en fallar tiene costes

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Las relaciones entre economía y derecho siempre han sido complejas. Dos disciplinas que comparten objetivo: contribuir a una sociedad más libre, justa y próspera, pero que atienden a lógicas diferentes. “Pleitos tengas y los ganes” es mas que una vieja maldición, es la frase que resume la actitud de muchos economistas españoles frente a la situación de la justicia. Si al dicho anterior le añadimos la coletilla “que no vivirás para disfrutarlo”, ya tenemos un primer diagnóstico generalizado en la sociedad española. Para los economistas está fuera de duda que la lentitud e imprevisibilidad de la justicia española suponen un factor de pérdida de competitividad internacional, una de las causas estructurales de nuestra crónica incapacidad para crecer y crear empleo. Como han subrayado sistemáticamente todos los observadores internacionales, desde el Fondo Monetario Internacional a la OCDE o la Comisión Europea. Por no mencionar el hoy polémico Doing Business Report del Banco Mundial. Sí, ya sé que un millón de moscas pueden equivocarse, pero la complacencia y el corporatismo no suelen ser buenas guías de actuación.

La ciencia económica hace ya muchos años que subraya la importancia de una adecuada definición y protección de los derechos de propiedad y de un correcto diseño institucional en el desarrollo económico y social. Últimamente es habitual referirse al libro de Acemoglu y Robinson[1] como seminal. Pero lo cierto es que es solo la última manifestación de una larga escuela de pensamiento, la Escuela de Columbia-Chicago, que se remonta a los años 30 y que vivió su Premio Nobel de la mano de Douglass North[2] ya en 1993. Una escuela que en España cuenta afortunadamente con una larga lista de excelentes seguidores y que ha inspirado muchos trabajos de instituciones tan prestigiosas como Fedea o la Fundación Ramón Areces.

No es pues de extrañar que haya un elevado consenso en nuestro país sobre la necesidad de prestar atención a las consecuencias económicas de la organización judicial y de la producción legislativa. Un consenso que ha cobrado actualidad en el Plan de Recuperación y Resiliencia Europea. Cualquier análisis independiente de su contenido deseable, lista entre las prioridades necesarias la reforma de la administración judicial. Inseguridad jurídica, marasmo legislativo, lentitud e imprevisibilidad son expresiones habituales. Que reflejan tres problemas diferentes: se legisla mucho y mal, se tarda mucho en administrar justicia y existe una elevada incertidumbre sobre el resultado.

En España se legisla mucho y mal[3]. Se hacen demasiadas leyes que luego no se aplican o no se pueden aplicar y el desarrollo del Estado autonómico ha multiplicado el problema. Las administraciones se contradicen o anulan deliberadamente entre sí. Esta inseguridad convierte al ciudadano en súbdito, en sujeto sufriente de la discrecionalidad de la autoridad del momento y lugar. Se erosionan la unidad de mercado y la libertad de movimiento de bienes y servicios, se interfiere en la creación y crecimiento empresarial, se dificulta la creación de puestos de trabajo. Se ahuyenta al inversor.

Hemos conseguido poner cifras a estas afirmaciones. “La regulación se relacionaría negativamente con el volumen total de empresas en España (un incremento de un 1% en el volumen de regulación se relaciona con un 0,05% de menos empresas)”[4]. Pero lo que es peor, afecta también al tamaño de las empresas, pues “el aprovechamiento de las asimetrías normativas que otorgarían incentivos para la especialización” explicaría la proliferación de pequeñas empresas en nuestro país. Frente al renacer del movimiento romántico de que lo pequeño es hermoso, lo cierto es que el raquitismo empresarial español es una de las causas de la escasa productividad, de la vulnerabilidad financiera y del atraso en la incorporación de las nuevas tecnologías del tejido productivo español. La pequeña empresa paga peor, exporta menos, innova mal y se digitaliza mas tarde. La mejor política de pymes es ayudarles a dejar de ser pymes y para ello una regulación única y una justicia rápida son condición necesaria.

En la misma línea, otro estudio del mismo autor concluye que “la ineficacia del sistema judicial, aproximada por su tasa de congestión, tiene un impacto negativo y significativo sobre la inversión empresarial”[5]. La lentitud de la justicia española ahuyenta la inversión, y por lo tanto ralentiza el crecimiento. Sería deseable que en la medida en que esta lentitud responda a falta de medios materiales y humanos, pudiera ser corregida esta vez con fondos europeos. Por fin tenemos dinero para hacer lo que deberíamos haber hecho hace mucho. Pero si algo debiéramos haber aprendido de la escuela institucionalista del crecimiento, es que no es solo cuestión de dinero. Hace falta un adecuado marco institucional, una buena definición de derechos y obligaciones, un sistema de incentivos y obligaciones, que ponga el énfasis en la productividad, la simplificación de los procedimientos y la disminución de la aleatoriedad.

Permítanme un atrevimiento final, especialmente en esta Tribuna. Estamos todo el día hablando de la nueva normalidad, del cambio brutal que la sociedad va a experimentar de la mano de las nuevas tecnologías. La justicia no puede vivir al margen de la digitalización, de la inteligencia artificial o de los smart contracts. Ni los jueces ni los tribunales pueden ser sustituidos por robots o algoritmos matemáticos. Tampoco los abogados, los profesores o los banqueros centrales.

Pero la organización, responsabilidades y métodos de trabajo en todas estas profesiones ha cambiado profundamente estos últimos años. Aprovechemos la oportunidad para repensar nuestro sistema de administración de justicia, para hacerlo también mas eficiente en términos económicos, es decir mas rápido y más previsible.

[1] Daron Acemoglu and James Robinson, Why Nations Fail, Random House 2012.
[2] Autor de un libro fundamental, Structure and Change in Economic History, Norton, and Company,1982.
[3] Francisco Marcos, Calidad de las normas jurídicas y estudios de impacto normativo, Revista de administración pública, Nº 179, 2009.
[4]  Juan Mora-Sanguinetti & Ricardo Pérez-Valls, ¿Cómo afecta la complejidad de la regulación a la demografía empresarial? Evidencia para España, Documento de Trabajo Nº2002, Banco de España, 2020
[5] Juan Mora-Sanguinetti, El impacto de la eficacia de la justicia en la inversión empresarial en España, Boletín Económico del Banco de España, Nº 3, 2021.
"La mochila austriaca nos sigue siendo ajena"

La España vaciada pide paso

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La España vaciada
pide paso

El pasado 25 de mayo se presentó en el Congreso de los Diputados el Modelo de Desarrollo de la España Vaciada, un documento elaborado por la plataforma La España Vaciada, surgida para coordinar a diferentes estructuras y organizaciones procedentes de 12 comunidades autónomas y 30 provincias y que reivindica un modelo territorial diferente, de cara a lograr la sostenibilidad social, ambiental, patrimonial, cultural y económica, frenando la despoblación y facilitando la acogida de nuevas y nuevos pobladores para mejorar la calidad de vida de las personas que vivan o vayan a vivir en ellos, reequilibrando el país a nivel territorial y demográfico, con una financiación pública adecuada y estable.

CARLOS CAPA

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El Modelo de Desarrollo presentado en el Congreso de los Diputados ha sido elaborado siguiendo la “metodología de abajo a arriba”, por más de 180 participantes que viven todos los días la realidad de estos lugares, pertenecientes a 82 plataformas ciudadanas y entidades que durante ocho meses han debatido, trabajado y consensuado ideas, propuestas y acciones desde los diferentes territorios.

La propuesta se articula en 8 secciones y 38 temáticas aportando 101 propuestas desde las que se abordan cuestiones como un Pacto de Estado que incluya destinar un 1% del PIB, unos 11.000 millones de euros anuales, a las políticas de “reequilibrio”, que debería ser apoyado por todas las fuerzas políticas para que su desarrollo sea posible con independencia de los avatares electorales. Además, piden cambiar el artículo 138 de la Constitución para que la despoblación se incluya como criterio de solidaridad entre territorios.

 

Como medidas concretas se reclama el plan 100/30/30 (100 MB simétricos de acceso a internet, 30 km a una autovía y 30 minutos de desplazamiento a servicios básicos); medidas para asentar población desde el ámbito del bienestar; mantenimiento y creación de servicios en el medio rural; propuestas sobre infraestructuras para vertebrar la España Vaciada con el resto del país; fomento de la economía circular; digitalización prioritaria para acabar de verdad con la brecha digital; mantenimiento y puesta en valor de nuestro patrimonio natural y cultural; plan urgente de vivienda en el medio rural y desconcentración de las distintas administraciones.

Los representantes de La España Vaciada apuestan por “una propuesta abierta, receptiva para recibir nuevas propuestas y sugerencias, que cambia la orientación de la política territorial con muchas acciones” de las que se pueden destacar, además del Pacto de Estado citado, la aplicación de una fiscalidad diferenciada en el medio rural para dinamizar su economía y la creación de empleo, y el diseño e implementación de mecanismos de garantía rural para que todas las políticas, leyes y acciones de las administraciones evalúen su impacto en el medio rural y corrijan posibles disfunciones.

Del mismo modo, plantean la necesidad de una cohesión social y de un territorio vertebrado mediante infraestructuras de transportes y de telecomunicaciones, con la implantación controlada de energías renovables para el desarrollo de los territorios y que contribuya a los objetivos de neutralidad climática. En este sentido se ha hecho hincapié en la necesidad de priorizar la ejecución de infraestructuras pendientes en las provincias despobladas y recuperar el ferrocarril convencional para vertebrar el país.

Los autores del Modelo de Desarrollo, que tienen como cabeza visible al diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, destacan la importancia del medio rural “como un espacio de oportunidades” y consideran que es necesario el empoderamiento de estos territorios al tiempo que se traslada su realidad en positivo a través de los medios de comunicación.

Así, insisten en la dinamización de los sectores productivos, en la modernización de la agricultura y la ganadería. “Una de las claves para lograr una vertebración que asiente población en el medio rural es la explotación racional y sostenible de los recursos primarios. El desarrollo de una agricultura y ganadería respetuosas con el medio ambiente, y que sean generadoras de valor; el cuidado y limpieza de los bosques; la utilización responsable de los recursos hídricos; y la gestión eficiente de los residuos, lograrán un efecto dinamizador, atrayendo a la población y preservando los recursos del medio rural como garante del equilibrio medioambiental de todo el territorio” dice el documento presentado.

Esta apuesta por recuperar los espacios despoblados de España requiere inexcusablemente de una buena dotación de servicios básicos educativos, sanitarios, sociales, de ocio, comerciales y de seguridad, suficientes, haciendo realidad el mandato constitucional de no discriminación e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

La despoblación en datos. España ha experimentado un importante crecimiento demográfico este siglo. Entre 2001 y 2019, el país ha pasado de 41,1 a 47 millones de habitantes. Casi 6 millones más de personas, lo que supone un crecimiento cercano al 15%.

Sin embargo, cuatro Comunidades Autónomas han perdido población en el siglo XXI (Extremadura, Galicia, Castilla y León y Asturias) pero ya son 9 las que pierden en la última década (2010-2019). Además de las 4 anteriores, también pierden Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja. En España hay 3.926 municipios (el 42,2%) con una densidad inferior a los 12,5 hab/km2, el umbral que la UE considera como de riesgo demográfico y es el cuarto país tras Estonia, Finlandia y Letonia con más municipios en riesgo de despoblación.

Entre el año 2000 y 2018 el 63,1% de los municipios y 13 provincias han perdido habitantes, según señala el trigésimo séptimo número de ‘Esenciales’ de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) a partir de datos del INE.

Sólo teniendo en cuenta el periodo entre 2017 y 2018, hasta 26 provincias perdieron población, siendo las más desangradas, en porcentaje, Zamora, Ávila, León y Cáceres, mientras que las provincias que más han ganado población entre 2017 y 2018 son Islas Baleares, Madrid y Santa Cruz de Tenerife.

Una oportunidad para la emigración

Por otra parte, esté fenómeno ha provocado que las zonas rurales hayan sido un polo de atracción para la inmigración extranjera que han visto en la despoblación de muchos pueblos la oportunidad de conseguir una estabilidad personal y profesional. De hecho, muchos de los oficios relacionados con la actividad agraria y ganadera son desempeñados por nacionales de otros países. Así, hoy en día una significativa cantidad de localidades ya tienen más población de origen extranjero que nacional. A título de ejemplo, en Torre del Burgo (Guadalajara) más del 90% de sus habitantes son extranjeros. 

La España Vaciada pide un Pacto de Estado que incluya destinar un 1% del PIB, unos 11.000 millones de euros anuales, a las políticas de reequilibrio

Para saber más

Modelo de Desarrollo de la España Vaciada. Documento de propuestas elaborado por la plataforma La España Vaciada.

Más información

Revista Esenciales de la Fundación BBVA. Número 37 dedicado a la despoblación.

Más información

Presentación del Modelo de Desarrollo en el Congreso de los Diputados. Grabación de la presentación del Modelo de Desarrollo el 25 de mayo.

Más información
Notarios rurales

Los notarios, cerca de 3.000, están repartidos por todo el país, incluso en pueblos de 500 habitantes. En el buscador www.notariado.org puede localizar al más cercano a su residencia o lugar de trabajo. Pero no sólo es reseñable su proximidad, también la calidad de su servicio, dado que todos los notarios superan la misma oposición, así como el desarrollo tecnológico de sus notarias, dotadas por igual con los medios más avanzados.

«Una España que llenar», por Juan José Morodo

EN ESTE PAÍS


JUAN JOSÉ MORODO,

subdirector de Cinco Días

 

Una España que llenar

@JuanjoMorodo

La infraestructura tradicional de acceso al dinero en efectivo en España es «amplia» y tiene una cobertura «generalizada», pero necesita impulsar soluciones alternativas para garantizar ese acceso ante la reducción de oficinas y cajeros automáticos, derivada del «incremento de la digitalización y la búsqueda de una mayor eficiencia por parte de las entidades de crédito» y que va paralela al proceso de fusiones en el sector.

El anterior párrafo es el corto resumen de un reciente informe del Banco de España en el que parece estar pensando en lo que se ha dado en llamar la ‘España vaciada’, un problema que se expresa con la despoblación y se ceba especialmente en los mayores y en zonas rurales. Hoy existen 1,3 millones de ciudadanos en una situación que se puede considerar vulnerable en el campo financiero tras los numerosos cierres de sucursales.

En eso, en la exclusión financiera, ha centrado una de sus batallas Teruel Existe, la agrupación de electores con representación en las Cortes. Porque la sangría de servicios financieros convencionales en la España rural es imparable. Cada vez más alcaldes, instituciones y colectivos ciudadanos muestran su preocupación ante un mapa que deja a amplios sectores de la población con menos servicios y recursos.

El supervisor bancario propone varias alternativas al servicio urbano tradicional. Entre ellas, las sucursales móviles, la movilización de agentes financieros, el uso para servicios bancarios de las múltiples y extendidas oficinas de Correos y la retirada de efectivo en establecimientos comerciales como posibles respuestas al implacable recorte de oficinas de banca.

De que los bancos ya están la búsqueda de soluciones da idea, por ejemplo, que las oficinas móviles de uno de los mayores bancos del país, CaixaBank, recién fusionado con Bankia, prestan servicio a cerca de 270.000 personas en los más de 430 municipios que visitan, la mayoría de ellos con riesgo de exclusión financiera. Estas sucursales móviles, que prestan sus servicios de lunes a viernes en once provincias, permiten a los usuarios, sean o no clientes de la entidad, realizar las operaciones más habituales, como retirar e ingresar efectivo y pagar recibos e impuestos. Son oficinas sobre ruedas que recorren una media de 52.500 kilómetros al mes.

Del mismo modo, a multitud de pueblos y aldeas de España acuden cada semana panaderos, pescaderos, carniceros y suministradores de comestibles y otros productos como una suerte de supermercados móviles que ofrecen su mercancía a los ciudadanos que aún los habitan.

Porque la exclusión financiera es solo una de las partes del problema de la España vaciada. Primero fueron los colegios cerrados por falta de alumnos; después, el fin de la presencia física del médico, la farmacia y los servicios sanitarios en general; anteriormente, el cierre de estaciones y apeaderos ferroviarios y, en fin, la eliminación de esa especie de servicio universal instalado en casi cualquier punto de España.

El servicio universal ha sido una tradicional exigencia a Telefónica, recogida en la Ley General de Telecomunicaciones, para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una serie de prestaciones “con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible”.

El desmantelamiento del servicio ferroviario es otra de las causas
(y al tiempo consecuencia) de esa España sin habitantes

Ello suponía llevar la red de telecomunicaciones a cualquier punto de la geografía, incluidos los no rentables y se veía gráficamente en los teléfonos públicos instalados en los pequeños bares/tienda de muchas aldeas y pueblos. Pero quién se acuerda hoy de las cabinas telefónicas, punto clave de ese servicio universal. La misma Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) manifiesta la necesidad de suprimirlo como servicio universal “al haberse constatado el progresivo abandono de su uso”. Y es que, ¿quién piensa hoy en una cabina telefónica cuando va a efectuar una llamada?

España está dotada de una de las mejores y más amplias redes de fibra de Europa y cuenta con un parque de terminales de telefonía móvil que supera al de la propia población. Las posibilidades que esto ofrece son formidables, y sería un error no aprovecharlas. Las soluciones que diseñan tanto la banca como las compañías privadas de servicios sanitarios o de telecomunicaciones van en esa línea.

El desmantelamiento del servicio ferroviario, iniciado a comienzos de los años ochenta, es otra de las causas (y al tiempo consecuencia) de esa España sin habitantes. Una red ferroviaria en forma de estrella con el centro en Madrid, y no de malla en todo el territorio, es la razón principal de esa carencia. Muchísimos de los trayectos regionales que enlazaban los pueblos también han sido cerrados. Desde Felipe González, todos los Gobiernos han apostado por la alta velocidad y abandonado el tráfico de mercancías y trayectos medios. Los políticos lo justifican por racionalidad y ahorro. Pero el cierre de esas líneas no ha hecho más que contribuir a un desaforado aumento del tráfico por carretera, tanto de viajeros como de mercancías, y ha dejado dependientes solo del coche, la furgoneta o el camión a las áreas rurales y pequeñas poblaciones. Un ferrocarril moderno, diseñado en términos territoriales con una idea global de país y no exclusivamente urbana, habría contribuido a frenar el despoblamiento de la España vacía.

Hace pocos meses se presentaron en el Congreso más de un centenar de medidas diseñadas por múltiples colectivos para intentar detener la despoblación. El proyecto reivindica nuevas infraestructuras, servicios sanitarios avanzados, conexiones telemáticas rápidas, beneficios fiscales, descentralización o energías renovables, entre muchas otras propuestas. Hay decenas de plataformas, con Teruel Existe como altavoz y el concepto político de “fijar población” como bandera. Estas denuncian que la escasez de prestaciones, por un volumen de población insuficiente, impide el arraigo y alimenta el éxodo demográfico en un círculo vicioso.

Pero la población no se va a fijar al territorio por decreto. La pandemia del Covid debe servir para repensar la solución. El despegue del comercio electrónico, de las teleconsultas médicas y la prestación de múltiples servicios de manera online, incluido el teletrabajo, anima a reflexionar en términos muy diferentes sobre la sangría de servicios en la España vaciada. Otra cosa son las capacidades de los ciudadanos para aprovechar las enormes posibilidades que ofrece la tecnología frente a una España vaciada. Entre otras cosas, porque cabe preguntarse muy seriamente si alguna vez España ha estado llena.

"Ese claro objeto de deseo"

Europa financia la rehabilitación de viviendas

EN ESTE PAÍS

Europa financia la rehabilitación de viviendas

En una jornada recientemente organizada por el Consejo General de Economistas, el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, anunció un plan para la rehabilitación de viviendas en España por valor de 6.800 millones de euros con financiación procedente de los fondos europeos.

CARLOS CAPA

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@capa_carlos

EL PLAN CONTRIBUIRÁ al Producto Interior Bruto español en una cantidad estimada en 13.500 millones de euros mediante unas 500.000 actuaciones de rehabilitación hasta 2023 y una previsión de 300.000 viviendas anuales rehabilitadas para el año 2030. Este proyecto puede suponer la creación de cerca de 188.000 puestos de trabajo hasta 2030.

Según un reciente informe publicado por el Banco de España, el mercado inmobiliario residencial se ha visto sensiblemente afectado por la pandemia de Covid-19, que irrumpió –dice el estudio del regulador– en un momento en el que el ciclo de este mercado se encontraba en una fase de madurez.

Descenso constructor. Así, la imprevista crisis sanitaria mundial provocó un descenso brusco de la actividad constructora, directamente afectada por las restricciones adoptadas. Desde entonces, se ha recuperado lentamente y sigue muy influida por los desarrollos epidemiológicos y su impacto en las perspectivas económicas.

El Banco de España también señala que la pandemia ha propiciado cambios notorios en el tipo de vivienda demandada, debido a las nuevas necesidades de las familias surgidas con el confinamiento y al incremento del teletrabajo. En comparación con otras crisis, los precios están mostrando una mayor resistencia a la baja, particularmente los de la vivienda nueva, si bien la pandemia está influyendo de forma muy heterogénea a escala regional.

La crisis económica generada por la pandemia no se ha traducido en un aumento de los costes de financiación de la vivienda, sino que estos han continuado descendiendo hasta alcanzar niveles mínimos históricos. Sin embargo, se aprecian algunos indicios de endurecimiento en los criterios de concesión y en algunas condiciones aplicadas a los préstamos.

En este escenario, la apuesta por la rehabilitación de viviendas, que además responde a una creciente demanda inmobiliaria en zonas de urbanización débil o del espacio rural, tiene gran sentido de la oportunidad. Según expertos inmobiliarios, la demanda de vivienda fuera de las grandes ciudades se duplicó en 2020 y la tendencia sigue en progreso, lo que convierte en necesidad impulsar acciones de rehabilitación de viviendas que hasta ahora no eran atractivas en el mercado inmobiliario.

La pandemia ha convertido a la calidad de vida en una prioridad y ha contribuido, en gran medida, al cambio de preferencias. Así, la vivienda tipo que se perfila es de concepto más abierto, con terraza o, mejor aún, que sea una vivienda unifamiliar con jardín o en un edificio residencial con zonas comunes.

Y la realidad es que las tendencias urbanísticas de los últimos años, al menos en las grandes ciudades, no iban en esa dirección. Por eso la rehabilitación se ha convertido en una actividad de gran demanda.

El ambicioso Plan de Rehabilitación quiere superar la pobre realidad de esta actividad en España. Uno de los factores para la, hasta ahora, poco atractiva inversión en rehabilitación es el predominio de la vivienda en planta vertical (pisos) en el parque inmobiliario español, que representa el 72% del total en la vivienda principal. Esto provoca que la decisión sobre muchas rehabilitaciones estructurales tenga que ser acordada en las comunidades de vecinos. Cualquiera que haya formado parte de una de ellas comprende que esto es algo más que complejo.

Un sector resistente. Aun así, la rehabilitación residencial ha sido el sector de la edificación que mejor ha resistido la pandemia: la superficie de viviendas en rehabilitación aumentó en el primer trimestre de 2021 un 11,8% respecto al primer trimestre de 2020 y un 6,5% en comparación con el mismo periodo de 2019, según datos del Consejo de Colegios de Arquitectos de España. La rehabilitación visada, la de mayor envergadura y que afecta a elementos estructurales, fue de 756.437 m2.

La situación pretende ser superada por el programa gubernamental que plantea subvenciones y deducciones por valor de 3.420 millones de euros tanto a barrios como a edificios y viviendas, así como ayudas a las comunidades autónomas para instalar oficinas de rehabilitación que atiendan a los vecinos interesados en llevar a cabo la misma.

Las deducciones pueden ser del 60% en intervenciones sobre elementos comunes de los edificios y será del 20% de la inversión en el IRPF si se reduce un 7% la demanda de calefacción o del 40% si las obras consiguen reducir un 30% el consumo u obtener la clase energética «A» o «B».

También se prevén planes renove para carpinterías, fachadas o cubiertas, a gestionar directamente por fabricantes o instaladores.

Por lo que respecta a la financiación privada, que debe complementar la acción pública, el Gobierno buscará hacer atractiva la implicación de las entidades financieras mediante la aportación de algún tipo de aval a los créditos concedidos para la rehabilitación.

Estos incentivos están integrados en el modelo de gestión de los fondos europeos; será gestionado, a excepción de la fiscalidad, por las comunidades autónomas y su gestión obedecerá a un modelo único.

Beneficios para el medio ambiente

Además del impacto económico que representará la millonaria inversión, los fondos destinados a la rehabilitación de viviendas permitirán reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 650.000 toneladas al año, es decir, una reducción media del consumo de energía no renovable del 40% del total.

Según el Plan del Gobierno, enmarcado en la estrategia comunitaria Next Generation, otro efecto colateralmente beneficioso será la reducción de la pobreza energética, ya que la vivienda rehabilitada será más eficiente, logrando abaratar el coste de servicios energéticos básicos y un mejor tratamiento de residuos.

La mejora en la eficiencia energética también es una inversión rentable en la económica. Según el estudio La rentabilidad energética como coste de inversión, actualizado este año por la empresa Knauf, pasar de una clasificación energética E a una clase B supone un ahorro de 800 €/vivienda al año para Barcelona y 1.184 €/viviendas anuales para Madrid.

Si proyectamos estos datos, mejorar la eficiencia energética de una vivienda en Madrid aporta unos beneficios netos acumulados en 30 años para un unifamiliar de 106.365 euros y para un edificio residencial rehabilitado de 58.642 euros por vivienda.

La rehabilitación de viviendas puede generar 188.000 puestos de trabajo en los próximos años

Para saber más

Efectos de la pandemia en 2020. Centro de Información Estadística del Notariado

Más información

Estudio del Banco de España sobre el impacto de la pandemia en el sector inmobiliario.

Más información

España puede. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno de España a la Unión Europea.

Más información

La rentabilidad energética como coste de inversión. Informe actualizado sobre rentabilidad de la inversión en rehabilitación, realizado por Knauf.

Más información

«Los felices años veinte», por Francisco Javier Martín

EN ESTE PAÍS

FRANCISCO JAVIER MARTÍN,

director general de Vivienda y Suelo

 

Los felices años veinte

Fco. Javier Martin Ramiro

La actividad de la rehabilitación en España se enfrenta a la mayor oportunidad de éxito de su historia, y previsiblemente también de las próximas décadas. Llevamos ya más de 10 años trabajando, no solo desde las administraciones públicas sino desde todo el sector, para impulsar una actividad que mantiene tozudamente un volumen de 30.000 viviendas rehabilitadas al año. El salto de escala que establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para conseguir los objetivos en materia de eficiencia energética marcados por Europa, y que se recoge en la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética del sector de la edificación en España, es enorme: nada menos que 300.000 viviendas al año en 2030, manteniendo esta cifra de forma constante en años sucesivos hasta alcanzar algo más de 7 millones de viviendas rehabilitadas en su envolvente –fachadas y cubiertas– en 2050, con el objetivo intermedio de alcanzar alrededor de 1,2 millones de rehabilitaciones acumuladas en 2030. En este contexto, del drama de la pandemia, surgen los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el Gobierno decide apostar decididamente por una de las pocas actividades que reúnen el potencial de generación de actividad económica y empleo, y alineación con los objetivos y estrategias no solo europeas, sino también de país: la «rehabilitación energética». 6.820 millones de euros se destinarán a esta Componente 2 del Plan, de los cuales 3.420 se invertirán en entornos residenciales; 1.000 millones irán al ámbito rural; 1.080 a rehabilitación de edificios públicos; 300 millones darán continuidad al Programa PREE impulsado por el IDEA, y 20 irán destinados a planes de acción local de la Agenda Urbana Española. Casi 7.000 millones que deberían marcar un punto de inflexión en la transformación de nuestro parque edificado y de nuestras ciudades, coadyuvando a reactivar nuestra economía sobre un sector intensivo en mano de obra y que retorna su resultado en el bienestar de los ciudadanos. Hace ahora cien años el mundo vivió los «felices años veinte», años de prosperidad económica en el mundo occidental, basada inicialmente en la innovación y en una importante transformación productiva. Pero aquello no terminó bien, entre otras razones por un giro hacia el cortoplacismo en los planteamientos inversores. En estos nuevos años veinte, el reto precisamente se encuentra en conseguir que la necesidad de rápida reactivación económica no se contradiga con los objetivos a medio y largo plazo. Y en este caso la oportunidad encuentra al sector y a las administraciones con los deberes hechos. La dificultad radica en cómo implementar en el corto plazo aquello que no hemos conseguido en los diez años anteriores, y para eso será necesario poner en marcha simultáneamente diferentes líneas de actuación.
“El plan debe conseguir un objetivo esencial: abordar la rehabilitación de los hogares
de perfiles socioeconómicos más vulnerables”
Una de las claves se encuentra en la activación de la demanda. La demanda no es otra cosa en este caso que la decisión de los propietarios (sobre todo de las comunidades de propietarios), y no debemos esperar que con los mismos instrumentos utilizados hasta ahora consigamos resultados distintos. Los ciudadanos quieren que sus viviendas mejoren, claro que sí, pero no tienen por qué tener los conocimientos técnicos suficientes como para saber cómo tiene que materializarse esa mejora, por lo que piden aquello que resulta inmediato: accesibilidad, y en el mejor de los casos, conservación. El resto de las prestaciones que proporciona un hogar son lejanas en su entendimiento para el ciudadano, que no tiene por qué saber cómo mejorar el confort de su vivienda, es decir, cómo pasar menos frío o calor, cómo tener un espacio más saludable o cómo mejorar su acústica, … y mucho menos puede identificar cómo conseguir empoderarse en la gestión de la energía de su edificio. Es necesario que alguien, un «gestor o agente de la rehabilitación» le explique cuál es el estado de su edificio, del que también es propietario (más allá de su vivienda), y cuál es su potencial de mejora; y en base a ello le ofrezca un plan de actuación ad-hoc, más allá de recetarios ni soluciones inmediatas o parciales. Para esto, uno de los programas de ayudas que se van a implementar con ocasión de este plan, va destinado a la elaboración del Libro del edificio existente, documento que pretende ofrecer a las comunidades de propietarios esa propuesta de mejora, desde una perspectiva integral (accesibilidad, salubridad, seguridad, etc.) pero en el que será necesario el enfoque y potencial de mejora energética. La segunda clave está relacionada, lógicamente, con la financiación. La rehabilitación con criterios energéticos ha tenido en los últimos años ayudas específicas por parte del Estado, y singularmente por otras administraciones, pero se han demostrado insuficientes para alcanzar los objetivos fijados. Por tanto, será necesario incrementar las ayudas cuantitativamente, pero también parece esencial flexibilizar los criterios para su concesión, incentivando en mayor medida los mayores ahorros energéticos, pero permitiendo introducir otro tipo de obras complementarias, siempre con los límites fijados por vivienda. Se pretende con ello alinear los objetivos del plan con las demandas de los ciudadanos, compatibilizando en su caso las ayudas del mismo con otras convocadas para cuestiones específicas, como la accesibilidad. Esta flexibilidad también debe trasladarse a la propia configuración de las ayudas, que se otorgarán «al edificio» o «a la vivienda», cuando actuaciones en ellas puedan ser complementarias de las primeras: sustitución de ventanas, trasdosados interiores, o intervención en las instalaciones individuales. El tercer aspecto que no puede dejar de abordarse es la gestión. El plazo marcado para la ejecución de los fondos (2026) y los objetivos intermedios establecidos para 2023, hacen necesario acompañar la gestión de las ayudas y de los propietarios con información y asesoramiento (a través de Oficinas de Rehabilitación), así como permitir su concesión rápida, objetiva y eficiente. Para ello, la resolución de las ayudas se basará en criterios prestacionales, es decir, estarán condicionadas a determinados indicadores (consumo de energía primaria no renovable, o demanda de calefacción y refrigeración) de la certificación energética anterior y posterior a la actuación. Por último, pero prioritariamente, el plan debe conseguir un objetivo esencial: abordar la rehabilitación de los hogares de perfiles socioeconómicos más vulnerables, que además frecuentemente habitan en barrios o entornos más degradados. Esta premisa obliga a intervenir precisamente, por iniciativa pública o público-privada, en ámbitos superiores al inmueble, y permitirá escalar la rehabilitación al ámbito urbano, acompañando la intervención en las edificaciones de la renovación de los espacios públicos, y dando respuesta, con mayores ayudas, a las familias más vulnerables.

Expedientes matrimoniales ante notario

EN ESTE PAÍS

Expedientes matrimoniales ante notario

Desde el pasado 30 de abril, los casi 3.000 notarios que hay repartidos por toda España pueden autorizar los expedientes previos a la celebración de los matrimonios que, hasta el momento, solo podían hacerse en el Registro Civil. Así, las parejas que quieran casarse tienen la opción de acudir a las notarías para que en ellas se tramite el acta previa matrimonial.

.FÁTIMA PÉREZ DORCA

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fatimadorca

Los notarios, como funcionarios públicos y autoridad reconocida, deben comprobar que los futuros contrayentes tienen capacidad para contraer matrimonio; que no existen impedimentos, tales como que sean menores de edad (salvo los emancipados) o que estén casados con otras personas, o, en su caso, que hayan obtenido la posible dispensa de los impedimentos. Asimismo, deben asegurarse de que no se trata de un matrimonio simulado. Además, determinarán el régimen económico aplicable al matrimonio y la vecindad civil de los contrayentes.

Según el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz: “los notarios prestamos esta función con la eficacia, celeridad y seguridad propias de la función notarial, ayudando a las parejas a tramitar sus expedientes en el plazo de tiempo más breve posible y prestándoles asesoramiento gratuito, si así lo desean, sobre otras cuestiones, como el régimen que regirá su matrimonio y la posibilidad de hacer capitulaciones matrimoniales”.

Esta reforma refuerza la consideración del notario como autoridad, que ya fue puesta de manifiesto con la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en julio de 2015, de la que deriva la medida. “Esta ley otorgó muchísimas competencias a los notarios, entre ellas la de celebrar enlaces y tramitar el expediente matrimonial, pero esta segunda competencia quedó a la espera de que entrara en vigor la nueva ley del Registro Civil, que se aprobó en 2011 y se ha ido postergando, hasta que el 30 de abril de 2021 desplegó sus efectos”, asegura la portavoz del CGN, María Teresa Barea.

La solicitud. Para formularla se requieren datos básicos: la copia del DNI y el certificado de empadronamiento. Puede solicitarse, tanto de manera presencial como por correo electrónico, al colegio notarial de la comunidad autónoma en la que residan uno o ambos contrayentes. Una vez realizada la petición, el colegio notarial designará a un notario de la localidad siguiendo un turno, para que preste su servicio a la pareja.

A partir de ahí, señala María Teresa Barea, “el procedimiento es igual al que se realizaría en el Registro Civil, en cuanto a la documentación que deben aportar los novios y las pruebas que se pueden practicar son las mismas”. De esta manera, explica “se concluye con un acta notarial donde se declara que no hay ningún impedimento a ese enlace o, por contra, que sí lo hay, en cuyo caso podrá recurrirse como un acto administrativo y será la instancia superior quien resuelva”. 

Ventajas. Los notarios asumen la gestión del expediente matrimonial con la expectativa de agilizarlo. En este sentido, la portavoz del CGN explica que “cada expediente es distinto. No es lo mismo un matrimonio que vaya a tramitar un español con una persona extranjera y que además uno de ellos esté divorciado. La documentación y pruebas que se necesita aportar no son las mismas en todos los casos, y eso es lo que nos va a dar pistas de cuál puede ser la duración del procedimiento”.

Además, al realizar un expediente ante notario, los novios podrán recibir un asesoramiento individualizado y plantear dudas sobre otros temas legales relacionados con el matrimonio. Una de esas cuestiones será sobre su régimen económico matrimonial. El notario les explicará el que por ley les corresponde según el lugar donde viven, ganancial o de separación de bienes, y les consultará si desean cambiarlo haciendo capitulaciones. En el caso de que los contrayentes tengan distinta vecindad civil pueden tener la duda de cuál va a ser su régimen. Entonces “les asesoramos y fijamos en el acta el régimen aplicable”, explica Barea.

¿Qué tiene que hacer la pareja?

Los novios tendrán que rellenar un modelo de solicitud muy sencillo, con datos básicos, y adjuntar la copia de sus DNI y certificados de empadronamiento. Una vez completado, lo enviarán por correo electrónico, o lo presentarán presencialmente, en el colegio notarial de la comunidad autónoma en la que se encuentre su domicilio o el de su pareja. El colegio notarial les asignará un notario y se lo comunicará para que pidan cita y empiece la tramitación.

Para saber más

Busca tu colegio para solicitar el expediente: la página web del Consejo General del Notariado contiene una sección con las webs oficiales y datos de contacto de todos los colegios notariales de España.

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Visualiza un ejemplo de solicitud para saber qué datos serán requeridos a los contrayentes en el colegio notarial correspondiente a la comunidad autónoma en la que vive por lo menos uno de los miembros de la pareja.

Más información

Además de realizar el acta previa matrimonial, los notarios pueden casar, separar y prestar asesoramiento sobre otras cuestiones relacionadas, como el régimen que regirá un matrimonio o las capitulaciones matrimoniales. En NotariosenRed.com se encuentran varios artículos sobre estos temas.

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Su finalidad

En España el expediente matrimonial es obligatorio para casarse, puesto que ayuda a comprobar que los futuros contrayentes reúnen todos los requisitos legales para poder hacerlo: que tienen la capacidad suficiente, que ninguno de los dos está en ese momento casado, que haya un parentesco prohibido entre ellos, etc.

Bodas ante notario

Desde la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en julio de 2015, que autorizó las bodas ante notario, estos funcionarios públicos han casado a 41.474 parejas.

La celebración de matrimonios por esta vía prácticamente se ha duplicado durante los primeros años de vigor de la ley (de 5.593 en 2016 a 10.782 en 2020). Ahora, con la reforma que entró en vigor el 30 de abril de 2021, también pueden casar a parejas si hay peligro de muerte de uno de los contrayentes. Si se diera esta circunstancia, el matrimonio se celebraría sin expediente previo, invirtiéndose el orden: primero se celebraría la boda ante notario y después se tramitaría el expediente matrimonial para comprobar que los cónyuges cumplen los requisitos legales.

«El Notariado se pone al servicio de la sociedad», por José Alberto Marín

EN ESTE PAÍS

JOSÉ ALBERTO MARÍN,

decano del Colegio Notarial de Cataluña

 

El Notariado se pone al servicio de la sociedad

[email protected]

@colnotaris

TRAS UNA SUCESIÓN de aplazamientos, por fin los notarios podemos tramitar los expedientes matrimoniales. Comprobar la aptitud de los futuros contrayentes para la celebración de su matrimonio y asegurarse de la inexistencia de intenciones fraudulentas va a ser la nueva función que vamos a desempeñar. Con esta competencia se puede considerar casi cerrado el que podríamos llamar círculo matrimonial notarial: tramitación de expediente previo, celebración de matrimonio y finalmente separación o disolución del vínculo por divorcio, si no existen hijos menores o con discapacidad. El legislador confía en el notario y le atribuye más funciones de carácter público. El notario tiene el carácter de autoridad administrativa cuando ejercita esta competencia, al igual que en otras que tiene conferidas, añadiéndolas a su carácter de fedatario público.

El notario está al lado del ciudadano en los momentos más importantes de su vida, asesorándole y protegiéndole jurídicamente. Pero no sólo lo hace con el que comparece ante él, sino que su protección se extiende a los ciudadanos que no están allí mediante la salvaguarda del orden público y la seguridad jurídica general.

Una de las facetas más importantes del notario es la de denegar su ministerio cuando los actos o negocios que se pretenden realizar no son legales. Con el control de legalidad el notario protege a los terceros ausentes en el momento de celebrar el negocio, y les protege en vivo y en directo pues está allí, en el momento de la verdad, cuando se va a consumar el acto patrimonial o personal.

«El legislador confía en el notario y
le atribuye más funciones de carácter público»

Esto se percibe aún con mayor intensidad en la tramitación del expediente matrimonial donde, en un procedimiento que va a finalizar con la modificación del estado civil de las personas comparecientes, puede llegar a denegar su pretensión de contraer matrimonio por razones de orden público. Este orden público está conformado por los valores esenciales que han de regir nuestra vida social y personal y en este caso, como en tantos otros, es al notario al que se confiere su defensa.

Con ello se logra seguridad jurídica, seguridad jurídica preventiva, no reparadora. Se evita el conflicto antes de que pueda surgir.

Y para incrementar aún más esta seguridad jurídica preventiva, el legislador prevé que en estos expedientes el notario determine dos elementos importantísimos en las relaciones jurídicas entre personas: la vecindad civil y el régimen económico matrimonial de los futuros contrayentes, elementos estos cuya indeterminación era fuente de numerosos litigios. Con la vecindad civil se concreta cuál de las legislaciones civiles existentes en las diferentes comunidades autónomas se aplica a cada persona, concreción que se realiza en función de diversas variantes. A su vez el régimen económico matrimonial depende de la vecindad civil de los futuros contrayentes y es vital para determinar a quién corresponden los bienes que adquieren éstos, afectando incluso en ocasiones a los que ya tenían antes de celebrar el matrimonio.

También determina el modo en que cada uno responde de las deudas que contraen durante el matrimonio. Su fijación en el expediente matrimonial va a ser un enorme avance en la seguridad jurídica preventiva.

En resumen, el Notariado, una vez más, se pone al servicio de la sociedad y, con toda seguridad, va a realizar esta nueva función como siempre lo hace con todas las que asume: abreviando plazos, incrementando la seguridad jurídica y ofreciendo un servicio lo más próximo y eficiente posible para el ciudadano concreto que requiere sus servicios y para la generalidad que, mediante sus representantes, deposita en él su confianza.