El valor de la seguridad jurídica en la protección del medio ambiente, por Ignacio Ferrer Cazorla

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN ESTE PAÍS

IGNACIO FERRER CAZORLA,

Presidente de la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consejo General del Notariado. Decano del Colegio Notarial de Extremadura.

La Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Notariado constituye un instrumento clave para articular una respuesta institucional prudente, rigurosa y jurídicamente sólida"

La custodia del territorio: alianzas para conservar la naturaleza

El abandono rural, el aumento del riesgo de incendios forestales, la degradación de montes y cauces o el impacto de episodios climáticos extremos —como las danas— obligan a repensar la gestión y protección del territorio. Estos fenómenos evidencian que los desafíos ambientales son hoy, de forma directa, desafíos humanos, ya que afectan a la seguridad de las personas, a sus medios de vida y a la sostenibilidad del medio rural.

Desde esta perspectiva, los retos ambientales no pueden abordarse únicamente desde una óptica técnica o administrativa. Requieren diálogo, corresponsabilidad y cooperación entre Administraciones públicas, sector primario y sociedad civil, así como un marco de seguridad jurídica que permita conciliar intereses legítimos en ámbitos como la agricultura, la ganadería, la gestión forestal, la protección del medio natural y la prevención de riesgos.

Vocación transversal

En este contexto se enmarca la creación de la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consejo General del Notariado. Con una vocación transversal, la Comisión nace como un espacio de análisis, reflexión y propuestas, orientado a impulsar una visión integradora del territorio, en la que la protección ambiental se conciba como una oportunidad para reforzar la cohesión social, prevenir riesgos y favorecer un desarrollo rural equilibrado.

La experiencia demuestra que las políticas ambientales resultan más eficaces cuando cuentan con la implicación de quienes viven y trabajan en el territorio. Agricultores, ganaderos y propietarios forestales son aliados esenciales para compatibilizar conservación, actividad económica, diversificación productiva, fijación de población y prevención de riesgos.

En este escenario, el Notariado aporta un valor diferencial como garante de la legalidad, de la seguridad jurídica y de la voluntad informada de las partes. Su intervención permite dar solidez y estabilidad a compromisos ambientales de largo recorrido, ya sea mediante la formalización de acuerdos voluntarios o el asesoramiento imparcial en operaciones vinculadas a la gestión del territorio.

Instrumentos como la custodia del territorio ejemplifican esta aportación. A través de acuerdos voluntarios, es posible compatibilizar la conservación del medio natural con los usos tradicionales, dotando de seguridad jurídica a todas las partes y favoreciendo una gestión responsable del territorio.

Claridad y seguridad jurídica

Más allá de figuras concretas, la sostenibilidad exige gestión, y la gestión requiere seguridad jurídica. La indefinición en la titularidad, los usos o las responsabilidades sobre fincas, montes, caminos o cauces suele traducirse en abandono, falta de mantenimiento y aumento de riesgos ambientales. Por el contrario, la claridad jurídica favorece una gestión activa, continuada y responsable del territorio.

En definitiva, afrontar los desafíos ambientales de forma eficaz implica situar a las personas y al territorio en el centro. La seguridad jurídica es un elemento clave para generar confianza, facilitar acuerdos, prevenir conflictos y promover una implicación real en la conservación del entorno.

La Comisión nace con una vocación clara: integrar los principios de sostenibilidad en la gobernanza institucional del Notariado, sin alterar su esencia ni invadir ámbitos competenciales ajenos. Su labor no se asienta en la definición de políticas ambientales materiales, sino en garantizar que el Notariado español se adapte de forma ordenada, rigurosa y neutral a un entorno normativo cada vez más complejo y exigente.

La sostenibilidad, entendida en este ámbito, no se limita a la dimensión ambiental. Abarca también aspectos económicos, sociales y jurídicos íntimamente ligados a la seguridad jurídica preventiva, la transparencia del tráfico jurídico y la confianza de la ciudadanía. Buena parte de los actos y contratos que se autorizan ante notario –transmisiones inmobiliarias, operaciones mercantiles, constitución de sociedades, financiación, actos urbanísticos o sucesorios- se encuentran hoy directamente condicionados por normas ambientales, energéticas o de uso del territorio.

Ejemplaridad institucional

En este escenario, la comisión de sostenibilidad y medio ambiente actúa como órgano de análisis, propuesta y coordinación técnica, identificando los ámbitos en los que la sostenibilidad incide en la función notarial y proponiendo criterios que refuercen la homogeneidad y claridad en la práctica diaria. Uno de los ejes del trabajo de la comisión es la ejemplaridad institucional. La modernización del Notariado pasa por la digitalización de procesos, la reducción del uso de papel, la eficacia en el consumo de recursos y la optimización de la gestión interna. Estas actuaciones no responden a una lógica simbólica, sino a criterios de eficiencia administrativa y responsabilidad institucional, acordes con la condición del Consejo General del Notariado como corporación de derecho público.

Asimismo, la Comisión impulsa la formación y actualización profesional, consciente de que la creciente densidad normativa en materia de sostenibilidad exige un conocimiento técnico sólido y actualizado. La formación se concibe desde un enfoque estrictamente jurídico práctico, orientado a facilitar la correcta aplicación del Derecho en el ejercicio de la función notarial.

Finalmente, la Comisión promueve la cooperación institucional con otras corporaciones públicas, Administraciones y operadores jurídicos, reforzando el papel del Notariado como interlocutor técnico de referencia en aquellos ámbitos en los que la sostenibilidad se proyecta sobre el tráfico jurídico.

La Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consejo General del Notariado constituye un instrumento clave para articular una respuesta institucional prudente, rigurosa y jurídicamente sólida ante los retos de la sostenibilidad, reforzando el papel del Notariado como garante de la seguridad jurídica y del interés general en una sociedad en constante transformación.

Jubilación flexible o reversible

EN ESTE PAÍS

La reforma de la jubilación flexible, o reversible, tiene por objetivo hacer más atractivo el hipotético regreso al mercado laboral para quienes ya se han retirado

Jubilación flexible o reversible

FERNANDO GEIJO NARES

El inminente aluvión de jubilaciones de la denominada generación del baby boom supone un desafío mayúsculo. Un escenario retador ante el que el Gobierno propone aplicar fórmulas cada vez más flexibles que, entre otras opciones, incentiven el retorno parcial al mercado laboral de trabajadores ya retirados.

¡La imaginación al poder! El célebre eslogan de mayo del 68 francés parece un símil de vuelta a la actualidad. Al menos en lo relativo a la necesidad de adoptar enfoques capaces de afrontar el sudoku de las pensiones. Un rompecabezas al que España tendrá que hacer frente en el corto plazo, habida cuenta de que la cohorte más voluminosa de la historia, compuesta por más de siete millones y medio de ciudadanos -los nacidos entre 1957 y 1977-, tiene previsto alcanzar el deseado retiro en los próximos años.

Vuelta de tuerca

Ante esta situación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reactivado el proyecto normativo que presentó en verano y retoma ahora la negociación con patronal y sindicatos para tratar de cerrar uno de los últimos aspectos incluidos en los cambios generales diseñados en su día por José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España.

La reforma de la jubilación flexible, o reversible, tiene por objetivo hacer más atractivo el hipotético regreso al mercado laboral para quienes ya se han retirado, al permitir al pensionista que así lo decida compatibilizar momentáneamente el cobro de una parte de su pensión con la remuneración de un empleo a tiempo parcial, recalculando su pensión mientras ejerce la actividad.

No obstante, el tiempo trabajado en esta modalidad no contará para ampliar los periodos de cotización ni para acceder a incentivos por jubilación demorada, de modo que las cotizaciones realizadas durante la jubilación flexible no tendrán impacto en la mejora de la pensión ya reconocida.

En la actualidad, esta opción de retiro, vigente desde 2002, se considera residual. De hecho, según datos oficiales, del total de pensiones contributivas existentes a marzo de 2025 (algo más de 6,5 millones) apenas algo más de 3.000 correspondían a esta modalidad, un exiguo 0,05%. Por el contrario, otras modalidades consideradas más atractivas, como la demorada, ya sumaba casi 25.000 altas en julio pasado en comparación con las más de 34.000 registradas en todo el 2024. 

 


LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LOS MAYORES EN ESPAÑA SIGUE SIENDO SIGNIFICATIVAMENTE MÁS BAJA QUE EN OTROS PAÍSES EUROPEOS.


 

Evolución necesaria

La medida, aún en fase de negociación, plantea cambios sustanciales en la regulación vigente al incrementar la jornada mínima exigida para compatibilizar trabajo y pensión, introducir mejoras económicas para quienes opten por prolongar su actividad y ampliar el acceso a los trabajadores autónomos, aunque en este caso con ciertas restricciones.

La propuesta del Ministerio de Inclusión establece que quienes soliciten regresar al empleo bajo esta modalidad deberán trabajar entre el 40% y el 80% de una jornada ordinaria. Actualmente, el mínimo permitido es del 25%, un umbral que la Administración considera demasiado bajo para generar un impacto relevante, tanto en términos de cotización como de productividad.

A cambio de este aumento en la exigencia sobre la jornada, el Ejecutivo plantea una mejora en la cuantía de la pensión que seguirán percibiendo los jubilados que opten por continuar en activo. El incremento oscilaría entre el 10% y el 20% en función del número de horas trabajadas. Cuantas más, mayor será la porción de su pensión reconocida sólo durante el tiempo en que se mantenga en el empleo.

La finalidad, según fuentes gubernamentales, sería compensar el esfuerzo de quienes opten por combinar, tras la jubilación, una parte de su descanso con una actividad profesional que, en paralelo, contribuiría al mantenimiento de la Seguridad Social.

La reforma se enmarca en un contexto complejo que incluye el envejecimiento de la población, el incremento sostenido del gasto en pensiones y el mencionado retiro masivo de los boomers. Con la jubilación flexible, la Administración espera aumentar tanto la tasa de empleo de los mayores como la recaudación vía cotizaciones, sin renunciar al principio de sostenibilidad que ha inspirado las últimas reformas del sistema.

En este contexto, los expertos coinciden en que la participación laboral de los mayores en España sigue siendo significativamente más baja que en otros países europeos. Mientras en el norte del continente es habitual encontrar trabajadores de entre 67 y 70 años en empleos a tiempo parcial, en España esta opción ha sido tradicionalmente marginal. Según estadísticas oficiales, menos del 1% de los pensionistas compatibilizan en estos momentos una actividad laboral con su prestación.

 


1.500 EUROS Y 65,2 AÑOS SON LA PENSIÓN Y LA EDAD MEDIA DE JUBILACIÓN EN ESPAÑA EN 2025.


 

Autónomos: bienvenidos

Una de las novedades propuestas más destacadas es la incorporación de los trabajadores por cuenta propia a esta modalidad. Hasta ahora, los autónomos contaban con otros mecanismos, como la jubilación activa, pero no podían acogerse a la jubilación flexible en los mismos términos que los asalariados. Con la presente propuesta, pasarían a tener acceso, aunque con limitaciones en la mejora de la pensión.

Mientras los trabajadores por cuenta ajena podrían beneficiarse del incremento de entre el 10% y el 20% en la cuantía de su prestación durante la actividad parcial, los autónomos verían restringido este incentivo. El Gobierno argumenta que su integración debe ser progresiva y compatible con otros mecanismos ya disponibles en su régimen especial.

Organizaciones representativas del colectivo han reclamado que las mejoras sean equivalentes para todos, alegando que el esfuerzo laboral realizado es similar y que el sistema debe evitar discriminaciones. El debate, por tanto, seguirá abierto en los próximos meses.

Sin retroactividad

Otra de las claves de la reforma es que no afectará a quienes ya están disfrutando de la jubilación flexible bajo las normas anteriores. El Ejecutivo ha aclarado que se respetarán las condiciones vigentes para estos pensionistas, lo que evitará posibles conflictos legales y garantizará la seguridad jurídica de quienes tomaron su decisión en función de un marco normativo anterior.

Esta postura ha sido valorada positivamente por sindicatos y asociaciones de pensionistas, que habían advertido desde el inicio del debate que cualquier modificación con efectos retroactivos generaría incertidumbre y podría penalizar a quienes llevaban años combinando trabajo y pensión en condiciones pactadas previamente.

La propuesta sigue a debate en el marco del diálogo social. Las negociaciones todavía pueden introducir ajustes, especialmente en lo relativo a los porcentajes de jornada, los incentivos económicos y la inclusión de los autónomos.

El departamento que encabeza Elma Saiz ha mostrado su disposición para suavizar algunas exigencias, como el mínimo de jornada exigido para compatibilizar empleo y pensión, y también en torno al aumento de los incrementos adicionales aplicados a la prestación.

En definitiva, las autoridades buscan modernizar un instrumento con un impacto limitado, pero que podría convertirse en una pieza más en la estrategia para equilibrar el sistema de pensiones y fomentar el envejecimiento activo de la población.

Menos del 1% de los pensionistas compatibilizan en estos momentos una actividad laboral con su prestación

Retiro a la carta

En abril pasado entraron en vigor nuevos requisitos para compatibilizar trabajo y pensión dentro de la última fase de la reforma de las pensiones, lo que implicó cambios en las distintas modalidades de jubilación:

Activa:

  • La solicitud debe realizarse con al menos 36 años y medio cotizados.
  • Premiará el retraso en el retiro aumentando la pensión entre un 45% y el 100%, según los años de demora.
  • Mejoras compatibles con la jubilación demorada.

Demorada:

  • Los trabajadores que retrasen su jubilación podrán cobrar un suplemento semestral del 2% o un pago único anual de 4.800 a 12.000 euros.
  • Posibilidad de compatibilizar estas mejoras con la jubilación activa.

Parcial:

  • Podrá iniciarse hasta tres años antes de la edad legal, con reducción de jornada del 20%-33% el primer año y del 25%-75% a partir del segundo.
  • El relevista deberá tener un contrato indefinido a jornada completa.
Con la jubilación flexible, la Administración espera aumentar tanto la tasa de empleo de los mayores como la recaudación vía cotizaciones

Regímenes excluidos

El borrador de reforma de la jubilación flexible no incluye a las personas que reciben una pensión de incapacidad permanente ni, explícitamente, a los regímenes especiales como:

  • Funcionarios civiles del Estado.
  • Miembros de las Fuerzas Armadas.
  • Personal de la Administración de Justicia.
Las cotizaciones realizadas durante la jubilación flexible no tendrán impacto en la mejora de la pensión ya reconocida.

Ojo al dato

Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de determinados preceptos de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. Boletín Oficial del Estado (BOE), 24 de diciembre de 2024.

Información sobre solicitud de pensión de jubilación, modificación de datos y obtención de certificados sobre esta prestación. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Índice global de pensiones del Mercer CFA Institute 2025. Análisis y clasificación de 52 sistemas de pensiones en todo el mundo.

Una jubilación más flexible y gradual, por Yolanda Gómez

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN ESTE PAÍS

YOLANDA GÓMEZ,

subdirectora de Economía de ABC

Esta es una de esas medidas en las que los principales partidos deberían ponerse de acuerdo dejando a un lado las refriegas políticas"

Una jubilación más flexible y gradual

Incentivar el retraso voluntario de la jubilación, dando más facilidades para compatibilizar trabajo y pensión es, sin duda, una buena fórmula con la que todos podemos salir ganando.

La jubilación en España no es una obligación, es un derecho; una recompensa después de haber trabajado y de haber cotizado al sistema de la Seguridad Social durante décadas. Una recompensa que, tras las reformas que se han producido en las últimas décadas, cada vez se produce más tarde. En estos momentos, la edad media de acceso a la jubilación en España es de 65,3 años. Cuando en 2012 entró en vigor la reforma del sistema de pensiones que retrasaba paulatinamente la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, la edad media de jubilación estaba en los 64 años.

¿Y es positivo que nos jubilemos cada vez más tarde? ¿Cuándo en 2027 se acabe el periodo transitorio, se volverá a retrasar la edad legal de jubilación más allá de esos 67 años? Lo cierto es que es más que probable. El aumento de la esperanza de vida en los últimos 100 años no tiene parangón en la historia de la humanidad. A principios del pasado siglo XX la esperanza de vida estaba por debajo de los 40 años; hoy, en España, supera los 80. Cuando se creó el sistema de la Seguridad Social, a finales de los años 60, los trabajadores se jubilaban a los 65 años y la esperanza de vida era de 67. Apenas cobraban pensión dos años. Hoy, las personas pueden llegar a estar cobrando pensión un tercio de su vida.

El hecho, sin duda positivo, de que cada vez vivamos más años, unido a que las sociedades occidentales estamos cada vez más envejecidas, tensiona, y mucho, los sistemas de pensiones de todo el mundo, y España no es una excepción.

Es por ello que en las últimas décadas se han puesto en marcha algunas medidas para tratar de garantizar su sostenibilidad. Probablemente la más impactante ha sido la del retraso en la edad de jubilación que aprobó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2011. A partir de ahí, durante la Gran Recesión, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó otras medidas como el factor de sostenibilidad o el índice de revalorización de las pensiones, que trataban de ligar la cuantía de las pensiones y sus subidas anuales a factores como la salud del sistema, la evolución de la economía o la esperanza de vida. Ambas reformas, que lograron frenar el incremento del gasto en pensiones, fueron derogadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que volvió a ligar la subida de las pensiones a la inflación.

Para intentar compensar este incremento del gasto, la reforma del entonces ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, incluía medidas como el incremento de cotizaciones sociales, la penalización de las jubilaciones anticipadas y los incentivos para retrasar la edad de jubilación o para compatibilizar trabajo y pensión.

Continuar trabajando más allá de la edad legal de jubilación a tiempo parcial es, sin duda, una fórmula que puede servir para aliviar la carga sobre el sistema de la Seguridad Social, pero también es positivo para la sociedad que personas que tienen una gran experiencia puedan seguir poniendo sus conocimientos y habilidades al servicio de todos. Y desde el punto de vista personal, seguir trabajando a tiempo parcial puede permitir incrementar los ingresos actuales y los futuros, así como hacer una transición gradual desde la vida laboral hasta la jubilación, evitando los problemas y el vacío que a veces sienten algunas personas al dejar de trabajar.

Hay varias fórmulas para compatibilizar el trabajo y la pensión. Una de ellas es la jubilación activa. Se pueden acoger a ella tanto trabajadores autónomos como por cuenta ajena, siempre después de la edad legal de jubilación. Tendrá una cotización a la Seguridad Social reducida y normalmente se compatibiliza la actividad con el cobro del 50% de la pensión.

A partir de los 60 años también se puede simultanear el trabajo y la pensión a través de la jubilación parcial, con una reducción de jornada que se situará entre el 25% y el 80%.

Por último, está la jubilación flexible, que permite a personas que ya han accedido a ella reincorporarse a la vida laboral como trabajadores por cuenta ajena, siempre que la jornada que realicen se sitúe entre el 50% y el 75% de lo que sería la jornada habitual en el puesto que desempeñan. La principal diferencia con la jubilación activa es que estos trabajadores siguen cotizando y, cuando finalmente se jubilen al 100%, estas cotizaciones elevarán la cuantía de su prestación. No obstante, no todas las personas pueden acceder a esta modalidad. Por un lado, la ley excluye a aquellas personas que reciban una pensión de incapacidad permanente. Y tampoco se aplica a algunos regímenes especiales, como los Funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y el servicio de la Administración de Justicia.

El Gobierno quiere incentivar el trabajo más allá de la edad legal de jubilación y es por eso que ha puesto encima de la mesa nuevas medidas para hacer estas fórmulas más atractivas. En concreto, hay una nueva propuesta legislativa que introduce lo que se conocería como jubilación reversible. Su objetivo sería permitir a personas jubiladas reincorporarse al mercado laboral de forma más amplia y flexible, con incentivos económicos que refuercen esta posibilidad. Así, el tiempo de trabajo se establecería entre el 40% y el 80% de la jornada completa. Además, para motivar a los pensionistas a regresar a la vida laboral, se prevé añadir entre un 10% y un 20% de la pensión base al sueldo recibido. Además, permitiría volver totalmente a la vida laboral, renunciando temporalmente al cobro de su pensión.

Aunque la debilidad parlamentaria del Gobierno introduce dudas sobre si finalmente podrá sacar adelante esta iniciativa, lo cierto es que añadir incentivos a la posibilidad de seguir trabajando de manera total o parcial después de la edad legal de jubilación es, sin duda, una buena idea que puede ayudar a aliviar la carga sobre el sistema de pensiones, a la vez que es positivo para la sociedad y para las personas que voluntariamente deciden seguir trabajando. Es por ello que creo que esta es una de esas medidas en las que los principales partidos deberían ponerse de acuerdo dejando a un lado las refriegas políticas.

Entrevista a Francisco David Hurtado, subdirector de la Academia de Oposiciones del Colegio Notarial de Madrid

EN ESTE PAÍS

FRANCISCO DAVID HURTADO,

subdirector de la Academia de Oposiciones del Colegio Notarial de Madrid

“El sistema de oposiciones es riguroso, objetivo y exigente, lo que garantiza la calidad de los elegidos”

Francisco David Hurtado es subdirector de la Academia de Oposiciones del Colegio Notarial de Madrid. Precisamente en esta sede, cerca de mil licenciados en Derecho iniciaron en septiembre los diferentes ejercicios que integran los exámenes para el título de notario. En esta entrevista, el preparador nos explica los pormenores de esta prueba.

JOSÉ M. CARRASCOSA

¿Qué le movió a convertirse en preparador de opositores?

En un primer momento, me animó a iniciarme en la preparación de los ejercicios orales, un compañero, Jorge Sáez-Santurtún, y en la del dictamen me dio la alternativa, casi por accidente, Pablo de la Esperanza, que había sido mi preparador. Y lo hice en cumplimiento de una obligación natural: devolver -aunque fuera parcialmente- la labor altruista desplegada por mis preparadores y compartir con los opositores los conocimientos y la experiencia adquirida en el proceso de preparación, para ayudarles a superar con éxito el reto que supone la oposición.

Con el tiempo he comprobado que, en la preparación, también hay un componente egoísta, porque para el preparador el contacto con los opositores supone un enriquecimiento humano impagable; una toma de tierra que permite desconectar de la vorágine del día a día del despacho de la notaría y, por otro lado, porque fuerza a mantenerse en permanente estado de alarma ante las novedades legislativas, jurisprudenciales y doctrinales.

 ¿Cuál es el primer consejo que daría a un joven licenciado en Derecho que quiere presentarse a la oposición?

Siento ser poco original en la respuesta. Los mejores consejos al opositor que comienza los dio hace setenta años el maestro González Palomino con gran agudeza y siguen completamente vigentes. Quizá en una fase previa recomendaría a los recién licenciados que acudan a alguna de las numerosas academias que existen en la geografía nacional para que les ayuden a comprender la exigencia de la oposición y enfocar su estudio. Y trasladarles la información, sin duda, relevante a la hora de tomar la decisión de opositar, que en los próximos años se convocarán un considerable y extraordinario número de plazas para cubrir la próxima jubilación de un gran número de notarios.

 


“AL MARGEN DEL APOYO TÉCNICO, Y TAMBIÉN
EMOCIONAL, QUE BRINDA EL PREPARADOR, EL PAPEL DE LA FAMILIA ES FUNDAMENTAL PARA AYUDAR AL OPOSITOR A MANEJAR EL ESTRÉS Y LA PRESIÓN DEL ESTUDIO”


 

Desde que usted ingresara en el Notariado en 2002 a la actualidad, ¿detecta cambios en la forma de preparar la oposición?

Sí, he notado cambios significativos tanto en la forma de estudiar como en la propia interacción del preparador/opositor. En primer lugar, el temario de estudio, que era artesanal y casi manuscrito, se ha sustituido por un repositorio de temas en soporte informático que facilitan la labor del opositor, su personalización y actualización. Antes, el acceso a las novedades legislativas se hacía por unas fotocopias de los textos legales que se facilitaban al opositor mensualmente; ahora a un golpe de clic, los opositores tienen acceso inmediato a una gran cantidad de materiales (legislación, jurisprudencia, temario de diversas fuentes) y herramientas online, como blogs jurídicos algunos de los cuales están directamente dirigidos al opositor, que suponen una ayuda inestimable a la hora de preparar los exámenes.

Por otro lado, de manera creciente (la pandemia, como en tantas cosas, supuso un punto de inflexión) la interacción preparador-opositor en la exposición de los temas se desarrolla por videoconferencia superando, en algunos casos, las dificultades y la pérdida de tiempo en desplazamientos que esta labor requería, aunque ambos procedimientos (videoconferencia y exposición personal) deben combinarse y en ningún caso abandonar totalmente la inmediatez física.

 


“EN LOS PRÓXIMOS AÑOS SE CONVOCARÁN
UN CONSIDERABLE Y EXTRAORDINARIO NÚMERO
DE PLAZAS PARA CUBRIR LA PRÓXIMA JUBILACIÓN DE NUMEROSOS NOTARIOS”


 

En los últimos exámenes, los resultados se publican ‘al minuto’ en la web y redes sociales. ¿Han cambiado las nuevas tecnologías la manera de afrontar este examen?

Absolutamente. Las nuevas tecnologías han cambiado la forma en que los opositores se enfrentan al examen. Pero no tanto por la publicación al minuto de los resultados en la web y redes sociales, como por la posibilidad que tiene el tribunal de modular y ajustar el ritmo de las convocatorias, para que el opositor conozca con una antelación suficiente el día de su examen, evitando así lo que se conocía popularmente como “hacer pasillo”, es decir, la espera durante días en la puerta del tribunal aguardando su turno, que añadía un sufrimiento innecesario al opositor en el ya de por sí difícil trance de enfrentarse al ejercicio oral.

¿Considera que el sistema de oposiciones actual es idóneo o lo modificaría?

Creo que el sistema de oposiciones es riguroso, objetivo y exigente, lo que garantiza la calidad de los elegidos a la medida que requiere la prestación del servicio público notarial.

Sin embargo, puede ser mejorado en algunos aspectos nucleares. Estadísticamente, en la serie histórica de las últimas oposiciones que se vienen celebrando, el tiempo medio de preparación es de entre siete años y nueve años y durante el mismo el opositor ha tenido, no obstante, dos ventanas de oportunidad real de aprobar. Ante ello, uno de los remedios más eficaces es la convocatoria anual de las oposiciones a notarías, propuesta que se ha trasladado a la Administración y que no requeriría ningún cambio reglamentario. También se ha abogado por la unificación de los dos ejercicios orales, solución que, sin duda presenta ventajas, aunque quizá no goza de mucho predicamento entre los propios opositores, según he podido testar. Lo que sin duda es necesario es un aggiornamento del programa de la oposición, prescindiendo de contenidos periclitados que se arrastran por reminiscencias históricas y profundizando en materias más relacionadas con la práctica notarial actual, tales como nuevas tecnologías y blanqueo de capitales, y la asunción de nuevas funciones, como las de jurisdicción voluntaria y mediación y conciliación. El objetivo de la reforma debe ser, manteniendo las características ya apuntadas del sistema de selección, que conduzca a la excelencia de los opositores aprobados; agilizarlo y acomodarlo a la nueva realidad social para atraer a los estudiantes más brillantes y prometedores.

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha puesto en marcha las becas Seré, para ayudar a opositores de distintos cuerpos (Judicatura, Fiscalía, Abogacía del Estado, Letrados de la Administración de Justicia…) ¿cree que sería oportuno extender este tipo de ayuda a los opositores a notario?

A día de hoy, la práctica totalidad de las academias de preparación de notarías que dependen de los colegios notariales, o no cobran nada por sus servicios o cobran una cuota meramente simbólica. En esa línea, desde este septiembre, la Academia Matritense ha dejado de cobrar la cuota a los opositores, que se destinaba al mantenimiento de las necesidades ordinarias de academia, coste que se ha asumido íntegramente y con generosidad por el Colegio Notarial de Madrid. Ello, no obsta a que, en aras de dar eficaz cumplimiento al principio de igualdad de oportunidades, se habilite una política de beca completa, que permita a los opositores que reúnan las cualidades para ello dedicar íntegramente su tiempo a la preparación de la oposición, que debería residenciarse en el Consejo General del Notariado para evitar desigualdades por territorios.

 


“ES NECESARIO UN ‘AGGIORNAMENTO’ DEL PROGRAMA DE LA OPOSICIÓN, PRESCINDIENDO DE CONTENIDOS PERICLITADOS QUE SE ARRASTRAN POR REMINISCENCIAS HISTÓRICAS”


 

Una vez superada la oposición, los nuevos notarios reciben una formación práctica para poder iniciar su labor. ¿Cuáles son las principales barreras con las que se pueden encontrar en los primeros días de su función?

El Notariado no cuenta con una escuela de práctica notarial para los opositores aprobados a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, para jueces y fiscales. Ello provoca que, a pesar de los esfuerzos del CGN y de los Colegios por organizar jornadas de carácter práctico, los nuevos notarios desconozcan muchos de aspectos relacionados con la faceta “empresarial” del notario en cuanto a que debe organizar los recursos materiales y humanos del despacho notarial, con cuestiones como las tecnológicas, las fiscales, o las laborales, todas de creciente complejidad y que son casi totalmente ajenas al programa de la oposición.

Los notarios en ejercicio pueden optar a presentarse a las denominadas ‘oposiciones restringidas’ para mejorar escalafón. ¿Cómo es esa prueba, menos conocido que la oposición libre?

Las oposiciones restringidas son un mecanismo de promoción interna del Notariado que, para el opositor supone profundizar en el estudio del Derecho Privado, con el premio de una mejora en el escalafón para los concursos de traslado. Repite el esquema de la oposición libre, pero se invierte el orden de los exámenes. El primero, es un dictamen práctico, y el ejercicio oral, sobre un programa específico para cada oposición, es posterior. No obstante, el sistema actual presenta síntomas de agotamiento por diversas circunstancias. Cada vez son menos los opositores firmantes, e incluso algunos de los premiados han dejado de utilizar el premio obtenido, que caduca, tras una sacrificada labor de meses de estudio y preparación. Por tanto, hay que repensar la oposición, que forma parte del acervo de la corporación notarial y que ha contribuido, indudablemente, al prestigio científico de la misma, tanto en lo que se refiere al sistema mismo de la oposición como del premio.

 


“LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE LAS ACADEMIAS QUE DEPENDEN DE LOS COLEGIOS NOTARIALES, O NO COBRAN NADA POR SUS SERVICIOS O COBRAN UNA CUOTA MERAMENTE SIMBÓLICA”


 

Dictamen, ejercicio oral y escrito, redacción de una escritura pública, distintas ramas del Derecho (hipotecario, procesal…). Desde su experiencia, ¿cuál es la parte más compleja de superar para los opositores?

Depende del opositor. Los ejercicios orales comportan un ingente esfuerzo memorístico y el dictamen o caso práctico supone demostrar que, además de aprenderse los temas, se han asimilado y se sabe aplicar el Derecho Positivo a un problema concreto cuya resolución es menos importante que el razonamiento jurídico coherente y de altura. Pero, en mi experiencia, el mal llamado caso práctico (porque paradójicamente exige un vastísimo conocimiento teórico) es el más complejo para la generalidad de opositores.

Como decía mi querido maestro Alfonso Ventoso, si hay 348 (los que hay actualmente) temas en el programa del ejercicio oral, nunca te puede tocar el tema 349, pero, en el dictamen los problemas a los que se enfrenta el opositor siempre en un aspecto u otro, son novedosos o inesperados. El ejercicio oral requiere un gran esfuerzo memorístico, pero es más previsible. El dictamen demuestra que el opositor es un jurista práctico que es la esencia de nuestra función.

Además de los conocimientos jurídicos mercantiles y civiles, la preparación de una oposición de este tipo requiere de un equilibrio físico y mental adecuado. ¿De qué manera pueden los futuros notarios afrontar en óptimas condiciones un esfuerzo que requiere una dedicación media de ocho horas diarias de estudio, durante doce meses seguidos?

Sí, de ocho a diez horas diarias, doce meses seguidos y entre siete y nueve años. La tarea es titánica. La oposición es, por tanto, una carrera de largo aliento, una maratón y el opositor debe, en la medida de lo posible, integrar la oposición en su vida, con un horario de estudio razonable, constante y sin alardes innecesarios. Debe tomar descansos regulares, hacer ejercicio físico y mantener las aficiones compatibles con el estudio para descansar la mente. Al margen del apoyo técnico, y también emocional, que brinda el preparador, el papel de la familia es fundamental para ayudar al opositor a manejar el estrés y la presión del estudio. En ocasiones, se hace preciso un apoyo más específico y la Academia de Madrid, y me consta que otras, ha activado un programa de entrenamiento mental para opositores a notarias, que volverá a realizarse, financiado y promovido desde la Fundación Notariado.

Plan Notarial de Emergencias frente a catástrofes

EN ESTE PAÍS

Plan Notarial de Emergencias frente a catástrofes

De izda. a dcha.: Luis Enrique Mayorga, Francisco José Gan, Concepción Pilar Barrio, Juan Carlos Valderrama, la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, y José Carmelo Llopis.

REDACCIÓN
El pasado 27 de octubre el Colegio Notarial de Valencia y el Consejo General del Notariado presentaron el Plan Notarial de Emergencias frente a catástrofes. Lo hicieron en la semana en la que se cumplía el primer aniversario por la Dana, que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024.

Ante las recientes catástrofes naturales sufridas en España, como la Dana, o la erupción del volcán de la isla de La Palma, el Notariado español pudo ayudar de una manera ágil y útil a la población afectada. De estas actuaciones surge la idea de elaborar un Plan Notarial Nacional de Emergencias como instrumento esencial para coordinar a los notarios de toda España, al Consejo General del Notariado, a los Colegios Notariales y al Centro Tecnológico del Notariado, y poder ayudar de forma ágil a la sociedad en momentos críticos. Así lo explicaron en la inauguración la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo y el decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis.

 


JUAN CARLOS VALDERRAMA: “DESTACARÍA LA PUESTA MARCHA EN CUESTIÓN DE HORAS DE UN SERVICIO NOTARIAL GRATUITO DE ATENCIÓN A LOS DAMNIFICADOS”


 

Tal y como indicó Concepción Pilar Barrio Del Olmo, “al igual que la sociedad civil, el Notariado reaccionó de manera unitaria ante la catástrofe de la Dana, ayudando a los damnificados, como lo hizo tras la erupción del volcán de La Palma. Muchas veces esa ayuda consistió en escuchar a los vecinos afectados con empatía en las notarías, que pudieron mantenerse abiertas, lo que sirvió como medio para iniciar la reconstrucción material”. “La junta directiva del Colegio Notarial de Valencia tomó decisiones de urgencia en auxilio de los damnificados para garantizar el asesoramiento notarial gratuito, la búsqueda y expedición de copias de las escrituras desaparecidas y la autorización de actas notariales para probar los daños “, añadió la presidenta del CGN.

Atención personal y online

Concepción Pilar Barrio Del Olmo resaltó el papel de las nuevas tecnologías, que jugaron un papel muy importante en la ayuda prestada, ya que “el hecho de disponer de un protocolo electrónico permitió en la Dana evitar que desaparecieran muchos documentos públicos notariales; y de igual manera, la plataforma telemática creada por el Notariado rápidamente tras la tragedia, sirvió para que personas y empresas pudieran remitir de manera online las fotografías de los daños sufridos en inmuebles y vehículos y solicitar, sin necesidad de desplazarse, las actas notariales necesarias”.

 


CONCEPCIÓN PILAR BARRIO: “DISPONER DE UN PROTOCOLO ELECTRÓNICO PERMITIÓ EN LA DANA EVITAR QUE DESAPARECIERAN MUCHOS DOCUMENTOS PÚBLICOS NOTARIALES”


 

Por su parte, en la inauguración, el decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis, recordó la tragedia que azotó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, de la que “aprendimos todos una valiosa lección que es la de estar siempre listos, respondiendo con mayor celeridad y con más eficiencia cuando la sociedad más lo necesita ante momentos difíciles”. Para el decano del Colegio Notarial de Valencia, un año después de la actuación notarial que se hizo en la Dana, “debemos extraer lecciones comunes que poder compartir con todos por medio de un plan de actuación que permita lo más rápidamente posible poder ayudar a los ciudadanos, en coordinación con las administraciones nacionales y autonómicas y con las entidades locales que sobre el terreno son las que saben lo que se necesita en cada emergencia”. 

 


JOSÉ CARMELO LLOPIS: “DEBEMOS ESTAR SIEMPRE LISTOS, RESPONDIENDO CON MAYOR CELERIDAD Y CON MÁS EFICIENCIA CUANDO LA SOCIEDAD MÁS LO NECESITA ANTE MOMENTOS DIFÍCILES”


 

El inicio de la jornada contó también con la participación del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, que ensalzó el trabajo del Notariado frente a la Dana, subrayando “la puesta marcha en cuestión de horas de un servicio notarial gratuito de atención a los damnificados, habilitando además una plataforma telemática para documentar los daños en viviendas, negocios y vehículos, que gracias a esa labor muchas familias pudieron acreditar sus propiedades, recibir ayudas y, en definitiva, comenzar a reconstruir sus vidas con seguridad jurídica, que no es un concepto abstracto, sino una forma concreta de protección social”.

 


LUIS ENRIQUE MAYORGA: “DESDE QUE SE ROMPE LA PRIMERA PRESA, O SE INUNDA LA PRIMERA NAVE, LOS NOTARIOS TENEMOS QUE ESTAR AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS”


 

La jornada sirvió para constituir formalmente la Comisión Notarial de Emergencias del Consejo General del Notariado. Su presidente y decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Luis Enrique Mayorga, presentó el Plan Notarial de Emergencias, creado para que “ante situaciones de emergencia difíciles, de temor e incertidumbre, desde el Notariado poder paliar, en la medida de lo posible, los perjuicios jurídicos de los efectos en una situación de emergencia”. Para Mayorga, este plan servirá para que las pautas de conducta de los notarios de toda España sean extraordinarias ante catástrofes “con el objetivo de dar seguridad jurídica, preservar la verdad y la justicia y proteger al ciudadano cuando más lo necesita”. Para el presidente de la Comisión Notarial de Emergencias, “desde que se rompe la primera presa, o se inunda la primera nave, los notarios tenemos que estar al servicio de los ciudadanos”.

 


JOSÉ SORIANO: “DESDE EL DEPARTAMENTO DE TURNO DE OFICIO SE CREÓ UN SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA”


 

Testimonios notariales

La ayuda prestada a los afectados por la Dana por el Colegio Notarial de Valencia y el Centro Tecnológico del Notariado se analizó en una mesa redonda con la participación, entre otros, del director de Desarrollo del Centro Tecnológico del Notariado, Marcos Varela, que explicó la puesta en marcha de la plataforma telemática del Notariado, que facilitó en pocos días la tramitación de las actas solicitadas por los afectados por la Dana, que les permitieron acreditar los daños de sus inmuebles, empresas y vehículos.

 


MIRYAM LACALLE: “COMO VECINA PARA MÍ LA DANA NO ES PASADO, SIGUE SIENDO PRESENTE, TODAVÍA QUEDA MUCHO POR HACER”


 

Destaca la intervención de la notaria de Requena y censora 3ª de la junta directiva del Colegio Notarial de Valencia, Miryam Lacalle, que explicó su experiencia en la Dana desde una triple vertiente: como vecina afectada, como notaria de un pueblo afectado por la catástrofe y como miembro de la junta directiva del Colegio Notarial de Valencia. “Como vecina para mí la Dana no es pasado, sigue siendo presente, todavía queda mucho por hacer, y recuerdo los primeros días con mucha angustia, ya que, ante la falta de cobertura, comunicaciones, comida y agua, o electricidad, debía no solo ayudar en las necesidades vitales que fueron las primeras, sino también como notaria, escuchando en primera línea sus demandas y traducirlas a términos jurídicos para tenderles una mano”, aseguró.

 


BEGOÑA MOLLÁ: “HICIMOS UNA RED DE SOLIDARIDAD PARA CUBRIR A COMPAÑEROS PROCURADORES QUE LO HABÍAN PERDIDO TODO PARA QUE SUS CLIENTES NO TUVIERAN NINGÚN PROBLEMA”


 

El notario jubilado del Servicio de Atención a los Afectados por la Dana, Salvador Alborch, narró lo duros, pero a la vez gratificantes, que fueron los primeros días de la atención del servicio notarial que iba más allá del mero asesoramiento, con los vecinos afectados por la catástrofe pidiendo ayuda para acreditar los daños en sus propiedades o solicitando copias de escrituras perdidas por la inundación. Como ejemplo, trasladó a los asistentes un caso que le impactó por la tragedia vivida por una mujer que había perdido a su padre de 80 años, que vivía solo, y no pudo acceder a una primera planta y falleció sin testamento. Esta mujer acudió al Colegio Notarial de Valencia para saber las ayudas a las que tenía derecho y los pasos a seguir para obtener la declaración de herederos. Tras explicarle y guiarle en el proceso “ella me pidió si podía darme un beso como muestra de agradecimiento, lo que me resultó muy emotivo en el momento de la situación de dolor en la que dicha persona se hallaba”.

 


SEBASTIÁN CUCALA: “TUVIMOS COMPAÑEROS QUE PERDIERON SUS DESPACHOS Y VIVIENDAS PORQUE TENÍAN QUE SEGUIR ATENDIENDO A SUS CLIENTES”


 

Colaboración profesional

Otros colectivos profesionales también participaron en la jornada, donde relataron la ayuda prestada durante la catástrofe y los meses posteriores a la Dana, tanto a los vecinos y empresas afectadas, como a sus colegiados. Los participantes fueron el decano del Colegio de Abogados de Valencia, José Soriano; la decana del Colegio de Procuradores Valencia, Begoña Mollá; y el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, Sebastián Cucala. 

 


SALVADOR ALBORCH NARRÓ LO DUROS, PERO A LA VEZ GRATIFICANTES, QUE FUERON LOS PRIMEROS DÍAS DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL


 

José Soriano explicó que, en el momento de la catástrofe de la Dana, “desde el departamento de turno de oficio se creó un servicio de orientación jurídica. Se habilitó, gracias a Telefónica, un servicio que podía atender 500 llamadas en una misma línea, que se desviaban a 500 letrados para la atención de los afectados”. Por su parte, Begoña Mollá señaló que “los abogados y los procuradores no queríamos bajo ningún concepto paralizar la justicia porque queríamos continuar defendiendo al ciudadano y a las empresas. Entonces hicimos una red de solidaridad para cubrir a compañeros procuradores que lo habían perdido todo para que sus clientes no tuvieran ningún problema. Si de algo nos ha servido la Dana es para darnos cuenta de que debemos tener protocolos de actuación, en casos de emergencia, para todos los operadores jurídicos”. Finalmente, Sebastián Cucala comentó que, como en el resto de colectivos “tuvimos compañeros que perdieron sus despachos y viviendas porque tenían que seguir atendiendo a sus clientes y poderles dotar en el menor tiempo posible la restitución de los servicios básicos en esos edificios”.

De izda. a dcha.: Concepción Pilar Barrio, Francisco José Gan, José Carmelo Llopis y Luis Enrique Mayorga.
Francisco José Gan.
Confianza y seguridad jurídica

El acto de presentación del Plan Notarial de Emergencias, celebrado en el Colegio Notarial de Valencia, contó con la conferencia de clausura impartida por el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan, que trasladó a los asistentes que el plan del Notariado “asegura la prestación del servicio notarial en circunstancias extremas, garantiza la viabilidad de las notarías y la atención a los ciudadanos”.  Para cerrar su intervención Gan trasladó el siguiente mensaje: “Cuando pienso en la labor de los notarios pienso en la confianza y en la seguridad jurídica, que permiten proteger a las personas con su esfuerzo y trabajo para que no se pierdan ante una catástrofe”.

Vocación de servicio público

Si algo caracteriza al Notariado es la vocación de servicio público y la de ayuda a los ciudadanos y las empresas. “Desgraciadamente en los últimos años hemos sufrido algunas catástrofes naturales como la del volcán de La Palma o la de la Dana, en Valencia, en las que el Notariado estuvo muy activamente implicado en ayudar a los ciudadanos y a las empresas, dependiendo de la situación en la que se desarrolló cada una de las emergencias”, señala el decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis en este video resumen del acto.

Francisco Cantos.
Los “tiempos” de las catástrofes
La intervención del notario Francisco Cantos sirvió para acercar a los presentes, como exdecano del Colegio Notarial de Valencia, las acciones del Notariado llevadas a cabo durante la tragedia del volcán de La Palma, en el incendio del edificio de Campanar y tras los efectos de la Dana. “Las catástrofes tienen un antes que se mueve en el plano de la previsión, un durante de supervivencia y un después que es donde el Notariado debe actuar para ayudar a los ciudadanos”, enfatizó un discurso donde también habló como notario archivero del distrito de Valencia del esfuerzo que en la actualidad se sigue realizando para la reconstrucción de los tomos notariales afectados por las inundaciones.
De izda. a dcha.: Salvador Alborch, Francisco Cantos, Marcos Varela y Miryam Lacalle.
De izda. a dcha.: Begoña Mollá, José Carmelo Llopis, José Soriano, Sebastián Cucala y Francisco José Gan.

Los datos notariales: base para el análisis de la vivienda

EN ESTE PAÍS

Martínez Lacambra presentó el informe La vivienda en España 2007‐2024.

LOS DATOS NOTARIALES: BASE PARA EL ANÁLISIS DE LA VIVIENDA

ALEJANDRO MOYA BLAY

La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos españoles: en tan solo tres años ha escalado del puesto 31 al primero en el ranking que elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas. Un problema de gran calado social que el Notariado ha analizado en profundidad mediante el informe La vivienda en España 2007-2024. Una aproximación desde el Índice Único Notarial, que examina la evolución del sector inmobiliario prestando especial atención a los precios, el mercado hipotecario, el esfuerzo económico de las familias, el acceso de los jóvenes y el papel de los compradores extranjeros.

EVOLUCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA EN ESPAÑA (1991–2023)

FUENTE: MINISTERIO DE FOMENTO-MITMA Y MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA, WWW.EPDATA.ES

En el marco del curso Vivienda: del diagnóstico a la acción. Propuestas de solución para un problema apremiante, celebrado por Fundación Notariado el pasado mes de julio, el director general del Centro Tecnológico del Notariado (CTNotariado), Alberto Martínez Lacambra, realizó la presentación este informe, que emplea los datos extraídos de las escrituras públicas para evaluar la situación actual y plantear algunas reflexiones que permitan adoptar medidas para facilitar el acceso a la vivienda, corregir los desequilibrios del mercado y relajar las tensiones en los territorios más afectados.

 


SEGÚN LOS DATOS DEL ÍNDICE ÚNICO NOTARIAL EL PRECIO POR METRO CUADRADO PASÓ DE 2.077 EUROS EN 2007 A 1.992 EUROS EN 2024: UN 4% MENOS


 

Tomando como referencia los datos de viviendas plurifamiliares, Lacambra apuntó que “según los datos notariales el precio por metro cuadrado pasó de 2.077 euros en 2007 a 1.992 euros en 2024: un 4% menos”. Y precisó que “de 2007 a 2013 vivimos un periodo de fuerte recesión, con una caída del 37% en los precios. Desde 2014 hasta la actualidad los precios han aumentado un 61%, superando por primera vez en 2025 -en términos nominales- el precio por metro cuadrado del año 2007”.

¿Una nueva burbuja inmobiliaria?
Aún con estas cifras, algunas voces apuntan a los primeros síntomas de una nueva burbuja inmobiliaria. Al respecto, Lacambra señaló que “las burbujas se caracterizan porque el sistema crediticio desborda” -en palabras de Kindleberger-. Un buen termómetro para identificar qué situación enfrentamos es, por tanto, observar el nivel de deuda de las familias: “Según los datos que tenemos de las hipotecas, en el año 2010 la deuda de las familias equivalía a un 85% del PIB. Hoy equivale a un 43%, una reducción importantísima”, apuntó.

No dejan de ser buenas noticias: mirando al mercado hipotecario, es pronto para hablar de una nueva burbuja inmobiliaria, aunque debemos observar de cerca la evolución del sector: “En 2025 ya estamos detectando un incremento del 10 % en el precio de la vivienda, mientras que el PIB a precio de mercado está aumentando un 5%. Por tanto: cuidado”, matizó el ponente. “La mala noticia -añadió- es que hay personas que no tienen vivienda, lo cual es un verdadero problema”.

En este contexto, los síntomas apuntan a una fuerte presión de la demanda que “no responde a un posicionamiento especulativo como en el boom inmobiliario, sino a la necesidad de acceso a la vivienda. El problema radica en una oferta insuficiente que genera un déficit de unas 200.000 viviendas anuales”.

 


ENTRE 1990 Y 2000, EN ESPAÑA SE CONSTRUYERON 75.000 VIVIENDAS PROTEGIDAS AL AÑO. EN LA ACTUALIDAD APENAS SE LLEGA A LAS 12.000


 

Recuperar las cotas de construcción
Según Lacambra resulta urgente estimular la oferta de vivienda privada y de vivienda pública, también en régimen de alquiler, y recuperar las cotas de años atrás: “A finales de los 90, en España se terminaban 300.000 viviendas anuales. En 2006 fueron 658.000 viviendas y la crisis nos llevó a cotas de 44.000. Hoy, estamos cerca de las 80 o 90 mil viviendas terminadas al año”, subrayó. Cifras insuficientes para cubrir la alta demanda.

Lo mismo sucede con la vivienda protegida: “En los años 90 y primera década del 2000, en España se construyeron 1,5 millones de viviendas protegidas, a razón de 75.000 viviendas al año”, explicó Lacambra. En la actualidad apenas se llega a las 12.000 viviendas anuales: “Recuperar el impulso de la vivienda protegida permitiría ofrecer un canal más asequible de incorporación al mercado. Por ello, es necesario movilizar tanto suelo público como privado”.

En esta línea, Lacambra planteó la posibilidad de revisar las cargas fiscales y aliviar el IVA soportado por los promotores en la construcción, con el objetivo de facilitar la viabilidad financiera de las operaciones. “Hay que activar decididamente el desarrollo de vivienda protegida en régimen de alquiler sobre suelo público y, para ello, se necesita un marco regulatorio propio, estable y adaptado a esta realidad”, defendió.

 


LOS JÓVENES HAN QUEDADO PRÁCTICAMENTE
EXCLUIDOS DEL MERCADO: SOLO UNO DE CADA DIEZ COMPRADORES TIENE HOY MENOS DE 30 AÑOS, FRENTE A UNO DE CADA CUATRO EN 2007


 

FUENTE: INE Y AUTOR DEL ESTUDIO

Un balón de oxígeno para los jóvenes
En su opinión, la vivienda protegida, como palanca social, puede ser fundamental, especialmente para los jóvenes, que han quedado prácticamente excluidos del mercado: “Solo uno de cada diez compradores tiene hoy menos de 30 años, frente a uno de cada cuatro en 2007. No se debe solo al cambio demográfico, sino a la dificultad para disponer del ahorro suficiente para hacer efectiva la entrada”, explicó.

Para facilitar su acceso a la vivienda, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Ministerio de Vivienda han activado líneas de avales para menores de 35 años y familias con menores. “Estas medidas de financiación, con las que se puede llegar a cubrir el 100% del valor de la vivienda, me parecen absolutamente razonables y necesarias”, valoró Lacambra. “A lo mejor también hay que plantear medidas de carácter fiscal para dar facilidades a los jóvenes, como fraccionar el pago del ITP y que pudiera realizarse en un periodo de 15 años. Además, en zonas muy tensionadas también habría que plantear bonificaciones del IRPF para aliviar las dificultades de acceso”, puntualizó.

El transporte público: una vía de solución
Y es que el optimismo ‘va por barrios’. La situación empeora -o mejora- en función de la provincia, la ciudad o incluso el distrito en el que pretendamos adquirir una vivienda. “Si tomamos como ejemplo la ciudad de Barcelona, en 2024, el precio del metro cuadrado alcanzaba los 4.142 euros. En cambio, a 30 km de la ciudad -por ejemplo, en Mataró-, bajaba prácticamente un 50% el valor de la vivienda. Y a 60 km se reducía dos tercios”, expuso el representante del Notariado.

Ergo, ‘habemus’ una alternativa. “La solución pasa por el transporte público”, afirmó Alberto Martínez Lacambra. “Invirtamos en transporte público, mejoremos la conectividad en las áreas metropolitanas, garanticemos que el desplazamiento no supere los 45 minutos y, automáticamente, vamos a disponer de suelo mucho más barato”, añadió, e hizo hincapié en la necesidad de que las administraciones públicas agilicen las licencias y avancen en el planeamiento urbanístico.

Zonas tensionadas y presión extranjera
No obstante, hay zonas muy tensionadas donde factores adicionales como el alquiler vacacional y el peso de los compradores extranjeros hacen aún más compleja la ecuación. “El aumento de los compradores extranjeros es una de las transformaciones más notables que está viviendo el mercado en España. En 2007 representaban un 7,5% del total; en 2024, un 20,9%. Hoy, en territorios como Alicante, Baleares o Málaga superan el 40%”, detalló el ponente.

En estas zonas, la creciente incursión en el mercado de extranjeros no residentes ha añadido presión al sector. “A diferencia de los residentes, estos compradores tienden a destinar el inmueble al uso vacacional, la inversión o la revalorización a medio plazo”, concretó. Un fenómeno que se manifiesta de forma especialmente crítica en las islas y el arco mediterráneo: “En estas zonas hay que hacer algo en términos tributarios, como establecer un gravamen adicional o introducir tramos específicos en el IRPF para compradores no residentes”, concluyó.

Datos precisos y fiables: el Índice Único Notarial

“Sin datos fiables, actuales y detallados las soluciones a los retos que afronta el mercado de la vivienda pueden ser ineficaces. Hoy, en España, no existe una fuente de datos más precisa para analizar el mercado inmobiliario que el Índice Único Informatizado Notarial”, aseguró el director general del Centro Tecnológico del Notariado en su intervención.

Con más de 25.000 millones de datos procedentes de las escrituras públicas, este índice es “una herramienta esencial para formular propuestas realistas orientadas al desarrollo de políticas públicas; una base de datos única por su granularidad, alcance y actualización”, aseveró, que permite desagregar los datos por provincias, municipios o nacionalidades, aportando una visión extremadamente precisa del mercado.

Seguridad jurídica para el mercado del alquiler

En relación al mercado del alquiler, Martínez Lacambra abogó por la intervención de los notarios en los contratos de arrendamiento: “Tendría mucha utilidad, primero, para el dato, ya que sabríamos qué está ocurriendo en España. Ahora mismo no sabemos dónde hay datos fiables del alquiler. Y en segundo lugar permitiría acabar con la figura del ‘inquiokupa’”.

El director general del CTNotariado sostuvo que la formalización en escritura pública de estos contratos “aumentaría la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos y permitiría llevar a cabo un mayor control de legalidad”.

Entrevista a Fernando de Aragón, director general del Catastro, y Jesús Puebla, subdirector general de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al Ciudadano

EN ESTE PAÍS

Desde su ingreso en 1985 hasta alcanzar el cargo de director general en 2016, Fernando de Aragón ha desarrollado toda su trayectoria profesional en el Catastro Inmobiliario del Ministerio de Hacienda. De igual manera, a Jesús Puebla le avalan más de 35 años en la institución para ejercer hoy como subdirector general de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al Ciudadano. En el marco del curso Vivienda: del diagnóstico a la acción. Propuesta de solución para un problema apremiante, organizado por la Fundación Notariado en San Sebastián, hablamos con ambos sobre la transformación que ha vivido la entidad, la importancia de la colaboración con instituciones como el Notariado y el valor de la información catastral para la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario.

El valor de la información catastral

Fernando de Aragón, director general del Catastro, y Jesús Puebla, subdirector general de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al Ciudadano

ALEJANDRO MOYA BLAY

 

Arriba, Fernando de Aragón; abajo, Jesús Puebla.

¿Cómo ha cambiado el Catastro de lo que era en los años 80 a lo que es hoy en día?

[Fernando de Aragón] La evolución que ha tenido el Catastro en los últimos 40 años ha sido enorme. Una parte ha sido común al resto de Administraciones y propiciada por el desarrollo de la tecnología y los sistemas de gestión. Pero otra parte se ha originado por la valiosa información que hemos logrado incorporar. Hemos pasado de ofrecer un sujeto pasivo y una base imponible del IBI a proporcionar un valor con múltiples finalidades, tanto tributarias como extratributarias, a ser un pilar indiscutible de la seguridad jurídica del mercado inmobiliario y a vincularnos de manera decidida con el territorio rural.

Hemos pasado de basar nuestro sistema de mantenimiento en obligaciones tributarias de los ciudadanos a alcanzar un modelo colaborativo y de actualización inmediata que se nutre de la información que nos suministran otras Administraciones e instituciones públicas. De ser una organización con información poco accesible a ofrecer toda nuestra información en abierto y ser una de las bases de datos más consultadas del país.

¿Sobre qué líneas estratégicas trabaja actualmente la institución?

[Fernando de Aragón] Actualmente está en vigor nuestro Plan Estratégico 2024–2026. En él se describen las principales líneas de actuación de la organización, entre las que destacaría afianzar el valor de referencia como auténtico referente del valor de los bienes inmuebles a efectos fiscales; consolidar la actualización inmediata de los datos catastrales a través de fórmulas de colaboración con otras Administraciones e instituciones públicas y sin cargas para la ciudadanía; y que la cartografía catastral sea la representación gráfica única de los inmuebles para generar una mayor seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario.

También, el incremento de la información y los servicios que ofrece el Catastro al territorio rural, la consolidación de una atención a la ciudadanía ejemplar y el fomento de una estrategia de proyección institucional que permita al Catastro posicionarse y mantenerse en el lugar que le corresponde.

 


FERNANDO DE ARAGÓN: “HEMOS PASADO DE SER UNA ORGANIZACIÓN CON INFORMACIÓN POCO ACCESIBLE A OFRECERLA EN ABIERTO Y SER UNA DE LAS BASES DE DATOS MÁS CONSULTADAS DEL PAÍS”


 

¿Y en el ámbito de la tecnología? ¿Cómo se han adaptado a las nuevas exigencias digitales?

[Jesús Puebla] La tecnología ocupa un papel fundamental para conseguir desarrollar todas las líneas estratégicas descritas anteriormente. El Catastro, como inventario de los bienes inmuebles del territorio, es una gran base de datos, que no se podría manejar sin un sistema de información adecuado. La tecnología es imprescindible para la gestión de esa base de datos y para las entradas y salidas de información: declaraciones, colaboración con otras instituciones, emisión de certificaciones, etc.

Ya en los años noventa del siglo pasado se estableció un sistema de intercambio y suministro de información con notarios y registradores, y con ayuntamientos con convenio. Ese sistema evolucionó en los primeros años del presente siglo a servicios web y culminó con la creación de la Oficina Virtual del Catastro (OVC), una web absolutamente pionera, en 2003. Ofrecer toda la información catastral a través de nuestra Sede Electrónica del Catastro ha sido clave para el conocimiento de nuestra organización.

Por otra parte, el Catastro realizó una apuesta temprana por la digitalización de sus bases de datos, especialmente la base cartográfica, lo que ha permitido que la cartografía catastral sea la base gráfica de los inmuebles en España.

En cuanto a la adaptación al nuevo escenario tecnológico, creo que la Dirección General del Catastro ha sido pionera en muchos ámbitos. La OVC requirió el desarrollo y aplicación de herramientas como la firma electrónica, el sello electrónico o las actuaciones administrativas automatizadas, que a su vez permitieron la obtención por los usuarios de la certificación catastral descriptiva y gráfica, o la tramitación electrónica de expedientes y las notificaciones electrónicas.

¿Qué información ofrece el Catastro y cómo se emplea?

[Jesús Puebla] Actualmente, se obtienen cada año más de 18 millones de certificaciones catastrales, se realizan más de 240 millones de consultas a la Sede Electrónica Catastral y se atienden más de 1,5 millones de llamadas y citas de los ciudadanos.

El Catastro se utiliza en figuras tributarias de los tres niveles de organización españoles. Y desde el punto de vista extratributario, ya hemos destacado la vinculación que la información catastral tiene con la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario: baste mencionar que prácticamente la mitad de las certificaciones que he citado las obtienen los notarios en el ejercicio de sus funciones.

También es muy utilizada en temas de ayudas y subvenciones públicas, por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Recientemente se ha podido comprobar esta utilidad en catástrofes naturales como la erupción del volcán de La Palma, los incendios forestales o la dana de la Comunidad Valenciana.

¿Cómo trabajan para mantener actualizado el gran volumen de información que manejan?

[Jesús Puebla] El secreto para mantener operativa y actualizada esta información es sin duda la colaboración. Tenemos suscritos casi 800 convenios de colaboración con diferentes entidades públicas y privadas. Estos mecanismos nos permiten gestionar los más de siete millones de alteraciones anuales de bienes inmuebles que se producen y ofrecer la información catastral con un excelente grado de actualización.

De izda. a dcha.: Jesús Puebla y Fernando de Aragón.

El Notariado es una de las entidades con las que el Catastro mantiene una estrecha relación.

[Fernando de Aragón] La colaboración entre el Notariado y el Catastro es estrecha y antigua. Son dos instituciones que se complementan de manera natural. Cada una de ellas genera y gestiona información fundamental para la otra y entre ambas se crean importantes sinergias que benefician -sobre todo- a la ciudadanía.

El Catastro posee información sustancial sobre el inmueble, lo describe con precisión y lo valora. Además, ofrece su configuración gráfica dentro de un parcelario catastral continuo y completo, donde aparecen perfectamente reflejadas las relaciones topológicas entre inmuebles colindantes. Esta información resulta esencial para los notarios en el ejercicio de sus funciones. Poder contar con esta descripción detallada, tanto a nivel gráfico como alfanumérico, genera un plus de seguridad jurídica en todas las operaciones por ellos autorizadas.

Por otra parte, los notarios intervienen en el origen de numerosos negocios que originan alteraciones catastrales. Poder comunicar directamente desde una notaría un cambio de dominio de un bien inmueble tiene un doble efecto muy positivo: para el ciudadano, pues se le exime de la obligación de declarar; y para el Catastro, pues obtiene la información desde el mismo nacimiento de la alteración catastral. Anualmente se tramitan más de un millón y medio de cambios de dominio por esta vía: el ciudadano otorga una escritura en una notaría y a los pocos días recibe una notificación del Catastro con la alteración realizada.

 


JESÚS PUEBLA: “LA INFORMACIÓN SOBRE
LOS PRECIOS Y VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSIGNADOS EN LAS ESCRITURAS PÚBLICAS ES ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE”


 

¿Ha evolucionado esta colaboración en los últimos años?

[Fernando de Aragón] Desde el año 2011, y sobre todo desde 2015, la colaboración se ha extendido a otro tipo de operaciones inmobiliarias como las agrupaciones, agregaciones, segregaciones y divisiones. Actualmente las notarías transmiten de manera sencilla información al Catastro sobre este tipo de alteraciones. Quiero destacar también la colaboración de los notarios en la corrección de errores en la delimitación de los inmuebles a través de los procedimientos de subsanaciones de discrepancias, que cada vez se tramitan en mayor número.

Pero esta colaboración tiene todavía recorrido. Los notarios aportan un elemento al tráfico jurídico de gran relevancia. Son los únicos que reciben personalmente, en todas las ocasiones, a los ciudadanos involucrados en un negocio inmobiliario. Tenemos que conseguir aprovechar ese momento para asegurar que en la escritura se describe la realidad física y que esta realidad se incorpora al Catastro. Esto, sin duda, será una gran aportación conjunta a la seguridad jurídico-inmobiliaria de nuestro país.

Finalmente, ¿cómo funcionan las comunicaciones entre los notarios y el Catastro?

[Jesús Puebla] Todos los notarios tienen acceso a la Sede Electrónica del Catastro. Pueden consultar los datos catastrales de una parcela o bien inmueble, pero sobre todo pueden obtener una Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica que contiene los datos esenciales, desde su ubicación y delimitación cartográfica, a su valoración, pasando por la titularidad y otros datos jurídicos, físicos y económicos.

Por otro lado, los notarios han ido ofreciendo cada vez más información a Catastro. Conviene destacar dos conjuntos de datos especialmente relevantes: las comunicaciones notariales de los cambios de titularidad y la información sobre los precios y valoración de bienes inmuebles consignados en las escrituras públicas, absolutamente imprescindible en el cálculo y aplicación del valor de referencia.

HUELLA DIGITAL

La Dirección General del Catastro cuenta con un portal institucional (catastro.hacienda.gob.es) dentro de la web del Ministerio de Hacienda. Asimismo, la Sede Electrónica del Catastro contiene una amplia información de interés para instituciones, profesionales y ciudadanos, que se puede consultar en: sedecatastro.gob.es.

Entrevista a Juan Ramón Flames Omarrementaría, ceo de Bolsas y Mercados Españoles

EN ESTE PAÍS

JUAN RAMÓN FLAMES OMARREMENTARÍA

CEO DE BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES

“Es vital contribuir a reforzar los mercados de capitales como pieza clave para el crecimiento económico y el bienestar social”

FERNANDO GEIJO
Licenciado en Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y con una vasta trayectoria en los mercados internacionales de capitales y una amplia experiencia en el campo de la banca de inversión, Juan Flames es desde mediados de noviembre de 2024 el nuevo consejero delegado y responsable de Mercados de Bolsas y Mercados Españoles (BME). Una doble función que le afianza como una de las indiscutibles voces de referencia en nuestro país a la hora de analizar el presente y futuro de la Bolsa en España.

Desde su nombramiento como consejero delegado, ¿cuáles han sido las prioridades estratégicas para BME y qué avances destacaría?

Mi absoluta prioridad es hacer crecer el negocio, en el marco del plan Scale Up 2027 del Grupo SIX -empresa suiza de infraestructura de mercado financiero-, que busca reforzar el crecimiento de los ingresos y mejorar los márgenes en los tres próximos años. Queremos estar cerca de nuestros clientes y ofrecerles los mejores servicios y esa es nuestra guía diaria.

También es vital contribuir a reforzar los mercados de capitales como pieza clave para el crecimiento económico y el bienestar social. Cuando lanzamos en enero del año pasado el libro blanco sobre el impulso de la competitividad de los mercados de capitales en España, que incluía 56 medidas concretas, dimos un paso adelante para impulsar este necesario debate junto al resto del sector. Tras ese informe llegaron otros, como los realizados por Draghi, Letta o el de la OCDE, y todos coinciden en lo esencial: el fortalecimiento de los mercados de capitales es imprescindible para reforzar la posición competitiva de Europa en el mundo y para financiar la transición hacia una economía sostenible.

Sin duda, otra de mis prioridades, en línea con lo anterior, es impulsar las salidas a Bolsa. La Bolsa es el mejor lugar para que las empresas accedan a financiación recurrente y obtengan visibilidad y reputación. Para ello hemos llevado a cabo distintas medidas como el refuerzo de nuestro Entorno Pre Mercado, que prepara a las compañías que quieren dar el salto a la Bolsa; la incesante llegada de nuevas empresas a los mercados de crecimiento de BME (BME Growth y BME Scaleup); nuestra reciente alianza con EsTech para atraer a los mercados de capitales a los unicornios del futuro y, la más reciente, el lanzamiento, fruto de un trabajo conjunto con la CNMV, de BME Easy Access, una nueva modalidad de salidas a Bolsa que aporta flexibilidad a las compañías y que ha sido muy bien recibida por el sector.

¿Cómo está afrontando BME los desafíos que plantea la creciente digitalización de los mercados financieros, especialmente frente al auge de plataformas alternativas y criptomonedas?

En primer lugar, creemos que la competencia es siempre positiva, porque nos hace mejores. Así que no es algo que nos preocupa, sino que nos ocupa.

Respecto a la digitalización, es uno de nuestros principios rectores. Nosotros pensamos que las infraestructuras de los mercados de capitales, y SIX es la tercera mayor de Europa, están en una posición excelente para liderar la transformación digital del sector. Si algo dejan claro empresas e inversores es que quieren que avancemos en materia de innovación y en la oferta de nuevos activos, pero siempre manteniendo la seguridad y confianza que ofrecemos los mercados. Y ese es nuestro objetivo, siempre atendiendo las necesidades de nuestros clientes.

Son numerosos los proyectos innovadores a través de los que canalizamos nuestro compromiso con la digitalización. Por poner sólo dos de los ejemplos más recientes, mencionaré nuestra inversión en OpenBrick, una plataforma digital pionera en España de valores inmobiliarios tokenizados, y nuestra participación en el programa de experimentación del Banco Central Europeo (BCE) para la liquidación de operaciones de pago utilizando tokens digitales, en la que reunimos a parte de la comunidad financiera española. Desde nuestra posición, nos gusta aglutinar los esfuerzos del sector y aunar fuerzas en el campo de la digitalización. Tenemos mucho que decir desde España.

 


“LA BOLSA ES EL MEJOR LUGAR PARA QUE LAS EMPRESAS ACCEDAN A FINANCIACIÓN RECURRENTE Y OBTENGAN VISIBILIDAD Y REPUTACIÓN”


 

En España está creciendo el interés por la inversión minorista. ¿Qué está haciendo BME para acercar el mercado de valores a los pequeños inversores?

Traer de vuelta a la Bolsa a los inversores minoristas es una de nuestras prioridades. Las familias llegaron a controlar a finales de 1998 el 35,1% de la Bolsa española, en pleno proceso de privatizaciones, y a cierre de 2023 ese porcentaje estaba en el 16,4%.

Evidentemente, debe existir una protección para los inversores minoristas, pero existe un consenso en el sector en relación con la existencia en los últimos años de una sobrerregulación que ha alejado a los minoristas de la Bolsa. En un momento, además, en el que se acerca a activos de mucho más riesgo y menos garantías.

En BME vemos con muy buenos ojos el proyecto de crear una cuenta de ahorro e inversión europea, al estilo de la cuenta sueca, que tiene una fiscalidad muy ventajosa. Es fundamental que los ahorradores pasen a ser inversores, y en ese objetivo la Bolsa debe situarse en el centro.

 


“EXISTE UN CONSENSO EN EL SECTOR EN RELACIÓN CON LA EXISTENCIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE UNA SOBRERREGULACIÓN QUE HA ALEJADO A LOS MINORISTAS DE LA BOLSA”


 

En un contexto de incertidumbre económica global, ¿cuáles son los sectores en España que más potencial tienen desde la óptica del mercado de capitales?

No nos corresponde a nosotros como gestores de los mercados de capitales señalar a determinados sectores por encima de otros. Con carácter general, el tejido empresarial español es muy innovador. De hecho, contamos con compañías punteras y líderes mundiales en distintas áreas de actividad. Para nosotros es importante que la Bolsa sea el reflejo de la economía, en este caso, la española. Por eso es tan positiva, por ejemplo, la fuerte presencia de compañías con perfiles digitales e innovadores en los mercados de crecimiento de BME. Sin olvidar la llegada al mercado principal de empresas que abren nuevos sectores como es el caso de Puig, que debutó el año pasado, u otras de sectores bandera de la economía española como el turismo, representado por HBX, el gran estreno bursátil de lo que llevamos de año.

¿Qué papel juega BME en la promoción de la sostenibilidad y la inversión ESG (ambiental, social y de gobernanza)?

Es fundamental para nosotros y forma parte de nuestra estrategia. Tenemos un compromiso firme con la sostenibilidad desde nuestro doble rol, como gestores de los mercados de capitales y como compañía. Como empresa, trabajamos para reducir nuestro impacto en el medio ambiente, contribuir a la mejora de la sociedad y garantizar un entorno de trabajo igualitario. Estamos comprometidos con ello y entendemos que la sostenibilidad no es una moda, sino algo que forma parte de nuestra cultura corporativa.

Como gestores de los mercados de capitales, promovemos las finanzas sostenibles con medidas como la creación de índices de sostenibilidad como el IBEX ESG o el IBEX Gender Equality, además de acoger en nuestros mercados de renta fija emisiones sostenibles. Sólo el año pasado, en nuestros mercados y plataformas de renta fija se admitieron a negociación 65 emisiones de renta fija verdes, sociales y sostenibles por un importe total de 89.386 millones de euros, de los que casi 9.300 millones de euros correspondieron a emisores españoles. También aquí, los mercados de capitales están en una posición central.

Otro pilar de nuestro compromiso con la sostenibilidad es nuestra promoción de la educación financiera, que canalizamos a través de Instituto BME y de Braindex. Estamos convencidos de que una sociedad con una buena cultura financiera es una sociedad mejor preparada y que toma mejores decisiones de ahorro e inversión.

¿Considera que el actual marco regulatorio en España es favorable para atraer a más empresas a Bolsa? ¿Qué reformas serían necesarias?

Como defendemos en nuestro libro blanco sobre el impulso de la competitividad de los mercados de capitales en España, es importante que todos los actores implicados tomemos conciencia de la importancia estratégica de la Bolsa como un asunto de Estado. En este sentido, todas las medidas regulatorias o fiscales que incentiven la llegada de nuevas empresas a la Bolsa serán siempre bienvenidas. Fortalecer los mercados de capitales es algo que pasa, en gran medida, por hacer crecer el número de cotizadas, y ese es un empeño colectivo por el bien de todos.

En este campo, me gustaría destacar BME Easy Access, la nueva modalidad de salida a Bolsa, que hemos desarrollado junto a la CNMV y tras escuchar al conjunto del sector. En esencia, la principal novedad que aporta este nuevo procedimiento es que permitirá la admisión directa de las acciones en los mercados regulados sin la exigencia de obtener una distribución mínima, o free float, con carácter previo a la admisión. De esta forma se favorece la planificación de las empresas y se evita el riesgo de que circunstancias ajenas a la compañía frustren la operación.

 


“VEMOS CON MUY BUENOS OJOS EL PROYECTO DE CREAR UNA CUENTA DE AHORRO E INVERSIÓN EUROPEA”


 

¿Cómo imagina el futuro de BME en los próximos cinco años y qué legado le gustaría dejar como consejero delegado?

Creo que es importante volver a poner a los mercados financieros en el centro de la economía del país; que la Bolsa vuelva a estar de moda. Estoy muy contento con el equipo profesional de BME y con nuestra posición. Pienso que podemos seguir contribuyendo de manera decidida a reforzar la financiación empresarial, ofrecer alternativas a los inversores y, en conjunto, impulsar la economía. A cinco años vista quiero una Bolsa con más empresas cotizadas de todos los tamaños y sectores, con más presencia de inversores minoristas y pionera en la digitalización del sector.

En su amplia trayectoria profesional ha estado fuertemente vinculado al sector financiero. ¿Qué lecciones ha aprendido de esa experiencia y cómo las aplica en su rol como consejero delegado?

Creo que es enriquecedor haber pasado por distintas posiciones y áreas dentro del sector financiero, porque contribuye a tener una visión global. La gran constante a lo largo de mi trayectoria, que sin duda aplico también a mi labor como consejero delegado de BME y como responsable de Mercados Primarios de SIX, es mantener siempre el foco puesto en los clientes. Debemos escuchar y atender sus necesidades, estar siempre muy cerca de ellos. Es uno de los pilares de la estrategia del grupo SIX Scale Up 2027, con el que buscamos impulsar nuestra ambición comercial, reforzar el crecimiento de los ingresos y mejorar los márgenes.

 


“LOS NOTARIOS JUEGAN TAMBIÉN UN PAPEL PROTAGONISTA EN EL SISTEMA FINANCIERO EN SU CONJUNTO”


 

La intervención del notario proporciona seguridad jurídica y mejora la confianza del sistema financiero. ¿Podrían de algún otro modo contribuir los notarios a la estabilidad de estos mercados?

 Por supuesto. Los mercados de capitales son como una orquesta; no es un solista. Es decir, necesitamos al conjunto de la comunidad: empresas, inversores, despachos de abogados, asesores, bancos, gestoras de activos… Para que el mercado funcione bien es clave contar con todo tipo de instrumentos convenientemente afinados y, por supuesto, los notarios juegan también un papel protagonista en el sistema financiero en su conjunto.

HUELLA DIGITAL

JUAN Flames es un directivo con un perfil muy activo en Linkedin, la red social profesional por excelencia.

El equipo de la Dirección de Comunicación de Bolsas y Mercados Españoles (BME) ofrece, además, en el portal de la institución información relevante sobre la actividad del consejero delegado, así como de su perfil profesional.

Presión fiscal sobre las ganancias de capital

EN ESTE PAÍS

PRESIÓN FISCAL SOBRE LAS GANANCIAS DE CAPITAL

Algunos expertos apuntan que penalizar con un impuesto muy alto las ganancias del ahorro favorece que la ciudadanía opte por el consumo.

ELVIRA ARROYO
España está entre los países europeos que más gravan las ganancias de capital en los tramos más altos. Frente a quienes defienden que esta presión fiscal debería reforzarse para las personas que ganan más, se abre el debate de si una tributación muy elevada puede desincentivar la venta de activos o la inversión en un momento en el que la Unión Europea apuesta por financiar proyectos estratégicos con el ahorro de sus habitantes.

El dinero ganado con la venta de acciones, un fondo de inversión o una vivienda; los dividendos que reparten las empresas a sus accionistas; o los intereses que el banco paga por un depósito o una cuenta de ahorro, son ejemplos de ganancias de capital que tributan en el IRPF.

 


DESDE 2019, EL IMPUESTO MÁXIMO PARA LAS GANANCIAS DE CAPITAL EN ESPAÑA HA SUBIDO 7 PUNTOS


 

En España, se aplica por estos conceptos un tipo impositivo progresivo, con diferentes porcentajes según la cantidad de renta obtenida. En los últimos años, el incremento ha sido significativo, sobre todo en los tramos más altos, pasando de un tipo máximo del 23% en 2019 al 30% vigente en 2025 para las ganancias de capital superiores a 300.000 euros. Según Tax Foundation Europe, España es el séptimo país europeo con el tipo impositivo más alto para las rentas de capital.

Novedades. La Ley 7/2024, de 20 de diciembre, introdujo modificaciones que afectan a la escala del ahorro desde el 1 de enero de 2025. Concretamente, se eleva del 28% al 30% el tipo del último tramo de la escala del ahorro (ganancias que exceden los 300.000 euros) para los contribuyentes que tengan su residencia habitual en el extranjero y aquellos que estén acogidos al régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español.

También, desde el 1 de enero de 2025, se ha modificado la escala que se aplica a la parte de la base liquidable del ahorro para determinar la cuota íntegra estatal, elevándose el tipo del último tramo del 14% al 15%.

Este tipo de medidas aumentan los impuestos para quienes más ganancias obtienen de su capital, algo que han reivindicado formaciones políticas como Sumar, que defiende equiparar la tributación de las rentas del capital con las del trabajo subiendo los tipos impositivos en las franjas más altas del IRPF.

 


EUROPA PRESENTA UN SISTEMA IMPOSITIVO MUY DIVERSO PARA LAS GANANCIAS DE CAPITAL QUE VIENE DETERMINADO POR LA CONCEPCIÓN FISCAL DE CADA PAÍS


 

Otros países. La mayoría de los países desarrollados gravan las ganancias de capital, pero el tipo impositivo y las reglas exactas (porcentajes progresivos, la posibilidad de desgravación por tenencia prolongada o exenciones) dependen de la legislación local.

España está en un nivel relativamente alto de tributación sobre los beneficios obtenidos por la venta de activos o por la inversión del dinero, aunque está muy por debajo de Dinamarca, que aplica un tipo máximo del 42% o Noruega, con un 37,8%. En el lado opuesto, Rumanía aplica el tipo más bajo, del 1%, seguida de Moldavia con el 6% y Bulgaria con el 10%.

Además, Tax Foundation Europe destaca que varios países europeos, entre los que se encuentran Bélgica, República Checa, Suiza, Eslovenia o Luxemburgo, no gravan las ganancias de capital por la venta de acciones mantenidas a largo plazo.

Se trata, por tanto, de un sistema impositivo muy diverso determinado por la concepción fiscal de cada país. Queda claro que los beneficios obtenidos por la venta de un activo a un precio mayor que el precio de compra o los réditos que aportan el dinero ahorrado o invertido deben tributar, aunque el criterio para definir la carga impositiva no es uniforme.

Algunos expertos apuntan que penalizar con un impuesto muy alto las ganancias del ahorro favorece que la ciudadanía opte por el consumo en detrimento de la inversión. Del mismo modo, si la venta de activos conlleva pagar muchos impuestos, la opción más cómoda es no vender.

En España las rentas del capital mobiliario mantienen una tendencia creciente, a pesar de que en el primer trimestre de 2025 se ha frenado el ritmo, tras registrar una subida del 8,3%. Este dato dista bastante de los ascensos de dos dígitos observados los últimos tres años (26,5% en 2022, 15,9% en 2023 y 45,3% en 2024), según señala la Agencia Tributaria.

 


LA UNIÓN EUROPEA NECESITA PARA 2030 ENTRE 750.000 Y 800.000 MILLONES DE EUROS ADICIONALES PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS


 

Proyectos europeos. Sin embargo, las autoridades europeas consideran que el ahorro puede ser una importante fuente de financiación para determinados proyectos. De hecho, en marzo de 2025 la Comisión Europea presentó la Unión de Ahorros e Inversiones (SIU, por sus siglas en inglés), una iniciativa que busca generar oportunidades financieras para los ciudadanos de la UE, mejorando la capacidad para conectar el ahorro con inversiones productivas.

El objetivo es crear un ecosistema de financiación que beneficie la inversión en objetivos estratégicos de la UE, como el cambio climático, los avances tecnológicos y las nuevas dinámicas geopolíticas. Se calcula que para sacar adelante estos retos se necesitarán entre 750.000 y 800.000 millones de euros adicionales al año para 2030, cifra que se ve aún más afectada por la ampliación de las necesidades de defensa. Gran parte de estas están relacionadas con las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las empresas innovadoras, que no pueden depender únicamente de la financiación bancaria. Mediante el desarrollo de mercados de capital integrados, SIU puede conectar eficazmente ahorro e inversión.

De este modo, habrá nuevas alternativas para los ahorradores que deseen potenciar su patrimonio y se fomentará el crecimiento de las empresas europeas.

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta específica para recabar información sobre los obstáculos que puede haber para la integración de los mercados de capitales en la UE. Al mismo tiempo, se ha establecido un calendario de actuaciones para implantar la SIU. Como primer paso, en el tercer trimestre de 2025 se definirán las cuentas de ahorro e inversión de la UE y una estrategia de alfabetización financiera.

Más recaudación de IRPF por ganancias patrimoniales

Los ingresos totales por el IRPF en España alcanzaron los 129.408 millones en 2024, un 7,6% más que el año anterior. La mayor parte de este impuesto procede de los rendimientos del trabajo, pero en 2024 las ganancias patrimoniales registraron un avance superior al 22%, según la Agencia Tributaria. Este crecimiento se atribuye, por un lado, a las ganancias procedentes de los fondos de inversión, que, tras dos años de caídas, crecieron un 79,3% en 2024 hasta alcanzar los 3.550 millones.

Por otro lado, en las ganancias no sujetas a retención, ligadas fundamentalmente a las ventas de inmuebles y a la evolución de la cotización de las acciones, se prevé un incremento del 17% en 2024.

Tasas sobre las ganancias de capital en Europa
País

Tasa máxima de impuesto sobre las ganancias de capital para personas físicas

Austria 27,5%
Bulgaria 10%
Dinamarca 42%
Finlandia 34%
Francia 34%
Alemania 26,4%
Irlanda 33%
Italia 26%
Países Bajos 36%
Noruega 37,8%
Polonia 19%
España 30%
Suecia 30%
Reino Unido 24%
PARA SABER MÁS

Impuesto sobre las ganancias de capital en Europa. Incluye mapa interactivo con evolución 2019-2025. Tax Foundation Europe.

Informe mensual de recaudación tributaria. Abril de 2025. Agencia Tributaria.

Iniciativa europea Unión de Ahorros e Inversiones (Savings and Investments Union, SIU). Conectando ahorros e inversiones productivas. Comisión Europea.

“La fiscalidad de las rentas del capital”, porDavid Cano Martínez

EN ESTE PAÍS

DAVID CANO MARTÍNEZ,

socio de Analistas Financieros Internacionales

“Si queremos que una parte importante de la sociedad se convierta en inversor, como única vía para financiar de forma estable proyectos de riesgo, debemos incentivarlo fiscalmente”

La fiscalidad de las rentas del capital

De forma simplificada, podemos afirmar que hay dos grandes factores productivos: el trabajo (“L”) y el capital (“K”). El primero hace referencia a las horas dedicadas para desarrollar una determinada tarea, mientras que el segundo engloba el suministro de recursos para que se pueda materializar ese trabajo. Y un agente puede aportar capital tanto de forma directa (es decir, “poniendo” dinero) como de forma indirecta (“pone” una máquina o una nave industrial, por ejemplo).

Tanto L como K exigen una contraprestación económica (tienen un precio), que estará en función de muchas variables. Igual que es obvio (y justo) que no todos los trabajadores reciban la misma remuneración por hora, tampoco un mismo euro invertido debe obtener la misma rentabilidad. Cuanto más riesgo asuma un capital, más rendimiento debe recibir.

A partir de aquí, como sucede con los rendimientos del trabajo, entra en juego el sistema tributario. Este impone un pago vía impuestos justificado por el uso de la infraestructura, de funcionarios y, en general, de todos aquellos recursos por los que no se ha pagado de forma explícita para obtener el rendimiento. Este se somete a tributación por dos conceptos adicionales: financiar otros gastos del Estado y redistribución generalizada. Sí, todo rendimiento de cualquiera de los dos factores debe pagar impuestos.

Se inicia el debate, clave para determinar cuál debería ser la cuantía del tipo de gravamen de las rentas: ¿cómo se estiman los precios de esos recursos que se han utilizado?, ¿Qué parte del rendimiento se debe destinar a pagar otros conceptos que no son capaces de financiarse por sí solos dado que son deficitarios? y, ¿qué parte del rendimiento debe redistribuirse?

Como economista gestor de carteras y fondos de inversión, rechazo la afirmación de que “las rentas del capital deben grabarse más que las rentas del trabajo dado que el inversor no ha hecho ningún esfuerzo por conseguirlo”. Discrepo porque el “esfuerzo” no debe medirse por la intensidad física o las horas dedicadas sino, en el caso del capital, por el riesgo asumido en la inversión. Estamos en una economía en la que cada vez se necesita más factor capital (dinero) que esté dispuesto a invertir a más largo plazo y asumiendo más riesgo. Es generalizada la reivindicación de la creación de más empresas, de más startups tecnológicas, de más industria… Y no puedo estar más de acuerdo. Pero ¿quién está dispuesto a asumir el riesgo que implica invertir en el capital de esas empresas y proyectos? Ahí es cuando las voces se callan o bajan su volumen. Adaptando lo que dijo Unamuno: ¡Que arriesguen ellos!

Es muy fácil exigir que sean los demás los que asuman el riesgo con su capital (y, además, que paguen muchos impuestos por las rentas que generan). Pero es mucho más difícil hacerlo. Por ello, el riesgo, igual que el esfuerzo, se debe remunerar de forma extra. Y es eso lo que suele suceder, según nos enseñan tanto la teoría financiera como la evidencia. A más riesgo, más rentabilidad. Creo que es muy importante dejar claro este principio que pretende defender que obtener rentas del capital no es tarea fácil ni de corto plazo y que, a la hora debatir su tributación, se debería distinguir entre quien asume riesgo y quien no, entre quien invierte a corto plazo y quien lo hace a largo plazo.

Porque igual que soy un claro defensor de que un capital que asume riesgo obtenga una elevada rentabilidad (y tenga un tratamiento fiscal ventajoso, sobre todo si está invertido a largo plazo) considero que el ahorro (es decir, aquel que no asume riesgo porque está materializado en un depósito bancario o en una Letra del Tesoro) debe tener un reducido rendimiento. A ello contribuye, por cierto, la política monetaria del BCE, imponiendo tipos de interés nominales por debajo de la inflación. Insisto mucho en esta frase: si el ahorrador quiere obtener una rentabilidad real positiva (es decir, una rentabilidad nominal por encima de la inflación), es imprescindible que asuma riesgo. Si no lo hace, el precio que tendrá que pagar por ello es perder poder adquisitivo.

Si queremos que una parte importante de la sociedad se convierta en inversor, como única vía para financiar de forma estable proyectos de riesgo, debemos incentivarlo fiscalmente. Podemos debatir sobre si existe falta de oferta disponible del factor trabajo para determinados puestos y momentos a un determinado salario. Pero es un hecho que hay déficit de oferta de capital dispuesto a asumir riesgo (más aún sometidos como están los bancos a una normativa de solvencia que les impiden asumir riesgos). Es una realidad que se está incrementando la demanda de capital para financiar proyectos con mayores incertidumbres sobre su rendimiento (inteligencia artificial, computación quántica, baterías, impresión 3D, biotecnología, etc.). Más demanda que no encuentra correspondencia en la oferta, al menos en Europa.

Por ello, resulta imprescindible mantener un debate sobre cuál debe ser la fiscalidad de las rentas de capital, basado en los elementos que he tratado de exponer. Defiendo, como ya he manifestado, una fiscalidad ventajosa para aquel capital que asume riesgo a largo plazo y que lo hace en proyectos que incrementen la productividad y el crecimiento de la economía. Además, defiendo la fiscalidad ventajosa de los vehículos de inversión porque de esa forma se incentivará otro de los principios en los que más creo: la diversificación. Si queremos conseguir una sociedad más inversora debemos incentivar el mejor tratamiento fiscal de las rentas del capital si se consiguen a través de vehículos de inversión diversificados y, más aún, si estas rentas se alcanzan en períodos prolongados del tiempo (por encima de los 5 y, especialmente, 10 años).