El pasado 31 de diciembre se cerró la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, la última completa antes de la conclusión del ciclo político de cinco años que nos llevará en junio a las elecciones al Parlamento Europeo, y a la formación de una nueva Comisión tras las elecciones. La Comisión ha reconocido el relevante papel que ha jugado España durante su presidencia para poder cerrar muchos dosieres legislativos de gran importancia en esta legislatura. Es un momento propicio para hacer balance del trabajo de las instituciones de la UE durante estos últimos años.

Como es bien sabido, la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, ha tenido que enfrentarse a grandes desafíos a lo largo de estos casi cinco años: la pandemia global de la Covid-19 y sus devastadores efectos económicos y sociales, la invasión ilegal de Rusia contra Ucrania, y la subida de los precios derivada, fundamentalmente, de los de la energía, además de la puesta en marcha de un plan de inversión sin precedentes para apoyar la recuperación en el marco de la doble transición verde y digital, pilares fundamentales de la acción de la UE. Pensamos que la respuesta ha estado a la altura de estas grandes crisis y retos, centrándose en dos aspectos clave: solidaridad y unión.

Así, gracias a la decisiva acción de la Unión Europea frente a la pandemia de la Covid-19, con la compra centralizada de vacunas por parte de la Comisión, conseguimos comprar suficientes dosis para que más del 70 % de la población de la UE recibiese la pauta de vacunación completa en tiempo récord, garantizando la protección de millones de vidas.

Es bien conocido que la pandemia causó una grave crisis económica y social: el año 2020 arrojó una caída del PIB del 5,7 % en la UE, mayor en España hasta el 11,3 % debido a su estructura económica y al mayor peso del sector servicios. Tan sólo unos meses después de la irrupción global de la pandemia, en julio de 2020, la UE respondió con el mayor paquete de estímulo económico jamás aprobado, el llamado NextGenerationEU, financiado mediante la emisión conjunta de deuda de más de 800.000 millones de euros en un ejercicio de coordinación y solidaridad europeas sin precedentes. Las inversiones financiadas con NextGenerationEU, en forma de subvenciones y préstamos, representa una oportunidad única para apoyar la transformación de nuestras economías, creando una Europa más verde, digital y económica y socialmente resiliente.

En estos años hemos visto cómo la guerra volvía a Europa con la invasión rusa de Ucrania en 2022. Ante esta brutal agresión, la UE y sus 27 Estados miembros han respondido de manera unida y coordinada: desde el inicio de la agresión rusa, la ayuda total que ha destinado la UE, sus Estados miembros y sus instituciones financieras a Ucrania se eleva a unos 67.700 millones de euros. Se trata de ayuda macrofinanciera, apoyo presupuestario, ayuda de emergencia, respuesta a las crisis y ayuda humanitaria.

Desde las primeras semanas de la guerra, la UE activó la Directiva de protección temporal, que otorga a los ucranianos desplazados que huyen de la guerra determinados derechos en la UE, entre los cuales están un permiso de residencia, acceso al mercado laboral y alojamiento o vivienda adecuados, atención médica y acceso a la educación para los niños. Desde entonces, los países de la UE han acogido a millones de personas procedentes de Ucrania, y más de cuatro millones están viviendo bajo esta protección temporal.

Al mismo tiempo, la UE ha obstaculizado la capacidad de Rusia para financiar la guerra mediante doce paquetes de sanciones que han tenido como efecto privar al ejército ruso y a sus proveedores de los productos y equipos necesarios para librar su guerra en Ucrania. Asimismo, con estas sanciones conseguimos romper la dependencia energética que la UE tenía con este país.

Esta Comisión también ha sido capaz de lograr algo que muchas voces calificaban de imposible: un Pacto de Migración y Asilo común para los 27 países de la Unión Europea. El pacto da una respuesta europea a un reto común de todos los Estados miembros. Las nuevas reglas alcanzan un nuevo equilibrio entre la protección de nuestras fronteras y la de los migrantes, entre soberanía y solidaridad, entre seguridad y humanidad.

2023 fue el año en que todos descubrimos la inteligencia artificial. Para impulsar su desarrollo y proteger los derechos de los ciudadanos, la UE ha conseguido adoptar el primer marco jurídico en materia de inteligencia artificial. Con el nuevo reglamento garantizamos que esta tecnología de vanguardia sea respetuosa con los derechos fundamentales, por ejemplo, a través de la prohibición de sistemas de categorización biométrica basada en información sensible (como raza, orientación sexual y creencias), entre otros.

La Comisión afronta estos últimos meses de la legislatura bajo la presidencia belga, con la voluntad de trabajar intensamente para que Parlamento y Consejo puedan cerrar el mayor número de iniciativas legislativas, algunas de ellas tan importantes como la revisión del Marco Financiero Plurianual, el presupuesto de la UE.

2024 vendrá marcado en todo caso por las elecciones al Parlamento Europeo que, en España, se celebrarán el próximo 9 junio. En ellas, todos los ciudadanos europeos estamos llamados a las urnas para elegir mediante nuestro voto a los 720 eurodiputados (61 de ellos procedentes de la circunscripción española) que conformarán el nuevo Parlamento. Siempre es bueno recordar la gran importancia de estos comicios, que determinarán no sólo las prioridades políticas de la nueva Comisión y, por tanto, las distintas iniciativas legislativas que esta proponga, sino el futuro de la Europa que queremos los ciudadanos. Será un momento para celebrar también todo lo que nos une como europeos: los derechos y las libertades de los que gozamos y que tenemos el deber de seguir desarrollando para mejorar la vida de todos los ciudadanos de la UE.

España lleva décadas con cifras de natalidad descendentes. Un dato basta para visualizar esta tendencia: en 1976 se produjeron en España un total de 677.456 nacimientos, mientras que en 2021 (último año con datos definitivos) fueron 337.380; la mitad. De hecho, la tasa de reposición generacional (2,1 hijos por mujer en edad fértil) no se alcanza en nuestro país desde principios de los años 80 del siglo pasado y se sitúa actualmente en 1,19, muy cerca de la tasa más baja de la serie histórica.

No es posible atribuir a una única causa un fenómeno tan complejo como este. Sabemos que las dinámicas sociales son siempre multifactoriales, fruto de una combinación variable de elementos culturales, sociales, económicos y políticos, muchos de ellos estructurales.

Todos somos conscientes de que el modelo familiar tradicional basado en el reparto de roles por género quebró socialmente a partir del último tercio del siglo XX y lo que era la excepción (que ambos integrantes de la pareja trabajaran), se convierte progresivamente en la norma. Actualmente son mayoría los hogares en que la mujer trabaja fuera de casa, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial. También son cada vez más numerosos los hogares no formados por parejas sino por una sola persona (en la gran mayoría de los casos una mujer) con sus hijos o hijas.

Como consecuencia de ello, el debate sobre la conciliación familiar y laboral y la corresponsabilidad en los cuidados emerge con fuerza a principios de siglo XXI y, pese a los evidentes avances, lo cierto es que aún estamos lejos de contar con un marco normativo y social que facilite la conciliación. Las mujeres siguen asumiendo una carga desproporcionada en materia de cuidados que se traduce en que son ellas quienes de forma mayoritaria reducen su jornada, solicitan excedencias laborales o tienen mayores tasas de empleo a tiempo parcial. Todo ello redunda en importantes brechas de género en materia de empleo, salarios o pensiones.

Si miramos al panorama internacional podemos comprobar que los países que en mayor medida facilitan la conciliación y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres tienen mayores tasas de empleo femenino, pero también mayores tasas de natalidad. Muy al contrario, la falta o la insuficiencia de conciliación supone un claro desincentivo para la natalidad.

Pero hay otros factores estructurales, como la dificultad para acceder a una vivienda o la precariedad de las condiciones laborales, que condicionan enormemente la formación de nuevas familias y retrasan la emancipación de los y las jóvenes y la edad en que se tiene el primer hijo.

La necesidad de contar con servicios de cuidado y educación infantil desde edades tempranas aumenta la carga económica y la exigencia para madres y padres cuando la oferta y la disponibilidad de los mismos es reducida. La normativa española garantiza la universalidad y la gratuidad de la educación infantil a partir de 3 años de edad, pero tenemos aún un reto importante en su extensión al tramo 0 a 3 años.

Por otro lado, las encuestas sobre fecundidad señalan que, incluso en un contexto ideal, el número de hijos deseados se sitúa en 2, y aparece un número creciente de personas que no desean ser madres o padres. Se trata de un fenómeno sociocultural que va más allá del contexto económico y que tiene que ver más con las expectativas vitales de la ciudadanía y sus valores.

No obstante, es también cierto que un número importante de personas manifiesta que tiene un número menor de hijos de lo que hubiera deseado, básicamente por dificultades materiales (coste de la crianza, conciliación problemática, falta de un empleo estable o de una vivienda adecuada…) pero también por consideraciones personales (no tener una pareja adecuada, preferencias por desarrollar una vida laboral plena, sensación de incompetencia para las dificultades de la crianza, o falta de confianza ante el futuro…). Todo ello nos da pistas sobre cómo debemos orientar las políticas públicas de apoyo a las familias: es necesario promover las condiciones para que éstas decidan tener el número de hijos que desean con mayor libertad y apoyos que en la actualidad.

La experiencia comparada nos enseña que la dedicación de recursos presupuestarios en forma de prestaciones económicas por nacimiento ha tenido resultados modestos en términos de aumento de la natalidad. Lo realmente interesante es desarrollar políticas de acompañamiento a la crianza, favoreciendo un ecosistema legal y social más favorable a la vida familiar. Debemos apostar por un enfoque integral de apoyo que tenga en cuenta la realidad, las expectativas y las necesidades de las familias en nuestro país. Una política que reconozca la creciente diversidad de modelos y situaciones familiares, que mejore el marco de protección económica y social, que facilite una conciliación corresponsable, que incida también en la mejora del acceso al empleo y a la vivienda y que permita un reconocimiento social y un apoyo claro a la maternidad y la paternidad, a la vez que garantice a niños, niñas y adolescentes sus derechos y su adecuado desarrollo.

Se trata, en definitiva, de potenciar unas condiciones que ofrezcan seguridad y confianza para que las personas desarrollen sus proyectos familiares de forma digna, pues sólo desde esa base podremos recuperar tasas de natalidad más cercanas a las deseadas por la mayoría de la población.

La internacionalización del delito es una realidad indudable, imparable y cada vez más extendida, por lo que el reto de enfrentar este fenómeno requiere el uso de mecanismos de auxilio judicial internacional adecuados, actualizados y acordes a la nueva realidad.

Sin embargo, los actuales instrumentos de cooperación internacional, creados esencialmente en el siglo XX, no son ya ni suficientes ni idóneos para conseguir una respuesta eficaz y ágil cuando es requerida. Obtener auxilio internacional penal sigue demasiado formal y dificultoso y por otro lado poco fiable por falta de seguridad en los mecanismos de transmisión.

Las nuevas formas de comunicación deben ser tenidas en cuenta también para la transmisión de las solicitudes de auxilio, documentos, pruebas… No es razonable ni puede seguir manteniéndose lo que, fuera de la UE, sigue siendo la forma común de comunicación de las solicitudes de auxilio, el correo postal y como mucho, en algunos casos, correos electrónicos carentes de seguridad alguna.

Un paso definitivo para evitar vías inseguras y analógicas es optar por el uso de sistemas electrónicos seguros. Efectivamente, para favorecer la autenticidad y ganar en seguridad comienzan a implantarse plataformas seguras de transmisión de pruebas y documentos. En la Unión Europea existen ya estos sistemas en la red Judicial Europea y en Eurojust.

En Iberoamérica, IberRed ha creado el sistema Iber@ que permite la transmisión directa y segura de datos entre los puntos de contacto de IberRed, transmisión que será además válida entre autoridades centrales.

IberRed, la red de cooperación internacional de los países iberoamericanos, creada en 2004 siguiendo el ejemplo de la red Judicial Europea, avanzó en formalidad y seguridad con el Tratado de Medellín en 2021, un tratado que permite el uso del sistema iber@ para la transmisión valida de documentos entre autoridades centrales.

Esta plataforma, creada gracias al trabajo de Ancert y el Consejo General del Notariado español, goza de absoluta garantía de seguridad, autenticidad e integridad. Las ventajas que ofrece la plataforma de rapidez, seguridad y autenticidad son garantía esencial para las autoridades judiciales, el justiciable y el interés público.

La plataforma Iber@ permite, además, garantizar un nivel de protección de datos en el momento de la transmisión, y en el uso y en la conservación de los datos que son condición esencial para cumplir las exigencias impuestas por la UE para la cooperación con terceros Estados, conforme a la Directiva 680/201. La plataforma, que cuenta con la validación de la UE, es una de las bases esenciales de esa protección de datos, lo que ayudará a los países iberoamericanos a obtener cooperación de los Estados miembros y ha permitido la firma de un MoU entre Eurojust e IberRed.

Las características y calidad de esta plataforma Iber@ y la firma del MoU con Eurojust dotan al mecanismo de un extensísimo uso y de un potencial de crecimiento insuperable, ya que el Tratado de Medellín está abierto a la firma de otros Estados y ya existen manifestaciones de interés al respecto.

La posibilidad de conectar con videoconferencias seguras a través de Iber@ sitúa al mecanismo entre los mayores ofrecimientos útiles para la cooperación, con ahorro de costes, garantías de autenticidad y seguridad; en una de las tecnologías más actuales en auxilio judicial internacional.

Desde una visión práctica de una Fiscalía operativa como la que dirijo, el uso de Iber@ debe extenderse como forma de comunicación ordinaria de mecanismos urgentes de cooperación, como las entregas controladas. El uso de esta plataforma a estos efectos requeriría la redacción y firma de un anexo o protocolo al Convenio con el fin de asegurar un uso, no solo seguro, sino eficaz, para lo que debe permitirse la comunicación entre las autoridades operativas, aquellas que tienen que autorizar urgentemente la entrega controlada, en muchos casos en menos de 24 horas. De esta forma podrían intercambiar secreta y seguramente sus comunicaciones. Se trata de una propuesta para el futuro inmediato que permitiría a Iber@ convertirse en un elemento esencial en la cooperación contra la delincuencia organizada.

Todos estos avances y potencialidades no serían posibles sin la desinteresada, certera y eficaz colaboración de los notarios españoles y Ancert, que ponen a disposición de la comunidad iberoamericana unos recursos tecnológicos innovadores y mecanismos de autentificaciones seguros, por lo que termino con la expresión del inmenso agradecimiento de IberRed y en este caso de la Fiscalía antidroga española.

Vivimos en un proceso de cambio tecnológico rapidísimo, hasta tal punto que nos olvidamos que no toda novedad significa progreso. Si consultamos la lista de las «tecnologías del año» de los últimos quince, nos encontramos algunas que han sido abandonadas y muchas que en nada han contribuido al desarrollo.

Arrastrados por el torbellino de novedades no vemos a veces avances que nada tienen que ver con la tecnología. Por eso el Notariado (como todos) tiene que reflexionar sobre qué cambios representan un verdadero progreso, y cómo adaptarse a ellos, usando la nueva tecnología. Esto hemos hecho en el curso de la UPV: dialogar expertos de diversas áreas, jurídicas y no jurídicas, nacionales y extranjeros, para hacer del cambio progreso.

Así, como indudable superación moral cabe calificar la reforma de la regulación de la discapacidad que introdujo la Ley 8/2021. En este caso el Notariado, sobre todo a través de su Fundación Æquitas, ha sido un actor en el cambio de paradigma legal: de incapacidad y representación se ha pasado a capacidad y apoyo. Pero si el Notariado ha sido clave en la adopción de esos nuevos principios, lo es aún más en la aplicación de esa regulación. Para ello es esencial el trabajo de cada notario, pero también compartir experiencias con las demás personas involucradas en esta realidad. En particular es fundamental la colaboración con jueces y fiscales, cuyas actuaciones son complementarias con las de los notarios, y también con otras entidades que actúan sin la intervención notarial, como los bancos. Se trató, por ejemplo, el papel de los notarios para el adecuado funcionamiento de la guarda de hecho, una institución clave en el nuevo régimen. Tuvimos la primicia de la aprobación de un protocolo entre la Fiscalía, el BdE y las asociaciones bancarias, que logra una colaboración permanente para conseguir al mismo tiempo la autonomía y la seguridad de las personas con discapacidad en la gestión de su dinero. Fue también de gran interés el dialogo entre una jueza, un fiscal y un notario sobre el papel de las medidas voluntarias de apoyo como instrumento para la revisión de las medidas judiciales adoptadas conforme la legislación anterior que, aunque sujetas a control judicial, pueden sustituir a aquellas, respetando así el carácter preferente que les da la Ley. Extraordinario interés tuvo la mesa con representantes de asociaciones, pues es fundamental que los notarios nos podamos apoyar, para asegurar un verdadero consentimiento informado y libre, en personas con cualificación profesional específica, como los psicólogos de estas organizaciones. No estamos solos y debemos solicitar la ayuda de estos facilitadores en todas las cuestiones que por su complejidad lo aconsejen.

Pero volvamos a la tecnología y las posibilidades que ofrece. Aunque se trataron otros temas de gran interés, como la colaboración entre notarios europeos y las bases catastrales, el asunto del año es el otorgamiento a distancia previsto en la Ley 11/2023. Supone aparentemente el cambio de un dogma de la actuación notarial: la comparecencia personal de los otorgantes ante el notario y la firma ante el mismo. Pero a diferencia de lo que sucede en el ámbito de la discapacidad, no cabe hablar propiamente de cambio de paradigma. El reto es justamente conservar la esencia de la actuación notarial, que requiere de identificación, juicio de capacidad, asesoramiento personal, control de legalidad y prestación del consentimiento ante notario, pero sin presencia física ante él. El desafío es importante, pues la ley se limita a establecer los principios generales de esa actuación, que deben concretarse en una práctica rigurosa desde un punto de vista tecnológico. En ese sentido es útil conocer las experiencias ya en marcha, como la alemana, cuya ley concreta, por ejemplo, que el control de identidad se hace por la comparecencia por videoconferencia del propio notario en el acto de otorgamiento mediante documentos de identidad oficiales electrónicos. También es importante establecer buenas prácticas y criterios para evitar los riesgos que supone esta nueva forma de actuar. Recordemos que la nueva ley, de acuerdo con la Directiva europea, permite exigir la presencia física cuando sea necesaria para garantizar la identidad o la capacidad o evitar el riesgo de operaciones que puedan suponer blanqueo de capitales.

Pero no tratamos solo lo que ya está sino también lo que viene. Fue enormemente esclarecedora la presentación de la futura regulación europea de la identidad digital a través del eWallet, que se llevará en el móvil y que no solo permitirá identificarse sino también incorporar atributos. Esto supone que podremos graduar la parte de nuestra identidad que ofreceremos. Por ejemplo, podremos acreditar, además de la identidad, nuestra cualificación profesional; para otros servicios, en cambio, podremos identificarnos solo por un atributo, sin necesidad de revelar la identidad (por ejemplo, solo que soy mayor de edad). Las ventajas para los ciudadanos y las posibilidades de contribuir a ellas por los notarios son enormes.

Finalmente, no olvidamos que los cambios tecnológicos suponen nuevos costes y riesgos, pero también ofrecen nuevas herramientas. Hablamos, por ejemplo, de cómo reforzar el control de identidad e incluso de capacidad con programas informáticos. También de cómo utilizar la que sin duda es la tecnología del año, la inteligencia artificial generativa (ChatGPT) en el ámbito notarial, mejorando la producción y gestión de documentos sin comprometer la seguridad.

Dijo Descartes que dos cosas contribuyen a avanzar: ir más deprisa o ir por el buen camino. Lo que tratamos de conseguir con este curso es combinar las dos: tener clara la dirección adecuada y acelerar el paso con la tecnología.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL NO ES una disciplina tan reciente como cabría esperar, dada la gran atención mediática que tiene hoy en día. Sin embargo, su esplendor es consecuencia del grado de madurez que ha alcanzado, gracias a los avances conseguidos, fruto de una intensa investigación. A este grado de madurez le ha acompañado la evolución sin precedentes del hardware, que nos permite el uso de plataformas de computación a un menor coste gracias a la computación en la nube. A su vez, la transformación social acontecida en la vida de las personas en la última década en torno al cambio tecnológico, relacionado con nuestro uso de dispositivos electrónicos y servicios digitales, que han generado más del 90% de los datos disponibles en los últimos años, ha contribuido de forma acuciante a dicho esplendor. Y, por último, el desarrollo de nuevos algoritmos dentro del aprendizaje profundo, que han alcanzado unos niveles de precisión antes inalcanzables en aplicaciones reales de un grado elevado de complejidad.

Esta coctelera es el caldo de cultivo en el que vive la Inteligencia Artificial actual. Y sus posibilidades de ser un motor de innovación para generar una nueva economía basada en el conocimiento que sea social, inclusiva, sostenible y competitiva, ha hecho crecer el interés, tanto de las empresas como de los gobiernos de muchos países, así como de la Unión Europea.

La Unión Europea, con el objeto de situarse como líder en esta materia, aprobó un plan coordinado sobre materia de Inteligencia Artificial, que actualizó en abril de 2021, para impulsar la Inteligencia Artificial¹, mediante los programas Europa Digital y Horizonte Europa, y a través de los fondos europeos de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de los cuales el 20% ha sido destinado a la transición digital de las empresas.

En este plan la Unión Europea aboga por una Inteligencia Artificial centrada en las personas con los fines de crear las condiciones propicias para su desarrollo e implantación, fomentar su excelencia, velar para que sirva a las personas y sea una fuerza en pro del bien social, y de promover el liderazgo en sectores estratégicos de gran impacto, como la producción sostenible, la salud, el sector público, la movilidad, o la agricultura, entre otros.

Además, la Unión Europea está desarrollando un marco normativo legal, materializado en el reglamento por el que se establecen normas armonizadas sobre la Inteligencia Artificial², el reglamento para máquinas³, aprobados también el 21 de abril, el reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales⁴, aprobado en octubre de 2022, y en una guía ética⁵, publicada en julio de 2020 y elaborada por un grupo de expertos de alto nivel a partir de una consulta. Entiéndase por máquinas una amplia gama de productos de consumo y profesionales, desde robots hasta cortadoras de césped, impresoras 3D, máquinas de construcción o líneas de producción industrial.

Todo este marco normativo intenta ofrecer a las personas la confianza necesaria para adoptar estas tecnologías, animando al mismo tiempo a las empresas a desarrollarlas. En estos reglamentos y en la guía se proponen nuevas normas y directrices para garantizar que los sistemas de Inteligencia Artificial utilizados en la Unión Europea sean seguros, transparentes, éticos e imparciales y estén bajo control humano. En particular, en el reglamento de normas armonizadas, conocido como Ley de Inteligencia Artificial, se opta por un concepto muy general de Inteligencia Artificial y es una ley basada en el riesgo. Un sistema de Inteligencia Artificial es considerado un producto.

De esta forma, la regulación consiste en prohibir los sistemas de riesgo inaceptable; permitir los de alto riesgo exigiendo unos requisitos y evaluación conforme a la normativa vigente; permitir los de riesgo medio exigiendo criterios de transparencia, y permitir sin restricciones los sistemas de bajo o ningún riesgo. Esta ley está inspirada en el reglamento europeo de protección de datos en el que dependiendo de la sensibilidad del dato se exige un determinado nivel de protección. Con esta ley, estarían prohibidos los sistemas que contradicen los valores de la Unión Europea como por ejemplo aquellos sistemas que otorgan una puntuación social, serían de alto riesgo aquellos sistemas relacionados con temas médicos o contratación de personal, y de riesgo medio los chatbots.

Por otro lado, el reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales, conocido como Ley de Servicios Digitales, tiene como objetivo aquellos servicios digitales basados en sistemas algorítmicos de búsqueda y recomendación y es una ley basada en el tamaño. Todos los servicios digitales tienen obligaciones en relación a la gestión de riesgos; transparencia de los sistemas de recomendación y de publicidad online; la realización de auditorías externas e independientes de sus servicios; el intercambio de datos con las autoridades e investigadores, y la cooperación en casos de crisis. Así las plataformas en línea y motores de búsqueda de gran tamaño tendrán obligaciones adicionales, mientras que las plataformas más pequeñas y las empresas emergentes se beneficiarán de un conjunto reducido de obligaciones.

Toda esta regulación conformará un marco de referencia para las próximas líneas de investigación que se abordarán y las nuevas aplicaciones que se desarrollarán en los diferentes sectores de alto impacto.

Hace casi dos años se produjo un hito democrático en nuestro país con la aprobación por cuasi unanimidad de la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

España demostró que los consensos eran posibles para cumplir con una oportunidad histórica: reconocer el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad a las personas con discapacidad, situando a nuestro país a la vanguardia de la legislación europea y mundial.

Toca hacer balance, transcurridos casi dos años desde que el legislador diera cumplimiento al mandato de la Convención de Nueva York siguiendo la estela consagrada en el artículo diez de nuestra Constitución.

Por ello, el CERMI, Fundación ONCE y Fundación Aequitas organizamos en el Senado, con la colaboración de Plena Inclusión y la Asociación LIBER de entidades proveedoras de apoyo, unas jornadas de análisis y reflexión que contaron con más de setecientas personas asistentes entre presencial y virtual.

El balance general acerca de la reforma es muy positivo, pero, como señalaba Pérez Bueno estamos ante una ley-proceso en la que todos nos debemos involucrar, pues el despliegue de una reforma de esta transcendencia está suponiendo un considerable reto, no sólo jurídico, sino también social y administrativo.

En este sentido, los cambios impulsados por la ley deben ir acompasados, como ya reclamaba su Preámbulo, de un cambio del entorno, una transformación de la mentalidad social y, especialmente, de la de aquellos operadores jurídicos y no jurídicos que trabajan con personas y que deben prestar sus respectivas funciones, a requerimiento de las personas con discapacidad, partiendo de los nuevos principios que establece la reforma y no bajo los anteriores sistemas que preveían la sustitución en la toma de decisiones. De no hacerlo, corremos el riesgo de convertirnos en barreras para el ejercicio de un derecho fundamental: el ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad.

Como prevé la disposición adicional segunda de la ley, la efectividad de esta transformación precisa de un esfuerzo de formación y capacitación de todos los profesionales implicados, por ello es preciso un plan de formación integral que respalde las valiosas aportaciones de diversas entidades y corporaciones.

En la sociedad, en la prensa, en la administración, en el ocio, en el ámbito económico o bancario; en definitiva, en todos los ámbitos sociales y económicos, hemos de reconocer la dignidad inherente de las personas con discapacidad y no obstaculizar el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad; de nosotros depende ser barrera o ser apoyo para el ejercicio de derechos.

El cambio de paradigma que supone esta reforma está generando dificultades en diversas áreas que no están directamente relacionadas con el ámbito jurídico. Eso se debe, en muchos casos, simplemente al desconocimiento de la ley o de lo que ésta implica, pero está perjudicando a las personas con discapacidad y a sus familias en el ejercicio de sus derechos en su vida diaria: son los denominados “efectos colaterales”, pensemos en las dificultades en el ámbito bancario, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la Administración Tributaria….

Por ello, es indispensable realizar las modificaciones necesarias de otras disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico que siguen refiriéndose a conceptos como incapacitación o tutela, para adecuarlos a las distintas figuras de provisión de apoyo que la reforma ha establecido, pues la ausencia de tal equivalencia está generando perjuicios en distintos ámbitos.

Es imprescindible la regulación y la dotación económica necesaria para que sea cierta y efectiva la garantía de la accesibilidad para las personas con discapacidad en las leyes procesales, así como el reconocimiento previsto en la disposición adicional primera de las entidades del Tercer Sector de Acción Social como colaboradoras de la Administración de Justicia.

Un cambio tan profundo requiere que pase un tiempo hasta que cale en la sociedad y en las instituciones, y se modifiquen algunas de las inercias inevitables del pasado. Ha llegado el tiempo en el que todos los operadores jurídicos debemos poner en marcha las figuras de apoyo y traducir su paso de los textos legales a las realidades cotidianas de las personas con discapacidad.

Hemos de trasladar a la sociedad, y a las personas con discapacidad y sus familias en especial, que esta reforma fomenta el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, sin perjuicio de la protección que se debe dar al patrimonio, como señala el artículo 12.5 de la Convención. No merma la seguridad jurídica, ni desprotege, pues la seguridad jurídica, en un estado social y democrático, es condumio sine quiñón para que podamos hablar de libertad y derechos fundamentales: el binomio formado por los apoyos y las salvaguardias sustituye, sin merma de la seguridad jurídica, al anterior sistema de incapacitación que cercenaba la dignidad de la persona con discapacidad.

Para la verdadera implementación de esta ley es necesario que colaboremos todos. Nuestro derecho reconoce la dignidad de todo ser humano con independencia de sus circunstancias sin merma de la seguridad jurídica, por ello es responsabilidad de los operadores jurídicos y no jurídicos involucrarse en su cumplimiento, para no dejar solas a las propias personas con discapacidad y a sus familias ante los posibles miedos o incertidumbres comprensibles que este cambio legal puede traer aparejados.

Al ser tarea de todos, en las jornadas del Senado pusimos en marcha una alianza, liderada por CERMI, en la que participan diversas entidades sociales, como Fundación ONCE o Fundación Aequitas y abierta a las demás entidades del sector y a las personas con discapacidad, que son los verdaderos protagonistas. El objetivo de esta alianza es facilitar el desarrollo óptimo de la reforma y superar conjuntamente los obstáculos que nos encontremos por el camino, buscando soluciones y reforzando la información y formación necesaria para que esta ley proceso llegue a ser una realidad para las personas con discapacidad y sus familias.